Sentencia CL-245-18 — Registro 8621
Resumen
En primera instancia se declaro con lugar el defecto de transacción y excepción de pago alegado por la parte demandada y sin lugar la demanda ordinaria laboral en cuanto al pago de prestaciones laborales. Confirmada en segunda instancia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “III. Que el cargo que antecede resulta inadmisible, ya que los Recurrentes incurren en los siguientes errores o defectos: a) citan como infringido, el artículo 112 del Código del Trabajo, el cual consta de varios literales que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas, por lo que era necesario precisar a cuál de ellas se dirige el ataque contra el fallo impugnado; y, b) invoca como normas sustitutivas de la señalada como aplicada indebidamente, disposiciones que hacen referencia al tema de la prescripción, alegado como defecto material por la parte demandada, no obstante de que al haber sido declarado sin lugar por el a quo y ser confirmado por el ad quem, ya no tiene trascendencia en el cuestionamiento al fallo impugnado, ya que el mismo se ha basado en la procedencia de las excepciones de transacción y pago.”
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veinticinco de febrero de dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 04 de septiembre del 2018, por los Abogados HUBERT GUTIÉRREZ SIERRA y SANTOS DIONISIO CALIX URRACO, mayores de edad, soltero y casado respectivamente, hondureños y de este domicilio, en su condición de representantes procesales de las señoras: ADELA DOLORES SIERRA VARELA; DELIA EDITH BARRIENTOS ROSALES; MARIA MAGDALENA ZAVALA CASTILLO, y MARIA ISABEL BARAHONA MURILLO, como recurrente; además, es parte recurrida, el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS (SEFIN) y de la DIRECCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF), representada en juicio por la Abogada GLENDA CARINA RIVAS PANIAGUA. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono haga efectivo el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales, pago de vacaciones proporcionales, pago de aguinaldo, pago de décimo cuarto mes, pago de bonificación sobre vacaciones, pago de incremento salarial, con base en el Séptimo Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo IHNFA-SITRAIHNFA, en virtud de la terminación de los contratos individuales de trabajo por causas ajenas a la voluntad del trabajador, costas; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 12 de enero del 2015, por el Abogado HUBERT GUTIÉRREZ SIERRA, en su condición de representante procesal de las señoras: ADELA DOLORES SIERRA VARELA, Jefa de Cocina; DELIA EDITH BARRIENTOS ROSALES, Promotora de Desarrollo Comunal I, y MARIA MAGDALENA ZAVALA CASTILLO, Administradora; y en fecha 13 de enero del 2015, compareció la señora MARIA ISABEL BARAHONA MURILLO, Promotora de Desin; todas mayores de edad, casadas, hondureñas y de este domicilio, contra el INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (IHNFA), a través de su Director y representante legal en ese momento el señor FELIPE ARTURO MORALES CÁRCAMO, y en forma directa y solidaria en contra del ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS (SEFIN) y de la DIRECCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF). El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 04 de mayo del 2018, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 21 de febrero del 2018, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR el DEFECTO DE TRANSACCIÓN y EXCEPCIÓN DE PAGO alegado por la parte demandada; 2) Declarar SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por las señoras ADELA DOLORES SIERRA VARELA, DELIA EDITH BARRIENTOS ROSALES MARIA MAGDALENA ZAVALA CASTILLO, MARIA ISABEL BARAHONA MURILLO, Contra el ESTADO DE HONDURAS a través de su Representante Legal Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en cuanto al pago de prestaciones laborales consistentes en: preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones, vacaciones proporcionales, décimo tercer mes, décimo cuarto mes, más bonificación proporcional, bonificación por vacaciones, reajuste salarial y salario adeudado, e incremento salarial adeudado todos estos derechos en base al séptimo contrato colectivo de las condiciones de trabajo IHNFA-SITRAIHNFA, más los salarios dejados de percibir a títulos de daños y perjuicios; en consecuencia, 4) ABSUELVE al DEMANDADO el ESTADO DE HONDURAS a través de su Representante Legal Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, a pagar a ADELA DOLORES SIERRA VARELA, DELIA EDITH BARRIENTOS ROSALES MARIA MAGDALENA ZAVALA CASTILLO, MARIA ISABEL BARAHONA