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Sentencia CL-289-17 — Registro 16117

Resumen

Demanda ordinaria laboral para el reintegro a su puesto de trabajo, en iguales o mejores condiciones, más los salarios dejados de percibir, con costas; bajo el criterio que en el caso sub judice, debe prevalecer el contenido de la cláusula 91del XIV Contrato Colectivo celebrado entre la UNAH y el CITRAUNAH, pues el período de prueba del trabajador es de 35 días, por lo que se entiende que el despido se dio fuera del periodo de prueba, y no debe aplicarse lo establecido en el Estatuto del Docente Universitario, en su artículo 54, ni la disposición del artículo 49 del Código del Trabajo

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...".- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que haya sido objeto del debate. X. Que por las razones antes expuestas, es procedente declarar la nulidad de la sentencia recurrida, para que el Ad-quem proceda de conformidad a derecho."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”, además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que el máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. IV.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela judicial efectiva de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. "...

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que revisada la sentencia definitiva pronunciada por la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, donde revoca la primera instancia y por ello declara con lugar la demanda, condenando en costas en primera instancia a la demandada; sin embargo, dicho Tribunal omitió pronunciarse si condenaba o absolvía a la demandada, ya que la única condena que realiza, es de las costas de primera instancia y bajo el principio del vencimiento, del cual se ha venido señalando no aplica en materia laboral, dado que la misma es de orden social y en armonía al principio de gratuidad, aunque si procedería por otros conceptos, como ser: abuso o falta de derecho, deslealtad, temeridad, etc., situaciones que deben ser explicadas en el fallo. "...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 18 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 717 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."En el tópico de las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentación y motivación, ya que la primera es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez.- Quién motiva explica las causas de sus decisiones y esas pueden ser incluso irracionales. Quién explica da razones para hacer aceptable lo resuelto.- Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídicos."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Dieciocho días del mes de Marzo del dos mil Diecinueve, la Corte Suprema de Justicia, Dicta la siguiente RESOLUCIÓN: VISTAS: para dictar sentencia definitiva en el recurso de casación interpuesto por la abogada HANYI SARAHI ACOSTA REYES, en su condición de representante procesal de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), contra la Sentencia Definitiva de fecha diecisiete (17) de mayo del año dos mil diecisiete (2017) por la Corte de de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán.- CONSTITUYEN PARTES: Como recurrente la Abogada HANYI SARAHI ACOSTA REYES, en su condición de representante procesal de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), como recurrido el señor MARCO ANTONIO BARRAZA IBAÑEZ, representado en juicio por el Abogado ERICO DARIO FIGUEROA GARCIA. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- El Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán y del Trabajo por Ministerio de Ley, Departamento de Copán, en fecha treinta (30) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), dictó sentencia declarando sin lugar la demanda ordinaria laboral promovida por el señor MARCO ANTONIO BARRAZA IBAÑEZ, en contra de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH); absolviendo a la demandada de toda responsabilidad, sin costas; bajo el criterio que el Artículo 54 del Estatuto del Docente Universitario vigente establece que el docente que ingrese a la Universidad quedará escalafonado en la Carrera Docente Universitaria, pero estará sometido a un período de prueba cuya duración será el equivalente a dos períodos académicos ordinarios contados desde la fecha de la respectiva toma de posesión, tiempo durante el cual, cualquiera de las partes puede ponerle fin a la relación de empleo, sin incurrir en responsabilidad alguna, quedando establecido que el trabajador fue despedido durante ese período, se entiende que el demandado al despedirlo no incurre en responsabilidad alguna. 2.