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Sentencia CL-47-18 — Registro 9288

Resumen

Demanda ordinaria laboral de primera instancia, para que el patrono pruebe en juicio la justa causa del despido, caso contrario y mediante sentencia definitiva sea condenada al pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales como ser preaviso, auxilio de cesantía, aguinaldo proporcional, decimocuarto mes proporcional, vacaciones pendientes, decimocuarto mes pendiente, los salarios dejados de percibir desde la fecha en que se produce el despido hasta el momento que se dicte la sentencia condenatoria

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

" Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) alude a dos formas de infringir la ley, como es la infracción directa y la aplicación indebida, cuando debió hacerlo en forma separada, por la independencia de los cargos en este extraordinario recurso; b) la violación directa de la Ley, por cualquiera de sus modalidades, como ser infracción directa o falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea, exige que la sentencia se encuentra en abierta y manifiesta rebeldía contra la norma legal, por omisión, abuso o desacierto en su aplicación, con prescindencia del material probatorio, lo cual no ocurre en el presente caso, donde la forma de la contratación de la demandante fue objeto del debate y por ello de la prueba, por lo cual no era la vía apropiada para atacar el fallo impugnado; y c) formula alegatos propios de instancia.- "

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

"Que tampoco puede ser admisible el anterior cargo, ya que el Impetrante incurre en los siguientes defectos técnicos: a) no es preciso en la modalidad del error de hecho alegado, ya que por un lado señala que proviene de apreciación errónea de la prueba documental, pero enuncia un acápite intitulado “SINGULARIZACION DE LA PRUEBA QUE NO FUE APRECIADA”, lo cual reitera en la parte final de su explicación, al señalar “los medios de prueba que se han singularizados en este motivo de casación y que no fueron apreciados por el Tribunal de Alzada…”, siendo que se ha venido señalando, que una prueba no puede ser dejada de apreciar y ser apreciada erróneamente al mismo tiempo; y, b) igual desacierto ocurre con el señalamiento de la norma sustantiva infringida, ya que inicialmente señala al artículo 113 párrafo primero del Código de Trabajo y luego en el acápite “DISPOSICIONES SUSTANTIVAS INFRINGIDAS” aduce que es el párrafo segundo de dicho precepto jurídico."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

"Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ha ocasionado un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente caso, no se advierte que se haya planteado ninguna situación que afecte efectivamente el debido proceso y el derecho de defensa de las partes, ya que no existe incongruencia en el fallo, dado que el error aritmético que se aduce al fijarse el monto total de la condena no existe, basta realizar la suma de lo condenado en el acápite II de la parte resolutiva del fallo y los valores por concepto de vacaciones que fueron condenados por el a quo y confirmados por el ad quem; por ello resulta inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

"Que en este tipo de asuntos cabe recordar que por el principio pro homine, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo define expresando que “en materia de reconocimiento de derechos, se debe estar a la norma más amplia y a la interpretación más extensiva e, inversamente, a la norma y a la interpretación más restringida en materia de limitación de derechos”[1], por ello se debe acoger la vía más favorable a la tutela judicial efectiva, porque siendo que la Ley de Empleo por Hora contiene disposiciones que limitan algunos de los derechos de los Trabajadores, su aplicación es excepcional y limitada, por otro lado, presupone que los patronos o empleadores que se acojan a la misma, cumplan a cabalidad todas y cada una de las obligaciones que dicho ordenamiento les impone, ya que de lo contrario, los contratos de trabajo que se celebren se deben regir por el Código de Trabajo y demás normas laborales.-"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 18 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 665 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que en este tipo de asuntos cabe recordar que por el principio pro homine, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo define expresando que “en materia de reconocimiento de derechos, se debe estar a la norma más amplia y a la interpretación más extensiva e, inversamente, a la norma y a la interpretación más restringida en materia de limitación de derechos”[1], por ello se debe acoger la vía más favorable a la tutela judicial efectiva, porque siendo que la Ley de Empleo por Hora contiene disposiciones que limitan algunos de los derechos de los Trabajadores, su aplicación es excepcional y limitada, por otro lado, presupone que los patronos o empleadores que se acojan a la misma, cumplan a cabalidad todas y cada una de las obligaciones que dicho ordenamiento les impone, ya que de lo contrario, los contratos de trabajo que se celebren se deben regir por el Código de Trabajo y demás normas laborales.-"...