MURILLO, prestaciones laborales consistentes en: preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones, vacaciones proporcionales, décimo tercer mes, décimo cuarto mes, más bonificación proporcional, bonificación por vacaciones, reajuste salarial y salario adeudado, e incremento salarial adeudado; todos estos derechos en base al séptimo contrato colectivo de las condiciones de trabajo IHNFA-SITRAIHNFA, más los salarios dejados de percibir a títulos de daños y perjuicios; 4) Declarar SIN LUGAR la EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN alegada por la parte demandada; 5) Declarar SIN COSTAS en esta Instancia”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Las demandantes expresaron en el escrito de su acción que iniciaron su relación laboral con la demandada así: Adela Dolores Sierra Varela, el 07 de junio de 1995, como Cocinera, devengaba un salario mensual de L.12,115.93, con una antigüedad de 19 años, 3 meses, 5 días, que el 11 de septiembre del 2014 de manera unilateral fue despida del trabajo con base al Decreto Ejecutivo PCM 26-2014; Delia Edith Barrientos Rosales, el 02 de mayo de 1997, como Promotora Social, devengaba un salario mensual de L.12,152.00, con una antigüedad de 17 años, 5 meses, 15 días; que el 16 octubre del 2014 de manera unilateral fue despedida del trabajo con base al Decreto Ejecutivo PCM-26-2014; Maria Magdalena Zavala Castillo, el 06 de junio del 2001, como Administradora, devengaba un salario mensual de L.10,900.00, con una antigüedad de 13 años, 4 meses, 10 días, que el 15 de octubre del 2014, de manera unilateral fue despedida del trabajo con base al Decreto Ejecutivo PCM-26-2014; y Maria Isabel Barahona, el 11 de junio de 1995, como Promotora de Desin, devengaba un salario mensual de L.12,724.58, que el 16 de octubre de 2014 de manera unilateral fue despedida del trabajo con base al Decreto Ejecutivo PCM-26-2014; y argumentaron además que las actas y acuerdos de cancelación, de los trabajos lesionan los derechos humanos y laborales ya que los trabajadores son parte débil de la relación laboral, por lo que sus derechos laborales deben ser cancelados de un solo pago en base al Séptimo Contrato Colectivo IHNFA-SITRAIHNFA 2012-2014; asimismo manifestaron que les otorgaron un incremento retroactivo a partir del 01 de junio del 2012 por L.1,200.00, pero no les fue pagado; por lo que lo están reclamando también, y con el ánimo de llegar a un acuerdo conciliatorio, recurrieron ante las Autoridades Administrativas del Trabajo, siendo imposible se dio por agotada la vía administrativa.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que las demandantes, fueron canceladas por mutuo consentimiento mediante Decreto Ejecutivo PCM-26-2014 de fecha 04 de junio de 2014; y que se les ofreció las prestaciones que legalmente les correspondían, que al momento de su liquidación, en función de un convenio de pago que en su vigencia se extiende por 6 meses mismo que sería pagado por parte de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas; asimismo en audiencia de primera de trámite de la parte demandada interpuso el defecto procesal de transacción y las excepciones perentorias de pago y de prescripción.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 21 de febrero del 2018, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda ordinaria laboral promovida por las señoras ADELA DOLORES SIERRA VARELA, DELIA EDITH BARRIENTOS ROSALES, MARIA MAGDALENA ZAVALA CASTILLO y MARIA ISABEL BARAHONA MURILLO contra el INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (IHNFA), a través de su Director y representante legal en ese momento el señor FELIPE ARTURO MORALES CÁRCAMO, y en forma directa y solidaria en contra del ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS (SEFIN) y de la DIRECCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF), declaró con lugar los Defectos de Transacción y Excepción de Pago alegados por la parte demandada, por lo que absolvió a la parte demandada, a pagar a las demandantes, las prestaciones laborales consistentes en: preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones, vacaciones proporcionales, décimo tercer mes, décimo cuarto mes, más bonificación proporcional, bonificación por vacaciones, reajuste salarial y salario adeudado e incremento salarial adeudado; todos estos derechos en base al séptimo contrato colectivo de las condiciones de trabajo IHNFA-SITRAIHNFA, más los salarios dejados de percibir a títulos de daños y perjuicios; declaró sin lugar la Excepción de Prescripción alegada por la parte demandada, sin costas; bajo el criterio que está probado de autos que las demandantes