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Sentencia CL-309-18 — Registro 9714

Resumen

Segunda instancia confirmo con lugar la demanda ordinaria laboral de primera instancia para el pago de prestaciones laborales, pago de vacaciones, decimotercer mes en concepto de aguinaldo, decimocuarto mes en concepto de compensación social, a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido, hasta la fecha en que quede firme la sentencia definitiva condenatoria

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede resulta inestimable por los defectos técnicos siguientes: a) se omite las normas de naturaleza sustancial que se consideren infringidas de conformidad a lo preceptuado en el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código del Trabajo; b) carece de claridad y precisión al indicarse la “…infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea…” al mismo tiempo, modalidades de violación a la ley sustantiva que se deben alegar en forma separada e independiente; c) el precepto autorizante resulta impreciso por cualquiera de las modalidades de violación invocado, en su caso, ya que el mismo así formulado sustenta la violación a la ley sustantiva, por vía indirecta no directa; y, d) en la explicación se realizan alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario.- 4.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo.-"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., treinta de octubre del dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 14 de septiembre del 2018, por la Abogada TEYDY WALESKA AGUILAR MATAMOROS, mayor de edad, soltera, hondureña y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, la señora JUANITA GUERRERO BERNARDEZ, representada en juicio por el Abogado MARIO CESAR MARTINEZ ORELLANA. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral de primera instancia para el pago de prestaciones laborales, pago de vacaciones, decimotercer mes en concepto de aguinaldo, decimocuarto mes en concepto de compensación social, a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido, hasta la fecha en que quede firme la sentencia definitiva condenatoria, costas, promovida ante el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, Cortés, en fecha 4 de abril del 2016 por la señora JUANITA GUERRERO BERNARDEZ, mayor de edad, casada, hondureña, Maestra y con domicilio en Omoa, Cortés, contra el INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, por medio de la DIRECTORA EJECUTIVA, en ese entonces la señora CAROLINA DOLORES MENJIVAR GUTIERREZ, mayor de edad, casada, hondureña, Abogada y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 8 de junio del 2018, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 30 de abril del 2018, proferida por el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, misma que en su parte conducente dice: “FALLA:1).- DECLARANDO CON LUGAR LA DEMANDA LABORAL PROMOVIDA POR LA SEÑORA JUANITA GUERRERO BERNARDEZ, CONTRA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN REPRESENTADO POR LA SEÑORA CAROLINA DOLORES MENJIVAR GUTIERREZ, PARA EL PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES, COMO SER PREAVISO Y AUXILIO DE CESANTIA, PAGO DE VACACIONES, DÉCIMO TERCER Y DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO, Y A TÍTULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA FECHA DEL DESPIDO. SIN COSTAS. - DECLARANDO SIN LUGAR LA EXCEPCIÓN POR PRESCRIPCIÓN INTERPUESTA POR EL REPRESENTANTE PROCESAL DE LA PARTE DEMANDADA. SIN COSTAS.- EN CONSECUENCIA: CONDENA AL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN REPRESENTADO POR LA SEÑORA CAROLINA DOLORES MENJIVAR GUTIERREZ AL PAGO DE LOS CONCEPTOS SIGUIENTES: PREA VISO: (DOS MESES) LPS.18,666.66; AUXILIO DE CESANTIA: (CINCO MESES) LPS.46,666.65; AUXILIO DE CESANTIA PROPORCIONAL: (9.42 DÍAS) LPS.2,930.77; VACACIONES AÑOS 2013-2014 (20 DÍAS) LPS.6,222.20; VACACIONES AÑO 2014-2015 (20 DÍAS) LPS.6,222.20; VACACIONES PROPORCIONALES AÑO 2015-2016 (6.28 DÍAS) LPS.1,953.77; DÉCIMO TERCER MES EN CONCEPTO DE AGUINALDO AÑO 2013 LPS.8,000.00; DÉCIMO TERCER MES EN CONCEPTO DE AGUINALDO AÑO 2015 LPS.8,000.00; DÉCIMO CUARTO MES EN CONCEPTO DE COMPENSACION SOCIAL AÑO 2013-2014 LPS.8,000.00; DÉCIMO CUARTO MES EN CONCEPTO DE CONSENSACION SOCIAL AÑO 2014-2015 LPS.8,000.00; DÉCIMO CUARTO MES EN CONCETO DE COMPENSACION SOCIAL PROPORCIONAL AÑO 2015-2016 (15 DÍAS) LPS.4,000.00; SUMANDO UN TOTAL DE CIENTO IMECISEIS MIL VEINTICINCO LEMPIRAS CON CATORCE CENTAVOS (LPS.116,025.14).