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Sentencia CL-490-15 — Registro 8638

Resumen

En segunda instancia se reforma lasentencia dictada por el juzgado declarando con lugar la excepción perentoria de prescripción opuesta por la accionada; y declarar la no existencia de responsabilidad solidaria de la sociedad AZUCARERA DEL NORTE S.A. DE C.V (AZUNOSA) en el juicio

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"En adición, esa Corte resuelve el asunto en litigio, por el tema de la prescripción de la acción de los despidos indirectos, aduciendo entre otros puntos, que “tratándose de un auto despido, los trabajadores tenían un mes para notificar el cese de la relación de trabajo, contado a partir del momento en que el patrono dio motivo para la separación según lo dispone el artículo 865 del Código de la materia, en el entendido que si transcurre ese periodo sin hacer valer el despido indirecto ya no lo puede hacer por ese mismo motivo, pues si ello ocurre opera la prescripción, que de ser alegada por la demandada debe ser atendida tal y como ocurre en el presente caso, ya que los hechos invocados por los demandantes para darse por despedidos de forma indirecta datan de los meses de septiembre, octubre y noviembre del año 2012 y la desvinculación se produjo el 20 de febrero del 2013; fecha para la cual, ya había operado la prescripción, pues si bien, se realizaron gestiones ante la autoridad administrativa, tales actuaciones no interrumpen el término de prescripción, por cuanto el plazo fijado en la citada disposición legal al igual que en el despido directo (art. 863C.T) es perentorio y por lo tanto improrrogable, salvo causa de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, situación que no ocurre en el subjudice…” ; sin embargo, al realizar ese análisis, lo hace restrictivamente de los términos empleados en las notas donde los trabajadores notificaron su determinación de darse por despedidos indirectamente, cuando del texto de la misma si bien es cierto se desprende el señalamiento de hechos con fechas determinadas en los meses de septiembre, octubre y noviembre del año 2012; también lo es, que las causales que se invocaron en las mismas tienen referencia a situaciones e infracciones, con los consiguientes reclamos que se siguieron dando o repitiendo en el transcurso del tiempo, hasta concluir en la decisión de notificar la terminación de la relación de trabajo, sobre lo cual también debió comprender el examen del caso y no se hizo en forma tal que afecta el deber de hacerlo con la exhaustividad necesaria para resolver el mismo.- "

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 865 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

Que en el proceso también se aduce la existencia de la tercerización de la prestación de los servicios, de lo cual se hace necesario recordar el criterio sostenido por este Tribunal en la sentencia del 7 de diciembre del 2015, dictada en el expediente CL 310-15, donde se señaló que: “…al tema de la interpretación del artículo 7 párrafo segundo reformado del Código del Trabajo, el cual establece la solidaridad en la tercerización de obras o labores, por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores, toda vez que las mismas no se trate de labores extrañas a la actividad normal de la empresa o negocio y que en el caso de autos los tribunales de grado han apreciado que las mismas han podido ser efectuadas por la empresa demandada o en la forma que ha contratado a un tercero, quiere ello decir que si el empresario ha podido adelantar la actividad directamente y utilizando sus propios trabajadores, pero decide hacerlo contratando un tercero para que éste adelante la actividad, empleando trabajadores dependientes por él contratados, el beneficiario o dueño de la obra debe hacerse responsable de los salarios, prestaciones e indemnizaciones a que tienen derecho los trabajadores, por la vía de la solidaridad laboral, pues, en últimas, resulta beneficiándose del trabajo desarrollado por personas que prestaron sus servicios en una labor que no es extraña a lo que constituye lo primordial de sus actividades empresariales…estudiado el caso en examen se estima, que el juzgador de instancia al momento de dictar su fallo ha resuelto la situación controvertida de conformidad con el tema de responsabilidad solidaria prevista en el artículo 7 reformado del Código del Trabajo, toda vez que ha estimado que han concurrido los supuestos que dicha norma prevé en los casos de tercerización o triangulación…”

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 7 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Por lo anterior y en el tópico de las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentación y motivación, ya que la primera es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez.- Quien motiva explica las causas de sus decisiones y esas pueden ser incluso irracionales. Quien explica da razones para hacer aceptable lo resuelto.- Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídicos..- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.-.- Que el Ad quem debe observar el debido proceso, que incluye entre otros, motivar y explicar suficientemente sus resoluciones y por el deber de congruencia procesal, resolver conforme a las pretensiones y hechos debatidos.- Que por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida, debiéndose reponer las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la ha originado, procediéndose a enmendar lo actuado conforme a derecho.-

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., cinco de febrero de dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 30 de noviembre del 2015, por la Abogada KENIA JEANETTE PERELLO PARANKY, mayor de edad, hondureña y con domicilio en El Progreso, Departamento de Yoro, en su condición de representante procesal de los señores demandantes MANUEL DE JESÚS MATA GONZALES, ROBERTO GUTIÉRREZ YANES, REDIS VLADIMIR MUNGUÍA FERRERA, AMÍLCAR MAREL VILLAFRANCA, SILBERIO AGUILAR FERNÁNDEZ, PEDRO ANTONIO MALDONADO, MARTIN CASTILLO, ANDRÉS ABELINO HERNÁNDEZ AGUILAR, EXEQUIEL FLORES, SANTIAGO NATAREN VÁSQUEZ, JIMMY WALTER FERNÁNDEZ, JOSÉ ALFREDO MORENO CASTELLANOS, JULIO CESAR GARCÍA MARTÍNEZ, ADELMO REYES SANTAMARÍA, DAGO ALBERTO GARCÍA SERRANO, ELEODORO MANZANARES CASTILLO, GREGORIO MARTÍNEZ GÓMEZ, GILMAR GARCÍA TORRES, DARCY ALBERTO GARCÍA MAJANO, DISNEY ULISES PEÑA, JUAN CARLOS JUÁREZ, ELI GERMAN DUARTE CALDERÓN, JOSUÉ JULIÁN HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, LUCAS PINEDA HÉRCULES, JORGE ORLANDO CORDÓN FLORES, JOSÉ NERIS AMAYA CASTILLO, JESÚS MANUEL MENDOZA y SANTOS ENRÍQUEZ CRUZ CANALES, como recurrentes; además, es parte recurrida, las empresas: MAYA SECURITY S.A. DE C.V., representada en juicio por la Abogada TATIANA CORINA ARRIAGA DE HERRERA y AZUCARERA DEL NORTE S.A. DE C.V. (AZUNOSA), representada en juicio por el Abogado JUAN MIGUEL OCHOA CARDONA. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido indirecto, salarios no pagados, deducciones ilegales mas a titulo de daños y perjuicios los salarios caldos y las costas del juicio; promovida ante el Juzgado de Letras Seccional de El Progreso, Departamento de Yoro, en fecha 20 de mayo del 2013, por la Abogada KENIA JEANETTE PERELLO PARANKY, en su condición de representante procesal de los señores demandantes MANUEL DE JESÚS MATA GONZALES, ROBERTO GUTIÉRREZ YANES, REDIS VLADIMIR MUNGUÍA FERRERA, AMÍLCAR MAREL VILLAFRANCA, SILBERIO AGUILAR FERNÁNDEZ, PEDRO ANTONIO MALDONADO, MARTIN CASTILLO, ANDRÉS ABELINO HERNÁNDEZ AGUILAR, EXEQUIEL FLORES, SANTIAGO NATAREN VÁSQUEZ, JIMMY WALTER FERNÁNDEZ, JOSÉ ALFREDO MORENO CASTELLANOS, JULIO CESAR GARCÍA MARTÍNEZ, ADELMO REYES SANTAMARÍA, DAGO ALBERTO GARCÍA SERRANO, ELEODORO MANZANARES CASTILLO, GREGORIO MARTÍNEZ GÓMEZ, GILMAR GARCÍA TORRES, DARCY ALBERTO GARCÍA MAJANO, DISNEY ULISES PEÑA, JUAN CARLOS JUÁREZ, ELI GERMAN DUARTE CALDERÓN, JOSUÉ JULIÁN HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, LUCAS PINEDA HÉRCULES, JORGE ORLANDO CORDÓN FLORES, JOSÉ NERIS AMAYA CASTILLO, JESÚS MANUEL MENDOZA y SANTOS ENRÍQUEZ CRUZ CANALES; todos mayores de edad, hondureños y con domicilio en El Progreso, Departamento de Yoro, contra las empresas MAYA SECURITY S.A. DE C.V. a través de su Representante Legal, señor JAVIER ENAMORADO; y AZUCARERA DEL NORTE S.A. de C.V. (AZUNOSA) a través de su Representante Legal, señor MIGUEL ÁNGEL YAGUE, esta última como responsable solidaria. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 29 de septiembre del 2015, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, que falló REFORMANDO la sentencia de fecha 01 de julio del 2015, proferida por el Juzgado de Letras Seccional de El Progreso, Departamento de Yoro, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO PARCIALMENTE HA LUGAR el recurso de apelación formulado por la parte demandada contra la sentencia (le fecha uno de julio del año en curso (2015), dictada por el Juzgado de Letras del Progreso Yoro en la demanda de la referencia; consecuentemente se REFORMA la misma, la que consiste en: I) declarar CON LUGAR la excepción perentoria de prescripción opuesta por la accionada; II) declarar la no existencia de responsabilidad solidaria de la sociedad AZUCARERA DEL NORTE S.A. DE C.V (AZUNOSA) en el presente juicio; III) declarar SIN LUGAR la demanda para el pago de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio (le cesantía proporcional, décimo tercer mes causado (2011 y 2012), vacaciones y décimo cuarto mes causado del año 2012 y salarios dejados de percibir; por tanto se ABSUELVE a la parte demandada de dicho pago; IV) EXCLUIR de la parte resolutiva la condena efectuada por la Juez de primera instancia en los conceptos de días (le descanso, días feriados y horas extras; V) establecer como monto total de condena, la suma de TRECIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS (L.361,815.48), que corresponden al décimo cuarto mes y vacaciones causados que a continuación se detallan: MANUEL DE JESÚS MATA GONZÁLES: VACACIONES: L. 9700.80; DECIMO CUARTO MES: L. 8615.50; MARTIN CASTILLO: VACACIONES: L. 6750.00 DECIMO CUARTO MES: L.8,678.74; EXEQUIEL FLORES: VACACIONES: L. 6116.40, DECIMO CUARTO MES: L.7864.01; JOSÉ ALFREDO MORENO CASTELLANOS: VACACIONES: L.6938.20, DECIMO CUARTO MES: L.8920.74; JULIO CESAR GARCÍA MARTÍNEZ: VACACIONES: L. 5835.60, DECIMO CUARTO MES: L.7503.11; ADELMO REYES SANTAMARIA: VACACIONES: 6279.20, L. DECIMO CUARTO MES: L.8073.28; DAGO ALBERTO GARCÍA SERRANO: VACACIONES: L. 6102.20, DECIMO CUARTO MES: L. 7845.68; GREGORIO MARTÍNEZ GÓMEZ: VACACIONES: L. 6088.80, DECIMO CUARTO MES: L.7828.50; JUAN CARLOS JUÁREZ: VACACIONES: L. 7586.20, DECIMO CUARTO MES: L.9753.83; ELI GERMÁN DUARTE CALDERÓN: VACACIONES: L. 4365.75, DECIMO CUARTO MES: L.7484.30; LUCAS PINEDA HERCULES: VACACIONES: L. 7987.2, DECIMO CUARTO MES: L.10269.25; JORGE ORLANDO CORDÓN FLORES: VACACIONES: L. 5052.30, DECIMO CUARTO MES: L.8661.79; JOSÉ NERIS AMAYA CASTILLO: VACACIONES: L.7338.00, DECIMO CUARTO MES: L.9434.61; más los proporcionales y ajustes en los valores otorgados por la iduex aquo.- VI) EXONERAR DE COSTAS de primera instancia a la parte demandada.- SEGUNDO: CONFIRMANDO la mencionada sentencia en todos sus demás extremos.- TERCERO: SIN COSTAS….”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Los demandantes expresaron en el escrito de su acción que se desempeñaron como Guardias de Seguridad de la empresa Azucarera del Norte, S.A. (AZUNOSA) en el sector de las Guanchias, hasta el 20 de febrero del 2013, en que fue notificado al Jefe inmediato el paro por despido indirecto, sin haberle cancelado las prestaciones laborales; que en varias ocasiones les fueron violentados los derechos como la falta de pago del salario mínimo, exceder la jornada laboral sin el pago de horas extras, falta de pago debido y compensación de feriados trabajados, deducciones ilegales, falta de pago de decimotercero que fue comenzado a pagar hasta el año 2011 y decimocuarto que fue comenzado a pagar el año 2012, asimismo nunca se les otorgó el derecho de vacaciones sino hasta el año 2013 y al regresar de las mismas fueron despedidos; que fueron víctimas de represalias por parte de los patronos en virtud de haber reclamado las remuneraciones salariales que por derecho les corresponden, dejando como consecuencia el despido indirecto del que han sido objeto; que los demandantes fueron contratados por la empresa Servicios de Agrícola Suarez, quienes sirvieron como intermediarios para que brindaran servicios de seguridad en las postas de las instalaciones del Ingenio en AZUNOSA y eventualmente en el patrullaje motorizado en las cañeras, subordinados a las órdenes directas de Luis Contreras y Héctor Hugo García, Jefe y Supervisor respectivamente de Seguridad de Azunosa en virtud de lo cual, todo lo relacionado con remuneraciones y demás reclamos lo hicieron siempre a través de dichas personas, pues eran los jefes directos, pero a pesar de los múltiples reclamos y peticiones realizados nunca se dio solución a los mismos y esperando el cumplimiento de los ofrecimientos de la parte patronal sin que fueran cumplidos el tiempo transcurrió; que a través del