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Sentencia CL-514-18 — Registro 9721

Resumen

Segunda instancia confirmo parcialmente con lugar la demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la causa justa de despido y en caso contrario, pague las prestaciones e indemnizaciones laborales en virtud de despido verbal, ilegal e injusto, salarios adeudados, horas extras adeudadas, los salarios dejados de percibir

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) olvida el Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba, ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley, en el motivo expuesto las causas de terminación fueron objeto de la controversia y por ende del material probatorio. b) en el desarrollo del cargo hace referencia a la falta de aplicación de la norma que considera infringida; sin embargo, en su formulación alega violación o infracción indirecta e interpretación errónea, causales diferentes que debió invocar de forma separada por la independencia de los cargos. e) formula alegatos propios de instancia.- IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo.-"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veinte días del mes de noviembre del dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 07 de mayo del 2019, por el Abogado RONY JAVIER RODRIGUEZ FLORES, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal de la empresa mercantil EMILIOS QUICK SHOP, S. DE R.L., como recurrente; además, es parte recurrida, el señor MARVIN FRANCISCO DIAZ HERNANDEZ, representado en juicio por el Abogado SANTIAGO ALONSO MORALES CHAVARRIA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la causa justa de despido y en caso contrario, pague las prestaciones e indemnizaciones laborales en virtud de despido verbal, ilegal e injusto, salarios adeudados, horas extras adeudadas, los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia condenatoria, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 3 de noviembre del 2015, por el señor MARVIN FRANCISCO DIAZ HERNANDEZ, mayor de edad, casado, hondureño, Guardia de Seguridad y de este domicilio, contra la empresa mercantil EMILIOS QUICK SHOP, S. DE R.L., por medio de su GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL, el señor WILMER MANUEL MONCADA SIERRA, mayor de edad, soltero, Licenciado en Administración de Empresas y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 29 de junio del 2018, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 23 de marzo del 2018, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO (1): Declarando PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el señor MARVIN FRANCISCO DIAZ HERNANDEZ, contra la empresa EMILIOS QUICK SHOP S. DE R.L., por medio de su Gerente General y Representante Legal el señor WILMER MANUEL MONCADA SIERRA.- SEGUNDO (2): CONDENAR a la empresa EMILIOS QUICK SHOP S. DE R.L., por medio de su Gerente General y Representante Legal el señor WILMER MANUEL MONCADA SIERRA, a pagar a favor del demandante los conceptos siguientes: preaviso (Lps.500.00 auxilio de cesantía proporcional Lps.2,963.31; vacaciones proporcionales Lps.974.16; décimo tercer mes proporcional Lps.2,963.31; décimo cuarto mes proporcional Lps.2,963.31, por lo que asciende a un gran total a pagar de DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON NUEVE CENTAVOS (Lps. 10,364.09) más los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que el presente fallo judicial adquiera el carácter de firme. TERCERO (3): SE CONDENA a la empresa EMILIO QUICK SHOP 5. DE R.L., por medio de su Gerente General y Representante Legal el señor WILMER MANUEL MONCADA SIERRA, a pagar al señor MARVIN FRANCISCO DIAZ HERNANDEZ la cantidad de Lps. 18,500.00 en concepto de salarios adeudados. - CUARTO (4): SE ABSUELVE a la empresa EMILIO QUICK SHOP S. DE R.L., por medio de su Gerente General y Representante Legal el señor WILMER MANUEL MONCADA SIERRA, al pago de horas extras al señor MARVIN FRANCISCO DIAZ HERNANDEZ. - QUINTO (5): SE ABSUELVE a la empresa EMILIO QUICK SHOP 5. DE R.L., por medio de su Gerente General y Representante Legal el señor WILMER MANUEL MONCADA SIERRA, a pagar al señor MARVIN FRANCISCO DIAZ HERNANDEZ el pago del séptimo día. - SEXTO (6): SIN COSTAS.