Sentencia CL-484-18 — Registro 9203
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral de primera instancia para que se haga efectivo el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales por despido indirecto, por violaciones patronales de normas convencionales o legales sin causa justificada y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha en que se notificó a la parte patronal el despido, hasta aquella en que con arreglo a derecho quede firme la sentencia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el error de hecho es una creencia o noción equivocada del juez frente a los hechos revelados por la prueba, la demanda o la contestación, que se percibe de forma inmediata y conlleva a la violación indirecta de la ley. Para que se configure la violación de la ley por error de hecho en la apreciación de las pruebas, son necesarios los siguientes requisitos: a) debe existir una mala o falta de apreciación de la prueba; b) esa mala apreciación debe ser originada por un error de hecho, es decir, respecto de la prueba considerada en sí misma y no con relación a las normas legales que reglamentan la prueba; c) ese error de hecho debe generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva; d) que el error de hecho expresado debe ser manifiesto, o sea que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate, como ocurriría si en la sentencia se admite por probado un hecho que en realidad no está demostrado o al contrario (Ver sentencias dictadas en los expedientes CL 598-13 y 626-17).- "
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Del análisis del expediente de mérito, este Tribunal observa que el Juzgador analizó la prueba en su conjunto valorándola atendiendo a las reglas de la sana crítica y del conocimiento, formando libremente su convencimiento sin sujeción a la tarifa legal de pruebas. En lo atinente a la libre apreciación de los medios probatorios, tanto la Doctrina como la Jurisprudencia han reiterado que la evaluación de ese material probatorio hecha por el sentenciador de instancia es intocable, no puede destruirse en casación, aun cuando no se esté de acuerdo con ella, salvo el caso excepcional de error evidente de hecho, es decir, que la libertad del tribunal para estimar los medios de prueba solo tiene el límite que le demarca lo absurdo de la conclusión a que lo lleva un error en la apreciación probatoria, entendiéndose por conclusión absurda lo que repugna a la razón natural. Analizado el caso que nos ocupa, no se evidencia ninguna situación que pugne contra el material probatorio aportado y practicado en el juicio, ya que, a criterio del Juzgador, la demandada no le hizo efectivo a la demandante, el pago del mes de diciembre y el décimo tercer mes del año 2017, lo cual fue señalado como causa justificada para dar por terminado el contrato de trabajo que vinculara a las partes, arribándose a la conclusión de la procedencia de la demanda de mérito.-"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 4 de abril del 2019, por el Abogado LUIS ENRIQUE GALEANO MILLA, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal de la sociedad INGENIERIA DE CONSTRUCCION, S.A. (SUCURSAL HONDURAS), como recurrente; además, es parte recurrida, la señora JOSEFINA ALVAREZ, representada en juicio por el Abogado JOSE ALFONSO AGUILAR AGUILAR. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral de primera instancia para que se haga efectivo el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales por despido indirecto, por violaciones patronales de normas convencionales o legales sin causa justificada y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha en que se notificó a la parte patronal el despido, hasta aquella en que con arreglo a derecho quede firme la sentencia, más las costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 29 de enero del 2018, por la señora JOSEFINA ALVAREZ, mayor de edad, soltera, Licenciada en Administración de Empresas y de este domicilio, contra la sociedad INGENIERIA DE CONSTRUCCION, S.A. (SUCURSAL HONDURAS), por medio de su GERENTE GENERAL, el señor FRANCISCO GILBERTO SOSA DEL VALLE, mayor de edad, casado, Ingeniero Civil, Guatemalteco y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 14 de agosto del 2018, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 15 de mayo del 2018, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por la señora JOSEFINA ALVAREZ, la sociedad mercantil denominada INGENIERIA DE CONSTRUCCION, S.A IDC (SUCURSAL HONDURAS) para que se haga efectivo el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales por despido indirecto, por violaciones patronales de normas convencionales o legales, sin causa justificada y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta aquella en que con arreglo a derecho quede firme la sentencia.