Sentencia CL-375-17 — Registro 8628
Resumen
Segunda instancia declaró con lugar demanda ordinaria para que el patrono pruebe la causa ilegal y justa que tuvo para el despido, caso contrario, debe pagar las indemnizaciones de ley, a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir desde el despido hasta que sea firma le sentencia condenatoria
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..." Que el cargo que antecede resulta inadmisible por los defectos técnicos siguientes: a) se indican como normas sustantivas infringidas, entre otros, los artículos 46 literal b) y 867 del Código de Trabajo, sin embargo, el primero no ostenta la calidad de sustantivo y el segundo contiene párrafos siendo necesario precisar a cuál de ellos se dirige el taque. Conviene recordar que normas sustantivas son aquellas que confieren derechos y deberes correlativos o los extinguen; b) carece de precisión el precepto autorizante al omitirse en numeral en que se encuentra contenido el concepto de la infracción; y, c) en la explicación se realizan inoportunos alegatos de instancia"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por contener los defectos técnicos siguientes: a) la norma señalada como infringida no corresponde al orden laboral de conformidad a lo dispuesto en el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código del Trabajo; y b) el precepto autorizante igualmente no corresponde al orden laboral.- 6.- Que el cargo debe ser completo en su formulación, suficiente en su desarrollo y eficaz en lo que pretende, puesto que de no hacerse de esa manera no alcanzan a producir los resultados que persiguen, ni la finalidad del recurso de casación"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., cinco de febrero del año dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal, en fecha 25 de octubre del 2017, por el Abogado PEDRO ANTONIO GONZALES, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, los señores VICTORIA JEANNETTE KATTAN FRANCO, LEONEL ANTONIO FLORES CANALES, RAÚL ERNESTO MOLINA MEJÍA, y DILCIA SUYAPA ESPINOZA OLIVA, representado en juicio por la Abogada NORMA ELIZABETH LÓPEZ. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria para que el patrono pruebe la causa ilegal y justa que tuvo para el despido, caso contrario, debe pagar las indemnizaciones de ley, a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir desde el despido hasta que sea firma le sentencia condenatoria y las costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 27 de mayo del 2016, por los señores VICTORIA JEANNETTE KATTAN FRANCO, casada, con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés; LEONEL ANTONIO FLORES CANALES, casado, con domicilio en la ciudad de Villanueva, Departamento de Cortés; RAÚL ERNESTO MOLINA MEJÍA, en unión libre, con domicilio en la ciudad de Villanueva, Departamento de Cortés y DILCIA SUYAPA ESPINOZA OLIVA, soltera, con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés; todos mayores de edad y hondureños, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones de la entonces SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO, ahora SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 21 de junio del 2017, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 21 de febrero del 2017, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO SIN LUGAR la Excepción Perentoria de pago opuesta por la demandada.- SEGUNDO: DECLARANDO CON LUGAR la demanda para el pago, de preaviso, auxilio de cesantía, derechos adquiridos de forma proporcional salarios de días trabajados y salarios dejados de percibir solicitados por los señores VICTORIA JEANNETTE KATTAN FRANCO, LEONEL ANTONIO FLORES CANALES, RAÚL ERNESTO MOLINA MEJÍA y DILCIA SUYAPA ESPINOZA OLIVA; consecuentemente se CONDENA al ESTADO DE HONDURAS a través de su representante legal, al pago de QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS (L. 588,194.96); a favor de VICTORIA JEANNETTE KATTAN FRANCO la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRES LEMPIRAS CON VEINTIDÓS CENTAVOS (L. 284,603.22); por los siguientes conceptos: preaviso: L. 23,333.33; auxilio de cesantía: L. 233,333.33; auxilio de cesantía proporcional: L. 6,805.56; vacaciones proporcionales: L. 911.00, décimo tercer mes proporcional: L. 1,443.33; decimo cuarto mes proporcional L. 1,443.33; salario adeudado: L. 17,333.33.