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Sentencia CL-226-18 — Registro 10657

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe en juicio la causa justa de despido, caso contrario y mediante sentencia definitiva, se ordene el reintegro al trabajo en iguales o mejores condiciones, reconocimiento de incrementos salariales por efectos de la aplicación del Contrato Colectivo, pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios y pago de beneficios otorgados a otros trabajadores durante la tramitación de la presente acción

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) si bien es cierto la norma citada por el Recurrente forma parte del cuerpo legal sustantivo laboral (artículo 113 del Código del Trabajo), no especifica el párrafo y literal de los que contiene dicho precepto, al que dirige su ataque, lo cual es indispensable, ya que cada uno de ellos hace referencia a distintas situaciones jurídicas; b) cita normativa no indicada como violada en la formulación del cargo, tal es el caso de los artículos 111 numeral 8) del Código del Trabajo; y, c) formula alegatos propios de instancia.-"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible ya que no indica la norma que debió utilizar el juzgador de instancia, el impetrante al invocar la aplicación indebida debe proporcionar la norma que debió aplicar en sustitución y la norma que indica como violada (Artículo 101 del Código del Trabajo) no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible ya que la interpretación errónea de la ley tiene cabida en el recurso extraordinario de casación, cuando el sentenciador halla en la norma una inteligencia o un alcance distintos de los que contiene, es decir, cuando el entendimiento de la misma por aquél es equivocado o erróneo. No se trata ya de una cuestión de existencia, subsistencia o determinación del alcance de la norma, sino lo que es muy distinto, de un error acerca de su contenido. Sin embargo, este Supremo Tribunal considera que el juzgador ha entendido y por ende interpretado correctamente el artículo 101 párrafo segundo del Código del Trabajo y la norma que indica como violada (Artículo 101 del Código del Trabajo) no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa.-"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) no demuestra el error en que incurrió el Juzgador, debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos; b) la prueba singularizada si fue apreciada en el fallo impugnado, resultando que se le dio un alcance diferente al que pretende el Impetrante por lo que es impropio el ataque por falta de apreciación; y, c) formula alegatos propios de instancia."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente asunto, examinada que fue la sentencia impugnada y se estima que el mismo se encuentra dictado conforme a derecho, como también que se ha analizado la prueba aportada por las partes para tomar la decisión de fondo del juicio. A razón de lo antes expuesto estima este Tribunal, que no se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.-"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., cinco de diciembre del dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 31 de agosto del 2018, por la Abogada WALDINA LIZETTE HANDAL CUBERO, mayor de edad, soltera, hondureña y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, en su condición de representante procesal de la empresa HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), como recurrente; además, es parte recurrida, los señores NORMAN ROBERTO ESCOTO ESPINOZA; RAMÓN ALONSO OCAMPO URBINA; SARA ESTHER BENÍTEZ MARTÍNEZ; FRANCISCO MARTÍNEZ FIGUEROA; DENNIS ANTONIO PADILLA SANDOVAL; CAROL ROSANA SANDOVAL VILLA; SILVIA MARIBEL LÓPEZ PORTILLO; ADORACIÓN DUBON BARAHONA; DOLORES RUTILIO GALINDO MEJÍA; OSMIN DANIEL CRUZ BANEGAS; ÁNGEL SILVIO PÉREZ CRUZ; LORENZO PALMA GARAY; MARIA EMÉRITA RAMÍREZ FIGUEROA; LUCIA ZUNIGA GARMENDIA; FELIPE ARNULFO LOZANO LÓPEZ; JUAN MANUEL LÓPEZ LARA; ELMER RIVAS ESPINAL; DAVID ANDRÉS VARELA AQUINO, y JOSÉ ESCOBAR FLORES, representada en juicio por el Abogado ROBERTO ANTONIO ORELLANA VELÁSQUEZ. OBJETO DEL PROCESO: demanda laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe en juicio la causa justa de despido, caso contrario y mediante sentencia definitiva, se ordene el reintegro al trabajo en iguales o mejores condiciones, reconocimiento de incrementos salariales por efectos de la aplicación del Contrato Colectivo, pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios y pago de beneficios otorgados a otros trabajadores durante la tramitación de la presente acción, costas, promovida ante el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, Departamento de Yoro, en fecha 08 de abril del 2015, por los señores: 1) NORMAN ROBERTO ESCOTO ESPINOZA; 2) RAMÓN ALONSO OCAMPO URBINA; 3) SARA ESTHER BENÍTEZ MARTÍNEZ; 4) FRANCISCO MARTÍNEZ FIGUEROA; 5) DENNIS ANTONIO PADILLA SANDOVAL; 6) CAROL ROSANA SANDOVAL VILLA; 7) SILVIA MARIBEL LÓPEZ PORTILLO; 8) ADORACIÓN DUBON BARAHONA; 9) DOLORES RUTILIO GALINDO MEJÍA; 10) OSMIN DANIEL CRUZ BANEGAS; 11) ÁNGEL SILVIO PÉREZ CRUZ; 12) LORENZO PALMA GARAY; 13) MARIA EMÉRITA RAMÍREZ FIGUEROA; 14) LUCIA ZUNIGA GARMENDIA; 15) FELIPE ARNULFO LOZANO LÓPEZ; 16) OSCAR NÚÑEZ; 17) JUAN MANUEL LÓPEZ LARA; 18) ELMER RIVAS ESPINAL; 19) DAVID ANDRÉS VARELA AQUINO; y 20) JOSÉ ESCOBAR FLORES, todos mayores de edad, hondureños y con domicilio en diferentes Municipios del Departamento de Yoro; contra la empresa HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), representada legalmente por su Gerente General el señor JESÚS ARTURO MEJÍA ARITA, mayor de edad, casado, hondureño. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 08 de mayo del 2018, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 03 de noviembre del 2017, proferida por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, Departamento de Yoro, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Se declara CON LUGAR la demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe en juicio la causa de despido, caso contrario y mediante sentencia definitiva se ordene el reintegro al trabajo en iguales o mejores condiciones, reconocimiento de incrementos salariales por efectos de la aplicación del contrato colectivo, pago de salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios, y pago de beneficios otorgados a otros trabajadores durante la tramitación de la presente acción y costas del juicio, promovida por los señores NORMAN ROBERTO ESCOTO ESPINOZA, RAMON ALONSO OCAMPO URBINA, SARA ESTHER BENITEZ MARTINEZ, FRANCISCO MARTINEZ FIGUEROA, DENNIS ANTONIO PADILLA SANDOVAL, CAROL ROSANA SANDOVAL VILLA, SILVIA MARIBEL LOPEZ PORTILLO, ADORACION DUBON BARAHONA, DOLORES RUTILIO GALINDO MEJIA, OSMIN DANIEL CRUZ BANEGAS, ANGEL SILVIO PEREZ CRUZ, LORENZO PALMA GARAY, MARIA EMERITA RAMIREZ FIGUEROA, LUCIA ZUNIGA GARMENDIA, FELIPE ARNULFO LOZANO LOPEZ, JUAN MANUEL LOPEZ LARA, ELMER RIVAS ESPINAL, DAVID ANDRES VARELA AQUINO y JOSE ESCOBAR FLORES, todos de generales expresas en el preámbulo de la presente sentencia. SEGUNDO: En consecuencia se CONDENA a la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), representada legalmente por su Gerente General, señor JESÚS ARTURO MEJÍA ARITA, a lo siguiente: 1) REINTEGRAR EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES que las tenidas al momento de su despido a los demandantes. 2) INDEMNIZAR a los demandantes con los pagos de los salarios y beneficios legales dejados de percibir en ausencia desde la fecha de su despido hasta que se produzca la reinstalación en los cargos, 3) PAGAR a los demandantes los salarios y beneficios legales correspondientes al periodo del 09 de octubre del 2014 a la fecha de terminación de la misma (05 de febrero del 2015) fecha en que sus contratos de trabajo fueron suspendidos por el Patrono demandado, quien ya les cancelo el mes de salario como indemnización por no haber concedido el preaviso correspondiente previo a la suspensión. TERCERO: Se exime del PAGO DE COSTAS de esa instancia a la parte demandada”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Las partes demandantes expresaron en el escrito de su acción que iniciaron la relación de trabajo con la demandada así: Norman Roberto Escoto Espinoza, el 12 de junio del 2006, desempeñándose al momento del despido como Supervisor de Planta Externa III, devengaba un sueldo mensual de L. 25,435.00; Ramón Alonso Ocampo Urbina, el 01 de octubre del 2016, desempeñándose hasta la fecha del despido como Instalador/Reparador de Líneas I, devengaba un sueldo mensual de L. 8,600.52; Sara Esther Benítez Martínez, el 01 de diciembre del 2009, desempeñándose hasta la fecha del despido como Técnico Mesa de Prueba II, devengaba un sueldo mensual de L. 23,311.00; Francisco Martínez Figueroa, el 01 de abril de 1998, desempeñándose hasta la fecha del despido como Agente de Seguridad Interna I, devengaba un sueldo mensual L. 14,081.61; Dennis Antonio Padilla Sandoval, el 01 de junio de 1991, desempeñándose hasta la fecha del despido como Agente de Seguridad Interna I, devengaba un sueldo mensual L. 22,200.00; Carol Rosana Sandoval Villa, el 17 de junio del 2002, desempeñándose hasta la fecha del despido como Jefe de Agencia Local, devengaba un sueldo mensual de L. 32,932.92; Silvia Maribel López Portillo, inicio su relación laboral el día 03 de abril del año 2006 desempeñándose hasta la fecha del despido con el cargo de Jefe de agencia local de Yorito, Yoro, devengaba un sueldo mensual L. 13,863.99; Adoración Dubon Barahona el 01 de septiembre del 2006, desempeñándose hasta la fecha del despido en el cargo de administrativo I, devengaba un sueldo mensual de L. 13,698.00); Dolores Rutulio Galindo Mejía, el 04 de marzo de 1998 desempeñándose hasta la fecha del despido en el cargo de Agente de Seguridad Interna I, devengaba un sueldo mensual de L. 14,030.13; Osmin Daniel Cruz Banegas, el 01 de febrero de 1991, desempeñándose hasta la fecha del despido en el cargo de Instalador Reparador de Líneas, devengaba un sueldo mensual de L. 19,405.07; Ángel Silvio Pérez Cruz, el 06 de diciembre de 1999, desempeñándose hasta la fecha del despido en el cargo de Auxiliar de Instalación I, devengaba un sueldo mensual de L. 14,030.13; Lorenzo Palma Garay, el 04 de marzo de 1998, desempeñándose hasta la fecha del despido en el cargo de Agente de Seguridad Interna I, devengando un sueldo mensual a la fecha del despido de L. 14,030.13; Maria Emérita Ramírez Figueroa, el día 28 del agosto del 2006 desempeñándome hasta la fecha del despido en el cargo de Gestor de Atención al Cliente, devengaba un sueldo mensual de L. 10,475.99; Lucia Zuniga Garmendia, el 01 de septiembre del 2006, desempeñándose hasta la fecha del despido en el cargo de Operadora de Telecomunicaciones II, devengaba un sueldo mensual de L. 10,475.99; Felipe Arnulfo Lozano López, el 13 de marzo del 2003, desempañándose hasta la fecha del despido en el cargo de Auxiliar de Instalaciones I, devengaba un sueldo mensual L. 13,646.19; Oscar Núñez, el 10 de abril del 1984, desempañándose hasta la fecha del despido en el cargo de Agente de Seguridad Interna II, devengaba un sueldo mensual de L. 26,787.95; Juan Manuel López Lara, el 16 de abril de 1991, desempañándose hasta la fecha del despido en el cargo de instalador y reparador de línea I, devengaba un sueldo mensual de L.23,920.89; Elmer Rivas Espinal, el 16 de septiembre de 1986, desempañándose hasta la fecha del despido en el cargo de Agente de Seguridad Interna I, devengaba un sueldo mensual a la fecha del despido de L. 22,597.00; David Andrés Varela Aquino, el 16 de octubre del 2008, desempeñándose hasta la fecha del despido en el cargo de Jefe de Agencia Local de Sulaco, devengaba un sueldo mensual L. 14,700.52; y José Escobar Flores, el 25 de Julio de 1994, desempañándose hasta la fecha del despido en el cargo de Auxiliar de Instalaciones I, devengaba un sueldo mensual de L. 16,146.15; que mediante oficios de fecha 05 de febrero del 2015, el Gerente General de la empresa demandada comunicó la cancelación de los contratos de trabajo con vigencia a partir de esa misma fecha, fundamentando el despido en lo estipulado en el articulo 111 numeral 8 del Código del Trabajo; pero la empresa demandada el 07 de octubre del 2014, ya les había comunicado que estaban suspendidos de los puestos de trabajo por 120 días, por las causales contenidas en el artículo 100 del Código de Trabajo; además alegaron que la suspensión de los puestos de trabajo fue ilegal e injusta, ya que los demandantes son simples empleados, ya que no ostentan cargos ejecutivos, por tal razón no pueden ser responsables de la mala administración del ente estatal, asimismo es ilegal porque de conformidad al artículo 101 del Código del Trabajo, la empresa demandada tenía el plazo de 30 días, desde