- SEGUNDO: CONDENA la sociedad mercantil denominada INGENIERIA DE CONSTRUCCION, S.A. IDC (SUCURSAL HONDURAS), a pagar a favor de la demandante la cantidad de SEISCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVA LEMPIRAS CON NOVENTA Y UN CENTGAVOS (L.604,599.91) cantidad que corresponde a los siguientes conceptos: preaviso: L.73,266.60; auxilio de cesantía L.366,333.00; auxilio de cesantía proporcional L.29,815.44; vacaciones proporcionales L.19,876.96; aguinaldo proporcional L.2,006.12; decimocuarto mes proporcional L.17,706.17; vacaciones pendientes: L.9,768.88; aguinaldo pendiente L.31,400.00; salario adeudado L54,426.74; más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, desde que se notificó el despido indirecto, hasta la fecha en que quede firme la sentencia condenatoria. TERCERO: SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que comenzó a laborar con la demandada el 1 de abril del año 2007 corno Gerente Administrativo, con poder a ella otorgado en la ciudad de Guatemala, Guatemala el 28 de Octubre del 2005, habiendo finalizado su relación laboral el martes 23 de enero del año 2018, fecha en que entregó al patrono la nota de despido indirecto, a través del Contador General, acto constatado por el Inspector del Trabajo, determinación que tomó por las razones siguientes: a) en agosto del 201, le adeudaba a ella y al resto del personal, el salario de 5 meses, correspondientes al mes de marzo al 31 de julio del 2017, y por ejercer la administración de la empresa y sabiendo las consecuencias que eso acarrearía para la empresa decidió pagar en fecha 7 de agosto del 2017, junto al Ingeniero Erick Wilbert Chávez Parada, pagar a los demás empleados y a su persona dichos salarios, pues también existían los fondos necesarios para llevar a cabo dicho pago, por lo que el Gerente General, le convocó a Guatemala a una reunión con el señor Jorge Enrique Urdaneta en donde se le reclamó por haber realizado dichos pagos, haciéndole entrega de una carta en donde le indican que puede llevar a cabo el cumplimiento de los pagos de la empresa siempre y cuando cuente con la autorización respectiva, por lo cual automáticamente en nada quedaron los poderes a ella otorgados, b) después de lo ocurrido, la parte patronal continuó incumpliendo sus obligaciones de compromisos contraídos firmados, así como no haber pagado el mes de diciembre del 2017, así como el aguinaldo que correspondía ser pagado en esas fechas, sin haber autorizado dicho pago la parte demandada aun habiendo solicitado la autorización, por lo que el 11 de enero del 2018, solicitó a la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social fuese a constatar el no pago de dichos salarios, actuación que se realizó al 12 de enero del 2018.- 2.- La parte demandada, la sociedad INGENIERIA DE CONSTRUCCION, S.A. (SUCURSAL HONDURAS), contestó dicha demanda señalando que la demandante comenzó su relación laboral con la empresa demandada el 1 de abril del 2007, rechazando los demás hechos de la demanda, exponiendo a su favor que el despido indirecto alegado por la demandante es inexistente, pues ella contaba con el poder de administración, poder al que ella no ha renunciado, pues es la demandante que en abuso de confianza no se pagó su salario correspondiente al mes de diciembre del año 2017, ni su respectivo aguinaldo, y siendo que ella tenía firma autorizada en las cuentas de la empresa, y habiéndose cancelado los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre del 2017, se puede ver que simplemente ella no quiso cancelarse el mes de diciembre y su respectivo aguinaldo.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 15 de mayo del 2018, dictó sentencia declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral para que se haga efectivo el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales por despido indirecto, por violaciones patronales de normas convencionales o legales, sin causa justificada y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta aquella en que con arreglo a derecho quede firme la sentencia.- CONDENÓ a la demandada a pagar a favor de la demandante la cantidad de L.604,599.91 cantidad que corresponde a los siguientes conceptos: preaviso: L.73,266.60; auxilio de cesantía L.366,333.00; auxilio de cesantía proporcional L.29,815.44; vacaciones proporcionales L.19,876.96; aguinaldo proporcional L.2,006.12; decimocuarto mes proporcional L.17,706.17; vacaciones pendientes: L.9,768.88; aguinaldo pendiente L.31,400.00; salario adeudado L54,426.74; más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, desde que se notificó el despido indirecto, hasta la fecha en que quede firme la sentencia condenatoria; bajo el criterio que la demandante al realizar el pago de los empleados aún sin autorización, cumplió con lo establecido en las normas Hondureñas, de acuerdo a las obligaciones patronales, evitando de esa forma problemas a la empresa, y al haberle dictado como orden, el que para hacer efectivo el pago de cualquier obligación debe llevar la respectiva autorización, se puede observar que no le autorizaron aun cuando ella había solicitado el pago, por lo que la demandante tuvo razones legalmente justificadas, por faltar el patrono al