Sentencia CL-493-17 — Registro 8961
Resumen
En segunda instancia se declaró sin lugar excepción material de transacción de pago opuesta por la representante procesal de la Procuraduría General de la República, en virtud que el pago realizado a la demandante no fue total por lo que procede su reajuste, con la aclaración que no hay pronunciamiento sobre la excepción de prescripción porque esta no fue objeto de apelación. Declarando ha Lugar parcialmente la Demanda Ordinaria Laboral del pago de prestaciones e indemnizaciones laborales en lo que concierne al reajuste del pago ya recibido. Se condena al Estado de Honduras a pagar en concepto de reajuste de prestaciones e indemnizaciones laborales a la señora los cuales se obtienen tomando la verdadera antigüedad de la demandante en base al salario ordinario devengado de siete mil ochocientos sesenta lempiras con cuarenta y cuatro centavos (Lps.7,860.44) y el salario promedio de nueve mil ciento setenta lempiras con cincuenta y un centavos (Lps. 9,170.51), haciéndose la rebaja del valor que ya fue pagado por su patrono el cual se encuentra acreditado en autos y que corresponden a la cantidad de cuarenta y cuatro mil doscientos cincuenta y tres lempiras con catorce centavos (Lps.44,253.14) por cuanto de la operación aritmética realizada y que consta en el numeral sexto de la fundamentación jurídica de la presente resolución el valor total que resulto en lo concerniente a preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional, decimo cuarto mes proporcional fue de ciento setenta y ocho mil cuatrocientos treinta y nueve lempiras con veinte centavos (Lps.178,439.20).
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“3. Que el cargo que antecede resulta inadmisible por los defectos técnicos siguientes: a) en la formulación se alega el error de hecho, pero sin precisar si es por apreciación errónea o falta de apreciación, en su caso; b) se indica como infringido el artículo 228 de la Constitución de la República, el cual carece de sustantividad; c) en el acápite denominado precepto autorizante se omite el párrafo en que se encuentra comprendido el sustento del motivo; d) en la explicación se alude a la interpretación errónea de la ley concepto distinto al error de hecho señalado en la formulación; y, e) en el desarrollo se alude a los artículos 95, 711, 712 del Código del Trabajo y 59, 60 y 61 del Código Procesal Civil, cuando los primeros no fueron señalados como infringidos o relacionados en la formulación y los segundo no corresponde al orden laboral.”
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, Numeral 5 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., catorce de mayo del dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 15 de enero del 2018, por la Abogada ARIANA IZABEL MARADIAGA ESTRADA, mayor de edad, soltera, hondureña y con domicilio en La Ceiba, Departamento de Atlántida, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, la señora ISMARY GODOY ESPINAL, representada en juicio por la Abogada EVELYN JACQUELINE CASTRO CHÁVEZ. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral de primera instancia para que se condene al pago de prestaciones laborales, pago de vacaciones, pago de aguinaldo, pago de decimocuarto mes, pago de bonificación proporcional sobre vacaciones, pago de salario adeudado conforme al séptimo contrato colectivo de condiciones de trabajo, mas a titulo de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, costas del juicio; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha 06 de febrero del 2015, por la señora ISMARY GODOY ESPINAL, mayor de edad, casada, Cultora de Belleza, hondureña y con domicilio en la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, contra el INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (IHNFA), a través de su Director Ejecutivo el señor FELIPE ARTURO MORALES CÁRCAMO; la DIRECCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF), por medio de su Directora Ejecutiva la señora LOLIS MARIA SALAS MONTES, y solidariamente contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS y a través de la COMISIÓN LIQUIDADORA DE LA DIRECCIÓN DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF). El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 31 de agosto del 2017, dictada por la Corte Primera de Apelaciones Seccional de la Ceiba, Departamento de Atlántida, que falló REVOCANDO la sentencia de fecha 22 de junio del 2017, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: Declarando ha lugar Parcialmente el recurso de apelación Interpuesto por los Abogados BORIS ROBERTO LOVO MENDOZA y ARIANA IZABEL MARADIAGA ESTRADA, en consecuencia se Revoca la Sentencia Definitiva de fecha veintidós de Junio del año dos mil diecisiete dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba (Materia Laboral) y se procede a dictar de la siguiente manera: PRIMERO: Declarando sin lugar excepción material de transacción de pago opuesta por la representante procesal de la Procuraduría