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Sentencia CL-485-17 — Registro 8636

Resumen

En primera instancia se declaró con lugar la demanda ordinaria laboral para el reintegro al puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones y al pago en concepto de indemnización por daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que sea reintegrada a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones se condene al pago adeudado en concepto de reajuste del salario mínimo. Confirmada en segunda instancia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) que invoca modalidades distintas de infracción de ley tales como ser la infracción directa, aplicación indebida y la interpretación errónea, modalidades que debió invocar de manera separada por la independencia de los cargos; b) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo 765 del Código del Trabajo en que encuentra comprendido el cargo; y, c) no indica las normas sustantivas que considera violadas.- IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo de casación.”

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 769, Numeral 5 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., cinco de febrero del dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 15 de enero del 2018, por la Abogada GLORIA YAMILETH MATAMOROS MOLINA, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, la señora VILMA MIROSLAVA LANZA ZAVALA, representada en juicio por el Abogado JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ BONILLA. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa de un despido, caso contrario sea condenado al reintegro al puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones y al pago en concepto de indemnización por daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que sea reintegrada al puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones, se condene al pago adeudado en concepto de reajuste del salario mínimo, mas en concepto de indemnización por daños y perjuicios una cantidad igual a la que le adeuda, más costas del juicio; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 23 de julio del 2015, por la señora VILMA MIROSLAVA LANZA ZAVALA, mayor de edad, soltera, Perito Mercantil y Contador Público, hondureña y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DEL INTERIOR Y POBLACIÓN. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 03 de agosto del 2017, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 09 de mayo del 2017, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1.- Declarar CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral para el reintegro al puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones y al pago en concepto de indemnización por daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que sea reintegrada a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones se condene al pago adeudado en concepto de Reajuste del Salario Mínimo, mas en concepto de Indemnización por Daños y Perjuicios una cantidad igual a la que se me adeuda; instaurada por la Señora VILMA MIROSLABA LANZA ZAVALA; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su Representante Legal el Señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA Procurador General de la República. II.- CONDENAR: AL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su Representante Legal el Señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA a lo siguiente: a) Reintegrar a la Señora VILMA MIROSLABA LANZA ZAVALA a su puesto de trabajo por lo menos en igualdad de condiciones de trabajo que mantenía al momento de operarse la ruptura del contrato; al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se materialice el reintegro ordenado, y demás derechos adquiridos en su ausencia; b) Asimismo pagarle a la Señora VILMA MIROSLABA LANZA ZAVALA la suma TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS (Lps. 13,340.20); por los sigufentes conceptos: Lps. 3,140.90; en concepto de reajuste del salario mínimo del 2014 Lps. 3,140.90; y del 2015 Lps. 3,529.20; Lps. 6,670.10 en concepto de daños y perjuicios según lo establece el artículo 39 de la Ley del Salario Mínimo; así como que se le reajuste su salario a la suma de Lps. 8,882.30 salario mínimo establecido por el Gobierno Central; III.