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que inició su relación laboral en fecha 6 de julio del año 2015, en el puesto de Jefe de Seguridad, con un horario de trabajo establecido de 10:00 am. a 10:00 pm. (12 horas seguidas), en muchas ocasiones laboraba hasta las 11:30 pm. y 12:00 de la noche, y los viernes y sábado, que nunca firmó contrato de trabajo, relacionando lo anterior en los artículos 21 y 25 del Código del Trabajo. Asimismo, indica que en fecha 24 de septiembre del año 2015, solicitó los servicios de un Inspector de Trabajo para que se aclarara su situación laboral, más lo que se le adeuda en concepto de salarios y horas extras, la que se realizó en la misma fecha en que fue atendida por su ex patrono el señor WILMER MANUEL MONCADA SIERRA, el cual manifestó que el demandante no trabajaba para la empresa EMILIOS QUICK SHOP, S. DE R.L., sino como guardia de seguridad y motorista de él, lo que no es cierto según la parte actora, ya que de ser así, él debía laborar en su casa de habitación, como lo establece el artículo 149, 150 y 151 del Código del Trabajo, en cambio él permanecía en la oficina asignada a su persona en las instalaciones de la empresa, donde se llevaba un registro de las entradas y salidas de los empleados de la empresa, aduce el demandante que el demandado pretende restringirse sus derechos clasificándolo como servidor doméstico según el artículo 151 del Código del Trabajo.- Así mismo, señala en el escrito de demanda que el despido es ilegal e injusto, ilegal porque no se le notificó por escrito y no se estableció causal establecida en el artículo 112 del Código del Trabajo, injusto porque no ha cometido falta alguna, al despedirlo de manera verbal sin invocarle causa legal alguna, la empresa demandada incumple y violenta lo establecido en el artículo 117 del mismo cuerpo legal y el artículo 129 de la Constitución de la República.- Ante la falta de contrato escrito relaciona lo anterior en los artículos 21, 29, 30, 36, 39 y 41 del Código del Trabajo y señala que laboraba 12 o más horas diarias y además no se le respetaba el Séptimo Día de descanso según los artículos 1, 2, 3, 4 y 8 de la Ley del Séptimo Día, ya que solo descansa el demandante el domingo de por medio, como el mismo demandado afirma en el acta de Inspectoría de fecha 24 de septiembre del año 2015, por lo que se violentan los artículos 327, 332, 330 del Código del Trabajo.- La parte actora señala que por la situación irregular que laboraba en varias ocasiones solicitó al señor WILMER MANUEL MONCADA SIERRA, que formalizara su relación laboral por medio de suscripción de contrato de trabajo tal como lo indican los artículos 25, 36 y 37 del Código del Trabajo, no lo quiso hacer al igual no se le pagaba su salario en el tiempo y forma pactados, ya que le adeuda los meses de agosto y primera semana del mes de septiembre, violentando los artículo 368 y 369 del Código del Trabajo, pretendiendo hacerle deducciones que no son su responsabilidad de pagar, relaciona esto con el artículo 23 del Código del Trabajo, además se le hacían deducciones de instrumentos de trabajo como uniformes y un celular que devolvió ante el Inspector pero que se le dedujo de su salario, relaciona lo anterior en los artículos 5 y 6 del Convenio número 95 de la OIT.- Indica el escrito de demanda que el despido del señor MARVIN FRANCISCO DIAZ HERNANDEZ atendió exclusivamente al reclamo que hiciera de los salarios que le adeuda el patrono, por lo que dicho despido como la retención de su salario es ilegal.- Ante lo anterior el demandante acude al realizar el reclamo administrativo ante la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, en fecha 24 de septiembre del año 2015, no asistiendo la parte demandada a la conciliación por lo que se dio por agotado el trámite administrativo gubernativo.- 2.- La parte demandada, la empresa mercantil EMILIOS QUICK SHOP, S. DE R.L., contestó dicha demanda señalando que rechaza los hechos establecidos en el escrito de demanda, a excepción que es cierto que llegó un inspector del trabajo en fecha 24 de septiembre del año 2015, a la empresa EMILIOS QUICK SHOP, S. DE R.L. y señala que el señor MARVIN FRANCISCO DIAZ HERNANDEZ, no trabaja para la empresa en mención, sino para el señor WILMER MANUEL MONCADA SIERRA, como Guardia de Seguridad y Motorista, ya que el 6 de julio del año 2015, no existía dicha empresa, puesto que la misma fue constituida en fecha 7 de julio ante los oficios del Abogado y Notario JOSE SANTOS LOPEZ OVIEDO, en Instrumento Público número 153 y registrada en el Registro Público de Comercio en fecha 8 de julio del año 2015, además no hay registro alguno que indique que MARVIN FRANCISCO DIAZ HERNANDEZ laborara para dicha empresa, e indica que la empresa EMILIOS QUICK SHOP, S. DE R.L., no ha incurrido en ningún despido ilegal e injustificado en contra del demandante porque él no laboraba para dicha empresa por ende nunca existió vínculo contractual laboral y no es responsable la empresa si el demandante laboraba más del tiempo estipulado en la ley con personas particulares, ni por contratos firmados que no pudiera disponer de un salario en las fechas pactadas con particulares.