Sentencia CL-197-18 — Registro 9388
Resumen
Segunda instancia reformo la sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de derechos adquiridos, prestaciones y otras indemnizaciones laborales
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Dentro de las normas que indica como violadas, cita el artículo 100 numerales 4), 5), y, 15) del Código del Trabajo, el cual no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) señala también como normas infringidas, los artículos 99, 101 y 102 del mismo Código, los cuales contienen varios párrafos que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas, de las que no se precisó a cuál de ellas dirige su ataque contra el fallo impugnado; c) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del numeral primero artículo 765 del Código de Trabajo, en que encuentra comprendido el cargo; y, d) formula alegatos propios de instancia.- "...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veinticuatro días del mes de septiembre del dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 25 de julio de 2018, por el Abogado DANIEL ALEXANDER ORTIZ, mayor de edad, soltero, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), como recurrente; además, es parte recurrida, el señor JOSE LUIS ZELAYA MEJIA, representado en juicio por la Abogada LESBIA DIAMANTINA ANTUNEZ OCHOA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para el pago de derechos adquiridos, prestaciones y otras indemnizaciones laborales, promovida ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha 31 de junio del 2015, por el Abogado RUBEN ALFONSO CRUZ DAVID, en su condición de apoderado legal del señor JOSE LUIS ZELAYA MEJIA, hondureño, mayor de edad, casado, jornalero y con domicilio en La Ceiba, Atlántida, contra el SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), por medio de su GERENTE GENERAL, en ese entonces el señor LUIS RENE EVELINE HERNANDEZ, mayor de edad, hondureño, Ingeniero Civil y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 19 de abril del 2018, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida, que falló REFORMANDO la sentencia de fecha 22 de febrero del 2018, proferida por el de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: Declarando NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado DANIEL ALEXANDER ORTIZ en su condición de apoderado legal del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA). SEGUNDO: Declarando HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la abogada LESBIA DIAMANTINA ANTÚNEZ OCHOA en su condición de apoderada legal del señor JOSE LUIS ZELAYA MEJIA. TERCERO: Se CONFIRMA PARCIALMENTE LA SENTENCIA dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Atlántida en fecha veintidós de Febrero del año dos mil Dieciocho, A.- Se confirma en cuanto declara con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales derechos adquiridos pago de treinta días por indemnización, pago de ciento veinte días de salarios por suspensión de labores promovida por el Abogado RUBEN ALFONSO CRUZ DAVID en su condición de apoderado legal del señor JOSE LUIS ZELAYA MEJIA. B.- Se REVOCA el numeral segundo del fallo en lo que refiere a la cuantía de la condena misma que se modifica de la siguiente manera en consecuencia se condena a la entidad Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) por medio de su Geren1e General señor LUIS RENÉ EVELINE HERNANDEZ a pagarle al trabajador JOSE LUIS ZELAYA MEJIA la cantidad de trescientos cuarenta y cuatro mil ochocientos seis lempiras con diez centavos (Lps. 344,806.10) conceptos que se desglosan de la siguiente manera A. - Preaviso 60 días veintiocho mil novecientos un lempira con sesenta y dos centavos (Lps. 28,90 l2), auxilio de cesantía doscientos doce mil cuatrocientos veintiséis lempas con noventa y seis centavos (Lps.212,426.96), auxilio de cesantía proporcional veintinueve mil trescientos treinta y cinco lempiras con catorce centavos (Lps.29,335.14), décimo tercer mes de salario proporcional tres mil trescientos veintiséis lempiras con sesenta y cinco centavos (Lps.3,326.65), décimo cuarto mes proporcional siete mil ochocientos sesenta y tres lempiras con sesenta y seis centavos (Lps.7,863.66), vacaciones proporcionales: seis mil quinientos sesenta lempiras con cuarenta y un centavos (Lps.6,560.4 1), bono de vacaciones catorce mil quinientos dieciséis lempiras con sesenta y seis centavos (Lps.14,516.66), 30 días de indemnización por omisión de despido ocho mil trescientos setenta y cinco mil lempiras exactos (Lps.8,375.00), 120 días por suspensión de labores treinta y tres mil quinientos lempiras exactos (Lps.33,500.00). Mas a título de daños y perjuicios los salarios y beneficios legales y contractualmente dejados de percibir desde la fecha que se produjo el despido hasta la fecha en que sujeción a las normas legales correspondiente quede firme la sentencia. CUARTO: SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que en fecha 2 de julio del año 2007, fue contratada por la entidad Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), para desempeñarse en al cargo operador en el cargo de equipo en el departamento de acueducto en honorarios distribuidos de la siguiente manera: de 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. de lunes a viernes y descansando los días sábado y domingo; con un salario base mensual en lo últimos meses de L.8,375.00, que devengó hasta el día 4 de mayo del año 2015, de su despido, sin embargo, el patrono no le ha pagado sus derechos y prestaciones laborales y es por esta razón que no han conciliado, por lo que acudió a las oficinas administrativas de la Secretaría de Trabajo con el objetivo de agotar el procedimiento administrativo y después de varias citas a la parte patronal a las cuales no compareció; en fecha 20 de mayo del año 2015, la señora Inspectora del Trabajo, procedió a levantar acta de comparecencia, finalizando el reclamo administrativo.