- SIN COSTAS en esta instancia”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que inició a laborar en la Dirección General de migración y Extranjería, el que ahora es el Instituto Nacional de Migración ente desconcentrado de la Secretaria de Estados en los Despachos de Interior y Población, con una seria de contratos simulados que denominada Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, desde el 18 de octubre del 2011, devengaba un salario mensual de L.800.00, salario mínimo menor al que le correspondía que asciende a la cantidad de L.8,244.64 para el 2014 y L8,882.30 para el 2015 según Acuerdo Ejecutivo No. STSS-599-20l3 publicado en el Diario la Gaceta el 26 de diciembre del año 2014 No.33,313; que la relación con la demandada se rige bajo un contrato de trabajo porque la misma cuenta con todos los elementos establecidos en el artículo 20 del Código de Trabajo, ya que prestaba la fuerza de manera personal, bajo subordinación ya que el Jefe del Departamento de Extranjería me indicaba la forma en que yo prestaría la fuerza de trabajo y otras situaciones que constan en el contrato; que en fecha 27 de marzo del 2015, recibí el Memorándum No.292-2015- GTH-INM por parte de la Gerencia de Talento Humano una nota en la cual se le notificaba la terminación del contrato argumentando que se había finalizado el tiempo por el cual fue contratada; sin embargo la vinculación que tenía con el patrono era por medio de un Contrato de Trabajo, por los motivos antes expuestos y por tal motivo se rige por las normas establecidas por el Código del Trabajo, y este establece los contratos laborales por tiempo determinado serán la excepción y solo pueden celebrarse cuando la naturaleza de las labores sean accidentales o temporales, elemento este que no se da en el caso y por tal razón, el contrato por imposición legal era por tiempo indefinido e improcedente el argumento del patrono; que debido a tal situación, acudió ante la Secretaria de Trabajo, sin que patrono se personara para ofrecer algún arreglo conciliatorio dando por agotada la vía administrativa el 28 de mayo del 2015.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que la demandante prestó hasta el momento de la terminación del contrato los servicios personales y profesionales a la cerrada Dirección General de Migración y Extranjería, en la que nunca fue empleada permanente, por lo que el beneficio que reclama la demandante no le pertenece, por ser un beneficio exclusivo de los empleados permanentes, que reúna los requisitos establecidos por la ley al contar con una plaza debidamente aprobada; que la finalización del contrato se enmarcó en el artículo 1 del Decreto Legislativo Número 266-2013, que contiene la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, de fecha 16 de diciembre del 2013, dentro del cual fue reformado el Art. 124-C de la Ley General de la Administración Pública, igualmente se amparó en la cláusula quinta del Contrato de Prestación de Servicios Personales, quien lo aceptó sin objeción alguna, por lo que la demandada no tiene más obligaciones de las resultadas del contrato mismo; y que al no haber realizado la demandante las diligencias requeridas para una plaza como empleada permanente, el beneficio que reclama en su demanda es improcedente desde todo punto de vista y a la vez por haber interpuesto la acción ante Tribunal incompetente para conocer de la causa; y lo que se la autorizaba era el pago de los servicios prestados por tiempo determinado, habida cuenta que la institución para la que laboraba fue cerrada.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 09 de mayo del 2017, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral; promovida por la señora VILMA MIROSLAVA LANZA ZAVALA, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DEL INTERIOR Y POBLACIÓN, condenó a la parte demandada a reintegrar a la demandante al puesto de trabajo por lo menos en igualdad de condiciones de trabajo que mantenía al momento de operarse la ruptura del contrato; al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se materialice el reintegro ordenado, y demás derechos adquiridos en su ausencia; Asimismo pagarle a la demandante la suma de L. 13,340.20; por los conceptos de reajuste del salario mínimo del 2014 y 2015, daños y perjuicios según lo establece el artículo 39 de la Ley del Salario Mínimo; así como que se le reajuste el salario a la suma de L.8,882.30 salario mínimo establecido por el Gobierno Central, sin costas; bajo el criterio que al hacer un estudio de las pruebas aportadas al proceso se concluye que la demandante desde que inicio su relación laboral con la Institución demandada ha sido continua y para la misma clase de trabajo; por lo consiguiente esta continuidad de celebración de contratos se entiende por tiempo indefinido por lo que se cumple con la condición para considerar un trabajador permanente; de igual forma la parte demandada; no les señala una causa justa al momento de la terminación de la relación laboral; razón por la cual la Suscrita es del criterio que procede declarar con lugar la demanda de merito; asistiéndole el derecho a ser reintegrada a su puesto de trabajo que tenía al momento de la ruptura del Contrato de Trabajo y al pago de los salarios dejados de percibir, así como a los demás derechos que se hayan otorgado en ausencia de la actora; que la parte demandante también solicita la suma de L.13,340.20; en concepto de reajuste del salario mínimo del 2014 L. 3,140.90; y del 2015 L. 3,529.20; asimismo la cantidad de L. 6,670.10 en concepto de daños y perjuicios según lo establece el artículo 39 de la Ley del Salario Mínimo; en relación al reajuste del salario mínimo años 2014-2015 (L. 3,140.90 y L. 3,529.20 respectivamente) procede declarar con lugar en virtud que se constato de los autos que la demandante devengaba la suma de L.8,000.00 y debiendo devengar la cantidad de L.8,882.30 salario mínimo establecido por el Gobierno Central; mas la suma de L.6,670.10 en concepto de indemnización por daños y perjuicios una cantidad igual a la que se le adeuda; procede de igual forma declarar con lugar en virtud que el artículo 39 de la Ley del Salario Mínimo señala El trabajador podrá cobrar en concepto de daños y perjuicios, además de lo que se le adeuda una suma igual.