que tuvo conocimiento de las causas o motivos para pedir la suspensión de los contratos de trabajo; argumentaron que es de público conocimiento que la demandada ha tenido dificultades económicas desde hace varios años, y de conformidad al fundamento jurídico la suspensión fue ilegal porque fue solicitada en forma extemporánea, porque la solicitud de aprobación de la suspensión de los contratos de trabajo fue presentada por los abogados de HONDUTEL, ante la Secretaría del Trabajo siete días después de que se les hizo entrega de la suspensión de los contratos de trabajo, y la ley laboral no es retroactiva, y que la nota de despido no se señala ninguna causa o motivo legal para la terminación del contrato de trabajo, solo les mencionó el inciso c) del despido, que no es posible reanudar las labores en la forma en que había previsto, párrafo que consideraron una burla, en vista que el señor gerente general, el mismo día que entrego las suspensiones anunció públicamente que después de los 120 días de la suspensiones laborales les daría el despido, faltando así el patrono a la obligación que le impone el artículo 117 del código de trabajo, de señalar en la nota de despido la causa o motivo legal del mismo, por lo tanto después no podrá alegar causal o motivo diferente. Además el despido se produce en franca violación del artículo 129 de la constitución de la república y el 110 del código de trabajo que garantizan la estabilidad de los trabajadores en el cargo, que es completamente injusto ilógico y arbitrario, ya que el mismo se produjo sin justificación alguna, porque no se observó ningún parámetro legal establecido al efecto, como ser la normativa establecida en la cláusula 82 y la aplicación del procedimiento para el despido consignado en la cláusula 87 del contrato colectivo vigente, cuyos motivos o causas de despido esgrimidas por el patrono, tampoco encuentran cabida legal en los artículos 111 y 112 del Código del Trabajo, habiendo también una clara violación al debido proceso y a la observancia de la ley usurpando funciones que le corresponden únicamente a la Secretaria del Trabajo como lo establece el artículo 591 del Código del Trabajo, y que contrataron nuevo personal para cubrir o sustituir los puestos de trabajo de los trabajadores despedidos; asimismo manifestaron que con el objeto de llegar a un arreglo conciliatorio, acudieron a la Secretaría Regional del Trabajo, siendo imposible llegar un arreglo conciliatorio, se dio por agotado el trámite administrativo. Igualmente en la audiencia primera de tramite celebrada el 09 de noviembre del 2015 la parte demandante procedió a enmendar la demanda en cuanto a que se les debe de pagar los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero y el décimo cuarto mes de salario, en virtud de haber sido objeto de una suspensión ilegal de su contrato de trabajo que el génesis del despido injusto e ilegal por la parte de la demandada, enmendar también que en los hechos se encuentra por un error involuntario nombrado el tercer hecho como el segundo y que se tenga como entendió que son cinco hechos de la presente demanda, a lo que agregó también un hecho en el cual manifestaron que en el mes de octubre del 2014, fueron suspendidos y que la parte demandada prometió que regresarían a los puestos de trabajo el 04 de febrero del 2015 y lo que recibieron en esa fecha fue la carta de despido; además corrigieron la demanda en el sentido de que el señor OSCAR NÚÑEZ cobró de las prestaciones sociales a su entera satisfacción, por lo que desistió de la demanda.- 2.- La parte demandada, la empresa HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), contestó dicha demanda señalando en los hechos de defensa que con el propósito de rescatar a HONDUTEL el 07 de octubre del 2014, invocando lo establecido en los artículos 100 numerales 4, 5, 15, 101 y 102 del Código de Trabajo, procedió a notificarles en legal y debida forma la medida de suspensión parcial de los contratos individuales de trabajo a 660 trabajadores, por el termino de 120 días, con efectividad a partir del día hábil siguiente, es decir a partir del 08 de octubre del 2014, hasta el día 04 de febrero del 2015, debiéndose presentar a las labores el personal suspendido el 05 de febrero del 2015 y que dentro del personal suspendido se encontraban los demandantes; manifestó que es de público conocimiento la precaria situación de la empresa que ha venido operando con pérdidas netas desde el año 2005, hasta la fecha, dichas pérdidas se incrementaron durante los últimos dos periodos fiscales 2012-2013, al extremo de que hoy en día, a pesar de las medidas para el saneamiento financiero administrativo tomadas por la actual administración, sigue siendo imposible que HONDUTEL opere con el mínimo razonable de utilidades, como consecuencia de ellos, resulto ineludible que la empresa recurriera a una serie de medidas para lograr disminuir las referidas perdidas, siendo estas entre otras las siguientes, a) Recuperación e incremento de ingresos por tráfico internacional de llamadas a través de una ágil administración de tasas de terminación, b) incremento en las ventas de servicios corporativos principalmente con clientes gubernamentales, c) ampliaciones de sistemas para atender la demanda de los servicios de datos y d) reducción del gasto corriente en el renglón de servicios personales, sin embargo lastimosamente la situación de la empresa no puede ser revertida a corto plazo sin tener que tomar otras decisiones de mayor envergadura, pero igualmente necesarias, siendo una de ellas la suspensión parcial de los contratos individuales de trabajo de 660 de sus empleados; que la empresa no puede ser explotada siquiera con un mínimo razonable de utilidad, situación provocada fundamentalmente por su nula rentabilidad operativa, esto derivo en el hecho de que tampoco logre conseguir los fondos suficientes, para la prosecución normal de los trabajos, y a pesar de contar con un presupuesto como cualquier otra entidad de derecho público, con la única diferencia que HONDUTEL solamente tiene una vía de financiamiento para recaudar los fondos proyectados en ese presupuesto, su propio flujo de caja derivado de su facturación, el cual ha venido disminuyendo año tras año, por la feroz competencia que existe en el sector de telecomunicaciones y de otros factores ya conocidos; que el 10 de octubre del 2014, siguiendo el procedimiento