Sentencia CL-422-17 — Registro 8583
Resumen
Segunda instancia reformó la sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, pago de salarios dejados de percibir hasta que la sentencia quede firme, en virtud de despido directo, más costas del juicio
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
" En el tópico de las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentación y motivación, ya que la primera es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez.- Quien motiva explica las causas de sus decisiones y esas pueden ser incluso irracionales. Quien explica da razones para hacer aceptable lo resuelto.- Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídicos.- 7.- Que revisada la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, emitida en fecha diecinueve de junio del año dos mil diecisiete, mediante la cual se reforma la dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán dictada en fecha 17 de marzo del 2017. Se aprecia en la misma, la carencia de suficiente fundamentación y motivación, a saber: a) se omite señalar la disposición que fundamenta el ad-quem su decisión al declara sin lugar la excepción de prescripción opuesta por la parte demandada (prescripción ordinaria); y, b) no se realiza razonamiento suficiente en cuanto a la procedencia o no de los salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios, considerando que declara con lugar los mismos bajo el fundamento de que el reconocimiento de una deuda por parte del empleador (deudor) para con el trabajador (acreedor) determina el origen de una nueva relación, no regulada por el Código del Trabajo.- "
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que revisada la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, emitida en fecha diecinueve de junio del año dos mil diecisiete, mediante la cual se reforma la dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán dictada en fecha 17 de marzo del 2017. Se aprecia en la misma, la carencia de suficiente fundamentación y motivación, a saber: a) se omite señalar la disposición que fundamenta el ad-quem su decisión al declara sin lugar la excepción de prescripción opuesta por la parte demandada (prescripción ordinaria); y, b) no se realiza razonamiento suficiente en cuanto a la procedencia o no de los salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios, considerando que declara con lugar los mismos bajo el fundamento de que el reconocimiento de una deuda por parte del empleador (deudor) para con el trabajador (acreedor) determina el origen de una nueva relación, no regulada por el Código del Trabajo.- 8.- Las Resoluciones Judiciales emitidas por los Órganos Jurisdiccionales deben estar dotadas de cierto contenido y requisitos formales para su validez, Requisitos esenciales como la claridad, precisión y exhaustividad, todo ello con la debida congruencia y suficiente motivación, conforme a los artículos 200 numeral 2) literal c) 206 numeral 1) y 207 numeral 1).- 9.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- 10.- Que por las razones antes expuestas, es procedente declarar la nulidad de la sentencia recurrida, para que el Ad-quem proceda de conformidad a derecho."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., cinco de febrero del dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 21 de noviembre del 2017, por la Abogada KATY YANETH RODRÍGUEZ FUNES, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, el señor HÉCTOR JONATHAN AYALA ANDINO, representada en juicio por la Abogada MERVIN ONDINA RIVAS CERRATO. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, pago de salarios dejados de percibir hasta que la sentencia quede firme, en virtud de despido directo, más costas del juicio; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 19 de mayo del 2016, por el señor HÉCTOR JONATHAN AYALA ANDINO, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE OBRAS PUBLICAS TRANSPORTE Y VIVIENDA (SOPTRAVI), ahora SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP). El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 19 de junio del 2017, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló REFORMANDO la sentencia de fecha 17 de marzo del 2017, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: I.- REFORMA la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán de fecha 17 de marzo del 2017, que corre a folios del 35 al 38 de la primera pieza de autos de la forma siguiente: PRIMERO: Declarar SIN LUGAR la Excepción Perentoria de Prescripción opuesta por el Representante Procesal de la parte demandada.- SEGUNDO: Declara CON LUGAR la demanda para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, pago de salarios dejados de percibir hasta que la sentencia quede firme en virtud de despido directo promovida por el señor HÉCTOR JONATHAN AYALA ANDINO contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de su Procurador General de la República Abogado ABRAHAN ALVARENGA URBINA.