Sentencia CL-507-18 — Registro 9085
Resumen
En primera instancia se declaró con lugar la demanda ordinaria laboral para que en sentencia definitiva se declare por tiempo indefinido relación originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo; en consecuencia concederles todos los derechos que ostentan los empleados con carácter permanente; confirmada en segunda instancia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
... "V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la norma que indica como violada (Artículo 46 literal b) del Código del Trabajo) no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) el precepto autorizante tampoco fue indicado con claridad y precisión; y, c) formula extensos alegatos propios de instancia."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, Numeral 5 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintitrés de julio del dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 01 de marzo del 2019, por la Abogada EVI DOMINICK GODOY FLORES, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), como recurrente; además, es parte recurrida, los señores ABEL EDGARDO LAGOS BACA y PEDRO ARTURO MALDONADO BANEGAS, representada en juicio por la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO. OBJETO DEL PROCESO: demandas ordinarias laborales para que se declare por tiempo indefinido la relación laboral originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos, en aplicación estricta de los preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo, en consecuencia concederles todos los derechos que ostentan los empleados con carácter permanente, pago de vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes, causadas y proporcionales, reajuste al salario mínimo de conformidad al artículo 39 de la Ley de Salario Mínimo y demás derechos generados de contratación colectiva, costas; y demanda de reinstalación a los puestos de trabajo y restitución a las funciones de las que fueron suspendidos y ante la negativa del patrono de la no suscripción de un nuevo contrato de trabajo, pago de vacaciones, décimo tercero y décimo cuarto mes causados y proporcionales, pago de salarios dejados de percibir y demás derechos reconocidos en el contrato colectivo que ostentan los empleados de carácter permanente, costas del juicio; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fechas 14 de diciembre del 2016 y 06 de febrero del 2017, respectivamente, por los señores ABEL EDGARDO LAGOS BACA, y PEDRO ARTURO MALDONADO BANEGAS, ambos mayores de edad, solteros, Peritos Mercantiles y Contadores Públicos, hondureños y de este domicilio, contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), por intermedio de su Directora Ejecutiva y representante legal la señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 03 de septiembre del 2018, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 08 de mayo del 2018, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: I.- Declarar CON LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE EN SENTENCIA DEFINITIVA SE DECLARE POR TIEMPO INDEFINIDO RELACIÓN ORIGINADA POR LA SUSCRIPCIÓN DE VARIOS CONTRATOS CONTINUOS E ININTERRUMPIDOS EN APLICACIÓN ESTRICTA DE LO PRECEPTUADO EN EL ARTICULO 47 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO; EN CONSECUENCIA CONCEDERLES TODOS LOS DERECHOS QUE OSTENTAN LOS EMPLEADOS CON CARÁCTER PERMANENTE; PAGO DE VACACIONES, DECIMO TERCER Y DECIMO CUARTO MES CAUSADOS Y PROPORCIONALES, REINSTALACION A SUS PUESTOS DE TRABAJO Y RESTITUCION A SUS FUNCIONES PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR Y DEMAS DERECHOS RECONOCIDOS EN EL CONTRATO COLECTIVO QUE OSTENTAN LOS EMPLEADOS DE CARÁCTER PERMANENTE; instaurada por el Señor ABEL EDGARDO LAGOS BACA y PEDRO ARTURO MALDONADO BANEGAS; contra EL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODEE EJECUTIVO (INJUPEMP) por medio de su Directora Ejecutiva y Representante Legal la señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA. II.- CONDENA: AL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODEE EJECUTIVO (INJUPEMP) por medio de su Directora Ejecutiva y Representante Legal la Señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA a lo siguiente: a) Reintegrar a los Señores ABEL EDGARDO LAGOS BACA y PEDRO ARTURO MALDONADO BANEGAS; a su puestos de trabajo; por lo menos en igualdad de condiciones de trabajo que mantenían al momento de operarse la ruptura del contrato; al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se materialice el reintegro ordenado, y demás derechos adquiridos en su ausencia, debiendo la Institución demandada nombrarlos como empleados permanentes en el cargo que mantenían desde el inicio de la relación laboral; así como la restitución de sus funciones; b) Asimismo a pagarle al Señor ABEL EDGARDO LAGOS BACA; y al Señor PEDRO ARTURO MALDONADO BANEGAS los derechos adquiridos y adeudados. III.