Sentencia CL-276-18 — Registro 9713
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para el Reintegro al puesto de trabajo u otro de igual o mejor categoría, en virtud de despido ilegal e injusto, más los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, desde la fecha de despido hasta que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia condenatoria
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) carece del concepto de la causal, si es por violación directa, o indirecta. b) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo 765 ordinal primero del Código de Trabajo en que encuentra comprendido el cargo. c) dentro de las normas señaladas como violadas indica los artículos 116 y 120 del Código del Trabajo, mismos que contienen distintos párrafos y literales, con distintas situaciones jurídicas que era necesario precisar a cuál de ellas dirige su ataque contra el fallo impugnado. d) cita normativa no indicada como violada en la formulación del cargo, tal es el caso de los artículos 9 numeral 6), 18 numeral 4), y 127 de la ley de INJUPEMP, y el articulo 20 del reglamento para la inversión de los fondos públicos de pensiones por parte de los institutos de previsión.-"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Carece de precepto legal y de explicación del cargo, por ende, no es una proposición jurídica completa. b) el artículo 113 del Código del Trabajo que señala como norma violada contiene distintos párrafos y literales, con distintas situaciones jurídicas que era necesario precisar a cuál de ellas dirige su ataque contra el fallo impugnado.- VI.- Que el Impetrante formula un tercer motivo de casación en el que alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva de orden nacional por infracción indirecta proveniente de error de hecho, manifiesto en la falta de apreciación de los medios de prueba singularmente señalado así: Medio de Prueba Documental, Interrogatorio de Testigos, Reconocimiento Judicial. Lo expuesto en este segundo y tercer motivo hace admisible el recurso de Casación y es de suficiente mérito para que se case la sentencia recurrida.”."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) dentro de las normas señaladas como violadas indica los artículos 116 y 120 del Código del Trabajo, mismos que contienen distintos párrafos y literales, con distintas situaciones jurídicas que era necesario precisar a cuál de ellas dirige su ataque contra el fallo impugnado. b) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo 765 ordinal primero del Código de Trabajo en que encuentra comprendido el cargo. c) la prueba singularizada si fue apreciada en el fallo impugnado, resultando que se le dio una valoración o alcance diferente al que pretende el Impetrante, por lo que es impropio el ataque al mismo por falta de apreciación.-"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veinticuatro días del mes de septiembre del dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 11 de septiembre del 2018, por el Abogado NATAN LEONARDO BANEGAS AGUILERA, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), como recurrente; además, es parte recurrida, el señor OLVIN FABRICIO LIZARDO ANDINO, representado en juicio por el Abogado DARIO JOSUE GARCIA VILLALTA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para el Reintegro al puesto de trabajo u otro de igual o mejor categoría, en virtud de despido ilegal e injusto, más los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, desde la fecha de despido hasta que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia condenatoria, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 24 de junio del 2015, por la Abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO en su condición de representante legal del señor OLVIN FABRICIO LIZARDO ANDINO, mayor de edad, soltero, hondureño, Ingeniero Civil y de este domicilio, contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), por medio de la Representante Legal y Directora Ejecutiva, en ese entonces la señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA, mayor de edad, hondureña y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 09 de mayo del 2019, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 21 de febrero del 2018, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral promovida por la abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO en su condición de representante procesal del señor OLVIN FABRICIO LIZARDO ANDINO en contra del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) a través de su Directora Ejecutiva y representante legal la señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA. 2) CONDENA al INJUPEMP reintegrar al demandante OLVIN FABRICIO LIZARDO ANDINO por lo menos en igualdad de condiciones y pagarle los salarios dejados de percibir desde que se produjo el despido hasta que se cumpla con su reinstalación. SIN COSTAS.