legal correspondiente HONDUTEL presentó ante la Secretaria de Trabajo solicitud de autorización de suspensión parcial de contratos individuales de trabajo por 120 días a 660 empleados de la empresa demandada, solicitud esta, que a la fecha todavía se encontraba pendiente de resolución, en vista que fueron múltiples oposiciones presentadas por los trabajadores que fueron legalmente suspendidos; que fue el 03 de febrero del 2015, que Hondutel siguiendo el procedimiento legal correspondiente presentó en la Secretaria de Trabajo formal notificación de que las causas invocadas para la suspensión parcial de los contratos de trabajo ejecutadas en Hondutel, aun persisten, lo cual imposibilita reanudar las labores y reinstalar a los trabajadores que legalmente fueron suspendidos, por lo que la empresa se vio obligada a dar por terminados los contratos de trabajo de los empleados cuyos contratos fueron suspendidos, garantizándoles el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, fundamentándose esta decisión en los artículo 62, 80 y 129 de la Constitución de la República, 100 numerales 4, 5 y 15 numeral 8 y segundo párrafo y 126 del código de trabajo, 97 numeral 13, 132 y 143 del reglamento interno del trabajo, cláusula 59 del XII contrato colectivo de Hondutel y certificación de la resolución de punto de acta numero 8 de la sesión ordinaria numero 545-2008 celebrada el 13 de mayo del 2008; asimismo alegó que es evidente que la empresa demandada no ha incurrido en violación de los derechos laborales del demandante, ya que, si bien es cierto que la figura de la suspensión de contratos individuales de trabajo conlleva para el patrono la obligación de reintegrar a los trabajadores afectados una vez que la misma finalice, que a pesar de las medidas implementadas por la empresa no fue posible evitar que se perdieran los puestos de trabajo de los empleados cuyos contratos de trabajo fueron suspendidos, por lo que se vio obligada a darlos por terminados con motivo justificados, y que la terminación del contrato de trabajo de los demandantes se basó en el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo, el cual instaura que la suspensión de actividades por más de 120 días es una causa de terminación de contrato de trabajo, y la imposibilidad de la Empresa para evitar que se pierda el puesto de trabajo del actor, razón por la cual se le garantiza el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, ya que el reintegro es imposible debido a la situación precaria en la que se encuentra la empresa; asimismo que la demandada durante el periodo de suspensión a los demandantes una indemnización equivalente a 30 días del salario, por no haberle dado el aviso de suspensión de su contrato individual de trabajo por tiempo indefinido con 30 días de anticipación, acorde con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 102 del Código de Trabajo, de lo que se deriva que los demandantes aceptaron y convalidaron de forma tacita la medida d suspensión al haber recibido el referido pago sin ninguna objeción. Que en la audiencia primera de tramite acepto el desistimiento presentado en relación al señor OSCAR NUÑEZ, ya que la demandada cumplió con la obligación de pago de prestaciones laborales.- 3.- El Juzgado de Letras Seccional de Yoro, Departamento de Yoro, en fecha 03 de noviembre del 2017, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por los señores NORMAN ROBERTO ESCOTO ESPINOZA; RAMÓN ALONSO OCAMPO URBINA; SARA ESTHER BENÍTEZ MARTÍNEZ; FRANCISCO MARTÍNEZ FIGUEROA; DENNIS ANTONIO PADILLA SANDOVAL; CAROL ROSANA SANDOVAL VILLA; SILVIA MARIBEL LÓPEZ PORTILLO; ADORACIÓN DUBON BARAHONA; DOLORES RUTILIO GALINDO MEJÍA; OSMIN DANIEL CRUZ BANEGAS; ÁNGEL SILVIO PÉREZ CRUZ; LORENZO PALMA GARAY; MARIA EMÉRITA RAMÍREZ FIGUEROA; LUCIA ZUNIGA GARMENDIA; FELIPE ARNULFO LOZANO LÓPEZ; OSCAR NÚÑEZ; JUAN MANUEL LÓPEZ LARA; ELMER RIVAS ESPINAL; DAVID ANDRÉS VARELA AQUINO, y JOSÉ ESCOBAR FLORES, contra la empresa HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), representada legalmente por su Gerente General el señor JESÚS ARTURO MEJÍA ARITA; condenó a la empresa demandada a reintegrar en iguales o mejores condiciones que las tenidas al momento de su despido a los demandantes; a indemnizar a los demandantes con los pagos de los salarios y beneficios legales dejados de percibir en ausencia desde la fecha de su despido hasta que se produzca la reinstalación en los cargos y a pagar a los demandantes los salarios y beneficios legales correspondientes al periodo del 09 de octubre del 2014 a la fecha de terminación de la misma (05 de febrero del 2015) fecha en que sus contratos de trabajo fueron suspendidos por el Patrono demandado, quien ya les canceló el mes de salario como indemnización por no haber concedido el preaviso correspondiente previo a la suspensión, sin costas; bajo el criterio que se demostró la dificultad financiera que atraviesa la Empresa demandada, no obstante, en atención al principio de ajenidad de riesgos que se regula en los artículos 136 de la Constitución de la República y 23 del Código de Trabajo, dicho déficit no debe ser asumido por los trabajadores y ser utilizado para atentar contra su estabilidad laboral; se acredito por la parte demandada mediante los reconocimientos judiciales realizados en cada una de las agencias que funcionan en los diferentes municipios de Yoro, que solo quedó una persona laborando la cual realizaba varias actividades, así como los ingresos y egresos de las agencias de Yoro, Sulaco, Yorito, Victoria y Jocon de los meses de julio, agosto y septiembre del 2014, en donde se acredito que los ingresos son menores en relación a los egresos, pero no justificó el despido ilegal de que fueron objeto los trabajadores, quienes no son responsables de la mala situación financiera de la empresa.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, en fecha 08 de mayo del 2018, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que consta en autos que la demandada no contaba para el momento en que se produjo la desvinculación laboral con la aprobación del Ministerio del Trabajo tal y como se afirma en el escrito de demanda, circunstancia que no permite atender los argumentos de la recurrente, pues aunque de autos resulte acreditada la crisis económica de la entidad demandada, en la nota de terminación establecieron circunstancias relacionadas con la suspensión de labores que aun no estaba resuelta por la autoridad competente, tal y como antes se expuso. Por las razones de hecho y de derecho expuestas, este Tribunal considera que es procedente confirmar la parte dispositiva de la sentencia que se conoce en apelación.