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Sentencia CL-437-18 — Registro 9201

Resumen

Segunda instancia confirmó parcialmente con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, vacaciones proporcionales, aguinaldo, aguinaldo proporcional, décimo cuarto mes, décimo cuarto mes proporcional, indemnización por despido en estado de embarazo, descanso prenatal y post natal, horas de lactancia, vacaciones pendientes, salarios dejados de percibir, desde el momento del despido hasta sentencia firme a título de daños y perjuicios

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón que la Censora del fallo alega por la vía del error de derecho, la violación de las normas que determinan el derecho de estabilidad laboral; sin embargo, el error de derecho en la casación de trabajo, tiene lugar cuando se haya dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la Ley, por exigir ésta al efecto una determinada solemnidad para la validez del acto, púes en este caso no se puede admitir su prueba por otro medio y también cuando deja de apreciarse una prueba de esta naturaleza, siendo el caso de hacerlo, situación que en el presente asunto no se ha expuesto bajo alguna de esas modalidades, sino que se invoca la falta de apreciación de unos documentos, que en su concepto presentan irregularidades y alteraciones; todo ello hace inadmisible dicho motivo.-"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., cinco de septiembre de dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 18 de febrero del 2019, por el Abogado SOTERO MEJÍA PADILLA, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, la señora JESSICA ALEJANDRA CRUZ FLORES, representada en juicio por la Abogada YESICA PATRICIA ZAVALA FUENTES. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, vacaciones proporcionales, aguinaldo, aguinaldo proporcional, décimo cuarto mes, décimo cuarto mes proporcional, indemnización por despido en estado de embarazo, descanso prenatal y post natal, horas de lactancia, vacaciones pendientes, salarios dejados de percibir, desde el momento del despido hasta sentencia firme a título de daños y perjuicios más costas del presente juicio; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 28 de agosto del 2014, por la señora JESSICA ALEJANDRA CRUZ FLORES, mayor de edad, casada, Bachiller Técnico en Computación, hondureña de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (SEDIS) PRAF, a través de su representante legal el señor LISANDRO ROSALES BANEGAS. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 15 de junio del 2018, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 05 de abril del 2018, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando CON LUGAR PARCIALMENTE la demanda ordinaria laboral promovida por la señora JESSICA ALEJANDRA CRUZ FLORES, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de su representante el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA.- SEGUNDO: CONDENAR al ESTADO DE HONDURAS, por medio de su representante el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA A RECONOCER una relación de trabajo permanente la que sostenía la demandante señora JESSICA ALEJANDRA CRUZ FLORES, con el ESTADO DE HONDURAS, por medio de su representante el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, por lo que la finalización de la relación laboral por haberse cumplido la vigencia del último contrato de trabajo por tiempo determinado es ilegal y ha operado el despido directo, ilegal e injustificado, siendo procedente el pago a favor de la demandante de las prestaciones e indemnizaciones laborales de la siguiente manera: Preaviso Lps. 25,666.66 auxilio de cesantía Lps. 25,666.66; auxilio de cesantía proporcional Lps. 8,054.90; vacaciones proporcionales Lps. 2,647.89 aguinaldo proporcional Lps. 3,276.71; decimo cuarto mes proporcional Lps. 9,659.04 por lo que asciende a un tota a pagar de SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS (Lps. 72,971.86) más los salarios dejados de percibir desde la fecha del ilegal del despido hasta que el presente fallo adquiera el carácter de firme.- TERCERO: SE CONDENA al ESTADO DE HONDURAS, por medio de su representante el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, al pago de vacaciones, decimo tercer y cuarto mes de salario en los periodos 2012-2013, 2013-2014 causados y proporcionales, desglosándose dichos pagos así: vacaciones (Lps.14,666.40); décimo tercer mes (Lps. 22,000.00); décimo cuarto mes (Lps. 22,000.00)- CUARTO: SE ABSUELVE al ESTADO DE HONDURAS, por medio de su representante el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA al pago de indemnización por despido en estado de embarazo, descanso post natal y horas de lactancia.- QUINTO: SIN COSTAS….”