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 03 de agosto del 2017, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que quedó probado que los contratos de servicios profesionales suscritos demuestran que la demandante fue contratada para la realización de labores que son continuas y permanentes, que existió una continua subordinación de la demandante, la prestación de servicios personales y el pago de una remuneración, configurándose el contrato de trabajo por la existencia de los elementos que lo configuran y la presunción establecida en el artículo 21 del Código del Trabajo; pues un Contrato de Servicios de Consultoría supone la figura del Contratista que, conforme al artículo 7 reformado del Código del Trabajo, es una persona que contrata la ejecución de una o varias obras o labores en beneficio ajeno, por un precio determinado y asumiendo todos los riegos para realizarlas con sus propios medios y con libertad técnica y directiva, siendo evidente que la demandante no fue contratada asumiendo ningún riesgo, que no utilizaba sus propios medios ni tenía libertad técnica ni directiva; y siendo que las labores contratadas son labores contratos por tiempo indefinido, aunque en los contratos se exprese término de duración; en aplicación del principio de la Primacía de la Realidad, debe entenderse que entre las partes contratantes existió un contrato de trabajo al que se deben aplicar todas las regulaciones legales, incluyendo lo relativo a la presunción del artículo 128 constitucional y 3 del Código del Trabajo; que en el memorándum en que se notificó la terminación del contrato de trabajo no se establece ninguna causal de despido violentándose el artículo 117 del Código del Trabajo establece que la parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo debe comunicar por escrito a la otra parte las causas o motivos que le sirvieron de fundamento para tomar esa determinación, y en reiterada jurisprudencia se ha establecido que la razón de esta exigencia es porque en el Contrato de Trabajo debe privar la buena fe desde su inicio hasta su terminación y pugna con esa buena fe el hecho de no establecer causales de despido o establecerlas en forma genérica sin señalamiento de los hechos en forma clara y concreta, determinado las circunstancias en cuanto al tiempo, modo y condiciones, pues esta es la forma en que las partes pueden defenderse de las imputaciones que se les hacen e impugnarlas ante las jurisdicción del trabajo. La obligación que impone el artículo citado es tan enérgica que establece una vez notificada la causal de terminación del contrato de trabajo, no se podrán alegar causales o motivos distintos.- 5.- Mediante auto de fecha 30 de octubre del 2017, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada GLORIA YAMILETH MATAMOROS MOLINA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 15 de enero del 2018, compareció ante éste Tribunal la Abogada GLORIA YAMILETH MATAMOROS MOLINA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 01 de febrero del 2018, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado JUAN RAMÓN MARTÍNEZ BONILLA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que la Abogada GLORIA YAMILETH MATAMOROS MOLINA, en el primer motivo de casación alega: “Ser la Sentencia violatoria de la ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea. PRECEPTO AUTORIZANTE CON RESPECTO AL ÚNICO MOTIVO: Autoriza este motivo de casación el párrafo primero del artículo 765 numeral uno del Código del Trabajo. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN. La Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán Fallo en forma definitiva y unánime de votos la sentencia dictada en fecha tres (03) de agosto del año dos mil diecisiete, en su acápite Primero CONFIRMO en Todas y cada una de su partes la sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de este departamento de Francisco Morazán, de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil diecisiete, visibles a folios del 14 al 15 de la segunda pieza de autos, lo cual es objeto de nuestro Recurso de Casación, en virtud Honorables Magistrados que el fallo recurrido de la Corte de Apelaciones del Trabajo contienen una mal aplicación de la ley, es decir, hay error en la aplicación de la norma de derecho, ya que la Relación laboral que existió entre el Demandante y mi representado estaba sujeto a un Régimen de Contrato de Servicios Profesiones por tiempo transitorio y determinado, por lo que no ameritaba expresar causa alguna pues además de haber concluido su contrato por haber llegado a su fecha de finalización ya establecía en la Cláusula Séptima, hace referencia que dicho contrato podrá rescindirse por Acuerdo entre ambas partes. PRUEBA APRECIADA ERRÓNEAMENTE.