- 5.- Mediante auto de fecha 11 de junio del 2018, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada WALDINA LIZETTE HANDAL CUBERO, en su condición de representante procesal de la empresa HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 31 de agosto del 2018, compareció ante éste tribunal la Abogada WALDINA LIZETTE HANDAL CUBERO, en su condición de representante procesal de la empresa HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), formalizando su demanda, exponiendo seis motivos de casación y dos nulidades subsidiarias, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 07 de mayo del 2019, se tuvo por precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte del Abogado ROBERTO ANTONIO ORELLANA VELÁSQUEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que la Abogada WALDINA LIZETTE HANDAL CUBERO, en el primer motivo de casación alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional de índole laboral, por violación directa por APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA SUSTANTIVA del primer párrafo del artículo 113 del Código del Trabajo, que indica:“La terminación del contrato conforme a una de las causas enumeradas en el artículo anterior, surte efectos desde que el patrono la comunique al trabajador, pero éste goza del derecho de emplazarlo ante los Tribunales del Trabajo, antes de que transcurra el termino de prescripción, con el objeto de que le pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrono no prueba dicha causa debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según este Código le puedan corresponder y, a título de daños y perjuicios, los salarios que éste habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del presente Código debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva”; en relación con el 112 del Código del Trabajo, que establece las causas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato sin responsabilidad de su parte. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El primer párrafo del artículo 113 instaura que: “La terminación del contrato conforme a una de las causas enumeradas en el artículo anterior, surte efectos desde que el patrono la comunique al trabajador, pero éste goza del derecho de emplazarlo ante los Tribunales del Trabajo, antes de que transcurra el termino de prescripción, con el objeto de que le pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrono no prueba dicha causa debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según este Código le puedan corresponder y, a título de daños y perjuicios, los salarios que éste habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del presente Código debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva”. La corte sentenciadora incurrió en violación directa por APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA SUSTANTIVA de índole laboral contenida en el precitado artículo por las siguientes razones: la Corte de Apelaciones estimó que HONDUTEL incurrió en ilegalidad al cancelar el contrato de trabajo de los demandantes por el plazo de 120 días, sin contar con la autorización mediante resolución de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, razón por la que la demandante emplazó al patrono ante los tribunales competentes para el reintegro requerido en la demanda planteada. De lo anterior, se infiere que la Corte de Apelaciones del Trabajo aplicó el primer párrafo artículo 113 en relación con 112 del Código de Trabajo, preceptos legales que fueron aplicados de forma indebida porque HONDUTEL en ningún momento canceló o despidió a los demandantes con fundamento en una de las causales establecidas en los incisos de artículo 112, sino que más bien se dio por terminado el contrato de trabajo de forma unilateral amparado en el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo. Finalmente, honorable Corte Suprema de Justicia, ha quedado demostrado con argumentos jurídicos densos, que la sentencia proferida por la Honorable Corte de Apelaciones violentó de forma directa LA NORMA SUSTANTIVA invocada al aplicar al caso concreto indebidamente el artículo 112, TENIENDO QUE HABER APLICADO EL ARTICULO 111 NUMERAL 8) DEL CÓDIGO DE TRABAJO.”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) si bien es cierto la norma citada por el Recurrente forma parte del cuerpo legal sustantivo laboral (artículo 113 del Código del Trabajo), no especifica el párrafo y literal de los que contiene dicho precepto, al que dirige su ataque, lo cual es indispensable, ya que cada uno de ellos hace referencia a distintas situaciones jurídicas; b) cita normativa no indicada como violada en la formulación del cargo, tal es el caso de los artículos 111 numeral 8) del Código del Trabajo; y, c) formula alegatos propios de instancia.- IV. Que la Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional de índole laboral, por violación directa por APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA SUSTANTIVA del primer párrafo del artículo 101 del Código del Trabajo, que indica: “La suspensión de los contratos de trabajo surtirá efecto desde la conclusión del día en que ocurrió el hecho que le dio origen, siempre que la comprobación de la causa en que se funde se inicie ante la Secretaria de Trabajo y Previsión Social o ante los representantes de la misma debidamente autorizados, dentro de los tres (3) días posteriores al ya mencionado, o treinta (30) días antes de la suspensión, cuando el hecho que la origine sea previsible. Si la Secretaria de Trabajo y Previsión Social no autorizare la suspensión por no existir la causa alegada o por ser esta injusta, la declarara sin lugar, y los trabajadores podrán ejercitar sus derechos emanados del contrato de trabajo, de las leyes y reglamentos laborales y demás disposiciones aplicables, por la responsabilidad que competa al patrono.” PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La corte sentenciadora incurrió en violación directa por APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA SUSTANTIVA de índole laboral contenida en el primer párrafo del artículo 101 del Código del Trabajo, por las siguientes razones: Al respecto, establece que la suspensión de contratos de trabajo surte efectos desde la conclusión del día en que ocurrió el hecho que le dio origen, siempre que la comprobación de la causa en que se funde se inicie ante la Secretaría de Trabajo dentro de los tres días posteriores al ya mencionado, o treinta días antes de la suspensión. De lo anterior se colige que la suspensión de contratos de trabajo surtió efecto desde el día en que fueron notificados los trabajadores, ya que el artículo referido instaura claramente que la autorización de la Secretaría de Trabajo se emite, mediante resolución, después de realizada la suspensión y no antes. Circunstancia que fue un hecho probado y el juez aplicó de manera indebida al momento de emitir su fallo.”