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Sentencia CL-385-18 — Registro 9022

Resumen

En primera instancia se declaro parcialmente con lugar la demanda ordinaria laboral de emplazamiento para la justificación de la terminación sin causa de la relación laboral con acoso (MOBBING), caso contrario se ordene el reintegro a los puestos de trabajo en iguales o mejores condiciones, con el pago entre otros de los salarios dejados de percibir a título de indemnización por daños y perjuicios, costas, confirmada en segunda instancia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “III.- Que no puede prosperar el cargo que antecede, ya que la Impetrante incurre en los siguientes defectos: a) la violación directa de la ley se produce con prescindencia de los hechos controvertidos y por ello del material probatorio y siendo que la forma de terminación de la relación laboral fue objeto de debate y por ende de la prueba, resulta impropio el ataque por esta vía; y, b) no existe suficiente claridad y precisión, ya que en la parte final de su explicación indica que la norma aplicada indebidamente es el artículo 112 del Código del Trabajo, cuando en su formulación señaló al artículo 113 primer párrafo de dicho cuerpo normativo.”

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

… “III.- Que no puede prosperar el cargo que antecede, ya que la Impetrante incurre en los siguientes defectos: a) la violación directa de la ley se produce con prescindencia de los hechos controvertidos y por ello del material probatorio y siendo que la forma de terminación de la relación laboral fue objeto de debate y por ende de la prueba, resulta impropio el ataque por esta vía; y, b) no existe suficiente claridad y precisión, ya que en la parte final de su explicación indica que la norma aplicada indebidamente es el artículo 112 del Código del Trabajo, cuando en su formulación señaló al artículo 113 primer párrafo de dicho cuerpo normativo.”

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

… “- V.- Que no puede prosperar el cargo que antecede, ya que la Impetrante incurre en los siguientes defectos: a) cita como infringido el párrafo primero del artículo 101 del Código del Trabajo, el cual carece del carácter sustantivo que exige el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico; conviene recordar, que normas sustantivas son aquellas que confieren derechos y obligaciones correlativos o los extinguen; b) la violación directa de la ley se produce con prescindencia de los hechos controvertidos y por ello del material probatorio y siendo que la forma de terminación de la relación laboral fue objeto de debate y por ende de la prueba, resulta impropio el ataque por esta vía; y, c) alegando aplicación indebida de la ley, debió señalar cuál era la norma que debió ser aplicada correctamente por el Juzgador.”

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, Numeral 5 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

… “VII.- Que es inadmisible el cargo anterior, ya que la Recurrente incurre en los siguientes defectos: a) la violación directa de la ley se produce con prescindencia de los hechos controvertidos y por ello del material probatorio y siendo que la forma de terminación de las relaciones de trabajo fue objeto de debate y por ende de la prueba, resulta impropio el ataque por esta vía; y, b) alega interpretación errónea de la ley, sin embargo no explica cual es la interpretación correcta que debió haber efectuado el Juzgador.”

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, Numeral 5 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

… “IX.- Que el cargo que antecede resulta inestimable en virtud que este Tribunal ha venido señalando conforme con la Doctrina y como tiene establecido la jurisprudencia, respetuosa de los principios que gobiernan este recurso, que el error de hecho en la apreciación de las pruebas que conduce a la violación de la ley sustantiva y autoriza al tribunal de casación para casar el fallo impugnado, solo procede cuando el mismo resulta evidente o manifiesto, esto es, tan de bulto o notorio que sin mayor esfuerzo, ni raciocinio y sin necesidad de acudir a hipótesis, conjeturas o deducciones más o menos razonables, se imponga a la mente. También se tiene señalado, que los cargos por error de hecho no pueden prosperar cuando se trata de que en casos dudosos el tribunal haya hecho la crítica de las pruebas y haya considerado demostrado un extremo, sino cuando lo aceptado por el tribunal es abiertamente contrario a lo probado en el juicio. A criterio de este Tribunal de Casación, en el presente caso no se observa la comisión de un error de hecho manifiesto u ostensible por parte del sentenciador.”

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

… “- XI.- Que el cargo que antecede resulta inestimable, ya que al igual que el anterior, señala que el error de hecho en su formulación es por falta de apreciación de la prueba documental y en su explicación se alude a su interpretación errónea, lo que es contradictorio, porque una misma prueba no puede ser dejada de apreciar y apreciada o interpretada erróneamente por el Juzgador.”

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, Numeral 5 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

… “XIII.- Que el cargo que antecede resulta inestimable, ya que no indica el precepto legal autorizante en que se encuentra comprendido el mismo y al igual que en los dos motivos anteriores, señala en su formulación que el error de hecho es por falta de apreciación de la prueba documental y en su explicación se alude a su interpretación errónea, lo que es contradictorio, porque una misma prueba no puede ser dejada de apreciar y apreciada o interpretada erróneamente por el Juzgador.- Adicionalmente, en la explicación alude a normas no invocadas como infringidas o relacionadas en su formulación, tal es el caso de los artículos 101 del Código del Trabajo y 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo.”

