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Sentencia CL-312-18 — Registro 9397

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido indirecto, legal y justificado, reajuste de salario, pago de horas extras, decimotercer y decimocuarto mes adeudado, vacaciones, días feriados, séptimo día y salarios adeudados, salarios dejados de percibir, costas del juicio

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) el censor señala “Ser la sentencia violatoria de Ley Sustantiva de Orden Nacional por interpretación errónea” y la interpretación errónea de la ley tiene cabida en el recurso extraordinario de casación, cuando el sentenciador halla en la norma una inteligencia o un alcance distintos de los que contiene, es decir, cuando el entendimiento de la misma por aquél es equivocado o erróneo. De ahí que el impetrante esté obligado en su demanda de casación a indicar cuál fue el sentido errado que le imprimió el juzgador y cual el verdadero que debió darle. En el caso de autos, el Recurrente obvió cumplir con el requisito anteriormente señalado; y b) la violación directa es ajena a los hechos controvertidos y sometidos al material probatorio, por lo que siendo que, en el presente caso, el fallecimiento del señor JESUS FONSECA LUNA, fue objeto del debate, no era esa la vía apropiada para atacar el fallo impugnado."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 12 de septiembre de 2018, por el Abogado ALEJANDRO C. MATUTE R., mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil PROTECCION TOTAL DE SEGURIDAD S. DE R.L. (PROTOS S. DE R.L.), como recurrente; además, es parte recurrida, los señores VICTORIANO PEÑA ARIAS, ELIAZAR SOSA PEREZ, JESUS FONSECA LUNA y OSCAR OMAR CARCAMO, representados en juicio por la Abogada ROSA MARIA MORENO SERRANO. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido indirecto, legal y justificado, reajuste de salario, pago de horas extras, decimotercer y decimocuarto mes adeudado, vacaciones, días feriados, séptimo día y salarios adeudados, salarios dejados de percibir, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha 10 de octubre del año 2017, por los señores VICTORIANO PEÑA ARIAS soltero, ELIAZAR SOSA PEREZ soltero, JESUS FONSECA LUNA, OSCAR OMAR CARCAMO, en unión libre, todos hondureños, mayores de edad, jornaleros y con domicilio en San Pedro Sula, departamento de Cortés, contra de la sociedad mercantil PROTECCION TOTAL DE SEGURIDAD S. DE R.L. (PROTOS S. DE R.L.), por medio de su Gerente de Operaciones, el señor ROLANDO CAMPOS, mayor de edad, hondureño y con domicilio en San Pedro Sula, departamento de Cortés. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 7 de junio del 2018, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, misma que: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la representante procesal actora. SEGUNDO: DECLARANDO PARCIALMENTE HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el representante procesal demandado, en consecuencia se REFORMA la Sentencia Definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de ésta ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en Audiencia Pública celebrada en fecha treinta (30) de abril del presente año (2018), en las diligencias iniciadas con la demanda laboral promovida por los señores VICTORIANO PEÑA ARIAS, ELIAZAR SOSA PEREZ, JESUS FONSECA LUNA y OSCAR OMAR CARCAMO contra la sociedad mercantil denominada PROTECCION TOTAL DE SEGURIDAD S. DE R. L. (PROTOS S. DE R. L.), a través de su representante legal, todos de generales expresadas en el preámbulo de este fallo; reforma que se contrae a: I.- Establecer como cuantías de condena, en los conceptos que a continuación se detallas las siguientes: en el caso del Señor VICTORIANO PEÑA ARIAS: Vacaciones causadas: Tres mil cincuenta y seis lempiras con catorce centavos (L 3,056.14), vacaciones proporcionales: Tres mil doce lempiras con setenta y cuatro centavos (L 3,012.74), Aguinaldo causado: Nueve mil ciento sesenta y ocho lempiras con cuarenta y dos centavos (L 9168.42); décimo cuarto mes causado: Nueve mil cuatrocientos cuarenta y tres lempiras con cuarenta y siete centavos (L 9,443.47); ELIAZAR SOSA PEREZ: Ajuste de salario al salario mínimo: Diecisiete mil ciento cincuenta lempiras con setenta y cuatro centavos (L 17,150.74); y OSCAR OMAR CARCAMO: Ajuste de salario al salario mínimo: Treinta mil cuatrocientos noventa y dos lempiras con sesenta y cuatro centavos (L 30,492.64).