tiempo los demandantes asumían que eran empleados directos de la empresa AZUNOSA ya que recibían órdenes directas de personal de dicha empresa, vestían uniforme de seguridad con el logo y todas las herramientas de trabajo, armas, equipo, vehículos,, uniformes y demás pertenecían a la empresa AZUNOSA, además de habérseles manifestado en reiteradas ocasiones por sus jefes que la empresa de Servicios de Seguridad Suarez solo era encargada de conseguir el personal y pagar las planillas; el 29 de Julio del 2012 la empresa AZUNOSA, contrato los servicios de la empresa de Seguridad Maya Security, para reforzar la seguridad ya existente por la invasión de tierras por parte de los campesinos, y desde entonces se quedó personal de Maya Security trabajando en las instalaciones; que para sorpresa fueron llamados individualmente a través del Gerente de Recursos Humanos de AZUNOSA, para firmar un contrato de trabajo con Maya Security, en el cual se sometían a un periodo de prueba, lo cual hacia que perdieran su antigüedad y estos se negaron, solo firmaron dos personas; por lo que, el 01 de octubre del 2012, fueron convocados a una reunión en la cual se les notificó la sustitución de Patrono, manifestándoles que desde el 01 de Septiembre del 2012 pasaban de ser empleados de Empresa de Seguridad Suarez a ser empleados de Maya Security, comprometiéndose esta empresa a mantener los beneficios de los empleados y ante la falta de cumplimiento de lo ofrecido por parte del “nuevo patrono” se procedió a través del Ministerio de trabajo; manifestaron que a raíz de las acciones de reclamos de derechos, comenzaron las medidas de presión y represalias contra los demandantes, es así, el día domingo 21 de octubre del 2012 comenzaron a enviar al grupo de empleados que reclamó, a las cañeras para que brindaran los servicios, después que siempre habían brindado los servicios en el perímetro de las oficinas o en su defecto en las cañeras pero patrullando y que el 28 de Octubre del 2012, sin notificación previa les notificaron que se iban a mantener en las cañeras pero que la jornada seria de 12 horas en turnos de 6:00 a.m a 6:00 p.m. y de 6:00 p.m. a 6:00 a.m., sin que la hora extra sea remunerada legalmente, disminuyendo así, una vez más, los beneficios laborales; resultando que el 02 de noviembre del 2012, como parte de las represalias y con la intención de amedrentar a los empleados con el fin de no continuar con las reclamaciones de los derechos que por ley les correspondían, tres de los guardias de seguridad quienes siempre se destacaron como líderes, fueron llamados por Jefe de Recursos Humanos de Maya Security para entregarles una nota donde los enviaban de vacaciones las cuales iban a gozar por primera vez en todos los años laborados, y una vez que finalizaron y se presentaron a trabajar fueron despedidos sin el pago correspondiente, alegaron que con ello demostraron la represión ejercida por las empresas demandadas, ya que brindaron los servicios directamente a la empresa Azucarera del Norte S.A. (AZUNOSA) y posteriormente esta permitió que Maya Security interviniera en cuanto al manejo de los mismos; y con la intención de conciliar acudieron al Ministerio de Trabajo, siendo imposible se dio por agotado el trámite administrativo.- 2.- Las partes demandadas, la empresa MAYA SECURITY, S.A. DE C.V., por un lado contestó dicha demanda rechazando lo expuesto por los demandantes, alegando en su defensa que los demandantes en su carta de despido indirecto, comunicaron la sustitución de patrono en fecha 01 de octubre del 2012, por tanto, la causal invocada resulta manifiestamente improcedente, porque entre la notificación de la sustitución de patrono y la notificación del despido indirecto transcurrió un plazo superior a los treinta (30) días a que se refiere el Código, de hecho, transcurrieron 4 meses por lo que aplicando el texto literal de dicho precepto, no puede alegarse en contra del patrono; agregó que la existencia de una sustitución de patrono lleva implícita una continuidad en la relación anterior, una antigüedad todavía mayor, lo que al final se traduce en la existencia de un plazo todavía superior a los 4 meses a que aluden anteriormente, que vuelve aún más evidente la improcedencia de este argumento por el simple transcurso del tiempo; además concluyó que el libelo de demanda carece de una correcta, completa y adecuada descripción de las faltas que le imputan, lo que únicamente puede desembocar en una desestimación, pues caso contrario se estaría violando el Derecho de Defensa a la demandada, así como al derecho de saber que se le imputa, para presentar una defensa en concordancia; que la demandada cumplió cabalmente con todas las obligaciones laborales y jamás les irrespetó los derechos de los demandantes; que el despido indirecto es ilegal y sin causa; que mi representada esta liberada de toda responsabilidad económica o jurídica para con los demandantes y en consecuencia no está obligada a pagarles ninguna cantidad de dinero por concepto de prestaciones sociales o por cualquier concepto; por otro lado la empresa AZUCARERA DEL NORTE S.A. DE C.V. (AZUNOSA), contestó la demanda rechazando todos los hechos de la demandada, alegó en su defensa que el 30 de Agosto del 2012, suscribió un contrato privado de servicios de seguridad con la empresa Maya Security, S.A. DE C.V. que se identifica como SERV-RRHH-2012-0002, y tenía por objeto “suministrar servicio de seguridad que garantice la integridad de los cultivos, instalaciones físicas, personal laborante de AZUNOSA y contratistas durante el tiempo de servicio y todo los relacionado con la maquinaria de Azucarera del Norte, S.A. de C.V. (AZUNOSA)”, y que se constituyo el 15 de octubre de 1974, mediante instrumento número publico numero diecisiete, otorgado en la Ciudad de San Pedro Sula, Cortes, ante los oficios de Notario Guillermo López Rodezno, inscrito bajo el número 96, folios del 291 al 296 del tomo 50 del Registro Mercantil, siendo su giro comercial: “el cultivo de caña de azúcar, la fabricación de azúcar y demás derivados de la caña de azúcar, la comercialización de estos productos en los mercados nacionales y extranjeros y en general, la realización de actividades agrícolas y ganaderas de toda naturaleza y de cualquier acto de comercio a fin a las expresadas actividades; y que quedó claro que la demandada tenía una actividad mercantil eminentemente agrícola y ganadera, siendo absolutamente extraña al giro de la prestación de servicios de seguridad; que la presunta existencia de una relación laboral entre los demandantes y la sociedad Maya Security, S.A. de C.V. es cuestión que jurídicamente no le atañe ni vincula a AZUNOSA, pues Maya Security es contratista independiente que opera con sus propios medios y que simplemente le presta a AZUNOSA un servicio de seguridad, y que es ajeno a las actividades de esta última; consecuentemente, resulta notoriamente improcedente arrastrar a AZUNOSA a un litigio del cual no ostenta la titularidad de la relación jurídica; manifestó que ante la absoluta ausencia de una relación de causalidad, queda la pretensión de los actores fuera de todo contexto y consideración legal, porque pretende que mediante sentencia se condene a pagarles prestaciones y derechos laborales indebidos, AZUNOSA por tanto, se encuentra liberada de toda responsabilidad económica o jurídica para con el demandante y en consecuencia no está obligada a pagarle ninguna cantidad de dinero por concepto de prestaciones sociales ni derechos, porque la demandada no tiene ni ha tenido relación laboral con los demandantes.