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., catorce de mayo de dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 13 de noviembre del 2018, por la Abogada MARIA FERNANDA MENDOZA VELÁSQUEZ, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), como recurrente; además, es parte recurrida, los señores JULIO CESAR AGUILAR SANTOS; ÁNGEL GUSTAVO GUIFARRO CARDONA; ADA MERCEDES ACOSTA GUERRERO; EDIN FERNANDO TURCIOS SALINAS; SANTOS JAVIER ARTIGA SANTOS; CANDIDA ROSA ANDINO UCLES; KEYDY MARICELA ÁVILA ESCOBAR, y EDWIN ALBERTO TOSCANO AGUILAR, representados en juicio por la Abogada BARBARA REYES SALINAS. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral de emplazamiento para la justificación de la terminación sin causa de la relación laboral con acoso (MOBBING), caso contrario se ordene el reintegro a los puestos de trabajo en iguales o mejores condiciones, con el pago entre otros de los salarios dejados de percibir a título de indemnización por daños y perjuicios, costas; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 22 de mayo del 2015, por la Abogada BARBARA REYES SALINAS, en su condición de representante procesal de los señores: JULIO CESAR AGUILAR SANTOS, casado, Licenciado en Administración de Empresas; ÁNGEL GUSTAVO GUIFARRO CARDONA, casado, Agente de Seguridad; ADA MERCEDES ACOSTA GUERRERO, soltera, Licenciada en Administración de Empresas; EDIN FERNANDO TURCIOS SALINAS, soltero, Técnico en Electricidad; SANTOS JAVIER ARTIGA SANTOS, casado, Agente de Seguridad; CANDIDA ROSA ANDINO UCLES, soltera, Secretaria Comercial y de este domicilio; KEYDY MARICELA ÁVILA ESCOBAR, soltera, Estudiante y EDWIN ALBERTO TOSCANO AGUILAR, casado Motorista y con domicilio en Yuscarán Departamento de El Paraíso; todos mayores de edad, hondureños y todos los demás con domicilio en Olancho, contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), por medio de su representante legal y Gerente General el señor JESÚS ARTURO MEJÍA ARITA, mayor de edad, casado, Ingeniero, hondureño y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 20 de junio del 2018, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 02 de marzo del 2018, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por los señores 1) JULIO CESAR AGUILAR SANTOS, 2) ÁNGEL GUSTAVO GUIFARRO CARDONA, 3) ADA MERCEDES ACOSTA GUERRERO, 4) EDIN FERNANDO TURCIOS SALINAS, 5) SANTOS JAVIER ÁRTICA SANTOS, 6) CANDIDA ROSA ANDINO UCLES, 7) KEYDY MARICELA ÁVILA ESCOBAR y 8) EDWIN ALBERTO TOSCANO AGUILAR, contra la empresa HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), a través de su Gerente General señor JESÚS ARTURO MEJÍA ARITA. SEGUNDO: CONDENAR a la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), a través de su Gerente General JESÚS ARTURO MEJÍA ARITA, A REINTEGRAR a su puesto de trabajo en mejores e iguales condiciones a los demandantes señores 1)JULIO CESAR AGUILAR SANTOS, 2) ÁNGEL GUSTAVO GUIFARRO CARDONA, 3) ADA MERCEDES ACOSTA GUERRERO, 4) EDIN FERNANDO TURCIOS SALINAS, 5) SANTOS JAVIER ÁRTICA SANTOS, 6) CANDIDA ROSA ANDINO UCLES, 7) KEYDY MARICELA ÁVILA ESCOBAR Y 8) EDWIN ALBERTO TOSCANO AGUILAR, con todos los beneficios obtenidos en la contratación colectiva durante su ausencia, más los salarios dejados de percibir desde la fecha del ilegal despido hasta que sean debidamente reinstalados.- TERCERO: SE CONDENA a la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) a través de su Gerente General JESÚS ARTURO MEJÍA ARITA, a! pago de los salarios dejados de percibir de los demandantes 1) JULIO CESAR AGUILAR SANTOS, 2) ÁNGEL GUSTAVO GUIFARRO CARDONA, 3) ADA MERCEDES ACOSTA GUERRERO, 4) EDIN FERNANDO TURCIOS SALINAS, 5) SANTOS JAVIER ÁRTICA SANTOS m6) CANDIDA ROSA ANDINO UCLES, 7) KEYDY MARICELA AVILA ESCOBAR Y 8) EDWIN ALBERTO TOSCANO AGUILAR durante el periodo en el cual se encontraban suspendidos sus contratos individuales de trabajo desde el 8 de octubre del año 2014 hasta el 4 de febrero del 2015, misma que será liquidada al momento de ejecución de sentencia.- CUARTO: Se CONDENA a la empresa demandada EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) a través de su Gerente General JESÚS ARTURO MEJÍA ARITA, al pago de décimo tercero. y cuarto mes de salario proporcional y vacaciones proporcionales del periodo 2014-2015 a los demandantes 1) JULIO CESAR AGUILAR SANTOS, 2) ÁNGEL GUSTAVO GUIFARRO CARDONA, 3) ADA MERCEDES ACOSTA GUERRERO, 4) EDIN FERNANDO TURCIOS SALINAS, 5) SANTOS JAVIER ARTICA SANTOS, 6) CANDIDA ROSA ANDINO UCLES, 7) KEYDY MARICELA AVILA ESCOBAR Y 8) EDWIN ALBERTO TOSCANO AGUILAR, cuyas cantidades serán liquidadas en la ejecución de la sentencia; QUINTO: Se CONDENA a la empresa demandada EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) a través de su Gerente General JESÚS ARTURO MEJÍA ARITA, a pagar la bonificación de vacaciones a la señora CANDIDA ROSA ANDINO UCLES goce y bonificación de vacaciones de 26 días y la cantidad adeudada a pagar por la empresa demandada es de Lps. (Lps. 17,316.00).- SEXTO: Se CONDENA a la empresa demandada EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) a través de su Gerente General JESÚS ARTURO MEJÍA ARITA a pagar al demandante EDWIN ALBERTO TOSCANO AGUILAR el recargo de los últimos 2 años del 28% por laborar en horas nocturnas, en los meses marzo- abril 2014 Lps. 5,171.35, marzo-abril 2014 Lps. 5,540.74 y junio-julio 2014 Lps. 3,693.82.- SEXTO: Se ABSUELVE a la empresa demandada EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) a través de su Gerente General JESUS ARTURO MEJIA ARITA al pago de la indemnización de 30 días de salario por la no notificación de la suspensión de que fueron objeto los contratos de trabajo de los demandantes, 1) JULIO CESAR AGUILAR SANTOS, 2) ANGEL GUSTAVO GUIFARRO CARDONA, 3) ADA MERCEDES ACOSTA GUERRERO, 4) EDIN FERNANDO TURCIOS SALINAS, 5) SANTOS JAVIER ARTICA SANTOS, 6) CANDIDA ROSA ANDINO UCLES, 7) KEYDY MARICELA ÁVILA ESCOBAR Y 8) EDWIN ALBERTO TOSCANO AGUILAR.- SÉPTIMO: Se ABSUELVE a la empresa demandada EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) a través,, de su Gerente General JESÚS ARTURO MEJÍA ARITA al pago de reembolsos eventuales de gastos médicos y quirúrgicos de los demandantes 1) JULIO CESAR AGUILAR SANTOS, 2) ÁNGEL GUSTAVO GUIFARRO CARDONA, 3) ADA MERCEDES ACOSTA GUERRERO, 4) EDIN FERNANDO TURCIOS SALINAS, 5) SANTOS JAVIER ÁRTICA SANTOS, 6) CANDIDA ROSA ANDINO UCLES, 7) KEYDY MARICELA AVILA ESCOBAR Y 8)EDWIN ALBERTO TOSCANO AGUILAR e indemnización por daños en la relación de aseguración con el Instituto de Pensiones y Jubilaciones del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) y por préstamos en la banca y al pago del bono estudiantil.- OCTAVO: Se ABSUELVE a la empresa demandada EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) a través de su Gerente General JESÚS ARTURO MEJÍA ARITA a pagar bonificación de vacaciones a los demandantes 1) JULIO CESAR AGUILAR SANTOS, 2) ÁNGEL GUSTAVO GUIFARRO CARDONA, 3) ADA MERCEDES ACOSTA GUERRERO, 4) EDIN FERNANDO TURCIOS SALINAS, 5) SANTOS JAVIER ÁRTICA SANTOS, 6) KEYDY MARICELA ÁVILA ESCOBAR Y 7) EDWIN ALBERTO TOSCANO AGUILAR.