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Sentencia CL-210-18 — Registro 8574

Resumen

Segunda instancia confirmó no ha lugar la demanda ordinaria laboral para que se declare en proceso ordinario, violación al derecho fundamental del trabajo a partir del reingreso al despido en noviembre 2015, señalamiento de expedientes laborales fallados para reintegro al trabajo

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que los requisitos de forma que la ley exige para la demanda de casación laboral deben aparecer en el texto mismo del libelo y no pueden darse por demostrados por la vía de la inferencia. En el sub júdice, la Impetrante no cumple con los requisitos señalados en el artículo 765 y 769 numerales 1) y 5) del Código del Trabajo, omite consignar debidamente la designación de las partes, así como expresar el o los motivos de casación conforme a la norma indicada, ya que no se encuentra uno debidamente estructurado, también yerra en la relación sintética de los hechos en litigio, ya que han sido extensos y con falta de claridad y precisión.- III.- Estos defectos técnicos vuelven ineficaz el recurso de casación laboral que nos ocupa"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los cinco días del mes de febrero del dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 30 de julio del 2018, por la Abogada EDORFILIA ALVAREZ ACUÑA, mayor de edad, casada, hondureña y con domicilio en Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en su condición de representante procesal del señor MARCO ANTONIO LÓPEZ, como recurrente; además, es parte recurrida, la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, representada en juicio por el Abogado JOSÉ ENRIQUE CARDONA CHAPAS. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para que se declare en proceso ordinario, violación al derecho fundamental del trabajo a partir del reingreso al despido en noviembre 2015, señalamiento de expedientes laborales fallados para reintegro al trabajo Exp. 367-2010 y consignación No.1177, como parte a derechos laborales al reintegro, promovida ante el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en fecha 28 de abril del 2016, por el señor MARCO ANTONIO LÓPEZ, mayor de edad, soltero en unión libre, hondureño y con domicilio en Puerto Cortés, Departamento de Cortés, contra la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, por medio de su Gerente General el señor LEO YAMIR VALENTINO CASTELLÓN HEREZI, mayor de edad, hondureño y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 27 de abril del 2018, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 31 de enero del 2018, proferida por el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1).- DECLARAR NO HA LUGAR LA DEMANDA LABORAL, PROMOVIDA POR EL SEÑOR MARCO ANTONIO LÓPEZ, CONTRA LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL LEO YAMIR VALENTINO CASTELLÓN HIREZI.- SIN COSTAS.- 2).- DECLARA CON LUGAR LA EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PRESCRIPCIÓN, INTERPUESTA POR EL REPRESENTANTE PROCESAL DE LA PARTE DEMANDADA.- SIN COSTAS.- EN CONSECUENCIA: SE EXONERA A LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL LEO YAMIR VALENTINO CASTELLÓN HIREZI, DE TODAS LAS ACCIONES EMANADAS DEL PRESENTE JUICIO.- SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que la empresa demandada, dio por terminada la relación de trabajo, al haber sido reintegrado mediante sentencia definitiva, fallada ante el Juzgado Exp. 367-2010, como el expediente donde se encuentran los derechos laborales en iguales o mejores condiciones, no en peores condiciones del 14 de mayo 2010 al 28 de noviembre 2015; que se aplicó el 28 de noviembre 2015, un acta especial de acuerdo de reestructuración firmado entre el sindicato de trabajadores de la empresa y el patrono, y establecía la no renovación de contrato determinado, por lo que la estabilidad garantizada en el empleo, como derecho constitucional ha optado para recibir la remuneración de derechos e indemnizaciones, honestos, legales, más los daños y perjuicios que le provocaron desde el momento del reintegro; argumentó que evacuó el trámite administrativo, ante la Procuraduría del Trabajo y asistencia social, pero al mismo, no se le contestó, ni por parte de la empresa, ni por parte de un Inspector del Trabajo, los hechos y documentos de reajustes de salario, décimo tercer y décimo cuarto mes, pagos de vacaciones, indemnizaciones laboradas, deducciones hechas al salario fuera del marco legal, y los daños y perjuicios sufridos, esperando tener un resultado médico legal, por situaciones de accidentes de trabajo, recibidos en la empresa constancias necesarias y derecho de trabajo a favor de la hija, que nunca fue concedida por el patrono; por lo que deberá ordenarse antes de dictar sentencia, por parte del juzgado, al aducir que no se encuentra el médico legal laboral en el Instituto Hondureño de Seguridad Social; que se llegó a un arreglo parcial, en