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que inició a laborar para la hoy demandada en fecha 1 de noviembre del 2016, desempeñándose al momento de su despido como Administrador de Proyectos, devengando un salario al momento del despido de L.33,571.00, durante el tiempo que trabajó en la Institución, desarrolló actividades eficientemente sin tener ningún tipo de problema en su trabajo, pero en fecha 27 de marzo del 2015, fue notificado que estaba despedido de su empleo, mediante nota firmada por la Directora Ejecutiva Martha Vicenta Doblado Andara, en el que le expresaron: “Por medio de la presente le estoy notificando que el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), decidió dar por terminada la relación de trabajo que le une a la Institución, fundamentada en que el centro de trabajo denominado División de Ingeniería y Proyectos es SUPRIMIDO de la organización administrativa de la Institución; en virtud de lo cual, su puesto de trabajo desaparece en la estructura organizacional del INJUPEMP y siendo esta una causa de terminación laboral no imputable a su persona, por mandato legal se le pagará el total de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, decisión que está basada en las razones siguientes:
- El INJUPEMP, conforme su Ley Orgánica, se creó con el objeto de que mediante la captación, administración e inversión de sus recursos económicos, logre la prestación de los beneficios establecidos en la presente Ley, en la forma más óptima. 2) La División de Ingeniería y Proyectos fue creada en la década de los años 80 como el brazo técnico del Departamento de Préstamos Hipotecarios, siendo su finalidad principal el supervisar los avances de las obras en la ejecución de los proyectos habitacionales masivos que desarrollaba el INJUPEMP, en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula. En el año 1997, el Instituto debió suspender la ejecución de dichos proyectos habitacionales conforme lo mandado en el Decreto 154-97 del Congreso Nacional de la República, quedando la División de Ingeniería y Proyectos únicamente efectuando la labor de avalúos de viviendas y terrenos, mediante las visitas para determinar los avances de obras de los préstamos que se otorgaban a los participantes. 3) La Dirección Interina, de conformidad con los artículos 7, 18 numerales 1) y 2) de la Ley del INJUPEMP, está obligada a cumplir y hacer cumplir, la Constitución de la República, sus Leyes y Reglamentos, así como las resoluciones y demás normas o directrices emitidas por los entes contralores, fiscalizadores y Supervisores del Estado y además de dirigir, administrar y gestionar el Instituto, a cumplir con las políticas y directrices emanadas de la Asamblea, en el marco de la Ley y sus Reglamentos, procurando mantener una institución financiera y actuarialmente sana y solvente. 4) Asimismo, la Dirección Interina, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 numerales 6) y 17) de la Ley del INJUPEMP está obligada a definir la estructura y organización de las dependencias necesarias para el correcto funcionamiento de El Instituto, con base al manual de puestos y salarios y los reglamentos de la Institución, así como elegir, nombrar y remover de su cargo a los Gerentes, Jefes de División, Jefes de Departamento y demás personal, de conformidad con la estructura administrativa que sea aprobada por la Asamblea. 5) La otra Junta Directiva del INJUPEMP, mediante Resolución JD-No.01-1307, de fecha 06 de marzo del año 2014 y ratificada el jueves 10 de abril del mismo año, conocida la solicitud del Proyecto Gradual de Reorganización Institucional, conducente a la restructuración organizacional de algunas dependencias del Instituto, así como a la supresión de la División de Ingeniería y Proyectos; consideró que en la actualidad el funcionamiento de dicha División no es congruente con el destino que la Ley ordena para los fondos del Instituto, y que por lo tanto su incorporación en el programa de Adecuación Organizacional es debidamente justificada, con la finalidad de suprimirla totalmente, cumpliendo las disposiciones legales vinculantes de la relación obrero patronal. 