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha diecinueve de abril de dos mil dieciocho, por el Abogado MARVIN JOSÉ GONZALEZ ELVIR, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal de la sociedad BANMEDICA S. DE R. L., como recurrente; además, es parte recurrida, señora JULIA SUAZO MARTINEZ, representada en juicio por el Abogado JOSE MELENDEZ MURILLO. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral de primera instancia, para que el patrono pruebe en juicio la justa causa del despido, caso contrario y mediante sentencia definitiva sea condenada al pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales como ser preaviso, auxilio de cesantía, aguinaldo proporcional, decimocuarto mes proporcional, vacaciones pendientes, decimocuarto mes pendiente, los salarios dejados de percibir desde la fecha en que se produce el despido hasta el momento que se dicte la sentencia condenatoria, costas; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha cuatro de abril del dos mil dieciséis por la señora JULIA SUAZO MARTINEZ, mayor de edad, enfermera, hondureña y con domicilio en San Pedro Sula, Cortés, contra la sociedad BANMEDICA S. de R. L. de C.V., o conocida comúnmente como PORSALUD, por medio de su representante legal, el señor RONY SALTIEL MARINI BERNHARD, mayor de edad, soltero, hondureño, Ingeniero Industrial. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha quince de enero del año dos mil dieciocho, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, que falló REFORMANDO la sentencia de fecha diez de noviembre del dos mil diecisiete, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, de la siguiente manera: “FALLA:PRIMERO: Declarando HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, en consecuencia se REFORMA la sentencia proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de ésta ciudad, Departamento de Cortés, en fecha diez de noviembre del dos mil diecisiete (2017), en la demanda de la referencia, la que consiste en: I.- Declarar CON LUGAR la demanda para el pago de preaviso, auxilio de cesantía y salarios dejados de percibir desde la fecha en que se produjo el cese laboral hasta que quede firme el presente fallo; consecuentemente se condena por tales conceptos; II.- Fijar como monto total de condena la cantidad de CIENTO UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON TREINTA CENTAVOS (L.101,987.30) que corresponde al monto en el concepto de vacaciones concedido por la iudex Aquo, más el desglose siguiente: preaviso: L 28,322.00, auxilio de cesantía: L42,483.00 y auxilio de cesantía proporcional : L 11,761.50; III.- Deducir del monto anterior la cantidad de L 19,290.60 pagados como anticipos en conceptos de cesantía según operaciones aritméticas realizadas en base al salario pactado para cada periodo de tiempo laborado; IV.- Excluir de la parte resolutiva del fallo de primera instancia la condena de los dos meses de salario en concepto de bonificación concedida por la iudex A quo. SEGUNDO: CONFIRMAR la referida sentencia en sus demás extremos es decir en cuanto a la condena de pago de vacaciones y exoneración de costas. TERCERO: SIN COSTAS.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.-La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que empezó a trabajar para la demandada el 1 de enero del 2012, desempeñándose al inicio como Auxiliar de Enfermería, que al momento del despido devengaba un salario mensual de L.11,618.18 con un horario de 7:00 a.m. hasta las 4:30 p.m. de lunes a sábado, que el día miércoles 30 de diciembre del 2015, se presentaron los señores Dr. Melvin Eduardo Martínez en su condición de Jefe inmediato y el señor Alexis Molina en su condición de Jefe de Recursos Humanos de San Pedro Sula, a su lugar de trabajo ubicado dentro de las instalaciones de la empresa CADECA, donde internamente hay una clínica especialmente para atender los empleados de CADECA que está ubicada en Sosa Yojoa, Cortes, aproximadamente a las 10:00 a.m. y les preguntó que se les ofrecía y a que debía su visita, que ellos le manifestaron que el motivo de su visita era para entregarle la nota de despido, preguntándoles por qué razón, motivo o circunstancia la despedían o separaban de su puesto de trabajo, que nunca faltó a su trabajo, siempre fue puntual, leal con la empresa, que no se le hizo un llamado de atención por incumplir con sus labores o por maltrato al personal de CADECA, que siempre dio lo mejor de si y que la empresa demandada no le bastó con despedirla, ese mismo día llevaron su reemplazo y no le quisieron dar ninguna explicación del por qué la despedían, lo único que le manifestaron que ellos solo recibían ordenes de sus superiores, que la demandada le hacía creer que estaba laborando por contrato por hora, que la hacían trabajar nueve horas y media de lunes a sábado, sin darle nada de vacaciones, ni décimo tercer y cuarto mes, ni pago de horas extras, ni días feriados, que busco la ayuda del Ministerio de Trabajo, quienes investigaron que efectivamente la empresa la estuvo engañando al no pagarle lo que por ley le correspondía, ya que su contrato no estaba registrado en las oficinas del Ministerio del Trabajo, tal como lo establece la Ley.- 2.-La parte demandada, la sociedad BANMEDICA S. DE R.L. DE C.V., contestó dicha demanda señalando que la demandante trabajó contratada por tiempo limitado al amparo de las disposiciones contenidas en el Programa Nacional de Empleo por Hora, según decreto legislativo 230-2010, que a la demandante en ningún momento se le despidió en forma injusta lo cual es totalmente falso, que la fecha 30 de diciembre del 2015 fue la fecha en que se terminó su contrato de trabajo que por tiempo limitado se firmó con la demandante, fecha en la cual está previsto en el contrato como la fecha que termina el mismo según lo convenido por ambas partes, sin que haya existido un despido injustificado como lo argumenta la demandante.