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Sentencia CL-336-17 — Registro 8626

Resumen

En primera instancia se declara con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por el demandante condenó a la demandada al pago de preaviso; auxilio de cesantía; auxilio de cesantía proporcional; vacaciones proporcionales; décimo tercer mes de salario proporcional décimo cuarto mes proporcional; salario adeudado, se confirma en segunda instancia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...."Que el anterior cargo resulta ser inadmisible, ya que la Recurrente incurre en los siguientes defectos técnicos: a) alega dos formas distintas de violar la ley, la infracción directa o falta de aplicación y la interpretación errónea, las cuales no se pueden sustentar conjuntamente, ya que si una norma no se aplicó no pudo ser interpretada; b) de las disposiciones que señala como infringidas, el artículo 47 del Código del Trabajo no ostenta carácter sustantivo y el 52 del mismo ordenamiento jurídico, cuenta con tres párrafos, que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas, que era necesario precisar a cuál de ellas dirige su ataque contra el fallo impugnado; y, c) en su explicación realiza alegatos propios de instancia y hace referencia al artículo 2 del referido Código del Trabajo, sin haberlo mencio0nado como infringido o relacionado en su formulación.-"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., cinco de febrero de dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 12 de septiembre del 2017, por la Abogada ALEJANDRA YANETH FIGUEROA AGUILAR, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, la señora SANDRA ELIZABETH CABRERA MADRID, representada en juicio por la Abogada LESLIE ESAÚ CARBAJAL CONDE. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa del despido, en caso contrario pague las prestaciones, derechos e indemnizaciones laborales correspondientes, en virtud del despido directo, ilegal e injustificado, salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios y costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 27 de marzo del 2015, por el Abogado EDUARDO VINICIO MEJÍA TROCHEZ, en su condición de representante procesal de la señora SANDRA ELIZABETH CABRERA MADRID, mayor de edad, soltera, Pasante Universitaria de Economía, hondureña y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, contra la entidad estatal denominada DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI), a través de su Directora Ejecutiva y Representante Legal, la señora MIRIAM GUZMÁN, mayor de edad, Abogada, hondureña. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 29 de mayo del 2017, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 01 de marzo del 2017, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR la demanda promovida por la señora SANDRA ELIZABETH CABRERA MADRID para el pago de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional, décimo cuarto mes proporcional, salario adeudado y salarios dejados de percibir promovida contra la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI) a través de su Directora MIRIAM GUZMÁN; consecuentemente se CONDENA a la demandada al pago de: CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (L.53,542.97) de acuerdo al desglose que a continuación se detallan: preaviso: L.20,066.67; auxilio de cesantía: L.20,066.67; auxilio de cesantía proporcional: L.5,908.52; vacaciones proporcionales: L.2,532.22; décimo tercer mes de salario proporcional: L.47.78; décimo cuarto mes proporcional: L.4,347.78; salario adeudado: L. L.573.34; más los salarios dejados de percibir desde la fecha en que se produjo la terminación de la relación de trabajo hasta la fecha en que quede firme el fallo.- TERCERO: DECLARANDO SIN LUGAR el reclamo de pago de vacaciones adeudadas.- CUARTO: SIN COSTAS en ésta instancia dado el carácter social de las normas del trabajo”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que empezó a trabajar con la demandada el 30 de mayo del 2012, devengando un salario de L.8,600.00, en el cargo de Transcriptor de Datos en las Oficinas de la Región Nor-Occidental de la DEI, de manera continua e ininterrumpidamente de manera personal remunerada y subordinadamente; que el 02 de enero del 2015, le notificaron por escrito la terminación de la relación de trabajo, y a partir de esa fecha se agotaron las instancias ante la autoridad administrativa del Trabajo de la ciudad de San Pedro Sula, con el ánimo de que se le reconocieran los derechos y garantías laborales, sin tener resultado alguno; manifestó que venía laborando para la DEI, desde el 30 de mayo de 2012, hasta el 02 de enero de 2015, sin embargo dolosamente y con fraude de ley, la patronal por simular una relación de trabajo por tiempo limitado y determinado para evitar el pasivo laboral que le correspondía, la demandada, extendió varios contratos de servicio por tiempo limitado y que al haber firmado varios Contratos de Trabajo la relación fue