convinieron de mutuo acuerdo la terminación de la relación de trabajo, pactando en esa acta firmada ante Inspector del Trabajo, la terminación de la relación de trabajo y consigo el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, configurándose entonces la transacción entre las demandantes y la parte demandada; en consecuencia, se declara con lugar la transacción; que también se ha interpuesto la Excepción de pago, mediante el cual se ha acreditado mediante constancias emitidas por la Comisión Liquidadora IHNFA-SEFIN, el pago a las demandantes por su orden Adela Dolores Sierra Varela, la cantidad de L.524,685.21, Delia Edith Barrientos Rosales, la cantidad de L.493,009.59, Maria Magdalena Zavala Castillo la cantidad L. 401,658.60, Maria Isabel Barahona Murillo la cantidad de L.553,133.49; pago que recibieron a entera satisfacción en vista que no consta que el mismo se haya recibido bajo protesto; en consecuencia se declara con lugar la excepción de pago; que también las demandantes reclaman el pago de prestaciones en base al Séptimo Contrato Colectivo, es cierto y probado en el caso que nos ocupa que la representación procesal de la parte demandada presentó Certificación de sentencia de fecha 24 de septiembre del 2015, emitida por la Honorable Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Constitucional, declarando con lugar el Amparo interpuesto en contra del Séptimo Contrato Colectivo, fallo que deja sin valor y efecto la aplicación del referido contrato, lo cual vuelve imposible a esta operadora de justicia la aplicación del mismo, siendo oportuno declarar sin lugar la demanda de mérito; y que en relación al Defecto Material de Prescripción alegado por la representante procesal demandada en lo concerniente, a que la demandante reclama pago del incremento otorgado a los empleados del IHNFA, ésta no es especifica ni precisa con claridad cuál es el derecho que le prescribió a la demandante para efectuar el reclamo ante el juzgado, si es el derecho para interponer la demanda ante este Juzgado por un despido injustificado o el derecho al reclamo del reajuste del salario en aplicación al Séptimo Contrato Colectivo; en consecuencia, se declara sin lugar la prescripción alegada por la parte demandada.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 04 de mayo del 2018, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que del estudio de los hechos y derechos, así como de los medios de prueba acreditados en este juicio, este Tribunal de Alzada ha llegado al convencimiento que la sentencia definitiva dictada por la Juez A-quo y que se revisa en apelación está apegada a derecho y procede su confirmatoria, convencimiento que fundamenta en los hechos de que de los medios de prueba allegados al proceso quedo probada la relación laboral que existió entre empleador demandado y trabajadores demandantes, y termina al haberse suprimido el IHNFA, según Decreto Ejecutivo PCM-26-2014, del 04 de junio del 2014, y como consecuencia el empleador paga los derechos laborales a las trabajadoras liquidación que hizo en base al VI contrato colectivo de condiciones de trabajo suscrito entre IHNFA y SITRAIHNFA, que era el que estaba vigente cuando se realizó la cancelación del IHNFA, extinguiéndose con ello la existencia de contratación colectiva y todo relación laboral; que el demandado opuso en el momento procesal el Defecto Procesal de Transacción, Excepción de Pago y la Excepción Perentoria de Prescripción y del análisis del pronunciamiento del demandante, se concluye que recibió el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales efectuadas por el empleador y por consiguiente el efecto de los defectos procesales materiales interpuestos son procedente como son el defecto de Transacción y la Excepción Perentoria de Pago es ser procedente y debe declararse con lugar, y en observancia de la línea jurisprudencial cuando es declarada procedente el defecto procesal o excepción perentoria, no tiene validez pronunciarse sobre el fondo del asunto.- 5.- Mediante auto de fecha 21 de junio del 2018, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por los Abogados HUBERT GUTIÉRREZ SIERRA y SANTOS DIONISIO CALIX URRACO, en su condición de representantes procesales de las señoras: ADELA DOLORES SIERRA VARELA; DELIA EDITH BARRIENTOS ROSALES; MARIA MAGDALENA ZAVALA CASTILLO, y MARIA ISABEL BARAHONA MURILLO, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 04 de septiembre del 2018, compareció ante éste Tribunal los Abogados HUBERT GUTIÉRREZ SIERRA y SANTOS DIONISIO CALIX URRACO, en su condición de representantes procesales de las señoras: ADELA DOLORES SIERRA VARELA; DELIA EDITH BARRIENTOS ROSALES; MARIA MAGDALENA ZAVALA CASTILLO, y MARIA ISABEL BARAHONA MURILLO, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 20 de septiembre del 2018, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada GLENDA CARINA RIVAS PANIAGUA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que los Abogados HUBERT GUTIÉRREZ SIERRA y SANTOS DIONISIO CALIX URRACO en su único motivo de casación sostienen: “Ser la sentencia violatoria de la Ley Sustantiva de Orden Nacional por Aplicación Indebida del Artículo 112 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE.- Este motivo de Casación está comprendido en el Ordinal Primero, Párrafo Primero del Artículo 765 del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO.- El concepto de infracción por aplicación indebida consiste en aplicar la norma infringida a un hecho no regulado por ella. La Corte sentenciadora ha incurrido en violación de la norma sustantiva de Orden Nacional relacionada al aplicarla indebidamente al caso de autos, ya que el Artículo 112 del Código del Trabajo cita textualmente: Artículo 112: “Son justas causas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo, sin responsabilidad de su parte: a) El engaño del trabajador o del sindicato que lo hubiere propuesto mediante la presentación de recomendaciones o certificados falsos sobre su aptitud. Esta causa dejará de tener efecto después de treinta (30) días de prestar sus servicios el trabajador; b) Todo acto de violencia, injurias, malos tratamientos o grave indisciplina, en que incurra el trabajador durante sus labores, contra el patrono, los miembros de su familia, el personal directivo o los compañeros de trabajo; c) Todo acto grave de violencia, injurias o malos tratamientos, fuera del servicio, en contra del patrono, de los miembros de su familia o de sus representantes y socios, o personal directivo, cuando los cometiere sin que hubiere precedido provocación inmediata y suficiente de la otra parte o que como consecuencia de ellos se hiciere imposible la convivencia o armonía para la realización del trabajo; d) Todo daño material causado dolosamente a los edificios, obras, maquinaria o materias primas, instrumentos y demás objetos relacionados con el trabajo, y toda grave negligencia que ponga en peligro la seguridad de las personas o de las cosas; e) Todo acto inmoral o delictuoso que el trabajador corneta en el taller, establecimiento o lugar de trabajo, cuando sea debidamente comprobado ante autoridad competente; f) Revelar los secretos técnicos o comerciales o dar a conocer asuntos de carácter reservado en perjuicio de la empresa; g) Haber sido condenado el trabajador a sufrir pena por crimen o simple delito, en sentencia ejecutoriada; h) Cuando el trabajador deje de asistir al trabajo sin permiso del patrono o sin causa justificada durante dos (2) días completos y consecutivos o durante tres (3) días hábiles en el término de un (1) mes; i) La negativa manifiesta y reiterada del trabajador a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades; o el no acatar el trabajador, en igual forma y en perjuicio del patrono, las normas que éste o su representante en la dirección de los trabajos le indiquen con claridad, para obtener la mayor eficacia y rendimiento en las labores que se están ejecutando; j) La inhabilidad o la ineficiencia manifiesta del trabajador que haga imposible el cumplimiento del contrato; k) El descubrimiento de que el trabajador padece enfermedad infecciosa o mental incurable o la adquisición de enfermedad transmisible, de denuncia o aislamiento no obligatorio, cuando el trabajador se niegue al tratamiento y constituya peligro para terceros; y, l) Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador, de acuerdo con los Artículos 97 y 98, o cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos, siempre que el hecho esté debidamente comprobado y que en la aplicación de la sanción se observe el respectivo procedimiento reglamentario o convencional”, con el cual fundamentó su fallo. Como verán los Honorables Magistrados, el Artículo 112 del Código del Trabajo establece las justas causas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo entre las partes sin responsabilidad para el patrono, y resulta ser un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, que la cuestión en litigio se contrae al reclamo del pago del “Complemento de las Prestaciones e Indemnizaciones Laborales y los Demás Derechos Laborales en base al Séptimo Contrato Colectivo IHNFA-SITRAIHNFA 2012-2014 y el Pago del Incremento Salarial Retroactivo en Virtud de la Terminación de los Contratos de Trabajo por Causas Ajenas a la