Sentencia CL-246-17 — Registro 8575
Resumen
En primera instancia se declaró con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por la demandante bajo el criterio a la demandante se le contrató bajo la modalidad de contratos de servicios profesionales y técnicos con contratos a término se confirma en segunda instancia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) el artículo 2 del Código del Trabajo no ostenta la calidad de norma sustantiva para los efectos de la casación; b) no demuestra el error evidente del Juzgador, constituyendo alegaciones propias de instancia, además no de singularizar adecuadamente la prueba conforme lo dispuesto en el artículo 769 numeral 5) literal b) del Código del Trabajo
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, Numeral 5 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los cinco días del mes de febrero del dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha treinta de junio de dos mil diecisiete, por la Abogada FRANCIS MICHELLE EUCEDA HERRERA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además es parte recurrida la señora MARYURY OLADYS REYES PEÑA, representada en juicio por el Abogado JAIME RENE CHAVEZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para que el patrono pruebe la justa causa del despido, caso contrario se le reintegre al puesto de trabajo en virtud de despido directo e injusto, salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, costas; promovida ante el juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciocho de agosto de dos mil catorce, por la señora MARYURY OLADYS REYES PEÑA, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones realizadas en la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD, a través del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha veintiséis de enero de dos mil diecisiete, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, así: “Declarar CON LUGAR LA DEMANDA LABORAL PARA EL REINTEGRO, PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR promovida por la Señora MARYURY OLADIS REYES PEÑA; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su Representante Legal el señor Procurador de la República, Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. II. CONDENAR AL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su Representante Legal señor Procurador de la República, Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA a lo siguiente: a) Reintegrar a la Señora MARYURY OLADIS REYES PEÑA a ser reintegrada a su puesto de trabajo por lo menos en igualdad ce condiciones de trabajo que al momento de operarse la ruptura del contrato de trabajo; al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se materialice el reintegro ordenado y demás derechos adquiridos en su ausencia, debiendo la institución demandada nombrarla como empleada permanente en el cargo en el cargo que mantenía. III. SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que mediante un Contrato de Servicios profesionales y Técnicos, comenzó a laborar como Médico General 3 Floras, en el Sésamo Alemania, Región Sanitaria Metropolitana, efectivo a partir del 10 de Febrero del 2003, el día 12 de mayo del 2014, el señor Dagoberto Torres en su condición de Sub-Director de la demandada, le notificó verbalmente su despido argumentando que había recibido memorándum de la Jefatura de Personal de la Secretaria de Salud que prohibía los trabajadores sin contrato escrito para seguir laborando. En fecha 19 de mayo del 2014, bajo el número de Expediente 1L- 1405190801587889, el demandante solicitó a la Secretaria de Estado en los Despacho de Trabajo y Seguridad Social, Inspección General de Trabajo los servicios de un Inspector para que investigara su relación laboral en la Secretaria de Salud. El día 20 de Mayo del 2014 el señor José Rolando Cortes en su condición de Inspector de Trabajo de la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social levantó una Acta en la Secretaria de Salud Pública, donde fue atendido por la señora Marleni Garcia Banegas en su condición de Asesora legal de Recursos Humanos y manifestándole lo siguiente: que en el caso del Contrato se venció el 15 de Febrero del 2014 y que no se ha podido recontratar porque hubo una reducción presupuestaria y en cuanto a los contratos de los trabajadores no los tenía porque eso era otra gestión, luego se le cedió la palabra la actor, quien manifestó que su relación de trabajo empezó desde febrero del 2003 al 15 de febrero del 2014. Finalmente estableció el demandante que desde el 2003 basta el 15 de Febrero del 2014 estuve por Contrato escrito y del 16 de febrero del hasta el 12 de Mayo del 2014 laboró mediante contratación verbal para la doctora Manen Henríquez en su condición de Directora del Sésamo El Manchen, que era su mi centro de Trabajo, prometiéndole que después solicitaría su contratación y lo cual no fue cierto por tal razón el proceso el despido es ilegal, por otra parte los contratos de trabajo eran de Servicios Profesionales y Técnicos pero esa es una simulación laboral ya que existió una relación laboral sometida a la jurisdicción del trabajo.