- II.- Fijar como condena global la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (L.258,689.35), la que individualmente, por demandante se desglosa así: VICTORIANO PEÑA ARIAS: Sesenta mil setecientos cuarenta y cinco lempiras con cuarenta y siete centavos (L 60,745.47), ELIAZAR SOSA PEREZ: Cincuenta y dos mil trescientos tres lempiras con setenta y seis centavos (L 52,303.76) y OSCAR OMAR CARCAMO: Noventa y seis mil cuatrocientos cincuenta y un lempiras con doce centavos (L 96,451.12).- SEGUNDO: CONFIRMANDO la sentencia apelada y relacionada anteriormente en su demás extremos, es decir, en cuanto a que se declara con lugar la demanda, los conceptos económicos reconocidos, con las reformas establecidas por esta alzada… SIN COSTAS.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Las partes demandantes expresaron en el escrito de su acción que comenzaron a laborar con la demandada de la siguiente manera: Victoriano Peña Arias, el 15 de noviembre del año 2015, desempeñándose como guardia de seguridad, ganando un salario quincenal de de L.3,600.00, con una horario de entrada de 6:00 a.m., pero no había horario de salida, de lunes a domingo, días feriados, no le pagaban horas extras, no tenía Seguro Médico, no le dieron ni le pagaron las vacaciones, no le pagaban el decimotercero y el decimocuarto mes; Eliazar Sosa Pérez, el 28 de noviembre del año 2016, como guardia de seguridad, con un salario quincenal de L.3,620.00, con un horario de entrada de 6:00 a.m., pero sin horario de salida, de lunes a domingo, días feriados, nunca le pagaron las horas extras, no tenía seguro médico, sus derechos laborales no se los pagaban; Jesús Fonseca Luna, el 25 de octubre del año 2016, desempeñándose como guardia de seguridad, ganando un salario de L.4,000.00, con un horario de entrada de 6:00 a.m., sin tener horario de salida, los mandaban fuera de la ciudad, no les daban viáticos, nunca le pagaron las horas extras, no tenía seguro médico, les violentaban sus derechos al no pagar como manda la ley; Oscar Omar Cárcamo, el 01 de diciembre del año 2015, desempeñándose como guardia de seguridad, con un salario quincenal de L.3,500.00, con un horario de entrada de 6:00 a.m. sin horario de salida, los mandaban fuera de la ciudad, no le daban viáticos, no le pagaban las horas extras, no tenía seguro médico, pero si le hacían la deducción, trabajaba de lunes a domingo, días feriados y nunca le reconocieron ningún pago; resulta que en el mes de septiembre, cuando les pagaron la quincena, la empresa demandada, les hizo una deducción sin autorización, por la cantidad de L.1,800.00; los demandantes hicieron el reclamo respectivo, sin recibir respuesta, fue por eso que solicitaron los servicios de un Inspector de trabajo, con el fin de solventar esta situación, quedando la empresa en devolver el dinero que había deducido sin consentimiento, pero llegó la fecha que la empresa se había comprometido a entregar dicho dinero, pero no realizó la devolución tal como se había pactado, por lo que nuevamente se solicitó los servicios de la Inspectora, con el fin de constatar que no les pagó y fue por eso que le entregaron al Gerente Operaciones el señor Rolando Campos, una nota de despido indirecto con suficientes y justas causas para demandar lo expuesto, y que la empresa está acostumbrada a violentar los derechos de los empleados y es por eso que buscan la única forma que se les pueden hacer valer sus derechos, por medio de éste reclamo judicial.- 2.- La parte demandada, la sociedad mercantil PROTECCION TOTAL DE SEGURIDAD S. DE R.L. (PROTOS S. DE R.L.), contestó dicha demanda señalando que es una empresa muy respetuosa de los derechos del trabajador y si, en algún momento se dedujo suma alguna del salario es porque está debidamente autorizado por la ley o por el empleado o trabajador para el equipo que está bajo su responsabilidad, ya sea personalmente o por custodia; que los demandantes se retiraron de su trabajo sin indicar causas o razones justas para ello, por lo que se rechaza el reclamo de pago de cualquier concepto.