- La Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en fecha diecisiete (17) de mayo del dos mil diecisiete (2017), dictó sentencia revocando la proferida por el A-quo, en la cual declara con lugar la demanda ordinaria laboral para el reintegro a su puesto de trabajo, en iguales o mejores condiciones, más los salarios dejados de percibir, con costas; bajo el criterio que en el caso sub judice, debe prevalecer el contenido de la cláusula 91del XIV Contrato Colectivo celebrado entre la UNAH y el CITRAUNAH, pues el período de prueba del trabajador es de 35 días, por lo que se entiende que el despido se dio fuera del periodo de prueba, y no debe aplicarse lo establecido en el Estatuto del Docente Universitario, en su artículo 54, ni la disposición del artículo 49 del Código del Trabajo. En cuanto al argumento del apelado que no debe dársele valor probatorio al XIV Contrato Colectivo celebrado entre la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (SITRAUNAH), esto en virtud de que el mismo fue anulada su inscripción en la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, dicho argumento no es válido, puesto que efectivamente el mismo se anuló su inscripción, pero, por un requisito de forma (Falta de Firmas en los ejemplares), esto no significa que el mismo se haya discutido y aprobado por las partes, por lo que tienen plena valides las disposiciones contenidas en él, es así que la cláusula numero 91 pactada entre las partes contratantes tiene plena validez al caso que se ocupa. De conformidad a lo que establece el artículo 113 del Código del Trabajo, en virtud de no haberse probado que el despido fue dentro del período de prueba conforme a la clausula 91 del XVI del contrato colectivo, deberá la demandada pagar a título de daños y perjuicios, al demandante los salarios dejados de percibir desde su injusto despido, hasta que con sujeción a las normas procesales vigentes quede firme la sentencia condenatoria. 3.- Mediante auto de fecha diecinueve de junio del dos mil diecisiete, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada HANYI SARAHI ACOSTA REYES, en su condición de representante procesal de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el termino de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 4.- En fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante éste Tribunal la Abogada HANYI SARAHI ACOSTA REYES, en su condición de representante procesal de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de fecha veintiuno (21) de agosto del dos mil diecisiete, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el termino de diez días procediera a contestar la demanda; quién no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veinticinco (25) de octubre del dos mil diecisiete, se declaró precluído de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte del Abogado ERICO DARIO FIGUEROA GARCIA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite correspondiente. 5.- Que no habiendo existido unanimidad en la Sala Laboral Contencioso Administrativo, se remitieron los antecedentes a la Secretaria de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia para que el caso Sub judice fuere conocido por el pleno de Magistrados y Magistradas de la Honorable Corte Suprema de Justicia, quien en pleno jurisdiccional de fecha dieciocho de marzo del año dos mil diecinueve, sometió a conocimiento y decisión, ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase la sentencia que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.-Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades y garantías que la ley establece. II.- Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, establece: “Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente”. III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”, además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que el máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. IV.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela judicial efectiva de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella VI.- Que la Impetrante también pide se declare la nulidad subsidiaria de la sentencia bajo lo siguiente: “NULIDAD SUBSIDIARIA. Resulta Honorables Magistrados que la nulidad conceptualmente hablando debe ser declarada cuando a la luz de lo establecido en el artículo 1586 del Código Civil vigente, se contemplan tres presupuestos: 1o Cuando falta alguna de las condiciones esenciales para su formación o para su existencia.- 2o Cuando falta algún requisito o formalidad que la ley exige para el valor de ciertos actos o contratos, en consideración a la naturaleza del acto o contrato y no a la calidad o estado de la persona que en ellos interviene.- 3o Cuando se ejecutan u celebran por personas absolutamente incapaces.- En el caso particular Honorable Magistrados la nulidad subsidiaria solicitada tiene lugar en el primer y segundo presupuesto de la disposición jurídica anteriormente citada ya que la Corte de Apelación recurrida condena EN COSTAS a mi representada por el “principio de vencimiento” el cual está plasmado en el Código Procesal Civil como estuviéramos ante un proceso de materia civil inobservando que el proceso laboral tiene su ley especial y el Código Procesal Civil en su artículo 22 es claro en establecer que se aplica de manera supletoria cuando no existan disposiciones en las leyes, al contrario nos encontramos ante un proceso laboral el cual es regido por el Código de Trabajo donde prima el PRINCIPIO DE GRATUIDAD artículo 717, y la condena en costas solo se debe dar cuando no ha habido causas para litigar, o si se actúo deslealmente o con temeridad circunstancias que no se han dado en éste litigio, criterio de esa Honorable Corte y se ha hecho jurisprudencia que en materia laboral prima el PRINCIPIO DE GRATUIDAD que establece la ley laboral, en relación con el artículo 8 da la ley para optimizar la administración pública. Sumado a ello la parte demandante no fija en su pretensión condena en COSTAS y la corte recurrida inobservando el proceso laboral y extralimitándose condena en costas en base al proceso civil, por la que procede la NULIDAD”. VII.