Sentencia CL-298-18 — Registro 8971
Resumen
En segunda instancia se declaró sin lugar la demanda laboral promovida para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido y cierre de operaciones de la demandada, en consecuencia se absuelve a la demandada de toda responsabilidad económica por dichos conceptos (preaviso, auxilio de cesantía y salarios caídos).- Establecer como condena de pago de salario adeudado (215 días) y derechos adquiridos.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..“III. El Recurrente olvida que para que se configure el error de hecho alegado, por un lado, no basta señalar un medio de prueba determinado, sino que es necesario relacionar el mismo con la prueba en su conjunto, para así poder determinar que el Tribunal recurrido haya incurrido o no en una violación a la Ley, y por otro, que debe ser ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos, pero en circunstancias dudosas, los Tribunales quedan en libertad de decidirse en caso tal por el extremo que, a su juicio, consideren mejor demostrado. En el caso subexamine, al revisarse la situación jurídica planteada, se advierte que el Tribunal recurrido al reformar la sentencia del a-quo, valora la totalidad del material probatorio allegado al juicio, ciñéndose al objeto de la demanda establecido en su oportunidad, por los mismos demandantes, que refería a que los demandantes, pese al cierre de la empresa, continuaron ejerciendo su labor, con lo cual no podría configurarse un despido indirecto, al no existir ruptura de la relación laboral, ni darse por terminada la relación laboral en forma unilateral, aún y cuando existía un atraso de pago de la empresa.-IV.- Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo.”
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los catorce días del mes de mayo del dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 20 de septiembre del 2018, por el Abogado ROGER ADRIAN MORENO BARDALES, mayor de edad, soltero, hondureño y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en su condición de representante procesal de los señores J. ÁNGEL CARBALLO BAUTISTA; JORGE ALBERTO SALES LÓPEZ; FRANCISCO MARTÍNEZ ROMERO; GUMERCINDO SIMEON, y ALEJANDRO SIMION GARCÍA, como recurrente; además, es parte recurrida, la sociedad mercantil denominada RO. BE. DI. LEGNO, S.A. DE C.V. (RO.BE.DI.LEGNO.S.A. DE C.V.), representada en juicio por la Abogada MIRNA ANABEL QUIJADA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones laborales por despido indirecto, salarios dejados de percibir, vacaciones adeudadas, a título de daños y perjuicios, costas del juicio; promovida ante el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en fecha 17 de febrero del 2015, por el Abogado MAYNOR ALEXANDER ULLOA MARTÍNEZ, en su condición de representante procesal de los señores J. ÁNGEL CARBALLO BAUTISTA; JORGE ALBERTO SALES LÓPEZ; FRANCISCO MARTÍNEZ ROMERO; GUMERCINDO SIMEON, y ALEJANDRO SIMION GARCÍA; todos mayores de edad, casados, guardias de seguridad, hondureños y con domicilio en la comunidad de Muchilena, Omoa, Departamento de Cortés, contra la sociedad mercantil denominada RO. BE. DI. LEGNO, S.A. DE C.V. (RO.BE.DI.LENGO. S.A. DE C.V.), representada por su Gerente General el señor ANDREA BELLONI, mayor de edad, casado, Ejecutivo de Negocios, italiano y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 29 de mayo del 2018, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, que falló REFORMANDO la sentencia de fecha 05 de abril del 2018, proferida por el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la representante procesal demandada contra la sentencia proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la ciudad de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en fecha cinco (05) de abril del presente año (2018), en la demanda de la referencia, en consecuencia de reforma la misma en el sentido de: A.-) Declarar sin lugar la demanda laboral promovida por el abogado MAYNOR ALEXANDER ULLOA MARTINEZ actuando en su condición de representante procesal de los señores J. ANGEL CARBALLO BAUTISTA, JORGE ALBERTO SALES LOPEZ, FRANCISCO MARTINEZ ROMERO, GUMERCINDO SIMEON y ALEJANDRO SIMEON GARCIA contra la sociedad mercantil denominada RO. BE. DI. LEGNO. SOCIEDAD ANOMINA DE CAPITAL VARIABLE, a través de su representante legal, para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido y cierre de operaciones de la demandada, en consecuencia se absuelve a la demandad de toda responsabilidad económica por dichos conceptos (preaviso, auxilio de cesantía y salarios caídos).