- NOVENO: Se ABSUELVE a la empresa demandada EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) a través de su Gerente General JESÚS ARTURO MEJÍA ARITA a pagar a los señores 1) JULIO CESAR AGUILAR SANTOS, 2) ÁNGEL GUSTAVO GUIFARRO CARDONA, 3) ADA MERCEDES ACOSTA GUERRERO, 4) EDIN FERNANDO TURCIOS SALINAS, 5) SANTOS JAVIER ÁRTICA SANTOS, 6) CANDIDA ROSA ANDINO UCLES y 7) KEYDY MARICELA ÁVILA ESCOBAR, el 28% por trabajo en horas nocturnas.- NOVENO: SIN COSTAS porque en materia de Derecho del Trabajo impera el Principio de Gratuidad y Justicia Social, donde no tiene cabida el Principio de Supletoriedad, por enervar los Principios del Derecho del Trabajo”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Las partes demandantes expresaron en el escrito de su acción que empezaron a laborar para la demandada así: Julio Cesar Aguilar Santos, el 16 de octubre del 2006, como Instalador y Reparador I de la Sección de Juticalpa, devengaba un salario mensual de L.12,048.99; Ángel Gustavo Guifarro Cardona, el 01 de junio de 1995, como Agente de Seguridad Interna RCO, devengaba un salario mensual de L.18,936.24; Ada Mercedes Acosta Guerrero, el 01 de febrero del 2011, como Administrador II de la Sección de Juticalpa, devengaba un salario mensual de L.15,000.00; Edin Fernando Turcios Salinas, el 16 de abril del 2010, como Oficial de Servicios Comerciales I sección de Juticalpa, devengaba un salario mensual de L.16,652.00; Santos Javier Ártica Santos, el 19 de marzo del 2007, como Agente de Seguridad Interna asignado a la repetidora I Carrizal, devengaba en los últimos meses un salario mensual de L.8.078.00; Cándida Rosa Andino Ucles, el 01 de noviembre del 2006, como Secretaria del Departamento de Relaciones Laborales, devengaba un salario mensual de L.20,000.00; Keydy Maricela Avila Escobar, el 02 de junio del 2011, como Agente de Seguridad Interna I, devengaba un salario mensual de L.10,000.00; y Edwin Alberto Toscano Aguilar, el 02 de mayo de 1995, como Agente de Seguridad, devengaba un salario mensual de L.19,788.34; argumentó también que fueron objeto de acoso laboral, mismo que comenzó cuando se les notificó la suspensión del contrato individual de trabajo, efectivo a partir del 08 de octubre del 2014 al 04 de febrero del 2015, en un plazo de 120 días, quienes debían de presentarse el 05 de febrero del 2015, contra dicha suspensión se presentó oposición ante la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, sin que hasta la fecha de presentación de la demanda haya sido resuelta; y que mediante oficios números: GGH-440-2015, GGH-213-2015, GGH-143-2015, GGH-277-2015, GGH-145- 20 15, GGH-444-2015, GGH-144-2015 y GGH-211-2015, todos de fecha 05 de febrero del 2015 fueron notificados la decisión de dar por terminada la relación laboral, invocándoles tres causales amparadas en la suspensión por 120 días, que fueron objeto desde el 08 de octubre del 2014 al 04 de febrero del 2015, suspensión que se basa en las causales establecidas en el artículo 100 numerales 4), 5) y 15) del Código del Trabajo, y que dicha medida fue implementada según la demandada debido a la grave crisis económica que enfrenta HONDUTEL por las serias dificultades presupuestarias y financieras que la empresa ha venido atravesando, por lo que se hace necesario adoptar las medidas tendientes a la generación de ahorro de reducción de pérdidas, con el objeto de sanear el déficit presupuestario y eliminar el desfase existente entre los ingresos presupuestados y la recaudación vía facturación; que dada la persistencia de las condiciones y causales que dieron origen a la suspensión, no es posible reanudar las labores en la forma que se había previsto y por consiguiente reincorporarles a los puestos de trabajo, por lo que se vieron en la obligación de dar por terminado el contrato individual de trabajo, comprometiéndose la empresa al pago total de las prestaciones e indemnizaciones laborales; que los demandantes rechazaron tales causales, argumentando que la suspensión de los contratos es una institución jurídica, que de tal manera para que se tipifique y pueda ser invocada como causal justa de despido, deberá ser autorizada por la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, lo cual no había otorgado autorización; además manifestó que rechaza la causal en que trabajador puede participar de las utilidades, pero nunca de las pérdidas del patrono, los riesgos de trabajo los asume la empresa nunca el trabajador, esas pérdidas no facultan al patrono para dar por terminados los contratos de trabajo sin responsabilidad de su parte; y que no hizo los llamamientos ordenados y obligados por la ley, transcurrido el término de la suspensión, es decir el 05 de febrero del 2015, los demandantes se presentaron al lugar de trabajo, habiéndoseles impedido el ingreso, por lo que no hubo reanudación de las labores manteniéndose con ello la suspensión y encontrándose aun suspendidos la demandada decidió dar por terminados los contratos de trabajo, violentando con ello el artículo 129 de la Constitución de la República, cláusula 82 del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo y los artículos 1 y 2 del Convenio 111 de la OIT; que con la intención de llegar a un arreglo conciliatorio acudieron a la Secretaría del Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, siendo imposible el mismo se dio por agotado el trámite administrativo el 24 de marzo del 2015.- 2.- La parte demandada, la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), contestó dicha demanda señalando que con el propósito de rescatar a Hondutel, el 07 de octubre del 2014, invocando lo instituido en los artículos: 100 numerales 4), 5) y 15), 101, 102 y demás aplicables del Código de Trabajo, procedió a notificar en legal y debida forma la medida de suspensión parcial de los contratos individuales de trabajo a 660 trabajadores, con efectividad a partir del día siguiente hábil, es decir a partir del 08 de octubre del 2014 por el término de 120 días, es decir, hasta el 04 de febrero del 2015, debiéndose presentar a las labores el personal suspendido el 05 de febrero del 2015; que dentro del personal suspendido se encontraban los demandantes Julio Cesar Aguilar Santos, Ángel Gustavo Guifarro Cardona, Ada Mercedes Acosta Guerrero, Edin Fernando Turcios Salinas, Santos Javier Artica Santos, Cándida Rosa Andino Ucles, Keydy Maricela Ávila Escobar y Edwin Alberto Toscano Aguilar; alegó que lo anterior, debido a que HONDUTEL ha venido operando con pérdidas netas desde el 2009 hasta la fecha, mismas que se incrementaron durante los períodos fiscales 2012 y 2013, al extremo que resultó ineludible que la empresa recurriera a una serie de medidas para lograr disminuir las referidas pérdidas, siendo una de ellas la suspensión parcial de los contratos individuales de trabajo de 660 de sus empleados; ya que la empresa no puede ser explotada siquiera con un mínimo razonable de utilidad, situación provocada fundamentalmente por la nula rentabilidad operativa, ya que a pesar de contar con un presupuesto como cualquier otra entidad de derecho público, con la única diferencia de que Hondutel solamente tiene una vía de financiamiento para recaudar los fondos proyectados en ese presupuesto su propio flujo de caja derivado de la facturación, el cual ha disminuido año a año por la competencia que existe en el