artículo 114, literal F del Código del Trabajo para darse por despedida de forma indirecta, al haber cumplido con lo establecido por su patrono, al solicitar la autorización de pago de sus salarios, y habiendo cumplido con el trámite establecido para la notificación del despido indirecto, que si bien es cierto, no se le entregó al señor FRANCISCO GILBERTO SOSA DEL VALLE por no encontrarse en Honduras, se realizó en la persona que en ese momento era la autoridad, en la empresa, tal como consta en el acta levantada por el Inspector del Trabajo que corre a folios 7 y 8 del expediente de mérito, en donde se expresa que a la demandante se le debe el salario del mes de diciembre así como el aguinaldo correspondiente al año 2017, que anteriormente la empresa se había retrasado con los pagos y al haber ella cumplido como representante patronal ante los demás trabajadores de la empresa, que le notificaron que cualquier pago debe de ser autorizado, y que el suyo aun habiéndolo solicitado, no fue aprobado, es procedente declarar CON LUGAR la demanda de mérito.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 14 de agosto del 2018, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que el despido indirecto es un derecho concedido al trabajador para considerarse despedido tácitamente, aunque el empleador no hubiera prescindido de sus servicios, si ha mediado grave incumplimiento de las obligaciones por parte del patrono, ya sean legales, convencionales o contractuales y en el caso de autos, si operan los presupuestos procesales de esa figura jurídica, ya que está probado en autos que la sociedad demandada, no hizo efectivo el pago del mes de diciembre, así como del decimotercer mes de 2017, por lo que el trabajador ha probado la justificación de la terminación del contrato de trabajo de manera indirecta.- 5.- Mediante auto de fecha 18 de febrero del 2019, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado LUIS ENRIQUE GALEANO MILLA, en su condición de representante procesal de la sociedad INGENIERIA DE CONSTRUCCION, S.A. (SUCURSAL HONDURAS), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 4 de abril del 2019, compareció ante éste Tribunal el Abogado LUIS ENRIQUE GALEANO MILLA, en su condición de representante procesal de la sociedad INGENIERIA DE CONSTRUCCION, S.A. (SUCURSAL HONDURAS), formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 8 de abril del 2019, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 23 de abril del 2019, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado JOSE ALFONSO AGUILAR AGUILAR, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que el Abogado LUIS ENRIQUE GALEANO MILLA en su único motivo de casación sostiene: “Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta del artículo 114 letra f) del Código del Trabajo aplicándolo indebidamente por error de hecho en la apreciación de la prueba documental que adelante señalo y que aparece de manifiesto en los autos, resultando ésta de la infracción de los artículos 738 y 739 también del Código del Trabajo. PRUEBAS APRECIADAS ERRONEAMENTE. Las pruebas que el Tribunal sentenciador ha apreciado erróneamente y con los cuales presuntamente se acredité el despido indirecto, son: Pruebas de la parte demandante: MEDIO DE PRUEBA DOCUMENTAL: a) los presentados con la demanda que son: Nota de despido indirecto de fecha 23 de enero de 2018, Acta Circunstanciada, Acta de 23 de enero de 2018, Calculo de prestaciones; b) solicitud de inspector de trabajo; c) escrituras públicas 99 y 32; convenios o arreglos de pago suscritos por la demandante con el IHSS, DEI (ahora SAR) y RAP; II) DOCUMENTAL PRIVADO: a) carta de despido indirecto que corre a folio 6 de autos; b) carta de fecha 17 de agosto de 2017 entregada en Guatemala por el Gerente General a la demandante; d) autorizaciones del patrono a la demandante para el pago de salarios de agosto, septiembre, octubre, noviembre del 2017 y las solicitudes al efecto, en cumplimiento de la carta antes citada; d) solicitudes de autorización de pago de salarios de fecha 12 y 21 de diciembre del 2017, de la demandante a su patrono; e) nota recibida el 7 de agosto del 2017 del personal, relacionada con atrasos de salario y exigencias de pago; f) convenio o arreglo de pago suscrito por la demandante con ERNESTO BONDI. La parte demandada para contraprobar y refutar la pretensión de la parte actora propuso los siguientes medios probatorios: Interrogatorio de Parte consistente en la declaración de la demandante Josefina Álvarez. Documental público consistente en: certificado de inscripción y representación legal extendido el quince (15) de febrero del año dos mil dieciocho (2018) por el Registro Mercantil del departamento de Francisco Morazán de mi representada. Copia debidamente autenticadas de los instrumentos públicos números 99 y 32 de poder general de administración con representación otorgados por la demandada favor de la demandante en fechas 28 de octubre del 2005 y 17 de marzo del año dos mil diecisiete 2016 