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha 30 de abril del año 2018, dictó sentencia declarando con lugar la demanda laboral para el pago de prestaciones sociales e indemnizaciones legales, vacaciones proporcionales, décimo tercer y décimo cuarto mes proporcional, salarios caídos, pago de reajuste a salario mínimo promovida por los señores Victoriano Peña Arias, Eliazar Sosa Pérez, Jesús Fonseca Luna y Oscar Omar Cárcamo, contra la empresa mercantil denominada Protección Total de Seguridad S. DE R.L. (PROTOS S. DE R.L.); condenando a la sociedad demandada, a pagar a los demandantes la cantidad de L.307,293.65, distribuidos así: Victoriano Peña Arias, la cantidad de L.97,768.08, desglosado así: preaviso L.11,338.20; auxilio de cesantía L.11,338.20; auxilio de cesantía proporcional L.11,180.72; vacaciones causadas L.15,117.60; vacaciones proporcionales L.4,472.29; décimo tercer mes proporcional L.7,531.84; décimo cuarto mes proporcional L.2,672.59; reajuste de salario mínimo L.14,679.58, décimo tercer causado L.9,718.53, y décimo cuarto causado L.9,728.58.- Eliazar Sosa Pérez, la cantidad de L.60,428.56; por los conceptos siguientes: preaviso L.5,291.16; auxilio de cesantía proporcional L.7,558.80; vacaciones proporcionales L.3,275.48; décimo tercer mes proporcional L.7,531.84; décimo cuarto mes proporcional L.2,672.59; reajuste de salario mínimo L.25.275.58, pago de días feriados L.377.94, pago de horas extras L.8,445.17; Jesús Fonseca Luna, la cantidad de L.49,189.00, por los conceptos siguientes: preaviso L.5,291.16; auxilio de cesantía proporcional L.7,558.80; vacaciones proporcionales L.3,275.48; décimo tercer mes proporcional L. 7,531.84; décimo cuarto mes proporcional L.2,672.59; pago de reajuste salario mínimo L.18,512.69, salario adeudado L.4,000.00; y el señor Oscar Omar Cárcamo, la cantidad de L.99,908.01, por los conceptos siguientes: L.11,338.20; auxilio de cesantía L.11,338.20; auxilio de cesantía proporcional L.9,731.96; vacaciones causadas L. 3,779.40; vacaciones proporcionales L.3,892.78; décimo tercer mes proporcional L.7,531.84; décimo cuarto mes proporcional L.2,672.59, pago de reajuste salario mínimo L.33,949.53; salario adeudado L.7,774.80, pago de horas extras L.7,898.71.- Mas a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde que se produjo la terminación de la relación de trabajo hasta que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia condenatoria, sin costas; bajo el criterio que se encuentra plenamente probado que la empresa demandada le realizó a los demandantes deducción de sus salarios por la cantidades así: señores Victoriano Peña, la cantidad de L.1,835.00, Eliazar Sosa Pérez, la cantidad de L.1,800.00, Jesús Fonseca Luna, la cantidad de L.1,400.00; tal y como fue aceptado por el representante patronal quien ofreció devolverles las cantidades deducidas en fecha 29 de septiembre del año 2017, según el acta levantada por el inspector del trabajo en fecha 25 de septiembre del año 2017, sin embargo no cumplió.- En cuanto al trabajador Oscar Omar Cárcamo, no acredito en autos haberle pagado su salario completo en el mes de septiembre del año 2017; Que el patrono al deducirles del salario cantidades de dinero sin la respectiva autorización o justificación incurre en violación al contrato individual de trabajo.- En el presente caso no se pudo acreditar la existencia del contrato individual por escrito, y en aplicación de lo que dispone el artículo 21 del Código de Trabajo “que toda relación se trabajó está regida por un contrato de trabajo”; y según dispone el artículo 30 de la misma norma legal la inexistencia del contrato escrito exigido por este Código es imputable al patrono. Que en el presente juicio los demandantes reclaman pago de reajuste al salario mínimo vigente y siendo que los demandantes devengaban un salario inferior al salario mínimo vigente y siendo que el artículo 363 del Código del Trabajo establece: “El salario se estipulara libremente, pero no podrá ser inferior al que se fije como mínimo de acuerdo con las prescripciones de este Código”.- Por tal razón procede condenar a la demandada al pago de reajuste del salario mínimo vigente. También se encuentra acreditado en autos que el empleado Jesús Fonseca Luna, falleció durante la tramitación del presente juicio, ese hecho no limita el derecho que tenía en el presente juicio ya que la demanda es anterior al fallecimiento circunstancia que no cambia ni modifica los derechos que le pudieran corresponder en el juicio.