- 3.-El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha diez de noviembre del año dos mil diecisiete, dictó sentencia declarando SIN LUGAR la demanda para el pago de prestaciones sociales e indemnizaciones legales, contra la sociedad BANMEDICA S. DE R.L. DE C.V., ABSOLVIENDO a la demandada de la responsabilidad del pago de prestaciones sociales e indemnizaciones legales a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, pago de derechos adquiridos, condenó a la demandada a pagar a favor del demandante la cantidad de L.43,696.80, en concepto de 2 meses de salario en concepto de una bonificación, 48 días en concepto de vacaciones por cada mes de trabajo, sin costas; bajo el criterio que los contratos de empleo por hora celebrado entre las partes en conflicto están regulados por las disposiciones de la Ley de empleo por hora; por lo que es procedente declarar sin lugar la demanda por las circunstancias siguientes: 1) La demandante desde que inició la relación de trabajo conocía que había sido contratada mediante ese modalidad tal como lo dejó establecido en el hecho primero de su demanda; 2) El patrono se encuentra registrado en la oficina de empleo por Hora de la Secretaria del Trabajo y Seguridad Social bajo el código 0501, EPH: 0699 de fecha 07 de febrero del año 2013, cumpliendo se esa forma con lo establecido en el artículo 10 de la Ley de empleo por hora la cual establece que es obligatorio el registro de la unidades productivas o de servicios que tenga interés de acogerse al presente régimen; que si bien es cierto la demandada no dio cumplimiento con lo ordenado en el artículo 12 de la Ley de empleo por hora, de registrar en la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, en un plazo de 15 días contados a partir de la suscripción, también no es menos cierto que en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre lo formal este tribunal no puede desconocer que los contratos celebrados por las partes son iguales al contrato modelo que establecidos por la secretaría del Trabajo y Seguridad Social, además fueron registrados los dos últimos contratos celebrados entre las partes en conflicto tal como consta en los registro que lleva la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social así: contrato número 0801-EPH-22896, inscrito el 04 de febrero del año 2015, con fecha de inicio el 01 de enero del año 2015 hasta el 30 de junio del año 2015, contrato número 0801-EPH- 49484, fecha de inscripción 26 de noviembre del año 2015, fecha de inicio 01 de julio del año 2015 hasta el 31 de diciembre del año 2015; por lo que queda establecido que la demandada ni ha cambiado la modalidad de contratación de la demandante y ha cumplido con lo establecido en el artículo 6 numeral 2 de la Ley de Empleo por hora, tal como lo refleja los contratos de trabajo por hora celebrado entre las partes la demandada pagaba el valor hora conforme el salario mínimo vigente además realizaba el pago del 20% que equivale el 16% en concepto de decimotercer mes y decimocuarto mes, más el 4% equivalente al pago de auxilio de cesantía derecho que gozan los trabajadores acogidos al régimen de trabajo de empleo por hora, que la ley de empleo por hora establece en el artículo 12 numeral 3, que cuando el contrato haya durado 3 años se debe pagar una bonificación 2 meses de salario calculado sobre el salario promedio devengado en los últimos 6 meses, en el caso de autos los contratos celebrado entre las partes se prolongaron más de 3 años razón por la cual corresponde pagarle a la demandante ese concepto; también el artículo 7 párrafo último de la misma ley de empleo por hora establece que tienen derecho a disfrutar de un día de vacaciones remuneradas por mes trabajado, las cuales deben gozar de acuerdo a lo pactado. En el caso de autos la demandada no acredito haber concedido ese derecho a la demandante de un día de vacaciones por cada mes trabajado constando en autos que la relación data desde el enero 01 del año 2012, por tal razón procede condenarla al pago de un día por cada mes trabajado y a la terminación del contrato de trabajo el patrono deviene obligado a pagar al trabajador los beneficios sociales entendiéndose como tales; el derecho a vacaciones, el derecho a decimotercero mes en concepto de aguinaldo y el derecho a décimo cuarto mes de salarios de compensación social en la proporción en que tales derechos son debidos sino han sido causados en su totalidad con independencia de la causa de terminación del contrato de trabajo es justificado o no, en el presente caso consta que la demandada pago esos conceptos por tal razón no procede dicho pago.- 4.-La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha quince de enero del año dos mil dieciocho, dictó sentencia REFORMANDO la proferida por el a quo, por lo tanto declaró CON LUGAR la demanda para el pago de preaviso, auxilio de cesantía y salarios dejados de percibir desde la fecha en que se produjo el cese laboral hasta que quede firme el presente fallo; consecuentemente se condena por tales conceptos; fijó como monto total de condena la cantidad de L.101,987.30 que corresponde al monto en el concepto de vacaciones concedido por la iudex A quo, más preaviso, auxilio de cesantía, y auxilio de cesantía proporcional, deducir del monto anterior la cantidad de L.19,290.60 pagados como anticipos en conceptos de cesantía según operaciones aritméticas realizadas en base al salario pactado para cada periodo de tiempo laborado; Excluir de la parte resolutiva del