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 23 de marzo del 2018, dictó sentencia declarando PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda ordinaria laboral; CONDENO a la empresa demandada, a pagar a favor del demandante L.10,364.09, más los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que el presente fallo judicial adquiera el carácter de firme L.18,500.00 en concepto de salarios adeudados; ABSOLVIO a la demandada del pago de horas extras y el pago del séptimo día, sin costas; bajo el criterio que la inexistencia del contrato es imputable al patrono, y con las pruebas agregadas al juicio quedó probada la relación laboral existente entre las partes, que tenía un horario de labores y que el pago se le hacía por medio de transferencia de la cuenta de la empresa demandada; asimismo, por medio del acta levantada por inspector de trabajo, quedó acreditado el despido verbal del que fue objeto el demandante, y que el mismo no se ha justificado.- 4.-La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 29 de junio del 2018, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que la parte demandante acreditó su derecho y la parte demandada no probó la justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo del demandante.- 5.-Mediante auto de fecha 11 de marzo del 2019, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado RONY JAVIER RODRIGUEZ FLORES, en su condición de representante procesal de la empresa EMILIOS QUICK SHOP, S. DE R.L., contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.-En fecha 07 de mayo del 2019, compareció ante este Tribunal el Abogado RONY JAVIER RODRIGUEZ FLORES, en su condición de representante procesal de la empresa EMILIOS QUICK SHOP, S. DE R.L., formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 7 de mayo del 2019, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 5 de junio del 2019, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado SANTIAGO ALONSO MORALES CHAVARRIA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.-Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. MOTIVO UNICO: Acuso a la sentencia de ser violatoria de la Ley Sustantiva de Orden Nacional, por infracción directa de los artículos 5 del Código del Trabajo en relación con los artículos 738 y739 de la Legislación Laboral, infracción directa que provino por error de hecho por falta de apreciación de la prueba. FALTA DE APRECION DE PRUEBA. La falta de apreciación de la prueba consiste en: 1) La prueba de documentos públicos consistente en el permiso de operaciones que extendiera la alcaldía Municipal del distrito Central en fecha ocho de julio del año dos mil quince a la empresa mercantil EMILIOS QUICK SHOP S de R. L. 2.- testimonio de la escritura pública número ciento cincuenta y tres (153) de constitución de una sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable otorgada por el señor WILMER MANUEL MONCADA SIERRA y JOSE HUMBERTO INTERIANO RAMIRES en fecha siete de julio del año dos mil quince ante los oficios del Notario JOSE SANTOS LOPEZ OVIEDO y fue Registrada en el Registro Mercantil de Francisco Morazán en fecha ocho de julio del año dos mil quince propuesta por la parte demandada Reconocimiento Judicial propuesta por la parte demandante, agregada a folios 30 al 34 de la primera pieza de autos 3.- Documentos privados consistente en las planillas de pago de la empresa EMILIOS QUICK SHOP S de R. L. de los meses de Agosto y Septiembre del año 2015 que corren a folios 36 y37 de la primera pieza de autos 4.- Prueba Testifical rendida por el testigo REINALDO PINEDA ALMENI)ARES en fecha tres de agosto del año dos mil dieciséis declaración que se encuentra en el cd con fecha de declaración y en el acta de la audiencia segunda de trámite que corre a folio propuestos por la parte demandada los medios de prueba aportados por la parte demandante 1.- Documentos públicos consistente en Acta de Constatación levantada por el Inspector del Trabajo el día veinticuatro de septiembre del año dos mil quince que corre a folio 43 al 48 de la primera pieza de autos 2.- Solicitud de los servicios de un inspector del trabajo presentada por el señor MARVIN FRANCISCO DIAZ HERNANDEZ en fecha 24 de septiembre del año 2015 ante la Secretaria del Trabajo y Seguridad Social que corre a folio cuarenta y dos de la primera pieza de autos 3.- Cheque número 09144088 de banco Continental cuanta a nombre del señor WILMER MANUEL MONCADA SIERRA con el cual se le pago al señor MARVIN FRANCISCO DIAZ HERNANDEZ la cantidad de Lps.9311 4.