- 4.-La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 7 de junio de 2018, dictó sentencia reformando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que si bien los actores aseveran que no se les pagaban las horas extras, estos no establecen un detalle del trabajo suplementario que hubieran realizado sin que se les haya pagado, de tal manera que pueda computarse el mismo; situación fáctica que tampoco resulta acreditada en autos a efecto de que, demostrada en juicio dicha circunstancia, tales horas extras sean reconocidas por el iudex a quo en razón de sus facultades extra y ultra petita, consecuentemente la pretensión de la recurrente resulta improcedente; sin que ésta valoración incida en la condena de pago de horas extras declarada en primera instancia en favor de los señores Eliazar Sosa Pérez y Oscar Omar Cárcamo; por una parte, por la aceptación tácita por la parte demandada, pues en lo atinente a horas extraordinarias únicamente cuestionó la condena en referencia, en cuanto a que la juzgadora de primera instancia no estableció el límite de dos meses que manda el artículo 867 del Código del Trabajo y que fue reconocido por su contraparte, y por otra, porque dicho argumento como tal constituye una mera alegación, dado que el alcance de la norma legal precitada está relacionado con los efectos de la prescripción como excepción material, la que para que eventualmente sea declarada procedente, debe ser alegada en tiempo y forma, más el recurrente demandado no lo hizo así, según se aprecia en el escrito de contestación de demanda y en el acta que recoge el desarrollo de la audiencia primera de trámite, que el Estado de Honduras establece un límite retributivo laboral que no cabe disminuir, todo a efecto de que reciba como retribución un salario suficiente para cubrir sus necesidades; en ese sentido, atendiendo la labor desempeñada por los demandantes, la que se encuentra comprendida en la actividad de servicios comunales, sociales y personales, seguridad y limpieza, el salario mínimo mensual, y siendo, que en autos no obran elementos de los cuales pueda establecerse el rango de número de empleados con los que la demandada desarrolla su giro mercantil, para efecto de resolver el presente asunto, procede considerar el de mayor número de trabajadores, por lo que se aprecia que el salario devengado por los demandantes es un sueldo menor al fijado como salario mínimo, consecuentemente es procedente conceder el ajuste salarial reclamado por los demandantes.- El representante procesal demandado, acusa que la iudex a quo se extralimité al condenar al pago de cantidades de dinero al margen de lo que la ley establece, indicando puntualmente los conceptos que considera comprendidos en esa situación; por lo que este Tribunal de alzada ha realizado las operaciones aritméticas del caso, tomando como base el salario mínimo legal y el tiempo de servicio de los demandantes, y el cálculo difiere de la mayoría de las cantidades fijadas en varios de los conceptos económicos que conforman la condena de pago, consecuentemente es atendible parcialmente el recurso, en cuanto a la reforma solicitada, en el entendido que ésta sólo versa respecto de las cuantías calculadas en exceso y que se impugnaron mediante el recurso que nos ocupa, a fin de no hacer más gravosa la situación del recurrente accionado, todo en observancia de la prohibición de la reforma peyorativa; sumada la conformidad respecto del resto de las sumas de dinero establecidas como parte de la condena de pago, es claro que al patrono a quien se le comunica un despido indirecto fundado en una causa justa, como en el caso que nos ocupa, la ley le impone el pago de las indemnizaciones antes relacionadas, más el pago de daños y perjuicios que se computan a razón de los salarios que el empleado habría recibido desde la desvinculación laboral hasta la fecha en la sentencia condenatoria respectiva adquiera carácter de firme; de tal manera que cuando la acción ejercitada tiene como pretensión principal el pago de prestaciones laborales como en el sub-judice, declarado dicho derecho, éste conlleva el pago de daños y perjuicios que por disposición legal tienen su límite una vez que la sentencia condenatoria adquiere firmeza según lo mandan las normas procesales o bien el derecho de disposición que asiste al trabajador; en ese sentido no es atendible el argumentos y pretensión formulada por el recurrente demandado, pues el fallecimiento del demandante Jesús Fonseca Luna no constituye razón o motivo para limitar los salarios caídos como lo consideró el iudex a quo.