- 3.- El Juzgado de Letras Seccional de El Progreso, Departamento de Yoro, en fecha uno de julio del 2015, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por la Abogada KENIA JEANETTE PERELLO PARANKY, en su condición de representante procesal de los señores demandantes, MANUEL DE JESÚS MATA GONZALES; ROBERTO GUTIÉRREZ YANES; REDIS VLADIMIR MUNGUÍA FERRERA; AMÍLCAR MAREL VILLAFRANCA; SILBERIO AGUILAR FERNÁNDEZ; PEDRO ANTONIO MALDONADO; MARTIN CASTILLO; ANDRÉS ABELINO HERNÁNDEZ AGUILAR; EXEQUIEL FLORES; SANTIAGO NATAREN VÁSQUEZ; JIMMY WALTER FERNÁNDEZ; JOSÉ ALFREDO MORENO CASTELLANOS; JULIO CESAR GARCÍA MARTÍNEZ; ADELMO REYES SANTAMARÍA; DAGO ALBERTO GARCÍA SERRANO; ELEODORO MANZANARES CASTILLO; GREGORIO MARTÍNEZ GÓMEZ; GILMAR GARCÍA TORRES; DARCY ALBERTO GARCÍA MAJANO; DISNEY ULISES PEÑA; JUAN CARLOS JUÁREZ; ELI GERMAN DUARTE CALDERÓN; JOSUÉ JULIÁN HERNÁNDEZ SÁNCHEZ; LUCAS PINEDA HÉRCULES; JORGE ORLANDO CORDÓN FLORES; JOSÉ NERIS AMAYA CASTILLO; JESÚS MANUEL MENDOZA y SANTOS ENRÍQUEZ CRUZ CANALES, contra las empresas MAYA SECURITY S.A. de C.V. a través de su Representante Legal, señor JAVIER ENAMORADO; y AZUCARERA DEL NORTE S.A. de C.V. (AZUNOSA) a través de su Representante Legal, señor MIGUEL ÁNGEL YAGUE, esta última como responsable solidaria; declaró sin lugar la Excepción Perentoria de Prescripción, interpuesta por la Abogada Tatiana Arriaga de Herrera en su condición de apoderada legal de las partes demandadas; condenó a las empresas MAYA SECURITY S.A. DE C.V. y a la empresa AZUCARERA DEL NORTE S.A. DE C.V., a través de sus representantes legales, a pagar a los demandantes la cantidad L.2,314,065.68, mas el reajuste salarial salarios caídos a titulo de indemnización de daños y perjuicios; así: 1.- Manuel de Jesús Mata González L.180,753.78; 2.-Martin Castillo L.231,107.81; 3.- Exequiel Flores L.151,052.62 4- José Alfredo Moreno L.243,778.63; 5.- Julio Cesar García Martínez, L.170,882.93; 6.- Adelmo Reyes Santamaria; L.191,905.14), 7.- Dago Alberto Garcia Serrano L.160,062.68, 8.- Gregorio Martinez Gómez L.185,212.37; 9.- Juan Carlos Juárez L.237,642.85, 10.- Eli German Duarte L.139,456.18; 11.- Lucas Pineda Hércules L.252,215.16); 12.- Jose Nerys Amaya Castillo L.199,752.20); 13.- Jose Orlando Cordón Flores L.155,455.70; con costas; bajo el criterio que los señores Darcy Alberto Garcia Majano, Santos Enrique Cruz Canales, Jesús Manuel Mendoza, Andrés Abelino Hernandez, Amilcar Marel Villafranca, Gilmar Garcia Torres, Jimy Walter Fernández ,Disney Ulises Peña,Eleodoro Manzanarez, Roberto Gutierrez Yanez, Pedro Antonio Maldonado, Silverio Aguilar Fernández, Jose Julián Hernandez, Santiago Nataren Vasquez Y Redis Vladimir Munguía, desistieron de la demanda por haber llegado a un acuerdo conciliatorio extrajudicial, se exonera a las empresas demandadas, quedando extinguida la obligación que se les reclamaba mediante la presente demanda; que lo que se busca con la solidaridad laboral del artículo 7 del Código del Trabajo es que la contratación con un contratista independiente para que realice una obra o preste servicios, no se convierta en un mecanismo utilizado por las empresas para evadir el cumplimiento de obligaciones laborales. De tal suerte, que si una actividad directamente vinculada con el objeto económico principal de la empresa se contrata para que la preste un tercero, pero utilizando trabajadores, existirá una responsabilidad solidaria respecto de las obligaciones laborales de esos trabajadores, como en el caso de marras, pues AZUNOSA de C.V. es beneficiario directo de la labor de los demandantes ya que ellos eran los encargados de velar por la seguridad e integridad de las instalaciones y del cultivo a fin de que la empresa pueda realizar su actividad comercial adecuadamente y de manera continua; que para haya contrato de trabajo se requiere que concurran tres elementos esenciales, y que al ser analizados uno a uno con lo desarrollado en el juicio encuentran cabida en el caso que nos ocupa, pues ha quedado acreditado en autos que los demandantes efectuaban labores para la empresa Azunosa, bajo la dirección de personal de la empresa AZUNOSA y MAYA SECURITY, actuando ambas empresas de forma solidaria y que por esa labor realizada recibían una remuneración llamada salario aun por debajo del salario mínimo. Y con la prueba aportada por la parte demandadas en conjunto, no lograron a criterio de esta Juzgadora desvirtuar las alegaciones de los demandantes; que en las contestaciones de la demanda se negó que existiera una causal para invocar un despido indirecto y tajantemente se negó la responsabilidad de pagar cantidad alguna por concepto de prestaciones e indemnizaciones laborales a los demandantes, y que durante el proceso procedieron ambas empresas a pagar extrajudicialmente por estos conceptos y del estudio y análisis de las pruebas allegadas al proceso, este tribunal es del criterio que son procedentes las causales invocadas para notificar el despido indirecto.