continua y sin interrupción hasta la fecha que fue despedido, contratos que reunía los tres elementos esenciales que estipula el artículo 20 del Código del Trabajo; alegó también que le adeudan vacaciones desde el inicio de su relación laboral hasta la fecha de despido, habiendo laborado 2 años 7 meses y tres días, por lo que le correspondía gozar vacaciones causadas durante los periodos de 2012-2013, 2013-2014; asimismo reclamó 2 días de salario adeudados, correspondientes a los días 01 y 02 de enero de 2015, porque laboró durante esos días; y que con el ánimo de llegar a un arreglo conciliatorio realizó todos los trámites ante la Secretaría del Trabajo, siendo imposible el mismo se dio por agotada la vía administrativa en fecha 02 de febrero del 2015.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, a través de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, contestó dicha demanda señalando que la demandante inició la relación laboral el 30 de mayo de 2012 y en el cargo mencionado; alegó que no fue un despido lo que se realizó sino que la relación laboral era por tiempo determinado, en donde se estableció fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2014, en donde aceptó y firmó; y que la nota que se le entregó a la demandante en ningún momento habla de terminada la relación de trabajo, y que mucho menos se trata de un despido, por el contrario lo que en dicha nota se le hace saber es recordarle que el contrato finalizó el 31 de diciembre del 2014 de conformidad a lo pactado, quedando resuelto el mismo; que en ningún momento se cometió fraude ya que los contratos están legitimados por nuestra legislación, y faculta a la demandada a establecer prorrogas de los mismos y que la demandante no ejerció el derecho de presentar el reclamo respectivo en el momento procesal oportuno, pues no hizo uso del término de dos (2) meses que otorga el artículo 867 del Código del Trabajo para ejercer la acción y solicitar el derecho a que se le declarara la permanencia, dejando así prescribir la acción, y que según los contratos la relación laboral fue bajo la modalidad de “contratos por servicios Profesionales” o “contratos por servicios por tiempo limitado”; y en cuanto al reclamo de los periodos de vacaciones y dos días de salario adeudados deberá probarlos en juicio.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 01 de marzo del 2017, dictó sentencia declarando con lugar, la demanda ordinaria laboral promovida por el Abogado EDUARDO VINICIO MEJÍA TROCHEZ, en su condición de representante procesal de la señora SANDRA ELIZABETH CABRERA MADRID, contra la entidad estatal denominada DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI), a través de su Directora Ejecutiva y Representante Legal, la señora MIRIAM GUZMÁN; consecuentemente condenó a la demandada al pago de L.53,542.97, en concepto de preaviso; auxilio de cesantía; auxilio de cesantía proporcional; vacaciones proporcionales; décimo tercer mes de salario proporcional décimo cuarto mes proporcional; salario adeudado; más los salarios dejados de percibir desde la fecha en que se produjo la terminación de la relación de trabajo hasta la fecha en que quede firme el fallo; declaró sin lugar el reclamo de pago de vacaciones adeudadas, sin costas; bajo el criterio que el nexo jurídico que vinculó a las partes en conflicto fue mediante la suscripción de contratos por tiempo determinado, no existe prueba alguna que acredite la necesidad o conveniencia de la accionada para contratar a término, pues no se aportó elemento probatorio alguno que así lo demuestre; razón por la que en consideración de la antigüedad laboral, dicho nexo jurídico debe tenerse por tiempo indefinido al tenor de lo dispuesto en los artículos 47 y 52 del Código del Trabajo; en ese sentido, la demandada para ponerle final a la relación de trabajo tuvo que invocar alguna de las causas establecidas en el artículo 111 del mismo cuerpo de Leyes mas no lo hizo así, pues se limitó a señalar la finalización del contrato, lo que no constituye causa justa de terminación y si bien en el curso del juicio se ha argumentado la existencia del convenio interinstitucional de patronos para la operatividad del registro vehicular suscrito entre la DEI y el IP ello no puede ser considerado al tenor del artículo 117 del código del trabajo, pues ello no fue invocado en la nota mediante la cual se le puso fin al nexo jurídico laboral; y es que, peca contra la buena fe el que con posterioridad a la extinción del contrato de trabajo se aduzca por cualquiera de las partes razones, hechos o motivos que justifiquen esa terminación unilateral, o que en juicio se invoquen unos nuevos, no alegados en el momento de provocar la ruptura; en cuanto al reclamo de vacaciones causadas impetradas por la parte actora debe declararse sin lugar, pues según los contratos suscritos por las partes, la demandante gozaría de un día por cada mes laborado; debiendo concederse el pago de sueldo adeudado correspondiente a los dos días del mes de enero del 2015 pues no consta su pago.