- II.- Condenar al ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Secretaria de Estado en el Despacho de INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP), representada por la Procuraduría General de la República, a través del Abogado ABRAHAN ALVARENGA URBINA, al pago de los siguientes conceptos: Preaviso: Lps.5,833.46; auxilio de cesantía: Lps.5,833.46; auxilio de cesantía proporcional: Lps.4,375.13; vacaciones: Lps.1,944.50; vacaciones proporcionales: Lps. 1,750.05; aguinaldo proporcional: Lps.430.01; décimo cuarto mes proporcional: Lps.2,930.00 para un TOTAL de Los.23,096.67; más los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios desde la fecha de la terminación de la relación laboral hasta que sea firme la sentencia definitiva. - III.- SIN COSTAS en esta instancia”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que fue contratado por la demandada, el 02 de mayo del 2006; mediante el sistema de jornal, ocupando el cargo de Calculista, devengaba un salario mensual de L. 5,000.10); que fui despedido el 31 de enero del 2008, directamente mediante nota escrita firmada y sellada por el Licenciado Rogelio Ortega Gámez, en su condición de Sub Gerente de Recursos Humanos de SOPTRAVI Hoy conocido como INSEP; que fue miembro del Sindicato de Trabajadores, quienes hicieron acuerdo con el jefe de personal de ese momento, para el reintegro a las labores y que se abstuviera de demandar en ese momento, incumpliendo lo acordado en la nota de despido de ofrecerle el pago de todos los derechos que le concede la ley al haber sido despedido injustamente; y al darse cuenta de las promesas falsas de las autoridades de INSEP para reintegrarlo y para no pagarle las prestaciones laborales y siendo que transcurrió el tiempo; el 07 de marzo de 2016, solicitó ante la Inspectoría General del Trabajo Dependencia de la Secretaria de Estado en los Despachos del Trabajo y Seguridad Social, se le nombrara un inspector quien se personó a INSEP y levanto acta de lo que le manifestó el demandante y la asesora legal de recursos Humanos; argumentó además que el 12 de abril de 2016, presentó solicitud de Conciliación ante la Secretaría del Trabajo, siendo imposible se dio por agotado el trámite administrativo el 19 de abril del 2016.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que el demandante, sostuvo efectivamente una relación de servicio por periodo limitado y determinado, mediante el Sistema denominado Jornal o Pago por Planillas, pues es característica de este tipo de relación contractual no establecer salarios fijos o mensuales por ser esta una modalidad por tiempo determinado con un salario diario conforme al mes calendario o a los días laborados; y que si bien es cierto que mediante nota de fecha 21 de enero del 2008, el Licenciado Rogelio Ortega Gámez, en su condición de Sub-Gerente de Recursos Humanos de la Secretaria de Obras Publicas Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) ahora Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), le informó al demandante que tal como era de su conocimiento, el contrato era por tiempo determinado, en el cual se estableció la fecha de inicio y de finalización del mismo; en ese sentido la nota que se le entrego al demandante no constituye despido alguno como lo intenta hacer ver la parte actora, sencillamente es la notificación que se le hace en cuanto a que la relación laboral había finalizado; alegó que no existe en la jefatura de personal de tal Secretaría ni en el sindicato de trabajadores de Insep (SITRAINSEP), acuerdo alguno donde las partes hayan pactado la voluntad de reintegrar al demandante, tampoco consta en la demandada trámite alguno de prestaciones en el que conste que el demandante haya presentado la documentación requerida por la Secretaria de Finanzas para dicho desembolso; asimismo el derecho laboral es alternativo, ya sea para el reintegro o el pago de prestaciones laborales y una vez que el patrono comunique al trabajador la terminación del contrato, este goza del derecho a emplazado ante los Tribunales del Trabajo, antes de que transcurra el termino de prescripción, sin dejar de mencionar que el artículo 864 del Código del Trabajo es claro cuando establece “los derechos y acciones de los trabajadores para reclamar contra los despidos injustificados que se les hagan o contra las correcciones disciplinarias que se les apliquen, prescriben en el término de dos meses contados a partir de la terminación del contrato o desde que se le impusieron dichas correcciones, respectivamente,” Sin embargo el demandante dejo vencer el término, el reclamante debió en tiempo y forma alegar los derechos subjetivos que consideraba que le pertenecían antes que se le venciera el tiempo para reclamarlos; en cuanto a la conciliación la demandada no ostenta, facultades para comparecer a ningún tipo de conciliación, así como por la naturaleza del caso; asimismo en audiencia de primera de trámite interpuso la Excepción Perentoria de Prescripción.