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que comenzó a laborar para el demandado, el 16 de agosto del 2011, como Digitadora de datos, bajo contrato escrito por tiempo definido, devengaba un salario de L.11,000.00, que el 02 de abril del 2014 el representante del BID, lo despidió verbalmente, manifestándole que había recibido órdenes de la Directora del PRAF, despido que se dio en virtud de que no había presupuesto; con el ánimo de llegar a un acuerdo conciliatorio, compareció ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad social, siendo imposible el mismo se dio por agotado el trámite administrativo.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda alegando como hechos y razones de la defensa, que la demandante equivocó el camino para ejercer la acción, ya que debió interponer la acción ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, por corresponder a un Contrato de Consultoría para la Prestación de Servicios Profesionales; manifestó además que entre la demandante nunca existió ni ha existido una relación de trabajo, sino una prestación de servicio regida por el Contrato de Consultoría con fecha de inicio y terminación, contratos que se encuentran dentro del marco de lo que establecen las Disposiciones Generales del Presupuesto y la Ley Orgánica del Presupuesto; basándose en el artículo 364 de la Constitución de la República y el artículo 1 del Decreto Legislativo número 266-2013 que contiene la Ley para optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, de fecha 16 de diciembre del 2013.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 05 de abril del 2018, dictó sentencia declarando con lugar parcialmente la demanda ordinaria laboral; promovida por la señora JESSICA ALEJANDRA CRUZ FLORES, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (SEDIS) PRAF, a través de su representante legal el señor LISANDRO ROSALES BANEGAS; condenó a la parte demandada, a reconocer una relación de trabajo permanente la que sostenía la demandante, con el Estado de Honduras, por lo que la finalización de la relación laboral por haberse cumplido la vigencia del último contrato de trabajo por tiempo determinado es ilegal y ha operado el despido directo, ilegal e injustificado, siendo procedente el pago a favor de la demandante de las prestaciones e indemnizaciones laborales por un total de L. 72,971.86, más los salarios dejados de percibir desde la fecha del ilegal del despido hasta que el presente fallo adquiera el carácter de firme; condenó a la parte demandante, al pago de vacaciones, décimo tercer y cuarto mes de salario en los periodos 2012-2013, 2013-2014 causados y proporcionales, desglosándose dichos pagos así: vacaciones L.14,666.40; décimo tercer mes L. 22,000.00; décimo cuarto mes L. 22,000.00; absolvió a la parte demandada, al pago de indemnización por despido en estado de embarazo, descanso post natal y horas de lactancia, sin costas; bajo el criterio que el contrato de trabajo que nació como temporal se ha desnaturalizado, pues su permanencia en el tiempo y la naturaleza de la labor desempeñada ha provocado la exigencia y necesidad de la institución en cuanto a los puestos de trabajo.- También hay que agregar que el puesto de trabajo que desempeña la demandante en la institución, no pueden ni deben considerarse de carácter temporal, pues los servicios que proporciona son necesarios para la plena operatividad de la institución, tomando en cuenta la función y el objeto de creación de la misma, por lo que no pueden ser accidentales.- Concluyendo que dicha forma de contratación no tiene la mínima intención de poner fin a la relación laboral suscrita originalmente como temporal.- El Código del Trabajo y sus principios resuelven éste tipo de abusos y violaciones contra los trabajadores, con lo establecido en el artículo 3 del Código del Trabajo que dice: “Son nulos ipso jure todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la constitución, el presente código, sus reglamentos o las demás leyes de trabajo o previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato de trabajo u otro pacto cualquiera”.- Por lo que si el empleador, utilizando el contrato de trabajo por tiempo determinado, pretendía rehuir sus obligaciones patronales, SON NULOS IPSO JURE dichos contratos de servicios profesionales y sus fecha de finalización, ya que los mismos eliminan y disminuyen derechos laborales y constitucionales, ya adquiridos por los trabajadores derivados de una relación típica de trabajo; haciendo la aclaración que lo que se invalida es la declaración fraudulenta o simulada de la voluntad de las partes (o la de una de ellas en realidad), no respecto de la decisión de relacionarse o de vincularse jurídicamente, en consecuencia se extingue con la sanción de nulidad a cualquiera y a toda modalidad fraudulenta o de simulación, donde se pretenda la violación de derechos laborales, pero subsiste y debe de aplicarse al contrato de trabajo, las normas laborales y previsionales por encima de la voluntad de las partes, por ser las normas de Derecho del Trabajo de orden público y de cumplimiento obligatorio.- Por consiguiente es nulo de pleno derecho, al tenor de lo establecido en el artículo 3 del Código del Trabajo, la fecha de finalización de los contratos de trabajo por tiempo determinado que en su momento suscribió la demandante, debiendo el empleador de someterse a las disposiciones legales para despedir a un trabajador permanente con o sin causa justificada, por lo que al no existir una causa legal de justificación de despido de la demandante, ha operado el despido directo, ilegal e injusto, siendo procedente lo solicitado por la demandante, en cuanto al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales y salarios dejados de percibir. Debido a que la contratación de la demandante, no estipulaba el pago de vacaciones, décimo tercer y cuarto mes, esta juzgadora otorga dichos pagos causados y proporcionales en los periodos 2012- 2013 y 2013-2014, por considerarse su contrato de trabajo por tiempo indefinido, desglosándose dichos pagos de la manera siguiente: vacaciones L. 14,666.40; décimo tercer mes (Lps. 22,000.00); décimo cuarto mes L. 22,000.00; así mismo se hace ver que se ha acreditado con la prueba documental el salario devengado por la señora demandante por la cantidad de L. 11,000.00 con el contrato N°068/PRAF/BCIE/CN/2045/2013 en el cual se establece forma de pago y que estos se harán mensualmente a razón de L. 11,000.00; que de la lectura del escrito de demanda una de las pretensiones de la parte actora es el pago de indemnización por despido en estado de embarazo, descanso post natal y horas de lactancia, señalando que la misma se encontraba en estado de embarazo al ser sujeta a la terminación de la relación laboral de manera ilegal e injusta, la parte demandante ha hecho llegar al proceso el medio de prueba documental consistente en controles de embarazo, exámenes de laboratorio relacionados con el mismo y la certificación de acta de nacimiento de su hijo José David Amador Cruz, partiendo de lo anterior, si bien es cierto el Código del Trabajo en su precepto 144 estipula la presunción de despido por motivos de embarazo o lactancia cuando ha tenido lugar dentro del periodo del embarazo o dentro de los tres meses posteriores al parto, es del criterio de esta juzgadora, que no es menos cierto que a pesar de que el despido injustificado se suscitó mientras la señora demandante se encontraba en estado de gestación, este debía ser notificado al empleador por parte de la trabajadora, en el caso que nos ocupa, no se ha acreditado en el proceso con medio de prueba alguno por la apoderada de la parte demandante, que la trabajadora notificó a su empleador su estado de gestación, la institución demandada no podía suponer este extremo al manifestarle la terminación laboral a la demandante, que dicho sea no ha sido considerado el estado de gestación para dar por terminada la relación laboral, a quien la que juzga considera injusta por otras razones, en vista de lo expuesto es del criterio que no procede el pago de indemnización por despido en estado de embarazo, descanso post natal y horas de lactancia.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 15 de junio del 2018, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que del estudio de los hechos y derechos así como los medios de prueba acreditados en juicio, este Tribunal de Alzada ha llegado al convencimiento que la sentencia definitiva dictada por la Juez A-quo, y que se revisa en apelación está apegada a derecho y procede su confirmatoria, convencimiento que se valora con los hechos que con los medios de prueba acreditados en juicio por las partes fue probada la relación que existió entre empleador demandado y trabajadora demandante, la cual se inició el 16 de agosto del 2011 y terminó la relación laboral entre empleador y demandante el 02 de abril del 2014 siendo su último salario que percibía mensual de L.11,000.00; que del análisis de los medios de prueba documental, se determina que la demandante fue contratada por medio de contratos de servicios profesionales los cuales, son solamente de nombre, constituyendo con ello un fraude a la Ley, pues en todo su contenido es notorio la existencia de un verdadero contrato de trabajo, en los mismo aparece una continuidad en el servicio en actividades de naturaleza permanente, con lo que se materializa la existencia de los elementos que establece el artículo 20 del Código del Trabajo y que en relación a los artículos 47 y 52 de este mismo ordenamiento legal hace evidente la existencia de una relación laboral por tiempo indeterminado o indefinido; que el empleador al ponerle fin a la relación laboral sin sustento de causa legal establecido en el artículo 112 del Código del Trabajo violenta el derecho de la trabajadora y las garantías constitucionales contenida en el artículo 129 de esta Carta Magna; que la parte demandada con sus medios de prueba no justifico el despido ilegal que fue objeto el demandante.