fallo de primera instancia la condena de los dos meses de salario en concepto de bonificación concedida por la iudex A quo; bajo el criterio que la Recomendación número 166 sobre la terminación de la Relación de Trabajo, sesión de Conferencia número 68 de fecha 22 de junio de 1982, ha establecido que “los Estados Parte, deberían prever garantías adecuadas contra el recurso a contratos de trabajo de duración determinada cuyo objeto sea eludir la protección que prevén el Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo, señalando en el artículo 3 sub 2 de dicha recomendación (166) entre otras medidas, las siguientes: “a) limitar la utilización de los contratos de duración determinada a los casos en que, a causa de la índole del trabajo que haya de realizarse, a causa de las condiciones en que deba realizarse o en razón de los intereses del trabajador, la relación de trabajo no pueda ser de duración indeterminada; b) salvo en los casos mencionados en el apartado precedente de este subpárrafo, considerar los contratos de duración determinada como contratos de trabajo de duración indeterminada; c) considerar que, salvo en los casos mencionados en el apartado a) del presente subpárrafo, los contratos de trabajo de duración determinada, cuando se renueven una o varias veces, tendrán los mismos efectos que los contratos de duración indeterminada”, que no desconoce los fines que persigue la Ley que regula el Empleo por hora, sin embargo, el mismo no resulta aplicable en el caso de mérito en base a los principios de primacía de la realidad, In dubio pro operario, irrenunciablidad de derechos, progresividad y no regresividad al tenor del contenido de los artículos 128 párrafo primero de la Constitución de la República, 3 y 18 del Código del trabajo, por cuanto, si bien es cierto el nexo jurídico laboral inició el 01 de marzo de 2012 mediante la suscripción de contrato por hora, éste tal y como se afirmó en el escrito de demanda, no fue inscrito en la Secretaria de Trabajo como lo indicaba el artículo 15 párrafo segundo del decreto 180-2010 vigente para ese momento y el artículo 12 párrafo segundo del Decreto 354-2013 aplicable para las contrataciones siguientes a partir de su vigencia, por lo que ante tal circunstancia se encontraba protegida por lo establecido en el artículo 47 del código de la materia, ya que fue hasta en el año 2015 que la demandada cumplió con tal obligación no siendo posible por ello, desmejorar las condiciones de trabajo que la ley le reconoce; ante tales circunstancias, la terminación de la relación de trabajo tuvo que enmarcarse dentro de las justas causas que establece el artículo 112 del Código del Trabajo, y al no ampararse en la misma, tal y como ocurre en el presente caso, en el que se invocó la no renovación del contrato, trae como consecuencia que la terminación sea injusta y por ende procede el pago de prestaciones impetradas, no obstante se desconoce que la contratación de la demandante esté amparada por la Ley de empleo por hora, es visto que en el salario convenido por las partes, se dispuso el pago del decimotercer y decimocuarto mes de salario razón por la cual no es posible conceder los mismos; de igual forma es visto que se convino la cancelación del 4% en concepto de auxilio de cesantía, razón por la cual, debe deducirse los montos pagados en ese concepto y excluirse de la parte resolutiva del fallo de primera instancia la condena de la bonificación concedida.- 5.- Mediante auto de fecha veintidós de febrero del dos mil dieciocho, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado MARVIN JOSE GONZAQLEZ ELVIR, en su condición de representante procesal de la empresa BANMEDICA S. DE R.L. DE C.V., contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.-En fecha diecinueve de abril del año dos mil dieciocho, compareció ante éste Tribunal el Abogado MARVIN JOSE GONZALEZ ELVIR, en su condición de representante procesal de la empresa BANMEDICA S. DE R.L. DE C.V., formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de fecha diecinueve de abril del año dos mil dieciocho, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha catorce de mayo del año dos mil dieciocho, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado JOSE MELENDEZ MURILLO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida/recurrente, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que el Abogado MARVIN JOSE GONZALEZ ELVIR, en su primer motivo de casación alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción Directa del artículo 113 párrafo primero, del Código del Trabajo, como consecuencia de la aplicación indebida de la Recomendación 166 sobre la terminación de la Relación de Trabajo, sesión de Conferencia número 68 de fecha 22 de Junio de 1982, que regula en Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo, normativa que regula las garantías que los Estados suscriptores deben respetas en el caso de la Terminación de los Contratos de Trabajo, que ha sido aplicado por parte de la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, en la sentencia impugnada específicamente en el apartado Fundamentos de Derecho. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 ordinal l, párrafo primero del Código del Trabajo. DISPOSICIONES SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: La disposición sustantiva infringida la constituye el artículo 113 párrafo primero del Código del Trabajo. CONCEPTO DE LA INFRACCION: Por una parte: La señora JULIA SUAZO MARTINEZ, ha presentado su demanda laboral, bajo el esquema que el patrono pruebe la justa causa del despido, caso contrario que la empresa demandada sea condenada a pagarle las prestaciones e indemnizaciones laborales que señala la Ley, más el reconocimiento al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que quede firme la sentencia condenatorio; por otro parte: la Sociedad demandada ha probado en juicio que la demandante fue Contratada por Tiempo Limitado, al amparo de las disposiciones contenidas en el Programa Nacional de Empleo por Hora, según Decreto Legislativo 230-2010 y que posteriormente se convirtió en Ley mediante Decreto Legislativo No. 354-2013.