- MAS A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS LO SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA FECHA DEL DESPIDO HASTA QUE QUEDE FIRME LA PRESENTE SENTENCIA.- SIN COSTAS.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que inició su relación laboral el Seis de Septiembre del año 2010, con el Instituto Nacional de Migración, como Oficial de Migración en Corinto, Omoa, Cortés (Frontera Honduras con Guatemala), mediante Contrato de Trabajo escrito, teniendo al momento del despido el cargo de Inspectora de Migración, devengando un salario base ordinario mensual de L.8,000.00, que en fecha 29 de diciembre del año 2015, se le notifico vía memorándum No.1099-GTH-NM2015, de fecha 29 de diciembre del año 2015, que su contrato por tiempo determinado finaliza el 31 de diciembre del 2015 y atendiendo instrucciones superiores le comunicaron que a partir del 01 de enero del año 2016 no será renovado, decisión fundamentada en los artículos 1546 y 1547, del Código Civil, 11 de Decreto Legislativo 140-20 14; 124-C reformado de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la transparencia del Gobierno; y la cláusula cuarta del Contrato de prestación de servicios personales suscrito por la demandante, el cual manifiesta que firmó con la formula “no estoy conforme”, alega también la demandante que en la Constancia de Bienes extendida por el Jefe de Bienes Nacionales del Instituto Nacional de Migración, de fecha 21 de enero del año 2016, en relación al Memorándum antes relacionado, se expresa lo siguiente: “DONDE SE NOTIFICA SU CANCELACION POR CESANTIA”; sin embargo manifiesta que el ente ahora demandado no ha cumplido con hacerle efectivo el pago de tales derechos. Manifestó asimismo que el referido MEMORANDUM, lo recibió y firmó, con la formula no estoy de acuerdo, esto en virtud, que desde el 06 de septiembre del año 2010, que suscribió el primer Contrato, ha firmado contratos mensuales o cada dos meses, que para evitar llegar a sede judicial a reclamar lo que cree que le corresponde en virtud del trabajo realizado para el Instituto Nacional de Migración y del que fue despedida, se giraron tres cedulas de citación a efecto que comparecieran a la Procuraduría del Trabajo, de Puerto Cortés, en fechas 12, 15 y 22 de Febrero, mismas que iban dirigidas al señor Will Valladares Valle, en su condición de Delegado, que fueron recibidas por él, sin embargo no compareció ni enviaron a ningún representante del Instituto Nacional de Migración.- 2.- La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, contestó dicha demanda rechazando la pretensión de la demandante por manifestar que es improcedente en virtud que el demandado le hizo efectivo el pago de los derechos que le correspondían, en virtud de una relación contractual, y que el derecho subjetivo en que sustenta el reclamo es inaplicable al presente caso de conformidad a lo que establece el Artículo 1 del Decreto Legislativo No. 266-2013, dentro del cual se reformó el Artículo 124-C de la Ley General de la Administración Pública y alega también lo dispuesto en las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República para el año Fiscal del 2014 en su Artículo 111 párrafo primero, y que en consecuencia la terminación del contrato a término suscrito por las partes, no acarrea responsabilidad alguna para su representado, dado la relación contractual que tenía fecha de inicio y finalización y que por lo tanto no puede condenarse a su representado a reconocer el pago de prestaciones e indemnizaciones y derechos supuestos derivados de un Contrato de Servicios Personales a término.