respectivamente, autorizados ante los oficios del Notario Salvador Búcaro Hurtarte. Documental privado consistente en: Estados de cuenta de cheques de mi poderdante número 0011002544943, emitidos por Banco Atlántida S. A., correspondiente a los meses de mayo a diciembre del 2017 y de enero a febrero del 2019. Copia debidamente autenticadas de los cheques números 01001102, 01001118, 01001120, 01001123, 01001125, 01001128, 01001130, 0100001146, 01001147, 01001185, 01001149, 01001186, 01001222, 01001221, 01001223, 01001224, 01001264, 01001265 y 01001268 a cargo de Banco Atlántida, provenientes de la cuenta de cheques de mi poderdante número 0011002544943, firmadas por la demandante. Copia debidamente autenticada de los vouchers de pago de salarios emitidos por la demandante. Nota de fecha 06 de abril del 2018, emitida por la Oficial de Soporte Comercial de Banco Atlántida referente a que la demandante mantenía firma autorizada en la cuenta de cheques de mi poderdante. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 ordinal 1, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACION DE LA INFRACCION: El artículo 114 letra f) del Código del Trabajo expresa: “Son causas que facultan al trabajador para dar por terminado el contrato de trabajo, sin preaviso y sin responsabilidad de su parte, conservando el derecho a las prestaciones e indemnizaciones legales, como en el caso de despido injusto:... f) No pagarle el patrono el salario completo que le corresponda, en la fecha y lugar convenidos o acostumbrados, salvo las deducciones autorizadas por la ley”. La Corte Sentenciadora expresó en el considerando (9): “Que el despido indirecto es un derecho concedido al trabajador para considerarse despedido tácitamente aunque el empleador no hubiera prescindido de sus servicios, si ha mediado grave incumplimiento de las obligaciones por parte del patrono, ya sean legales, convencionales o contractuales y en el caso de autos, después de revisado el expediente de mérito, esta Corte de Apelaciones estima que en el presente caso si operan los presupuestos procesales de esta figura jurídica, ya que está probado en autos que la — empresa INGENIERIA DE CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA (SUCURSAL HONDURAS) con nombre comercial IDC, no hizo efectivo el pago del mes de diciembre, así como el décimo tercer mes de 2017, tal como se desprende de la evacuación de los medios de prueba, y cuyo contenido no fue refutado por la parte demandada con sus medios de prueba; en consecuencia, el trabajador ha probado la justificación de la terminación del contrato de trabajo de manera indirecta.” Como se aprecia de la sentencia impugnada, la Corte Sentenciadora ha confirmado la sentencia de primera instancia, sosteniendo que mi representada no le pagó el salario del mes de diciembre y el décimo tercer mes de 2017, pero de las pruebas antes relacionadas no se desprende dicha situación, por el contrario, lo que se evidencia es la decisión equivocada de la trabajadora al considerar por su parte que una disposición del Gerente General le impedía cobrar su salario del mes de 2017 pues véase que en la nota que dice la demandante se le entrego en Guatemala y que obra a folio 107 de la primera pieza de autos, tiene fecha 17/18/17, y ella dice que no se le pagó el salario de diciembre lo mismo que el décimo tercer mes. Pero, y ¿Qué pasó con los salarios de septiembre, octubre y noviembre de 2017? Esos salarios de la demandante si se los cobró y nadie objetó nada, pero ella sin ninguna objeción de su patrono decidió de mutuo propio no pagarse el salario de diciembre de 2017 y el décimo tercer de 2017. Dice la demandante en el hecho CUARTO de la demanda y cito textualmente: “...en fecha 11 de enero de 2018, solicité la intervención de la Inspección General del Trabajo de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, para que se constatara el no pago a mi persona del sueldo correspondiente al mes de diciembre 2017 y el respectivo aguinaldo del mismo año.” La Corte Sentenciadora erróneamente apreció la prueba documental tanto de la parte actora a la que le dio plena prueba como la propuesta por la parte demandada a la que le restó el valor que le corresponde al expresar que con la prueba de la demandada no se refutó las pruebas de la demandante, estimando que INDUSTRIA DE CONSTRUCCION, S.A. no le había pagado los salarios reclamados, ya que de haberle dado el estudio correspondiente habría llegado a la conclusión inequívoca de que la parte actora carecía de sustentación para reclamar un despido indirecto inexistente pues a pesar de la nota de agosto de 2017, ella se pagó los salarios de septiembre, octubre y noviembre de 2017, -las pruebas documentales aportados por la parte demandada, así como los voucher de los cheques así lo prueban-, no así el pago del mes de diciembre pues ella tomó la decisión de no hacerlo para luego alegar un despido indirecto, realizando además toda una serie de operaciones propias de la administración de la empresa, sin haber objetado