sector telecomunicaciones; en virtud de lo anterior el 10 de octubre del 2014, siguiendo el procedimiento legal correspondiente, Hondutel, presentó ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, la solicitud de autorización de suspensión parcial de contratos individuales de trabajo por 120 días a 660 empleados de (HONDUTEL), solicitud que a la fecha se encontraba pendiente de resolución, por la múltiples oposiciones presentadas por los trabajadores; que el 03 de febrero del 2015, Hondutel presentó ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, formal notificación de que las causas invocadas para la suspensión parcial de los contratos de trabajo ejecutadas en Hondutel aún persistían, lo cual imposibilitaba reanudar las labores y reinstalar a los trabajadores que legalmente fueron suspendidos; por lo que habiendo transcurrido el termino de ley para la suspensión, contados desde la de notificación de la medida de suspensión a los demandantes, el 05 de febrero del 2015, Hondutel notificó a los demandantes la decisión de dar por terminados los contratos de trabajo de los empleados cuyos contratos fueron suspendidos, garantizándoles el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, fundamentando esta decisión en los artículos 62, 80 y 129 de la Constitución de la República, 100 numerales 4), 5) y 15), 111 numeral 8) y segundo párrafo y 126 del Código del Trabajo; 97 numeral 13, 132 y 143 del Reglamento Interno del Trabajo; cláusula 59 del XII Contrato Colectivo de Hondutel y Certificación de la resolución de punto de acta número 8 de la sesión ordinaria No. 545-2008 celebrada el 13 de mayo del 2008; alegó también que a pesar de las medidas implementadas por la empresa no fue posible evitar que se perdieran los puestos de trabajo de los empleados cuyos contratos de trabajo fueron suspendidos, por lo que Hondutel se vio obligada a darlos por terminados con motivo justificado, con base en los artículos 62, 80 y 129 de la Constitución de la República; 100 numerales 4), 5) y 15); 111 numeral 8) y segundo párrafo y 126 del Código de Trabajo; 97 numeral 13, 132 y 143 del Reglamento Interno de Trabajo; cláusula 59 del XII Contrato Colectivo de Hondutel y certificación de resolución de punto de acta número 8 de la sesión ordinaria número 545-2008, celebrada el 13 de mayo del 2008; por lo que la terminación de sus contratos de trabajo, no fue ilegal ni injustificado y que durante el periodo de suspensión Hondutel pagó a los demandantes la indemnización equivalente a 30 días de salario por no haberles dado el aviso de suspensión del contrato individual de trabajo por tiempo indefinido, con treinta días de anticipación, quienes aceptaron y recibieron dicho pago sin ninguna objeción.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 02 de marzo delo 2018, dictó sentencia declarando parcialmente con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por los señores JULIO CESAR AGUILAR SANTOS; ÁNGEL GUSTAVO GUIFARRO CARDONA; ADA MERCEDES ACOSTA GUERRERO; EDIN FERNANDO TURCIOS SALINAS; SANTOS JAVIER ARTIGA SANTOS; CANDIDA ROSA ANDINO UCLES; KEYDY MARICELA AVILA ESCOBAR y EDWIN ALBERTO TOSCANO AGUILAR, contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), por medio de su representante legal y Gerente General el señor JESÚS ARTURO MEJÍA ARITA; condenó a la parte demandada a: 1) Reintegrar al puesto de trabajo en mejores e iguales condiciones a los demandantes, con todos los beneficios obtenidos en la contratación colectiva durante su ausencia, más los salarios dejados de percibir desde la fecha del ilegal despido hasta que sean debidamente reinstalados; 2) al pago de los salarios dejados de percibir de los demandantes, durante el periodo en el cual se encontraban suspendidos sus contratos individuales de trabajo desde el 08 de octubre del 2014 hasta el 04 de febrero del 2015, misma que será liquidada al momento de ejecución de sentencia; 3) al pago de décimo tercero, y cuarto mes de salario proporcional y vacaciones proporcionales del periodo 2014-2015 a los demandantes, cuyas cantidades serán liquidadas en la ejecución de la sentencia; 4) a pagar la bonificación de vacaciones a la señora Cándida Rosa Andino Ucles, goce y bonificación de vacaciones de 26 días por la cantidad de L.17,316.00, 5) a pagar al demandante Edwin Alberto Toscano Aguilar el recargo de los últimos 2 años del 28% por laborar en horas nocturnas, en los meses marzo a abril 2014 la cantidad de L.5,171.35, marzo a abril 2014 L 5,540.74 y junio a julio 2014 L.3,693.82; absolvió a la empresa demandada a: 1) pagar la indemnización de 30 días de salario por la no notificación de la suspensión de que fueron objeto los contratos de trabajo de los demandantes; 2) al pago de reembolsos eventuales de gastos médicos y quirúrgicos de los demandantes e indemnización por daños en la relación de aseguración con el Instituto de Pensiones y Jubilaciones del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) y por préstamos en la banca y al pago del bono estudiantil; 3) a pagar bonificación de vacaciones a los demandantes Julio Cesar Aguilar Santos, Ángel Gustavo Guifarro Cardona, Ada Mercedes Acosta Guerrero, Edin Fernando Turcios Salinas, Santos Javier Ártica Santos, Keydy Maricela Ávila Escobar y Edwin Alberto Toscano Aguilar; 4) a pagar a los señores Julio Cesar Aguilar Santos, Ángel Gustavo Guifarro Cardona, Ada Mercedes Acosta Guerrero, Edin Fernando Turcios Salinas, Santos Javier Ártica Santos, Cándida Rosa Andino Ucles y Keydy Maricela Ávila Escobar, el 28% por trabajo en horas nocturnas, sin costas; bajo el criterio que de la lectura del escrito de demanda una de las pretensiones de la parte actora es el pago de reembolsos eventuales de gastos médicos y quirúrgicos de los demandantes e indemnización por daños en la relación de aseguración con el Instituto de Pensiones y Jubilaciones del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) y por préstamos en la banca, esta juzgadora se ve imposibilitada de pronunciarse en cuanto a estos extremos, en vista de que no son relacionados en los hechos del escrito de demanda y la parte demandada no aporta prueba alguna para sustentar su petición, además de no cuantificar las indemnizaciones solicitadas.- Con respecto al bono estudiantil solicitado la cláusula número 79 del XII Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre HONDUTEL y el SITRATELH, es del criterio de la que juzga denegar dicha pretensión en vista de que es requisito esencial a efecto de conceder el beneficio de la contratación colectiva en la cláusula 79 que se acredite la minoría de edad de los hijos del trabajador que lo solicitare extremo que no se ha acreditado en el presente juicio; Se ha señalado en el escrito de demanda como pretensión el pago de cantidades adeudadas por cualquier concepto, esta solicitud la parte actora la realiza de manera abierta, por lo que la juzga aplicando el libre convencimiento y siendo que se ven involucrados los preceptos 100, 101 y 102 del Código del Trabajo, se ha acreditado el pago en concepto de indemnización a los demandantes, por no haber notificado la empresa demandada la suspensión de que fueron objeto sus contratos individuales de trabajo, acreditado esto con el medio de prueba documental admitido a la parte demandada consistente en los comprobantes de ingresos y egresos de HONDUTEL en copia autenticada, es en razón de ello que no procede el pago de la indemnización aludida a los demandantes, consistente a 30 días de salario por cada uno de ellos.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 20 de junio del 2018, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que este Tribunal de Alzada ha llegado al convencimiento que la sentencia definitiva dictada por la Juez A-quo y que se revisa en apelación está apegada a derecho y procede su confirmatoria, convencimiento que se fundamentó en los hechos de que con los antecedentes conocidos vía apelación encontramos o consta de autos que con los medios de prueba allegados por las partes quedó probado la relación laboral que existió entre el empleador y trabajadores demandantes; que los demandantes en sus pretensiones reclaman pago de derechos adquiridos o salarios adeudados, pero del análisis de los medios de prueba acreditados en juicio solo le corresponden tales derechos como lo detalla la Juez sentenciadora en el motivo quinto de la sentencia apelada; que la terminación de la relación laboral fue de forma unilateral e ilegal la que se evidencia con la notificación al ofrecer la parte demandada el pago de prestaciones laborales a los demandantes, con la que hace un reconocimiento expreso de la no existencia de causas que justifiquen el despido; con la nota de fecha 05 de febrero del 2015 mediante la cual se notifica a los demandantes la terminación de su relación laboral invocando las mismas causas que utilizó el demandado para la suspensión del contrato colectivo y al no contar con la autorización legal respectiva de la Secretaría del Trabajo, el empleador incurrió en otra violación de los derechos del trabajador, constituyendo al despido unilateral ilegal e injustificado; que el empleador demandado con sus medios de prueba no justificó los motivos que lo llevaron para dar por terminada la relación laboral en el presente juicio, violentando los artículos 112 y 117 del Código del Código del Trabajo vigente, por lo que procede el reintegro y demás derechos reclamados por el demandante; en el presente caso los trabajadores no pueden ser despedidos por una liberalidad del empleador, sino por causa justa expresamente establecida por la Ley; que la parte actora con sus medios de prueba justifico sus pretensiones reclamadas en juicio, menos la pretensión de pago de los 30 días de salario por la no notificación de la suspensión de los contratos de los demandantes; el pago de reembolsos eventuales de gastos médicos y quirúrgicos, indemnización por daños en la relación de aseguramiento del INJUPEMP y préstamos por la Banca y al pago de bono estudiantil y al 28% por horas trabajadas en jornadas nocturnas a excepción de el demandante Edwin Alberto Toscano Aguilar, único con derecho a ser indemnizado a este concepto de horas extras nocturnas.- 5.- Mediante auto de fecha 09 de octubre del 2018, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada MARIA FERNANDA MENDOZA VELÁSQUEZ, en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 13 de noviembre del 2018, compareció ante éste Tribunal la Abogada MARIA FERNANDA MENDOZA VELÁSQUEZ, en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), formalizando su demanda, exponiendo seis motivos de casación y dos nulidades subsidiarias, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 03 de diciembre del 2018, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada BARBARA REYES SALINAS, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que la Abogada MARIA FERNANDA MENDOZA VELÁSQUEZ,, en el primer motivo de casación alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional de índole laboral, por violación directa por APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA SUSTANTIVA del primer párrafo del artículo 113 del Código del Trabajo, que indica: “La terminación del contrato conforme a una de las causas enumeradas en el artículo anterior, surte efectos desde que el patrono la comunique al trabajador, pero éste goza del derecho de emplazarlo ante los Tribunales del Trabajo, antes de que transcurra el termino de prescripción, con el objeto de que le pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrono no prueba dicha causa debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según este Código le puedan corresponder y, a título de daños y perjuicios, los salarios que éste habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del presente Código debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva”; en relación con el 112 del Código del Trabajo, que establece las causas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato sin responsabilidad de su parte. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El primer párrafo del artículo 113 instaura que: “La terminación del contrato conforme a una de las causas enumeradas en el artículo anterior, surte efectos desde que el patrono la comunique al trabajador, pero éste goza del derecho de emplazarlo ante los Tribunales del Trabajo, antes de que transcurra el termino de prescripción, con el objeto de que le pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrono no prueba dicha causa debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según este Código le puedan corresponder y, a título de daños y perjuicios, los salarios que éste habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del presente Código debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva”. La corte sentenciadora incurrió en violación directa por APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA SUSTANTIVA de índole laboral contenida en el precitado artículo por las siguientes razones: la Corte de Apelaciones estimó que HONDUTEL incurrió en ilegalidad al cancelar el contrato de trabajo de los demandantes por el plazo de 120 días, sin contar con la autorización mediante resolución de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, razón por la que la demandante emplazó al patrono ante los tribunales competentes para el reintegro requerido en la demanda planteada. De lo anterior, se infiere que la Corte de Apelaciones del Trabajo aplicó el primer párrafo artículo 113 en relación con 112 del Código de Trabajo, preceptos legales que fueron aplicados de forma indebida porque HONDUTEL en ningún momento cancelé o despidió a los demandantes con fundamento en una de las causales establecidas en los incisos de artículo 112, sino que más bien se dio por terminado el contrato de trabajo de forma unilateral amparado en el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo. Finalmente, honorable Corte Suprema de Justicia, ha quedado demostrado con argumentos jurídicos densos, que la sentencia proferida por la Honorable Corte de Apelaciones violentó de forma directa LA NORMA SUSTANTIVA invocada al aplicar al caso concreto indebidamente el artículo 112, TENIENDO QUE HABER APLICADO EL ARTICULO 111 NUMERAL 8) DEL CÓDIGO DE TRABAJO.”.- III.