6) En cumplimiento al artículo 127 en lo relativo a la prestación de los servicios de préstamos personales e hipotecarios y a los artículos 9 numeral 6), 18 numeral 4) de la Ley del INJUPEMP y al artículo 20 del “Reglamento para la Inversión de los Fondos Públicos de Pensiones por Parte de los Institutos de Previsión”, la Dirección Interina solicitó a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, mediante Oficio No. 336 del 04 de agosto del 2014, el visto bueno del proyecto de Reglamento de Préstamos, respecto al cual la Comisión Nacional de Bancos y Seguros mediante Oficio SEGSE-OF-398/2015 de fecha 18 de febrero de 2015, notificó a la Dirección Interina del INJUPEMP la Resolución SS No. 1655/17-12-2014, dictaminando favorablemente el proyecto de Reglamento de Préstamos. 7) El Reglamento de Préstamos en los artículos del 78 al 81 manda que los servicios de avalúo de bienes inmuebles para préstamos hipotecarios deben ser prestados por profesionales valuadores, que estén debidamente certificados y registrados en la CNBS. Este mandato está conforme con la Resolución GE No. 073/21-01-2015 emitida por la CNBS, denominada “Normas para la Evaluación y Clasificación de la Cartera Crediticia”, mediante la cual se definen los criterios para que cuando se trate de bienes muebles o inmuebles, el valor computado de la garantía debe estar respaldado por un avalúo efectuado por profesionales en la materia o empresas dedicadas a dicha actividad debidamente registradas en la CNBS. Para tal efecto la misma CNBS, emitió la Resolución GE No. 1922/11-12-2012, que reforma las “Normas para el Registro de Valuadores de Activos Muebles e Inmuebles, Otros Activos y Garantías de Crédito de Instituciones Supervisadas”, las cuales según el numeral 1) del Artículo 1 tiene por objeto regular la inscripción, la renovación, suspensión y cancelación de personas naturales y jurídicas en el Registro de Valuadores de Activos Muebles e Inmuebles, Otros Activos y Garantías de Créditos de las Instituciones Supervisadas. De forma categórica 8) también en el numeral 2) de este artículo, se establece que: las instituciones supervisadas contraten los servicios profesionales de valuación ofrecidos por las personas naturales y jurídicas inscritas en dicho Registro y conforme a los ramos autorizados por la Comisión. 9) La Ley para Optimizar la Administración Pública emitida por el Honorable Congreso Nacional de la República, mediante Decreto Legislativo 266-2013, contentivo de mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la transparencia en el Gobierno, en su artículo 14 numeral 3) y párrafo final señala claramente que las Instituciones Descentralizadas podrán suprimir dependencias internas cuando sea necesario o conveniente, para los fines de la administración pública. 10) El Dictamen Financiero, Actuarial y de Procesos relacionado con el análisis de costos de la División de Ingeniería y Proyectos actualizado con cifras del periodo comprendido entre el primero de enero del 2014 al 28 de febrero del 2015, ratifica el perjuicio económico que causa al Instituto la existencia de dicha División; determinándose que en ese período, para el Instituto y consecuentemente para los beneficiarios del Fondo de Pensión la pérdida fue de SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 30/100 (L6,744,767.30) y que el impacto en el déficit actuarial de continuarse con la operación de esta División es de aproximadamente DOSCIENTOS MILLONES DE LEMPIRAS (L200,000,000.00). 11) Los artículos 26 y 27 de la Ley del INJUPEMP enuncian que los gastos de administración del Instituto deben ser los que corresponden a una estructura de gobierno corporativo óptima, de acuerdo a su tamaño y gestión operativa debiendo reflejarse en la calidad y eficiencia de los servicios; así como, la austeridad en el control de los gastos administrativos y el patrimonio del Instituto es exclusivo para atender prestaciones previsionales y servicios de los participantes, de conformidad con lo establecido en la Ley del INJUPEMP y cubrir los gastos administrativos y operativos razonables. 