- A favor de LEONEL ANTONIO FLORES CANALES: la cantidad de CIENTO ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN LEMPIRAS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS (L. 111,621.74), por los siguientes conceptos: preaviso L. 23,333.33; auxilio de cesantía: L. 58,333.33; auxilio de cesantía proporcional: L. 8,490.74; vacaciones proporcionales: L. 911.00; décimo tercer mes proporcional: L. 1,443.33; décimo cuarto mes proporcional: L. 1,443.33; salario adeudado: L. 17,666.67.- A favor de: RAÚL ERNESTO MOLINA MEJÍA: la cantidad de: CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (L. 104 718.97), por los siguientes conceptos: preaviso: L. 23,333.33; auxilio de cesantía: L. 58,333.33; auxilio se cesantía proporcional: L. 1,587.96; vacaciones proporcionales: L. 911.00; decimo tercer mes proporcional: L. 1,443.33; decimo cuarto mes proporcional: L. 1,443.33; salario adeudado: L. 17,666.67.- A favor de: DILCIA SUYAPA ESPINOZA OLIVA la cantidad de: OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON TRES CENTAVOS (L. 87,250.03); por los siguientes conceptos: preaviso: L. 18,666.67; auxilio de cesantía: L. 46,666.67; auxilio de cesantía proporcional: L. 1,011.11; vacaciones proporcionales: L. 728.80; decimo tercer mes proporcional: L. 1,155.56; décimo cuarto mes proporcional: L. 5,155.56; salario adeudado: L. 13,866.67 más los salarios dejados de percibir, desde la fecha de la terminación de la relación de trabajo, hasta la fecha en que se produzca la firmeza del fallo.- TERCERO: Del monto total condenado debe hacerse las deducciones siguientes: en el caso de la señora VICTORIA JEANNETTE KATTAN FRANCO la suma de L. 27,064.64; al LEONEL ANTONIO FLORES la cantidad de L. 27,064.64; al señor RAÚL ERNESTO MOLINA la suma de L. 27,064.64 y a la señora DILCIA SUYAPA ESPINOZA OLIVA la suma de L. 21,615.70 que fueron pagados en concepto de preaviso y auxilio de cesantía en los años 2014 y 2015.- CUARTO: SIN LUGAR la petición de devolución por gastos de garantías.- QUINTO: SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Las partes demandantes expresaron en el escrito de su acción que fueron contratados así: Victoria Jeannette Kattan Franco, el 19 de julio de 1995, sin Acuerdo de Nombramiento, inicialmente se desempeñó como Delegada Fiscal en la Zip Calpules y desde el mes de diciembre de 1996 fue nombrada en el puesto de Sub Administradora asignada a la zona libre denominada Zip Calpules; devengaba un salario ordinario mensual de L. 10,000.00, con un horario de trabajo de 7:00 a.m. a 3:30 p.m, de lunes a viernes y los sábados de 8:00 am a 12:00 meridiano y que los contratos fueron celebrados sin interrupción alguna para la realización del mismo trabajo; Leonel Antonio Flores Canales, el 01 de junio del 2010, sin Acuerdo de Nombramiento, inicialmente se desempeñó el cargo de Sub Administrador de Aduana, asignado a Zona Libre Alimentos Concentrados Nacionales de Exportación (Alconex) y a partir del 12 de octubre del 2012 fue trasladado a la Zona Libre Hendrix And Dail de Honduras S.A., devengaba un salario ordinario mensual L. 10,000.00, con un horario de trabajo de 8:00 a.m. a 4:00 pm., de lunes a viernes y sábado de 8:00 am a 12:00 m.; Raúl Ernesto Molina Mejía, el 04 de enero del 2011, sin Acuerdo de Nombramiento, al inicio se desempeñó en el cargo de Sub Administrador de Aduana, asignado a Zona Libre Alimentos Concentrados Nacionales de Exportación (Alconex) en Búfalo, Villanueva, Cortes, devengaba un salario ordinario mensual de L. 10,000.00, con un horario de trabajo de 8:00 a.m. a 4:00 p.m de lunes a viernes, sábado de 8:00 am a 12:00 meridiano; y Dilcia Suyapa Espinoza Oliva, el 13 de enero del 2011, sin Acuerdo de Nombramiento, que al inicio se desempeñó el cargo de Delegada Fiscal asignado a Repuestos y Automóviles S.A. (Depósito de Aduana REASA) en San Pedro Sula, Cortes, devengaba un salario ordinario mensual de L. 8,000.00, tenía un horario de trabajo de 8:00 a.m. a 4:00 p. m.; argumentaron que la demandada todo el tiempo promovió varios contratos de servicios por tiempo determinado, debiéndose entender que los mismos amparaban relaciones estrictamente laborales teniendo vigencia el último contrato el 31 de diciembre del 2016, pero fue desconocido por la entonces DEI; y que los Contratos de Servicios Profesionales se deben considerar como contratos efectivos de trabajo, por concurrir en ellos los tres elementos señalados en el Código del Trabajo para que exista Contrato de Trabajo, y se deben considerar celebrados por tiempo indefinido, por la celebración continua y corresponder a actividades normales del Estado específicamente a las actividades normales de fiscalización aduanera con obligaciones de cumplimiento hecha de manera personal con asignaciones diarias, mensuales y eventuales, que las jornadas de trabajo eran de