- Declarar SIN LUGAR el decimo tercer del año 2011 y decimo tercer y decimo cuarto mes de los años 2012 al 2016 instaurada por el Señor ABEL EDGARDO LAGOS BACA; asimismo SIN LUGAR la demanda instaurada por el Señor PEDRO ARTURO MALDONADO para el pago del decimo tercer mes del año 2015 y decimo tercer y decimo cuarto mes del año 2016; contra EL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODEE EJECUTIVO (INJUPEMP) por medio de su Directora Ejecutiva y Representante Legal la Señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA. IV. SIN COSTAS en esta instancia”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Las partes demandantes expresaron en los escritos de sus acciones, que iniciaron nuestra relación laboral para la parte demandada, bajo la figura de contratos individuales de trabajo así: Abel Edgardo Lagos Baca, el 04 de mayo del 2010, como Auxiliar Contable, devengaba un salario mensual de L. 9,000.00; y Pedro Arturo Maldonado Banegas, el 04 de mayo del 2010, como Auxiliar Contable, devengaba un salario mensual de L. 10, 000.00; asimismo manifestaron que desde que iniciaron a laborar para la demandada desempeñaron las mismas funciones de manera permanente e ininterrumpida, bajo la subordinación del empleador, así como consta en los contratos suscritos entre las partes, lo que reúnen los elementos exigidos en el artículo 20 del Código de Trabajo, relacionado con el artículo 47 del mismo cuerpo legal; por lo que estaban ante un contrato de trabajo por tiempo indeterminado, regido por la jurisdicción laboral del trabajo y que por ello les asiste el derecho reclamado a la permanencia en el puesto que hemos venido desempeñando; asimismo argumentaron que en virtud de reclamar la permanencia una vez vencido el contrato en fecha 31 de diciembre del 2016, en represalias la demandada no renovó el mismo sin justificación alguna, después de haber laborado de manera continua e ininterrumpida por más de 6 años; y que en ambas demandas con el ánimo de buscar solución a las diferencias suscitadas entre las partes, presentaron el reclamo administrativo ante la Secretaria del Trabajo y Seguridad Social para la reinstalación a los puesto de trabajo, dándose por agotado el mismo, por no haber voluntad del empleador en conciliar las diferencias.- 2.- La parte demandada, INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contestó las demandas, rechazando totalmente los hechos de la parte demandante, apoyándose la defensa en ambas demandas, en que el artículo 46 literal b) del Código del Trabajo regula lo relativo a los contratos por tiempo limitado, estableciendo que los mismos podrán ser celebrados “cuando se ha previsto el acaecimiento de algún hecho que forzosamente ha de poner término a la relación de trabajo”, tal disposición fue observada por el INJUPEMP, para contratar personal de carácter no permanente, debido a que por ser una Institución del Estado de Honduras creada mediante Decreto Legislativo 138, publicado en la Gaceta el 7 de abril de 1971, para cada periodo anual el Congreso Nacional de la República le aprueba un Presupuesto de Ingresos y Egresos cuya cuantía y normas de ejecución deviene obligado a cumplir estrictamente para financiar sus operaciones de prestar servicios de previsión social a los servidores públicos, por el hecho de disponer de recursos aprobados en el Presupuesto Anual para contratar personas naturales para que le presten servicios personales o profesionales de carácter no permanente, para cumplir con su finalidad, hecho establecido en la vigente Ley Orgánica del presupuesto para todas las Instituciones del Estado y no exclusivamente para el demandado, cuando las circunstancias lo exigen por requerirse de personal temporal para apoyar el personal permanente en el desarrollo de las actividades, el Instituto procede a celebrar con personas naturales contratos por tiempo limitado, tomando como base el hecho de disponer de los recursos presupuestarios debidamente aprobados para pagarles durante un periodo fiscal que comprende del 01 de enero al 31 de diciembre de cada año; cuando el presupuesto es totalmente ejecutado se produce el hecho previsto para que la relación finalice; es por esa razón que justifica el porqué el demandado formaliza contratos con periodos de vigencia determinada que nunca debe traspasar el siguiente año; alegó también que los demandantes fueron contratados por contar con fondos aprobados por el Congreso Nacional en la Partida y asignación Presupuestaria registrada con la nomenclatura 24900 y 12100, las cuales son de naturaleza excepcional para el pago de contratistas con carácter de no permanentes de apoyo a los trabajadores permanentes para realizar actividades cuya ejecución no es posible realizar únicamente con los empleados permanentes, por lo que la contratación fue formalizada para que realizaran por tiempo limitado, actividades de apoyo al personal permanente de la Oficina Principal tomando en cuenta el resultado del trabajo realizado y por aprobar el Congreso Nacional de la República, los fondos en partidas presupuestarias antes relacionadas, la cual como se expuso ya es de honorarios a personas naturales contratados para ejecutar actividades cuya ejecución no es posible realizar únicamente con los empleados con status permanente; por lo que resulta evidente que la parte demandada en el caso de la contratación de los demandantes ha observado y cumplido estrictamente las normas legales vigentes para la ejecución de la partida y asignación presupuestaria que corresponde, de acuerdo a la naturaleza jurídica del contrato celebrado entre las partes, el cual se enmarca en los términos establecidos en el Código de Trabajo, de lo cual los demandantes fueron debidamente enterados, para los efectos de que con posterioridad ninguna de las partes contratantes pretendiera sorprender a la otra parte alegando otros términos distintos a los consignados en el contrato, tal como ocurrió en la presente demanda.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 08 de mayo del 2018, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral; promovida por los señores ABEL EDGARDO LAGOS BACA, y PEDRO ARTURO MALDONADO BANEGAS, contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), por intermedio de su Directora Ejecutiva y representante legal la señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA; condenó a la parte demandada a: 1) Reintegrar a los demandantes a su puestos de trabajo, por lo menos en igualdad de condiciones de trabajo que mantenían al momento de operarse la ruptura del contrato; al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se materialice el reintegro ordenado, y demás derechos adquiridos en su ausencia, debiendo la Institución demandada nombrarlos como empleados permanentes en el cargo que mantenían desde el inicio de la relación laboral; así como la restitución de sus funciones; 2) Pagarle a los demandantes los derechos adquiridos y adeudados; declaró sin lugar el decimo tercer del año 2011 y decimo tercer y decimo cuarto mes de los años 2012 al 2016 instaurada por el Señor Abel Edgardo Lagos Baca; asimismo sin lugar la demanda instaurada por el Señor Pedro Arturo Maldonado para el pago del decimo tercer mes del año 2015 y decimo tercer y decimo cuarto mes del año 2016, sin costas; bajo el criterio que al hacer un estudio de las pruebas aportadas al proceso se concluye que los demandantes antes de haber transcurrido un año celebraron Contratos de Trabajo con la misma Institución demandada y para la misma clase de trabajo; por lo consiguiente esta continuidad de celebración de contratos se entiende por tiempo indefinido, por lo que se cumple con la condición para considerar un trabajador permanente; de igual forma la parte demandada no les señala una causa justa al momento de la terminación de la relación laboral; razón por la cual la Suscrita es del criterio que procede declarar con lugar la demanda de merito; asistiéndole el derecho a ser reintegrados a sus puestos de trabajo que tenían al momento de la ruptura del Contrato de Trabajo; así como la restitución a sus funciones, al pago de los salarios dejados de percibir, y demás derechos que se hayan otorgado en ausencia de los actores; que la parte demandante solicita el pago de vacaciones 2014-2015 y 2015-2016; decimo tercer mes y decimo cuarto meses causados y proporcionales; reajuste al salario mínimo; en cuanto al pago de vacaciones procede declarar con lugar las mismas; en vista de que en cuanto al señor Abel Edgardo Lagos Baca gozo de sus vacaciones pero las mismas no fueron remuneradas y en cuanto al Señor Pedro Arturo Maldonado no gozo de vacaciones el año 2014-2015 ni le fueron remuneradas las mismas; en los que concierne al pago de decimo tercer y decimo cuarto mes causados y proporcionales procede declarar con lugar parcialmente en vista de que el Señor Abel Edgardo Lagos se le pago el decimo tercer mes 2011 no así del decimo cuarto del mismo año; se le pago de forma completa del 2012 a 2016 el decimo tercer y decimo cuarto mes causados y proporcionales; al Señor Pedro Arturo Maldonado en el año 2014 no se le pago el decimo tercero ni decimo cuarto; en el año 2015 solo se le pago decimo tercero no así decimo cuarto y en el año 2016 se le pago completo decimo tercero y décimo cuarto mes de salario; conceptos que serán liquidados en el momento procesal oportuno que corresponda; en lo que respecta al reajuste al Salario Mínimo el mismo procede declarar sin lugar en vista de que ambos demandantes devengaban mas del salario mínimo establecido por el Gobierno Central.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 03 de septiembre del 2018, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que del estudio de los hechos y derechos así como los medios de prueba acreditados en este juicio, este Tribunal de Alzada ha llegado al convencimiento que la sentencia definitiva dictada por la Juez Aquo, y que se revisa en apelación esta apegada a derecho y procede su confirmatoria; convencimiento que se fundamenta en los hechos de que con los medios de prueba allegados al juicio por las partes quedó probado que existió la relación de trabajo entre empleador demandado y trabajadores demandantes, hecho que no es controvertido que es reconocido y aceptado por el empleador en el libelo de contestación de la demanda; que si bien la parte demandada invoca que lo que existió fue un contrato por tiempo determinado y que la terminación de la relación laboral ya estaba establecida en el contrato, pero lo más cierto es como está probado de autos que los demandantes trabajaron varios años de forma continua desempeñando cada uno el mismo puesto de trabajo lo que conlleva a favor de ellos adquirir derechos laborales protegidos por los artículos 20, 47 y 52 del Código del Trabajo y finalmente determinar que existió una relación laboral por tiempo indeterminado; que con los medios de prueba acreditados por la parte demandante, quedó probado la justificación de sus pretensiones la que hace que se les adjudique la ratificación de sus derechos y que la misma parte demandada no acredito las justas causas establecidas en el artículo 112 para dar por terminada la relación laboral; que la parte demandada con sus medios de prueba no justificó el despido ilegal que fue objeto el demandante; en consecuencia la sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta Sección Judicial esta apegado a derecho; que la parte demandada con sus medios de prueba no justificó el despido ilegal que fue objeto el demandante.- 5.- Mediante auto de fecha 30 de enero del 2019, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada EVI DOMINICK GODOY FLORES, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 01 de marzo del 2019, compareció ante éste Tribunal la Abogada EVI DOMINICK GODOY FLORES, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha 04 de marzo del 2019, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 18 de marzo del 2019, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que la Abogada EVI DOMINICK GODOY FLORES, en el primer motivo de casación alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden Nacional proveniente de falta de aplicación de lo dispuesto en el artículo 46 literal b) y c), artículo 100 literal 5) del Código de Trabajo. NORMA SUSTANTIVA VIOLADA. La norma sustantiva de orden Nacional violada, está contenida en el artículo 46 literal b) y c) del Código de Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 ordinal primero del Código de Trabajo, que establece como causal de casación “ser la sentencia violatoria de la ley sustantiva por infracción directa” REGLAS PROCESALES VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas están contenidas en los artículos 664 y 665 del Código de Trabajo. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN. PRIMERO MOTIVO: El código del Trabajo en su artículo 46 b) regula lo relativo a los contratos por tiempo limitado, estableciendo que los mismos podrán ser celebrados “Cuando se ha previsto el acaecimiento de algún hecho que forzosamente ha de poner término a la relación de trabajo” esta disposición ha sido observada por el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO ( INJUPEMP), para contratar personal de carácter no permanente, debido a que por ser una Institución del Estado de Honduras creada mediante Decreto Legislativo 138, publicado en la Gaceta el 7 de Abril de 1971, para cada periodo anual el Congreso Nacional de la República le aprueba un Presupuesto de Ingresos y Egresos cuya cuantía y normas de ejecución deviene obligado a cumplir irrestrictamente para financiar sus operaciones de prestar servicios de Previsión Social a los servidores públicos. Por el hecho de disponer de recursos aprobados en el presupuesto Anual para contratar personas naturales que le presten servicios personales o profesionales DE CARÁCTER NO PERMANENTE para cumplir con su finalidad, hecho establecido en la vigente Ley Orgánica del Presupuesto para todas las Instituciones del Estado y no exclusivamente para mi representado, cuando las circunstancias lo exigen por requerirse de personal temporal para apoyar al personal permanente en el desarrollo de las actividades, el Instituto procede a celebrar con personas naturales contratos por tiempo limitado, tomando como base el hecho de disponer de los recursos presupuestarios debidamente aprobados para pagarles durante un periodo fiscal que comprende del 1 de Enero al 31 de Diciembre de cada año; cuando el presupuesto es totalmente ejecutado se produce el hecho previsto para que la relación finalice; lo anterior constituye la razón que justifica el por qué mi representado formaliza contratos con periodos de vigencia determinada que nunca debe pasar al siguiente año. Los argumentos de este hecho se sustentan en leyes vigentes de la República por lo tanto no requiere de ser aprobado, sin embargo en el momento procesal oportuno se presentaran los atestados respectivos para su acreditación.”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) las normas que indica como violadas (Artículo 46 literal b) y c) y 100 literal 5) del Código del Trabajo) no ostentan el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, b) señala normas procesales violadas, mismas que no son compatibles con la infracción directa y la misma tiene lugar con prescindencia del material probatorio.- IV. Que la Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Si resulta que el periodo anual para el cual fue aprobado el presupuesto concluye y la vigencia del contrato por tiempo limitado coincide con dicha conclusión, acontece el hecho previsto de que por no contar con recursos presupuestarios aprobados la relación contractual, concluye pero si se da el caso de que el presupuesto del año siguiente el Congreso Nacional aprueba recurso para contratar la celebración de Servicios Profesionales y Personales no permanentes, tomando en consideración el resultado cJe la actividad realizada efectivamente por las personas contratadas el año anterior, existe la posibilidad de contratarlas nuevamente para nuevo periodo presupuestario, siendo lo anterior precisamente lo acontecido en el caso de hoy los demandantes durante el tiempo que mantuvieron una relación contractual. Los argumentos de este hecho se sustentan en Leyes Vigentes de la República por lo tanto no requiere de ser probado, sin embargo, en el momento procesal oportuno se presentarán los atestados respectivos para su acreditación. La forma de contratación original y las posteriores de los ahora demandantes, jurídicamente se subsumen en lo que dispone el artículo 46 letra b) del código de Trabajo, si era el caso que no estaba de acuerdo con la forma de sus contrataciones, lo procedente era que hubieran manifestado y formulado desde el inicio de sus relaciones laborales acciones que hasta ahora promueven, par que si procedía era declarada judicialmente que sus relaciones con INJUPEMP era de carácter permanente; promover las acciones ahora que ha concluido totalmente la relación por haber acaecido el hecho previsto de no disponer de fondos al haber concluido el periodo presupuestario resulta improcedente y además extemporáneo además en el reciente pasado tal y como se acredita oportunamente en juicio los hoy demandantes ya habían interpuesto demanda ordinaria labora por reintegro contra mi representada, a lo que finalmente el órgano jurisdiccional ordeno en su momento el reintegro en igualdad de condiciones, de lo que se colige que en sus condiciones ha sido siempre la modalidad contratación por tiempo definido, resultando que el derecho no es de presunciones “o que quiso decir o no decir” de tal manera que mi representada ha sido respetuosa de las disposiciones legales que han ligado a los hoy demandantes con el INJUPEMP, es por tal razón que dicha acción de la demanda es totalmente extemporánea y linda incluso con operar como cosa juzgada en las presentes diligencias. Lo expuesto en este hecho será debidamente probado en juicio. Resulta evidente que el INJUPEMP, en el caso de los hoy demandantes ha observado y ha cumplido estrictamente las normas legales vigentes para la ejecución presupuestaria, de acuerdo a la naturaleza jurídica del contrato celebrado entre las partes el cual se enmarca en los términos establecidos en el Código de Trabajo, de lo cual los ahora demandantes estaban debidamente enterados para los efectos de que con posterioridad ninguna de las partes contratantes Pretendiera sorprender a la otra alegando otros términos distintos a los consignados en el contrato como acontece en la demanda. Por lo anterior la demanda de mérito es totalmente improcedente. Lo expresado constituye un hecho notorio que además se encuentre previsto en la legislación laboral vigente, no obstante se acredito debidamente de juicio. NORMA SUSTANTIVA VIOLADA EN ESTE MOTIVO. La norma sustantiva de orden nacional violada, está contenida en el artículo 46 Literal b) del código de Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo e la casación está comprendido en el artículo 765 ordinal segundo del Código de Trabajo, que establece como causal de casación “ser la sentencia violatoria de ley sustantiva por falta de apreciación de determinada prueba. REGLAS PROCESALES VIOLADAS EN ESTE MOTIVO Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas están contenidas en los artículos 729, 730, 732, 738, 739, del Código de Trabajo. PRUEBA DEJADA DE APRECIAR. La prueba dejada de apreciar por el tribunal Ad-Quem, consiste en los siguientes medios probatorios propuestos en la audiencia preliminar consistente en: 1) Documental publica a) oficio N. 713-2017 referente al Juicio incoado por los señores ABEL EDGARDO LAGOS BACA Y PEDRO ARTURO MALDONADO BANEGAS, referido a informar sobre la naturaleza o giro del INJUPEMP (ver folio 291, de la primera pieza de autos de fecha 14 de Agosto del 2017 ) Y constancia de fecha 21 de Agosto del año 2017 en atención al oficio N° JLT-1412-2017 constatar los puntos 1, 2, 3, (corren a folios 292, 293, 294, 295, de la primera pieza), copias de las sentencias definitivas de la primera y segunda instancia y así como la Casación que corre a folios 311, 312, 313, 314, 315, 316, de la pieza principal y folio 10, 11, 12, de la segunda pieza.( copias debidamente autenticadas). EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN. La parte demandada al contestar la demandada rechazo lo que se demanda y los asertos en que estos se sustenta y la cuantía reclamada, en su defensa fundamentalmente expone que el Código de Trabajo regula lo relavo a los contratos por tiempo limitado, estableciendo cuando deben ser celebrados; disposición que ha sido observada por la demandada para contratar el personal de carácter no permanente, por ser una institución del Estado de Honduras para la cual cada periodo anual el Congreso Nacional de la República, aprueba un presupuesto de Ingresos y Egresos cuya cuantía y normas de ejecución deviene obligada a cumplir irrestrictamente, conforme la Ley Orgánica de Presupuesto ; de ahí que cuando las circunstancias lo exigen, a fin de apoyar el personal permanente, el Instituto procede a celebrar con personas naturales por tiempo limitado, tomando como base la disponibilidad de los recursos presupuestarios. La entidad demandada y el actor suscribieron contrato temporal de servicios profesionales, llegada la fecha pactada para la finalización de los servicios, terminó la relación contractual de pleno derecho, habiendo cumplido ambas partes lo acordado sin responsabilidad; circunstancia por la que se rechaza el despido alegado por los demandantes. Señala que ha sido criterio de la Honorable Corte Suprema de Justicia, que el ciudadano que crea tener acción o derecho a solicitar permanencia o el reconocimiento de derechos de trabajador permanente, como el caso de mérito, dicha petición debe accionarse ante los órganos jurisdiccionales durante la vigencia del vínculo contractual, caso contrario el nexo se extingue y con este la acción. Es en razón del periodo anual, la aprobación del presupuesto, la vigencia del contrato y el resultado de la actividad realizada efectivamente por la persona contratada el año anterior, que existe la posibilidad de contratarlos de nuevo; siendo esto lo acontecido para los demandantes. La forma de las contrataciones original y las posteriores del actor jurídicamente se subsumen en el artículo 46 precitado, INJUPEMP en el caso de contratación que nos ocupa, ha observado y cumplido estrictamente las normas legales vigentes para la ejecución de la partida presupuestaria que corresponde, de acuerdo a la naturaleza jurídica del contrato celebrado entre el demandante y la accionada en el marco de lo establecido en el código de Trabajo, de lo cual el actor pues estaba debidamente enterado, para los efectos de que con posterioridad Ninguna de las partes pretendiera sorprender a la otra alegando términos distintos a los consignados contractualmente.- 1. El 8 de Mayo del año 2018, el Juzgado de primera instancia dicto sentencia declarando con lugar la demanda presentada por los señores ABEL EDGARDO LAGOS BACA Y PEDRO ARTURO MALDONADO BANEGAS contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO ( INJUPEMP), representada por la señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA, condenando a la demandada , a) Reintegrar a los señores ABEL EDGADO LAGOS BACA Y PEDRO ARTURO MALDONADO, a sus puestos de trabajo por lo menos en iguales condiciones de trabajo que mantenía al momento de operarse la ruptura del contrato, restitución a sus funciones; al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se materialice el reintegro ordenado y demás derechos adquiridos en su ausencia, debiendo la Institución demandada nombrarlos como empleados permanentes en el cargo que mantenía desde el inicio de la relación laboral. b) Asimismo a pagarle al señor ABEL EDGARDO LAGOS BACA; y al señor PEDRO ARTURO MALDONADO BANEGAS los derechos adquiridos y adeudados. 111.-Declarar SIN LUGAR el décimo tercer del año 2011 y décimo tercer y décimo cuarto mes de los años 2012 al 2016 instaurada por el señor ABEL EDGADO LAGOS BACA; asimismo SIN LUGAR la demanda instaurada por el señor PEDRO ARTURO MALDONADO para el pago del décimo tercer mes del año 2015 y décimo tercer y décimo cuarto mes del año 2016; contra EL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO ( INJUPEMP) por medio de su Directora Ejecutiva y Representante Legal la señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA IV.- SIN COSTAS en esta instancia Y manda. Y MANDA: I.- que a partir de la fecha quedan notificados en estrados de esta sentencia definitiva los representantes procesales de las partes. II.- Que siendo este fallo completamente adverso al INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) se consulte el mismo antela Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en caso de que no fuere apelado dentro del término que estipula la ley, y con lo expuesto se da por terminada la presente acta firmándola la suscrita Juez y la secretaria adjunta que da Fe. Contra la sentencia antes relacionada, la parte demandada manifestó su inconformidad interponiendo el recurso de Apelación que nos ocupa, Como la causa justa para la terminación del contrato de trabajo fue válidamente alegad en juicio, la falta de apreciación de los medios de prueba antes singularizados, causan la violación directa de la norma sustantiva de orden nacional por error de hecho por la cual se acusa a la sentencia recurrida. Lo expuesto en este motivo hace admisible el recurso de casación y es suficiente mérito para que se case la sentencia recurrida”.- V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la norma que indica como violada (Artículo 46 literal b) del Código del Trabajo) no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) el precepto autorizante tampoco fue indicado con claridad y precisión; y, c) formula extensos alegatos propios de instancia.- VI. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintitrés días del mes de agosto del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha veintitrés de julio del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 507-18.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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