- Bajo esta modalidad de Contratación se contrató a la demandante, por cuanto no fue un empleado permanente de la Empresa en vista que sus contratos fueron por tiempo limitado, o sea, con una fecha prevista para su terminación.- Que en fecha 30 de Diciembre del 2015, estaba previsto la terminación del Contrato de Trabajo de la demandante, por haber llegado a la fecha de su terminación prevista en mismo contrato es una situación muy diferente a un despido, no obstante la parte demandante pide en su demandada que la parte patronal pruebe la Justa Causa que tuvo para despedirla, cuando en ningún momento haya existido un despido. En este caso en particular, la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, en la sentencia impugnada específicamente en los FUNDAMENTOS DE DERECHO: PRIMERO: Sostiene que el Legislador considerando las condiciones del mercado laboral, y los cambios drásticos en la evolución social autoriza nuevas formas de contratación, por medio del denominado empleo por hora regulado inicialmente por el Decreto 180-2010 y posteriormente a través del Decreto 354-2013 publicado en la Gaceta en fecha 31 de Marzo del 2014, con el objetivo de fomentar el empleo digno y mantener los puestos de trabajo y evitar el crecimiento de los índices de desempleo y subempleo, pudiéndose suscribir contratos de trabajo por horas o media jornadas ordinarias, diurnas, mixtas o nocturnas bajo modalidades de tiempo limitado, teniendo prohibido efectuar reducciones de personal asalariado permanente, salvo las justas causas de despido renuncia o terminación del contrato de trabajo por mutuo acuerdo. Seguidamente expone la Corte de Apelaciones del Trabajo: Al respecto la Recomendación numero 166 sobre la terminación de la Relación de Trabajo, sesión Conferencia número 68 de fecha 22 de junio de 1982, ha establecido que Los Estados Parte, deberían prever garantías adecuadas contra el recurso a contratos de trabajo de duración determinada cuyo objetivo sea eludir la protección que prevé el Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo, señalado en el artículo 3 sub 2 de dicha recomendación (166) entre otras medidas, las siguientes: “ a) Limitar la utilización de los contratos de duración determinada a los casos en que, a causa de la índole del trabajo que haya de realizarse, a causa de las condiciones en que deba realizarse o en razón de los intereses del trabajador, ( El subrayado es de la Corte de Apelaciones), la relación de trabajo no pueda ser de duración indeterminada; b) Salvo en los casos mencionados en el apartado precedente de este subpárrafo, considerar los contratos de duración determinada como contratos de trabajo de duración indeterminada; c) considerar que, salvo en los casos mencionados en el apartado a) del presente subpárrafo, los contratos de trabajo de duración determinada, cuando se renueven una o varias veces, tendrán los mismo efectos que los contratos de trabajo por duración indeterminada”. En cuanto a la aplicación de esta Recomendación No. 166 de la Organización Internacional del Trabajo, al presente caso podemos aportar lo siguiente: El primer instrumento específico sobre despido fue adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en 1963 y tuvo la forma de una Recomendación (núm. 119). Años más tarde, en 1982, se adoptó el Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo (núm. 158), que entró en vigor el 24 de noviembre de 1985. Junto con el Convenio núm. 158, la Conferencia adoptó la Recomendación sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982 (núm. 166), que lo complementa y sustituye la Recomendación núm. 119.- Sosteniendo que existe una aplicación indebida en la aplicación de esta Recomendación número 166 que complementa el Convenio número 158 de la Organización Internacional del Trabajo, cuando la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, ha utilizado este instrumento jurídico como un fundamentos de derecho para decidir en la sentencia impugnada una REFORMA de la sentencia de Primera Instancia en el presente caso; ya que el Estado de Honduras, en ningún momento ha suscrito ni ratificado ninguno de estos (2) Instrumentos regulatorios sobre la terminación de la relación laboral, lo que fácilmente se puede observar tanto en la página Web de la OIT como en los Convenios y Recomendaciones que el Estado de Honduras ha suscrito y Ratificado según lo publica la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social en su portal de transparencia, o igual las Magistradas de la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, fácilmente pudieron consultar con este ente estatal, a efecto de verificar si este Convenio o Recomendación son parte de los compromisos del Estado de Honduras.- Con base a que la Recomendación número 166 y el Convenio 158 de la OIT, no han sido suscritos ni ratificados por el Estado de Honduras, conlleva una aplicación indebida aplicarlo en la sentencia recurrida, como lo ha hecho la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, al aplicar estos Instrumentos en la sentencia impugnada, con lo cual se violenta directamente el artículo 113 párrafo primero del Código del Trabajo, mediante el cual se obligar a la Sociedad demandada BANMEDICA S. DE R.L., a pagar a la demandante, prestaciones e indemnizaciones laborales, más el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que con sujeción quede firme la sentencia condenatoria, cuando la demandante, estuvo contratada bajo la Ley Nacional de Empleado por Hora, instrumento legal que regula la contratación a tiempo limitado, sin más obligaciones que las que en la misma Ley se establecen, por lo que es procedente que prospere este motivo de casación, y se proceda a casar parciamente la sentencia impugnada como se ha solicitado.”.- III.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) alude a dos formas de infringir la ley, como es la infracción directa y la aplicación indebida, cuando debió hacerlo en forma separada, por la independencia de los cargos en este extraordinario recurso; b) la violación directa de la Ley, por cualquiera de sus modalidades, como ser infracción directa o falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea, exige que la sentencia se encuentra en abierta y manifiesta rebeldía contra la norma legal, por omisión, abuso o desacierto en su aplicación, con prescindencia del material probatorio, lo cual no ocurre en el presente caso, donde la forma de la contratación de la demandante fue objeto del debate y por ello de la prueba, por lo cual no era la vía apropiada para atacar el fallo impugnado; y c) formula alegatos propios de instancia.- IV.- Que como segundo motivo se expone: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta de los artículos 113 párrafo primero del Código del Trabajo, por error de hecho proveniente de la apreciación errónea de la prueba Documental, aportada al juicio por la parte demandada y que se identificara de forma singular por aparecer de manifiesto en los autos, y como medio de ésta infracción los artículos: 726, 727, 729, 730, 731, 732, 733, 736, 738 y 739 también del Código del Trabajo; 12 párrafo tercero numerales 1), 2), 3) de la Ley de Empleo por Hora; 228, 229, 230, 231, 234, 238, 239, 240, 242, 245, 251 269, 270 numeral 3; 278, 280 numeral 1, 287, 293, 294, 297, 298, 299, 301, 302, 311 del Código Procesal Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 ordinal 1°, párrafo segundo del Código del Trabajo. SINGULARIZACIÓN DE LA PRUEBA QUE NO FUE APRECIADA: Se hace un señalamiento singular del medio de prueba apreciado erróneamente por el Tribunal de Alzada, la que señala a continuación: A) MEDIO DE PRUEBA DOCUMENTAL PRIVADA: Consistente en: Nota de No Renovación del Contrato de Trabajo por Tiempo Limitado de la Señora JULIA SUAZO MARTINEZ, de fecha 30 de diciembre del 2015, que corre a folios (49) de los autos; 2) Los Contratos de Trabajo por Hora suscritos entre la demandante y la Sociedad demandada, que obran de folios (60 al 86) específicamente a lo que comprende la Cláusula Décimo Cuarta que obra en los folios ( Ver folios 62, 65, 68, 71, 74, 77, 86, 83, 86) de la pieza de primera instancia. DISPOSICIONES SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: Las disposiciones sustantivas infringidas la constituyen los artículos: 113 párrafo segundo del Código del Trabajo. DISPOSICIONES ADJETIVAS INFRINGIDAS: Las disposiciones adjetivas a través de las cuales se infringió en forma indirecta la disposición sustantiva las constituyen los artículos: 726, 727, 729, 730, 731, 732, 733, 736, 738 y 739 también del Código del Trabajo; 12 párrafo tercero numerales 1), 2), y 3) de la Ley de Empleo por Hora; 206, 207, 208, 228, 229, 230, 231, 234, 238, 239, 240, 242, 245, 251 269, 270 numeral 3; 278, 280 numeral 1, 287, 293, 294, 297, 298, 299, 301, 302, 311 del Código Procesal Civil. CONCEPTO DE LA INFRACCION: Que el Tribunal de segunda instancia reformo la sentencia dictada por el A-quo declaró con lugar el recurso de apelación, motivando la sentencia impugnada, como consecuencia de la apreciar erróneamente la prueba Documental que fue aportada al juicio por la parte demandada, es más la apreciación errónea de dicho medio de prueba llega al extremo que ni siguiera se hizo un análisis o una sana critica de dicho medio de prueba lo que conlleva el error de hecho en que incurre el Tribunal de Alzada como se explica a continuación: A) El origen del presente juicio, lo constituye la no renovación del Contrato de Trabajo por tiempo limitado, de la trabajador Julia Suazo Martínez, mediante notificación que la Empresa le hizo en nota de fecha 30 de diciembre del 2015, que corre agrega a folios (49) de la pieza de primera instancia, en la cual se le hace saber a la trabajadora demandante que la Empresa, que en su contrato está previsto la fecha en de su terminación según se desprende de la Cláusula Décimo Cuarta ( Ver folios 62, 65, 68, 71, 74, 77, 86, 83, 86) de la primera pieza de los autos de primera Instancia, que contempla los diferentes Contratos de Trabajo por tiempo determinado que la demandante suscribió con la Sociedad BANMEDICA S. DE R.L.. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, ha considerado que la demandante, fue despedida injustamente y que por lo tanto en aplicación del artículo 113 párrafo primero del Código del Trabajo, es procedente que la demandada pague las prestaciones e indemnizaciones laborales, más los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que quede firme la sentencia condenatoria, reclamadas por la demandante. La demandante, ha solicitado en su demanda que el patrono pruebe la justa causa en que se fundamentó su despido caso contrario sea condenada a pagar las prestaciones e indemnizaciones laborales, más salarios caídos, y el pago de sus derechos adquiridos. B) La nota de fecha 30 de diciembre del 2015, que corre agrega a folios (49) de la pieza de primera instancia, en la cual la Sociedad demandada, le hace saber a la trabajadora demandante, que en su contrato está previsto la fecha en de su terminación según se desprende de la Cláusula Décimo Cuarta y que no se renovara, se ejecuta en cumplimiento a lo establecido en el artículo 12 párrafo tercero de la Ley de Empleo por Hora, por lo que la demandada únicamente tiene la obligación de pagar lo establecido en los numerales 1), 2) y 3) de esa misma normativa legal.