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, en fecha 29 de septiembre del 2015, dictó sentencia REFORMANDO la proferida por el a quo, en donde declaró con lugar la Excepción Perentoria de Prescripción opuesta por la accionada; declaró la no existencia de responsabilidad solidaria de la sociedad Azucarera del Norte S.A. de C.V. (AZUNOSA) en el presente juicio; declaró sin lugar la demanda para el pago de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, décimo tercer mes causado (2011 y 2012), vacaciones y décimo cuarto mes causado del año 2012 y salarios dejados de percibir; absolvió a la parte demandada de dicho pago; excluyó de la parte resolutiva la condena efectuada por la Juez de primera instancia en los conceptos de días de descanso, días feriados y horas extras; estableció como monto total de condena, la suma de L.361,815.48, que corresponden al décimo cuarto mes y vacaciones causados de los demandantes Manuel de Jesús Mata González; Martin Castillo; Exequiel Flores; José Alfredo Moreno; Julio Cesar García Martínez; Adelmo Reyes Santamaria; Dago Alberto García Serrano; Gregorio Martínez Gómez; Juan Carlos Juárez; Eli German Duarte L.139,456.18; Lucas Pineda Hércules; Jose Nerys Amaya Castillo; Jose Orlando Cordón Flores; más los proporcionales y ajustes en los valores otorgados por la iduex aquo; exoneró de costas de primera instancia a la parte demandada; confirmó la sentencia en todos sus demás extremos, sin costas; bajo el criterio que en el caso de mérito, tratándose de un auto despido, los trabajadores tenían un mes para notificar el cese de la relación de trabajo, contado a partir del momento en que el patrono dio motivo para la separación según lo dispone el artículo 86.5 del Código de la materia, en el entendido que si transcurre ese periodo sin hacer valer el despido indirecto ya no lo puede hacer por ese mismo motivo, pues si ello ocurre opera la prescripción, que de ser alegada por la demandada debe ser atendida tal y como ocurre en el presente caso, ya que los hechos invocados por los demandantes para darse por despedidos de forma indirecta datan de los meses de septiembre, octubre y noviembre del año 2012 y la desvinculación se produjo el 20 de febrero del 2013; fecha para la cual, ya había operado la prescripción, pues si bien, se realizaron gestiones ante la autoridad administrativa, tales actuaciones no interrumpen el término de prescripción, por cuanto el plazo fijado en la citada disposición legal al igual que en el despido directo (art. 863C.T) es perentorio y por lo tanto improrrogable, salvo causa de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, situación que no ocurre en el subjudice; de ahí que al haber operado la mencionada excepción perentoria, resulta innecesario analizar si los motivos alegados al terminar la relación de trabajo son claras y precisas así como si las mismas (causas) resultan probadas o no; es por ello que los derechos impetrados por dicha desvinculación deben ser declarados sin lugar (preaviso, cesantía y salarios caídos), a excepción del reajuste salarial concedido por la iudex aquo por cuanto la remuneración de algunos trabajadores era inferior al mínimo legal al igual que los derechos adquiridos pues éstos son irrenunciables y deben pagarse independientemente la forma en que se produjo la terminación del vínculo laboral, salvo que se acredite que fueron satisfechos según lo ha dejado establecido la Sala Laboral de la Honorable Corte Suprema de justicia en el expediente registrado bajo el número 407-12, los que en el presente caso en atención al artículo 43 de la Ley del Salario Mínimo, procede conceder el décimo tercer mes en forma proporcional, décimo cuarto mes y vacaciones causadas del 2011 y de forma proporcional al 2013 por cuanto de las probanzas y del contenido de la demanda, éstos se pagaron parcialmente en el curso de la relación de trabajo; en cuanto a la condena de los conceptos de días de descanso, días feriados y horas extras otorgadas por la Juzgadora, los mismos deben excluirse, ya que éstos no forman parte de las pretensiones formuladas en el acápite “lo que se demanda” y si bien el juez de primera instancia cuenta con la facultad de extra y ultra petita, de las probanzas resulta indudable que éstos fueron cancelados en el curso de la vinculación laboral, sin que exista prueba alguna que acredite se adeude algún valor por dichos conceptos; esta alzada sostuvo en el expediente registrado con número 9760 que “de acuerdo al párrafo segundo del artículo 7 reformado del Código del Trabajo, considera al contratista responsable frente a los trabajadores por él contratados, pudiendo el beneficiario de la obra responder solidariamente frente a estos, cuando la actividad del contratista sea inherente o conexa con la actividad del beneficiario; entendiéndose por inherente la obra que participa de la misma naturaleza de la actividad a que se dedica el contratante y por conexa, la que está en relación íntima y se produce con ocasión de ella. De esta forma, cuando la obra o servicio sea inherente o conexa, entonces sí opera la responsabilidad de forma solidaria entre el beneficiario y el contratista, y como consecuencia de esa solidaridad, los trabajadores del contratista disfrutarán de los mismos beneficios y condiciones de trabajo establecidas para los trabajadores de la contratante”; en el caso que nos ocupa, no obstante que los actores usaban uniformes con distintivos de AZUNOSA y que la labor ejecutada era en beneficio de ésta, se concluye que ello era para efecto del control de ingreso al plantel de la empresa en mención y para la identificación del personal de seguridad asignado a ella; así como que los trabajadores dependían directamente de las sociedades denominadas Servicios de Seguridad Suarez y Maya Security S.A. DE C.V. según la prueba aportada al proceso, empresas éstas que le han prestado los servicios de seguridad a AZUNOSA quien tiene un giro comercial diferente a aquella; de ahí que no es posible establecer que la beneficiaria debe responder en forma solidaria por las obligaciones laborales asumidas por las contratistas con sus trabajadores, por cuanto la actividad de las mismas no es inherente y conexa tal y como antes se dijo; y que la imposición de costas en litigios laborales solo puede darse por la inexistencia de suficientes razones para litigar o por hacerlo en forma desleal, entre otras similares situaciones”; en el caso de mérito, éste Tribunal estima que no procede la condena de costas de primera instancia ya que no se aprecia la concurrencia de alguna de las circunstancias antes señaladas, es más, de acuerdo a las razones antes expuestas, la acción promovida ha sido desestimada parcialmente y por ende las accionadas tenían suficientes motivos para litigar en el presente caso; en ese sentido, la solicitud de exoneración de costas de esa instancia, resulta atendible. De igual forma es visto que en el presente caso se otorgaron derechos no solicitados en el escrito de demanda, sin hacer un análisis de ello, pues si bien el Juez de primera instancia cuenta con la facultad de extra y ultra petita, al hacer uso de tal facultad, se debe motivar suficientemente tal decisión más en el caso de mérito no ocurre así; es por ello que se le hace la observación a la iudex aquo para que en lo sucesivo, cumpla con los requisitos internos de la sentencia; por las razones antes expuestas, se estima procedente reformar la sentencia objeto de apelación.