- B.-) Excluir de la parte dispositiva de la sentencia apelada y antes relacionada la condena de pago en concepto de días feriados.- C-) Establecer como condena de pago de salario adeudado (215 días) y derechos adquiridos proporcionales las cuantías siguientes: J. ANGEL CARBALLO BAUTISTA: salario adeudado: Setenta mil setecientos treinta y cinco lempiras (L 70,735.00), vacaciones proporcionales: Cinco mil doscientos nueve lempiras con diecisiete centavos (L 5,209.17), décimo tercer mes proporcional: Dos mil novecientos seis lempiras con diecisiete centavos (L 2,906.17) y décimo cuarto mes proporcional: Siete mil ochocientos cuarenta y un lempiras con diecisiete centavos (L 7,841.17); JORGE ALBERTO SALES LOPEZ: salario adeudado: Cincuenta y cinco mil ciento ochenta y tres lempiras con treinta y tres centavos (L 55,183.33), vacaciones proporcionales: Trescientos cuarenta y un lempiras con treinta seis centavos (L 341.36), décimo tercer mes proporcional: Dos mil doscientos sesenta y siete lempiras con veintidós centavos (L 2,267.22) y décimo cuarto mes proporcional: Seis mil ciento diecisiete lempiras con veintidós centavos (L 6,117.22); FRANCISCO MARTINEZ ROMERO: salario adeudado: Sesenta y cinco mil quinientos tres lempiras con treinta y tres centavos (L. 65,503.33), vacaciones proporcionales: Tres mil quinientos cincuenta y cuatro lempiras con cuarenta y cuatro centavos (L 3,554.44), décimo tercer mes proporcional: Dos mil seiscientos noventa y un lempiras con veintidós centavos (L 2,69 1.22) y décimo cuarto mes proporcional: Siete mil doscientos sesenta y un lempiras con veintidós centavos (L 7,26 1.22); GUMERCINDO SIMEON: salario adeudado: Cincuenta y dos mil doscientos noventa y un lempiras con un centavo (L 52,291.01), vacaciones proporcionales: Tres mil ochocientos cincuenta lempiras con ochenta y nueve centavos (L 3,850.89), décimo tercer mes proporcional: Dos mil ciento cuarenta y ocho lempiras con treinta y nueve centavos (L 2,148.39) décimo cuarto mes proporcional: Cinco mil setecientos noventa y seis lempiras con sesenta centavos (L 5,796.60); y ALEJANDRO SIMEON GARCIA: salario adeudado: Cincuenta y dos mil doscientos noventa y un lempiras con un centavo (L 52,29 1.01), vacaciones proporcionales: Tres mil ochocientos cincuenta lempiras con ochenta y nueve centavos (L 3,850.89), décimo tercer mes proporcional: Dos mil ciento cuarenta y ocho lempiras con treinta y nueve centavos (L 2,148.39) y décimo cuarto mes proporcional: Cinco mil setecientos noventa y seis lempiras con sesenta centavos (L 5,796.60).- D.-) Establecer como cuantía total de la condena de pago la suma de QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (L 578,066.45), integrada por los conceptos de salario adeudado, vacaciones, décimo tercer mes y décimo cuarto mes, en las cuantías fijadas por el iudex aquo n cuanto a derechos adquiridos causados y en las cantidades establecidas por este iudex ad quem en cuanto a salarios adeudados y derechos adquiridos proporcionales; resultando individualmente la siguiente condena de pago: J. ANGEL CARBALLO BAUTISTA: Ciento treinta y nueve mil trescientos treinta y un lempiras con cincuenta y un centavo (L 139,331.51), JORGE ALBERTO SALES LOPEZ: Ciento cuatro mil novecientos setenta y cinco lempiras con ochenta centavos (L 104,975.80), FRANCISCO MARTINEZ ROMERO: Ciento veintisiete mil setecientos cincuenta y seis lempiras con ochenta y ocho centavos (L 127,756.88), GUMERCINDO SIMEON: Ciento tres mil un lempiras con trece centavos (L 103,001.13) y ALEJANDRO SIMEON GARCIA Ciento tres mil un lempiras con trece centavos (L 103,001.13).- SEGUNDO: CONFIRMANDO la sentencia apelada y antes relacionada en sus demás extremos, es decir, en cuanto a la condena de pago por derechos adquiridos y salarios adeudados en los términos que se ha dejado establecido en el literal C y D de esta parte resolutiva.