Sentencia CL-267-17 — Registro 8623
Resumen
En primera instancia se declara con lugar la demanda ordinaria laboral para el reintegro interpuesta por las demandantes se confirma en segunda instancia bajo el criterio que la sanción impuesta es desproporcional a la falta cometida
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
.."Que el Recurrente olvida que para que se configure el error de hecho alegado, por un lado, no basta señalar un medio de prueba determinado, sino que es necesario relacionar el mismo con la prueba en su conjunto, para así poder determinar que el Tribunal recurrido haya incurrido o no en una violación a la Ley, y por otro, que debe ser ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos, pero en circunstancias dudosas, los Tribunales quedan en libertad de decidirse en caso tal por el extremo que, a su juicio, consideren mejor demostrado; en este caso, al revisarse la situación jurídica planteada se advierte que el Tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia, hizo suyos los argumentos del Juez A-quo, observándose que se realizó el análisis y valoración de todo el material probatorio allegado al juicio y donde se concluyera entre otros puntos, que el despido de la demandante fue desproporcional en relación a la falta que se le imputaba, además de no haberse probado el abandono alegado; todo cual hace que no sea procedente la admisión del motivo."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los cinco días del mes de febrero del dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha veintiséis de julio del año dos mil diecisiete, por el Abogado LUIS ALBERTO ROVELO HERNANDEZ, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIOIAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA); además, son parte recurrida las señoras ADELA GONZALEZ MARTORELL y KAREN LIZETH MENDEZ ZELAYA, representado en juicio por el Abogado JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES. La demanda ordinaria laboral que se encuentra registrada bajo el expediente SL115-2015, promovida por ADELA GONZALEZ MARTORELL, fue acumulada a la demanda que se encuentra registrada bajo el número de expediente SL148-2015, promovida por KAREN LIZETH MENDEZ ZELAYA, ambas dirigidas contra EL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA); dicha actuación fue ordenada por el Juez A-quo en comparecencia de fecha veintitrés de febrero del año dos mil dieciséis. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral de reintegro, más los salarios dejados de percibir desde el momento del despido hasta el reintegro a un puesto de trabajo; promovida por la señora ADELA GONZALEZ MARTORELL y KAREN LIZETH MENDEZ ZELAYA, quienes son mayores de edad, solteras, hondureñas y de este domicilio; contra EL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA) por medio de su Presidente del Directorio de Especialistas señor ERNESTO EMILIO CARIAS CORRALES, quien es mayor de edad, hondureño y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, que falló confirmando la sentencia de fecha dos de noviembre del año dos mil dieciséis, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1- DECLARAR CON LUGAR La DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL REINTEGRO, instaurada por las señoras ADELA GONZALEZ MARTORELL y KAREN LIZETH MENDEZ ZELAYA contra EL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA), por medio de su Presidente del Directorio de Especialistas señor ERNESTO EMILIO CARIAS CORRALES; 2.- CONDENAR: AL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA), por medio de su Presidente del Directorio de Especialistas señor ERNESTO EMILIO CARIAS CORRALES a; A) REINTEGRAR a las señoras ADELA GONZÁLEZ MARTORELL y KAREN LIZETH MENDEZ ZELAYA, a sus puestos de trabajo respectivamente, por lo menos en las mismas condiciones a las que se tenía al momento de operarse el despido. B) El reconocimiento las señoras ADELA GONZÁLEZ MARTORELL y KAREN LIZETK MENDEZ ZELAYA, del pago de los salarios dejados de percibir y demás derechos que se les adeuden o se hayan generado desde el día que se opera el despido hasta el reintegro a título de indemnización por daños y perjuicios, quedando sujeta a la liquidación que se efectúe en su momento procesal oportuno. 3. SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. Las demandantes en el escrito de su acción expresaron lo siguiente: ADELA GONZÁLEZ MARTORELL, ingresó a trabajar para la demandada el día 01 de julio del 2010, en el cargo de Secretaria, asignada al departamento de Prestaciones Sociales, devengando un salario de L.11,289.00, en fecha 11 de noviembre del año 2014, la demandante asistió a una asamblea informativa convocada por el SITRAINPREMA, la cual fue celebrada en el parqueo de la demandada, por esta situación le convocaron a una audiencia de descargo, la cual fue celebrada por el Abogado Luis Alberto Rovelo, quien no tiene facultad para celebrar dichas audiencias, pues no es funcionario ni empleado de la demandada, por lo tanto la misma es nula, posteriormente de celebrada la audiencia de descargo, la actora, en fecha 05 de diciembre de 2014, recibió una nota donde se le comunica la terminación de la relación laboral por parte del Jefe del departamento donde laboraba, el motivo del despido fue porque supuestamente el día martes 11 de noviembre de 2014, la demandante abandonó sus labores en horas laborables y sin justa causa e impedimento y sin permiso del patrono, con el objetivo de ir al parqueo de la institución a celebrar ilegalmente una asamblea informativa convocada por el SITRAINPREMA. Es preciso mencionar que lo alegado por el demandante no puede ser considerado como un abandono de su puesto de trabajo, pues no cumple los requisitos establecidos en los artículos 98 numeral 1) y 112 literal h) del Código de Trabajo y tampoco puede considerarse una suspensión intempestiva de labores, en vista de ser un derecho contemplado en el artículo 79 de la Constitución de la República; por otra parte, la nota de despido fue entregada por una persona que no está facultada para hacerlo, por lo que la misma no fue entregada personalmente, violentando el procedimiento establecido en la legislación laboral; KAREN LIZETH MENDEZ ZELAYA, ingresó a trabajar el día 08 de mayo de 2006, para la demandada, en el cargo de Auxiliar de Cartera en el departamento de Cartera, devengando un salario de L.9,408.50, en fecha 11 de noviembre del año 2014, la demandante asistió a una asamblea informativa convocada por el SITRAINPREMA, la cual fue celebrada en el parqueo de la demandada, por esta situación le convocaron a una audiencia de descargo, la cual fue celebrada por el Abogado Luis Alberto Rovelo, quien no tiene facultad para celebrar dichas audiencias, pues no es funcionario ni empleado de la demandada, por lo tanto la misma es nula, posteriormente de celebrada la audiencia de descargo, en fecha 05 de diciembre de 2014, recibió nota donde se le comunica la terminación de la relación laboral por parte del Jefe del departamento donde laboraba, dicha nota fue refrendada por el Licenciado TOMAS ALFONSO CARDONA ORTIZ, y en ella se estableció que el motivo del despido fue porque supuestamente el día martes 11 de noviembre de 2014, la demandante abandonó sus labores en horas laborables y sin justa causa e impedimento y sin permiso del patrono, con el objetivo de ir al parqueo de la institución a celebrar ilegalmente una asamblea informativa convocada por el SITRAINPREMA. Es preciso mencionar que lo alegado por el demandante no puede ser considerado como un abandono de su puesto de trabajo, pues no cumple los requisitos establecidos en los artículos 98 numeral 1) y 112 literal h) del Código de Trabajo; tampoco puede considerarse una suspensión intempestiva de labores, en vista de ser un derecho contemplado en el artículo 79 de la Constitución de la República que dicha nota fue entregada por una persona que no está facultada para hacerlo, por lo que la misma no fue entregada personalmente, violentando el procedimiento establecido en la legislación laboral. Finalmente, expresó que aparte de lo anteriormente descrito, su despido es nulo de pleno derecho pues la patronal no siguió el procedimiento establecido para poder despedir a una mujer en estado de embarazo.