Sentencia CL-293-18 — Registro 8806
Resumen
Segunda instancia confirmó sin lugar la demanda ordinaria laboral de primera instancia para el pago de prestaciones por despido directo, salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, reajuste de salario retroactivo de los años 2010 al 2014, reajuste de todos los derechos adquiridos, pago de prestaciones conforme al séptimo Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo celebrado entre la institución demandada y los trabajadores
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible en virtud que en la formulación se indica el error de hecho por apreciación errónea sin embargo al mismo tiempo alega que la prueba singularizada no fue apreciada, lo cual es contradictorio ya que una prueba no puede ser al mismo apreciada erróneamente y dejada de apreciar aun de manera equivocada.- IV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación.-"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintiocho de marzo de dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha diez de septiembre de dos mil dieciocho, por el Abogado JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal de la señora CLARA DALILA RUIZ MENCIAS, como recurrente; además es parte recurrida, el ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por el Abogado OMAR ANTONIO TORRES ARDON. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral de primera instancia para el pago de prestaciones por despido directo, salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, reajuste de salario retroactivo de los años 2010 al 2014, reajuste de todos los derechos adquiridos, pago de prestaciones conforme al séptimo Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo celebrado entre la institución demandada y los trabajadores, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha doce de febrero del dos mil quince, por el Abogado EDGARDO PAZ FERNANDEZ, en su condición de representante procesal de los señores EDYBERTO FLORES DURON, soltero, MARIA BERNARDA CARRASCO MEZA, soltera, CLARA DALILA RUIZ MENCIAS, casada, EVA DEL CARMEN IZAGUIRRE ANDINO, soltero, CLAUDIA CELINA PANCHAME ROMERO, soltero, SANDRA PATRICIA MARTINEZ, soltero, CAMILA ALVAREZ MARTINEZ, casada y con domicilio en el Municipio de Amapala, Departamento de Valle y CRISTELA XIOMARA PORTILLO VELASQUEZ, soltera y con domicilio en el Municipio de Amapala, Departamento de Valle, todos mayores de edad, de oficios varios, hondureños y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (IHNFA), ahora DIRECCION DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y LA FAMILIA (DINAF), por medio del Procurador General de la República de ese entonces, señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA, mayor de edad, Abogado, hondureño y de este domicilio. El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha dos de marzo de dos mil dieciocho, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR la demanda laboral ordinaria promovida por los señores EDYBERTO FLORES DURON, MARIA BERNARDA CARRASCO MEZA, CLARA DALILA RUIZ MENCIAS, EVA DEL CARMEN IZAGUIRRE ANDINO, CLAUDIA CELINA PANCHAME ROMERO, SANDRA PATRICIA MARTINEZ, CAMILA ALVAREZ MARTINEZ y CRISTELA XIOMARA PORTILLO VELASQUEZ, contra el ESTADO DE HONDURAS por medio del señor Procurador General de la República ABRAHAM ALVARENGA URBINA.- SEGUNDO: ABSOLVER al el ESTADO DE HONDURAS por medio del señor Procurador General de la República ABRAHAM ALVARENGA URBINA, de toda responsabilidad en el presente juicio.- TERCERO: SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La demandante expresó en el escrito de su acción, que iniciaron la relación laboral con la institución ya fenecida de la manera siguiente: Edyberto Flores Duron, el 05 de septiembre de 2002, devengando un salario promedio mensual L.28,431.00; Maria Bernarda Carrasco Meza, el 13 de junio de 1991, devengando un salario de L.41,000.00; Clara Dalila Ruiz Mencias, el 01 de octubre de 1992, devengando un salario de L.31,048.00; Claudia Celina Panchame Romero, el 01 de febrero de 2003, devengando un salario de L.29,501.38; Eva del Carmen Izaguirre Andino, el 05 de julio de 2002, devengando un salario de L.27,460.82; Camila Álvarez Martínez, el 09 de septiembre de 2002, devengando un salario de L.28,431.00; Sandra Patricia Martínez, el 18 de noviembre de 2002, devengando un salario de L.25,937.50; y, Cristela Xiomara Portillo Velásquez, el 30 de septiembre de 2010, devengando un salario de L.19,561.10; que los demandantes fueron despedidos mediante carta por escrito sin ninguna causal de las que señala el Código del Trabajo, aduciendo que el IHNFA clausuraba en forma definitiva y se creaba una nueva institución denominada Dirección de la Niñez, Adolescencia y La Familia (DINAF). Cuando a todos les notificaron el despido hicieron llegar a un Inspector de Trabajo donde les obligaron a firmar una acta de terminación de contrato supuestamente por mutuo consentimiento, donde se les decía que las prestaciones se las iban a cancelar a plazo, pero ese cálculo lo hicieron a su manera, pues no lo hicieron con lo que establece el Séptimo Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo celebrado entre el Sindicato y el IHNFA, tampoco les pagaron todos los reajustes salariales y derechos adquiridos desde el año 2010 al 2014.