Voluntad del Trabajador” (ver enmienda a la Demanda en la Audiencia Primera de Trámite del 15 de Febrero del 2016, Folio 105); con lo cual se deduce claramente que el mencionado Artículo 112 del Código del Trabajo está dirigido a señalar las Causas Justas que puede invocar el patrono o que le facultan para dar por terminado el contrato de trabajo sin responsabilidad de su parte, regulando por lo tanto un caso específico que no tiene ninguna relación o semejanza con la demanda de mérito, en donde las actoras reclaman un complemento de prestaciones e indemnizaciones laborales y pago de incremento salarial adquirido, que es un asunto muy distinto. Para el caso se tenía que aplicar, al haber declarado sin lugar la excepción perentoria de prescripción a la parte demandada, y al no haber un plazo especial fijado en la normativa laboral para el pago de complemento de prestaciones e indemnizaciones laborales, la prescripción general de las acciones personales que regula el Código Civil en su Artículo 2292 que establece que “la prescripción para estas acciones es de 10 años”; y para el incremento salarial, éste tiene un término de 2 años para reclamarlo según el Artículo 39 y 43 de la Ley del Salario Mínimo. En consecuencia, se hace evidente que se hizo uso de una norma que no convenía al caso que nos ocupa, por lo que la Corte acusada incurrió en violación de la Ley Sustantiva de Orden Nacional por aplicación indebida de la norma relacionada, por lo que procede casar la sentencia por este motivo.”.- III. Que el cargo que antecede resulta inadmisible, ya que los Recurrentes incurren en los siguientes errores o defectos: a) citan como infringido, el artículo 112 del Código del Trabajo, el cual consta de varios literales que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas, por lo que era necesario precisar a cuál de ellas se dirige el ataque contra el fallo impugnado; y, b) invoca como normas sustitutivas de la señalada como aplicada indebidamente, disposiciones que hacen referencia al tema de la prescripción, alegado como defecto material por la parte demandada, no obstante de que al haber sido declarado sin lugar por el a quo y ser confirmado por el ad quem, ya no tiene trascendencia en el cuestionamiento al fallo impugnado, ya que el mismo se ha basado en la procedencia de las excepciones de transacción y pago.- IV. Que también los Impetrantes piden la nulidad subsidiaria de la sentencia, basado en lo siguiente: “NULIDAD SUBSIDIARIA PARA QUE SE RESPETE EL ESTADO DE DERECHO Y PARA QUE UN PODER DEL ESTADO NO VUELVA A EJECUTAR ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES DE OTRO PODER. La Nulidad IPSO JURE que a continuación fundamentaremos para atacar el fallo de la Corte de Apelaciones que confirmó el de Primera Instancia, no lo hacemos tan sólo por oponerla o por quitarles el tiempo a los Honorables Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Sabemos bien que se requieren los elementos fácticos para que prospere la Nulidad y en ese sentido, serán plenamente señalados. “TODOS LOS ACTOS QUE SE EJECUTEN FUERA DE LA LEY SON NULOS” aunque pretendan ilusoriamente darles el visto bueno de válidos, legales o legítimos, pero las acciones y omisiones sin Ley, tienen responsabilidad, y se pueden deducir en su momento a los Funcionarios y Empleados Públicos (Artículo 321 Constitucional). ELEMENTOS FÁCTICOS QUE FUNDAMENTAN LA NULIDAD PRIMER PUNTO.- La CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA en su Artículo 205 estipula las Atribuciones del Poder Legislativo, en especial mención la Atribución Primera que es “Crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes”; asimismo, las 45 Atribuciones Constitucionales del Poder Legislativo son indelegables, salvo una de ellas (Artículo 206 Constitucional). De igual manera, la LEY (que Manda, Prohíbe o Permite), en nuestro caso, la misma Constitución de la República, le permite al PODER LEGISLATIVO la facultad de “CREAR O SUPRIMIR INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS MEDIANTE UNA LEY O DECRETO LEGISLATIVO” (Ver Artículos 1, 260, 261, Constitución de la República; Artículos 1, 47 Numeral 1), 49, Ley General de la Administración Pública). Todos los artículos citados en este primer apunte, siguen vigentes, no han sido ni reformados ni derogados por lo tanto su texto constitucional-legal está tal como han sido citados. SEGUNDO PUNTO.