- Que revisada la sentencia definitiva pronunciada por la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, donde revoca la primera instancia y por ello declara con lugar la demanda, condenando en costas en primera instancia a la demandada; sin embargo, dicho Tribunal omitió pronunciarse si condenaba o absolvía a la demandada, ya que la única condena que realiza, es de las costas de primera instancia y bajo el principio del vencimiento, del cual se ha venido señalando no aplica en materia laboral, dado que la misma es de orden social y en armonía al principio de gratuidad, aunque si procedería por otros conceptos, como ser: abuso o falta de derecho, deslealtad, temeridad, etc., situaciones que deben ser explicadas en el fallo. VIII.- En el tópico de las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentación y motivación, ya que la primera es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez.- Quién motiva explica las causas de sus decisiones y esas pueden ser incluso irracionales. Quién explica da razones para hacer aceptable lo resuelto.- Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídicos. IX.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que haya sido objeto del debate. X. Que por las razones antes expuestas, es procedente declarar la nulidad de la sentencia recurrida, para que el Ad-quem proceda de conformidad a derecho. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, y en aplicación de los artículos 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5, 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 66 letra c), 776 777 y 858 del Código del Trabajo; 9 y 11 del Código Civil; 22, 200, 206, 207, 208, 211, 212 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en fecha diecisiete (17) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), visible a folios del 12 al 19 de la segunda pieza. Y MANDA: Que con certificación de éste fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redacto el Magistrado MIRANDA SANABRIA. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO: ROLANDO EDGARDO ARGUETA PEREZ, MAGISTRADO PRESIDENTE; REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ, MAGISTRADO; JOSE OLIVIO RODRIGUEZ VASQUEZ, MAGISTRADO; JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO; WILFREDO MENDEZ ROMERO, MAGISTRADO; RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO, MAGISTRADA; EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO; REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, MAGISTRADA; JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, MAGISTRADO; CONAN RAFAEL ARGUETA BOURDETT, MAGISTRADO INTEGRANTE; DAYANI IVETTE BOCANEGRA PADILLA, MAGISTRADA INTEGRANTE; LISSIEN GICELA CHIUZ LAITANO, MAGISTRADA INTEGRANTE; JILMAN RODOLFO NOLASCO INESTROZA, MAGISTRADO INTEGRANTE; RUBÉN RIVERA FLORES, MAGISTRADO INTEGRANTE; NERY MAURICIO MIRANDA SANABRIA, MAGISTRADO INTEGRANTE; FIRMA Y SELLO: LUCILA CRUZ MENENDEZ, Secretaria General.”

Se extiende la presente Certificación de la sentencia de fecha 18 de marzo de 2019, recaída en el Recurso de Casación que se registra bajo el expediente No. S.L.-289-2017, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

LCM/ysf

“CERTIFICACIÓN La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Dieciocho días del mes de Marzo del dos mil Diecinueve, la Corte Suprema de Justicia, Dicta la siguiente RESOLUCIÓN: VISTAS: para dictar sentencia definitiva en el recurso de casación interpuesto por la abogada HANYI SARAHI ACOSTA REYES, en su condición de representante procesal de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), contra la Sentencia Definitiva de fecha diecisiete (17) de mayo del año dos mil diecisiete (2017) por la Corte de de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán.- CONSTITUYEN PARTES: Como recurrente la Abogada HANYI SARAHI ACOSTA REYES, en su condición de representante procesal de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), como recurrido el señor MARCO ANTONIO BARRAZA IBAÑEZ, representado en juicio por el Abogado ERICO DARIO FIGUEROA GARCIA. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- El Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán y del Trabajo por Ministerio de Ley, Departamento de Copán, en fecha treinta (30) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), dictó sentencia declarando sin lugar la demanda ordinaria laboral promovida por el señor MARCO ANTONIO BARRAZA IBAÑEZ, en contra de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH); absolviendo a la demandada de toda responsabilidad, sin costas; bajo el criterio que el Artículo 54 del Estatuto del Docente Universitario vigente establece que el docente que ingrese a la Universidad quedará escalafonado en la Carrera Docente Universitaria, pero estará sometido a un período de prueba cuya duración será el equivalente a dos períodos académicos ordinarios contados desde la fecha de la respectiva toma de posesión, tiempo durante el cual, cualquiera de las partes puede ponerle fin a la relación de empleo, sin incurrir en responsabilidad alguna, quedando establecido que el trabajador fue despedido durante ese período, se entiende que el demandado al despedirlo no incurre en responsabilidad alguna. 2.- La Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en fecha diecisiete (17) de mayo del dos mil diecisiete (2017), dictó sentencia revocando la proferida por el A-quo, en la cual declara con lugar la demanda ordinaria laboral para el reintegro a su puesto de trabajo, en iguales o mejores condiciones, más los salarios dejados de percibir, con costas; bajo el criterio que en el caso sub judice, debe prevalecer el contenido de la cláusula 91del XIV Contrato Colectivo celebrado entre la UNAH y el CITRAUNAH, pues el período de prueba del trabajador es de 35 días, por lo que se entiende que el despido se dio fuera del periodo de prueba, y no debe aplicarse lo establecido en el Estatuto del Docente Universitario, en su artículo 54, ni la disposición del artículo 49 del Código del Trabajo. En cuanto al argumento del apelado que no debe dársele valor probatorio al XIV Contrato Colectivo celebrado entre la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (SITRAUNAH), esto en virtud de que el mismo fue anulada su inscripción en la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, dicho argumento no es válido, puesto que efectivamente el mismo se anuló su inscripción, pero, por un requisito de forma (Falta de Firmas en los ejemplares), esto no significa que el mismo se haya discutido y aprobado por las partes, por lo que tienen plena valides las disposiciones contenidas en él, es así que la cláusula numero 91 pactada entre las partes contratantes tiene plena validez al caso que se ocupa. De conformidad a lo que establece el artículo 113 del Código del Trabajo, en virtud de no haberse probado que el despido fue dentro del período de prueba conforme a la clausula 91 del XVI del contrato colectivo, deberá la demandada pagar a título de daños y perjuicios, al demandante los salarios dejados de percibir desde su injusto despido, hasta que con sujeción a las normas procesales vigentes quede firme la sentencia condenatoria. 3.- Mediante auto de fecha diecinueve de junio del dos mil diecisiete, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada HANYI SARAHI ACOSTA REYES, en su condición de representante procesal de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el termino de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 4.- En fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante éste Tribunal la Abogada HANYI SARAHI ACOSTA REYES, en su condición de representante procesal de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de fecha veintiuno (21) de agosto del dos mil diecisiete, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el termino de diez días procediera a contestar la demanda; quién no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veinticinco (25) de octubre del dos mil diecisiete, se declaró precluído de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte del Abogado ERICO DARIO FIGUEROA GARCIA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite correspondiente. 5.- Que no habiendo existido unanimidad en la Sala Laboral Contencioso Administrativo, se remitieron los antecedentes a la Secretaria de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia para que el caso Sub judice fuere conocido por el pleno de Magistrados y Magistradas de la Honorable Corte Suprema de Justicia, quien en pleno jurisdiccional de fecha dieciocho de marzo del año dos mil diecinueve, sometió a conocimiento y decisión, ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase la sentencia que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.-Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades y garantías que la ley establece. II.- Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, establece: “Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente”. III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”, además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que el máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. IV.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela judicial efectiva de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella VI.