- 2.- La parte demandada, el SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), contestó dicha demanda señalando que notificó a un grupo de trabajadores que laboran dentro de la institución, la Suspensión de sus Contratos Individuales de Trabajo con efectividad a partir del 3 de enero de 2015 al 4 de mayo de 2015, mediante una nota cuyo contenido literal era el siguiente: “Por este medio se le notifica la decisión del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), de suspender por un término de 120 días el Contrato Individual de Trabajo que sirve de vínculo jurídico entre usted y la institución.- Esta suspensión de labores será efectiva a partir del 03 de enero de 2015 hasta el 02 de mayo de 2015, debiéndose reincorporar a sus labores el día 04 de mayo de 2015.- La anterior decisión se fundamenta en lo estipulado en el Artículo 100 numerales 4) 5) y 15) del Código del Trabajo, mismo que literalmente consigna: “Artículo 100: Son causas de suspensión de los contratos de trabajo sin responsabilidad las partes: 4) La imposibilidad de explotar con un mínimo razonable de utilidad; 5) La falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajadores, sí se comprueba plenamente por el patrono. ...y; 5) Cualquier otra causa justificada no prevista en los ordinales anteriores, a juicio de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Socia’ sirviendo también de fundamento loa artículo no.101, l02 y demás aplicables al Código del Trabajo”, las causas invocadas que sirven de sustento a la Suspensión de los Contratos de Trabajo, aun persistían al 4 de mayo de 2015 y fue por ello que una vez notificada la Secretaría del Trabajo de tales extremos, decidió recurrir al precepto autorizante contenido en el Artículo 111 numeral 8) y segundo párrafo del Código del Trabajo, que consigna que: “Son causas de terminación de los contratos de trabajo:..8) La suspensión de actividades por más de ciento veinte días (120) en los casos 1),3),4),5) y 6) del Artículo 100. Que a pesar que el precepto autorizante invocado en la Terminación de los Contratos de Trabajo, señala que no tiene responsabilidad laboral alguna, esta decidió por mera liberalidad ofrecer el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales a las hoy demandantes, sin embargo estas pretendieron obligar a la demandada a que le paguen estos conceptos utilizando como base de cálculo una formula total y absolutamente errada y ajena a lo que fue convenido mediante la contratación colectiva en su cláusula 44 literal e), numeral 4). Dejando claro que al haberse dado por Terminados sus Contratos de Trabajo, conforme a una causa legalmente establecida y sumado a ello expresamente señala que no habrá responsabilidad de la demandada, implica que esta no puede ser obligada a pagar los conceptos reclamados y que fueron ofrecidos por mera liberalidad, solicitando que revise detenidamente el cálculo de prestaciones de las demandantes, comparando el salario promedio diario que pretenden utilizar con el salario diario; lo que podrá concluir que lo solicitado por la actora es absurdo, erróneo y totalmente fuera de lo que establece nuestra legislación e incluso de lo convenido en el Contrato Colectivo vigente, que no procede el reintegro o el pago de prestaciones laborales que constituyen las cadenas que deviene a pedir el demandante, La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social ya emitió resolución declarando con lugar la suspensión de labores y dicha resolución se encuentra firme, que el demandante ha tomado a la ligera; sin embargo, es constitutivo de delito, específicamente se encuentra regulado en el artículo 284, numeral 5) del Código Penal, el que literalmente dice: “será sancionado con reclusión de tres a nueve años, quien hiciere en todo o en parte un documento público falso o alterare uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, ejecutando cualquiera de los hechos siguientes 5) alterando as fechas y cantidades verdaderas”; el demandante alteró el cálculo de prestaciones incrementándolo en todos sus conceptos, faltando a la verdad, lo que de materializarse implicaría un cobro en exceso en prejuicio de una institución en servicio de la colectividad hondureña, por lo que este acto no puede quedar inadvertido. Es precisamente este motivo la razón por la que el SANAA no ha podido pagar las prestaciones a las demandantes, por presentar cantidades exorbitantes, enormes, gigantescas y ajenas a lo convenido.- 3.