- SIN COSTAS, atendiendo el carácter eminentemente social de las normas del trabajo”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Las partes demandantes expresaron en el escrito de su acción que fueron contratados por la empresa demandada, como Guardias de Seguridad, así: J. Ángel Carballo Bautista, inicio las labores el 01 de julio del 2001, devengaba un salario de L.9,870.00; Jorge Alberto Sales López, el 22 de marzo del 2004, devengaba un salario de L.7,700.00; Francisco Martínez Romero, el 06 de septiembre del 1999, devengaba un salario de L.9,140.00; Gumercindo Simeón, el 01 de julio del 2001, devengaba un salario de L.7,296.42; Alejandro Simeón García, el 01 de julio del 2001, devengaba un salario de L.7,296.42; que la empresa demandada dejó de cumplir con el pago de las obligaciones en fecha 15 de febrero del 2014, ya que fue en el mes de octubre del 2013, que dejó de operar dicha fábrica normalmente y fue hasta el año 2014 que comparecieron a la Inspectoría del Trabajo a realizar el cálculo de los derechos laborales adquiridos para su posterior reclamo; que el 22 de enero del 2015, se solicitó los servicios de la Inspectoría de Trabajo de la ciudad de Puerto Cortés, para que se presentara a las instalaciones de la empresa demandada, a efecto de constatar el cierre de dicha empresa, al mismo tiempo verificar que los demandantes se encontraban en el centro de trabajo a pesar de no haber recibido ningún tipo de pago o reconocimiento por parte del patrono desde el mes de febrero del 2014, y constatar que desde esa fecha venían laborando en diferentes turnos normalmente.- 2.- La parte demandada, la sociedad mercantil denominada RO. BE. DI. LEGNO, S.A. DE C.V. (RO.BE.DI.LENGO, S.A. DE C.V.), contestó dicha demanda apoyando la defensa en que lo solicitado por los demandantes es un concepto erróneo ya presentaron demanda ordinaria laboral por despido indirecto, por lo cual la carga de la prueba se invierte y le corresponde exclusivamente al actor; y que los demandantes aun siguieron trabajando para la demandada y que es totalmente falso que la empresa dejó de operar normalmente en el mes de octubre del 2013 y que además no es el objeto del juicio; argumentó que según el acta levantada por la Inspectoría del Trabajo aparece el reclamo hecho por el representante procesal de los demandantes pero sin haberse avocado con ningún representante de la empresa demandada, por lo que los hechos no fueron acreditados; y que lo alegado en la demandada hace improcedente la misma, ya que los demandantes no han dejado de laborar como vigilantes y que recibieron salarios aun cuando la empresa dejó de operar, por lo que ese suceso no interrumpió la relación laboral.- 3.- El Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en fecha 05 de abril del 2018, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por el Abogado MAYNOR ALEXANDER ULLOA MARTÍNEZ, en su condición de representante procesal de los señores J. ÁNGEL CARBALLO BAUTISTA; JORGE ALBERTO SALES LÓPEZ; FRANCISCO MARTÍNEZ ROMERO; GUMERCINDO SIMEON, y ALEJANDRO SIMION GARCÍA, contra la sociedad mercantil denominada RO. BE. DI. LEGNO, S.A. DE C.V. (RO.BE.DI.LEGNO S.A. DE C.V.), representada por su Gerente General el señor ANDREA BELLONI; condenó a la parte demandada a pagar a los demandantes un total de L.1,498,798.00, más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que quede firme el fallo, sin costas; bajo el criterio que en el caso que nos ocupa, los demandantes no han probado, haber notificado a su patrono el despido indirecto que manifiestan en su libelo de demandada, sin embargo se ha constatado el cierre de las instalaciones físicas de la empresa demandada, es decir, el cierre de operaciones de la patronal, estableciéndose este cierre en fecha 22 de enero del año 2015, ya que al no poderse determinar con exactitud cuando ocurrió el cierre definitivo, por lo que se toma en este caso la fecha de constatación realizada por el inspector del trabajo de esta ciudad, conforme el acta visible en autos a folios del 29 al 31, con lo cual ha quedado también constatado con las declaraciones rendidas por los demandantes; asimismo, se ha constatado que la patronal no acreditó el pago respectivo del salario a los demandantes, aun y cuando estos continuaron laborando prestando servicio de vigilancia de la empresa demandada luego del cierre de operaciones; de ello es preciso señalar que el legislador en materia laboral estableció en forma enumerada y concreta las causas por las cuales puede finalizar la relación laboral, las cuales se encuentran en el Artículo 111 de Código del Trabajo y en el presente juicio es aplicable el “numeral 9. liquidación o clausura definitiva en la empresa o establecimiento;” de dicho articulado, y en el párrafo penúltimo del mismo establece “En el caso del inciso 9) el patrono estará obligado a proceder en la misma forma que para la suspensión establecen los artículos 101 y 102; a