- La Prueba singularizada y apreciada erróneamente por el tribunal de alzada al confirmar el fallo de primera instancia consiste en: DOCUMENTOS PÚBLICOS. El Juzgador no valorizo la actividad pues como se aprecia en el Contrato de Servicios Profesionales en la Clausula Séptima; como así mismo ya tenía conocimiento de la terminación del contrato; quedo evidenciado que a la demandante se hizo efectivo el pago en virtud de una Contratación de Servicios Profesionales y por lo tanto la causa de su cancelación es legal y debe declararse sin lugar el Reintegro en iguales o mejores condiciones, en virtud de un despido directo, ilegal, injusto. Por otra parte, en el Considerando Sexto y Séptimo del Fallo de la Corte de Apelaciones del Trabajo establece que “es un cargo de naturaleza permanente en el Instituto Nacional de Migración, aun cuando se pretenda darle otra denominación, en la práctica queda claro que la demandada actúa en completo fraude a Ley” por otra parte indica “el trabajador desempeñaba personalmente su trabajo en un lugar especifico Dirección General de Migración y Extranjería en el Cargo de Transcriptor de Datos con sede en la Ciudad de Tegucigalpa “condenando al Estado de Honduras a través de la Secretaria de Derechos Humanos al Reintegro al demandante, sin apreciar el A-quo, y el Adquem, que previo a la fecha de dictar sentencia, estaba ya vigente el DECRETO EJECUTIVO PCM 031-2014 PUBLICADO EN LA GACETA NO.33,468 DE FECHA 02 DE JULIO DEL 2014 que contiene la ley de creación del INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN; decreto que en su artículo 1 atribuyen la creación del Instituto Nacional de Migración es un ente desconcentrado de la Secretaria de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, con personalidad jurídica propia, independencia administrativa, funcional, Limitando entonces el cumplimiento de condena al reintegro, por tanto consideramos que hay una falta de estudio por parte del A-quo y del Adquen, en vista que el reclamante prestó sus servicios para la extinta Dirección General de Migración y Extranjería, institución que era parte de la Secretaria de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización. Considerando que con fundamento en el articulo 208 en relación al artículo 205 numeral 2 del Código Procesal Civil la sentencia debe ser congruente con las pretensiones de las partes deducidas y sustanciadas en el proceso, caso contrario nos encontraríamos entonces frente a una situación injusta y con parcialidad, debido a que el sentenciador favorece el derecho subjetivo reclamado por la parte actora sin sustento jurídico, decisión que debió tomar el Juzgador atendiendo a criterios objetivos de justicia que no conlleva la falta de neutralidad o de injusticia en el modo de proceder o juzgar con tratos diferenciados por razones inapropiados, sin influencias, ni perjuicios, decisión que debería “superar el ejercicio de la facultad, llevarla más allá de donde la ejercito el Aquo” y esto no lo está permitiendo, ni tampoco agravaría en vigencia del principio procesal de la no reformatio in pejus, garantía constitucional que hace parte del derecho fundamental al debido proceso. Por lo anteriormente expuesto, CASAR la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de este Departamento de fecha tres (03) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que conociendo vía Recurso de apelación confirmó la sentencia definitiva de Primera Instancia dictada en fecha nueve (9) de mayo del dos mil diecisiete (2017) por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán de la Demanda Ordinaria Laboral de primera instancia de emplazamiento para el Reintegro en iguales o mejores condiciones, en virtud de un despido promovido por la señora VILMA MIROSLAVA LANZA ZAVALA”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) que invoca modalidades distintas de infracción de ley tales como ser la infracción directa, aplicación indebida y la interpretación errónea, modalidades que debió invocar de manera separada por la independencia de los cargos; b) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo 765 del Código del Trabajo en que encuentra comprendido el cargo; y, c) no indica las normas sustantivas que considera violadas.- IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiséis días del mes de febrero del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha cinco de febrero del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 485-17.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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