12) La Asamblea de Participantes y Aportantes del INJUPEMP en Sesión Ordinaria No.009-2015, celebrada en fecha once de marzo del 2015 y mediante Resolución No.02-2015 aprobó el Reglamento de Préstamos, previamente dictaminado favorable por la CNBS. De igual manera, la misma Asamblea mediante Resolución No.03-2015, en el resolutivo 1) instruyó a la Dirección Interina que “debe continuar las acciones legales y administrativas conducentes al cumplimiento del Reglamento de Préstamos aprobado en la presente sesión el cual comprende, conforme a la Ley, políticas, estrategias, objetivos y estructura administrativa necesarios para garantizar un eficiente desarrollo Institucional y adecuado desenvolvimiento técnico-administrativo del INJUPEMP en la prestación de los servicios de préstamos a los participantes”. Expone que es una causal de terminación de contrato de trabajo no imputable a su persona, ya que implica la clausura definitiva de la División de Ingeniera y Proyectos, lo que conlleva la cancelación de su cargo de Administrador de Proyectos de la División de Ingeniería y Proyectos, razón por la cual por mandato de Ley se le pagará el total de sus prestaciones e indemnizaciones laborales que conforme a Ley le correspondan. Sirven de fundamento a la presente nota de terminación laboral los artículos 95 numeral 19); 111 numerales 1) y 9), 116, 120, 126 del Código del Trabajo; artículo 14 numeral 3) y párrafo final del Decreto Legislativo 266-2013 contentivo de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno; artículos 78 al 81 del Reglamento de Préstamos vigente, Resoluciones de la Asamblea de Participantes y Aportantes del INJUPEMP Número 02-2015 y 03-2015 de la sesión ordinaria del acta número 009-2015, de fecha 11 de marzo de 2015, Resolución de Junta Directiva JD-No.01-1307, de fecha 06 de marzo del año 2014 y ratificada el 10 de abril del mismo año; asimismo, la Resolución de la Dirección Interina DI- 40-2015 de fecha 25 de marzo de 2015 referente a la “SUPRESIÓN DE LA DIVISIÓN DE INGENIERÍA Y PROYECTOS POR MANDATO DE LEY”.- 2.- La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contestó dicha demanda señalando que conforme a su Ley Orgánica, se creó con el objeto de que mediante la captación, administración e inversión de sus recursos económicos, logre la prestación de los beneficios establecidos en la presente Ley, en la forma más óptima; la División de Ingeniería y Proyectos fue creada en la década de los años 80 como el brazo técnico del Departamento de Préstamos Hipotecarios, siendo su finalidad principal el supervisar los avances de las obras en la ejecución de los proyectos habitacionales masivos que desarrollaba el INJUPEMP, en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula. En el año 1997, el Instituto debió suspender la ejecución de dichos proyectos habitacionales conforme lo mandado en el Decreto 154-97 del Congreso Nacional de la República, quedando la División de Ingeniería y Proyectos únicamente efectuando la labor de avalúos de viviendas y terrenos, mediante las visitas para determinar los avances de obras de los préstamos que se otorgaban a los participantes. La Dirección Interina, de conformidad con los artículos 7, 18 numerales 1) y 2) de la Ley del INJUPEMP, está obligada a cumplir y hacer cumplir, la Constitución de la República, sus Leyes y Reglamentos, así como las resoluciones y demás normas o directrices emitidas por los entes contralores, fiscalizadores y Supervisores del Estado y además de dirigir, administrar y gestionar el Instituto, a cumplir con las políticas y directrices emanadas de la Asamblea, en el marco de la Ley y sus Reglamentos, procurando mantener una institución financiera y actuarialmente sana y solvente; Asimismo, la Dirección Interina, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 numerales 6) y 17) de la Ley del INJUPEMP está obligada a definir la estructura y organización de las dependencias necesarias para el correcto funcionamiento de El Instituto, con base al manual de puestos y salarios y los reglamentos de la Institución, así como elegir, nombrar y remover de su cargo a los Gerentes, Jefes de División, Jefes de Departamento y demás personal, de conformidad con la estructura administrativa que sea aprobada por la Asamblea. Que la antiguamente Junta Directiva del INJUPEMP, mediante Resolución JD-No.01- 1307, de fecha 06 de marzo del año 2014 y ratificada el jueves 10 de abril del mismo año, conocida la solicitud del Proyecto Gradual de Reorganización Institucional, conducente a la restructuración organizacional de algunas dependencias del Instituto, así como a la supresión