- Que la Impetrante también pide se declare la nulidad subsidiaria de la sentencia bajo lo siguiente: “NULIDAD SUBSIDIARIA. Resulta Honorables Magistrados que la nulidad conceptualmente hablando debe ser declarada cuando a la luz de lo establecido en el artículo 1586 del Código Civil vigente, se contemplan tres presupuestos: 1o Cuando falta alguna de las condiciones esenciales para su formación o para su existencia.- 2o Cuando falta algún requisito o formalidad que la ley exige para el valor de ciertos actos o contratos, en consideración a la naturaleza del acto o contrato y no a la calidad o estado de la persona que en ellos interviene.- 3o Cuando se ejecutan u celebran por personas absolutamente incapaces.- En el caso particular Honorable Magistrados la nulidad subsidiaria solicitada tiene lugar en el primer y segundo presupuesto de la disposición jurídica anteriormente citada ya que la Corte de Apelación recurrida condena EN COSTAS a mi representada por el “principio de vencimiento” el cual está plasmado en el Código Procesal Civil como estuviéramos ante un proceso de materia civil inobservando que el proceso laboral tiene su ley especial y el Código Procesal Civil en su artículo 22 es claro en establecer que se aplica de manera supletoria cuando no existan disposiciones en las leyes, al contrario nos encontramos ante un proceso laboral el cual es regido por el Código de Trabajo donde prima el PRINCIPIO DE GRATUIDAD artículo 717, y la condena en costas solo se debe dar cuando no ha habido causas para litigar, o si se actúo deslealmente o con temeridad circunstancias que no se han dado en éste litigio, criterio de esa Honorable Corte y se ha hecho jurisprudencia que en materia laboral prima el PRINCIPIO DE GRATUIDAD que establece la ley laboral, en relación con el artículo 8 da la ley para optimizar la administración pública. Sumado a ello la parte demandante no fija en su pretensión condena en COSTAS y la corte recurrida inobservando el proceso laboral y extralimitándose condena en costas en base al proceso civil, por la que procede la NULIDAD”. VII.- Que revisada la sentencia definitiva pronunciada por la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, donde revoca la primera instancia y por ello declara con lugar la demanda, condenando en costas en primera instancia a la demandada; sin embargo, dicho Tribunal omitió pronunciarse si condenaba o absolvía a la demandada, ya que la única condena que realiza, es de las costas de primera instancia y bajo el principio del vencimiento, del cual se ha venido señalando no aplica en materia laboral, dado que la misma es de orden social y en armonía al principio de gratuidad, aunque si procedería por otros conceptos, como ser: abuso o falta de derecho, deslealtad, temeridad, etc., situaciones que deben ser explicadas en el fallo. VIII.- En el tópico de las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentación y motivación, ya que la primera es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez.- Quién motiva explica las causas de sus decisiones y esas pueden ser incluso irracionales. Quién explica da razones para hacer aceptable lo resuelto.- Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídicos. IX.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que haya sido objeto del debate. X. Que por las razones antes expuestas, es procedente declarar la nulidad de la sentencia recurrida, para que el Ad-quem proceda de conformidad a derecho. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, y en aplicación de los artículos 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5, 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 66 letra c), 776 777 y 858 del Código del Trabajo; 9 y 11 del Código Civil; 22, 200, 206, 207, 208, 211, 212 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en fecha diecisiete (17) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), visible a folios del 12 al 19 de la segunda pieza. Y MANDA: Que con certificación de éste fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redacto el Magistrado MIRANDA SANABRIA. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO: ROLANDO EDGARDO ARGUETA PEREZ, MAGISTRADO PRESIDENTE; REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ, MAGISTRADO; JOSE OLIVIO RODRIGUEZ VASQUEZ, MAGISTRADO; JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO; WILFREDO MENDEZ ROMERO, MAGISTRADO; RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO, MAGISTRADA; EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO; REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, MAGISTRADA; JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, MAGISTRADO; CONAN RAFAEL ARGUETA BOURDETT, MAGISTRADO INTEGRANTE; DAYANI IVETTE BOCANEGRA PADILLA, MAGISTRADA INTEGRANTE; LISSIEN GICELA CHIUZ LAITANO, MAGISTRADA INTEGRANTE; JILMAN RODOLFO NOLASCO INESTROZA, MAGISTRADO INTEGRANTE; RUBÉN RIVERA FLORES, MAGISTRADO INTEGRANTE; NERY MAURICIO MIRANDA SANABRIA, MAGISTRADO INTEGRANTE; FIRMA Y SELLO: LUCILA CRUZ MENENDEZ, Secretaria General.” Se extiende la presente Certificación de la sentencia de fecha 18 de marzo de 2019, recaída en el Recurso de Casación que se registra bajo el expediente No. S.L.-289-2017, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL