Sentencia CL-332-18 — Registro 9200
Resumen
Segunda instancia revocó la sentencia declarando con lugar el recurso de apelación y sin lugar la demanda ordinaria laboral de primera instancia pidiendo el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido indirecto, prestaciones laborales causadas con sus derechos adquiridos causadas y proporcionales, preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que, revisada la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones recurrida, se aprecia que en la misma no se realiza el análisis debido del asunto sometido a su conocimiento conforme a la legislación laboral vigente, ya que no hace pronunciamiento alguno sobre los derechos adquiridos como tampoco analiza en los hechos probados del proceso la causal de la reasignación de la demandante de no tener las credenciales de una Licenciatura en Educación Básica, cuando ya existe jurisprudencia de que la contratación de un trabajador que no llena los requisitos y condiciones legalmente exigidos, este trabajador/trabajadora, adquiere la condición de permanente y en consecuencia no puede beneficiarse el contratante de su omisión.- "
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central Decreto 220-2003, art. 2 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"Que es deber ineludible de la Corte Suprema de Justicia no solo observar la técnica rigurosa y formalista del recurso de casación, sino que se garantice el debido proceso y el derecho de defensa a las partes, particularmente que las resoluciones deben ser dictadas con la suficiente explicación de los puntos en litigio y los temas debatidos, como que sean congruentes y los resuelvan debidamente.- XI.- Que conforme con el artículo 701 numeral 3) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, dispone que el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieran denunciado por el recurrente.- XII.- Que, por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida, para que el Ad-quem proceda de conformidad a derecho."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 701, numeral 3) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., cinco de septiembre de dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha veinticuatro de octubre del año dos mil dieciocho, por la Abogada LIGIA CAROLINA ORELLANA FLORES, mayor de edad, casada, hondureño y con domicilio en la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en su condición de representante procesal de la señora CHELSIE ROCHELLE HYDE MALDONADO, como recurrente; además, es parte recurrida, la sociedad ESCUELA BILINGÜE BRASSAVOLA S. DE R.L., representada en juicio por el Abogado RUBEN ALFONSO CRUZ DAVID. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral de primera instancia pidiendo el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido indirecto, prestaciones laborales causadas con sus derechos adquiridos causadas y proporcionales, preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, promovida ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha once de octubre del dos mil diecisiete, por la señora CHELSIE ROCHELLE HYDE MALDONADO, mayor de edad, hondureña, casada, pasante de la carrera de educación básica y con domicilio en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, contra la sociedad ESCUELA BILINGÜE BRASSAVOLA, S. DE R.L., por medio de su GERENTE GENERAL, en ese entonces señora ZULLY MARIBEL FRANCISCO SOSA, mayor de edad, soltera, hondureña, Licenciada en Economía y con domicilio en la ciudad de La Ceiba, Atlántida. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintiuno de junio del año dos mil dieciocho, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, que falló REVOCANDO la sentencia de fecha nueve de mayo del año dos mil dieciocho, proferida por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Atlántida: “FALLA: PRIMERO: Declarar HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado RUBEN ALFONSO CRUZ DAVID, en su condición de apoderado legal de la parte demandada contra la sentencia definitiva de fecha nueve de mayo de dos mil dieciocho dictada por el Juzgado de Letras de esta sección judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida.- SEGUNDO: REVOCAR la Sentencia Definitiva de fecha nueve de mayo de dos mil dieciocho dictada por el Juzgado de Letras de la sección judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA PIDIENDO EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES POR DESPIDO INDIRECTO ... promovida por la señora CHELSIE ROCHELLE HYDE MALDONADO, en su condición personal contra la Sociedad ESCUELA BILINGÜE BRASSAVOLA S. DE R. L., a través de su Gerente General ZULLY MARIBEL FRANCISCO SOSA- TERCERO: ABSOLVER a la Sociedad ESCUELA BILINGÜE BRASSAVOLA S. DE R. L., del pago de Prestaciones Laborales efectuado por la parte demandante. CUARTO: Sin costas.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que comenzó su relación laboral con la demandada en el año 2011, por medio de contrato en el cargo de Asistente por el período de 2 meses y fue ascendida como Maestra de primer grado hasta su cancelación, que a finales de febrero 2017, acudió al seguro social porque no se sentía bien de salud, donde le realizaron una serie de exámenes resultando que se encontraba en estado de embarazo, habiéndole concedido 3 días de incapacidad, en fecha 3 de marzo 2017, la citaron verbalmente a la oficina para comunicarle la decisión de ser nombrada ahora como Asistente de Pre-Escolar, cuando ha venido desempeñando por varios años Maestra de primer grado, por lo que al bajarla de categoría, se vio obligada a buscar los servicios de un Abogado y al ver la demandada que se encontraba asesorada, la dejaron culminar el año académico 2016-2017 a pesar de que le enviaban correos en que la invitaban a renunciar, después de las vacaciones regresó al primer día del período académico 2017-2018, incluso hizo las capacitaciones del inicio del año, en fecha 9 de agosto del 2017 se sintió mal, habiéndola hospitalizado 3 días debido al estrés y la amenaza de bajarle de categoría, así como la presión para que renunciara, viéndose obligada a buscar los servicios de la Procuraduría General del Trabajo, en fecha 16 de agosto 2017, y siendo que no aceptó la reasignación, la demandada alegó que no reunía los requisitos para ejercer el cargo y dejo de laborar a partir del 24 de agosto 2017, fecha en que la Inspectora del Trabajo le comunicó y confirmó el despido indirecto de que era objeto, gozando de incapacidad médica de 32 días.- 2.- La parte demandada, Sociedad ESCUELA BILINGÜE BRASSAVOLA S. DE R. L., contestó dicha demanda señalando que aceptando parcialmente los hechos alegados por la parte actora, alegando en los hechos en que apoya su defensa lo siguiente: Que la señora demandante laboro con ellos suscribiendo varios contratos individuales de trabajo por periodos de un año lectivo desde el año 2011, que la situación se debe a que el Estado de Honduras exige a los prestadores de servicios de Educación Primaria obtengan el título de Docentes, el que le han venido reiterando a la señora Chelsie Rochelle los títulos específicos que requiere la ley para obtener el cargo; que en fecha 16 de junio del 2017, su representada le notificó a la demandante su reasignación a otro cargo o puesto de trabajo, por no reunir los requisitos legalmente exigidos para optar a ese cargo y se dio por despedida injustificadamente el 23 de agosto del 2017.- 3.- Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha nueve de mayo del año dos mil dieciocho, dictó sentencia declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por la señora Chelsie Rochelle Hyde Maldonado contra la Sociedad ESCUELA BILINGÜE BRASSAVOLA S. de R. L., a través de su Gerente General señora Zully Maribel Francisco Sosa, para el pago de prestaciones laborales, por despido indirecto e injusto, derechos adquiridos y salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios; CONDENÓ a la demandada a pagar a favor de la demandante la cantidad L.110,480.00, por los conceptos de Preaviso, Auxilio de Cesantía, Auxilio de Cesantía Proporcional, Vacaciones proporcionales, Decimotercer mes Proporcional, Decimocuarto mes Proporcional, más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, desde la fecha que se produjo el despido hasta la fecha en que con sujeción a las normas legales correspondientes quede firme la sentencia respectiva, sin costas; bajo el criterio que una de las causa que faculta al trabajador para dar por terminado su contrato de trabajo, sin previo aviso y sin responsabilidad de su parte, conservando el derecho de las prestaciones e indemnizaciones legales, es el hecho que la patronal lo traslade a un puesto de menor categoría, según lo dispone el artículo 114 literal g), del Código del Trabajo, y en la presente causa queda demostrado que la trabajadora Chelsie Rochelle Maldonado inició a laborar para la patronal demandada en fecha 3 de agosto 2011, en el cargo de Maestra de Kinder y en agosto 2013, fue ascendida a Maestra de Primer Grado de manera permanente y en fecha 16 de junio 2017, le notifican que para el periodo académico de 2017- 2018, desempeñaría el cargo de Asistente de Pre-Kinder en el nivel de Pre-Escolar, cuando ha laborado por casi cinco años en el cargo de maestra de primer grado, quedando demostrado de esta manera la baja de categoría en el cargo que había venido desempeñando, causa que la motivó a notificar a la patronal demandada su despido indirecto, en fecha 23 de agosto del 2017, dando así por finalizada la relación laboral que le unía con la Escuela Bilingüe Brassavola, quedando probada la justificación del despido alegado por la parte actora, ya que el motivo alegado por la patronal para bajarla de categoría no quedo probado en juicio de forma creíble y que en todo caso fue desvirtuado con el medio de prueba documental referente al Historial Académico de la señora Chelsie Maldonado, en cuanto al reclamo del pre y post natal y despido en estado de embarazo, el artículo 135 párrafo tercero del Código del Trabajo, establece que para efecto de este reclamo, la trabajadora debe presentar al patrono un Certificado Médico en el qué debe constar; el estado de embarazo, la indicación de la fecha probable de parto y la indicación del día en que debe empezar el descanso, hecho que la trabajadora Chelsie Maldonado, no acreditó en autos, y si bien es cierto que en el expediente personal de la demandante aparece una referencia de fecha 25 de abril 2017, la misma no es legible, ya que no se entiende y en cuanto al medios de prueba documental consistente en un certificados de incapacidad médica, donde señala el estado de embarazo y la fecha probable de parto, el mismo no fue puesto en conocimiento de la patronal, ya que fue extendida en fecha 26 de septiembre 2017, fecha que es, posterior a la notificación del despido indirecto, por lo que procedió desestimar la demanda en cuanto al reclamo del pre y post natal y descanso, y declarar con lugar en cuanto al pago de prestaciones, derechos adquiridos y salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios.- 4.-La Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha veintiuno de junio de dos mil dieciocho, dictó sentencia REVOCANDO la proferida por el a quo, declarando sin lugar la demanda, absolviendo de toda responsabilidad a la demandada, sin costas; bajo el criterio que la demanda fue promovida por la señora Hyde Maldonado, por considerar haber sido objeto de un despido indirecto por parte de la demandada, al habérsele trasladado del puesto de Maestra de primaria al cargo de Asistente de Pre-Kinder en el nivel de preescolar, lo cual para la A-quo constituye motivo suficiente para tener por acreditado el despido injustificado, lo que no es compartido por ésta alzada puesto que no debe considerarse únicamente el hecho de que a la demandante se le traslada a otro cargo, sino las razones para tal cambio y en el caso subjudice quedó acreditado que pese a saber que tenía que obtener su licenciatura y habérsele solicitado acreditar el hecho de estar matriculada como alumna en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), no dio cumplimiento a tal requerimiento lo que motiva a la demandada a tomar la decisión del cambio, lo que es justificado, aunado a que de la lectura del memorándum de fecha 16 de junio de 2017 se desprende claramente que el salario no le sería afectado, de ninguna forma y que la decisión fue tomada por no reunir los requisitos legales de certificación pedagógica para fungir como maestra de Primaria, que la señora Chelsie Rochelle Hyde Maldonado notificó el despido indirecto a la demandada en fecha 23 de agosto de 2017, fecha en la que se encontraba con una incapacidad, lo que fue referido por la misma señora Hyde, quien en audiencia al formulársele la pregunta “El día en que usted notifico su despido indirecto tenía una incapacidad medica? Contesta: si fue el día 23 de agosto y no fui yo quien lo notifico si no la inspectora de la procuraduría del trabajo que ya me había dicho que iba a retirarme porque era un despido indirecto y fui por documentos de mi aula anterior. ¿Cuándo usted manifiesta que gozaba de una incapacidad el día que notifico el despido indirecto en la Institución demandada, podría decirme de cuánto tiempo era esa incapacidad de que fecha gozo la misma? Contestó: la incapacidad era por tres días de fecha 21, 22 y 23 de agosto de 2017.”; manifestando claramente la demandante que el día en que se notificó el despido indirecto se encontraba con una incapacidad, por ende, no era procedente la notificación, debiendo en todo caso realizar tal acto el día 24 de agosto, es decir al día siguiente por ser el día en que debía reintegrarse a sus labores. Ante tal circunstancia no puede eximirse a la trabajadora de sus obligaciones, lo anterior porque si conforme a la ley el patrono no debe despedir a trabajador alguno durante el periodo que se encuentre con una incapacidad, de igual manera, al trabajador no le ampara disposición legal alguna para notificar su despido indirecto durante el tiempo que se encuentre con una incapacidad, como aconteció en el caso de autos, en el cual la notificación del despido fue en el último día de su incapacidad, lo que es improcedente, que si bien se acredita que la señora Hyde Maldonado ha cursado 31 unidades valorativas en la Universidad Pedagógica Nacional, la misma dio inicio a la carrea en el 1 período de 2012 en el segundo periodo de 2012 matriculo 5 asignaturas aprobando únicamente una de ellas, de allí es hasta el 2 periodo de 2014 que reingresa a la Universidad, cursando 4 asignaturas, el 3 periodo de 2014 matriculó cinco asignaturas sin aprobar ninguna de ellas y de allí es hasta el 1 período de 2016 que reingresa y de 5 asignaturas matriculadas, aprobó únicamente una de ellas, lo que lejos de demostrar el deseo de cursar la carrera por parte de la señora Hyde lo que comprueba es la falta de interés de la misma en culminar sus estudios pese a saber que es un requisito para el cargo de Maestra que ostentaba, que el artículo 114 del Código del Trabajo establece las causas justas que facultan al trabajador para dar por terminado el contrato de trabajo, sin prea viso y sin responsabilidad de su parte, conservando el derecho a las prestaciones e indemnizaciones legales, como en el caso de despido injusto, amparándose la demandante en la contenida en la letra g) de dicha disposición “Trasladarle a un puesto de menor categoría o con menos sueldo cuando hubiere ocupado el que desempeña por ascenso, sea por competencia o por antigüedad...” sin que haya probado que el cambio efectuado por la sociedad demandada es a un cargo de menor categoría cuando de la documentación aportada lo que se evidencia es que de maestra de primer grado fue transferida a asistente de Pre-kinder y que su salario no se vería afectado con tal cambio, por ende, se estima que no se acreditó que el puesto sea de los considerados de menor categoría, no siendo procedente el despido indirecto alegado por la señora Chelsie Rochelle Hyde Maldonado.