- 2. La parte demandada, EL ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que al demandante no se le notificó una cancelación por despido que le corresponde únicamente al personal permanente de la administración, sino que lo que realmente sucedió fue que se procedió a notificar al ahora demandante la finalización del contrato por tiempo determinado, ya que a pesar que el ahora demandante tenía conocimiento que estos tenían termino, este pretende continuar laborando, hecho que no se podía consentir ya que no contaba con la disponibilidad presupuestaria para el pago de un nuevo contrato de Servicios Profesiones y Técnico. El demandante debe atenerse a lo estipulado en el artículo 124-C reformado de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, artículo 111 párrafo primero y tercero de la estimación presupuestaria e Ingresos de la Administración Central para el ejercicio Fiscal 2014, artículo 201 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil. Es preciso establecer que al demandante no le corresponde permanencia en el puesto que ha desempeñado, pues los trabajadores permanente son nombrados a través de un acuerdo, prestando sus servicios personales a la administración púbica bajo el régimen y protección de la Ley del Servicio Civil, acuerdo que no establece una fecha de terminación de la relación laboral a diferencia de los contratos de Servicios Técnicos y/o Profesionales que establecen una fecha de inicio y una fecha de terminación del contrato tal y como lo establece el artículo 2012 párrafo segundo del Reglamento de la Ley del Servicio Civil, que la modalidad de contratación fue consentida y aceptada por la parte demandante, por lo cual no se puede alegar un despido ilegal e injusto.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por la señora MARYURY OLADYS REYES PEÑA, contra EL ESTADO DE HONDURAS, sin costas; bajo el criterio que si bien es cierto, a la demandante se le contrató bajo la modalidad de contratos de servicios profesionales y técnicos con contratos a término; no es menos cierto, que de acuerdo a lo que establece la legislación laboral los contratos eran verdaderos contratos de trabajo al tenor de lo que establece el artículo 20, relacionado con el 47 y 347 del Código de Trabajo, por lo tanto estamos frente a una relación laboral, sumado a ello se colige que la parte demandada no justificó, que el despido del demandante esté apegado a derecho, por cuanto se vuelve ilegal e injusto; en consecuencia, es procedente declarar con lugar la demanda de mérito reconociendo al empleado el pago de sus prestaciones laborales así como el pago de los salarios dejados de percibir, mismos que se calcularán desde la fecha efectiva de la cancelación hasta que este firme el presente fallo. Por otra parte, el demandante reclama el pago de derechos adquiridos enmarcando dentro de éstos, vacaciones proporcionales, décimo tercer mes proporcional y décimo cuarto mes proporcional, mismos que no le fueron cancelados de manera proporcional, por lo que es pertinente el pago de los mismos, también reclamó el actor el pago de vacaciones y aguinaldo pendiente; extremo este que no fue acreditado por lo tanto dichos conceptos no deben condenarse.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, dictó sentencia confirmando la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que con los medios de prueba que las partes hicieron llegar al proceso quedó probada la relación laboral que existió entre empleador demandado y trabajadora demandante, la cual se inició el 10 de febrero del año 2003 y terminó el 12 de mayo del 2014, mediante notificación verbal; en relación a esta situación la Jurisprudencia ha sido uniforme al señalar que el trabajador le corresponde demostrar la existencia de la terminación unilateral e injusta del contrato de trabajo en que se basó para terminarlo, como lo probó la demandante cuando expresó el encargado de Recursos Humanos del patrono que el contrato de la demandante se inició el 15 de febrero del 2014 y no se ha podido recontratar por una reducción presupuestaria. La demandada expresó que la modalidad de contratación fue por contrato de servicios profesionales por tiempo determinado, pero los medios de prueba documental afirman otra cosa, que la función o actividad es de naturaleza permanente, lo que hace predominar el artículo 20 del Código del Trabajo, el que determina que cuando existen los tres elementos de una actividad continua, una subordinación al jefe y un salario como pago a la labor brindada denota que existe un contrato de trabajo, la que está en relación al artículo 47 de este mismo ordenamiento legal, el cual de acuerdo a las presentes actuaciones y realidad del juicio tipifica la existencia de una relación jurídica laboral por tiempo indefinido.