.- V. Que el cargo que antecede no resulta admisible ya que no indica la norma que debió utilizar el juzgador de instancia, el impetrante al invocar la aplicación indebida debe proporcionar la norma que debió aplicar en sustitución y la norma que indica como violada (Artículo 101 del Código del Trabajo) no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa.- VI.- Que la Abogada WALDINA LIZETTE HANDAL CUBERO, en el tercer motivo de casación alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional de índole laboral, por violación directa por INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA NORMA SUSTANTIVA del segundo párrafo del artículo 101 del Código del Trabajo, que indica: “Si la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social no autorizare la suspensión por no existir la causa alegada o por ser ésta injusta, la declarará sin lugar, y los trabajadores podrán ejercitar sus derechos emanados del contrato de trabajo, de las leyes y reglamentos laborales y demás disposiciones aplicables, por la responsabilidad que competa al patrono.” PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La corte sentenciadora incurrió en violación directa por INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA NORMA SUSTANTIVA de índole laboral contenida en el segundo párrafo del artículo 101 del Código del Trabajo, por las siguientes razones: El artículo 101 nos ofrece el procedimiento a seguir una vez iniciado el proceso de suspensión ante la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social. De igual manera, el consabido artículo también informa cuál es la consecuencia de que dicho proceso de suspensión no sea autorizado por la Secretaría del Trabajo como autoridad competente. El segundo párrafo del artículo 101 manda que, en caso de que la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, luego del análisis y valoraciones que como autoridad realicen, estime que el proceso de suspensión iniciado por la empresa y sometido a su aprobación resultare injusto o no existiera la causa alegada, declarará sin lugar el proceso. ¿Qué efectos tiene entonces que la Secretaría declarase sin lugar el proceso de suspensión? El efecto sería la prerrogativa del trabajador para ejercitar sus derechos del contrato de trabajo y de toda la normativa laboral. Como puede apreciarse, este segundo párrafo es bastante claro y sirve como una medida de protección de los derechos del trabajador ante un posible error del patrono. Sin embargo, y al trasladarnos al caso de marras, notamos que el procedimiento iniciado ante la Secretaría de Trabajo por HONDUTEL fue declarado CON LUGAR, considerando automáticamente válidas y existentes las causales de suspensión incoadas. ¿Qué deriva de esto? Pues de un simple análisis lógico se puede arribar a la conclusión de que al tener HONDUTEL una resolución favorable, los trabajadores no tienen derecho a exigir sus derechos por la vía laboral, pues dicha resolución favorable otorgó a la empresa la razón de haber iniciado un proceso de suspensión, librándola de toda responsabilidad. Como se puede apreciar, la corte sentenciadora interpretó de manera errónea este precepto legal al confirmar la sentencia de primera instancia, pasando de largo sus efectos y las consecuencias que nacen de una resolución favorable por parte de la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social.”.- VII. Que el cargo que antecede no resulta admisible ya que la interpretación errónea de la ley tiene cabida en el recurso extraordinario de casación, cuando el sentenciador halla en la norma una inteligencia o un alcance distintos de los que contiene, es decir, cuando el entendimiento de la misma por aquél es equivocado o erróneo. No se trata ya de una cuestión de existencia, subsistencia o determinación del alcance de la norma, sino lo que es muy distinto, de un error acerca de su contenido. Sin embargo, este Supremo Tribunal considera que el juzgador ha entendido y por ende interpretado correctamente el artículo 101 párrafo segundo del Código del Trabajo y la norma que indica como violada (Artículo 101 del Código del Trabajo) no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa.- VIII. Que la Recurrente formula un cuarto motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional de índole laboral, por violación directa por INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA NORMA SUSTANTIVA del artículo 100 numerales 4, 5 y 15, que indica: “Son causas de suspensión de los contratos de trabajo sin responsabilidad para las partes: 4. La imposibilidad de explotar la empresa con un mínimo razonable de utilidad; 5. La falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos, si se comprueba plenamente por el patrono; y, 15. Cualquier otra causa justificada no prevista en los ordinales anteriores, a juicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social”; relacionado con el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo, que establece: “Son causas de terminación de los contratos de trabajo: 8. La suspensión de actividades por más de ciento veinte (120) días en los casos 1°, 30, 40, 50 Y 6° del artículo 100.” PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La corte sentenciadora incurrió en violación directa por INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA NORMA SUSTANTIVA de índole laboral contenida en el artículo 100 numerales 4, 5 y 15, con relación con el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo, dado que, como quedó probado en las secuelas del juicio, el contrato de trabajo fue suspendido por la situación financiera de la empresa y debido que las causas persistieron al pasar los 120 días de la suspensión, se dio por terminado el contrato de trabajo conforme con lo establecido en el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo. Este extremo no fue apreciado por el juzgador, pues confundió la figura del despido con la terminación de los contratos de trabajo. Las terminaciones de los contratos de trabajo ya están expresamente establecidas en el artículo 111 del Código de Trabajo. En el caso que nos ocupa, se invocó el numeral 8 del mismo, el que instaura que la suspensión de actividades por más de 120 días es una causa de terminación de contratos de trabajo. Error que continua el Ad quem al pronunciarse en la fundamentación jurídica que alegamos hechos distintos a la suspensión en virtud de que demostramos que era insostenible financieramente a los demandantes, ya que eran mayor los egresos que los ingresos sin tomar en cuenta de que la crisis financiera que atraviesa mi representada orilló a la suspensión de los contratos de trabajo y posteriormente a la terminación de la relación laboral de los demandantes; que no son dos hechos distintos como lo establece el Ad quem.”.- IX. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la norma que indica como violada (Artículo 100 numerales 4, 5 y 15 del Código del Trabajo) no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, b) formula alegatos propios de instancia.- X. Que la Recurrente formula un quinto motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral, por violación indirecta del artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo por FALTA DE APRECIACIÓN POR ERROR DE HECHO EN EL MEDIO DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICO CONSISTENTE EN EL OFICIO DEL 5 DE FEBRERO DEL 2015 QUE CORRE AGREGADOS A FOLIOS 21, 22, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 78 DE LA PRIMERA PIEZA DE AUTOS. NORMAS LEGALES PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN DE LA NORMA SUSTANTIVA LABORAL: Artículo 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Y DESCRIPCIÓN DEL MEDIOS DE PRUEBA INTERPRETADO ERRÓNEAMENTE: DOCUMENTAL PÚBLICO consistente en el 1 oficio de 5 de febrero del 2015 que corre agregado a folios 21, 22, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 78, fue propuesto para demostrar contundentemente que lo que hubo fue una terminación de contrato de trabajo subsumida en el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo, pero tanto el juzgado de primera instancia como el tribunal de segunda instancia omitieron el análisis de dicho medio probatorio en relación a los hechos del litigio.- XI. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) no demuestra el error en que incurrió el Juzgador, debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos; b) la prueba singularizada si fue apreciada en el fallo impugnado, resultando que se le dio un alcance diferente al que pretende el Impetrante por lo que es impropio el ataque por falta de apreciación; y, c) formula alegatos propios de instancia.- XII. Que la Recurrente formula un sexto motivo de casación invocando lo siguiente: PRECEPTO LEGAL SUSTANTIVO DE ORDEN NACIONAL QUE SE ESTIMA VIOLADO Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral, por violación indirecta del artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo por FALTA DE APRECIACIÓN POR ERROR DE HECHO EN EL MEDIO DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICO CONSISTENTE EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE HONDUTEL QUE CORREN AGREGADOS A FOLIOS 173 AL 186, DE LA PRIMERA PIEZA DE AUTOS. NORMAS LEGALES PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN DE LA NORMA SUSTANTIVA LABORAL: Artículo 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Y DESCRIPCIÓN DEL MEDIOS DE PRUEBA INTERPRETADO ERRÓNEAMENTE: DOCUMENTAL PÚBLICO consistente en los Estados Financieros De HONDUTEL que corren agregados a folios 173 al 186 de la primera pieza de autos. La sentencia recurrida no tuvo como hechos probados que la empresa se encontraba imposibilitada de explotar la empresa con un mínimo razonable, la falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos, hecho que fue demostrado mediante la presentación del medio de prueba documental público consistente en los estados financieros y de resultados de HONDUTEL de los años 2005 al 2014, con los que se justificó incuestionablemente la grave situación financiera de la empresa que derivó en la terminación de los contratos de trabajo por medio de la figura de la suspensión. Al respecto, el artículo 100 del Código de Trabajo establece que la suspensión de contratos de trabajo surte efectos desde la conclusión del día en que ocurrió el hecho que le dio origen, siempre que la comprobación de la causa en que se funde se inicie ante la Secretaría de Trabajo dentro de los tres días posteriores al ya mencionado, o treinta días antes de la suspensión. De lo anterior se colige que la suspensión de contratos de trabajo surtió efecto desde el día en que fueron notificados los trabajadores, ya que el artículo referido instaura claramente que la autorización de la Secretaría de Trabajo se emite, mediante resolución, después de realizada la suspensión y no antes. Circunstancia que fue un hecho probado y el juez no lo tomó en cuenta al momento de emitir su fallo. Asimismo, los Estados Financieros de HONDUTEL que corren agregados a folios 173 al 186 de la primera pieza de autos, fueron propuestos para demostrar contundentemente que la razón por la que se procedió a realizar las suspensiones del contrato fue que la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) estaba operando con pérdidas financieras elevadísimas, situación que derivó en los hechos que originan el presente litigio y que no debió omitirse su consideración para la resolución del mismo como lo hizo el ad quem.- XIII. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) no demuestra el error en que incurrió el Juzgador, debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos; b) la prueba singularizada si fue apreciada en el fallo impugnado, resultando que se le dio un alcance diferente al que pretende el Impetrante por lo que es impropio el ataque por falta de apreciación; y, c) formula alegatos propios de instancia.