de la División de Ingeniería y Proyectos; consideró que en la actualidad el funcionamiento de dicha División no es congruente con el destino que la Ley ordena para los fondos del Instituto, y que por lo tanto su incorporación en el programa de Adecuación Organizacional es debidamente justificada, con la finalidad de suprimirla totalmente, cumpliendo las disposiciones legales vinculantes de la relación obrero patronal; asimismo y en cumplimiento al artículo 127 en lo relativo a la prestación de los servicios de préstamos personales e hipotecarios y a los artículos 9 numeral 6), 18 numeral 4) de la Ley del INJUPEMP y al artículo 20 del “Reglamento para la Inversión de los Fondos Públicos de Pensiones por Parte de los Institutos de Previsión”, la Dirección Interina solicitó a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, mediante Oficio No. 336 del 04 de agosto del 2014, el visto bueno del proyecto de Reglamento de Préstamos, respecto al cual la Comisión Nacional de Bancos y Seguros mediante Oficio SEGSE-OF-398/2015 de fecha 18 de febrero de 2015, notificó a la Dirección Interina del INJUPEMP la Resolución SS No. 1655/17-12- 2014, dictaminando favorablemente el proyecto de Reglamento de Préstamos. Los argumentos de este hecho se sustentan en leyes vigentes de la República, por lo tanto, no requiere de ser probado, sin embargo, en el momento procesal oportuno se presentarán los atestados respectivos para su acreditación. Que el Reglamento de Préstamos en los artículos del 78 al 81 manda que los servicios de avalúo de bienes inmuebles para préstamos hipotecarios deben ser prestados por profesionales valuadores, que estén debidamente certificados y registrados en la CNBS. Este mandato está conforme con la Resolución GE No. 073/21-01-2015 emitida por la CNBS, denominada “Normas para la Evaluación y Clasificación de la Cartera Crediticia”, mediante la cual se definen los criterios para que cuando se trate de bienes muebles o inmuebles, el valor computado de la garantía debe estar respaldado por un avalúo efectuado por profesionales en la materia o empresas dedicadas a dicha actividad debidamente registradas en la CNBS. Para tal efecto la misma CNBS, emitió la Resolución GE No. 1922/11- 12-2012, que reforma las “Normas para el Registro de Valuadores de Activos Muebles e Inmuebles, Otros Activos y Garantías de Crédito de Instituciones Supervisadas”, las cuales según el numeral 1) del Artículo 1 tiene por objeto regular la inscripción, la renovación, suspensión y cancelación de personas naturales y jurídicas en el Registro de Valuadores de Activos Muebles e Inmuebles, Otros Activos y Garantías de Créditos de las Instituciones Supervisadas. De forma categórica también en el numeral 2) de este artículo, se establece que: las instituciones supervisadas contraten los servicios profesionales de valuación ofrecidos por las personas naturales y jurídicas inscritas en dicho Registro y conforme a los ramos autorizados por la Comisión. La Ley para Optimizar la Administración Pública emitida por el Honorable Congreso Nacional de la República, mediante Decreto Legislativo 266- 2013, contentivo de mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la transparencia en el Gobierno, en su artículo 14 numeral 3) y párrafo final señala claramente que las Instituciones Descentralizadas podrán suprimir dependencias internas cuando sea necesario o conveniente, para los fines de la administración pública; asimismo, cabe destacar el Dictamen Financiero, Actuarial y de Procesos relacionado con el análisis de costos de la División de Ingeniería y Proyectos actualizado con cifras del periodo comprendido entre el primero de enero del 2014 al 28 de febrero del 2015, ratifica el perjuicio económico que causa al Instituto la existencia de dicha División; determinándose que en ese período, para el Instituto y consecuentemente para los beneficiarios del Fondo de Pensión la pérdida fue de SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 30/100 (L6,744,767.30) y que el impacto en el déficit actuarial de continuarse con la operación de esta División es de aproximadamente DOSCIENTOS MILLONES DE LEMPIRAS (L200,000,000.00). Los artículos 26 y 27 de la Ley del INJUPEMP enuncian que los gastos de administración del Instituto deben ser los que corresponden a una estructura de gobierno corporativo óptima, de acuerdo a su tamaño y gestión operativa debiendo reflejarse en la calidad y eficiencia de