- 5.- Mediante auto de fecha veintidós de agosto del año dos mil dieciocho, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada LIGIA CAROLINA ORELLANA FLORES, en su condición de representante procesal de la señora CHELSIE ROCHELLE HYDE MALDONADO, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha veinticuatro de octubre del año dos mil dieciocho, compareció ante éste Tribunal la Abogada LIGIA CAROLINA ORELLANA FLORES, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha veinticuatro de octubre del año dos mil dieciocho, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veinticinco de marzo del año dos mil diecinueve, se declaró prelucido de derecho e irrevocablemente perdido el término dejado de utilizar por parte del Abogado RUBEN ALFONSO CRUZ DAVID, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.-Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II.- Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además, es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV.- Que por Acceso a la Justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI.- Que, revisada la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones recurrida, se aprecia que en la misma no se realiza el análisis debido del asunto sometido a su conocimiento conforme a la legislación laboral vigente, ya que no hace pronunciamiento alguno sobre los derechos adquiridos como tampoco analiza en los hechos probados del proceso la causal de la reasignación de la demandante de no tener las credenciales de una Licenciatura en Educación Básica, cuando ya existe jurisprudencia de que la contratación de un trabajador que no llena los requisitos y condiciones legalmente exigidos, este trabajador/trabajadora, adquiere la condición de permanente y en consecuencia no puede beneficiarse el contratante de su omisión.- VII.- Que toda persona tiene el derecho de poder ejercitar o promover las acciones que estime pertinentes en defensa de sus derechos y derivado de ello también tiene el derecho a recibir una respuesta del órgano jurisdiccional, previo a seguirse el debido proceso, resolución que deberá ser congruente, motivada, imparcial y apegada al ordenamiento jurídico y a los principios generales del derecho laboral.- VIII.- Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de fondo del 5 de octubre de 2015, dictada en el caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador, Serie C No. 30319 151, estableció sobre el debido proceso: “La Corte ha señalado que el derecho al debido proceso se refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado, adoptado por cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que pueda afectarlos.- El debido proceso se encuentra, a su vez, íntimamente ligado con la noción de justicia, que se refleja en: i) un acceso a la justicia no sólo formal, sino que reconozca y resuelva los factores de desigualdad real de los justiciables, ii) el desarrollo de un juicio justo, y iii) la resolución de las controversias de forma tal que la decisión adoptada se acerque al mayor nivel de corrección del derecho, es decir que se asegure, en la mayor medida posible, su solución justa.”.- IX.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- X.- Que es deber ineludible de la Corte Suprema de Justicia no solo observar la técnica rigurosa y formalista del recurso de casación, sino que se garantice el debido proceso y el derecho de defensa a las partes, particularmente que las resoluciones deben ser dictadas con la suficiente explicación de los puntos en litigio y los temas debatidos, como que sean congruentes y los resuelvan debidamente.- XI.- Que conforme con el artículo 701 numeral 3) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, dispone que el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieran denunciado por el recurrente.- XII.- Que, por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida, para que el Ad-quem proceda de conformidad a derecho.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 59, 60, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1, 8.2. h) 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 666 letra c) 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200, 206, 208 del Código Procesal Civil; 9 y 11del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte Primera de Apelaciones del Trabajo de la sección judicial de La ceiba, Atlántida, de fecha 21 de junio del 2018, visible a folios 11 al 15 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dieciocho días del mes de septiembre del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha cinco de septiembre del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 332-18.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
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