lunes a sábado, con jornadas ordinarias de 8 horas y el salario tasado se los pagaban de forma mensual, a veces atrasados, pagos que se realizaban a cuentas de ahorro de los demandantes, y que en el caso del Sub administradores de aduanas se les exigía la rendición de una garantía; asimismo manifestaron que no fueron objeto de amonestaciones verbales o escritas y mucho menos de faltas o cargos que ameritaran la celebración de audiencia de descargos, por lo que no han existido incumplimiento de las obligaciones o una causa que sea imputable para perder los trabajos sin responsabilidad del demandado; por lo que no existe causa justa y legal de despido; que el 10 de febrero del 2016 recibieron memorando para que firmaran contrato, y cansados de tanta discriminación pidieron los derechos y respeto a la estabilidad laboral, argumentando que tenía familias y obligaciones, que esa situación les afectaba y por lo tanto no aceptarían la imposición que les hacía, recibiendo advertencias que les daban tres días para firman contrato aduciendo que el otro ya no tenía valor, y que ese mismo día fueron convocados a la oficina regional de la DEI, para exigirles firmaran otro contrato por cuatro meses, situación que vulneraba los derechos, porque nunca se les trató de forma equitativa ya que los salarios y beneficios eran diferentes a otros empleados que realizaban similares trabajos pero que tenían acuerdos; que la negativa a firmar ese contrato generó la actuación que fueran sacados de los trabajos, y en los puestos dejados fueron ocupados por otras personas con las funciones y asignaciones que les correspondían; no les entregaron cartas de despido, ni constancia para extender el periodo de atención en el I.H.S.S. por lo que se constituyó una violación más a los derechos; alegaron que dada la situación de haber sido despedidos sin mediar nota escrita, acudieron a la Secretaria del Trabajo, y habiéndose verificado lo solicitado ante dicha Secretaría, posteriormente con el ánimo de conciliar acudieron la oficina de conciliación, siendo imposible dieron por agotada la vía administrativa el 11 de abril del 2016.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que los señores iniciaron a prestar sus servicios bajo la modalidad de contrato por tiempo determinado, mismos que tenían una fecha de inicio y de finalización dentro del mismo año, y con la terminación de los referidos contratos se les cancelaron proporcionalmente todas sus derechos laborales que les correspondían a la fecha de terminación de sus contratos, y así sucesivamente se celebraron contratos de prestación de servicios por tiempo determinado que se celebraron consuetudinariamente de enero a diciembre de cada año, como también se les cancelaron las prestaciones laborales por cada año laborado, es decir que a la fecha en que terminaba cada año laboral se les cancelaban todos sus derechos laborales con sus respectivas prestaciones laborales; que la última relación laboral que tuvieron los demandantes fue el 31 de diciembre de 2015, y se les canceló las prestaciones laborales y demás derechos adquiridos correspondientes; por lo que no existe obligación pendiente de cancelarles a los demandantes; que le extendieron el respectivo finiquito y liquidación que fue firmado por los demandantes, y con ello liberando a la Institución de toda responsabilidad laboral, presente, pasada, y futura, a la fecha en que firmaron el referido finiquito; rechazó lo alegado por los demandantes que sus contratos son de naturaleza permanente o continua, en virtud que no existe dicha continuidad porque los contratos fueron por tiempo determinado y cada año trabajado se les cancelaron los pagos de las prestaciones y demás derechos laborales por lo que no hay ninguna obligación pendiente de pago para con los demandante, y que tenían una relación laboral bajo Régimen Especial, por contrato de servicios por tiempo determinado y a todos los empleados que estaban bajo esta modalidad de contrato se les cancelaron todas las prestaciones y derechos laborales por cada año laborado, con fondos externos, es decir ajenos al peculio del Estado de Honduras, pues no fueron erogados por la extinta Dirección Ejecutiva de Ingresos de lo cual, pues todos los pagos de sueldos y colaterales, prestaciones laborales y otros derechos laborales eran financiados por el canon operacional que depositan las empresas acogidas a regímenes especiales; además alegó que en el año 2016, no suscribió contrato alguno con los demandantes, con vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, tal como lo alegaron los demandantes, ya