General de la República, en virtud que el pago realizado a la demandante no fue total por lo que procede su reajuste, con la aclaración que no hay pronunciamiento sobre la excepción de prescripción porque esta no fue objeto de apelación SEGUNDO: Declarando ha Lugar parcialmente la Demanda Ordinaria Laboral de primera instancia promovida por ISMARI GODOY ESPINAL reclamando el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales en lo que concierne al reajuste del pago ya recibido. TERCERO: Se condena al Estado de Honduras por medio de la Procuraduría General de la República representada legalmente por el Procurador General de la República señor ABRAHAN ALVARENGA URBINA a pagar en concepto de reajuste de prestaciones e indemnizaciones laborales a la señora ISMARI GODOY ESPINAL la cantidad CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CERO SEIS CENTAVOS (LPS.134,186.06) los cuales se obtienen tomando la verdadera antigüedad de la demandante en base al salario ordinario devengado de siete mil ochocientos sesenta lempiras con cuarenta y cuatro centavos (Lps.7,860.44) y el salario promedio de nueve mil ciento setenta lempiras con cincuenta y un centavos (Lps. 9,170.51), haciéndose la rebaja del valor que ya fue pagado por su patrono el cual se encuentra acreditado en autos y que corresponden a la cantidad de cuarenta y cuatro mil doscientos cincuenta y tres lempiras con catorce centavos (Lps.44,253.14) por cuanto de la operación aritmética realizada y que consta en el numeral sexto de la fundamentación jurídica de la presente resolución el valor total que resulto en lo concerniente a preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional, decimo cuarto mes proporcional fue de ciento setenta y ocho mil cuatrocientos treinta y nueve lempiras con veinte centavos (Lps.178,439.20). CUARTO: Se desestima la pretensión del pago de salarios caídos por las razones expuestas en los fundamentos de derecho anteriormente relacionados. QUINTO: Se absuelve a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) de toda responsabilidad laboral con la demandada.....- Sin Costas en ambas instancia….”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que inició a laborar con la demandada (IHNFA), en el Centro de Atención Integral de la ciudad de la Ceiba, Departamento de Atlántida, ahora DINAF, el 01 de Abril de 1998, como Instructora de Belleza, firmando inicialmente un Adendum por 30 días y luego firmando nuevamente contrato hasta el 18 de julio del 2012, y con vigencia a partir del 01 de julio del 2012, devengaba un salario de L.7,860.44, con un horario de entrada de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., de lunes a viernes; que el 17 de noviembre del 2014, recibió nota en la cual se le notificó que a partir de ese mismo día, finalizaba la relación laboral con la Institución denominada ahora DINAF, que en virtud del proceso de supresión y clausura definitiva de la antes referida institución (IHNFA), se procedería al pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales, a un 100% y conforme a derecho, o sea conforme al Séptimo Contrato Colectivo, celebrado y firmado por las autoridades del IHNFA y el SITRAIHNFA en representación de los trabajadores, porque era la ley aplicable en lo referente al pago de todos los derechos laborales e indemnizaciones que le correspondían; además argumentó que en Consejo de Ministros convocado por el señor Presidente Constitucional de la República mediante Decreto Ejecutivo PCM-26-2014 deciden suprimir al IHNFA, y a la vez mediante el mismo decreto en el artículo 7 que literalmente dice que; En virtud del proceso de supresión y clausura definitiva del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia, IHNFA conforme a lo dispuesto en el artículo 111 del Código de Trabajo numeral 9, se procederá en forma a la terminación de todos los contratos vigentes, con el reconocimiento a favor de los trabajadores de la prestaciones e indemnizaciones laborales que hubiere lugar en derecho; que por recomendación del Gerente de Recursos Humanos, el 26 de noviembre del 2014 acudió a la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, quienes en esa misma fecha levantaron acta, en donde a través del director regional del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia, se constató la antigüedad, a través de listados de las alumnas que año por año les impartió clases desde el 01 de abril de 1998, hasta el 17 de noviembre del 2014 fecha del despido; que la certificación del acta levantada fue llevada al departamento legal quien dictaminó que la antigüedad solicitada no le correspondía; y que con el ánimo de llegar a un arreglo conciliatorio acudió a la Secretaría del Trabajo, siendo imposible el mismo, se dio por agotado el trámite administrativo el 02 de enero del 2015.- 2.