- 5.- Mediante auto de fecha 17 de enero del 2019, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado SOTERO MEJÍA PADILLA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 18 de febrero del 2019, compareció ante éste Tribunal el Abogado SOTERO MEJÍA PADILLA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 22 de marzo del 2019, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada YESICA PATRICIA ZAVALA FUENTES, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que el Abogado SOTERO MEJÍA PADILLA, en su primer y único motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia recurrida ser violatoria de Ley sustantiva de orden nacional por aplicación indebida del Artículo 47 del Código del Trabajo proveniente del error de derecho por la falta de apreciación del medio de prueba denominado 1 DOCUMENTAL: Consistente en los Contratos de Consultoría que firmase la señora JESICA ALEJANDRA CRUZ, con mi representado, los cuales obran de la pieza principal, por lo que la aplicación indebida del 47 del Código del Trabajo, artículos 3, 5, 13 numeral 2 y 3 y 479 numeral 2 y 3 del Código Procesal Civil. La aplicación indebida de la norma se encentra en el CONSIDERANDO (7,8), donde se manifiesta que desde el inicio de la relación laboral de la demandante, con la institución demandada ha sido continua y para la misma clase de trabajo; por lo consiguiente esta continuidad de celebración de Contratos se entiende por tiempo indefinido por lo que se cumple con la condición para considerar un trabajo permanente. Olvidándose el señor juez que los “Contratos de Consultoría” como el firmado por mi representado y la actora de la demanda forman parte del derecho laboral, siendo estos contratos especiales contemplados dentro del marco de lo que establece la Ley de Contratación del Estado Concepto dentro del cual se enmarcó la prestación de servicios realizados por la Demandante por ser su labor predominantemente técnica, de carácter temporal y no permanente. NORMAS PROCESALES QUE SIRVIERON PARA LA VIOLACIÓN. Las normas procesales que llevaron a la violación de las normas sustantivas señaladas, son los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 765 ordinal primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. La Corte Sentenciadora, al confirmar el fallo dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo, incurrió en error de derecho, al no aprecia que la modalidad bajo la cual eran tutelados los Servicios de Consultoría que prestaba la Demandante a mi representado, por lo que es improcedente colocar estos dentro del marco de la normativa que rige los contratos de Consultoría contemplados en el Código del Trabajo, tomando en consideración que los contratos que suscribiera la Demandante cuenta con tres características: a) Su contratación consistía en prestar servicios específicos a la Administración en la medida y con y alcance que ésta determine (concepto que rige la Ley de Contratación del Estado para los contratos de Consultoría); y sobre todo no tiene el carácter de permanente, b) la única deducción que se le hacía en su pago era la del 12.5% (doce punto cinco por ciento) según la Ley de Impuestos sobre la Renta. Concluyéndose de lo anterior que la normativa jurídica que la Corte Acusada HA APLICADO DE MANERA INDEBIDA al presente caso, el Artículo 47 del Código del Trabajo A este respecto la doctrina refiere que la violación se produce cuando existiendo un hecho que no se discuta o que esté debidamente comprobado, deja de aplicar la norma que lo regula o cuando, al contrario, se aplica una norma a un hecho inexistente. Por lo anteriormente expuesto, procede Honorable Corte casar la sentencia en el presente motivo”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón que la Censora del fallo alega por la vía del error de derecho, la violación de las normas que determinan el derecho de estabilidad laboral; sin embargo, el error de derecho en la casación de trabajo, tiene lugar cuando se haya dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la Ley, por exigir ésta al efecto una determinada solemnidad para la validez del acto, púes en este caso no se puede admitir su prueba por otro medio y también cuando deja de apreciarse una prueba de esta naturaleza, siendo el caso de hacerlo, situación que en el presente asunto no se ha expuesto bajo alguna de esas modalidades, sino que se invoca la falta de apreciación de unos documentos, que en su concepto presentan irregularidades y alteraciones; todo ello hace inadmisible dicho motivo.- IV.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dieciocho días del mes de septiembre del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha cinco de septiembre del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 437-18.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

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