menos que la causa haya sido la insolvencia o quiebra fraudulenta o culpable, declarada por autoridad competente, en cuyo caso estará obligado también al pago de las demás indemnizaciones y prestaciones a que tengan derecho los trabajadores.” lo cual es aplicable en el presente caso, esto aunado a lo que establece el Artículo 126 del Código del Trabajo, la cual establece que cuando el patrono liquide o cese en sus negocios, voluntariamente o no, deberá pagar a los trabajadores las indemnizaciones que establecen los Artículos 116, 120 y 121 de la misma norma laboral, los que se refieren al pago de las indemnizaciones de preaviso, auxilio de cesantía y salarios dejados de percibir; derechos a los cuales los demandantes tienen derecho a percibir, ya que la patronal cerró operaciones como se ha constatado con los medios de prueba documentales y el medio de prueba reconocimiento judicial, como anteriormente se señaló, por lo que la patronal desde el cierre definitivo de la empresa, se encontraba obligada a hacer efectivo a los demandantes el pago de sus prestaciones sociales y salarios adeudados.- En cuanto a lo alegado por la parte demandada, sobre que los demandantes previo a la presentación de la demanda, no han seguido el procedimiento legal establecido para darse por despedidos en forma indirecta, lo cual se ha constatado, pero de ello se hace necesario señalar que el salario es un elemento esencial de toda relación laboral y para el trabajador, constituye la razón fundamental por la cual presta su fuerza laboral en beneficio de otro; por otro lado, el legislador estableció como justa causa para que el trabajador de por terminada la relación laboral con justa causa, estableciéndola en el Artículo 114 literal “f” del Código del Trabajo; lo cual aun y cuando los demandantes no acreditaron haber notificado a la patronal su despido indirecto, no habiendo la patronal hecho efectivo el salario a los demandantes como anteriormente se expuso, aunado al cierre definitivo de la empresa, la patronal se encontraba en la obligación de hacer efectivo el pago de todos los derechos e indemnizaciones que la ley laboral les otorga a los demandantes, como ser auxilio de cesantía, preaviso, salario adeudado y los colaterales que de ello se desprenden.- Anterior criterio que este Juzgador comparte y en el cual el Tribunal Supremo claramente establece la obligación de la patronal y el derecho del trabajador a percibir completo y en el tiempo convenido su salario, so pena de volverse de pleno derecho en un despido injusto a favor del trabajador, como en el presente caso ha ocurrido, no siendo un requisito sine qua non la notificación de despido indirecto, al haberse constatado fehacientemente que la patronal dejó de pagar el salario completo a los demandantes aunado a haberse constatado el cierre definitivo de la empresa demandada, aun y cuando estos continuaron cumpliendo la prestación de servicios de vigilancia para salvaguardar los bienes de su patrono y que al final coadyuvo a salvaguardar los derechos de estos, frente a las posibles resultas de una sentencia definitiva en favor de los demandante; por lo que, en relación de lo anterior, a los razonamientos fácticos jurídicos anteriormente expuestos, así como también a la jurisprudencia señalada, es que este Juzgador es del criterio que es procedente conforme a Derecho, declarar con lugar la demanda ordinaria laboral, sin costas.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, en fecha 29 de mayo del 2018, dictó sentencia REFORMANDO la proferida por el a quo, en donde declaró sin lugar la demanda laboral, para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido y cierre de operaciones de la demandada; absolvió a la parte demandada de toda responsabilidad económica por los conceptos de preaviso, auxilio de cesantía y salarios caídos; excluyó de la parte dispositiva de la sentencia apelada y antes relacionada la condena de pago en concepto de días feriados; estableció como condena de pago de salario adeudado (215 días) y derechos adquiridos proporcionales las cuantías siguientes: J. Angel Carballo Bautista, salario adeudado L.70,735.00, vacaciones proporcionales L.5,209.17, décimo tercer mes proporcional L.2,906.17 y décimo cuarto mes proporcional L.7,841.17; Jorge Alberto Sales López, salario adeudado L.55,183.33, vacaciones proporcionales L.341.36, décimo tercer mes proporcional L.2,267.22 y décimo cuarto mes proporcional L.6,117.22; Francisco