- 5.- Mediante auto de fecha 16 de octubre del 2015, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada KENIA JEANETTE PERELLO PARANKY, en su condición de representante procesal de los demandantes, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 30 de noviembre del 2015, compareció ante éste Tribunal la Abogada KENIA JEANETTE PERELLO PARANKY, en su condición de representante procesal de los demandantes, formalizando su demanda, exponiendo nueve motivos de casación y pidiendo la nulidad subsidiaria de la sentencia recurrida, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo ó no uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 08 de febrero del 2016, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado JUAN MIGUEL OCHOA CARDONA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida AZUCARERA DEL NORTE S.A. DE C.V., en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente, asimismo mediante proveído de fecha 05 de noviembre del 2018 se tuvo por precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte de la Abogada TATIANA CORINA ARRIAGA DE HERRERA, en su condición de representante procesal de la parte demandada la empresa MAYA SECURITY S.A. DE C.V..- 7.- Que la Abogada KENIA JEANETTE PERELLO PARANKY solicita la nulidad subsidiaria de la sentencia recurrida, bajo el siguiente señalamiento: “NULIDAD SUBSIDIARIA. La nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe cuando conste en autos declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen y no puede subsanarse por la confirmación de las partes, ni por un lapso menor que el que exige para la prescripción ordinaria, en virtud de ello, se alega en forma subsidiaria la nulidad absoluta de la sentencia recurrida de fecha Veintinueve de Septiembre del año Dos Mil Quince, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortes, señalando los errores procesales siguientes: PRIMERO: La sentencia recurrida no cumple con los requisitos de claridad, precisión y exhaustividad, carece de la motivación exigida en el artículo 207 del Código Procesal Civil numeral dos, que exige que la motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, CONSIDERADOS INDIVIDUALMENTE Y EN CONJUNTO, ajustándose a las reglas de la lógica y de la razón. Y como se puede observar la motivación que conlleva a la Corte Sentenciadora a su convencimiento, no incluye ni la observancia ni el razonamiento de las pruebas que he puesto de manifiesto en este Recurso, violentando este requisito y el principio básico del debido proceso que sustenta el derecho de defensa de mis representados, ya que hace referencia a: “DEL ANÁLISIS EN CONJUNTO.” Sin embargo no hace mención de la consideración individual de las mismas, lo cual hace que la sentencia en cuestión se encuentre viciada de nulidad. Prescindiendo de las normas esenciales del proceso, lo cual causa indefensión, siendo esta circunstancia una causal para invocar su nulidad conforme al artículo 212 numerales 4 y 6 del Código Procesal Civil. SEGUNDO: Conforme al artículo 1586 del Código Civil, hay Nulidad absoluta cuándo: 1.- Cuando falta alguna de las condiciones esenciales para su formación o para su existencia; siendo esencial que la sentencia se motive de manera tal que se acredite el haber analizado la prueba en conjunto lo cual se hace mediante la consideración individual plasmada en la sentencia y no solo mediante la expresión de haberla analizado en conjunto; Asimismo hay nulidad absoluta cuando falta algún requisito o formalidad que la ley exige para el valor de ciertos actos, EN CONSIDERACIÓN A LA NATURALEZA DEL ACTO Y NO A LA CALIDAD O ESTADO DE LA PERSONA QUE EN ELLOS INTERVIENE. Por ser este un acto enmarcado dentro del derecho Laboral , las consideraciones primordiales para resolver una discordia jurídica deben basarse en el principio protector del estado y los principios universales del trabajo que atienden la naturaleza de las relaciones y la realidad de los mismos más allá de una interpretación acomodada y subjetiva de la Ley que violenta a todas luces los derechos laborales y los derechos humanos de mis representados, en atención a la falta de aplicación de los principios esenciales del trabajo, que tanto la ley como jurisprudencia establecen señalando como postulado insustituible den cuanto a relaciones de trabajo se refiere que el legislador debe expedir el de la PRIMACÍA DE LA REALIDAD SOBRE LAS FORMALIDADES ESTABLECIDAS POR LOS SUJETOS DE LAS RELACIONES LABORALES , señalándolo según la jurisprudencia como un principio constitucional . (Corte Suprema de justicia, Sala Laboral Colombia, proceso 0073 29/04/1986, proceso 7885 del 10/11/95, proceso 25717 22/02/2006).”.- 8.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II.- Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- III.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- IV.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- V.- Que la Corte de Apelaciones recurrida, en fecha 29 de septiembre del 2015, dictó sentencia REFORMANDO la proferida por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de El Progreso, Departamento de Yoro, en fecha 22 de agosto de 2016, la cual en su parte resolutiva establece lo siguiente: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO PARCIALMENTE HA LUGAR el recurso de apelación formulado por la parte demandada contra la sentencia (le fecha uno de julio del año en curso (2015), dictada por el Juzgado de Letras del Progreso Yoro en la demanda de la referencia; consecuentemente se REFORMA la misma, la que consiste en: I) declarar CON LUGAR la excepción perentoria de prescripción opuesta por la accionada; II) declarar la no existencia de responsabilidad solidaria de la sociedad AZUCARERA DEL NORTE S.A. DE C.V (AZUNOSA) en el presente juicio; III) declarar SIN LUGAR la demanda para el pago de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio (le cesantía proporcional, décimo tercer mes causado (2011 y 2012), vacaciones y décimo cuarto mes causado del año 2012 y salarios dejados de percibir; por tanto se ABSUELVE a la parte demandada de dicho pago; IV) EXCLUIR de la parte resolutiva la condena efectuada por la Juez de primera instancia en los conceptos de días (le descanso, días feriados y horas extras; V) establecer como monto total de condena, la suma de TRECIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS (L.361,815.48), que corresponden al décimo cuarto mes y vacaciones