- Que no puede prosperar el cargo que antecede, ya que la Impetrante incurre en los siguientes defectos: a) la violación directa de la ley se produce con prescindencia de los hechos controvertidos y por ello del material probatorio y siendo que la forma de terminación de la relación laboral fue objeto de debate y por ende de la prueba, resulta impropio el ataque por esta vía; y, b) no existe suficiente claridad y precisión, ya que en la parte final de su explicación indica que la norma aplicada indebidamente es el artículo 112 del Código del Trabajo, cuando en su formulación señaló al artículo 113 primer párrafo de dicho cuerpo normativo.- IV.- Que en un segundo motivo se aduce: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional de índole laboral, por violación directa por APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA SUSTANTIVA del primer párrafo del artículo 101 del Código del Trabajo, que indica: “La suspensión de los contratos de trabajo surtirá efecto desde la conclusión del día en que ocurrió el hecho que le dio origen, siempre que la comprobación de la causa en que se funde se inicie ante la Secretaria de Trabajo y Previsión Social o ante los representantes de la misma debidamente autorizados, dentro de los tres (3) días posteriores al ya mencionado, o treinta (30) días antes de la suspensión, cuando el hecho que la origine sea previsible. Si la Secretaria de Trabajo y Previsión Social no autorizare la suspensión por no existir la causa alegada o por ser esta injusta, la declarara sin lugar, y los trabajadores podrán ejercitar sus derechos emanados del contrato de trabajo, de las leyes y reglamentos laborales y demás disposiciones aplicables, por la responsabilidad que competa al patrono.” PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La corte sentenciadora incurrió en violación directa por APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA SUSTANTIVA de índole laboral contenida en el primer párrafo del artículo 101 del Código del Trabajo, por las siguientes razones: Al respecto, establece que la suspensión de contratos de trabajo surte efectos desde la conclusión del día en que ocurrió el hecho que le dio origen, siempre que la comprobación de la causa en que se funde se inicie ante la Secretaría de Trabajo dentro de los tres días posteriores al ya mencionado, o treinta días antes de la suspensión. De lo anterior se colige que la suspensión de contratos de trabajo surtió efecto desde el día en que fueron notificados los trabajadores, ya que el artículo referido instaura claramente que la autorización de la Secretaría de Trabajo se emite, mediante resolución, después de realizada la suspensión y no antes. Circunstancia que fue un hecho probado y el juez aplicó de manera indebida al momento de emitir su fallo.”.- V.- Que no puede prosperar el cargo que antecede, ya que la Impetrante incurre en los siguientes defectos: a) cita como infringido el párrafo primero del artículo 101 del Código del Trabajo, el cual carece del carácter sustantivo que exige el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico; conviene recordar, que normas sustantivas son aquellas que confieren derechos y obligaciones correlativos o los extinguen; b) la violación directa de la ley se produce con prescindencia de los hechos controvertidos y por ello del material probatorio y siendo que la forma de terminación de la relación laboral fue objeto de debate y por ende de la prueba, resulta impropio el ataque por esta vía; y, c) alegando aplicación indebida de la ley, debió señalar cuál era la norma que debió ser aplicada correctamente por el Juzgador.- VI.- Que en un tercer motivo se esgrime: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional de índole laboral, por violación directa por INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA NORMA SUSTANTIVA del artículo 100 numerales 4, 5 y 15, que indica: “Son causas de suspensión de los contratos de trabajo sin responsabilidad para las partes: 4. La Imposibilidad de explotar la empresa con un mínimo razonable de utilidad; 5. La falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos, si se comprueba plenamente por el patrono; y, 15. Cualquier otra causa justificada no prevista en los ordinales anteriores, a juicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social”; relacionado con el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo, que establece: “Son causas de terminación de los contratos de trabajo: 8. La suspensión de actividades por más de ciento veinte (120) días en los casos 1º, 3°, 4°, 5° Y 6° del artículo 100.” PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La corte sentenciadora incurrió en violación directa por INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA NORMA SUSTANTIVA de índole laboral contenida en el artículo 100 numerales 4, 5 y 15, con relación con el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo, dado que, como quedó probado en las secuelas del juicio, el contrato de trabajo fue suspendió por la situación financiera de la empresa y debido que las causas persistieron al pasar los 120 días de la suspensión, se dio por terminado el contrato de trabajo conforme con lo establecido en el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo. Este extremo no fue apreciado por el juzgador, pues confundió la figura del despido con la terminación de los contratos de trabajo. Las terminaciones de los contratos de trabajo ya están expresamente establecidas en el artículo 111 del Código de Trabajo. En el caso que nos ocupa, se invocó el numeral 8 del mismo, el que instaura que la suspensión de actividades por más de 120 días es una causa de terminación de contratos de trabajo.”.- VII.- Que es inadmisible el cargo anterior, ya que la Recurrente incurre en los siguientes defectos: a) la violación directa de la ley se produce con prescindencia de los hechos controvertidos y por ello del material probatorio y siendo que la forma de terminación de las relaciones de trabajo fue objeto de debate y por ende de la prueba, resulta impropio el ataque por esta vía; y, b) alega interpretación errónea de la ley, sin embargo no explica cual es la interpretación correcta que debió haber efectuado el Juzgador.- VIII.- Que un cuarto motivo se alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral, por violación indirecta del artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo por FALTA DE APRECIACIÓN POR ERROR DE HECHO EN EL MEDIO DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICO CONSISTENTE EN EL OFICIO DE 5 DE FEBRERO DEL 2015 QUE CORRE AGREGADOS A FOLIOS 21 al 44 DE LA PRIMERA PIEZA DE AUTOS. NORMAS LEGALES PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN DE LA NORMA SUSTANTIVA LABORAL: Artículo 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Y DESCRIPCIÓN DEL MEDIOS DE PRUEBA INTERPRETADO ERRÓNEAMENTE: DOCUMENTAL PÚBLICO consistente en el oficio de 5 de febrero del 2015 que corre agregado a folios 49 y 50, 56 y 57, 62 y 63, 68 y 69 fue propuesto para demostrar contundentemente que lo que hubo fue una terminación de contrato de trabajo subsumida en el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo, pero tanto el juzgado de primera instancia como el tribunal de segunda instancia omitieron el análisis de dicho medio probatorio en relación a los hechos del litigio.”.- IX.