los servicios; así como, la austeridad en el control de los gastos administrativos y el patrimonio del Instituto es exclusivo para atender prestaciones previsionales y servicios de los participantes, de conformidad con lo establecido en la Ley del INJUPEMP y cubrir los gastos administrativos y operativos razonables. La Asamblea de Participantes y Aportantes del INJUPEMP en Sesión Ordinaria No.009-2015, celebrada en fecha once de marzo del 2015 y mediante Resolución No.02-2015 aprobó el Reglamento de Préstamos, previamente dictaminado favorable por la CNBS. De igual manera, la misma Asamblea mediante Resolución No.03-2015, en el resolutivo 1) instruyó a la Dirección Interina que “debe continuar las acciones legales y administrativas conducentes al cumplimiento del Reglamento de Préstamos aprobado en la presente sesión el cual comprende, conforme a la Ley, políticas, estrategias, objetivos y estructura administrativa necesarios para garantizar un eficiente desarrollo Institucional y adecuado desenvolvimiento técnico-administrativo del INJUPEMP en la prestación de los servicios de préstamos a los participantes”. por lo que en el caso de la terminación laboral con el hoy demandante, por mandato legal, ha observado y cumplido estrictamente las normas legales vigentes para dicha ejecutoria, fundamentada en que el centro de trabajo denominado División de Ingeniería y Proyectos fue SUPRIMIDO de la organización administrativa de la Institución; en virtud de lo cual, su puesto de trabajo desapareció de la estructura organizacional del INJUPEMP y siendo esta una causa de terminación laboral no imputable al hoy demandante, por mandato legal ha sostenido y mantiene el reconocimiento expreso del pago total de sus prestaciones e indemnizaciones laborales; es preciso aclarar que en la actualidad los servicios de avalúos de inmuebles objeto de préstamos hipotecarios otorgados por el Instituto, lo concerniente al avalúo propiamente dicho, es efectuado por un Ingeniero Valuador certificado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, cuyo pago podrá ser cancelado por el participante al valuador por medio del Instituto, quien a su vez efectuará el pago al Perito valuador contra la entrega del informe de valuación y el recibo correspondiente; de tal manera su señoría que la parte demandante erróneamente establece en su escrito de demanda que la suprimida División de Ingeniería y Proyectos era autofinanciable, ya que como se ha expresado la institución no ejerce ya actividades de avalúos respecto a los préstamos hipotecarios otorgados, ni realiza supervisión, ni mucho menos administración de proyectos, como era el cargo que ostentaba el hoy demandante, sencillamente porque no ejecuta o desarrolla ya, ningún proyecto habitacional. Asimismo, alega que en ningún momento ha violentado el “fuero sindical” al cual hace alusión el hoy demandante en su hecho SEXTO del acápite “Hechos y Omisiones” de su escrito de demanda, debido a que como se ha expuesto ya, en ningún momento ha operado ningún despido o similar respecto al hoy demandante, si no por el contrario lo que aconteció fue una terminación de la relación de trabajo con el hoy demandante, fundamentada en que el Centro de Trabajo denominado División de Ingeniería y Proyectos fue suprimido de la organización administrativa de la institución; consecuentemente su puesto de trabajo como (Administrador de Proyectos), desapareció de la estructura organizacional del INJUPEMP, y siendo esta causa de terminación laboral no imputable a su persona, es decir, al Trabajador, por mandato legal expresamente le reconoce el pago total de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, en ningún momento se ha violentado ninguna disposición contenida en el Código de Trabajo, que refiera el fuero sindical existente. Por lo anterior la demanda de mérito es totalmente improcedente. Lo expresado constituye un hecho notorio que además se encuentra previsto en la legislación laboral vigente y reglamento de préstamos vigente de INJUPEMP.