- La CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA en su Artículo 245 estipula las Atribuciones del Poder Ejecutivo representado por el Presidente de la República, y para este caso señala las 45 Atribuciones Constitucionales que le competen. Como podrán apreciar, al ser los Honorables Magistrados de la Corte Suprema de Justicia muy estudiosos de las normas y su jerarquía normativa del ordenamiento jurídico nacional, en ninguna de las normas constitucionales tiene el Poder Ejecutivo las atribuciones ya expresamente estipuladas al Poder Legislativo en el numeral anterior. Explico lo anterior porque resulta que “todo eso se consumó en actos, hechos, actuaciones y diligencias realizadas por el IHNFA” desde mucho antes de la presentación de las demandas ante los Juzgados del Trabajo. Es decir, el Poder Ejecutivo “ejerció, ejecutó y consumó” una de las Atribuciones Constitucionales del Poder Legislativo, lo que pasaremos a explicar y que es el motivo de esta Nulidad Ipso Jure. TERCER PUNTO.- Mediante Decreto Legislativo No. 199-97, el Congreso Nacional creó el IHNFA, institución autónoma que forma parte de las Instituciones o Entidades Descentralizadas, instituciones que pueden ser creadas o suprimidas mediante una Ley por el Congreso Nacional. Por lo tanto, si el IHNFA ya se había creado en su momento por una Ley, debía ser derogada con otra Ley o Decreto Legislativo para que fuera el Congreso Nacional el que dispusiera lo concerniente a la misma institución, a las extrabajadoras y a sus derechos laborales y a los presupuestos del IHNFA. Pero resulta que el Poder Ejecutivo intervino al IHNFA y con los resultados de esa intervención, el Poder Ejecutivo tomó una decisión fuera del marco de sus competencias y atribuciones constitucionales y legales, usurpando las atribuciones y competencias constitucionales del Poder Legislativo. Tal situación se materializó en un acto denominado DECRETO EJECUTIVO PCM-26-2014, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” de fecha 6 DE JUNIO DEL AÑO 2014, que como podrán revisar minuciosamente en el POR TANTO de ese decreto ejecutivo, el mismo no contiene ningún fundamento jurídico constitucional o legal que le permita al Poder Ejecutivo SUPRIMIR una Institución Autónoma o Entidad Descentralizada, consumándose de esa manera el acto ilegal, inconstitucional, ilegítimo y violatorio de todo el estamento jurídico nacional. El Poder Ejecutivo fue quien suprimió el IHNFA y lo hizo mediante un Decreto Ejecutivo; es decir, el Poder Ejecutivo “derogó” una Ley o Decreto Legislativo con un “Decreto Ejecutivo”, lo que es “IMPOSIBLE JURÍDICAMENTE” (solicitamos a la parte demandada que nos presentara el Decreto Legislativo que derogó la Ley del IHNFA, a lo que contestó que “NO EXISTE”, punto que se trató en la Audiencia Continuación Primera de Trámite del 26 de Agosto del 2016, ver Folio 248 Primeras Líneas y Folio 338 Punto 1). CUARTO PUNTO.- En consecuencia de todo lo anterior, con la publicación en el Diario Oficial “La Gaceta” desde el 6 DE JUNIO DEL AÑO 2014, con el nacimiento de un acto absolutamente nulo, ilegal, arbitrario, inconstitucional y no válido por nuestro Estado de Derecho, el Poder Ejecutivo violentó la Constitución de la República y las leyes laborales porque en aplicación desde esa fecha del Decreto Ejecutivo PCM-26- 20 14, se dio todo el proceso de terminación de la relación laboral, de los contratos de trabajo y la cancelación ilegal e incompleta de las prestaciones e indemnizaciones laborales a las extrabajadoras demandantes del IHNFA y de los demás derechos de contratación colectiva. Con todo esto, probamos que nunca hubo consentimiento de las partes ni transacción, porque este indebido proceso fue impuesto en su totalidad por el Poder Ejecutivo, y que con ese Decreto Ejecutivo ilegal se ejecutaron los pagos indebidos de los derechos laborales pero sin base en el VII Contrato Colectivo que estaba registrado ante la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, se levantaron las actas de los acuerdos mutuos de terminación de trabajo y los acuerdos de cancelación, siendo por lo tanto todo esos actos y sus accesorios NULOS IPSO JURE desde el 6 DE JUNIO DEL AÑO 2014 con la publicación del Decreto Ejecutivo PCM-26-2014. QUINTO PUNTO.- El IHNFA dio contestación a la demanda, acompañó medios de pruebas, opuso excepciones, defectos y Recurso de Amparo, se presentó a todas las audiencias del proceso judicial, basó toda su argumentación jurídica y todo lo anterior en el DECRETO EJECUTIVO PCM-26-2014, el cual es NULO IPSO JURE desde su génesis así como sus accesorios, cuestión que debió de ser detectada de oficio en la Primera Instancia y en la Corte de Apelaciones, pero al no haberlo hecho, lo alegamos en su momento (Ver ALEGACIONES Folios 348 al 349 Primera Instancia, y Folios 14 al 16 Segunda Instancia) pero nada de eso fue considerado por los tribunales. SEXTO PUNTO.