el sentido que al obviar dar respuestas a las necesidades del trabajador, se le estableció al representante de la empresa demandada por reconvención, que consignara el cheque que según ellos con datos proporcionados por ellos les evacuó la Procuraduría del Trabajo, y que en lo demás que se dejara abierto, para acudir ante las autoridades del trabajo, para efectos de su remuneración, acorde a derecho y el Inspector del Trabajo tiene el trámite de petición para elaborar el cálculo correspondiente, que oscila en más de L. 700.000.00, en sus reajustes, a derechos, indemnizaciones y pagos de daños y perjuicios, y se tuvo que aceptar al no haber otorgado este juzgado el derecho a demanda por reconvención, y a establecer que o lo toma o lo deja el dinero consignado, vedándole con ello el derecho laboral y el de petición.- 2.- La parte demandada, la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, contestó dicha demanda señalando que, sobre lo expuesto por la parte demandante, puede deducirse que el mismo solicita un reajuste de pago de prestaciones que según él son en por lo menos L. 700,000.00 y que habiendo hecho las deducciones correspondientes se reclama el pago de L. 587, 269.75, que el pago de prestaciones laborales recibido en vía de consignación le sea tomado como adelanto a este último pago y solicitando además una serie de reajustes sobre derechos irrenunciables desde el 14 de mayo del 2012 al 28 de noviembre del 2015, supuestamente por haber quedado pendientes después de haber ganado el demandante una demanda de reintegro, además de solicitar como derecho aleatorio trabajo para la hija Rudy Lizeth López Perdomo, en base que para su despido fue usado el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional Portuaria; manifestó además que efectivamente fue separado del trabajo por la empresa el 27 de noviembre del 2015, en el proceso de restructuración y ajuste de personal llevado a cabo en los meses de noviembre y diciembre del 2015 y enero y febrero del 2016, en base al art. 95 numeral 1 9 del Código del Trabajo, ofreciéndole el pago de sus prestaciones sociales o laborales; que la empresa hizo el respectivo cálculo de prestaciones tomando como base la antigüedad del trabajador a partir de la fecha de ingreso el 28 de junio del 2008 al 28 de noviembre del 2015 y que fueron los mismos datos que el demandante proporcionó en el cálculo de prestaciones sociales o laborales que le hizo la Inspectoría del Trabajo, que ambos cálculos determinan que se le debe pagar al trabajador la suma de L. 112,730.25; alegó también que la cantidad anterior menos las deducciones autorizadas por el trabajador le fue consignada ante el juzgado por la suma de L.47,331.71, cantidad que recibió a través de la apoderada legal Edorfilia Álvarez Acuña, en fecha 04 de marzo del 2016, en la cual se expresa que recibe su pago en concepto de pago de prestaciones, y habiendo resuelto el juzgado que se tenían extinguidas todas las acciones emanadas del pago de prestaciones sociales del demandante, por lo que no se le adeuda al trabajador ningún derecho laboral; asimismo, en relación a la petición de trabajo, que realizada por el demandante en favor de la hija es improcedente por cuanto el mismo no era miembro sindical y no se le aplican los derechos del Contrato Colectivo suscrito entre la Empresa Nacional Portuaria y el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional Portuaria; asimismo, en la audiencia primera de trámite, interpuso Excepción Perentoria de Prescripción, la cual se fundamenta en el artículo 864 del Código del Trabajo en el sentido de que el trabajador tiene dos meses para entablar o reclamar las acciones de un despido.- 3.- El Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en fecha 31 de enero del 2018, dictó sentencia declarando no ha lugar la demanda ordinaria laboral promovida por el señor MARCO ANTONIO LÓPEZ, contra la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, por medio de su Gerente General el señor LEO YAMIR VALENTINO CASTELLON HEREZI; declaró con lugar la Excepción Perentoria de Prescripción, interpuesta por el representante procesal de la parte demandada, sin costas; en consecuencia, exoneró a la empresa demandada de todas las acciones emanadas del presente juicio, sin costa; bajo el criterio que la Prescripción es un medio de librarse de una obligación impuesta por la norma laboral, mediante el transcurso de cierto tiempo y en las condiciones que determina el Código del Trabajo, en el caso que nos ocupa la demandada alega que le ha prescrito el derecho al demandante para reclamar el pago de reajuste de sus prestaciones laborales por haber transcurrido más de dos meses desde que finalizó la relación laboral y la interposición del presente juicio, ya que como lo señala el representante procesal de la demandada, la terminación de la relación laboral se dio en fecha 28 de noviembre del 2015 y la demanda fue interpuesta en fecha 