- Que acepta parcialmente la demanda, en lo que se refiere a que la demandante sostuvo una relación contractual con el Estado de Honduras a través del Instituto Nacional de Migración bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios profesionales con fecha de inicio y finalización y que sus honorarios fueron cancelados oportunamente, que el MEMORADUM No. 1099- GTH-INM-2015, de fecha 29 de diciembre del año 2015, no se hizo con otro propósito más que en aras de la buena y sana administración, ya que la actora de antemano conocía la fecha de terminación de la relación contractual y que no puede argumentar antigüedad y que por tratarse de un contrato administrativo y no laboral corno lo pretende hacer ver la demandante, por el simple hecho de haber suscrito ciertos contratos sin tomar en consideración que los mismos han sido consentidos y aceptados sin objeción alguna de su parte y que no consta en sus archivos que la demandante haya ejercido el derecho que le otorga el Artículo 867 del Código del Trabajo, que a la demandante se le notificó que su contrato por tiempo determinado finalizó el 31 diciembre del 2015 y que el mismo se realizó con fundamento en el Artículo 1 del Decreto Legislativo 266-2013 dentro del cual se reformó el Artículo 124-C de la Ley General de la Administración Pública y en consonancia con lo que establece el Artículo 109 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2014, y manifestó que considera inexplicable lo que la parte actora cita en relación al Artículo 47 del Código del Trabajo, con ello considera que se soslaya lo que establece el mismo estamento legal en el Artículo 2 numeral 2, aunado al Artículo 2 de la Ley del Servicio Civil, normativa que deja sin fundamento legal el argumento expuesto por la actora ya que fue contratada por Servicios Profesionales, y en la audiencia primera de trámite de fecha 29 de noviembre del 2016, la representación legal de la parte demandada interpuso la excepción de prescripción.- 3.- El Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, Cortés, en fecha 30 de abril del 2018, dictó sentencia declarando con lugar la demanda laboral para el pago de prestaciones sociales, como ser preaviso y auxilio de cesantía, pago de vacaciones, decimotercer y decimocuarto mes de salario, y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido, declarando sin lugar la excepción por prescripción interpuesta por el representante procesal de la parte demandada. en consecuencia: condenó demandado al pago de los conceptos siguientes: L.116,025.14, más a título de daños y perjuicios lo salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que quede firme la presente sentencia, sin costas; bajo el criterio que al no haberse incorporado al proceso el acuerdo de nombramiento en propiedad del cargo, se presume la existencia de contrato de trabajo por haber probado la demandante la continua subordinación, dependencia de su patrono, por lo tanto una verdadera relación laboral por tiempo indefinido, pues la parte demandada no probó que la labor desempeñada por la demandante haya sido de carácter transitorio o temporal, que el despido del que fue objeto el demandante es injustificado, por lo cual se condena al pago de salarios dejados de percibir, que en cuanto al reclamo de descanso semanal, vacaciones anuales, decimotercer y decimocuarto mes y la parte demandada no probó haber hecho efectivo el pago de esos conceptos de los años 2013-2014 y 2014-2015, por lo que procede su condena, en cuanto a la prescripción alegada la demandada al interponer dicha prescripción, la misma se declara sin lugar en vista de que la demanda fue presentada en tiempo y forma.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta de San Pedro Sula, Cortés, en fecha 8 de junio del 2018, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que las funciones que realizaba la demandante son de carácter permanente dentro de la institución demandada, en razón de la antigüedad y la naturaleza de las labores ejecutadas, en consecuencia, el despido realizado a la demandante es ilegal e injusto, por no estar debidamente justificado.- 5.- Mediante auto de fecha 6 de agosto del 2018, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada TEYDY WALESKA AGUILAR MATAMOROS, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 14 de septiembre del 2018, compareció ante éste Tribunal la Abogada TEYDY WALESKA AGUILAR MATAMOROS, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 18 de septiembre del 2018, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 2 de abril del 2019, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado MARIO CESAR MARTINEZ ORELLANA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- 1.- Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- 2.