causados que a continuación se detallan: MANUEL DE JESÚS MATA GONZÁLES: VACACIONES: L. 9700.80; DECIMO CUARTO MES: L. 8615.50; MARTIN CASTILLO: VACACIONES: L. 6750.00 DECIMO CUARTO MES: L.8,678.74; EXEQUIEL FLORES: VACACIONES: L. 6116.40, DECIMO CUARTO MES: L.7864.01; JOSÉ ALFREDO MORENO CASTELLANOS: VACACIONES: L.6938.20, DECIMO CUARTO MES: L.8920.74; JULIO CESAR GARCÍA MARTÍNEZ: VACACIONES: L. 5835.60, DECIMO CUARTO MES: L.7503.11; ADELMO REYES SANTAMARIA: VACACIONES: 6279.20, L. DECIMO CUARTO MES: L.8073.28; DAGO ALBERTO GARCÍA SERRANO: VACACIONES: L. 6102.20, DECIMO CUARTO MES: L. 7845.68; GREGORIO MARTÍNEZ GÓMEZ: VACACIONES: L. 6088.80, DECIMO CUARTO MES: L.7828.50; JUAN CARLOS JUÁREZ: VACACIONES: L. 7586.20, DECIMO CUARTO MES: L.9753.83; ELI GERMÁN DUARTE CALDERÓN: VACACIONES: L. 4365.75, DECIMO CUARTO MES: L.7484.30; LUCAS PINEDA HERCULES: VACACIONES: L. 7987.2, DECIMO CUARTO MES: L.10269.25; JORGE ORLANDO CORDÓN FLORES: VACACIONES: L. 5052.30, DECIMO CUARTO MES: L.8661.79; JOSÉ NERIS AMAYA CASTILLO: VACACIONES: L.7338.00, DECIMO CUARTO MES: L.9434.61; más los proporcionales y ajustes en los valores otorgados por la iduex aquo.- VI) EXONERAR DE COSTAS de primera instancia a la parte demandada.- SEGUNDO: CONFIRMANDO la mencionada sentencia en todos sus demás extremos.- TERCERO: SIN COSTAS….”.- VI.- Que al revisarse la referida sentencia y tomando en consideración lo expuesto por la Recurrente en su solicitud de nulidad subsidiaria y que aparece transcrito en el numeral 7 de los Antecedentes de Hecho, se desprende que dicho fallo es omiso en cuanto lo siguiente: a) no se pronuncia sobre la procedencia o no del pago de retenciones y deducciones ilegales reclamadas por los demandantes; b) igualmente no declara con o sin lugar las tachas de los testigos JULIO ROSELL VALLE y ELIO MISAEL MIRANDA CASTAÑEDA, opuestas por la parte demandada y CARLOS EDUARDO MANZANAREZ ORTIZ, MARCIO JOEL REYES CASTRO y MARTHA PAOLA GABRIEL JOCH opuestas por la parte demandante.- Olvidando que el fallo debe contener numerados y separados, los pronunciamientos correspondientes a las pretensiones de las partes, aun cuando la desestimación o estimación de algunas de dichas pretensiones pudiera deducirse de los fundamentos jurídicos.- VII.- En adición, esa Corte resuelve el asunto en litigio, por el tema de la prescripción de la acción de los despidos indirectos, aduciendo entre otros puntos, que “tratándose de un auto despido, los trabajadores tenían un mes para notificar el cese de la relación de trabajo, contado a partir del momento en que el patrono dio motivo para la separación según lo dispone el artículo 865 del Código de la materia, en el entendido que si transcurre ese periodo sin hacer valer el despido indirecto ya no lo puede hacer por ese mismo motivo, pues si ello ocurre opera la prescripción, que de ser alegada por la demandada debe ser atendida tal y como ocurre en el presente caso, ya que los hechos invocados por los demandantes para darse por despedidos de forma indirecta datan de los meses de septiembre, octubre y noviembre del año 2012 y la desvinculación se produjo el 20 de febrero del 2013; fecha para la cual, ya había operado la prescripción, pues si bien, se realizaron gestiones ante la autoridad administrativa, tales actuaciones no interrumpen el término de prescripción, por cuanto el plazo fijado en la citada disposición legal al igual que en el despido directo (art. 863C.T) es perentorio y por lo tanto improrrogable, salvo causa de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, situación que no ocurre en el subjudice…” ; sin embargo, al realizar ese análisis, lo hace restrictivamente de los términos empleados en las notas donde los trabajadores notificaron su determinación de darse por despedidos indirectamente, cuando del texto de la misma si bien es cierto se desprende el señalamiento de hechos con fechas determinadas en los meses de septiembre, octubre y noviembre del año 2012; también lo es, que las causales que se invocaron en las mismas tienen referencia a situaciones e infracciones, con los consiguientes reclamos que se siguieron dando o repitiendo en el transcurso del tiempo, hasta concluir en la decisión de notificar la terminación de la relación de trabajo, sobre lo cual también debió comprender el examen del caso y no se hizo en forma tal que afecta el deber de hacerlo con la exhaustividad necesaria para resolver el mismo.- VIII.- Por otro lado, se debe recordar que esta Sala tiene establecida línea jurisprudencial sobre ese tema, en la cual se señala: “Que si bien es cierto, la PRESCRIPCIÓN es un medio de librarse de una obligación impuesta por el Código del Trabajo o que sea consecuencia de la aplicación del mismo, la misma opera mediante el transcurso de cierto tiempo y condiciones, que hacen indispensable determinar el día o fecha en que la misma se inicia y tener la certeza en la que termina, y cumplidos estos requisitos indubitados pueda ser opuesta en el momento procesal oportuno como excepción por parte del demandado, y se determine de esta manera de forma clara y precisa, partiendo del acaecimiento ó conocimiento de un hecho cierto y determinado, debiéndose diferenciar si la misma opera en su condición de ser adquisitiva de un derecho o liberatoria de una obligación o acción; y en todo caso, su procedencia ó estimación tiene como fundamento el interés público y la paz social.” (Sentencias del 23 de octubre del 2009 dictadas en el expediente CL 379-08 y la del 22 de agosto del 2017, expediente CL 234-16).- IX.- Que en el proceso también se aduce la existencia de la tercerización de la prestación de los servicios, de lo cual se hace necesario recordar el criterio sostenido por este Tribunal en la sentencia del 7 de diciembre del 2015, dictada en el expediente CL 310-15, donde se señaló que: “…al tema de la interpretación del artículo 7 párrafo segundo reformado del Código del Trabajo, el cual establece la solidaridad en la tercerización de obras o labores, por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores, toda vez que las mismas no se trate de labores extrañas a la actividad normal de la empresa o negocio y que en el caso de autos los tribunales de grado han apreciado que las mismas han podido ser efectuadas por la empresa demandada o en la forma que ha contratado a un tercero, quiere ello decir que si el empresario ha podido adelantar la actividad directamente y utilizando sus propios trabajadores, pero decide hacerlo contratando un tercero para que éste adelante la actividad, empleando trabajadores dependientes por él contratados, el beneficiario o dueño de la obra debe hacerse responsable de los salarios, prestaciones e indemnizaciones a que tienen derecho los trabajadores, por la vía de la solidaridad laboral, pues, en últimas, resulta beneficiándose del trabajo desarrollado por personas que prestaron sus servicios en una labor que no es extraña a lo que constituye lo primordial de sus actividades empresariales…estudiado el caso en examen se estima, que el juzgador de instancia al momento de dictar su fallo ha resuelto la situación controvertida de conformidad con el tema de responsabilidad solidaria prevista en el artículo 7 reformado del Código del Trabajo, toda vez que ha estimado que han concurrido los supuestos que dicha norma prevé en los casos de tercerización o triangulación…”.