- C) La apreciación errónea a que llega la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, en el fallo impugnado es considerar que la nota 30 de diciembre del 2015, que corre agrega a folios (49) de la pieza de primera instancia, en la cual la empresa demandada le hace saber a la trabajadora demandante, que en su contrato está previsto la fecha en de su terminación según se desprende de la Cláusula Décimo Cuarta ( Ver folios 62, 65, 68, 71, 74, 77, 86, 83, 86), y que no se le renovara su Contrato, constituye un despido injustificado y no una notificación donde le hace saber que la vigencia de su contrato ha terminado, lo que es muy distinto a un despido injustificado, consecuentemente el Tribunal de Segunda Instancia, sucumbe en el error de hecho, que en el presente caso el patrono no puede probar la justa causa de un despido cuando este no ha ocurrido, sino que por el contrario, el hecho total es que la Sociedad demandada, le notificó a la demanda la fecha en que está previsto la finalización de su Contrato según la misma clausula Décimo Cuarta del contrato suscrito entre las partes, por tanto esta apreciación errónea de los medios de prueba documental señalados, lleva a la Cortes al error de hecho por medio del cual hace aplicación del artículo 113 párrafo primero del Código del Trabajo, para obligar a la demandada a pagar las prestaciones e indemnizaciones laborales y salarios caídos reclamados por la demandante.- Configurado así la apreciación errónea de los medios de prueba Documental aportados por la parte demandada, por parte del Tribunal de Alzada, lo que la llevo al error de hecho, es procedente que prospere este motivo de casación y se case el recurso parcialmente como se ha impugnado. D) Se observa que en la parte resolutiva de Falla, la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, no condena a la parte demanda al pago del “PREAVISO”, figura que se debería haber condenado si la Corte hubiera apreciado que este caso se trataba de un Contrato por Tiempo Indeterminado, pero como esta consiente el Tribunal de Alzada que en este caso lo que se suscribieron fueron Contratos por Tiempo Determinado, no hace esa condena, contradiciendo el criterio de la Corte de Apelaciones, lo que es un error de hecho producido por la apreciación de los medios de prueba Documentales antes indicados. No está de más, en aclarar que los medios de prueba que se han singularizados en este motivo de casación y que no fueron apreciados por el Tribunal de Alzada, no fueron objetados ni se presentó oposición contra los mismo por la parte contraria.”.- V.- Que tampoco puede ser admisible el anterior cargo, ya que el Impetrante incurre en los siguientes defectos técnicos: a) no es preciso en la modalidad del error de hecho alegado, ya que por un lado señala que proviene de apreciación errónea de la prueba documental, pero enuncia un acápite intitulado “SINGULARIZACION DE LA PRUEBA QUE NO FUE APRECIADA”, lo cual reitera en la parte final de su explicación, al señalar “los medios de prueba que se han singularizados en este motivo de casación y que no fueron apreciados por el Tribunal de Alzada…”, siendo que se ha venido señalando, que una prueba no puede ser dejada de apreciar y ser apreciada erróneamente al mismo tiempo; y, b) igual desacierto ocurre con el señalamiento de la norma sustantiva infringida, ya que inicialmente señala al artículo 113 párrafo primero del Código de Trabajo y luego en el acápite “DISPOSICIONES SUSTANTIVAS INFRINGIDAS” aduce que es el párrafo segundo de dicho precepto jurídico.- VI.- Que de forma subsidiaria el Recurrente pide la nulidad de la sentencia impugnada, en los siguientes términos: “NULIDAD SUBSIDIARIA. Con fundamento en los Artículos 858 del Código del Trabajo; 22, 206 numeral 1, 2, y 3; 208 numerales 1), 2); 211, 212, numeral 6; 213 numeral 1); 214 Numeral 1) 2) 3); 215 numeral 1), 2), 3), 4) del Código Procesal Civil, se solicita se decrete la Nulidad de la sentencia impugnada dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, de fecha 15 de enero del 2018, en base a las consideraciones y hechos facticos siguientes: 1) Que la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, en el fallo impugnado procedió a fundamentar su decisión indebidamente en la Recomendación número 166 que complementa el Convenio número 158 de la Organización Internacional del Trabajo, instrumento jurídico estos con el cual se REFORMA la sentencia de Primera Instancia en el presente caso; aun y cuando el Estado de Honduras, en ningún momento ha suscrito ni ratificado ninguno de estos (2) Instrumentos regulatorios sobre la terminación de la relación laboral, por tanto estos Instrumentos Jurídicos no son parte del ordenamiento jurídico nacional y la aplicación de los mismo a un caso concreto conlleva la nulidad de la sentencia impugnada. II) Que en la sentencia de segunda instancia encontramos que el Tribunal de alzada emite el siguiente falla: “ FALLA: PRIMERO: Declarando HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, en consecuencia se REFORMA la sentencia proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad, Departamento de Cortes, en fecha diez de noviembre del dos mil diecisiete (2017), en la demanda de referencia, la que consiste en: 1.