- Que el cargo que antecede resulta inestimable en virtud que este Tribunal ha venido señalando conforme con la Doctrina y como tiene establecido la jurisprudencia, respetuosa de los principios que gobiernan este recurso, que el error de hecho en la apreciación de las pruebas que conduce a la violación de la ley sustantiva y autoriza al tribunal de casación para casar el fallo impugnado, solo procede cuando el mismo resulta evidente o manifiesto, esto es, tan de bulto o notorio que sin mayor esfuerzo, ni raciocinio y sin necesidad de acudir a hipótesis, conjeturas o deducciones más o menos razonables, se imponga a la mente. También se tiene señalado, que los cargos por error de hecho no pueden prosperar cuando se trata de que en casos dudosos el tribunal haya hecho la crítica de las pruebas y haya considerado demostrado un extremo, sino cuando lo aceptado por el tribunal es abiertamente contrario a lo probado en el juicio. A criterio de este Tribunal de Casación, en el presente caso no se observa la comisión de un error de hecho manifiesto u ostensible por parte del sentenciador.- En adición, se señala que el error de hecho proviene de falta de apreciación de la prueba documental, pero en su explicación señala: “EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Y DESCRIPCIÓN DEL MEDIOS DE PRUEBA INTERPRETADO ERRÓNEAMENTE...”, lo cual es contradictorio, porque una misma prueba no puede ser dejada de apreciar y apreciada o interpretada erróneamente.- X.- Que en un quinto motivo se aduce: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral, por violación indirecta del artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo por FALTA DE APRECIACIÓN POR ERROR DE HECHO EN EL MEDIO DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICO CONSISTENTE EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE HONDUTEL QUE CORREN AGREGADOS A FOLIOS 71 al 78 , DE LA PRIMERA PIEZA DE AUTOS, NORMAS LEGALES PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN DE LA NORMA SUSTANTIVA LABORAL: Artículo 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL. MOTIVO Y DESCRIPCIÓN DEL MEDIOS DE PRUEBA INTERPRETADO ERRÓNEAMENTE: DOCUMENTAL PÚBLICO consistente en los Estados Financieros De HONDUTEL que corren agregados a folios 267 al 274 de la primera pieza de autos. La sentencia recurrida no tuvo como hechos probados que la empresa se encontraba imposibilitada de explotar la empresa con un mínimo razonable, la falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos, hecho que fue demostrado mediante la presentación del medio de prueba documental público consistente en los estados financieros y de resultados de HONDUTEL de los años 2007 al 2014, con los que se justificó incuestionablemente la grave situación financiera de la empresa que derivó en la terminación de los contratos de trabajo por medio de la figura de la suspensión. Al respecto, el artículo 100 del Código de Trabajo establece que la suspensión de contratos de trabajo surte efectos desde la conclusión del día en que ocurrió el hecho que le dio origen, siempre que la comprobación de la causa en que se funde se inicie ante la Secretaría de Trabajo dentro de los tres días posteriores al ya mencionado, o treinta días antes de la suspensión. De lo anterior se colige que la suspensión de contratos de trabajo surtió efecto desde el día en que fueron notificados los trabajadores, ya que el artículo referido instaura claramente que la autorización de la Secretaría de Trabajo se emite, mediante resolución, después de realizada la suspensión y no antes, Circunstancia que fue un hecho probado y el juez no lo tomó en cuenta al momento de emitir su fallo. Asimismo, los Estados Financieros de HONDUTEL que corren agregados a folios 267 al 274 de la primera pieza de autos, fueron propuestos para demostrar contundentemente que la razón por la que se procedió a realizar las suspensiones del contrato fue que la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) estaba operando con pérdidas financieras elevadísimas, situación que derivó en los hechos que originan el presente litigio y que no debió omitirse su consideración para la resolución del mismo como lo hizo el ad quem.”.- XI.- Que el cargo que antecede resulta inestimable, ya que al igual que el anterior, señala que el error de hecho en su formulación es por falta de apreciación de la prueba documental y en su explicación se alude a su interpretación errónea, lo que es contradictorio, porque una misma prueba no puede ser dejada de apreciar y apreciada o interpretada erróneamente por el Juzgador.- XII.- Que en sexto motivo se esgrime: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral, por violación indirecta del artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo por FALTA DE APRECIACIÓN POR ERROR DE HECHO EN El. MEDIO DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICO CONSISTENTE EN LA RESOLUCIÓN NÚMERO 132-2015, EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, QUE CORRE AGREGADA A LOS FOLIOS 317 al 406, DE LA PRIMERA PIEZA DE AUTOS. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Y DESCRIPCIÓN DEL MEDIOS DE PRUEBA INTERPRETADO ERRÓNEAMENTE: DOCUMENTAL PÚBLICO consistente en la Resolución número 132- 2015, emitida por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, que corre agregada a los folios 339 al 428, de la primera pieza de autos, que declaró CON LUGAR la suspensión de contratos de trabajo, en virtud de comprobarse la configuración de las causales invocadas del artículo 100. que tiene relación directa el artículo 101, párrafo segundo del Código de Trabajo, establece que, si la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social no autorizara la suspensión por no existir la causa alegada o por ser ésta injusta, la declarará sin lugar, y los trabajadores podrían ejercitar sus derechos laborales por la responsabilidad que competa al patrono. No obstante, la secretaría al declarar CON LUGAR el proceso de suspensión de contratos de trabajo de mi representada, automáticamente validó el proceso y, en consecuencia, los trabajadores suspendidos no están facultados para interponer acción alguna, pues fueron separados de la empresa de manera legal y debidamente respaldada por autoridad competente. Por tanto, con la Resolución 132- 2015 emitida por la Secretaría de Trabajo, se demuestra que proceso de suspensión de contratos de trabajo fue convalidado de conformidad a lo instaurado en el artículo 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo por la Secretaría de Trabajo al declararlo con lugar y autorizarlo, convalidación que surtió efecto desde el día de dicha resolución, es decir, desde el 27 de octubre del 2015, o sea, antes de que se emitiera la sentencia el a quo, sumado a que dicha resolución declaró sin lugar expresamente las oposiciones a la misma presentadas por los demandantes. En consecuencia, quedó probado que los argumentos de mi contraparte han sido falsos. Al respecto, nuevamente cito el libro El Recurso Extraordinario de Casación Laboral, del autor Luis Lagos Pantoja, en su página 41, que desarrolla de una forma más concreta el concepto de error de hecho que: “consiste en no dar por probado un hecho, estándolo o tenerlo por establecido, sin que sea así, todo lo cual ocurre por la mala apreciación o la falta de apreciación de la prueba considerada en sí misma y no con relación a las normas que la reglamentan, lo cual debe conducir a la relación de la ley sustancial; pero el error debe ser manifiesto, evidente, ostensible, etc. Esta causal de casación resulta entonces, de un proceso subjetivo del juzgador consistente en un equivocado racionamiento apreciativo de las pruebas que conduce a dar por establecido un hecho sin estarlo o, al contrario.”