- 2. La parte demandada, el INSTITUTO NACIOIAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA), contestó dicha demanda señalando que en fecha 11 de noviembre del 2014, las demandantes junto con varios compañeros abandonaron sus puestos de trabajo y suspendieron intempestivamente sus labores, por lo que se procedió a levantar un acta de inspección a través de una inspectora del trabajo de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, con el único fin de garantizarles a los trabajadores su derecho constitucional de defensa. Posteriormente, se convocó a las demandantes a una audiencia de descargos, misma que se celebraron en fechas 24, 26 de noviembre y 03 de diciembre del 2014, en las oficinas de recursos humanos de la demandada. A las demandantes se les sancionó puesto que cuando suspendieron intempestivamente las labores no hubo quien pudiera atender algunos maestros afiliados, porque si bien es cierto la misma se celebró en el centro de trabajo, no es menos cierto que fue en las horas de trabajo y si bien como lo establece el SITRAINPREMA, la asamblea informativa puede ser realizada dentro de la Jornada de Trabajo, pero avisando con por lo menos 48 horas antes y dejando el personal mínimo para continuar con sus labores diarias, sin embargo, al no darse ninguna de los actos previos la misma se convierte en un abandono de puesto de trabajo y en una suspensión intempestiva de labores.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dos de noviembre del año dos mil dieciséis, dictó sentencia declarando con lugar, sin costas; la demanda ordinaria laboral promovida por las señoras ADELA GONZALEZ MARTORELL y KAREN LIZETH MENDEZ ZELAYA contra el INSTITUTO NACIOIAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA), bajo el criterio que si bien es cierto la parte demandada justifica la terminación de la relación laboral en que las demandantes abandonaron su puesto de trabajo sin autorización del patrono para asistir a la asamblea informativa convocada para el día 11 de noviembre de 2014, por el Sindicato de Trabajadores del INPREMA, y si bien se acreditó que dicha asamblea informativa se llevó a cabo, no se acreditó en autos la asistencia de las demandantes a dicha asamblea informativa, pues de las lecturas de las Audiencias de Descargo, las demandantes no aceptaron su asistencia a la misma, a su vez no consta en os informes de la patronal reportando las ausencias injustificadas imputadas a las demandantes, por lo que del análisis de las pruebas se desprende que la causa invocada en la nota de despido, no fue probada en forma fehaciente, y en caso de existir indicios racionales que las demandantes asistieron a dicha asamblea, la medida adoptada para sancionarlas es despropiada, ya que no consta en autos que las demandantes sean reincidentes en dicha conducta; asimismo, se probó un trato discriminatorio por parte de la patronal a las demandantes pues se acordó el reintegro de 105 trabajadores, que habían sido despedidos por las mismas causas; aunado a esto la demandada obvió el procedimiento legal correspondiente al despido de una mujer en estado de embarazo en el caso de la señora Karen Lizeth Méndez Zelaya.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, dictó sentencia confirmando la proferida por el A-quo, sin costas; bajo el criterio que la sanción impuesta es desproporcional a la falta cometida; ya que tanto el trabajador como el empleador deben ejercer sus derechos y obligaciones de acuerdo a razonamientos lógicos de sentido común, sin incurrir en conductas abusivas del derecho de cada uno, es decir, que un empleador no podrá cesar el contrato laboral de un trabajador unilateralmente y en el caso de mérito debieron imponerse sanciones disciplinarias distintas al despido, ya que no consta en autos que las demandantes sean reincidentes en dicha conducta. Por otra parte, la demandada alegó abandono de trabajo y es por esto que la carga de la prueba recayó sobre el demandado y este al no aportar los medios de prueba necesarios no acreditó la asistencia de las demandantes a dicha asamblea informativa. Finalmente, con la prueba documental se acreditó que la señora Karen Lizeth Méndez Zelaya, se encontraba en estado de embarazo al momento de su despido; por lo que se entiende que la parte demandada no siguió el procedimiento legal correspondiente para despedir a una mujer en estado de embarazo.- 5. Mediante auto de fecha trece once de septiembre del año dos mil diecisiete, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada NAYDA LILIANA HERNANDEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha veintiséis de julio del año dos mil diecisiete, compareció ante este Tribunal el Abogado LUIS ALBERTO ROVELO HERNANDEZ, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIOIAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA), formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha seis de septiembre del año dos mil diecisiete, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veintisiete de septiembre del año dos mil diecisiete, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte del Abogado JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES, en su condición de representante procesal de las señoras ADELA GONZALEZ MARTORELL y KAREN LIZETH MENDEZ ZELAYA, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO: I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que el Abogado LUIS ALBERTO ROVELO HERNANDEZ, en su único motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley sustantiva nacional y de índole laboral, por infracción indirecta por la apreciación errónea del medio de prueba documental admitido a la parte demandante, que adelante se singularizan en relación a la demás prueba en su conjunto y que hizo incurrir en error de hecho que aparece manifiesto en los autos y que llevo en forma indirecta a la corte sentenciadora a la violación del artículo 113 párrafo primero, interpretado, en relación con el artículo 60 de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. NORMAS ADJETIVAS QUE SIRVIERON DE MEDIO: Las normas adjetivas que sirvieron de medio para la violación de las sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRUEBA APRECIADA ERRÓNEAMENTE: Singularizo las pruebas erróneamente apreciadas, de la siguiente manera: LA DOCUMENTAL PUBLICA: admitida a la parte demandante que se refiere al ACTA DE ACUERDO CONCILIATORIO, celebrada en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán en fecha doce (12) de enero del año dos mil quince (2015) entre los señores Carlos Alberto Madero Erazo y Gina Hernández Martínez, Secretario de Trabajo y Seguridad Social y Directora General del Trabajo respectivamente, y los señores Ernesto Emilio Carias Corrales, Nessy Martínez y Geovanny Guifarro, en su condición de Director Presidente y Directores Especialistas del INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERJO (INPREMA), respectivamente y los señores José Roberto Reyes, Roberto Sevilla, Daniel Montalván, Mario Hernández, Arnoldo Aguilar, Gladys Waleska Duron, Carlos García, Ana Maribel Cubas, Delver García y Walter Darío Paredes en su condición de miembros de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (SITRAINPREMA). EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La Corte sentenciadora, al CONFIRMAR por unanimidad de votos el fallo dictado por el Juzgado de primera Instancia, manifiestamente incurrió en error de hecho, al apreciar erróneamente el medio de prueba señalado anteriormente y admitido a la parte demandante, en relación a los demás medios de prueba en su conjunto, ya que si bien es cierto, el Juzgador no está sujeto a la tarifa legal de las pruebas, sino que forma libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la sana crítica de la prueba, tal y como está consagrado en el artículo 739 del Código de Trabajo, ésta disposición no impide de manera alguna que el Tribunal se coloque en una posición de profundo análisis para poder llegar a la verdad de los hechos e impartir justicia aplicando la Ley, por lo que deviene obligado a efectuar la apreciación de las pruebas en su conjunto o sea ello es una obligación insoslayable y esa apreciación debe ser acertada y completa. En el caso en particular si se hubiese apreciado correctamente por parte del tribunal recurrido el medio de prueba señalado, se hubiera dado por establecido en forma indubitable que en el ACTA DE ACUERDO CONCILIATORIO no hubo tal acto discriminatorio o de marginamiento, puesto que la demandada a través de su Director Presidente, señor ERNESTO EMILIO CARIAS expuso que procedió al despido con justa causa de ciento cinco (105) trabajadores del INPREMA, el 05 de diciembre del 2014 y, que al solo efecto conciliatorio ofrece: “1. Del total del número de trabajadores despedidos, reinstalar a sus puestos de trabajo, a partir del trece (13) de enero del 2015 a los siguientes trabajadores.., 2..., 3..., 4. Frente a nuestra posición legal de considerar la existencia de la justa causa que motivo los despidos, siempre con el ánimo conciliatorio, el Directorio ofreció bajo la mejor modalidad legal por estar en el proceso de reorganización administrativa, hacer efectivo el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales a todos los reclamantes propuesta que no fructifico pero que concluyo con el resultado del arreglo conciliatorio que consta en la presente acta, por lo que queremos dejar de buena voluntad y con el mismo animo conciliatorio, constancia que dentro de un término prudencial de diez (10) días