27 de abril del 2016, habiéndose realizado la última diligencia en cuanto al reclamo de pago de prestaciones en fecha 13 de enero del 2016 y habiéndose conciliado el mismo en cuanto al reclamo de pago de prestaciones sociales y habiéndose pagado este concepto ante esta judicatura, mediante pago por consignación que fue aceptado por la representante procesal del demandante y estando presente el demandante en dicha audiencia; por lo que efectivamente ha prescrito el derecho del demandante a pedir el reajuste del pago de sus prestaciones sociales, al haber transcurrido más del tiempo establecido en los Artículos 864 y 867 del Código del Trabajo, así como también por haber sido conciliado el reclamo del demandante en cuanto al pago de sus prestaciones sociales como anteriormente se señaló y así lo observó el Tribunal de Alzada, en la Sentencia dictada en fecha 1 de marzo del año 2017; por todo lo anteriormente expuesto, este Juzgador es del criterio en declarar no ha lugar la demanda laboral.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, en fecha 27 de abril del 2018, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que la empresa demandada demostró que el actor no era afilado a la organización sindical, por tanto no le compete reclamar tal derecho, circunstancia que también no le permite gozar de los demás beneficios sociales al tenor de lo que estatuye el artículo 60-A del Código del Trabajo; es decir, a los incrementos y ajustes salariales que aspira, por ser derechos que solamente corresponde a los trabajadores sindicalizados; a los anteriores razonamientos se suma el hecho de que una de las formas de extinción de las obligaciones es el pago; en el subjudice, al haber aceptado el trabajador a través de su apoderada judicial el pago de sus prestaciones laborales y por cuya razón extendió a favor de la demandada el respectivo finiquito, tal extremo lo excluye para presentar algún reclamo que se derive de la presente causa, por constar de autos que son derechos que fueron satisfechos oportunamente; y de la confrontación de la sentencia recurrida con las pretensiones de las partes y de la valoración de la prueba, de los razonamientos fácticos y jurídicos desarrollados en el presente fallo, el Tribunal estima no atendibles los argumentos de la recurrente, y por ende concluye que procede confirmar la sentencia impugnada por estar dictada con arreglo a derecho.- 5.- Mediante auto de fecha 29 de mayo del 2018, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada EDORFILIA ALVAREZ ACUÑA, en su condición de representante procesal del señor MARCO ANTONIO LÓPEZ, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 30 de julio del 2018, compareció ante este Tribunal la Abogada EDORFILIA ALVAREZ ACUÑA, en su condición de representante procesal del señor MARCO ANTONIO LÓPEZ, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 31 de julio del 2018, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 22 de octubre del 2018, se tuvo por precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte del Abogado JOSÉ ENRIQUE CARDONA CHAPAS, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO: I. Que el Recurso de Casación configura un medio de impugnación que a la vez sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del Derecho y es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura es dirigida contra un fallo que hace tránsito a cosa juzgada dictado por un Tribunal de Apelación, alegándose infracción de la ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la norma legal sustancial; por ello, el Recurrente hace uso de esta vía procesal extraordinaria está obligado a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del juicio laboral con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero se debe revisar si el libelo casacional llena todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales.- II.- Que los requisitos de forma que la ley exige para la demanda de casación laboral deben aparecer en el texto mismo del libelo y no pueden darse por demostrados por la vía de la inferencia. En el sub júdice, la Impetrante no cumple con los requisitos señalados en el artículo 765 y 769 numerales 1) y 5) del Código del Trabajo, omite consignar debidamente la designación de las partes, así como expresar el o los motivos de casación conforme a la norma indicada, ya que no se encuentra uno debidamente estructurado, también yerra en la relación sintética de los hechos en litigio, ya que han sido extensos y con falta de claridad y precisión.- III.- Estos defectos técnicos vuelven ineficaz el recurso de casación laboral que nos ocupa.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiocho días del mes de febrero del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha cinco de febrero del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 210-18.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

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