- Las partes demandadas: El ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda rechazando los hechos de la demandante, apoyando su defensa en que la demandante no fue contratada para ocupar plazas permanentes, sino que fue contratada de manera temporal en el último año de funcionamiento del IHNFA, por tiempo limitado especificándole fecha de inicio y fecha de terminación, donde las partes están sometidas y regidas por las clausulas establecidas en el contrato y en el presente caso la demandante firmó contratos por servicios a término, que tienen fecha de inicio y finalización y no se renuevan automáticamente porque no existen plazas permanentes vacantes, condiciones que fueron aceptadas por la demandante, al suscribir dichos contratos en su momento; que en virtud que la relación con el IHNFA, estaba sometida a las estipulaciones del contrato mismo, pagándole los honorarios profesionales por planillas de pago de empleados temporales, a través del renglón 12100 sueldos y salarios básicos (diversos servicios profesionales y técnicos), de (personal no permanente), y de conformidad al artículo 9 y 10 del Reglamento Interno de Trabajo de la Institución, la demandada no tendrá más responsabilidad, que el pago del salario pactado y derechos adquiridos conforme al código, siempre y cuando hayan sido reclamados en tiempo; por lo que solo reconoce los derechos adquiridos, al personal por contrato (temporal); en el presente caso la demandante tenían conocimiento la fecha de inicio y de terminación de la relación laboral, que acreditará que la demandante no se le despidió por no ser empleada permanente, únicamente existió finalización del contrato; y que mediante Decreto Ejecutivo PCM-26-2014 de fecha 06 de junio del 2014, según los artículos “1. ordena suprimir al instituto hondureño de la niñez y la familia (IHNFA) creado mediante decreto legislativo 199-1997 de 29 de enero de 1998 y 4. se declara al Instituto hondureño de la niñez y la familia (IHNFA), en proceso de supresión y clausura del instituto hondureño de la niñez y la familia (IHNFA) conforme a lo dispuesto en el artículo 111 del código de trabajo numeral 9), se procederá en forma la terminación de todos los contratos vigentes con el reconocimiento de los trabajadores de las prestaciones que hubiere lugar en derecho; que en debida oportunidad a la demandante se le ofrecieron las prestaciones que legalmente le correspondían, al momento de su liquidación, en función de un convenio de pago que en su vigencia se extendió por 6 meses, mismo que sería pagado por parte de la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas y que la parte actora pretende obtener cantidad imaginarias en perjuicio del erario público y que no le corresponde y que no podrá existir una permanencia a un puesto de trabajo que nunca existió, ni existirá como plaza permanente, porque el IHNFA, desapareció; y en AUDIENCIA DE PRIMERA DE TRÁMITE, interpuso las Excepciones Materiales de Transacción de Pago y de Prescripción; asimismo la DIRECCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF), contestó dicha demanda rechazando los hechos alegados por la demandante, apoyando la defensa en que de acuerdo al Decreto Ejecutivo PCM-27-2014 de fecha 4 de junio del 2014, la creación de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), se efectúa a partir del 6 de junio del año 2014, y de acuerdo a los archivos de personal desde esa fecha al día de hoy, no registraron y por lo tanto no existe nombramiento ni contrato alguno a favor de la demandante y tampoco existe despido alguno; alegó que DINAF desde su creación a la fecha no tiene registrada ningún organización sindical y por lo tanto, tampoco ha suscrito y no existe algún contrato colectivo de condiciones de trabajo vigente con las y los empleadas y empleados y que el artículo 16 del Decreto Ejecutivo PCM-027-2014, estipula que el régimen laboral es por la ley de Servicio Civil; asimismo argumentó que es extraño para la demandada que la demandante indique sin señalamiento o argumento legal alguno, ni explicación jurídica, que existe solidaridad en el reconocimiento de derechos laborales de los empleados entre el INHFA y la DINAF, hasta ahora no se explicamos bajo que sustento legal, la demandante establece la pretendida solidaridad, ya que ni el Decreto Ejecutivo PCM-027-2014 de creación del DINAF o el Decreto Ejecutivo PCM- 26-2014 de supresión, clausura definitiva y cierre del IHNFA, dispone la existencia de solidaridad de ambas instituciones, entre cualquier tipo de reclamo económico.