- XIV. Que el Censor alega nulidad subsidiaria: “Que las sentencias emitidas por el tribunal ad quem buscan le certeza de los hechos jurídicos, por cuanto deben ser claras, precisas, congruentes y motivadas, y así no quede la menor duda del criterio utilizado por el tribunal al momento de emitir los fallos, buscando una conciliación de lo pedido y otorgado a las partes, con la Constitución de la República, las leyes, convenios y principios legales y así respetar el Estado de Derecho. Con base en lo anterior, la Corte de Apelaciones, al emitir el fallo el 8 de mayo del 2018, no toma en cuenta que el señor OSCAR NÚÑEZ desistió de la presente demanda por haber satisfecho sus pretensiones y hacer efectivo el cobro de las prestaciones laborales, debiendo haberse pronunciado sobre el desistimiento en vista de que el A quo ya no lo incluye en el acápite Primero de la sentencia por la misma razón, sin embargo no hace referencia del desistimiento en dicha sentencia y que al no pronunciarse el Ad quem le causa un grave perjuicio a mi representada haciendo esta sentencia incongruente, ya que lo deja como si todavía fuera parte en el proceso condenándolo al reintegro y al pago de las demás pretensiones de los demás demandantes.”.- XV. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente asunto, examinada que fue la sentencia impugnada y se estima que el mismo se encuentra dictado conforme a derecho, como también que se ha analizado la prueba aportada por las partes para tomar la decisión de fondo del juicio. A razón de lo antes expuesto estima este Tribunal, que no se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- XVI. Que el Censor alega segunda nulidad subsidiaria: “Que las sentencias emitidas por el tribunal ad quem buscan la certeza de los hechos jurídicos, por cuanto deben ser claras, precisas, congruentes y motivadas, y así no quede la menor duda del criterio utilizado por el tribunal al momento de emitir los fallos, buscando una conciliación de lo pedido y otorgado a las partes, con la Constitución de la República, las leyes, convenios y principios legales y así respetar el Estado de Derecho. Con base en lo anterior, la Corte de Apelaciones, al emitir el fallo al igual que la sentencia recurrida, no fundamenta la presente de forma correcta, causando una carencia de motivación de la sentencia, pues sus consideraciones omiten el análisis probatorio de los oficios de fecha 5 de febrero del 2015, que corren agregados a folios 21, 22, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 78, con el que no solo se ha acreditado la terminación del contrato de trabajo conforme al artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo, sino que con el mismo se desvirtúa la existencia de la figura de despido injustificado en relación al artículo 112 del mismo código, por lo que de haberse analizado dicho medio probatorio con relación en los hechos del litigio, el ad quem no hubiese encontrado asidero jurídico para emitir el fallo condenado a mi representada a reintegrar a los señores NORMAN ROBERTO ESCOTO ESPINOZA, RAMON ALONSO OCAMPO URBINA, SARA ESTHER BENITEZ MARTINEZ, FRANCISCO MARTINEZ FIGUEROA, DENNIS ANTONIO PADILLA SANDOVAL, CAROL ROSANA SANDOVAL VILLA, SILVIA MARIBEL LOPEZ PORTILLO, ADORACION DUBON BARAHONA, DOLORES RUTILIO GALINDO MEJIA, OSMIN DANIEL CRUZ BANEGAS, ANGEL SILVIO PEREZ CRUZ, LORENZO PALMA GARAY, MARIA EMERITA RAMIREZ FIGUEROA, LUCIA ZUNIGA GARMENDIA, FELIPE ARNULFO LOZANO LOPEZ, JUAN MANUEL LOPEZ LARA, ELMER RIVAS ESPINAL, DAVID ANDRES VARELA AQUINO Y JOSE ESCOBAR FLORES, a su puesto de trabajo junto con el pago de los demás conceptos condenados en la misma sentencia dictada en segunda instancia en ocho (8) de mayo del dos mil dieciocho (2018). El ad quem al omitir esa motivación produce indefensión a mi representada e incongruencia en la sentencia, pues existe violación a las normas procesales que acarrean nulidad y, en el presente caso, el tribunal ad quem ha emitido una sentencia en la que no motivó ni fundamentó todos los hechos controvertidos, mismos que surgen de los hechos en que el demandante basó su acción y en los hechos en que el demandado fundamentó su resistencia a la pretensión incoada en su contra y sobre los que recaen las pruebas del juicio. PROCEDENCIA DE LAS NULIDADES SUBSIDIARIAS: El artículo 206 del Código Procesal Civil, el que se aplica de manera supletoria al procedimiento laboral, nos establece que las sentencias, en su contenido, deben ser claras, precisas y exhaustivas, en relación con los hechos argumentados por las partes y las pruebas aportadas, preceptos que no se cumplen en la sentencia de marras por las razones anteriormente expuestas. Asimismo, el artículo 207 del Código Procesal Civil exige que las sentencias sean motivadas con relación a los argumentos fácticos y jurídicos expuestos por las partes, lo que tampoco ocurre en el caso de marras como ya se expuso con anterioridad. Ya el Código Procesal Civil en el artículo 211 se establece que el incumplimiento en los requisitos contemplados por las leyes con relación a los actos procesales dará lugar a su nulidad o a su anulabilidad. De igual manera, el articulo 212 numeral 3 del Código Procesal Civil establece que es nulo el acto procesal que se dicta prescindiendo de las normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión, tal como ocurre en el caso de marras, por lo que para salvaguardar los derechos de las partes en litigio y la idoneidad de los actos procesales es necesario que se declare la nulidad de la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo sin perjuicio de que la misma sea casada”.- XVII. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente asunto, examinada que fue la sentencia impugnada y se estima que el mismo se encuentra dictado conforme a derecho, como también que se ha analizado la prueba aportada por las partes para tomar la decisión de fondo del juicio. A razón de lo antes expuesto estima este Tribunal, que no se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- XVIII. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus seis motivos de casación y sin lugar las dos nulidades alegadas de forma subsidiaria.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus seis motivos. 2) SIN LUGAR las dos nulidades subsidiarias 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los tres días del mes de febrero del dos mil veinte; certificación de la sentencia de fecha cinco de diciembre del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 226-18.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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