- Ponemos al tanto a esta Honorable Corte Suprema de Justicia que la violación a la Ley no llega hasta ahí. Habiendo registrado debidamente el VII CONTRATO COLECTIVO IHNFA-SITRAIHNFA 2012-2014, el patrono inventó todo un proceso para declararlo inaplicable. El VII Contrato Colectivo es el que aplicó la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, habiendo emitido constancia de registro, siendo notificadas las partes y con ese contrato colectivo calculé la hoja de prestaciones e indemnizaciones laborales que acompañamos a las demandas, cálculos que no podía inventar esa Secretaría de Estado. Pero en su anhelo de cerrar la institución y de no pagar lo debido, el patrono comenzó una acción de nulidad contra el VII Contrato Colectivo que le fue declarada sin lugar en la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, y luego de eso, el patrono interpuso una demanda de nulidad ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo (Expediente No. 392-2014, Juez 2, que aún sigue en proceso). Pero hasta ahí no le basté al patrono, sino que un mes después de interponer la demanda contenciosa interpuso un Recurso de Amparo ante la Sala Constitucional (Expediente No. 1234-2014) el cual fue admitido aún en contra de la Ley Sobre Justicia Constitucional porque ya se había interpuesto primero una acción contenciosa administrativa y luego el amparo, lo que volvía inadmisible el amparo (Artículo 46 Numeral 8, Ley Sobre Justicia Constitucional) pero siguiendo el orden de las violaciones a la Ley, la Sala Constitucional otorgó el amparo a favor del patrono pero declarando NULIDAD de un acto administrativo como es la resolución del registro del VII Contrato Colectivo, usurpando con ello las atribuciones de lo Contencioso Administrativo que es el competente para declarar la nulidad de actos administrativos. Con todas estas violaciones, la parte demandada presentó una certificación del fallo constitucional como medio de prueba para no pagar a las demandantes los derechos en base al VII Contrato Colectivo, a lo que el juzgado y la Corte de Apelaciones admitieron esa prueba, que es una prueba obtenida violentando todas las leyes ya citadas y los Derechos Humanos, lo que no debió de permitirse al tenor de lo dispuesto en los Artículos 59, 64, 321 de la Constitución de la República, 72 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, 3 del Código del Trabajo, 1, 11, 1346, 1586 del Código Civil, 236 y 237 del Código Procesal Civil y en los Códigos de Ética aplicables, pero no fue así, ningún Juez o Corte atendió nuestros alegatos, y con pruebas prohibidas y provistas de vicios de ilegalidad, de arbitrariedad y claras violaciones a la Ley, así se llevó a cabo este juicio y proceso que hoy ponemos en sus manos en resumen en esta Nulidad Subsidiaria. SÉPTIMO PUNTO.- Finalmente, otro punto que debemos mencionar es el relacionado con la pretensión, demanda o acción que fue interpuesta ante el accionar del juzgado y Corte de Apelaciones. Inicialmente como demandantes interpusimos la “Demanda Ordinaria Laboral de Emplazamiento para que el Patrono haga efectivo el pago de las Prestaciones e Indemnizaciones Laborales, Pago de Vacaciones Proporcionales, Pago de Aguinaldo, Pago de Décimo Cuarto Mes, Pago de Bonificación sobre Vacaciones, Pago de Incremento Salarial, con base en el Séptimo Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo, en virtud de la Terminación de los Contratos Individuales de Trabajo por Causas Ajenas a la Voluntad del Trabajador, Costas”, pero en el momento procesal oportuno fue ENMENDADA a “Demanda Ordinaria Laboral para que el Patrono haga efectivo el Pago del Complemento de las Prestaciones e Indemnizaciones Laborales y los Demás Derechos Laborales en base al Séptimo Contrato Colectivo IHNFA-SITRAIHNFA 2012-2014 y el Pago del Incremento Salarial Retroactivo en Virtud de la Terminación de los Contratos de Trabajo por Causas Ajenas a la Voluntad del Trabajador, Costas” (ver enmienda a la Demanda en la Audiencia Primera de Trámite del 15 de Febrero del 2016, Folios 105 al 106) pero como podrán apreciar los Honorables Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los fallos de primera y segunda instancia están orientados a declarar sin lugar la demanda para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, declaran con lugar la excepción de pago y defecto de transacción relacionado al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, basando su estudio y decisión en la aplicación del Decreto Ejecutivo PCM-26- 2014 y en el Fallo No. 1234-20 14 de la Sala Constitucional, que hemos explicado la cantidad de violaciones a la Ley que se dieron, y en consecuencia no nos