- Que la Abogada TEYDY WALESKA AGUILAR MATAMOROS, en su primer único motivo de casación alega: “Ser la Sentencia violatoria de la ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea. PRECEPTO AUTORIZANTE CON RESPECTO AL UNICO MOTIVO: Autoriza este motivo de casación el 765 numeral uno párrafo segundo del Código del Trabajo. CONCPETO DE LA INFRACCION. La Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula Fallo en forma definitiva y unánime de votos la sentencia dictada en fecha ocho (08) junio del año dos mil dieciocho (2018), visibles a folios 13 al 17 del al de la pieza Separada, en su acápite Primero CONFIRMO en Todas y cada una de su partes la sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo Seccional de Puerto Cortés de este departamento de Cortés, de fecha treinta (30) dv abril del año dos mil dieciocho (2018), visibles a folios 787 al 796 del al de la pieza principal de autos, lo cual es objeto de nuestro Recurso de Casación, en virtud Honorables Magistrados que el fallo recurrido de la Corte de Apelaciones del Trabajo contienen una mal aplicación de la ley, es decir, hay error en la aplicación de la norma de derecho, ya que la Relación laboral que existió entre la demandante y mi representado estaba sujeto a un Régimen de contrato de Servicios Profesiones por tiempo transitorio y determinado, por lo que no ameritaba expresar causa alguna pues además de haber concluido su contrato por haber llegado a su fecha de finalización ya establecía en la Cláusula Séptima, hace referencia que dicho contrato podrá rescindirse por Acuerdo entre ambas partes. PRUEBA APRECIADA ERRONEAMENTE. La Prueba singularizada apreciada erróneamente por el tribunal de alzada al confirmar el fallo de primera instancia consiste en Documentos públicos El Juzgador también erra cuando en su parte dispositiva de la sentencia elude la decisión judicial sobre la pretensión de mi representado en su condición de demandada de deducir la responsabilidad laboral en consecuencia debió apreciar y valorar los medios probatorios aportados por la parte demandada a efecto de lograr una decisión acertada en el sentido que la ahora demandante suscribió contratos de servicios profesionales o personales con mi representado siendo que el último contrato de servicios profesionales suscritos con la demandante con una fecha de finalización al (29) de diciembre del 2015 sin objeción alguna de su parte en el término que le otorga el Código del trabajo en su Artículo 867, por lo que dejo fenecer irremediablemente su derecho para el respectivo reclamo la demandante, el cual dispone: “Salvo disposición en contrario, todos los derechos y acciones provenientes de este Código, de sus reglamentos o de las leyes de trabajo o previsión social que no se originen directamente en contratos de trabajo, Prescriben en el término de dos (2) meses”, aunado a la vez lo que instituye el Articulo 46 b) del mismo estamento legal que dice: “los contratos individuales pueden ser también por tiempo limitado cuando se especifique la fecha para su terminación en concordancia a lo que dispuesto en el Artículo 48 Del mismo código del trabajo, que señala en su párrafo segundo: “no obstante todo contrato por tiempo fijo es susceptible de prorroga expresa o tácita.. .y en el caso que nos ocupa señores magistrados, el contrato suscrito por la demandante y mi representado no existió prorroga ni expresa ni tacita sino que aparte de que la demandante desde el inicio era de su conocimiento la fecha que finalizaba su relación contractual con mi representado, Ejerciendo tal procedimiento dentro del marco que formula la Cláusula Tercera suscrita por las partes que establece: No se considerara para ningún efecto, al contratado, bajo esta modalidad como empleado permanente, por lo cual LA SECRETARIA, no contrae compromisos en el contratita en concepto de prestaciones laborales, ni cualquier otro derecho de los que gozan los empleados permanentes de la Secretaría tal como lo establece el artículo 3 literal L) de la la Ley de Servicio civil y de conformidad al Artículo 111 del Derecho Legislativo No.360-13, contentivo de las Disposiciones Generales del Presupuesto para el ejercicio fiscal 2015 detallado en el libelo de la Contestación de la Demanda, asimismo, en estricta observancia del Artículo 203 de la ley de Servicio Civil. Este tipo de contrataciones se formalizará mediante Acuerdo Interno de cada institución del sector público... Estos contratos tienen vigencia únicamente dentro del presente Ejercicio Fiscal, no