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que los demandantes sostuvieron una relación contractual con el demandado a través del Instituto Hondureño de La Niñez y La Familia (IHNFA) mediante Contrato Individual de Trabajo y que actualmente fueron cancelados por mutuo consentimiento mediante Decreto Ejecutivo PCM- 26- 2014 de fecha 4 de junio del 2014, publicado en el Diario Oficial la Gaceta Numero 33,446 de fecha 06 de junio de 2014, según los artículos: 1: “suprimir al IHNFA, creado mediante Decreto Legislativo No. 199-1997 de fecha 29 de enero de 1998”; 7: “Que en virtud del proceso de la supresión y clausura definitiva del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA), conforme a lo dispuesto en el artículo 111 numeral 9) del Código de Trabajo, se determinó proceder en la forma que señala el articulado para la terminación de todos los contratos vigentes, con el reconocimiento a favor de los trabajadores de las prestaciones e indemnizaciones laborales a que hubiere lugar en derecho”, conviniendo la demandada y con los trabajadores para ese efecto asentir mediante actas de terminación de una relación laboral por mutuo consentimiento, celebradas ante la presencia de la Inspectora de la Dirección General de Trabajo, y que para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales se procederá en base a lo establecido en el artículo 111 numerales 2) y 9) en relación al artículo 379 del Código de Trabajo y la cláusula 67 del VI Contrato Colectivo, bajo el entendido que dadas a las posibilidades financieras del Estado y en base a lo establecido en el Decreto Ejecutivo PCM- 26- 2014, de fecha 4 de junio del 2014, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” No.33,446 de fecha 06 de junio de 2014, se hizo efectivo el pago en el término de 6 meses mediante pagos mensuales a partir del día 30 después de la firma de este convenio a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, convenio de mutuo acuerdo que fue aceptado individualmente por los ahora demandantes, en ese sentido resulta incoherente lo manifestado por los demandantes, pues reiteramos sus argumentos no se fundamentan en preceptos que contengan un valor jurídico y por ende generen una obligatoriedad en su cumplimiento.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda laboral ordinaria promovida por los señores Edyberto Flores Dúron, María Bernarda Carrasco Meza, Clara Dalila Ruiz Mencias, Eva del Carmen Izaguirre Andino, Claudia Celina Panchame Romero, Sandra Patricia Martínez, Camila Álvarez Martínez y Cristela Xiomara Portillo Velásquez, contra el Estado de Honduras; absolviendo al demandado de toda responsabilidad en el presente juicio, sin costas; bajo el criterio que los medios probatorios son los elementos o instrumentos utilizados por las partes para suministrar al Juez, las razones o motivos sobre la certeza de los hechos que se deducen; al no haberse instrumentalizado las pretensiones de las partes con dichos elementos probatorios, la función que conlleva ésos elementos probatorios, se ve totalmente limitada, ya que no existe ninguna intención de que el Juzgador llegue a una determinada convicción sobre un derecho que se reclama o que se niega, coligiéndose que no concurre una controversia o conflicto jurídico laboral alguno, en consecuencia de lo anterior la presente demanda debe de declararse sin lugar.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha dos de marzo de dos mil dieciocho, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, se interpuso un recurso de amparo registrado bajo el No. 1234-2014, que fuera interpuesto contra actuaciones de la Dirección General del Trabajo dependiente de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, específicamente contra la resolución 194/DGT/NC/2013 mediante la cual se le da vigencia al VII Contrato Colectivo de condiciones de Trabajo cebrado entre el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA) y el Sindicato de Trabajadores del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia; recurso de amparo que fuera otorgado y que por ende deja sin ningún valor ni efecto el VII Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo. Que, al haberse otorgado el recurso de amparo relacionado anteriormente, el VII Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo celebrado entre el IHNFA y su Sindicato no tiene ningún valor ni efecto; y por ende la pretensión de los demandantes de que se les paguen sus prestaciones e indemnizaciones laborales conforme a dicho contrato colectivo, hacen imposible su aplicación, pues como ya se dijo, no tiene ninguna validez jurídica. En ese sentido, la jurisprudencia cumple el cometido de fuente jurídica adicional que garantiza la uniforme aplicación del derecho, conforme al principio de igualdad, y esta función de fuente adicional solo se predica en las materias en que es posible el recurso de casación por infracción de jurisprudencia, como en el derecho civil y en el derecho laboral. De acuerdo a lo antes señalado, esta Corte de Apelaciones ha dejado establecido con suficiente jurisprudencia que, en el caso sometido a recurso, que el VII Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo, no tiene vigencia por haber sido otorgado el recurso de amparo relacionado anteriormente, por lo que sería improcedente verter otra opinión sobre lo debatido, a menos de que hayan ocurrido nuevos hechos que hagan cambiar el criterio de este tribunal de alzada, lo cual no ha sucedido.