- Prueba Testifical consistente en la declaración de los testigos MANUEL DE JESUS ORTEGA LOPEZ y ANDY GABRIEL HERNANDEZ declaración que se encuentra en el cd de video de la audiencia celebrada en fecha tres de agosto del año dos mil dieciséis que se encuentra a folio 110 de la primera pieza de autos. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se encuentra comprendido en el numeral primero, párrafo primero del Artículo 765 del Código del Trabajo Vigente. EXPLICACION DEL MOTIVO: En primer lugar, la Honorable Corte de Apelaciones recurrida al establecer en el considerando número tres Que si bien es cierto la parte demandante sostiene que el demandante no era empleado de la empresa EMILIOS QUICK SHOP S de R. L. sin embargo la prueba documental aportada al juicio se estableció que dicha empresa hacia depósitos a la cuenta del demandante MARVIN FRANCISCO DIAZ HERNANDEZ así mismo con la declaración de testigos se estableció plenamente la relación laboral que existió entre el demandante y la sociedad demandada y si bien es cierto no existe un contrato de trabajo por escrito se tendrá como cierto lo alegado por la parte demandante en su demanda en cuanto al inicio de la relación laboral 06 de julio del 2015 en el puesto de seguridad de la empresa con un horario de trabajo y bajo la subordinación y supervisión del señor WILMER MANUEL MONCADA SIERRA representante de la sociedad EMILIOS QUICK SHOP S de R. L al hacer el análisis de las pruebas documentales presentadas por la empresa EMILIOS QUICK SHOP S de R. L miramos que la empresa al seis de julio del año dos mil quince no existía ni tenía permiso de operaciones además se acredito la planilla de pago de la empresa Emilios Quick Shop S de R. L en el acta que levanto el Inspector del Trabajo en fecha veinticuatro de septiembre del año dos mil quince claramente manifestó el señor WILMER MANUEL MONCADA SIERRA que el señor MARVIN FRANCISCO DIAZ HERNANDEZ no es empleado de la empresa EMILIOS QUICK SHOP S de R. L que era empleado personal del cómo seguridad de él y conductor con la prueba de cheque al portador donde le cancelo la cantidad de nueve mil lempiras exactos en fecha cinco del agosto del año dos mil quince que también es de banco Continental y que la cuenta está a nombre del señor WILMER MANUEL MONCADA SIERRA se acredito con el medio de prueba testifical del señor REYNALDO PINEDA ALMENDARES quien era guardia de seguridad de la empresa quien es conteste al interrogatorio aun de la señora Juez A quo. Las declaraciones de los testigos MANUEL DE JESUS ORTEGA LOPEZ y del señor OMAR ISAIAS RODRIGUEZ NUÑEZ se puede ver claramente en el video que no sabían cuando inicio a trabajar y en qué puesto ya que el señor MANUEL DE JESUS ORTEGA LOPEZ inicio a laborar después de que inicio el señor MARVIN FRANCISCO DIAZ HERNANDEZ al interrogarlo no sabía en que puesto había sido contratado dicho señor ni cuanto devengaba como salario es más manifestó en su declaración al preguntarle que funciones hacía que hacía de las dos de guardia y de seguridad del señor WILMER MANUEL MONCADA SIERRA lo que concuerda con lo declarado con el señor REYNALDO PINEDA ALMENDARES que declaro que cuando llegaban a la tienda con el señor WILMER MANUEL MONCADA SIERRA el señor MARVIN FRANCISCO DIAZ HERNADNEZ se ponía a vigilar en la tienda. El testigo OMAR ISAIAS RODRIGUEZ NUÑEZ está suponiendo en su declaración ya que el solo lo recomendó para el trabajo no supo nada a ciencia cierta. Por lo que existe al error apreciar la prueba la cual es necesario que se hiciera de manera analítica y pormenorizada para poder entender y tener claridad. Y como única prueba es un depósito que el señor WILMER MANUEL MONCADA SIERRA hizo a nombre del señor MARVIN FRANCISCO DIAZ HERNANDEZ en su cuenta de banco, pero esta es una prueba aislada con respecto al resto de la prueba total. En segundo lugar La Honorable Corte de Apelaciones recurrida al manifestar en el considerando seis de la sentencia que la parte demandante alega que el demandante fue contratado por hora sin embargo de las pruebas aportadas al proceso se estableció que la empresa no ha registrado en la secretaria de Estado en los despachos de Trabajo y Seguridad Social ningún contrato por hora en relación al demandante señor MARVIN FRANCISCO DIAZ HERNANDEZ se erra ya que en la demanda y en la contestación de la demanda nunca se habló de empleo por hora no fue objeto de discusión dicho punto puesto que ninguna de las partes lo alego como punto de litigio por lo que al hacer un análisis el Ad-Quem sobre este punto se encuentra en un abierto error ya que