- Declarar CON LUGAR la demanda para el pago de preaviso, auxilio de cesantía y salarios dejados de percibir desde la fecha en que se produjo el cese laboral hasta que quede firme el presente fallo; consecuentemente se condena por tales conceptos; II.- Fijar como monto total de condena la cantidad de CIENTO UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON TREINTA CENTAVOS (L. 101,987.30) que corresponden al monto en el concepto de vacaciones concedido por la iudex Aquo, más el desglose siguiente: preaviso: L. 28,322.00, auxilio de cesantía: L. 42,483.00 y auxilio de cesantía proporcional: L. 11,761.50; III.- Deducir del monto anterior la cantidad de L. 19,290.60 pagados como anticipos en concepto de cesantía según operaciones aritméticas realizadas en base al salario pactado para cada período de tiempo laborado; IV.- Excluir de la parte resolutiva del fallo de primera instancia la condena de los dos meses de salario en concepto de bonificación concedida por la iudex A-quo.- SEGUNDO: CONFIRMAR la referida sentencia en sus demás extremos es decir en cuanto a la condena de vacaciones y exonerar de costas.- TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia dado el carácter social de las normas del trabajo.- Y MANDA”. III) Como se pude observar en el falla dictado por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, transcrito en el numeral anterior existen incongruencia por una parte PRIMERO: Se declara con lugar el Recurso de Apelación y se ordena Reformar la sentencia de primera instancia; seguidamente en el numeral 1.- Se declara CON LUGAR la demanda y se Condena al pago de preaviso, auxilio de cesantía y salarios dejados de percibir desde la fecha en que se produjo el cese laboral hasta que quede firme el presente fallo; consecuentemente se condena por tales conceptos; y en el numeral II.- Se procede un valor fijo de pago de cuantía condenada de la forma siguiente: “Fijar como monto total de condena la cantidad de CIENTO UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON TREINTA CENTAVOS (L. 101,987.30) que corresponden al monto en el concepto de vacaciones concedido por la iudex Aquo, más el desglose siguiente: preaviso: L. 28,322.00, auxilio de cesantía: L. 42,483.00 y auxilio de cesantía proporcional: L. 11,761.50”.- Si procedemos a sumar dichas cantidades nos da la suma de OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS DE LEMPIRAS (L. 82,566.50) que es totalmente diferente a la que suma la Corte de Apelaciones.- Después la Corte en el numeral III.- Ordena Deducir del monto anterior la cantidad de L. 19,290.60 pagados como anticipos en concepto de cesantía según operaciones aritméticas realizadas en base al salario pactado para cada periodo de tiempo laborado.- Pero en el numeral 1 CONDENA AL AUXILIO DE CESANTIA lo que hace una incongruencia con este numeral; Finamente en el numeral SEGUNDO: La Corte de Apelaciones CONFIRMAR la referida sentencia en sus demás extremos es decir en cuanto a la condena de vacaciones y exonerar de costas; cuales demás extremos si el pago de Vacaciones quedo reformado en el numeral II del numero PRIMERO de este mismo falla. Por las razones antes expuestas, es procedente que se declara la nulidad de la sentencia recurrida, ya que en la misma se observan disposiciones y consideraciones que riñen totalmente que las normas que regulan el contenido y forma en que se deben emitir los fallos.”.- VII.- Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ha ocasionado un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente caso, no se advierte que se haya planteado ninguna situación que afecte efectivamente el debido proceso y el derecho de defensa de las partes, ya que no existe incongruencia en el fallo, dado que el error aritmético que se aduce al fijarse el monto total de la condena no existe, basta realizar la suma de lo condenado en el acápite II de la parte resolutiva del fallo y los valores por concepto de vacaciones que fueron condenados por el a quo y confirmados por el ad quem; por ello resulta inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- VIII.- Que en este tipo de asuntos cabe recordar que por el principio pro homine, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo define expresando que “en materia de reconocimiento de derechos, se debe estar a la norma más amplia y a la interpretación más extensiva e, inversamente, a la norma y a la interpretación más restringida en materia de limitación de derechos”[1], por ello se debe acoger la vía más favorable a la tutela judicial efectiva, porque siendo que la Ley de Empleo por Hora contiene disposiciones que limitan algunos de los derechos de los Trabajadores, su aplicación es excepcional y limitada, por otro lado, presupone que los patronos o empleadores que se acojan a la misma, cumplan a cabalidad todas y cada una de las obligaciones que dicho ordenamiento les impone, ya que de lo contrario, los contratos de trabajo que se celebren se deben regir por el Código de Trabajo y demás normas laborales.- IX.- Por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos y declarar sin lugar la petición de nulidad subsidiaria.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 59, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 18, 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN LUGAR la nulidad subsidiaria solicitada.- 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los siete días del mes de noviembre del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha veinticuatro de septiembre del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 47-18.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

[1] CIDH, Informe 35/07 –caso 12.553- “Jorge, José y Dante Peirano Basso” vs República Oriental del Uruguay del 1 de mayo de 2007.