hábiles, contados a partir de esta misma fecha, estaremos con la voluntad y el ánimo de mantener nuestra propuesta para aquellos trabajadores que no forman parte del grupo a reinstalar, sin que se considere esto como parte o una obligación resultado del arreglos conciliatorio, SINO QUE ALGO DE NUESTRO PROPIO ALBEDRIO....,”. (Las negrillas, mayúsculas y los puntos suspensivos son míos). Del extremo que antecede, se aprecia que dicho medio de prueba lo que revela es que el INPREMA actuó bajo el amparo al principio que reza: Que los empleadores tendrán la libre administración de sus bienes y recursos con el fin de obtener el máximo beneficio posible tanto en lo económico como en lo social, y que dicho ofrecimiento conciliatorio no tiene ninguna relación con un acto de discriminación de raza, sexo, religión, color, afiliación política, clase o cualquier otra contemplada en la Constitución de la República y los Convenios Internacionales, ya que, el día 05 de diciembre del 2014 se procedió al despido ciento cinco (105) trabajadores del 1NPREMA por igual y con justa causa legal por haber abandonado sus puestos de trabajo y suspender intempestivamente sus labores el día 11 de noviembre del 2014, sin que operaran en dicha sanción administrativa preferencias y/o privilegios a favor de alguien en particular, aunado a esto, mi representada muy respetuosa de la ley y previo a su despido convoco en partes y en diferentes fechas a los ciento cinco (105) trabajadores a una audiencia de descargos la que tenía como propósito garantizarles el derecho Constitucional de defensa procediendo a contestar todos los asambleístas al ser interrogados sobre el porqué abandonaron sus puestos de trabajo y suspendieron intempestivamente sus labores “NO SE NO RECUERDO”. De acuerdo al extremo que antecede, a pedido del SITRAINPREMA y con la mediación del Secretario de Estado en los despachos del trabajo del día 12 de enero del año 2015 se levantó el acta del acuerdo conciliatorio bajo el propio albedrio de los representantes de la demandada y ahí se ofreció mediante arreglo conciliatorio el reintegro de un grupo de trabajadores y se fijó una fecha límite para aquellos que no formaran parte del grupo a reintegrar y optaran por el pago de sus prestaciones laborales, sin que esto signifique actos discriminatorios o de marginamiento, puesto que como se repite la misma se levantó y conto con la aprobación del Estado de Honduras a través del Secretario de Estado en los despachos de Trabajo y Seguridad Social, Señor Carlos Alberto Madero Erazo. Lo que llevó en forma indirecta a la Corte sentenciadora a la violación de los artículos 113 párrafo primero, al negar a mi representada la justa causa y la legalidad de la sanción del despido invocada a los demandantes, donde claramente se apreció tanto en la forma y términos del despido que no se procedió al mismo con preferencias y privilegios para con algunos trabajadores de la institución demandada.”.- III. Que el Recurrente olvida que para que se configure el error de hecho alegado, por un lado, no basta señalar un medio de prueba determinado, sino que es necesario relacionar el mismo con la prueba en su conjunto, para así poder determinar que el Tribunal recurrido haya incurrido o no en una violación a la Ley, y por otro, que debe ser ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos, pero en circunstancias dudosas, los Tribunales quedan en libertad de decidirse en caso tal por el extremo que, a su juicio, consideren mejor demostrado; en este caso, al revisarse la situación jurídica planteada se advierte que el Tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia, hizo suyos los argumentos del Juez A-quo, observándose que se realizó el análisis y valoración de todo el material probatorio allegado al juicio y donde se concluyera entre otros puntos, que el despido de la demandante fue desproporcional en relación a la falta que se le imputaba, además de no haberse probado el abandono alegado; todo cual hace que no sea procedente la admisión del motivo.- IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. WILFREDO MENDEZ ROMERO. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los cuatro día del mes de marzo del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha cinco de febrero del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 267-17.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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