no fue punto de debate en el juicio y si no fue punto de debate porque tenía que ser objeto de mención en la sentencia siendo esto totalmente erróneo para sostener como fundamento confirmar una sentencia de algo que no fue objeto de un litigio. Y en tercer lugar, la Honorable Corte de Apelaciones Recurrida al emitir su fallo fue por mayoría de Votos por haber disentido el Magistrado integrante LUIS ENRIQUE GALEANO MILLA. Cuestión esta que no fortalece dicho fallo al no estar de acuerdo con el mismo. Por lo que darle valor a toda la prueba como validad sin ningún análisis arriba a un error al establecer que toda la prueba acredita el hecho alegado por el demandante. Y que si bien es cierto el Juez en materia laboral no está sujeto a la tarifa legal de la prueba, pero se debe valorar todo el conjunto probatorio para determinar que una sola prueba tiene el valor suficiente para acreditar todos los hechos alegados.LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA DE LA SIGUIENTE FORMA: El error manifestó en que incurre la Corte Sentenciadora es considerar improcedente lo solicitado por el demandante en su demanda, en cuanto a la aplicación del Arancel del Profesional del Derecho, en virtud de que no se puede obligar a una institución a aplicar un Arancel que no tiene Rango de ley; para empezar la corte sentenciadora no tomo en cuenta en su sentencia el reconocimiento Judicial efectuado en el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, donde claramente el Aquo constato que a otros profesionales del derecho se les ha reconocido el Salario mínimo que otorga el Arancel del Profesional del Derecho, Por lo que nos lleva en primer lugar a ver que ya se han dictado sendas sentencias por los tribunales del Trabajo y de lo Contencioso Administrativo en donde sí reconocen la aplicación del arancel del Profesional del derecho razón suficiente para hacer de aplicación general a todos los profesionales del derecho que lo exijan puesto sino estaríamos frente a una discriminación lesiva a la dignidad humana ya que al reconocer a uno y a otros no se está ante un caso de discriminación puesto que todos somos iguales ante la ley por lo que la misma Constitución de la Republica declara que es punible toda discriminación de cualquier clase que se haga por lo que este Tribunal está en la obligación de reconocer la aplicación del arancel del profesional del Derecho en este caso particular, además el Estado garantiza el ejercicio profesional en el artículo 160 párrafo sexto de la Constitución de la República como una garantía Constitucional para lo cual se creó la Ley de Colegiación obligatoria de acuerdo con el artículo 117 de la Constitución de la República según decreto nuero setenta y tres del dieciocho de mayo del año de mil novecientos sesenta y dos, En donde se establecen en los artículos 1 , 3 y 4, la Colegiación Profesional obligatoria para el ejercicio de las profesiones, 2.- Solo las personas que ostentan títulos validos podrán ejercer actividades profesionales y 4. FINES Los Colegios Profesionales tenderán las siguientes finalidades a) Regular de acuerdo con su ley orgánica el ejercicio de la respectiva profesión b) Proteger la libertad del ejercicio profesional de los miembros del Colegio. Por lo cual se creó mediante decreto Legislativo número 82-96 del 30 de mayo de 1996 la Ley Orgánica del Colegio de Abogados de Honduras que en su primer considerando establece CONSIDERANDO: Que el ejercicio y práctica de la Profesión del Derecho conlleva un interés público que el Estado está interesado que se cumpla dentro de normas específicas de organización y funcionamiento que aseguren al público y a los propios profesionales, la mayor garantía y eficiencia y en sus capítulo II de los Fines establece CAPITULO II OBJETO Y FINES Artículo 2° El Colegio tendrá por objeto cumplir y hacer cumplir con relación a la profesión del Derecho, las siguientes finalidades: a) Regular el ejercicio de la profesión del Derecho en toda la República. El Colegio establecer los aranceles judicial, administrativo y notarial. b) Proteger la libertad del ejercicio profesional de los colegiados. e) Vigilar y sancionar la conducta profesional de los colegiados y de aquellas personas especialmente autorizadas para ejercer actividades propias de la profesión. El ordenamiento jurídico es el que determina los sujetos de derecho es decir las personas sujetas de derechos y obligaciones por lo que debe de entenderse la teoría de los sujetos de la relación jurídico administrativa, En toda relación jurídico administrativa uno de los sujetos es necesariamente una persona jurídica el Estado la