- 5. Mediante auto de fecha treinta de julio del dos mil dieciocho, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES, en su condición de representante procesal de la señora CLARA DALILA RUIZ MENCIAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha diez de septiembre de dos mil dieciocho, compareció ante éste Tribunal el Abogado JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES, en su condición de representante procesal de la señora CLARA DALILA RUIZ MENCIAS, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado OMAR ANTONIO TORRES ARDON, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que el Abogado JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES, en su primer y único motivo de casación alega: “Acuso la Sentencia Recurrida, ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional, por infracción indirecta proveniente de apreciación errónea de la prueba documental propuesta y admitida a la parte demandada, visible a folios 91 al 47, 113 y 114 frente y vuelto de la primera pieza de autos, en relación con la prueba documental propuesta y admitida a la parte demandante visible a folio 39 de la primera pieza de autos, en relación con toda la prueba en su conjunto, que hizo incurrir al AD QUEM, en violación indirecta por error de hecho, del articulo 95 numeral 23 en relación con los artículos 60 párrafo primero 78 párrafo tercero y 126 del Código de Trabajo; 1.1 del Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo; 128 numeral 15) de la Constitución de la Republica. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las Normas Procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. SE SINGULARIZA LA PRUEBA NO APRECIADA: Las pruebas no apreciadas es la prueba documental consistente en los documentos visibles a folios del 91 al 47, 113 y 114 frente y vuelto, de la primera pieza de autos, en relación con la prueba documental propuesta y admitida a la parte demandante visible a folio 39 de la primera pieza de autos, en relación con toda la prueba en su conjunto. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el artículo 765 numeral 1 párrafo segundo del Código de Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La sentencia recurrida dictada por el AD- QUEM, no guarda relación, coherencia y armonía con la dictada por el A-QUO, misma que fue confirmada, apreciando erróneamente la prueba documental propuesta y admitida a la parte demandada, consistente en la apreciación como prueba fundamental copia de una sentencia de Amparo, dictada por la Sala de lo Constitucional, contra la Resolución 194/DGT/NC/2013 emitida por la Dirección General del Trabajo, Dependiente de la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, pudiendo apreciarse lo siguiente: La sentencia de la Sala de lo Constitucional se dictó en fecha 24 de septiembre del año 2015, y la demanda fue presentada el 12 de febrero del año 2015, en tal sentido el Amparo aun y cuando fuere otorgado no podía volver las cosas al estado en que se encontraban cuando se produjo la inscripción del Contrato Colectivo , ya que en esa fecha había dejado de conocer el Órgano Administrativo del Trabajo, y estaba conociendo el conflicto la jurisdicción del trabajo, como medio de tutelar los conflictos individuales y colectivos, asimismo con el Amparo se reconoce la existencia del Séptimo Contrato Colectivo, pero teniendo como singularidad que esta prueba fue solicitada mediante un hecho nuevo que obra a folio 90 de la primera pieza de autos, el que fue desestimado en Auto Interlocutorio que obra a folio 113 al 115 de los autos y siendo así cómo es posible que el AS- QUEM, se haya basado al dictar su sentencia en prueba inexistente y de ahí que su apreciación es errónea”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible en virtud que en la formulación se indica el error de hecho por apreciación errónea sin embargo al mismo tiempo alega que la prueba singularizada no fue apreciada, lo cual es contradictorio ya que una prueba no puede ser al mismo apreciada erróneamente y dejada de apreciar aun de manera equivocada.- IV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los treinta días del mes de abril del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha veintiocho de marzo del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 293-18.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
9