que si bien es cierto si tuvo la intención de continuar con la relación laboral con los demandantes, con la diferencia que esta vez seria por el periodo del 04 de enero al 30 de abril del 2016; para lo cual se les envió memorandos para que los firmaran números RRHH/249/2016; RRHH/248-2016; RRHH/247/2016; RRHH/245/2016, todos de fecha 10 de febrero de 2016, quienes reaccionaron que no lo firmarían en vista de que ya se les habían hecho un contrato hasta el 31 de diciembre de 2016, situación que llamó la atención de las autoridades por que en ningún momento se había suscrito el contrato referido y ante la negativa de firmar el contrato con vigencia al 30 de abril de 2016, tomó tal actitud de los demandantes como que no deseaban seguir prestando sus servicios; y que en el presente caso, no ha habido despido, lo que efectivamente paso fue que los demandantes por su mera liberalidad no quisieron firmar los contratos que se les ofreció, no puede alegarse un despido indirecto ya que no concurren ninguna de las causas señaladas en el artículo 114 del Código del Trabajo, para alegar un despido indirecto, ya que fueron los mismos demandantes los que no quisieron firmar los contratos, y al no haber contrato firmado, no puede concurrir un despido indirecto, ya que la relación laboral con la Institución venció el 31 de diciembre de 2015, que fue el último contrato suscrito entre los demandantes; que en audiencia de primera de trámite la parte demandada interpuso el Defecto Material de Pago o Excepción de Pago, en virtud de que se les pago a los demandantes las prestaciones laborales de los años 2014 y 2015, y que la relación laboral termino en diciembre del 2015.-3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 21 de febrero del 2017, dictó sentencia declarando sin lugar la Excepción Perentoria de pago opuesta por la parte demandada; declaró con lugar la demanda ordinaria laboral, promovida por los señores Victoria Jeannette Kattan Franco; Leonel Antonio Flores Canales; Raúl Ernesto Molina Mejía y Dilcia Suyapa Espinoza Oliva, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones de la entonces SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO, ahora SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, para el pago, de preaviso, auxilio de cesantía, derechos adquiridos de forma proporcional salarios de días trabajados y salarios dejados de percibir solicitados por los demandantes; condenó a la parte demandada al pago de L. 588,194.96; así: a favor de Victoria Jeannette Kattan Franco, la suma de L. 284,603.22; a favor de Leonel Antonio Flores Canales, la cantidad de L. 111,621.74; a favor de Raúl Ernesto Molina Mejía, la cantidad de L. 104 718.97; y Dilcia Suyapa Espinoza Oliva, la cantidad de L. 87,250.03; por los conceptos preaviso, auxilio de cesantía; auxilio de cesantía proporcional; vacaciones proporcionales; decimo tercer mes proporcional, mes proporcional; salario adeudado; más los salarios dejados de percibir, desde la fecha de la terminación de la relación de trabajo, hasta la fecha en que se produzca la firmeza del fallo; y que del monto total condenado debe hacerse las deducciones que fueron pagados en concepto de preaviso y auxilio de cesantía en los años 2014 y 2015; declaró sin lugar la petición de devolución por gastos de garantías, sin costas; bajo el criterio que la relación de trabajo que vinculó a las partes en conflicto fue mediante la suscripción de contratos por tiempo determinado, no existe prueba alguna que acredite la necesidad o conveniencia de la accionada para contratar a término, pues no se aportó elemento probatorio alguno que así lo demuestre, razón por la que en consideración además de la antigüedad laboral, dicho nexo jurídico debe considerarse por tiempo indefinido al tenor de lo dispuesto en los artículos 47 y 48 del Código del Trabajo, pues aun y cuando al proceso se presentó prueba respecto al pago de prestaciones de los años 2014 y 2015 junto a la emisión del finiquito de solvencia, el nexo en mención fue de forma continua y por ende no es posible desconocer los derechos que la ley le concede a los demandantes, de conformidad a los artículos 128 de la Constitución de la República, 25 y 47 del Código del Trabajo (en similares términos se ha pronunciado la Sala Labora de la Honorable Corte Suprema de Justicia en los recursos de casación números 522-08, 190-10, 09-11 y 112-15; de ahí que los argumentos de la accionada respecto a la inexistencia del contrato de trabajo a partir del 2016, resulta inatendible, pues pese a que no se firmó el citado contrato, la relación se prolongó y para esa fecha, la ley ya le reconocía la naturaleza indeterminada a dicha relación de trabajo; en razón de ello, se estima que el cese laboral se produjo por actos atribuibles a la demandada al impedirles realizar sus funciones según se estipuló en el numeral ii) de los hechos probados del presente fallo y que constituyen actos inequívocos de despido; el auxilio de cesantía debe liquidarse a la terminación del contrato de trabajo, es decir en el momento en que el trabajador deja de prestar sus servicios definitivamente, en caso de que se otorgue de manera anticipada cuando la relación de trabajo ha sido continua, debe considerarse como abonos al mismo, según el artículo 2.1 del decreto 150-2008 de fecha 05 de noviembre del año 2008; en el caso de merito, la patronal en el mes de diciembre del año 2014 y 2015 pagó en concepto de auxilio de cesantía ciertas cantidades de dinero, según se dejo expuesto en los hechos probados del presente fallo; es por ello que del monto total de condena debe deducirse dicha suma al igual que los concedidos en concepto de preaviso, puesto que, aunque los trabajadores extendieron finiquitos de pago a favor de la patronal, nunca se desvincularon laboralmente de la demandada y con ello persiste el derecho de éstos a reclamar judicialmente los valores que se le adeudan; la suscripción de finiquitos no debe entenderse como una renuncia anticipada a los derechos que la ley le otorga a la finalización del contrato; por esos mismos motivos, la excepción perentoria de pago, no resulta atendible; y los pagos efectuados por la patronal en concepto de prestaciones, no tiene el efecto liberador de los salarios dejados de percibir, por cuanto tratándose de contratos de excepción debía acreditarse las causas que habían originado ese tipo de contratación y la demandada en el curso del juicio no aportó prueba a ese respecto, razón ésta que en atención al principio de estabilidad y en aplicación al artículo 120 reformado, los pagos efectuados en concepto de auxilio de cesantía, deben considerarse como adelantos, tal y como se dijo en el fundamento anterior; no obstante que al haberles cancelado las prestaciones cada vez que finalizaba el contrato de trabajo suscrito, al proceso únicamente se ha aportado documentación de los años 2014 y 2015; por lo que la deducción antes referida será en relación a esos años en atención al principio de la carga de la prueba y siendo que los derechos adquiridos fueron pagados hasta diciembre del año 2015, estos en atención a los equidad y justicia deben concederse de manera proporcional y computarse durante el tiempo que duro el nexo jurídico laboral en el año 2016, incluyéndose el pago salario durante ese tiempo, pues no consta su cancelación; en cuanto a la petición de devolución por gastos de garantías, esta debe declararse sin lugar por cuanto su emisión y cancelación y cancelación constituyen actos administrativos tramitados ante la institución demandada.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, en fecha 21 de junio del 2017, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por él a quo, sin costas; bajo el criterio que este Tribunal Ad quem, estima que las argumentaciones del apoderado demandado no resultan atendibles, el a quo si apreció que los actores laboraron por contrato por tiempo determinado bajo regímenes especiales, pero estimó que la demandada no había acreditado la necesidad de contratar a término y que la naturaleza de la actividad era permanente; reconoce los valores adelantados por el demandado por ello no supone un doble pago como lo acusa, y como antes se señalará, la inexistencia del contrato escrito no condiciona la vigencia del contrato de trabajo; razones éstas por las que, la sentencia definitiva objeto del recurso de apelación debe ser confirmada.- 5.- Mediante auto de fecha 29 de agosto del 2017, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado PEDRO ANTONIO GONZALES, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 25 de octubre del 2017, compareció ante éste Tribunal el Abogado PEDRO ANTONIO GONZALES, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 13 de noviembre del 217, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada NORMA ELIZABETH LÓPEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- 1.- Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- 2.- Que el Abogado PEDRO ANTONIO GONZALES, en un primer motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva nacional y de índole laboral, por infracción indirecta por la apreciación errónea del medio de prueba documental admitido a la parte demandada, que adelante se singulariza en relación a las demás o pruebas en subconjunto y que hiso incurrir en error de hecho que aparece manifiesto en los autos y que llevó en forma indirecta a la corte sentenciadora a la violación del artículo 46 letra b), 864 y 867 del Código de Trabajo como normas sustantivas vulneradas. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 párrafo segundo del Código del Trabajo. NORMAS ADJETIVAS QUE SIRVIERON DE MEDIOS: Las normas adjetivas que sirvieron de medios para la violación de la sustantiva señalada, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código de Trabajo. PRUEBA APRECIADA ERRÓNEAMENTE: Singularizo las pruebas erróneamente apreciadas de la siguiente manera: DOCUMENTAL PUBLICA, admitida a la parte demandada que corre agregada en la primera pieza de autos en los folios 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 132, 133, 135, 136, 140, en relación con la prueba en subconjunto. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La corte sentenciadora, al confirmar por unanimidad de votos el fallo dictado por el juzgado de primera instancia, manifiestamente incurrió en error de hecho, al apreciar erróneamente el medio de prueba DOCUMENTAL PUBLICO consistente en cada uno de los finiquitos de los año 2014 y 2015 otorgados por cada uno de los demandantes a favor de mi representado, admitido y evacuado en su oportunidad; en relación a los demás medios de prueba en subconjunto. En ese aspecto, el juzgador no está sujeto a tarifa legal de las pruebas, sino que forma libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la sana critica de la prueba, tal y como está consagrado en el artículo 739 del Código del Trabajo; pero esta, disposición no impide de manera alguna que el tribunal se coloque en una posición de profundo análisis para poder llegar a la verdad de los hechos, para impartir justicia aplicando la ley. Es decir, que deviene obligado a efectuar las apreciaciones de las pruebas en subconjunto o sea ello es una obligación insoslayable y esa apreciación debe ser acertada y completa. En ese sentido, la Corte de Apelaciones recurrida no logra inferir de tales medios de prueba, que mi representada realizo los pagos de los derechos laborales a los demandantes en los años anteriores al año 2014; debiendo ser la apreciación correcta de los citados medios de prueba. Más aun cuando, los finiquitos evacuados libran a la Institución demandada de toda responsabilidad laboral, presente, pasada y futura, a la fecha en que firmo el mismo. Tal pretensión no conlleva el desconocimiento de los derechos laborales a favor de los demandantes, por parte de nuestro representado como lo esgrime la corte recurrida; antes bien, se hicieron los pagos de sus derechos en todos los años que laboraron los actores de la presente demanda. Es decir, que se incurrió en el error de hecho, al no apreciar de la prueba relacionada que la parte demandada no adeuda a la parte actora, ningún valor en concepto de prestaciones laborales; pues ellos aceptaron tal pago como realmente ocurrió. SOBRE LA DENUNCIA DE LOS VICIOS PROCESALES EN LA INSTANCIA: Al recaer estos vicios en la sentencia definitiva, no se pudo realizar la denuncia previa de estos vicios, siendo este recurso extraordinario el único remedio procesal para enmendar la infracción denunciada. INCIDENCIA DE LA INFRACCIÓN EN LA RESOLUCIÓN: Indudablemente esto agravia al estado porque de la prueba descrita se debió concluir acertadamente que a la demandante, el Estado así como le pagó las prestaciones de los años 2014 y 2015, le cancelo también todas sus prestaciones laborales de todos años anteriores.”.- 3.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible por los defectos técnicos siguientes: a) se indican como normas sustantivas infringidas, entre otros, los artículos 46 literal b) y 867 del Código de Trabajo, sin embargo, el primero no ostenta la calidad de sustantivo y el segundo contiene párrafos siendo necesario precisar a cuál de ellos se dirige el taque. Conviene recordar que normas sustantivas son aquellas que confieren derechos y deberes correlativos o los extinguen; b) carece de precisión el precepto autorizante al omitirse en numeral en que se encuentra contenido el concepto de la infracción; y, c) en la explicación se realizan inoportunos alegatos de instancia.- 4.- Que en un segundo motivo se aduce: “Se impugna la falta de aplicación de las normas procesales que regulan los requisitos internos de la sentencia. DISPOSICIÓN INFRINGIDA: Estimo como disposición legal infringida el artículo 207.1 en relación con el artículo 701.1 del Código de Procesal Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719.1. c) del Código Procesal Civil. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. El presente motivo de casación está orientado a dejar de manifiesto el yerro en que incurre el Ad-quem al momento de dictar sentencia, pues vulnero el requisito interno de las sentencias denominado motivación. Este principio exige que las sentencias han de motivarse expresando los razonamientos facticos y jurídicos por los cuales de la prueba y del derecho aplicable, se arribó a determinada conclusión. En ese sentido esa obligación también la establece el artículo 41 del Estatuto Del Juez Iberoamericano que reza: “Motivación Los jueces tienen la inexcusable obligación, en garantía de la legitimidad de su función y de los derechos de las partes, de motivar debidamente las resoluciones que dicten”. Sobre este requisito, es que denunciamos el vicio de la presente sentencia recurrida a través de este recurso, habida cuenta que el Ad-quem no motiva suficientemente su resolución....- Esta falta de motivación suficiente se materializa también al desconocerse los razonamientos facticos y jurídicos por los cuales, no opera la prescripción en esta causa. Al ser una pretensión del Estado la referida a que desde el momento en que finalizaba cada contrato, la demandante tenía dos meses para reclamar sus prestaciones laborales, más aún cuando se le pagaron dos años consecutivos; de tal argumento se debió dar una respuesta, pero la corte vagamente en el fundamento de derecho tercero lo lleva al contexto de la ausencia de un doble pago. De lo cual, se colige fácilmente que la demandante pudo reclamar tal pago incluso cuando se le pago en el 2014 y 2015 sus prestaciones laborales. En adición a lo anterior, tampoco se dio respuesta al argumento de la parte demandada en el sentido que anualmente se le pago las prestaciones e indemnizaciones a cada actor; aunque si lo fijo la corte recurrida en el acápite ALCANCE DEL RECURSO, como una pretensión a la cual debía dar respuesta. Bajo este contexto, no obtuvimos respuesta argumentada jurídicamente sobre estas alegaciones específicas, más aun cuando queda claro que si se pagaron tales derechos. Así las cosas, es claro que la sentencia hoy recurrida no soporta del control de legalidad exigido. En ese sentido, la legalidad de la decisión no puede ser, de ninguna manera verificada en la causa bajo examen; pues aunque la sentencia contiene cierta motivación, la misma no es suficiente para dar respuesta completa en todos los aspectos objeto de tesis defensiva por El estado. Sobre este aspecto MIQUELLE TARUFO (2006) afirma: “es claro que este tipo de control sólo puede ejercerse cuando la sentencia sobre la que se aplica contiene el razonamiento interpretativo realizado por el juez, es decir, se encuentre motivada”. La motivación de la sentencia civil/Michele Taruffo, tr. Lorenzo Córdova Vianello. México, 2006. XIV, pag. 341. SOBRE LA DENUNCIA DE LOS VICIOS PROCESALES EN LA INSTANCIA: al recaer estos vicios en la sentencia definitiva, no se pudo realizar la denuncia previa de estos vicios, siendo este recurso extraordinario el único remedio procesal para enmendar la infracción denunciada. INCIDENCIA DE LA INFRACCIÓN EN LA RESOLUCIÓN: Indudablemente esto agravia al estado porque no tuvo la oportunidad de conocer la totalidad de los argumentos por los cuales erróneamente se le condena; más aún cuando tales argumentaciones no son esbozadas porque no tendrían ningún sustento factico ni jurídico.”.- 5.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por contener los defectos técnicos siguientes: a) la norma señalada como infringida no corresponde al orden laboral de conformidad a lo dispuesto en el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código del Trabajo; y b) el precepto autorizante igualmente no corresponde al orden laboral.- 6.- Que el cargo debe ser completo en su formulación, suficiente en su desarrollo y eficaz en lo que pretende, puesto que de no hacerse de esa manera no alcanzan a producir los resultados que persiguen, ni la finalidad del recurso de casación.- 7.- Por las razones antes expuestas, es procedente desestimar el recurso de mérito en la pretensión que encierran los dos motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los un día del mes de marzo del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha cinco de febrero del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 375-17.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
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