Sentencia CL-453-18 — Registro 9565
Resumen
Segunda instancia confirmo con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones y demás indemnizaciones laborales, generados por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos, en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo, en consecuencia concederle todos los derechos que ostentan los empleados permanentes, más el pago de vacaciones, décimo tercero, décimo cuarto mes causados y proporcionales, pago de salarios dejados de percibir
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) falta claridad y precisión al indicar “la interpretación errónea y su vez la infracción directa”, siendo distintas formas de violar la Ley, que deben invocarse de forma separada por la independencia de los cargos, en este recurso; b) carece de norma sustantiva violada, ya que el artículo 728 del Código del Trabajo es objetivo procesal; c) el precepto autorizante no corresponde al tipo de infracción alegada en su explicación alude a normativa no invocada como infringidas o relacionadas en su formulación, tal es el caso de los artículos 112 y 113 del Código del Trabajo."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Se debe recordar el criterio sostenido por este Tribunal, que en el ámbito laboral existe limitación de la autonomía de la voluntad, ya que las normas de trabajo y seguridad social son de orden público y, por ello, aunque en la práctica las partes pueden pactar lo que quieran, lo cierto es que dicho pacto será válido solamente si es respetuoso de la normativa laboral, esto en consonancia con los artículos 128 de la Constitución de la República (preámbulo) y 3 del Código del Trabajo, preceptos que le niegan eficacia a los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos laborales que tiene el trabajador; y que, en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que efectivamente sucede en el terreno de los hechos, ya que dicha divergencia así como puede proceder de un simple error involuntario, puede también estar inspirada intencionalmente para simular o esconder la verdad y eludir el cumplimiento de obligaciones legales u obtener un provecho ilícito. Debe, entonces, quedar claro que la existencia o no de una relación o un contrato de trabajo, su permanencia o temporalidad y demás cualidades dependen, no de lo que las partes previamente hubieren pactado por escrito o en forma verbal, o de si se esté o no en determinada partida presupuestaria, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre prestando sus servicios, pues siempre deben prevalecer los aspectos fáctico-sustanciales por sobre los jurídico-formales. (Ver sentencias expedientes CL326-15, CL102-17 y CL290-17).-"...
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 128 (Rango Constitucional)
- Código del Trabajo, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los treinta días del mes de octubre del dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 20 de mayo del 2019, por el Abogado OSCAR DOÑAS CHÁVEZ PAZ, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, el señor LUIS ANTONIO GARCÍA TERCERO, representado en juicio por el Abogado OSMAN NOÉ ACOSTA BENAVIDEZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones y demás indemnizaciones laborales, generados por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos, en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo, en consecuencia concederle todos los derechos que ostentan los empleados permanentes, más el pago de vacaciones, décimo tercero, décimo cuarto mes causados y proporcionales, pago de salarios dejados de percibir, costas; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 24 de junio del 2019, por el señor LUIS ANTONIO GARCÍA TERCERO, mayor de edad, casado, Motorista, hondureño y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones del PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS), Institución adscrita actualmente al INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS), por intermedio de su representante legal el señor MARIO RENÉ PINEDA VALLE, mayor de edad, casado, Doctor en Farmacia, hondureño y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 20 de junio del 2018, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 18 de abril del 2018, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: I) Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida la Abogada Señor LUIS ANTONIO GARCÍA TERCERO, contra EL ESTADO DE HONDURAS por medio de su Representante Legal el Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en cuanto a que se, declare la relación de forma permanente y como consecuencia al pago por los siguientes conceptos: preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional; vacaciones pendientes, vacaciones proporcionales, décimo tercer mes proporcional, décimo tercer mes pendiente y décimo cuarto mes proporcional y décimo cuarto mes pendiente; ms los salarios dejados