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 21 de febrero del 2019, dictó sentencia declarando CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral; CONDENO al INJUPEMP reintegrar al demandante OLVIN FABRICIO LIZARDO ANDINO por lo menos en igualdad de condiciones y pagarle los salarios dejados de percibir desde que se produjo el despido hasta que se cumpla con su reinstalación. SIN COSTAS; bajo el criterio que la protección del fuero sindical no es un obstáculo para la terminación de los contratos de trabajo, sin embargo, para el caso de despido, por la protección que otorga el mismo fuero, el patrono debe cuidarse de cumplir con los procedimientos establecidos en la ley antes de proceder el despido, el cual se encuentra regulado en el artículo 516, pero el patrono alega no haber despedido al trabajador sino que haber terminado el contrato de trabajo por causas no imputables al trabajador fundamentado en el artículo 111 1), 9), sin embargo a pesar de que las partes presentaron el contrato colectivo que rige a la institución, y en caso que fuera cierto lo alegado por el INJUPEMP que lo impulsó a dar por terminada la relación de trabajo, violentó los derechos al trabajador sindicalizado.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha 9 de mayo del 2018, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que de acuerdo al artículo 516 del Código del Trabajo, los trabajadores miembros de una junta directiva sindical, no podrán ser despedidos de su trabajo sin comprobar que exista justa causa, el empleador alega que la terminación de la relación laboral con el demandante se debe a medidas de ajuste por razón de reorganización administrativas, criterio que también contrasta con el artículo 95 numeral 19 del Código del Trabajo, que sería que tales reajustes de personal deben realizarse de acuerdo a las estipulaciones del Contrato Colectivo, respetando los derechos de antigüedad en igualdad de condiciones, prefiriendo a los trabajadores sindicalizados para que sigan trabajando, norma violentada por el patrono, quedando con el despido en evidencia la actuación violatoria de todas las normas del Código del Trabajo, y demás leyes protectorias del Fuero Sindical, por lo que el despido llevado a cabo al demandante es ilegal, injustificado y unilateral.- 5.- Mediante auto de fecha 30 de julio del 2018, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado NATAN LEONARDO BANEGAS AGUILERA, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 11 de septiembre del 2018, compareció ante este Tribunal el Abogado NATAN LEONARDO BANEGAS AGUILERA, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), formalizando su demanda, exponiendo tres motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha 11 de septiembre del 2018, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 11 de octubre del 2018, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de del Abogado DARIO JOSUE GARCIA VILLALTA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO: I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que el Abogado NATAN LEONARDO BANEGAS AGUILERA en su primer motivo de casación alega: “La norma Sustantiva de orden nacional violada, está contenida en el artículo 95 numeral 19); 111 numerales 1) y 9), 116, 120, 126 del Código del Trabajo.- PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de Casación está comprendido en el artículo 765 ordinal primero del Código del Trabajo. REGLAS PROCESALES VIOLADAS. Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de la norma sustantiva señalada están contenidas en los artículos 664 y 665 del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN. La otrora Junta Directiva de mi representada el INJUPEMP, mediante Resolución JD-No.01- 1307, de fecha 06 de Marzo del año 2014 y ratificada el Jueves 10 de abril del mismo año, conocida la solicitud del Proyecto Gradual de Reorganización Institucional, conducente a la restructuración organizacional de algunas dependencias del Instituto, así como a la supresión de la División de Ingeniería y Proyectos; consideró que en ese momento el funcionamiento de dicha División no es congruente con el destino que la Ley ordena para los fondos del Instituto, y que por lo tanto su incorporación en el programa de Adecuación Organizacional es debidamente justificada, con la finalidad de suprimirla totalmente, cumpliendo las disposiciones legales vinculantes de la relación obrero patronal; asimismo y en cumplimiento al artículo 127 en lo relativo a la prestación de los servicios de préstamos personales e hipotecarios y a los artículos 9 numeral 6), 18 numeral 4) de la Ley del INJUPEMP y al artículo 20 del “Reglamento para la Inversión de los Fondos Públicos de Pensiones por Parte de los Institutos de Previsión”, la Dirección Interina solicitó a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, mediante