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 17 de marzo del 2017, dictó sentencia declarando sin lugar, la demanda ordinaria laboral, promovida el señor HÉCTOR JONATHAN AYALA ANDINO, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE OBRAS PUBLICAS TRANSPORTE Y VIVIENDA (SOPTRAVI), ahora SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP), declaró con lugar la Excepción Perentoria de Prescripción opuesta por la parte demandada; absolvió a la parte demandada de pagar los conceptos de preaviso, auxilio de cesantía y salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios y derechos adquiridos al demandante, sin costas; bajo el criterio que es necesario referirse a la excepción perentoria de prescripción de la acción del trabajador para reclacamar contra despidos injustificados de conformidad al artículo 864 del Código de trabajo que concede el termino de 2 meses calendario; de lo cual se procede la siguiente manera: el demandante fue despedido en fecha 31 de enero de 2008, tal como consta en la nota de despido que corre agregada al expediente a folio 7 de los autos. Asimismo consta en autos que el procedimiento administrativo gubernativo fue agotado en fecha 19 de abril de 2016; y la presentación de la demanda en fecha 19 de mayo de 2016 por lo que del análisis de los autos y haciendo relación al artículo 124.4 del Código Procesal Civil que reza: “4. Los plazos señalados por meses o por años se computarán de fecha a fecha”; en consecuencia de la fecha del despido a la fecha del agotamiento administrativo han transcurrido 8 años 2 meses 15 días; por lo anterior se concluye que la acción del demandante para reclamar contra despidos injustificados se encuentra prescrita; que habiéndose excepcionado la prescripción de la acción para reclamar contra despidos injustificados en el momento procesal oportuno y esta prospero, resulta vano hacer alguna pronunciación sobre la cuestión de fondo es decir sobre la legalidad del despido pues Prescripción es un medio de defensa del demandado para librarse de una obligación impuesta por el código de Trabajo o que sea consecuencia de la aplicación del mismo, mediante el transcurso de cierto tiempo; tal sentido es procedente declarar SIN LUGAR la demanda que se ha hecho merito, en cuanto a los conceptos de preaviso, auxilio de cesantía y salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios; que la parte actora también solicito el pago de vacaciones proporcionales hasta la fecha de terminación laboral, a favor del demandante; en cuanto a dicha pretensión la actora al no asistir a la audiencia Primera de Tramite y no aportar ningún medio probatorio que acreditara que dichos derechos le hayan sido debidos, en consecuencia se declaran sin lugar el pago de los mismos.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 19 de junio del 2017, dictó sentencia REFORMANDO la proferida por el a quo, en donde declaró sin lugar la Excepción Perentoria de Prescripción opuesta por la parte demandada; declaró con lugar la demanda ordinaria laboral, promovida el señor HÉCTOR JONATHAN AYALA ANDINO, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE OBRAS PUBLICAS TRANSPORTE Y VIVIENDA (SOPTRAVI), ahora SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP), para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, pago de salarios dejados de percibir hasta que la sentencia quede firme en virtud de despido directo, condenó a la parte demandada, al pago de L. 23,096.67, por dichos conceptos; más los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, desde la fecha de la terminación de la relación laboral hasta que sea firme la sentencia definitiva, sin costas; bajo el criterio que éste Tribunal de Alzada ha llegado al convencimiento que la sentencia definitiva dictada por la Juez A-quo, y que se revisa en apelación no está apegada a derecho y procede su reformatoria; fundamentándose en los hechos de que con la contestación de la demanda y los demás medios de prueba documental, quedo probado la relación laboral que existió entre empleador y trabajador la cual termino el 31 de enero del 2008 con un salario de L.5,000.00; que el trámite de la vía administrativa fue agotada el 19 de abril del 2016 y la demanda se interpuso el 19 de mayo del 2016, la cual se hizo en tiempo y forma después de haber reclamado el pago de sus derechos el trabajador, en virtud del incumplimiento del empleador de la obligación asumida en el pago de sus prestaciones laborales; que el empleador no acredito que cumplió con su obligación por consiguiente no justifica sus alegatos en cuanto a las pretensiones del trabajador demandantes es decir que probó que hizo el pago de las prestaciones laborales al trabajador, no obstante a la obligación indubitada que contrajo de pagarle sus prestaciones o derechos laborales, en la fecha que la despidió de su puesto de trabajo; que la Juez al utilizar un criterio equivocado en cuanto a la Prescripción al que declararlo con lugar no observa normas legales vigentes y aplicables, lo que hace incongruente la sentencia apelada.- 5.- Mediante auto de fecha 11 de octubre del 2017, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada KATY YANETH RODRÍGUEZ FUNES, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 21 de noviembre del 2017, compareció ante éste Tribunal la Abogada KATY YANETH RODRÍGUEZ FUNES, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo tres motivos de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 19 de marzo del 2018, se tuvo por precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte de la Abogada MERVIN ONDINA RIVAS CERRATO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PIENDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- 1.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o Tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- 2.- Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- 3.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8.1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- 4.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental bajo la garantía de igualdad de trato ante la ley y la no discriminación que posibilita a todas las personas, el acceso al conocimiento, ejercicio y defensa de sus derechos y obligaciones, como también para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- 5.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- 6.- En el tópico de las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentación y motivación, ya que la primera es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez.- Quien motiva explica las causas de sus decisiones y esas pueden ser incluso irracionales. Quien explica da razones para hacer aceptable lo resuelto.- Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídicos.- 7.- Que revisada la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, emitida en fecha diecinueve de junio del año dos mil diecisiete, mediante la cual se reforma la dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán dictada en fecha 17 de marzo del 2017. Se aprecia en la misma, la carencia de suficiente fundamentación y motivación, a saber: a) se omite señalar la disposición que fundamenta el ad-quem su decisión al declara sin lugar la excepción de prescripción opuesta por la parte demandada (prescripción ordinaria); y, b) no se realiza razonamiento suficiente en cuanto a la procedencia o no de los salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios, considerando que declara con lugar los mismos bajo el fundamento de que el reconocimiento de una deuda por parte del empleador (deudor) para con el trabajador (acreedor) determina el origen de una nueva relación, no regulada por el Código del Trabajo.- 8.- Las Resoluciones Judiciales emitidas por los Órganos Jurisdiccionales deben estar dotadas de cierto contenido y requisitos formales para su validez, Requisitos esenciales como la claridad, precisión y exhaustividad, todo ello con la debida congruencia y suficiente motivación, conforme a los artículos 200 numeral 2) literal c) 206 numeral 1) y 207 numeral 1).- 9.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- 10.- Que por las razones antes expuestas, es procedente declarar la nulidad de la sentencia recurrida, para que el Ad-quem proceda de conformidad a derecho.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 59, 60, 90 párrafo primero, 127, 303, 304, 313 numeral 5, 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 666 letra c), y 858 del Código del Trabajo; 9 y 11 del Código Civil; 22, 200, 206, 207, 211, 212 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 19 de junio de 2017, visible a folios del 08 al 11 de la segunda pieza.- Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a Derecho.- Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PIENDA VALLE.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los seis día del mes de marzo del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha cinco de febrero del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 422-17.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
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