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha 22 de junio del 2017, dictó sentencia declarando parcialmente con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por la señora ISMARY GODOY ESPINAL, contra el INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (IHNFA), a través de su Director Ejecutivo el señor FELIPE ARTURO MORALES CÁRCAMO; la DIRECCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF), por medio de su Directora Ejecutiva la señora LOLIS MARIA SALAS MONTES, y solidariamente contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS y a través de la COMISIÓN LIQUIDADORA DE LA DIRECCIÓN DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF); declaró sin lugar las Excepciones Materiales de Transacción de Pago y Prescripción opuestas por la parte demandada, por las razones expuestas en los numerales Cuarto y Quinto de los Hechos Probados y 13 de la Motivación Jurídica del presente fallo; declaró parcialmente con lugar la demanda ordinaria laboral de primera instancia reclamando el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales y salarios dejados de percibir; en consecuencia y por las razones expuestas en los numerales Séptimo y Octavo de los Hechos Probados y 10 y 20 de la Motivación Jurídica del presente fallo, condenó a la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), a pagar a la demandante la cantidad de L. 134,186.06, los cuales se obtienen de calcular las prestaciones e indemnizaciones laborales en base al salario ordinario devengado de L. 7,860.44 y el salario promedio de L. 9,170.51, tomando su verdadera antigüedad que es de 16 años, 7 meses y 16 días, para un total de L. 178,439.20, en concepto de prestaciones laborales y derechos adquiridos, menos el valor pagado de L. 44,253.14; mas a título de daños y perjuicios, el pago de los salarios dejados de percibir, desde la fecha de la terminación de su contrato de trabajo y hasta que la presente sentencia alcance el carácter de firme; sin costas; bajo el criterio que por todo lo antes expuesto y dado que la parte demandada no acreditó la temporalidad de la relación laboral con la demandante, la desaparición del motivo que dio origen a su contratación, la justa causa para dar por terminada la relación laboral con la actora, ni se demostró que no tiene la antigüedad que ésta alega tener, ni acreditó que se le hayan pagado la totalidad de las prestaciones e indemnizaciones laborales que le corresponden, ni la prescripción invocada; se estima procedente desestimar las excepciones materiales opuestas por la parte demandada, acoger las pretensiones de la demandante en cuanto a obtener el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales que le corresponden, rebajando el valor ya recibido y acreditado en autos; las cuales se calcularán en la forma establecida en el artículo 123 del Código del Trabajo, dado que no se acreditó tener derecho a otro tipo de cálculo con fundamento en una norma más favorable o condición más beneficiosa, ni se acreditaron otros conceptos reclamados; así como la indemnización correspondiente en concepto de salarios dejados de percibir que la ley concede en concepto de daños y perjuicios en los casos de despido injustificado, ya que el primer párrafo de la página 6 de la Circular 1-2014 de la Sesión de fecha 13 de Mayo de 2014 de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, que contiene la Unificación de Criterios Judiciales en Materia Laboral, señala que “No se puede privar al trabajador estatal o público de la mínima cobertura contra el despido arbitrario. Hacerlo equivaldría a colocarlo en inferioridad de condiciones que los trabajadores del sector privado, discriminándolo en ese aspecto”, situación que es prohibida de acuerdo a los artículos 59 y 60 de la Constitución de La República; valores que deberá pagar la nueva Institución creada en sustitución del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia.- 4.- La Corte Primera de Apelaciones Seccional de la Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha 31 de agosto del 2017, dictó sentencia REVOCANDO la proferida por él a quo, en donde declaró sin lugar la Excepción material de transacción de pago opuesta por la parte demandada, en virtud que el pago realizado a la demandante no fue total por lo que procede su reajuste, con la aclaración que no hay pronunciamiento sobre la excepción de prescripción porque esta no fue objeto de apelación; declaró ha lugar parcialmente la demanda ordinaria laboral de primera instancia, en lo reclamado al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales en lo que concierne al reajuste del pago ya recibido; condenó a la parte demanda, a pagar en concepto de reajuste de prestaciones e indemnizaciones laborales a la demandante, la cantidad L.134,186.06 los cuales se obtienen tomando la verdadera antigüedad de la demandante en base al salario ordinario devengado de L.7,860.44 y el salario promedio de nueve L. 9,170.51, haciéndose la rebaja del valor que ya fue pagado por su patrono el cual se encuentra acreditado en autos y que corresponden a la cantidad de L.44,253.14 por cuanto de la operación aritmética realizada y que consta en el numeral sexto de la fundamentación jurídica de la presente resolución el valor total que resulto en lo concerniente a preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional, decimo cuarto mes proporcional fue de L.178,439.20; desestimó la pretensión del pago de salarios caídos por las razones expuestas en los fundamentos de derecho anteriormente relacionados; absolvió a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) de toda responsabilidad laboral con la