de percibir, desde la fecha de terminación de la relación laboral hasta que este firme la sentencia condenatoria; en consecuencia, II) CONDENA al ESTADO DE HONDURAS por medio de su Representante Legal el Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, A declarar la relación de trabajo de forma permanente y como consecuencia al pago por la cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS (L95,495.07) desglosados así: preaviso L.19,833.32; auxilio de cesantía L. 19,833.32; auxilio de cesantía proporcional L.5,729.62; Vacaciones proporcionales L2,270.71; vacaciones pendientes L.7,272.10, décimo tercer mes proporcional L.5,729.62, décimo tercer mes pendiente L. 17,00.00 y décimo cuarto mes proporcional L. 826.38 y décimo cuarto mes pendiente L. 17,000.00; más los salarios dejados de percibir, desde la fecha de terminación de la relación laboral hasta que este firme la sentencia condenatoria al señor LUIS ANTONIO GARCÍA TERCERO; III) Declarando SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el señor LUIS ANTONIO GARCÍA TERCERO contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en cuanto al pago de horas extras adeudadas; IV) ABSUELVE AL DEMANDADO EL ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA en cuanto al pago de horas extras adeudadas, a LUIS ANTONIO GARCÍA TERCERO; V) Declarar SIN LUGAR la EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PRESCRIPCIÓN alegada por la parte demandada; VI) SIN COSTAS en esta Instancia…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que inició la relación laboral para el Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), adscrita actualmente al Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento (IDECOAS), el 03 de enero del 2012, como Motorista, devengaba un salario mensual de L.8,500.00, mediante la suscripción de varios contratos continuos e interrumpidos; que los contratos de trabajo, reunían todos los elementos de un contrato de trabajo al tenor de los preceptuado en el artículo 20 del Código del Trabajo; las labores eran permanente y no podían desaparecer por la naturaleza de las mismas, que les hacían deducciones al salario propias de empleados permanentes, como ser el IHSS, INJUPEM, dejando ver una simulación de contrato de trabajo por tiempo determinado, ocultando un verdadero contrato de trabajo por tiempo indefinido, acto simulatorio que tiene como finalidad evadir obligaciones estipuladas en la Ley Laboral en fraude a la ley; lo que sucedió fue que la institución demandada una vez vencido el último contrato no renovó el mismo, a pesar de estar conscientes que le asiste el derecho al trabajo por la continuidad de dichos contratos; que con el ánimo de buscar una solución a las diferencias suscitada entre las partes, presentó el reclamo administrativo ante la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social para la permanencia y pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, dándose por agotado del trámite administrativo por no haber voluntad del empleador de conciliar.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda rechazando las pretensiones de la demandante, alegando en su defensa que el demandante tuvo una relación de prestación de servicios, y los contratos estaban regidos dentro del marco de cláusulas contractuales legalmente establecidas, consentidas, aprobadas y aceptadas por las partes sin objeción alguna por parte del demandante, y no existió despido alguno, para lo cual se reconociera la petición formulada por el demandante, por el contrario, lo acaecido fue la llegada de la fecha de terminación del contrato, después de lo cual no existía obligación alguna de las partes, más que las resultantes del contrato mismo que tenía fecha de vigencia del 02 de mayo al 31 de julio del 2014, donde el artículo 111 de las Disposiciones Generales del Presupuesto para el año fiscal 2014, es claro y contundente al instituir que estos contratos no cuentan con un estatus de permanentes al prescribir; además manifestó que tratándose de un derecho administrativo y no laboral este Tribunal es incompetente para conocer de la causa, pues claramente se estableció en el contrato suscrito por las partes en la CLAUSULA OCTAVA. RECURSOS: Las resoluciones de PRONADERS emitidas como consecuencia de reclamo administrativo por parte del profesional, podrán ser impugnadas, utilizando los recursos correspondientes hasta poner fin a la vía administrativa, previa a la Jurisdicción Contencioso Administrativo; por lo que para esos efectos se tendría como jurisdicción competente la del Juzgado respectivo del Departamento de Francisco Morazán; que la demanda ha sido mal planteada y mal dirigida, e inconsistente la petición formulada por la parte actora, en vista de que el beneficio de las prestaciones es única y exclusivamente para aquel personal que habiendo agotado los requisitos establecidos por ley han sido nombrados en legal y debida forma mediante un acuerdo ministerial, el cual le da un estatus de empleado permanente que por supuesto no corresponde al presente caso, donde los servicios que prestó el demandante estaban enmarcados dentro de lo establecido en cláusulas contractuales acordadas en legal y debida forma por la partes y que el demandante desde el inicio tenía conocimiento de la fecha de inicio y terminación de la obligación contraída sin responsabilidad posterior de las partes a la llegada de la fecha de finalización de lo convenido. Asimismo, en audiencia primera de trámite interpuso la Excepción Perentoria de Prescripción.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 18 de abril del 2018, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral; promovida por el señor LUIS ANTONIO GARCÍA TERCERO, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones del PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS), Institución adscrita actualmente al INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS), por intermedio de su representante legal el señor MARIO RENÉ PINEDA VALLE; condenó a la parte demandada a declarar la relación de trabajo de forma permanente y como consecuencia al pago por la cantidad de L.95,495.07 en concepto de preaviso; auxilio de cesantía; auxilio de cesantía proporcional; vacaciones proporcionales; vacaciones pendientes; décimo tercer mes proporcional; décimo tercer mes pendiente y décimo cuarto mes proporcional y décimo cuarto mes pendiente; más los salarios dejados de percibir, desde la fecha de terminación de la relación laboral hasta que esté firme la sentencia condenatoria, al señor Luis Antonio García Tercero; declaró sin lugar la demanda ordinaria laboral, en cuanto al pago de horas extras adeudadas; absolvió a la parte demandada en cuanto al pago de horas extras adeudadas, al demandante; declaró sin lugar la Excepción Perentoria de Prescripción alegada por la parte demandada, sin costas; bajo el criterio que efectivamente se trataba de una relación laboral en vista que en los contratos de trabajo se encuentran establecidos los 3 elementos del Contrato de Trabajo, como ser la actividad personal del trabajador, la continua subordinación y un salario como retribución al servicio; aunado a ello también las labores realizadas en la institución son de naturaleza permanente, de igual forma el demandante firmó varios contratos de trabajo para realizar las mismas funciones; es por lo anteriormente relacionado que debe declarase con lugar la relación de trabajo de forma permanente; que el demandante solicita el pago de sus prestaciones laborales por considerar que el despido del cual fue objeto es ilegal e injusto; lo que llama la atención a esta operadora de justicia, es que de la revisión de las diligencias no se encuentra documento que acredite que el despido del cual fue objeto el demandante esté apegado a derecho, ya que únicamente está limitado a la fecha de terminación del contrato que es de fecha 31 de julio del 2014, sin establecer causa contenida en el artículo 112 del Código del Trabajo, volviéndose entonces ilegal e injustificado, lo que conlleva declarar con lugar esta pretensión, acarreando con ello el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales más el pago de los salarios dejados de percibir, desde la fecha efectiva de la notificación del despido hasta la fecha en que esté firme la sentencia condenatoria; que el demandante reclama el pago de derechos adquiridos consistentes en vacaciones pendientes, vacaciones proporcionales, décimo tercer mes proporcional, décimo tercer mes pendiente y décimo cuarto mes proporcional y décimo cuarto mes pendiente; en relación a esta pretensión, derechos éstos que corresponden a todo trabajador cuando se ha demostrado la relación de trabajo y en el caso que nos ocupa existió una relación laboral por cuanto le asiste el derecho al demandante en vista que también son derechos reconocidos en nuestra constitución de la República; sumado a ello en relación a los pendientes de pago mediante exhibición de documentos, se solicitó a la parte demandada acreditara documentos en donde se hiciera constar dichos pagos; por lo que no se proporcionó dicha información estándose entonces a lo dispuesto en lo que establece el artículo 734 del Código del Trabajo; en consecuencia se declaran con lugar estos conceptos reclamados; que también el demandante reclama el pago de horas extras adeudadas, en relación a esta pretensión es menester expresar que no fueron sujetas a prueba y tampoco el demandante desglosa la cantidad de horas extras laboradas, en tal sentido se declara sin lugar esta pretensión. Que en relación a la excepción perentoria de prescripción; según lo alegado por las partes ésta suscrita es del criterio que los contratos firmados por los demandantes son de tracto sucesivo, es decir, que existía encadenamiento entre uno y otro, esto también aplicado al principio de continuidad en la labor realizada por los demandantes lo que devenía en la interrupción de la prescripción del derecho de reclamar ante la autoridad competente; en consecuencia, se declara sin lugar la Excepción Perentoria de prescripción alegada por la parte demandada.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 20 de junio del 2018, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que esta Corte de Apelaciones ya ha dejado establecido su criterio en este tipo de recursos, que los contratos celebrados entre los trabajadores con el Estado de Honduras, han sido desnaturalizados, ya que los mismos reúnen los requisitos señalados en el artículo 20 del Código del Trabajo, ya que el trabajador ha desarrollado sus labores de manera continua, ejerciendo las mismas actividades y funciones, bajo las órdenes del mismo patrono y recibiendo un pago como retribución a sus labores y cumpliendo una jornada de trabajo; por lo que es claro que el contrato suscrito entre las partes es de naturaleza laboral; que al estar acreditado la existencia de varios contratos de trabajo por servicios profesionales celebrados, en los que se estableció que la función a realizar por el demandante siempre fue la misma durante el periodo de tiempo por el cual se celebraron los contratos de trabajo, por lo que no cabe duda a este Tribunal de Alzada, que la relación existente entre el Estado de Honduras y el señor Luis Antonio García Tercero, era por tiempo indeterminado; que habiendo sido decidido por esta Corte de Apelaciones en incontables sentencias, referente al caso concreto; sería improcedente verter otra opinión sobre la misma; a menos de que hayan ocurrido nuevos hechos que hagan cambiar el criterio de este tribunal de alzada, lo cual no ha sucedido.- Que vistas las consideraciones legales que anteceden este Tribunal de alzada es de la firme opinión que procede confirmar la sentencia definitiva venida en apelación.- 5.- Mediante auto de fecha 06 de marzo del 2019, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado OSCAR DOÑAS CHÁVEZ PAZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 20 de mayo del 2019, compareció ante este Tribunal el Abogado OSCAR DOÑAS CHÁVEZ PAZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo tres motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha 20 de mayo del 2019, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 18 de julio del 2019, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado OSMAN NOÉ ACOSTA BENAVIDEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. Formalización “EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. PRIMER MOTIVO: Acuso la sentencia definitiva dictada por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de este departamento, el veinte de junio del año dos mil dieciocho, que confirma la sentencia definitiva que dicto el Juzgado de Letras del Trabajo de este departamento el dieciocho de abril del año dos mil dieciocho, haciendo propio las consideraciones del fallo de primera instancia, que sin lugar a duda es violatorio de la ley sustantiva de orden nacional por infracción directa, pues esta Honorable Corte Suprema de Justicia tiene establecido que: LA INFRACCIÓN DIRECTA SE PRODUCE CUANDO SE APLICA A UN HECHO INEXISTENTE QUE DEBE CONSTAR EN LA SENTENCIA RECONOCIDA POR EL JUZGADOR DE INSTANCIA Y ACEPTADO POR LAS PARTES, ESO QUIERE DECIR UN HECHO QUE NO SE DISCUTE QUE NO ES OBJETO DE MEDIOS PROBATORIOS, PORQUE DICHA INFRACCIÓN SE DA CON INDEPENDENCIA DEL HAZ PROBATORIO; al trasgredir el tribunal de segunda instancias el contenido de las normas sustantivas comprendidas en los artículos 112 y 113 del Código del Trabajo consistente en considerar un despido injustificado de forma imaginaria condena a mi representado a los salarios dejados de percibir cuando no existe elemento probatorio de un despido directo injusto ya sea verbal o escrito. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este primer motivo de casación, se encuentra comprendido en el numeral 1° párrafos primero del artículo 765 del Código del Trabajo, por infracción directa. EXPRESIÓN DEL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN. La ley sustantiva es el conjunto de normas contenidas dentro de un cuerpo de leyes, que establecen derechos y obligaciones o bien como lo define don Miguel Gerardo Salazar, “por ley sustantiva se entiende toda norma de derecho positivo de carácter nacional, por medio de la cual se consagran derechos y obligaciones correlativas.- Bajo esa denominación quedan comprendidas no solo las que reúnan el carácter formal de leyes, por ser expedidas por el Congreso Nacional de la República, sino también los decretos legislativos expedidos por el gobierno nacional, en uso de facultades extraordinarias; de igual manera don Guillermo Cabanellas define lo que es ley sustantiva al decir que es la que concede un derecho o impone una obligación, la que permite o prohíbe ciertos actos; la reguladora de las instituciones jurídicas, se contraponen a la ley adjetiva, que establece los medios para efectividad y garantía de las relaciones y normas de fondo. Al conceptualizar en este primer motivo la infracción directa que envuelve la rebeldía de la Corte de Apelaciones del Trabajo en su fallo, a pesar de no haber citado en sus disposiciones legales los artículos 112 y 113 del Código del Trabajo, como si se hubiese comprobado por la parte demandante que existió un despido el cual lo define el tribunal de primera instancia y en la sentencia de la corte de apelaciones del trabajo que existió la manifestación de la terminación de la relación de trabajo a través del despido no exponen si es verbal o por escrito por tal motivo Honorable magistrados la infracción directa está debidamente comprobado técnica y jurídicamente al haber aplicado las normas antes señaladas a un hecho inexistente, al confirmar el tribunal de segunda instancia el fallo del juzgado del trabajo hace propio todo su contenido. Es de conocimiento lato de todo profesional del derecho que el artículo 112 del Código del Trabajo establece las causas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo, sin responsabilidad de su parte, es entendido que previo a la aplicación de dicha sanción se deberá levantar un acta comprobándose los hechos, en aplicación del principio del debido proceso que lo define el artículo 3 del Código Procesal Civil nuestra apreciación y así está comprobado es que la terminación de la relación de trabajo debe constar por escrito o en su defecto haberse comprobado con testigos tal como lo manifiesta el artículo 117 del Código del Trabajo, lo que rio probo la parte demandante. La revisión minuciosa del expediente de primera instancia llevara a los honorables magistrados a la conclusión que rio existe ningún despido injustificado para que a mi representado El Estado de Honduras se le haya condenado al pago de los salarios dejados de percibir, pues así lo manifiesta el artículo 113 del Código del Trabajo en su párrafo segundo que cuando el patrono no prueba la causa del despido debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según este código le puedan corresponder y, a título de daños y perjuicios, los salarios que este habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha que con sujeción a las normas procesales del presente código debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva; la ley ya establece en el artículo antes mencionado que para que suceda la condena en concepto de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, el patrono no haya probado en juicio la causa del despido, en el presente caso no hubo tal discusión ni mucho menos elementos probatorios de tal naturaleza lo que si existió fue la finalización del último contrato de trabajo tomando en consideración el artículo 26 del Código del Trabajo que dice en su párrafo primero: El contrato de trabajo obliga a lo expresamente pactado y a las consecuencias que dé él se derivan según la ley, la costumbre, el uso o la equidad. Por tal razón este primer motivo de casación deberá casare en sentencia definitiva.- II.Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) las normas señaladas como violadas, artículos 112 y 113 del Código de Trabajo contienen distintos párrafos y literales, con diferentes situaciones jurídicas que era necesario precisar a cuál de ellas dirigía su ataque contra el fallo impugnado. b) cita en su expresión normativa no indicada como violada en la formulación del cargo, tal es el caso de los artículos 26 y 117 del Código del Trabajo; y, artículo 3 del Código Procesal Civil c) la infracción directa es ajena a los hechos debatidos y al material probatorio, por ello esa vía no es la apropiada para atacar el fallo, cuando el tema del despido fue objeto de la controversia y por ende de la prueba d) formula alegatos propios de instancia.- III. Que la Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente:“SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN: Acuso la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del trabajo el veinte de junio del año dos mil dieciocho que confirma la dictada por el juzgado de letra del trabajo de este departamento de Francisco Morazán el dieciocho de abril del dos mil dieciocho por interpretación errónea de la ley, la cual se produce cuando el juez habiendo aplicado la norma le atribuye un sentido y alcance que no tiene, es decir que solo tienen lugar cuando el fallador de instancia ha hecho una equivocada apreciación de la norma considerada en si misma con presidencia de la cuestión de hecho que se trata de regular, como sucede en el caso de la infracción directa como es en la extra y ultra petita definida en el artículo 728 del Código del Trabajo al ordenar el pago de salarios sin existir una prueba definitoria de esta acción. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este segundo motivo de casación está comprendido en el artículo 765 numeral l párrafo segundo del Código del Trabajo, en cuanto que el sentenciador incurrió en grave delito al haber establecido sin razón daños y perjuicios como los son los salarios dejados de percibir, por las razones siguientes. EXPRESIÓN DEL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN. Don Miguel Gerardo Salazar sostiene que para que se produzca la violación de la ley por interpretación errónea, es necesario que se dé los siguientes requisitos: a) Que la norma legal aplicada por el juzgador sea la adecuada al hecho o caso controvertido, el que, por otra parte, debe de estar plenamente demostrado en el juicio; b) Que el texto de la norma no sea claro y preciso, de tal manera que dé a lugar a interpretaciones diversas y c) Que el sentenciador le haya dado a esa norma legal una interpretación que no corresponde a su verdadero espíritu. Al confirmar la honorable corte de apelaciones del trabajo el fallo de primera instancia hizo propios todos los argumentos legales y sus motivaciones de la sentencia de primera instancia, la cual en su parte dispositiva de los fundamentos de derecho cita los artículos 112 y 113 del Código del Trabajo como si existió un despido injustificado, provocando que la sentencia contengan interpretaciones erróneas de la norma legal al no darle el verdadero sentido jurídico tratando el fallo como si existiera un despido injustificado, es por ese motivo se citó la regla en su literal c) que dice: QUE EL SENTENCIADOR LE HAYA DADO A ESA NORMA LEGAL UNA INTERPRETACIÓN QUE NO CORRESPONDE A SU VERDADERO ESPÍRITU. Es decir, al interpretar erróneamente que existió un supuesto despido el fallo de segunda instancia que confirma el de primera instancia se enmarca en la interpretación errónea de la norma legal. Por tal motivo procede casar el presente motivo.“.- IV. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) falta claridad y precisión al indicar “la interpretación errónea y su vez la infracción directa”, siendo distintas formas de violar la Ley, que deben invocarse de forma separada por la independencia de los cargos, en este recurso; b) carece de norma sustantiva violada, ya que el artículo 728 del Código del Trabajo es objetivo procesal; c) el precepto autorizante no corresponde al tipo de infracción alegada en su explicación alude a normativa no invocada como infringidas o relacionadas en su formulación, tal es el caso de los artículos 112 y 113 del Código del Trabajo.- V.- Que el Impetrante formula un tercer motivo de casación en el que alega: “ TERCER MOTIVO DE CASACIÓN: Acuso la sentencia definitiva dictada por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de este departamento, el veinte de junio del año dos mil dieciocho, que confirma la sentencia definitiva que dicto el Juzgado de Letras del Trabajo de este departamento el dieciocho de abril del año dos mil dieciocho, por ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional contemplada en los artículos 112 en el cual se manifiestan las causan que facultan al patrono para dar por terminado el contrato del trabajo, igualmente el 113 que condena a los salarios dejados de percibir; ambos del Código del Trabajo párrafo segundo que solo puede haber codena de daños y perjuicios en concepto de salarios dejados de percibir siempre y cuando el patrono no pruebe la causa del despido, por aplicación indebida de las normas antes indicadas, en este caso honorable magistrados en la regla primera de dicha aplicación se debe entender que cuando una norma en sí misma y sin que medien errores de hecho o de derecho, se hace aplicación de la regla jurídica a un hecho que no está regulado por ella, o cuando se aplica dicha regla a ese hecho probado en forma de llegar a consecuencias jurídicas contrarias a las que ordena la ley, como es el caso de haber aplicado las normas citadas en relación a un despido que no existió, y que el magistrado ponente don Roberto Villalobos se excedió al confirmar la sentencia apelada condenando al pago de salarios dejados de percibir sin comprobarse un despido ya sea esté de carácter verbal o escrito. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este tercer motivo de casación está comprendido en el numeral 1° párrafo primero dela artículo 765 del Código del Trabajo por aplicación indebida. EXPRESION DEL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN. Doctrinariamente y con el mayor respeto a la Honorable Corte Suprema de Justicia entendemos que la aplicación indebida se dio por haberse aplicado una norma legal que no está cuestionada por el hecho que no existió despido verbal o escrito la cual se aplicó en forma indebida con errores de hecho al no existir una prueba que le haya dado motivo al juzgador para sostener el despido directo que señala los artículos 112 parte introductora y 113 párrafo segundo del Código del Trabajo. Como es posible honorable magistrado que la Honorable Corte que al confirmar el fallo de primera instancia no toma en consideración la ausencia total y absoluta del despido directo, más bien procede con alevosía a confirmar el fallo aplicando los artículos 112 y 113 que son los referidos a los despidos directos y que regulan la condena de los salarios dejados de percibir, así mismo se produce la violación en forma indebida del artículo 26 del Código del Trabajo al no tomar en consideración lo expresamente pactado en los contratos por tiempo determinado por tal razón este motivo deberá casar en la sentencia que legal y justamente dicte esta Honorable Corte Suprema de Justicia”.- VI. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) las normas señaladas como violadas, de los artículos 112 y 113 del Código del Trabajo contiene distintos párrafos y literales, como diferentes situaciones jurídicas que era necesario precisar a cuál de ellas dirigía su ataque contra el fallo impugnado; b) en la formulación del cargo hace referencia a la aplicación indebida de las normas que considera infringidas; sin embargo, en el primer motivo señala la infracción directa de las mismas, lo cual es contradictorio, ya que el juzgador no puede haber apreciado indebidamente y dejados de aplicar las mismas disposiciones. c) olvida el Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba, ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley, en el motivo expuesto las causas de terminación fueron objeto de la controversia y por ende del material probatorio; d) cita normativa no indicada como violada en la formulación del cargo, tal es el caso del artículo 26 del Código del Trabajo.- VII.- Se debe recordar el criterio sostenido por este Tribunal, que en el ámbito laboral existe limitación de la autonomía de la voluntad, ya que las normas de trabajo y seguridad social son de orden público y, por ello, aunque en la práctica las partes pueden pactar lo que quieran, lo cierto es que dicho pacto será válido solamente si es respetuoso de la normativa laboral, esto en consonancia con los artículos 128 de la Constitución de la República (preámbulo) y 3 del Código del Trabajo, preceptos que le niegan eficacia a los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos laborales que tiene el trabajador; y que, en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que efectivamente sucede en el terreno de los hechos, ya que dicha divergencia así como puede proceder de un simple error involuntario, puede también estar inspirada intencionalmente para simular o esconder la verdad y eludir el cumplimiento de obligaciones legales u obtener un provecho ilícito. Debe, entonces, quedar claro que la existencia o no de una relación o un contrato de trabajo, su permanencia o temporalidad y demás cualidades dependen, no de lo que las partes previamente hubieren pactado por escrito o en forma verbal, o de si se esté o no en determinada partida presupuestaria, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre prestando sus servicios, pues siempre deben prevalecer los aspectos fáctico-sustanciales por sobre los jurídico-formales. (Ver sentencias expedientes CL326-15, CL102-17 y CL290-17).- VIII.- Que también la Sala Constitucional de este Tribunal ha venido señalando: “Que por disposición constitucional y en amplia jurisprudencia, este Tribunal Supremo ha determinado que independientemente de lo pactado en los llamados contratos de servicios profesionales o los de otra designación, serán nulos los actos, estipulaciones y convenciones que impliquen renuncia, disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos y garantías referentes al trabajo, reconocidas en la Constitución de la República[1]…Que en concordancia con lo anterior, la existencia de una relación de trabajo no depende de lo que las partes hubieren pactado, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre colocado, de modo que la aplicación del derecho del trabajo depende cada vez menos de una relación jurídica subjetiva, cuya existencia es independiente del acto que condiciona su nacimiento; por ello resulta erróneo pretender juzgar la naturaleza de esta relación, de acuerdo a lo que las partes hubieren pactado, ya que si las estipulaciones consignadas en el contrato no corresponden a la realidad, y además implican renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución y el Código del Trabajo le otorgan al trabajador, son nulas de pleno derecho.” (Ver sentencias del 30 de septiembre del 2016, expedientes AL 273-15 y AL 694-15, 19 de octubre del 2016 expedientes AL 777-14 y AL 1134-15).- IX. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los cuatro días del mes de diciembre del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha treinta de octubre del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 453-18.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
[1] Artículo 128 Constitucional