- X.- Con base al principio del debido proceso que regula el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República y particularmente el Código Procesal Civil en su artículo 3, de aplicación supletoria conforme a lo previsto en el artículo 858 del Código del Trabajo, las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las Leyes ordinarias y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada; todo ello conforme a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes y como antes se relaciona, mediante un procedimiento establecido con el fin de cumplir con el principio de legalidad procesal (artículo 7 del Código Procesal Civil), de manera que la ejecución del acto procesal implique la mejor y más rápida consecución de los fines pretendidos por la Ley; en tal sentido, para determinar que se ha garantizado el debido proceso es indispensable analizar en la resolución que se revisa, el cumplimiento de los deberes de congruencia y motivación (el artículo 739 del Código del Trabajo, en su párrafo final, en cuanto a la libre formación del convencimiento del juzgador, obliga que en la parte motivada de la sentencia se indiquen los hechos y circunstancias que causaron la decisión) que además, fijan un límite a su poder discrecional.- XI.- Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sobre el debido proceso ha venido señalando: “El debido proceso envuelve el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal, como un conjunto de garantías de los medios tendientes a asegurar la vigencia y eficacia del proceso, de lo que cabe asegurar que el derecho a una resolución fundada en derecho es un elemento esencial del debido proceso. Una sentencia de fondo, es decir razonable, congruente y justa, que resuelva las pretensiones controvertidas y que se encuentre jurídicamente fundada, es una exigencia que deriva de la legitimación democrática del poder judicial y de la oposición a la indefensión y a la irracionalidad. Cuando este derecho es infringido por parte del juzgador, se produce la violación al debido proceso y al mismo tiempo desencadena la afectación al derecho de defensa invocado por el amparista. En tal sentido en aplicación conjunta de las disposiciones constitucionales y al control de convencionalidad referente a la violación al debido proceso y al principio de legalidad señaladas como supremacía constitucional; es jurisprudencia constante de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en su artículo 8 de la Convención Americana contiene “las reglas del debido proceso legal” o que consagra los lineamientos del llamado “debido proceso legal” establecidos por el artículo 8.1 que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial, en este sentido contempla los requisitos que sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho, tal como se ha establecido y como garante del debido proceso añade por primera vez el Caso Mohamed Vs. Argentina, que lo anterior contempla un sistema de garantías que condicionan el ejercicio del iuspuniendi del Estado y que buscan asegurar que el inculpado o imputado no sea sometido a decisiones arbitrarias.” (ver sentencia del 9 de agosto del 2017, expediente AL 1062-2015).- XII.- También la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el derecho al debido proceso se refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado, adoptado por cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que pueda afectarlos. El debido proceso se encuentra, a su vez, íntimamente ligado con la noción de justicia, que se refleja en: i) un acceso a la justicia no sólo formal, sino que reconozca y resuelva los factores de desigualdad real de los justiciables, ii) el desarrollo de un juicio justo, y iii) la resolución de las controversias de forma tal que la decisión adoptada se acerque al mayor nivel de corrección del derecho, es decir que se asegure, en la mayor medida posible, su solución justa. (Corte IDH. Caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de octubre de 2015. Serie C No. 30319 151).- XIII.- Por lo anterior y en el tópico de las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentación y motivación, ya que la primera es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez.- Quien motiva explica las causas de sus decisiones y esas pueden ser incluso irracionales. Quien explica da razones para hacer aceptable lo resuelto.- Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídicos.- XIV.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- XV.- Que el Ad quem debe observar el debido proceso, que incluye entre otros, motivar y explicar suficientemente sus resoluciones y por el deber de congruencia procesal, resolver conforme a las pretensiones y hechos debatidos.- XVI.- Que por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida, debiéndose reponer las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la ha originado, procediéndose a enmendar lo actuado conforme a derecho.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 59, 60, 90 párrafo primero, 127, 128, 129, 264, 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8. 1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 3, 7, 18, 666 letra c), 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 9 y 11 del Código Civil; 22, 193, 200, 206, 207, 208, 211, 213 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha 29 de septiembre de 2015, visible a folios del 71 al 80 de la segunda pieza.- Y MANDA: Devolver los autos al lugar de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a Derecho. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiséis días del mes de febrero del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha cinco de febrero del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 490-15.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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