- 5. Mediante auto de fecha uno de junio de dos mil diecisiete, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada FRANCIS MICHELLE EUCEDA HERRERA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha treinta de junio de dos mil diecisiete, compareció ante éste Tribunal la Abogada FRANCIS MICHELLE EUCEDA HERRERA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de fecha treinta de junio de dos mil diecisiete, se tuvo por devuelto el traslado conferido a el Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha cinco de septiembre del año dos mil diecisiete, se declaró precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte del Abogado JAIME RENE CHAVEZ, en su condición de representante procesal de la señora MARYURY OLADYS REYES PEÑA, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que la Abogada FRANCIS MICHELLE EUCEDA HERRERA, en su primer motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por aplicación indebida porque el tribunal Ad Quem aplicó la norma pertinente, pero en forma indebida del artículo 2 párrafo primero; 3, interpretado mediante decreto número 89 de fecha 24 de noviembre de 1969 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE: La disposición legal contenida en el 2 párrafo primero; 3 interpretado mediante decreto número 89 de fecha 24 de noviembre de 1969 del Código del Trabajo, es claro, de modo que su interpretación no ofrece duda, no obstante, el tribunal Ad Quem, lo aplicó, pero EN FORMA INDEBIDA, interpretado mediante decreto número 89 de fecha 24 de noviembre de 1969 del Código del Trabajo. En el fallo o parte dispositiva de la sentencia recurrida, la Corte Sentenciadora, condena a ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DE LA PROCURADURIA GENERAL a reconocer y declarar una relación de trabajo por tiempo indefinido y de carácter permanente así mismo se le reconoce al demandante todos los derechos que ostentan los empleados de carácter permanente por despido ilegal e injusto reintegrara a su puesto de trabajo en igualdad de condiciones más el pago de salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que el demandante sea debidamente reinstalado así como la restitución de sus funciones, aplicando la norma pertinente pero en forma indebida, como ser la contenida en el artículo 2 párrafo primero; 3, interpretado mediante decreto número 89 de fecha 24 de noviembre de 1969 del Código del Trabajo. El tribunal sentenciador confirma la sentencia dictada en primera instancia, y por consiguiente declara con lugar la demanda, condenando a ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DE LA PROCURADURIA GENERAL a reconocer y declarar una relación de trabajo por tiempo indefinido y de carácter permanente así mismo se le reconoce al demandante todos los derechos que ostentan los empleados de carácter permanente por despido ilegal e injusto reintegrara a su puesto de trabajo en igualdad de condiciones más el pago de salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que el demandante sea debidamente reinstalado así como la restitución de sus funciones, aplicando la norma pertinente pero en forma ¡indebida que autoriza tal pretensión, y el Decreto Legislativo que lo interpreta como ser el número 89 de fecha 24 de noviembre de 1969 del Código del Trabajo. Se produce así la aplicación indebida de la ley sustantiva.”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) el artículo que indica como violado no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) la violación por la vía directa se produce con prescindencia del material probatorio, siendo que el carácter de la relación de trabajo fue objeto de la controversia y por ende de la prueba, resulta impropio el ataque por esta vía; y c) formula alegatos de instancia.- IV. Que la Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta del artículo 2 párrafo primero; 3 interpretado mediante decreto número 89 de fecha 24 de noviembre de 1969 del Código del Trabajo, por ERROR DE HECHO, derivado de una mala apreciación de la prueba por la corte sentenciadora de la prueba presentada en la primera de tramite sobre los acuerdos ministeriales y reglamento de Concursos del Medico Empleado PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo segundo del artículo 765 del Código del Trabajo. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE: El error de hecho, derivado de una mala apreciación de la prueba por la corte sentenciadora presentada en la primera de trámite sobre los acuerdos ministeriales y reglamento de Concursos del Medico Empleado. Donde se establece que fue contratado por tiempo determinado mediante los acuerdos ministeriales y su permanencia se da mediante un proceso de selección el cual está regido por Leyes y Reglamentos Específicos. Esta mala apreciación de la prueba constituye un error de hecho manifiesto ya que que el trabajador se encontraba con la prestación de sus servicios personales bajo la modalidad de contratos administrativos de servicios personales por un periodo determinado con fecha de inicio y de finalización, el cual era del conocimiento de él consintiendo y aprobándolo sin objeción alguna de su parte. Además, ella firmo contratos de servicios técnicos de apoyo los que tienen por objeto prestaciones diferentes a los previstos para los contratos de consultoría, según la ley de contratación del estado donde la vigencia no puede exceder la del ejercicio fiscal al amparo del cual se origino. Y la Ley del Estatuto del Medico empleado