demandada, sin costas; bajo el criterio que lo que corresponde en derecho es que se le debe hacer el reajuste al pago realizado a la demandante, mismo que debe ser en base a la antigüedad declarado judicialmente cuyo pago le corresponde hacerlo a la Procuraduría General de la República por tener la representación legal del Estado, absolviéndose a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia DINAF de toda responsabilidad, por lo que haciendo la operación aritmética resulta lo siguiente: preaviso: 2 meses L.18,341.02; auxilio de cesantía: 16 meses L.146,728.16; auxilio de cesantía Proporcional: 226 días L.5,757.04; vacaciones proporcionales: 230 días L.3,347.97; aguinaldo proporcional: 320 días L. 6,987.05; decimo cuarto mes proporcional: 139 días L.3,035.00, para ser un total de L.178,439.20 menos el valor pagado que fue la cantidad de L.44,253.14; que de conformidad al artículo 715 numeral 4 del Código Procesal Civil y que de forma supletoria aplica en materia laboral establece “Si se apreciara alguna infracción en la aplicación o interpretación del derecho en la decisión de fondo, el Tribunal revocara la sentencia apelada y dictara la que estime conveniente” en el presente caso hubo una interpretación errónea de la Juez en lo referente a los artículos 111, 112 y 113 del Código del Trabajo por cuanto condena a salarios caídos a la demandada como si se tratara de un despido injusto sin existir las causas del artículo 112, pero lo que realmente ocurrió fue una terminación de contrato por una de las causas establecidas en el artículo 111, que se derivo del decreto ejecutivo PCM-26 2014 que suprimió al IHNFA; que por las razones anteriormente expuestas procede revocar la sentencia venida en apelación dictándola conforme las apreciaciones de hecho y derecho que se han formulado en la fundamentación jurídica de la presenten sentencia.- 5.- Mediante auto de fecha 30 de octubre del 2017, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir los recursos de casación interpuestos por la Abogada ARIANA IZABEL MARADIAGA ESTRADA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, y la Abogada EVELYN JACQUELINE CASTRO CHÁVEZ, en su condición de representante procesal de la señora ISMARY GODOY ESPINAL, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones Seccional de la Ceiba, Departamento de Atlántida, de que se ha hecho mérito y se lleve adelante la tramitación de los recursos, omitiéndose el traslado y ordenando que la Secretaría del Despacho retenga los autos para que los Recurrentes comparezcan en el plazo de veinte (20) días, el cual comenzará a correr a partir del día siguiente de la notificación, a formular sus demandas de casación.- 6.- En fecha 15 de enero del 2018, compareció ante éste Tribunal la Abogada ARIANA IZABEL MARADIAGA ESTRADA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por formalizado en tiempo el recurso de casación, omitiéndose el traslado, ordenando dar copias a las partes contrarias para la contestación en forma común, por el término de diez días; el cual surtirá efecto en la Secretaria donde se mantendrán los autos a su disposición; por lo que en fecha 07 de marzo del 2018, se declaró DESIERTO el recurso de casación interpuesto por la Abogada EVELYN JACQUELINE CASTRO CHÁVEZ, en su condición de representante procesal de la señora ISMARY GODOY ESPINAL, teniendo por firme la sentencia recurrida; en consecuencia ordenó proseguir con el trámite del recurso de casación presentado por la Abogada ARIANA IZABEL MARADIAGA ESTRADA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS; asimismo en proveído de fecha 05 de septiembre, se tuvo por precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte de la Abogada EVELYN JACQUELINE CASTRO CHÁVEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, para que procediera a contestar la demanda de casación planteada; en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- 1. Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- 2. Que la Abogada ARIANA IZABEL MARADIAGA ESTRADA, en un primer motivo de casación alega: “El fallo proferido por la Corte de Apelaciones constituye un error de hecho de conformidad a lo establecido en el artículo 765 numeral 1 párrafo segundo del Código De Trabajo y el artículo 720.2 del Código Procesal Civil, y es violario del artículo 228 de la Constitución de la República, en relación al 39 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, artículo 60 del Código Procesal Civil y 758 del Código de Trabajo relacionado con el artículo 245 del Código Procesal Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE CON RESPECTO AL PRIMER MOTIVO: Autoriza este motivo de casación el 765 numeral 1 del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL PRIMER MOTIVO: La Sentencia recurrida constituye error de hecho de conformidad a lo señalado en el artículo 765.1 pues en dicho fallo emitido por el Ad quem existe una mala interpretación de la ley y de la valoración de la prueba, asimismo el tribunal de alzada no determina con claridad los sujetos jurídicos que intervienen en el proceso, en el sentido de determinar la legitimación de la parte condenada debido a que en su parte resolutiva FALLA: falla declarando ha lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por los abogados BORIS ROBERTO LOVO MENDOZA Y ARIANA IZABEL MARADIAGA ESTRADA en consecuencia se revoca la sentencia definitiva de fecha veintidós de junio del año dos mil diecisiete dictada por el Juzgado De Letras De La Sección Judicial De La Ceiba (materia laboral) y procede a dictar de la siguiente manera: PRIMERO: Declarando sin lugar excepción material de transacción de pago opuesta por la representante de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA en virtud que el pago realizado a la demandante no fue total por lo que procede su reajuste con la aclaración que no hay pronunciamiento sobre la excepción de prescripción porque esta no fue objeto de apelación. SEGUNDO: Declarando HA LUGAR PARCIALMENTE la Demanda Ordinaria Laboral de primera instancia promovida por ISMARY GODOY ESPINAL reclamando el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales en lo que concierne al reajuste del pago ya recibido. Tercero: Se condena al ESTADO DE HONDURAS por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA representada legalmente por el Procurador General de la República señor Abraham Alvarenga Urbina a pagar un concepto de reajuste de prestaciones e indemnizaciones laborales a la señora ISMARY GODOY ESPINAL, por la cantidad supra señalada. Como se puede determinar el Ad-quem realiza una mala interpretación de la ley y provoca error de hecho, demostrando la errónea interpretación sin tomar en cuenta las reglas de la sana crítica, del conocimiento y criterio humano, así como las reglas que rigen el razonamiento lógico debido a que condena a la Procuraduría General de la República, cuando lo que ostenta la Procuraduría General de la República es la representación legal desde una óptica procesal, siguiendo el orden de ideas planteado es importante hacer ver a la Honorable Sala que el tribunal de alzada confunde la capacidad con la que actúa la Procuraduría General de la República, veamos: recurrente. TERCERO: Que de conformidad al artículo 60 del Código Procesal Civil la falta de capacidad procesal puede ser apreciada de oficio por el Juez O Tribunal en cualquier momento del procesos. En el entendido que la representación legal es una institución jurídica por medio de la cual una persona actúa en interés del representado sobre quien recae los efectos jurídicos de su gestión, instituida para garantizar la tutela de los intereses, ya sea del Estado o de particulares, lo cual conlleva intrínsecamente a otros de los requisitos exigidos por el derecho procesal para ser parte en un juicio laboral como es la legitimación. Según MONTERO AROCA: “Tener legitimidad para obrar se refiere hacer la persona que de conformidad con la ley sustancial puede formular (Legitimización activa) o contradecir (Legitimación pasiva) las pretensiones contenidas en la demanda, en el presente caso resulta claro que la Dirección de Niñez, Adolescencia y familia (DINAF) no tiene la legitimación pasiva para responder por el reclamo de la parte demandante por cuanto la señora ISMARI GODOY ESPINAL no tuvo ninguna relación laboral con la primera, ya que DINAF ni siquiera existía cuando la demandante laboro con el suprimido Instituto Hondureño de Niñez y Familia IHNFA, por lo tanto la representación legal para responder por las obligaciones que pudiera tener pendiente el IHNFA, no la tiene DINAF. CUARTO: RESPECTO A LA ANTIGÜEDAD DE LA DEMANDANTE: Con la prueba aportada por la apoderada legal de la señora ISMARI GODOY. Con respecto al numeral tercero de la sentencia emitida por el Aquem, de manera errónea interpreta el artículo 60 del Código Procesal Civil con respecto a la falta de capacidad, argumenta que el DINAF no se encuentra comprendido para ser demandado (parte) en la presente causa ya que como el Aquem expresa la demandante nunca laboro en DINAF, mas olvidó el Aquem revisar y analizar la prueba documental (contrato de trabajo) presentada en la causa en donde se acredito que dicha demandante laboro en la suprimida INHFA, en un orden lógico de ideas, según la prueba aportada en todo el desarrollo del proceso y específicamente la prueba documental (contrato de trabajo), nunca se acreditó que la demandante era empleada de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ya que se limita a hacer un análisis superficial del artículo 60 del Código Procesal Civil y determina expulsar al DINAF del proceso y claramente establece que esa institución no tiene la obligación de responder por las obligaciones del INHFA, pareciera que el Aquem se quedó corto al momento de motivar dicho numeral ya que nunca ni en dicho numeral ni en todo el desarrollo de la sentencia expresa cuales fueron los motivos fácticos y jurídicos que lo llevaron a determinar exactamente porque se debe condenar a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA a pagar una cantidad de dinero a una demandante que jamás ha sido empleada de PGR, usando el mismo razonamiento del Aquem con respecto a que DINAF no tiene por qué cargar con las obligaciones del INHFA se encuentra la Procuraduría General de la República PGR ya que dicha demandante nunca laboro en la institución, tan temerario es este numeral como el sexto ya que pone a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA en condición de PARTE, tal como se señala en el artículo 59 y 61 del CPC. En donde se determina la capacidad para ser parte, el Aquem olvidó que en el caso específico de la Procuraduría General de la República y en el presente caso, se actúa con legitimación ordinaria y extraordinaria, en otras palabras, y en el caso específico de la Procuraduría General de la República actúa en condición de representante procesal, nunca hemos sido PARTE tal como señala el artículo 59 y 61 del Código Procesal Civil y 711 y 712 del Código del Trabajo. En este mismo orden de ideas, la prueba revisada por el Aquem, específicamente documental (contrato de trabajo) los que aparecen como partes contratantes y generadores de obligaciones mutuas son el INHFA Y LA DEMANDANTE, nunca la Procuraduría General de la República firmo contrato de trabajo con ella, el artículo 95 del Código del Trabajo, claramente ya establece las obligaciones del patrono con respecto al trabajador, en el caso de autos la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA nunca ha sido patrono de la demandante. En consecuencia el haber condenado a la institución PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA demuestra a todas luces que el Aquem aplico incorrectamente la interpretación del articulado señalado anteriormente, por tanto la sentencia emitida por el Ad quem debe ser casada, procediendo a la nulidad de la Sentencia emitida por la Corte Primera de apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida en fecha 31 de Agosto de 2017 y por ende se debe declarar sin lugar la demanda interpuesta por ISMARY GODOY ESPINAL.” .- 3. Que el cargo que antecede resulta inadmisible por los defectos técnicos siguientes: a) en la formulación se alega el error de hecho, pero sin precisar si es por apreciación errónea o falta de apreciación, en su caso; b) se indica como infringido el artículo 228 de la Constitución de la República, el cual carece de sustantividad; c) en el acápite denominado precepto autorizante se omite el párrafo en que se encuentra comprendido el sustento del motivo; d) en la explicación se alude a la interpretación errónea de la ley concepto distinto al error de hecho señalado en la formulación; y, e) en el desarrollo se alude a los artículos 95, 711, 712 del Código del Trabajo y 59, 60 y 61 del Código Procesal Civil, cuando los primeros no fueron señalados como infringidos o relacionados en la formulación y los segundo no corresponde al orden laboral.- 4. Que en un segundo motivo se aduce: “Infracción directa del artículo 111 numeral 2, relacionado con el decreto 26-2014 y 67 del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República para el Ejercicio Fiscal del año 2010, contenido en el Decreto 16-2010, 72 y 74 para el Ejercicio Fiscal del año 2011 contenido en el Decreto 264-2010. Artículo 1 del Decreto 266-2013 que contiene la Ley para Optimizar la Administración Pública mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la transparencia en el Gobierno que en su Artículo 1 reforma el Artículo 124-C de la Ley General de la Administración Pública. Artículo 17 del Reglamento Interno Del INSTITUTO HONDUREÑO DE NIÑEZ Y FAMILIA (IHNFA). PRECEPTO AUTORIZANTE CON RESPECTO AL SEGUNDO MOTIVO: Autoriza este motivo de casación el 765 numeral 1 del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por infracción directa del artículo 111 numeral 2 que establece lo siguiente: Causas de terminación de los contratos. 1... 2.- El mutuo consentimiento de las partes, como lo es el caso que nos ocupa, donde la parte demandante firmó contrato aceptando lo contenido en el mismo, en el presente caso, el demandante únicamente suscribió con mi representado el Estado de Honduras (INHFA), contratos de prestación de servicios profesionales y personales, es decir que se constituyó en un acto cuyo alcance regulaba las obligaciones entre las partes contratantes, circunscribiéndose las mismas únicamente en cuanto a las obligaciones contempladas en el indicado contrato, pero fuera de los alcances de una relación de trabajo, y por esa razón ambas partes se someten únicamente a las cláusulas de dichos contratos, en el entendido que la señora demandante concluyó la relación laboral con la supresión INSTITUTO HONDUREÑO DE NIÑEZ Y FAMILIA (IHNFA) y que consecuentemente mi representado, no tiene más obligaciones de las que se generaron de dichos contratos los cuales fueron celebrados desde el 01 de Julio de 2012 hasta el 17 de noviembre de 2014 fecha en la cual se les notifico la terminación del mismo por los motivos que contempla el articulo 111 numeral 9 del Código de Trabajo y el decreto PCM-26-2014. Además Artículo 1 del Decreto 266-2013 que contiene la Ley para Optimizar la Administración Pública mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la transparencia en el Gobierno. En el caso de los empleados por contrato los mismos deberán sujetarse al plazo y a las condiciones contractuales convenidas entre las partes., mediante Decreto Ejecutivo PCM-26-2014 y que las obligaciones contraídas por el Estado de Honduras con esta fueron enteradas en base a su contrato de servicios desde el año 2012 el cual fue renovado constantemente hasta que se suscitó la supresión del IHNFA según Decreto PCM 026- 2014. Está más que claro que no se puede obviar lo que la ley dispone para emitir un planteamiento parcializado cuando la ley es clara en ese sentido y esto tampoco fue tomado en consideración ni analizado y aplicado por el A-quem para poder resolver ante el perjuicio notorio que ha causado esta mala interpretación pues incluso es tanto el cumplimiento del Estado a través de la Comisión Liquidadora del IHNFA ante la Ley que es claro en esta situación. Siguiendo con la errónea interpretación de dicho artículo este es claro que no hay una continuación del IHNFA con la creación de la DIRECCIÓN DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA ni una reorganización del mismo y que por la condición de la demandante no se le puede dar continuación a sus pretensiones. Asimismo es importante hacer notar que en vista de la supresión del Instituto Hondureño de Niñez y Familia y que a raíz de la misma la Comisión Liquidadora nombrada para responder sobre las obligaciones contraídas por la institución suprimida hizo frente al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales que le correspondían a la demandante y se le efectuaron mediante consignación de pago ante el Juzgado de Letras de Trabajo de la ciudad de La Ceiba todos esos extremos comprobados en juicio y no tomados en consideración tanto en primera como en segunda instancia pues las prestaciones e indemnizaciones canceladas a entera satisfacción de la demandante fueron pagadas en base al sexto contrato colectivo suscrito entre el IHNFA y SITRAIHNFA, partiendo a la fecha ni inicio de fecha primero de Abril de 1998 y como fecha de finalización 17 de Noviembre de 2014, quedando establecido que el decreto de supresión fue de fecha 04 de Junio de 2014, publicado en la Gaceta 06 de Junio de 2014, mediante número 33,446, y como se ha demostrado la pretensión de la demandante no tiene razón de ser habida cuenta que el IHNFA quedó suprimida y en cuanto al reajuste no valoraron dicho medio de prueba donde se acreditaron los extremos señalados y probados mediante folio 84 al folio 89, en consecuencia la operación aritmética practicada por el A-quo y ratificada por el tribunal de alzada fue errónea al realizar reajuste sin tomar en cuenta los tiempos desde el inicio de la relación laboral, la culminación de la misma y la supresión del IHNFA, en consecuencia en la sentencia emitida carece de motivación, sana critica, del conocimiento, así como las normas que rigen el razonamiento lógico, en ese orden el presente recurso debe declararse con lugar, por tener motivos suficiente y justificados. Es procedente CASAR la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba Atlántida en fecha treinta y uno (31) de Agosto del año dos mil Diecisiete, procediendo a la nulidad de pleno de la sentencia recurrida en la que se falla una condena totalmente ilegítima e injusta contra la Procuraduría General de la República, habida cuenta que la Procuraduría ostenta la representación legal del Estado, finalmente se Declare SIN LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral que ha promovido la Señora ISMARY GODOY ESPINAL”.- 5.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible por carecer de claridad y precisión, a saber: a) se indica el concepto de infracción directa, pero en la explicación se alude a una “…errónea interpretación…” conceptos incompatibles entre sí, que en todo caso se deben formular y desarrollar en forma separada e independiente; b) en la formulación se omite a que cuerpo legal corresponde el articulo 111 numeral 2), es hasta en la explicación que se señala el Código del Trabajo; y, c) en la explicación se realizan alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario.- 6. Por las razones antes expuestas, es procedente desestimar el recurso de mérito en la pretensión que encierran los dos motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 770, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. - Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiséis días del mes de junio del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha catorce de mayo del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 493-17.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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