debiéndose considerarse, para ningún efecto, al personal contratado bajo esta modalidad como permanente, y su efectividad se contará desde que este personal tome posesión del cargo...”; asimismo, en apego estricto de lo que establece la Cláusula Novena precitada, la cual fue aceptada y consentida por las partes reclamantes en el contrato, por tanto, le prescribió el derecho y acción para interponer el respectivo reclamo o solicitud de permanencia a la demandante, consecuentemente se señala que la jurisdicción que debe conocer sobre la acción incoada indebidamente por la demandante, es en todo caso, la Jurisdicción de lo contencioso Administrativo, y en ningún momento corresponde al juzgado de Letras del Trabajo el conocimiento de la misma. En base a la cláusula NOVENA, del contrato de prestación de servicios suscrito entre la demandante y mi representado establece de manera clara que en caso de conflicto la misma se va a dirimir en los Juzgados de lo Contencioso Administrativo.- En consecuencia se puede afirmar que no existió relación de trabajo, sino todo lo contrario se comprobó que la ahora demandante, únicamente suscribieron con mi representado el Estado De Honduras contratos de prestación de servicios profesionales por tiempo determinado, es decir que se constituyó en un acto cuyo alcance regulaba las obligaciones entre las partes contratantes, circunscribiéndose las mismas únicamente en cuanto a las obligaciones contempladas en el indicado contrato, sin tener más efectos y alcances del que expresamente se estipulo en el contrato en relación, consecuentemente mi representado, no tiene más obligaciones de las que se generaron en dichos contratos, de igual manera con los acuerdos de aprobación agregados al expediente administrativo de personal debidamente compulsado de la demandante, se puede constatar que los contratos de prestación de Servicios Profesionales son sujetos a aprobaciones mediante acuerdo por parte del señor secretario de Estado Secretaria de Estados en los Despachos de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación, y Descentralización, a través de la suprimida Dirección General de Migración y Extranjería ahora Instituto Nacional de Migración, en aplicación de los Decretos Ejecutivos y en cumplimiento a lo establecido en las disposiciones del presupuesto de Ingresos y Egresos de la República para el ejercicio Fiscal 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. Lo anterior se Expresa por que el fuero donde debió promover su acción la demandante, es el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, pues como anteriormente se ha expresado la ley atribuye al indicado Juzgado, el conocimiento de las controversias de carácter particular o general, en que se vea involucrada la Administración pública, ya que la competencia es la facultad que tiene cada Juez y Tribunal para conocer de los negocios que la ley ha colocado dentro de la esfera de sus atribuciones y en el caso particular el Juzgado de letras del Trabajo NO es competente para conocer dicho asunto.”.- 3.- Que el cargo que antecede resulta inestimable por los defectos técnicos siguientes: a) se omite las normas de naturaleza sustancial que se consideren infringidas de conformidad a lo preceptuado en el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código del Trabajo; b) carece de claridad y precisión al indicarse la “…infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea…” al mismo tiempo, modalidades de violación a la ley sustantiva que se deben alegar en forma separada e independiente; c) el precepto autorizante resulta impreciso por cualquiera de las modalidades de violación invocado, en su caso, ya que el mismo así formulado sustenta la violación a la ley sustantiva, por vía indirecta no directa; y, d) en la explicación se realizan alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario.- 4.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769 numeral 5) literal a), 770, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. - NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los tres días del mes de diciembre del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha treinta de octubre del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 309-18.-Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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