establece que en el artículo 7 que dice literalmente “Toda contratación o nombramiento para la prestación de servicios Médicos generales o especializados, bajo la subordinación o dependencia de un Empleador natural o jurídico de derecho público o privado, deberá someter a Concurso. NULIDAD SUBSIDIARIA La nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe cuando conste en autos declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen y no puede subsanarse por la confirmación de las partes, ni por un lapso menor que el que se exige para la prescripción ordinaria. En virtud de ello, se alega en forma subsidiaria la nulidad absoluta de la sentencia recurrida de fecha treinta y un días de marzo del 2017 dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, señalando los errores procesales siguientes: a) La Jurisdicción de competencia de este Juicio era el Juzgado de lo Contencioso Administrativo ya que eran contratos administrativos del Gobierno Central. b) El contenido de la sentencia establece que no se encontraba la comparecencia de los apoderados de las partes cuando dicto sentencia pero establece pero que quedan notificados en estrados los apoderados de las partes. c) La aplicación de la norma del derecho para la permanencia era la aplicación Siendo la Dra. Miembro colegiado del Colegio Médico de Honduras tiene establecido según la ley orgánica del colegio médico de honduras el derecho de gozar de todas las prerrogativas que les concede la Ley de Colegiación obligatoria, ley orgánica y las disposiciones, acuerdos, resoluciones que los organismos de gobierno del colegio emitan por lo tanto crearon La Ley del Estatuto del Medico Empleado donde en uno de sus objetivos es establecer las bases justas de las normas de ingresos y régimen salarial del médico empleado, poniendo en prácticas normas y sistemas administrativos acordes con los principios modernos de administración de personal por lo tanto se creó el reglamento de concurso que tiene como finalidad establecer las bases para el ingreso y la promoción del profesional médico a los puestos de trabajo para los cuales optaren.”.- V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) el artículo 2 del Código del Trabajo no ostenta la calidad de norma sustantiva para los efectos de la casación; b) no demuestra el error evidente del Juzgador, constituyendo alegaciones propias de instancia, además no de singularizar adecuadamente la prueba conforme lo dispuesto en el artículo 769 numeral 5) literal b) del Código del Trabajo.- VI.- La Impetrante alega nulidad subsidiaria la cual aduce que: “La nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe cuando conste en autos declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen y no puede subsanarse por la confirmación de las partes, ni por un lapso menor que el que se exige para la prescripción ordinaria. En virtud de ello, se alega en forma subsidiaria la nulidad absoluta de la sentencia recurrida de fecha treinta y un días de marzo del 2017 dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, señalando los errores procesales siguientes: a) La Jurisdicción de competencia de este Juicio era el Juzgado de lo Contencioso Administrativo ya que eran contratos administrativos del Gobierno Central. b) El contenido de la sentencia establece que no se encontraba la comparecencia de los apoderados de las partes cuando dicto sentencia pero establece pero que quedan notificados en estrados los apoderados de las partes. c) La aplicación de la norma del derecho para la permanencia era la aplicación Siendo la Dra. Miembro colegiado del Colegio Médico de Honduras tiene establecido según la ley orgánica del colegio médico de honduras el derecho de gozar de todas las prerrogativas que les concede la Ley de Colegiación obligatoria, ley orgánica y las disposiciones, acuerdos, resoluciones que los organismos de gobierno del colegio emitan por lo tanto crearon La Ley del Estatuto del Medico Empleado donde en uno de sus objetivos es establecer las bases justas de las normas de ingresos y régimen salarial del médico empleado, poniendo en prácticas normas y sistemas administrativos acordes con los principios modernos de administración de personal por lo tanto se creó el reglamento de concurso que tiene como finalidad establecer las bases para el ingreso y l promoción del profesional médico a los puestos de trabajo para los cuales optaren.”.- VII. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente caso, estudiados los argumentos argüidos, este Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- VIII. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación y sin lugar la nulidad solicitada de forma subsidiaria.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN LUGAR la nulidad solicitada de forma subsidiaria; 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dieciocho día del mes de marzo del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha cinco de febrero del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 246-17.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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