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, en fecha 29 de mayo del 2017, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que de la revisión de los autos se aprecia que dichos argumentos no fueron la causa del cese laboral al tenor de 1o dispuesto en el artículo 117 del Código del Trabajo; ni fueron planteados en su defensa al momento de dar contestación a la demanda, sino que lo hizo en alegaciones finales de primera instancia, y como alegatos ante esta instancia, resultando por ello extemporáneos, pues de otra forma se le vedaría el derecho a la parte contraria de contraprobar tales extremos; los motivos expuestos por la demandada al momento de producirse la desvinculación laboral fueron en relación a que el contrato venció el 31 de diciembre del 2014, en razón de ello resulta necesario establecer que conforme lo dispuesto en el artículo 46 del Código de la materia, las relaciones de trabajo, además de ser por tiempo indefinido pueden también convenirse por tiempo limitado o cuando se ha previsto el acaecimiento de algún hecho o circunstancia que forzosamente ha de poner término a la relación de trabajo o para obra o servicios determinados; el caso de mérito no obstante que el nexo jurídico existente entre las partes fue bajo la modalidad de contratos con fechas determinadas según se aprecia en su contenido, no existe prueba alguna que acredite la necesidad o conveniencia de la accionada para contratar a término, pues no se aportó elemento probatorio alguno que así lo demuestre; por el contrario, con los documentos que obran a folios 19-38; las funciones de transcriptor de datos en la Unidad de Vehículos, era de carácter permanente, de manera que dichas relaciones deben considerarse por tiempo indefinido, al tenor de lo dispuesto en los artículos 47 y 52 el Código del Trabajo en razón de la antigüedad y la naturaleza de la labor ejecutada por el demandante que sin duda alguna forma parte de los fines de la institución, consecuentemente, su finalización sin responsabilidad económica sólo puede darse si concurre causa justa para ello, situación que no ocurre en el presente caso ya que únicamente se estipuló que el contrato se dio por resuelto el 31 de diciembre de 2014, sin señalar los motivos del cese laboral, pese haber establecido como fundamento que dicha contratación es a término, de manera que los argumentos de la apelante resultan inatendibles; por las razones antes expuestas, se estima procedente confirmar la sentencia objeto de recurso.- 5.- Mediante auto de fecha 02 de agosto del 2017, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada ALEJANDRA YANETH FIGUEROA AGUILAR, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 12 de septiembre del 2017, compareció ante éste Tribunal la Abogada ALEJANDRA YANETH FIGUEROA AGUILAR, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI), formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 16 de octubre del 2017, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada LESLIE ESAÚ CARBAJAL CONDE, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código del Trabajo, no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el País, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice.- II.- Que la Abogada ALEJANDRA YANETH FIGUEROA AGUILAR, en su primer motivo expresa: “Acuso a la sentencia de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por infracción directa porque el tribunal Ad Quem aplicó la norma pertinente, pero interpretada en forma errónea de los artículos 47 y 52 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE: La disposición legal contenida en los artículos 47 y 52 párrafo del Código del Trabajo. En el fallo o parte dispositiva de la sentencia recurrida, la Corte Sentenciadora, condena al Estado de Honduras, por actuaciones de la Suprimida y Liquidada Dirección Ejecutiva de Ingresos, al pago de prestaciones y demás indemnizaciones legales, aplicando la norma pertinente, pero interpretada de forma errónea, como ser los artículos 47 y 52 del Código del Trabajo. Dicha sentencia contiene mala aplicación de la Ley e interpretación indebida, es decir, hay error en la aplicación e interpretación de la norma de derecho, contenida en el Articulo 47 y 52 del Código de Trabajo, ya que los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se consideraran como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese termino de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que le dio origen o la materia del trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas, otorgando con ello permanencia del Trabajador por contrato, pero tanto el Juzgados A-quo como el Ad-Quem han mal interpretado la norma puesto que la Relación laboral que existió entre el Demandante y mi representada estaba sujeto a un Régimen de Contrato de Servicios Profesionales, regido por las Leyes Administrativas y las cláusulas contractuales contenidas en el mismo, y no por las Leyes Laborales como erróneamente se ha aplicado a este caso, y como así lo establece el Artículo 2 del Código de Trabajo Vigente: “Son de orden público las disposiciones contenidas en el presente Código y obligan a todas las empresas, explotaciones o establecimientos así como a las personas naturales. Se exceptúan: 1)...2) Los empleados públicos nacionales, departamentales y municipales.” misma relación que era por tiempo transitorio y determinado, y al no ser una relación permanente, no ameritaba expresar causa alguna pues además de haber concluido su contrato por haber llegado a su fecha de finalización ya establecía en la Cláusula que se ha hecho referencia que dicho contrato no será renovado “Sin mediar alguna causa”, así mismo en el contrato se manifiesta su consentimiento en las clausulas contentivas del mismo, y por lo tanto el contrato con la totalidad de sus cláusulas se convierte en Ley entre las partes por lo que el Ad-Quem también violenta la Pacta Sunt Servanda del contrato ya que esta debe ser fielmente cumplida por las partes de acuerdo con lo pactado, de acuerdo a las normas de Autonomía de la Voluntad de las partes.”.- III.- Que el anterior cargo resulta ser inadmisible, ya que la Recurrente incurre en los siguientes defectos técnicos: a) alega dos formas distintas de violar la ley, la infracción directa o falta de aplicación y la interpretación errónea, las cuales no se pueden sustentar conjuntamente, ya que si una norma no se aplicó no pudo ser interpretada; b) de las disposiciones que señala como infringidas, el artículo 47 del Código del Trabajo no ostenta carácter sustantivo y el 52 del mismo ordenamiento jurídico, cuenta con tres párrafos, que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas, que era necesario precisar a cuál de ellas dirige su ataque contra el fallo impugnado; y, c) en su explicación realiza alegatos propios de instancia y hace referencia al artículo 2 del referido Código del Trabajo, sin haberlo mencio0nado como infringido o relacionado en su formulación.- IV.- Que en el segundo motivo se alega: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta del artículo 113 párrafo primero interpretado mediante decreto número 89 de fecha 24 de noviembre de 1969 del Código del Trabajo, por ERROR DE HECHO, derivado de una mala apreciación de la prueba por la corte sentenciadora del Convenio Interinstitucional de Sustitución de Patronos, de fecha treinta de diciembre del año dos mil catorce. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo segundo del artículo 765 del Código del Trabajo. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE: El error de hecho, derivado de una mala apreciación de la prueba por la corte sentenciadora consistente en el Convenio Interinstitucional de Sustitución de Patronos, de fecha treinta de diciembre del año dos mil catorce. Esta mala apreciación de la prueba constituye un error de hecho manifiesto, que como tal aparece en los autos, o sea, contrario a la evidencia demostrada con la prueba de que se trate, pues en el medio de prueba denominado Documental mediante oficio que se libró al Instituto de la Propiedad a fin de que se certificara el convenio Interinstitucional, se observa que, en el documento denominado Anexo A, se detalla el nombre de las personas que fueron trasladadas al Instituto de la Propiedad, pues se observa que a la par de donde se describe el nombre de la demandante específicamente en el No. 39, manuscrito se lee esta la leyenda “no vino”, es decir que la demandante en ningún momento se presentó al Instituto de la propiedad a ponerse a las órdenes de su nuevo patrono, prueba que corre agregado a folios 237 al 345. Prueba que la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes no aprecio, en su conjunto a la demás prueba aportada.”.- VI.- Tampoco puede prosperar el anterior cargo, ya que la Impetrante incurre en los siguientes defectos técnicos: a) no señala las reglas procesales que sirvieron de medio para la violación de la norma sustantiva; y, b) aduce que el error de hecho es “derivado de una mala apreciación de la prueba por la corte sentenciadora”, pero en la parte final de su explicación alega que “Prueba que la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes no aprecio, en su conjunto a la demás prueba aportada”, lo cual resulta contradictorio, ya que se invocan ambas modalidades del error de hecho y no es posible que el Juzgador al mismo tiempo haya dejado de apreciar y apreciado erróneamente la prueba.- VII.- Por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierran los dos motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil, 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los siete día del mes de marzo del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha cinco de febrero del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 336-17.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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