.- XIII.- Que el cargo que antecede resulta inestimable, ya que no indica el precepto legal autorizante en que se encuentra comprendido el mismo y al igual que en los dos motivos anteriores, señala en su formulación que el error de hecho es por falta de apreciación de la prueba documental y en su explicación se alude a su interpretación errónea, lo que es contradictorio, porque una misma prueba no puede ser dejada de apreciar y apreciada o interpretada erróneamente por el Juzgador.- Adicionalmente, en la explicación alude a normas no invocadas como infringidas o relacionadas en su formulación, tal es el caso de los artículos 101 del Código del Trabajo y 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo.- XIV.- Que se solicita la nulidad subsidiaria en la forma siguiente: “SE PRESENTA PRIMERA NULIDAD SUBSIDIARIA: Que la sentencia emitida por el tribunal ad quem buscan le certeza de los hechos jurídicos, por cuanto deben ser claras, precisas, congruentes y motivadas, y así no quede la menor duda del criterio utilizado por el tribunal al momento de emitir los fallos, buscando una conciliación de lo pedido y otorgado a las partes, con la Constitución de la República, las leyes, convenios y principios legales y así respetar el Estado de Derecho. Con base en lo anterior, la Corte de Apelaciones, al emitir el fallo al igual que la sentencia recurrida, no fundamenta la presente de forma concreta, causando una carencia de motivación de la sentencia, pues sus consideraciones omiten el análisis probatorio del oficio de fecha 5 de febrero del 2015, que corre agregado a folios 49 y 50, 56 y 57, 63, 68 y 69, con el que no solo se ha acreditado la terminación del contrato de trabajo conforme al artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo, sino que con el mismo se desvirtúa la existencia de la figura de despido injustificado en relación al artículo 112 del mismo código, por lo que de haberse analizado dicho medio probatorio con relación en los hechos del litigio, el ad quem no hubiese encontrado asidero jurídico para emitir el fallo condenado a mi representada a reintegrar a los señores CESAR AUGUSTO FIGUEROA GUIFARRO, JOSE FERNANDO MEJIA SANTOS, HENRY JOSUE CASTELLANOS PADILLA Y CARLOS RENE ALVAREZ, junto con el pago de los demás conceptos conceptos condenados en la misma sentencia dictada en segunda instancia en veintidós (22) de septiembre del dos mil diecisiete (2017). El ad quem al omitir esa motivación produce indefensión a mi representada e incongruencia en la sentencia, pues existe violación a las normas procesales que acarrean nulidad y, en el presente caso, el tribunal ad quem ha emitido una sentencia en la que no motivó ni fundamentó todos los hechos controvertidos, mismos que surgen de los hechos en que las demandantes se basaron su acción y en los hechos en que las demandadas fundamentan su resistencia a la pretensión incoada en su contra y sobre los que recaen las pruebas del juicio. SE PRESENTA SEGUNDA NULIDAD SUBSIDIARIA: Que la sentencia emitida por el tribunal ad quem buscan le certeza de los hechos jurídicos, y por ende, deben ser claras, precisas, congruentes y motivadas, sin dejar la menor duda del criterio utilizado por el tribunal al momento de emitir los fallos, buscando una conciliación de lo pedido y otorgado a las partes, conforme a la Constitución de la República, las leyes, convenios y principios legales, respetando el Estado de Derecho; sin embargo, la Corte de Apelaciones, al emitir el fallo o la sentencia recurrida, no la fundamentó de forma concreta, causando una carencia de motivación de la sentencia, pues sus consideraciones no hacen un análisis exhaustivo del porqué utilizó como fundamento jurídico de su decisión el artículo 113 del Código de Trabajo, cuando durante el juicio mi representada señaló las razones por las que dicho artículo no podía ser empleado para la solución del caso sub judice, debiendo el ad quem, de acuerdo a los establecido en el artículo 200 numeral 2, literal b, del Código Procesal Civil, haberse pronunciado de manera exhaustiva respecto a este hecho controvertido producido por las diferencia en los argumentos de las partes, de manera que el caso sub examine, ha dejado duda del criterio utilizado en la emisión de la sentencia recurrida, dadas sus vacuas consideraciones. PROCEDENCIA DE LAS NULIDADES SUBSIDIARIAS: El artículo 206 del Código Procesal Civil, el que se aplica de manera supletoria al procedimiento laboral, nos establece que las sentencias, en su contenido, deben ser claras, precisas y exhaustivas, en relación con los hechos argumentados por las partes y las pruebas aportadas, preceptos que no se cumplen en la sentencia de marras por las razones anteriormente expuestas. Asimismo, el artículo 207 del Código Procesal Civil exige que las sentencias sean motivadas con relación a los argumentos fácticos y jurídicos expuestos por las partes, lo que tampoco ocurre en el caso de marras como ya se expuso con anterioridad. Ya el Código Procesal Civil en el artículo 211 se establece que el incumplimiento en los requisitos contemplados por las leyes con relación a los actos procesales dará lugar a su nulidad o a su anulabilidad. De igual manera, el articulo 212 numeral 3 del Código Procesal Civil establece que es nulo el acto procesal que se dicta prescindiendo de las normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión, tal como ocurre en el caso de marras, por lo que para salvaguardar los derechos de las partes en litigio y la idoneidad de los actos procesales es necesario que se declare la nulidad de la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo sin perjuicio de que la misma sea casada.”.- XV.- Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos facticos que demuestren el vicio de tal manera, que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente asunto se estima que no se ha violado el debido proceso o el derecho de defensa de las partes, resultando inestimables las nulidades alegadas de forma subsidiaria.- XVI.- Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierran los seis motivos y se debe declarar sin lugar las nulidades alegadas de forma subsidiaria.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1 y 8.2. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 770, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus seis motivos. 2) DECLARAR SIN LUGAR las nulidades subsidiarias solicitadas. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. - NOTIFÍQUESE. - FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los trece días del mes de junio del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha catorce de mayo del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 385-18.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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