Oficio No. 336 del 04 de agosto del 2014, el visto bueno del proyecto de Reglamento de Préstamos, respecto al cual la Comisión Nacional de Bancos y Seguros mediante Oficio SEGSE-OF-398/2015 de fecha 18 de febrero de 2015, notificó a la Dirección interina del INJUPEMP la Resolución SS No. 1655/17-12- 2014, dictaminando favorablemente el proyecto de Reglamento de Préstamos, es de meritorio destacar que los extremos indicados en esta explicación fueron debidamente acreditados en juicio, en el momento procesal oportuno, no obstante ni el A-quo y Tribunal de Alzada valoraron en todo su contexto dicha carga probatoria, considerando que mi representada el INJUPEMP, es una Institución de Previsión Social, sobre la cual reposan las jubilaciones y pensiones de los Empleados del Sector Público o Gobierno, siendo de igual forma una Institución Pública que garantiza el otorgamiento de los beneficios previsionales por los riesgos a que están expuestos nuestros participantes por muerte, invalidez, separación, y vejez, mediante la captación, administración e inversión de sus recursos económicos de manera transparente, rentable, segura, liquida y diversificada que contribuye al desarrollo económico y consolidar el sistema de protección social de nuestro País. Lo expuesto en este primer motivo hace admisible el Recurso de Casación y es de suficiente mérito para que se case la sentencia recurrida.”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) carece del concepto de la causal, si es por violación directa, o indirecta. b) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo 765 ordinal primero del Código de Trabajo en que encuentra comprendido el cargo. c) dentro de las normas señaladas como violadas indica los artículos 116 y 120 del Código del Trabajo, mismos que contienen distintos párrafos y literales, con distintas situaciones jurídicas que era necesario precisar a cuál de ellas dirige su ataque contra el fallo impugnado. d) cita normativa no indicada como violada en la formulación del cargo, tal es el caso de los artículos 9 numeral 6), 18 numeral 4), y 127 de la ley de INJUPEMP, y el articulo 20 del reglamento para la inversión de los fondos públicos de pensiones por parte de los institutos de previsión.- IV. Que el Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva de orden nacional por infracción directa proveniente de Aplicación indebida de lo dispuesto en el artículo 113 del Código del Trabajo.”.- V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Carece de precepto legal y de explicación del cargo, por ende, no es una proposición jurídica completa. b) el artículo 113 del Código del Trabajo que señala como norma violada contiene distintos párrafos y literales, con distintas situaciones jurídicas que era necesario precisar a cuál de ellas dirige su ataque contra el fallo impugnado.- VI.- Que el Impetrante formula un tercer motivo de casación en el que alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva de orden nacional por infracción indirecta proveniente de error de hecho, manifiesto en la falta de apreciación de los medios de prueba singularmente señalado así: Medio de Prueba Documental, Interrogatorio de Testigos, Reconocimiento Judicial. Lo expuesto en este segundo y tercer motivo hace admisible el recurso de Casación y es de suficiente mérito para que se case la sentencia recurrida.”.- VII. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) dentro de las normas señaladas como violadas indica los artículos 116 y 120 del Código del Trabajo, mismos que contienen distintos párrafos y literales, con distintas situaciones jurídicas que era necesario precisar a cuál de ellas dirige su ataque contra el fallo impugnado. b) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo 765 ordinal primero del Código de Trabajo en que encuentra comprendido el cargo. c) la prueba singularizada si fue apreciada en el fallo impugnado, resultando que se le dio una valoración o alcance diferente al que pretende el Impetrante, por lo que es impropio el ataque al mismo por falta de apreciación.- VIII. Que, por lo expresado procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiún días del mes de noviembre del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha veinticuatro de septiembre del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 276-18.-Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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