Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CL-50-18 — Registro 9074

Resumen

En primera instancia se declaró con lugar la demanda ordinaria laboral, sin lugar los defectos procesales de transacción y pago denunciados por el representante procesal demandado. Confirmado en segunda instancia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) en su formulación, el Recurrente hace referencia a infracción indirecta proveniente de error de hecho debido a la apreciación errónea del medio de prueba documental e infracción directa proveniente de una interpretación errónea, causales diferentes que debió invocar de forma separada por la independencia de los cargos; b) dentro de las normas que indica como violadas, el artículo 60 del Código del Trabajo, contiene varios párrafos que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas, de las que no se precisó a cuál de ellas dirige su ataque contra el fallo impugnado; y, c) en su explicación realiza alegatos propios de instancia e incluye normas que no fueron señaladas como infringidas o relacionadas en la formulación, tal es caso de los artículos 738 del Código del Trabajo y 206 al 208 del Código Procesal Civil.- IV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo de casación.”

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, Numeral 5 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintitrés de julio de dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 11 de abril del 2018, por el Abogado DANIEL ALEXANDER ORTIZ, mayor de edad, soltero, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal de la Empresa de SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), como recurrente; además, es parte recurrida, el señor ESTEBAN BENANCIO CERRATO SALGADO, representada en juicio por el Abogado NERY ROBERTO VELÁSQUEZ. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de reajuste o complemento de prestaciones e indemnizaciones laborales, de preaviso, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones proporcionales, décimo tercer mes en concepto de aguinaldo proporcional, décimo cuarto mes de salario en concepto de compensación social proporcional y bonificación por vacaciones, pago mediante el cual tiene que hacerse conforme a la solicitud de retiro voluntario presentada amparada en las clausulas 44, 46, 48 y 97 de los beneficios del contrato colectivo de condiciones de trabajo SANAA-SITRASANAAYS, periodo 2012-2013, más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, contabilizados éstos desde la fecha que la Institución demandada debió realizar el pago de prestaciones en forma completa y correcta hasta que con sujeción de las normas procesales del Código del Trabajo y Código Procesal Civil vigente en forma supletoria recaiga sentencia firma condenatoria definitiva, condena en costas; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 27 de octubre del 2016, por el Abogado WILMER URQUÍA RODRÍGUEZ, en su condición de representante procesal del señor ESTEBAN BENANCIO CERRATO SALGADO, mayor de edad, soltero, Peón, hondureño y con domicilio en la Aldea de San Juancito, Departamento de Francisco Morazán, contra la Empresa de SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), por medio de la Presidenta de la Junta Interventora y Representante Legal, la señora NIVIDA FLOR HERNANDEZ AGURCIA, mayor de edad, casada, Abogada, hondureña. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 01 de noviembre del 2017, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 27 de julio del 2017, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral promovida por el Abogado WILMER URQUÍA RODRÍGUEZ en su condición de representante procesal del trabajador ESTEBAN BENANCIO CERRATO SALGADO en contra del SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA) a través de la Presidenta de la Junta Interventora y Representante Legal de aquél entonces la señora NIVIDA FLOR HERNANDEZ AGURCIA. 2) CONDENA al SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA) a pagar al demandante ESTEBAN BENANCIO CERRATO SALGADO la cantidad de DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (L 2.151,176.92) por los conceptos siguientes: PREAVISO L 32,907.65, AUXILIO DE CESANTÍA: L 1.661,345.63 (705 días conforme a la Cláusula 44 del Contrato Colectivo), AUXILIO DE CESANTÍA PROPORCIONAL L 63,131.13, VACACIONES PROPORCIONALES L. 63,131.13, DECIMO TERCER MES L 24,543, DECIMO CUARTO MES L 57,770.53, BONIFICACIÓN PROPORCIONAL DE VACACIONES L 143,097.24 Y BONIFICACIONES L 5,250.00. 3) A la cantidad condenada, deberá restarse la cantidad ya pagada por el SANAA de L 737,148.19, de lo cual la cantidad neta a pagar es de UN MILLÓN CUATROCIENTOS CATORCE MIL VEINTIOCHO LEMPIRAS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS (L 1.414,028.73). 4) SIN LUGAR los Defectos procesales de Transacción y pago denunciados por el representante procesal demandado Abogado DANIEL ALEXANDER ORTIZ. SIN COSTAS en esta instancia”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que comenzó a laborar con la demandada el 01 de junio de 1990, como Peón , devengaba un salario base mensual de L.15,606.39 y un salario promedio mensual en los últimos seis meses de L.66,453.83 con 25 años, 11 meses y 12 días de servicio para el SANAA, por ser un beneficio que le correspondía y en aplicación al mandato establecido en las cláusulas 44, 46, 48 y 97 del Contrato Colectivo vigente 2012-2013, dio por terminada la relación laboral que le unía con la patronal demandada, solicitó el retiro voluntario, el cual fue presentado el 13 de mayo del 2016, fundamentando en las clausulas ya citadas del Contrato Colectivo mencionado; manifestándole el patrón, en forma dolosa y a sabiendas la fecha que presentó su retiro voluntario a partir del 13 de mayo del 2016 y que le tenían que pagar, como así lo tiene contemplado en el Contrato Colectivo vigente, el 100% de sus prestaciones laborales y que según el cálculo elaborado por la Secretaría de Trabajo ascendía a la cantidad de L.2,151,176.92 y que dos (2) meses después de haberles presentado a la Comisión Interventora del SANAA, el retiro voluntario de manera arbitraria y antojadiza elaboró dos cálculos de prestaciones, uno de fecha 26 de mayo del 2016 por la cantidad de L.1,558,868.82 y otro de fecha 28 de mayo del 2016 por la cantidad de L.1,474,296.38, aprovechándose del grado de analfabetismo, estado de salud y dignidad, le hizo firmar un Convenio para el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, por la cantidad de L.737,148.19, equivalente al 50% el último cálculo elaborado por el SANAA, realizado de manera incorrecta e incompleta en base a una solicitud imaginaria, amparada en la Cláusula 45 del Contrato Colectivo; que la actuación realizada por el SANAA en estos términos, es nula conforme a lo establecido al artículo 3 del Código del Trabajo en relación a la Cláusula No. 3 del ya mencionado Contrato Colectivo, ya que debió ser cancelada las prestaciones e indemnizaciones laborales de forma completa de conformidad al Contrato Colectivo, ya citado y no de la forma como lo hizo de manera antojadiza pagarle el 50% o el 34% de las prestaciones laborales del cálculo elaborado por el SANAA y no como lo elaboró la Secretaría del Trabajo; asimismo con el ánimo de llegar a un arreglo conciliatorio, acudió a la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, siendo imposible el mismo dándose por agotado el trámite administrativo.- 2.- La parte demandada, la Empresa de SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), aunque fue citada y emplazada para que en el término de seis días procediera a contestar la demanda, lo cual no hizo, por lo que el juzgado mediante auto de fecha 02 de febrero del 2017, decretó la CONTUMACIA de la parte demandada y en audiencia primera de trámite compareció interponiendo Excepción de Transacción y Excepción de Pago.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 27 de julio del 2017, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral; promovida por el señor ESTEBAN BENANCIO CERRATO SALGADO, contra la Empresa de SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), por medio de la Presidenta de la Junta Interventora y Representante Legal, la señora NIVIDA FLOR HERNANDEZ AGURCIA, condenó a la parte demandada a pagar al demandante la cantidad de L.2,151,176.92 por los conceptos de preaviso, auxilio de cesantía 705 días conforme a la cláusula 44 del contrato colectivo, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones proporcionales, décimo tercer mes, décimo cuarto mes, bonificación proporcional de vacaciones y bonificaciones; debiendo restarle a la cantidad condenada, la cantidad ya pagada por el SANAA de L.737,148.19, quedando como cantidad neta a pagar de L.1,414,028.73; y declaró sin lugar los Defectos Procesales de Transacción y Pago denunciados por el representante procesal demandado, sin costas; bajo el criterio que la cantidad ofrecida y pagada por el SANAA al momento de terminación del contrato de trabajo, no es conforme a la antigüedad y demás elementos que se consideran para el cálculo de las prestaciones laborales cuando el trabajador se retira de la institución de la manera voluntaria, violentando con ello el concepto de Trabajo Decente considerado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como aquella actividad productiva que es justamente remunerada y que se ejerce en condiciones de libertad, equidad, seguridad y respeto a la dignidad humana, a su vez, se establece que se alcanza logrando cuatro objetivos estratégicos: oportunidad de empleo e ingreso, protección social y seguridad social, garantía de principios fundamentales y derecho en el trabajo y, diálogo social, de allí la existencia del papel tutelador del Estado en cuanto al respeto a los derechos fundamentales del trabajador de conformidad al artículo 128 de la Constitución de la República en relación con el artículo 3 del Código del Trabajo. Que con el fin de establecer si la cantidad pagada por el SANAA era la que le correspondía al trabajador de conformidad a las cláusulas 44, 46, 48 y 97 del Contrato Colectivo que rige en la institución con su Sindicato de Trabajadores procede a realizar la liquidación en base a la información siguiente: Fecha de Ingreso el 01 de junio del año 1990, fecha de terminación de la relación laboral el 13 de mayo del año 2016, Salario Mensual L 15,606.39, Salario Promedio Mensual L 48,246.37, por lo que, en aplicación de las citadas clausulas le corresponde en concepto de prestaciones, la cantidad de L.2,151,176.92 y no la pagada de L.737,148.19; que la cantidad que legalmente le corresponde al demandante en aplicación a las Clausulas 44, 46, 48 y 97 del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre el SANAA y el SITRASANAAYS; en consecuencia se declara sin lugar el Defecto Procesal de Transacción y Pago que constituye un hecho aceptado por ambas partes, que al terminar la relación de trabajo, el SANAA le pago al trabajador incorrectamente la cantidad de L.737,148.19 en concepto de prestaciones, la cual no es la que le correspondía al trabajador, por lo que al momento que el SANAA proceda hacer efectiva la cantidad correcta que debió pagar al demandante, deberá restarla, por lo que deberá pagar al trabajador la cantidad de L.1,414,028.73.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 01 de noviembre del 2017, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio de la revisión del Defecto Procesal de Transacción y Pago, opuesto por la parte procesal demandada, al incurrir esta en contumacia, quedó imposibilitada para proponer medios de prueba justificar dicho Defecto Procesal y abrir un debate sobre, los extremos rechazados, en consecuencia no existe controversia sobre dicha figura jurídica, que del estudio de los hechos y derechos; así como los medios de prueba acreditados en este juicio este Tribunal de Alzada ha llegado al convencimiento que la sentencia definitiva dictada por la Juez A-quo y que se revisa en apelación está apegada a derecho y procede su confirmatoria; convencimiento que se ratifica en los hechos de que con los medios de prueba allegados al proceso por la parte actora quedó probado que este notificó la solicitud de retiro de la institución denominada, por medio de la Comisión Interventora, bajo la protección y beneficios de las cláusulas 44, 46, 48 y 97 del contrato colectivo suscrito entre el SANAA y SITRASANAAYS, Convenios Internacionales en Materia Laboral y de Derechos Humanos y Código del Trabajo, reclamando el 100% de sus prestaciones laborales, en base a 27 años de antigüedad; que revisado el Convenio para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, suscrito entre el empleador y trabajador no tiene testimonio manifiesto de buena fe, si bien en la cláusula primera, el demandado se obliga a pagar la cantidad de L.737,148.19, de una sola vez, pero en esta cantidad no se detalla conceptos, correspondientes a cada derechos, que constituyen las prestaciones e indemnizaciones laborales, sino que simplemente lo hace con una cantidad global, lo que permite dejar como escondidos u ocultos derechos que le corresponden al trabajador como fruto de una larga antigüedad, que llevó un desgaste en su vida por la entrega responsable en actividades propias del empleador así: Como los derechos y beneficios que le otorga el contrato colectivo vigente del contrato de trabajo; que se observa en el presente caso de estudio, al negar el empleador derechos elementales, que provienen de la actividad y relación laboral, en el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales; en consecuencia la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta Sección Judicial está apegada a las Normas del Derechos Laboral y cláusula de la contratación colectivas invocadas.- 5.- Mediante auto de fecha 22 de febrero del 2018, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado DANIEL ALEXANDER ORTIZ, en su condición de representante procesal de la Empresa de SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 11 de abril del 2018, compareció ante éste Tribunal el Abogado DANIEL ALEXANDER ORTIZ, en su condición de representante procesal de la Empresa de SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 03 de mayo del 2018, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado NERY ROBERTO VELÁSQUEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que el Abogado DANIEL ALEXANDER ORTIZ, en su primer y único motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva nacional de índole laboral por infracción indirecta proveniente de error de hecho debido a la apreciación errónea del medio de prueba documental propuesta por la parte demandante que obra a folios 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 33, 34, 35, 62, 73 de la primera pieza de autos y violatoria de ley sustantiva nacional de índole laboral por infracción directa proveniente de una interpretación errónea. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. Las normas sustantivas nacionales de índole laboral violada por la sentencia recurrida están contenidas en los artículos 129 de la Constitución de la República, artículos 60 del código de trabajo PRUEBA APRECIADA ERRÓNEAMENTE. La prueba apreciada erróneamente en este motivo es: 1) Contrato colectivo vigente entre sitranaays y sanaa que corre agregado del folio 37 al 83 de la primera pieza de autos. 2) Resolución 179-20 15 emitida por la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social que corre agregada del folio 84 al 85. PRECEPTO AUTORIZANTE CON RESPECTO A ESTE MOTIVO. Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN. Las sentencias por ser el resultado de un proceso, se debe justificar su entendimiento, cuidando el juzgador que el fallo se encuentre motivado y contenga los antecedentes de hecho, medios de prueba practicados y fundamentos de derecho que sirven de base a la parte dispositiva del fallo dicho requisito se encuentra motivado en los artículos 206 al 208 del Código Procesal Civil, norma de aplicación supletoria en el proceso laboral.- El presente recurso de casación afinca su interés en demostrar a esta Honorable Corte Suprema de Justicia la inobservancia de los requisitos de la sentencia por parte del tribunal A quo y Tribunal A quem quien obvio expresar de forma clara y precisa los medios de prueba aportadas por las partes que la condujeron al convencimiento que la llevara declarar con lugar la presente demanda.- En ese sentido, desconozco si para la juez de primera instancia y la corte de apelaciones nuestros medios de prueba no eran válidos o en su caso acertados para demostrar que al señor ESTEBAN BENANCIO CERRATO Se le pago sus prestaciones conforme a lo estipulado en el contrato colectivo vigente entre el SANAA y SITRASANAAYS es por ello que la escasa manifestación al respecto, nos impide conocer los razonamientos que permita estudiar la logicidad de los mismos, claro está que al revisar la sentencia de fecha veintisiete(27) de julio del año en curso el artículo 738 del código de trabajo establece que la juez deberá hacer un análisis de todas las pruebas allegadas a su tiempo en relación con la normativa del código procesal civil la A quo y tribunal A quem debieron exponer la apreciación y valoración de las pruebas en cada uno de los considerandos de la sentencias dictadas, La juez A quo manifiesta en los considerandos haber realizado un cálculo de prestaciones de acuerdo al contrato colectivo vigente en el SANAA pero al tener una sentencia sin fundamento me hago la pregunta que contrato colectivo habrá tomado en cuenta la juzgadora? Misma pregunta me hago con la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones ya que podrán apreciar señores magistrados en ninguno de sus considerando expresa la forma de calcular las prestaciones si El contrato colectivo vigente dentro de la institución o el anterior contrato colectivo que fue modificado mediante el acta 021-2012cb de forma fraudulenta siendo anulada dicha modificación por autoridad administrativa al emitir la resolución 179-2015 medio de prueba del cual no se han pronunciado hasta el día de hoy.- Quiero hacer notar que dicha modificación se dio a la cláusula 44 literal E mediante el cual se establece el procedimiento de cómo serán calcular las prestaciones, podrán notar Señores magistrados que las sentencias no hacen mención de dicha cláusula por lo tanto toma fuerza mi tesis sobre la escasa precisión que se ha hecho en las sentencias de mérito.-con la exposición de los vicios nulidad que posee las sentencia encontramos que tampoco se pronuncia del porque declara sin lugar la excepción de transacción y pago solamente sin exponer la valoración a los medios de prueba que la condujeron a tal decisión causando un estado de indefensión a mi representada ”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) en su formulación, el Recurrente hace referencia a infracción indirecta proveniente de error de hecho debido a la apreciación errónea del medio de prueba documental e infracción directa proveniente de una interpretación errónea, causales diferentes que debió invocar de forma separada por la independencia de los cargos; b) dentro de las normas que indica como violadas, el artículo 60 del Código del Trabajo, contiene varios párrafos que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas, de las que no se precisó a cuál de ellas dirige su ataque contra el fallo impugnado; y, c) en su explicación realiza alegatos propios de instancia e incluye normas que no fueron señaladas como infringidas o relacionadas en la formulación, tal es caso de los artículos 738 del Código del Trabajo y 206 al 208 del Código Procesal Civil.- IV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. WILFREDO MENDEZ ROMERO. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diecinueve días del mes de agosto del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha veintitrés de julio del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 50-18.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

11