Martínez Romero, salario adeudado L.65,503.33, vacaciones proporcionales L.3,554.44, décimo tercer mes proporcional L.2,69 1.22 y décimo cuarto mes proporcional L.7,261.22; Gumercindo Simeón, salario L.52,291.01, vacaciones proporcionales L.3,850.89, décimo tercer mes proporcional L.2,148.39, décimo cuarto mes proporcional L.5,796.60; y Alejandro Simeón García, salario adeudado L.52,291.01, vacaciones proporcionales, L.3,850.89, décimo tercer mes proporcional L.2,148.39 y décimo cuarto mes proporcional L.5,796.60; estableció como cuantía total de la condena de pago la suma de L.578,066.45, integrada por los conceptos de salario adeudado, vacaciones, décimo tercer mes y décimo cuarto mes, en las cuantías fijadas por el iudex aquo en cuanto a derechos adquiridos causados y en las cantidades establecidas por este iudex ad quem en cuanto a salarios adeudados y derechos adquiridos proporcionales; resultando individualmente la siguiente condena de pago: J. Angel Carballo Bautista L.139,331.51, Jorge Alberto Sales López L.104,975.80, Francisco Martínez Romero L.127,756.88, Gumercindo Simeón L.103,001.13 y Alejandro Simeón García L.103,001.13; confirmó la sentencia apelada y antes relacionada en sus demás extremos, es decir, en cuanto a la condena de pago por derechos adquiridos y salarios adeudados en los términos que se ha dejado establecido en el literal C y D de la parte resolutiva, sin costas; bajo el criterio que de la lectura del libelo demandatorio se aprecia que en el mismo no se incluye reclamo de pago alguno por días feriados laborados y no pagados, así como que tampoco resulta acreditado en autos que los demandantes hayan trabajo días feriados y que no se les haya hecho efectivo el respectivo pago, a efecto de que sean concedidos por el iudex a quo en razón de sus facultades extra y ultra petita, consecuentemente la condena de pago fijada en la sentencia apelada es arbitraria, siendo lo procedente excluir de la sentencia la misma.- En atención a los razonamientos fácticos y jurídicos expuestos en el presente fallo, este Tribunal de Alzada estima procedente reformar la sentencia definitiva impugnada mediante el recurso que nos ocupa, pues la decisión del asunto sometido al conocimiento de la jurisdicción del trabajo no responde a las probanzas ni a los señalamientos que hizo esta alzada en la sentencia de fecha 16 de febrero del presente año mediante la cual se invalidara la decisión judicial proferida 13 de diciembre de 2017; procediéndose así al cálculo de los derechos adquiridos al 16 de abril de 2015, por ser esta la última fecha que evidencia la prestación de servicios.- 5.- Mediante auto de fecha 30 de julio del 2018, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado ROGER ADRIAN MORENO BARDALES, en su condición de representante procesal de los señores J. ÁNGEL CARBALLO BAUTISTA; JORGE ALBERTO SALES LÓPEZ; FRANCISCO MARTÍNEZ ROMERO; GUMERCINDO SIMEON, y ALEJANDRO SIMION GARCÍA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 20 de septiembre del 2018, compareció ante este Tribunal el Abogado ROGER ADRIAN MORENO BARDALES, en su condición de representante procesal de los señores J. ÁNGEL CARBALLO BAUTISTA; JORGE ALBERTO SALES LÓPEZ; FRANCISCO MARTÍNEZ ROMERO; GUMERCINDO SIMEON, y ALEJANDRO SIMION GARCÍA, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 22 de octubre del 2018, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada MIRNA ANABEL QUIJADA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada María Fernanda Castro Mendoza, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. La demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. El Abogado ROGER ADRIAN MORENO BARDALES, en el único motivo de casación alega: “EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS DE LA CASACIÓN. Expreso los motivos de Casación de la manera siguiente: PRIMER MOTIVO Y ÚNICO MOTIVO: Honorables Magistrados: Acuso la Sentencia recurrida de ser violatoria por infracción indirecta de los artículos: 111 numeral nueve, 114, Letra f, j en relación con el artículo 95, numeral: 1, 96 numeral 5 del Código del Trabajo y el artículo 113 primera parte del párrafo primero; interpretado en lo pertinente, por el Decreto Número 89 emitido por el Congreso Nacional, publicado en La Gaceta número 19.956 del 23 de diciembre de 1969; por intermedio del artículo 738, relacionado con los artículos: 3, todos del Código del Trabajo, en relación con el artículo 129 de la Constitución de la República; por Error de Hecho en la apreciación de la prueba en que incurrió la Corte de Apelaciones Seccional de Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, prueba que adelante se singulariza y aparece de manifiesto en los autos. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el numeral primero, párrafo segundo del Art.765 del Código del Trabajo. DOCTRINA: Esta clase de error debe de estar vinculado a la existencia de determinadas pruebas en el proceso y para que la violación se configure son necesarios los requisitos siguientes: 1°) debe de existir una mala apreciación o una falta de apreciación de la prueba; 2°) esa mala apreciación debe ser originada por un error de hecho, es decir, respecto de la prueba considerada en sí misma y no con relación a las normas legales que reglamentan la prueba de que se trate; 3°) ese error de hecho debe generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva; 4°) el error de hecho expresado debe ser manifiesto, o sea que aparezca en pugna con la evidencia demostrada en la prueba de que se trate. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN: Señores Magistrados, la Corte de Apelaciones Seccional del Trabajo, incurre en un error manifiesto por falta de apreciación correcta de la prueba. Para demostrar el error en que incurrió el ad-quem, en la Sentencia Definitiva objeto del presente recurso de Casación: me permito singularizar la prueba de la manera siguiente: PRUEBA DOCUMENTAL: PRIMERO: Hechos que se probaron en juicio: a) está plenamente demostrado mediante medio de prueba reconocimiento judicial que realizó el señor juez que hubo un cierre definitivo de la empresa, donde constató personalmente por parte del señor juez que existió dicho cierre definitivo de la empresa demandada y que ninguno de los trabajadores demandantes se encontraba laborando en las instalaciones de la empresa, ver folio numero 157 vuelto, numeral uno e inciso “A”, Todos los trabajadores antes mencionados que represento ya de generales conocidas en autos, dejaron de laborar para la empresa hoy demandada en el mes de enero del año 2,015 POR CIERRE DEFINITIVO de la empresa este extremo se puede constatar en el interrogatorio de partes hecho a todos los trabajadores donde manifestaron que dejaron de laborar para la empresa antes mencionada por cierre definitivo de la misma en el mes de enero del año 2,015 ver folios números: 145 vuelto, 146, 147, 148,149,150, b) que la empresa hoy demanda al momento de la evacuación del medio de prueba reconocimiento judicial, únicamente acreditó que tenían planillas de mayo a junio del año 2012 y que obraban en el expediente 0506-2014-00919 y que las planillas del año 2014 no existen ver folios 157 y que se constató que existen depósitos hechos a los demandantes en los meses de diciembre-2013 ver folio número 159, octubre-2013 ver folio 160, junio-2013 ver folio 161, febrero-2014 ver folio 163, mayo-2014 ver folio 132, agosto-2014 ver folio 165, y por lo tanto la parte patronal nunca acreditó pagos correspondientes septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2014 ni del mes de enero del año 2015 que es cuando se dio el cierre definitivo de la empresa y al no haber acreditado dichos pagos se tienen como adeudados a favor de los trabajadores demandantes, razón por la cual mis representados dejaron de laborar por la falta de pago y también se informó a la autoridad competente en este caso la secretaría del trabajo la falta de pago de sus salarios ver folios 124-125 CUARTO.- c) está plenamente demostrado que en fecha 27 de marzo del año dos mil quince al trabajador J. ANGEL CARBALLO BAUTISTA, se le nombra por parte del jugado de Letras Seccional del trabajo de Puerto Cortés, como depositario de los bienes embargados a la empresa RO. BE. DI. LEGNO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. (RO.BE. DI. LEGNO.S.A de C.V), ver folio 94,95,96.- d) está plenamente demostrado que en fecha 16 de abril del año dos mil quince mediante acta levantada por la Secretaria del Trabajo a petición de la apoderada legal de la empresa RO. BE. DI. LEGNO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. (RO.BE. DI. LEGNO.S.A de C.V), ver folios del 134 al 136, que mis representados se encontraban cuidando de manera voluntaria y por órdenes en aquel entonces de su apoderado legal con el objeto de salvaguardar la maquinaria y el plantel que fue objeto de embargo precautorio.