la nota de 17 de agosto de 2017. Fácilmente se puede apreciar de una simple lectura de toda la prueba propuesta que no hubo motivo para un despido indirecto. El artículo 738 del Código del Trabajo expresa que “el Juez, al proferir su decisión, analizará todas las pruebas allegadas en tiempo” y es obvio que en este caso, el Tribunal de Apelación al analizar las pruebas aportadas por las partes lo hizo de manera equivocada pues la lógica más elemental da como resultado un sentido distinto ya que, como se ha dejado expresado, si la demandante se había pagado su salario posteriormente a la entrega de la nota de agosto de 2017, y en cambio no lo hizo en el mes de diciembre, ella misma dio lugar a su despido sin ninguna responsabilidad para su patrono. El artículo 739 del Código de Trabajo prescribe: “El Juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas, y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios cientificos que informan la crítica de las pruebas y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes. Sin embargo, cuando la ley exija determinada solemnidad ad-sustantiam actus, no se podrá admitir sin prueba por otro medio.” “En todo caso, en la parte motivada de la sentencia el Juez indicará los hechos y circunstancias que causaron su convencimiento.” El artículo 739 es claro en cuanto dispone que el Juez no se sujetará a la tarifa legal de prueba y formará libremente su convencimiento, lo que no significa que deba ser arbitrario en el análisis que haga de las pruebas, más cuanto de estas resultas un sentido totalmente contrario al que se desprende ellas, como en el presente caso en donde del resultado de las pruebas se evidencia que nunca existió un despido indirecto ya que fue la misma demandante quien originó el mismo al no pagarse el salario del mes de diciembre como tampoco el décimo cuarto mes, ambos del año 2017, a pesar de que en los meses de septiembre, octubre y noviembre si se había cancelado el salario. La apreciación errónea de la prueba aportada por las partes, llevó al Tribunal de segunda instancia a la infracción indirecta del artículo 114 letra f) del Código del Trabajo aplicándolo indebidamente, por lo que ante dicha infracción procede que se case la sentencia y en consecuencia se declare sin lugar la demanda de mérito.”.- III.- Que el error de hecho es una creencia o noción equivocada del juez frente a los hechos revelados por la prueba, la demanda o la contestación, que se percibe de forma inmediata y conlleva a la violación indirecta de la ley. Para que se configure la violación de la ley por error de hecho en la apreciación de las pruebas, son necesarios los siguientes requisitos: a) debe existir una mala o falta de apreciación de la prueba; b) esa mala apreciación debe ser originada por un error de hecho, es decir, respecto de la prueba considerada en sí misma y no con relación a las normas legales que reglamentan la prueba; c) ese error de hecho debe generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva; d) que el error de hecho expresado debe ser manifiesto, o sea que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate, como ocurriría si en la sentencia se admite por probado un hecho que en realidad no está demostrado o al contrario (Ver sentencias dictadas en los expedientes CL 598-13 y 626-17).- IV.- Del análisis del expediente de mérito, este Tribunal observa que el Juzgador analizó la prueba en su conjunto valorándola atendiendo a las reglas de la sana crítica y del conocimiento, formando libremente su convencimiento sin sujeción a la tarifa legal de pruebas. En lo atinente a la libre apreciación de los medios probatorios, tanto la Doctrina como la Jurisprudencia han reiterado que la evaluación de ese material probatorio hecha por el sentenciador de instancia es intocable, no puede destruirse en casación, aun cuando no se esté de acuerdo con ella, salvo el caso excepcional de error evidente de hecho, es decir, que la libertad del tribunal para estimar los medios de prueba solo tiene el límite que le demarca lo absurdo de la conclusión a que lo lleva un error en la apreciación probatoria, entendiéndose por conclusión absurda lo que repugna a la razón natural. Analizado el caso que nos ocupa, no se evidencia ninguna situación que pugne contra el material probatorio aportado y practicado en el juicio, ya que, a criterio del Juzgador, la demandada no le hizo efectivo a la demandante, el pago del mes de diciembre y el décimo tercer mes del año 2017, lo cual fue señalado como causa justificada para dar por terminado el contrato de trabajo que vinculara a las partes, arribándose a la conclusión de la procedencia de la demanda de mérito.- V.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinticuatro días del mes de octubre del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha veinticuatro de septiembre del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 484-18.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
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