dieron respuesta alguna al Pago del Complemento de Prestaciones e Indemnizaciones Laborales y al aumento retroactivo del salario para las extrabajadoras. Pero también los fallos del Tribunal y de la Corte de Apelaciones de manera tácita, reconocen como válida “LA SUPRESIÓN” contenida en el Ilegal Decreto Ejecutivo PCM-26-2014 como una nueva justa causa que tendría el patrono para cancelar los contratos de trabajo y terminar las relaciones laborales, “SIENDO UNA CAUSA INEXISTENTE EN EL CÓDIGO DEL TRABAJO”, lo que nuevamente configura la lesión al derecho interno desde la Constitución de la República, las normas laborales, administrativas, de Derechos Humanos e Internacionales del Trabajo; en este juicio ni por un momento se consideraron a favor de las demandantes los Principios Generales del Derecho Laboral corno el Principio Protector o el de Progresividad y No Regresividad de Derechos Laborales. Enmendamos la demanda a Pago del Complemento de las Prestaciones e Indemnizaciones Laborales, pero no encontramos respuesta a nuestra petición por lo que se configuran a cabalidad los elementos fácticos de la NULIDAD. En ese sentido, sabemos que las sentencias deben ser CLARAS (cuando no hay duda alguna de lo que resuelven fundándose en la Ley y en el Derecho de las partes); PRECISAS (cuando se concretan al caso que se está diciendo y no a otro diferente); CONGRUENTES (cuando hay una relación íntima entre la demanda, los hechos, lo que se pide y lo que resuelve, haciendo las declaraciones que la demanda y sus pretensiones exijan, condenando o absolviendo todos los puntos que se habían planteado en el juicio) con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, y al no atender o dar respuestas a esos temas que fueron plenamente planteados, se violenta el deber de congruencia que debe de imperar en las resoluciones judiciales. Finalmente, pueden los Honorables Magistrados de la Corte Suprema de Justicia verificar en el POR TANTO del fallo de la Corte de Apelaciones que confirmó el del A-quo, que no existe ningún fundamento de Derecho para haber declarado con lugar el Defecto de Transacción y la Excepción de Pago, que hemos alegado por igual, que todas las excepciones perentorias y dilatorias fueron expresamente derogadas y pueden oponerse sólo los defectos procesales (Artículo 921 Numeral 1 relacionado al Artículo 449, ambos del Código Procesal Civil) pero igual no nos han hecho caso, pero por eso no quiere decir que sean legales. Consideramos que existe NULIDAD IPSO JURE del fallo de la Corte de Apelaciones que confirmó el del A-quo, a mejor criterio de la Honorable Corte Suprema de Justicia.”.- V.- Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ha ocasionado un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en cuanto a lo argumentado en el presente caso, algunos de ellos son puntos o situaciones que ya el ordenamiento jurídico nacional establece los mecanismos de control constitucional o de legalidad, ya sea haciendo uso de las garantías constitucionales o la revisión de los actos administrativos de los actos generales emitidos por la Administración Pública y ello ya no puede ser objeto del presente recurso, ni de la jurisdicción laboral en la forma en que fueron expuestas las acciones; sobre el tema de la falta de claridad y congruencia del fallo del fallo de primera instancia, por el señalamiento de haberse enmendado la suma de la demanda, la cual efectivamente fuera modificada en la audiencia primera de trámite, pero no lo fue en lo relativo a los hechos de la acción referida, ni en los acápites de LO QUE SE DEMANDA y la CUANTIA DE LA DEMANDA, que quedaron subsistentes en el sentido original de reclamar el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales y también, que la sentencia absolutoria se ha basado en la procedencia de las excepciones de transacción y pago; además, no se aprecia ninguna situación que pudiera afectar el derecho de defensa o el debido proceso, resultando por ello inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- VI.- Por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierra el único motivo de casación y declarar sin lugar la nulidad subsidiaria solicitada.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en su único motivo. 2) SIN LUGAR la petición de nulidad subsidiaria de la sentencia. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diecinueve día del mes de marzo del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha veinticinco de febrero del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 245-18.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
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