- 5.-Mediante auto de fecha 6 de agosto de 2018, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado ALEJANDRO C. MATUTE R., en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil PROTECCION TOTAL DE SEGURIDAD S. DE R.L. (PROTOS S. DE R.L.), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 12 de septiembre del 2018, compareció ante éste Tribunal el Abogado ALEJANDRO C. MATUTE R., en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil PROTECCION TOTAL DE SEGURIDAD S. DE R.L. (PROTOS S. DE R.L.), formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 12 de septiembre del 2018, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 29 de abril del 2019, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada ROSA MARIA MORENO SERRANO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.-Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que el Abogado ALEJANDRO C. MATUTE R., en su único motivo de casación alega: “Ser la sentencia violatoria de Ley Sustantiva de Orden Nacional por interpretación errónea del artículos 113, reformado, párrafo primero del Código de Trabajo en relación al 95 de la Constitución de la República, 200 numeral 2. literal b), 207 numeral 2 del Código Procesal Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE.- Este motivo de casación está comprendido en el ordinal 1º. párrafo 1°. del artículo 765 del Código de Trabajo.- LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE Honorables Magistrados, el Ad quem, al Confirmar el falto recurrido, hace propias las violaciones a la ley en que incurre del A-Quo violando con ello la ley. La interpretación errónea consiste en tener un equivocado concepto del contenido de la ley, independientemente de toda cuestión de hecho. La Corte Sentenciadora se basó en el artículo 113 reformado, párrafo primero del Código de trabajo, en relación al pago de los salarios dejados de percibir por el trabajador por haber terminado el contrato de trabajo; pero este derecho queda limitado a que el trabajador esté, por lo menos vivo, para poder gozar de salario otorgado por la ley y, lo que lo convierte en personalísimo, ya que deriva de una labor que solo él puede realizar y recibir como retribución de la misma.- Consta a folio 66 frente de la primera pieza de autos la “INSCRIPCIÓN DE DEFUNCIÓN No. 0512-2018-00031”, de fecha treinta de enero de dos mil dieciocho, del Registro Nacional de las Personas, del señor JESUS FONSECA LUNA, fallecido el once de diciembre de 2017; Ordenar el pago derechos de dudosa procedencia le causa daños al patrimonio de la demandada al condenar a dicho pago al margen de la ley.- Es por eso, Honorables Magistrados, que procede la admitir Casación en este motivo.”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) el censor señala “Ser la sentencia violatoria de Ley Sustantiva de Orden Nacional por interpretación errónea” y la interpretación errónea de la ley tiene cabida en el recurso extraordinario de casación, cuando el sentenciador halla en la norma una inteligencia o un alcance distintos de los que contiene, es decir, cuando el entendimiento de la misma por aquél es equivocado o erróneo. De ahí que el impetrante esté obligado en su demanda de casación a indicar cuál fue el sentido errado que le imprimió el juzgador y cual el verdadero que debió darle. En el caso de autos, el Recurrente obvió cumplir con el requisito anteriormente señalado; y b) la violación directa es ajena a los hechos controvertidos y sometidos al material probatorio, por lo que siendo que, en el presente caso, el fallecimiento del señor JESUS FONSECA LUNA, fue objeto del debate, no era esa la vía apropiada para atacar el fallo impugnado.- IV.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 113, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los quince días del mes de noviembre del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha veinticuatro de septiembre del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 312-18.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

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