- SEGUNDO: Ha quedado plenamente demostrado: que existió falta de apreciación correcta de la prueba por parte la Corte Primera de Apelaciones pues no se encuentra probado que mis representados hayan continuado laborando después del cierre definitivo de la empresa hoy demandada y que la relación laboral continuara vigente al momento de presentar la demanda, cuya demanda fue presentada el diecisiete de febrero del año 2015, consta en medio de prueba reconocimiento judicial que realizó el señor juez donde él personalmente constató que hubo un cierre definitivo de la empresa y que ninguno de los trabajadores demandantes se encontraba laborando en las instalaciones de la empresa, ver folio numero 157 vuelto, numeral uno e inciso “A”.- y la corte de apelaciones hace una falta de apreciación correcta de la prueba y le da valor probatorio al acta de fecha 16 de abril del año dos mil quince levantada por la Secretaria del Trabajo a petición de la apoderada legal de la empresa RO. BE. DI. LEGNO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. (ROBE. DI. LEGNO.S.A de C.V), ver folios del 134 al 136, cuya acta lo único que refleja y demuestra es que mis representados se encontraban cuidando de manera voluntaria y por órdenes en aquel entonces de su apoderado legal con el objeto de salvaguardar la maquinaria y el plantel que fue objeto de embargo precautorio dándole a este medio de prueba una interpretación errónea por parte de la corte de apelaciones de segunda instancia donde hace ver como que mis representados continuaron laborando después de la presentación de la presente demanda laboral de igual forma el tribunal de alzada dejo de apreciar el medio de prueba documental ver folio 165, donde se hace constar que a mis representados el último pago de salarios que les hicieron fue en el mes de agosto del año 2014 y que después de esa fecha no recibieron más salario alguno y es por eso que los trabajadores hoy demandante presentaron una demanda por despido indirecto y el mismo no pudo ser notificado personalmente al representante legal de la empresa porque ya dicha empresa había cerrado operaciones hecho que está debidamente comprobado.- El Tribunal de Alzada reformó la Sentencia de Primera Instancia, dejando de apreciar los medios de prueba anteriormente singularizados. Por todo lo expuesto considero que el Ad quem incurrió en falta de apreciación de la prueba que se ha dejado singularizada, desembocando en evidente error de hecho, al hacer una mala ponderación de la prueba producida en juicio; provocando con tal error la violación indirecta de las normas sustantivas antes apuntadas y por ello debe ser admisible el presente motivo.- En mérito de lo expuesto y siendo que la finalidad del Recurso de Casación es la defensa de la ley sustantiva y la de unificar la jurisprudencia nacional del trabajo, el presente motivo debe ser estimado en Casación y que se tenga por devuelto el traslado a mi conferido”.- III. El Recurrente olvida que para que se configure el error de hecho alegado, por un lado, no basta señalar un medio de prueba determinado, sino que es necesario relacionar el mismo con la prueba en su conjunto, para así poder determinar que el Tribunal recurrido haya incurrido o no en una violación a la Ley, y por otro, que debe ser ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos, pero en circunstancias dudosas, los Tribunales quedan en libertad de decidirse en caso tal por el extremo que, a su juicio, consideren mejor demostrado. En el caso subexamine, al revisarse la situación jurídica planteada, se advierte que el Tribunal recurrido al reformar la sentencia del a-quo, valora la totalidad del material probatorio allegado al juicio, ciñéndose al objeto de la demanda establecido en su oportunidad, por los mismos demandantes, que refería a que los demandantes, pese al cierre de la empresa, continuaron ejerciendo su labor, con lo cual no podría configurarse un despido indirecto, al no existir ruptura de la relación laboral, ni darse por terminada la relación laboral en forma unilateral, aún y cuando existía un atraso de pago de la empresa.-IV.- Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE. - FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los trece días del mes de junio del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha catorce de mayo del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 298-18.Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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