administración pública o una persona jurídica integrada a ella y el otro sujeto es el administrado por lo que el código civil establece en su artículo 56 establece la personalidad jurídica del estado de lo que se desprende la personalidad de la administración pública que puede ser centralizada y descentralizada de la cual la centralizada está dentro del poder ejecutivo y la descentralizada integrada por entidades públicas la personalidad jurídica le corresponde a cada una de estas. De lo que se desprende distinta del Estado pero que están integradas al Estado según el artículo 58 del Código civil las corporaciones tiene personalidad jurídica y siendo que el colegio de abogados de Honduras es una corporación creada por el estado y se regula por su propia ley orgánica en base al artículo 3 de la ley de Colegiación Profesional inciso b) que le otorgan potestades públicas al permitir que emitan sus propios reglamentos y a ejercer potestades disciplinarias sobre sus miembros articulo 1 relacionado con el 2 y el 18 de la ley de colegiación obligatoria por las normas que emitan son una ley en sentido material ya que no son los agremiados los que emiten sus propias normas sino el órgano que los rige como se puede ver en el artículo 7 literal b) de la ley orgánica por lo que los profesionales del Derecho están sometidos a la ley orgánica en el caso particular el Colegio de Abogados de Honduras emitió su propio arancel en fecha 09 de julio del año 2003 que en su artículo ochenta y nueve establece Que los Profesionales del que laboran permanentemente a tiempo completo en instituciones públicas, centralizadas, descentralizadas, autónomas, semi autónomas empresas mixtas de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y empresas privadas en general que se desempeñen como tal, devengaran un sueldo mínimo mensual de Lps 21,000.00 y aumentos anuales de acuerdo al índice inflacionario establecido por el Banco Central de Honduras. Por lo que viene a ser una ley en sentido formal frente a terceros sean estos públicos o privados, por lo que la corte sentenciador no puede venir a decir que dicho arancel no tiene rango de Ley ya que no solo el Poder Legislativo tiene potestades para crear la ley ya que el poder ejecutivo crea decretos ejecutivos que tienen carácter de ley en sentido formal y material y equivocándose totalmente al decir que la disposición de dicho arancel no se encuentra dentro del ámbito de conocimiento de la garantía constitucional desconociendo el origen de la misma emana de la garantía constitucional establecida en el artículo 160 parra sexto de la Constitución de la Republica que dice solo las personas que ostentan título valido podrán ejercer actividades profesionales por lo que esto nos lleva a relacionarlos con los artículos 127, 128 n 3 y 5, y 138 de la misma Constitución de la Republica de donde se desprenden leyes sustantivas como el artículo 381 del Código del Trabajo, siendo que se ha acreditado que el Abogado Juan Carlos Domínguez Martínez ha cumplido con lo establecido en el artículo número 89 del Arancel del Profesional del derecho ejerciendo la procuración como empleado de la Secretaria de Obras Publicas Transporte y Vivienda SOPTRAVI de manera permanente dentro del tiempo que han prorrogado sus contratos de trabajo y siendo que el mismo arancel establece de manera permanente y no empleados por acuerdo es claro que la permanencia puede ser tanto por contrato como por acuerdo. Por otro lado la Constitución de la Republica de Honduras establece en su artículo 60 todos los hombres nacen libres e iguales en derechos. En Honduras no hay clases privilegiadas todos los hondureños son iguales ante la ley.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) olvida el Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba, ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley, en el motivo expuesto las causas de terminación fueron objeto de la controversia y por ende del material probatorio. b) en el desarrollo del cargo hace referencia a la falta de aplicación de la norma que considera infringida; sin embargo, en su formulación alega violación o infracción indirecta e interpretación errónea, causales diferentes que debió invocar de forma separada por la independencia de los cargos. e) formula alegatos propios de instancia.- IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiocho días del mes de enero del dos mil veinte; certificación de la sentencia de fecha veinte de noviembre del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 514-18.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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