- El Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha 22 de febrero del 2018, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, derechos adquiridos, pago de 30 días por indemnización, pago de 120 días de salarios por suspensión de labores y salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, promovida por el señor José Luis Zelaya Mejía contra la entidad Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), en consecuencia condenó al demandado, a pagarle al trabajador la cantidad de L.227,819.94 por los conceptos que se desglosan a continuación a) Preaviso; 60 días L.19,541.67; b) Auxilio de Cesantía; 504 días L.140,696.64; c) Vacaciones proporcionales; 52 días, L.14,51632, d) Decimotercer mes Proporcional 10.33 días L.3,326.65) e) Decimocuarto mes Proporcional; 25.33 días L.7,863.66; f) 30 días de salario por Indemnización por Omisión de Preaviso; L.8,375.00; g) 120 días de salario por Suspensión de labores L.33,500.00, más a título de daños y perjuicios los salarios y beneficios legales y contractualmente dejados de percibir, desde la fecha que se produjo el despido hasta la fecha en que con sujeción a las normas legales correspondientes quede firme la sentencia respectiva, sin costas; bajo el criterio que cuando el hecho que la origine sea previsible según lo dispone el artículo 101 del Código del Trabajo, y en la presente causa queda probado que la Entidad Estatal demandada primero procedió en fecha 3 de enero 2015, suspender la actividad laboral del señor demandante José Luis Zelaya sin previo aviso, y posteriormente en fecha 7 de enero 2015, realizó la solicitud de suspensión ante la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, donde señalan en la nota de despido que el trabajador demandante fue suspendido en dicha fecha y en la resolución de tal suspensión señalan que en fecha 7 de enero 2015, realizan la solicitud de suspensión referida, resolución que si bien es cierto la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, les resuelve con lugar y de forma parcial tal solicitud, no obstante la misma no se realizó conforme al procedimiento correspondiente y fue resuelta hasta en fecha 24 de noviembre 2015, cuando ya la patronal había despedido al trabajador demandante, resolución en la que le ordenan a la patronal demandada que deben pagar la indemnización por 30 días por no dar el preaviso correspondiente, por lo que al trabajador José Luis Zelaya Mejía le asisten los derechos emanados del contrato de trabajo, como ser entre otros el pago de salario correspondientes del 3 de enero 2015, al 4 de mayo de dicho año, periodo en el que fue suspendido por 120 días, de igual manera la patronal debe pagarle 30 días de salario por indemnización por no avisarle con 30 días de anticipación a la interrupción de sus labores, como lo establece el artículo 102 de dicho cuerpo legal. Que el patrono procedió a despedir al demandante en fecha 4 de mayo 2015, invocando como justa causa para dar por finalizado el contrato de trabajo que les unía la establecida en el numeral 8 del artículo 111 del Código del Trabajo, que señala la suspensión de actividades por más de 120 días en los casos 1, 3, 4, 5 y 6 del artículo 100, solicitud de suspensión que realizó fuera del procedimiento legal correspondiente conforme lo disponen dichos artículos, y sin esperar la resolución donde la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social aprobara la causa o motivo de tal suspensión, procedió a despedir al trabajador demandante una vez cumplidos los 120 días de suspensión, en tal sentido, de lo anteriormente expuesto, procede declarar con lugar la demanda de mérito. Que el Contrato Colectivo de condiciones de trabajo celebrado entre el SANAA y SITRASANAAYS dispone en la cláusula 43 literal e), que todo trabajador al servicio continuo de dicha entidad Estatal que labore de forma continua de 5 a 14 años, tendrá derecho a vacaciones de 25 días laborables con pago adicional de 52 días de salario, es decir, que la remuneración de vacaciones corresponderá a 52 días, derecho que le asiste al demandante, por laborar de forma continua más de 7 años; asimismo, dispone en la Cláusula 44 numeral 1), que cuando el contrato de trabajo por tiempo indefinido termine por alguna de las causas ajenas a la voluntad del trabajador dicha entidad pagara el auxilio de cesantía, de un trabajo continuo de 1.1 año a 9 años, el importe igual a 63 días de salario por cada año laborado, derecho que de igual manera le asiste al trabajador demandante por laborar más de siete años continuos. Que en cuanto a lo dispuesto en las cláusulas 84 de dicho contrato colectivo vigente, no quedó probado en juicio por la parte actora que en los años anteriores ha tenido aumentos o ha venido devengando el mismo salario de L.8,375.00 que obtenía en el año 2015, a demás dicha cláusula señala que para que se dé el aumento salarial éste debe ser revisado y analizado por la empresa y el sindicato de trabajadores, donde no señalan un porcentaje fijo del que se pueda considerar; y con respecto a las cláusulas 88 y 100 de dicho contrato colectivo, que se refiere al pago del decimotercer mes en concepto de aguinaldo y el decimocuarto mes de salario, quedó acreditado en juicio que la patronal demandada le canceló al trabajador demandante y de acuerdo a dichas cláusulas los correspondientes al año 2014, por la cantidad de L.9,072.92 cada uno de tales derechos, ya que el demandante obtenía un salario mensual de L.8,375.00, por lo que únicamente se considerara para los proporcionales del año 2015.- 4.- La Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida, en fecha 19 de abril del 2018, dictó sentencia REFORMANDO la proferida por el a quo, de la siguiente manera: confirmando en cuanto declara con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales derechos adquiridos pago de treinta días por indemnización, pago de 120 días de salarios por suspensión de, revocando el numeral segundo del fallo en lo que refiere a la cuantía de la condena misma que se modifica de la siguiente manera en consecuencia se condena a la entidad Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) a pagarle al demandante la cantidad de L.344,806.10, conceptos que se desglosan de la siguiente manera a) Preaviso 60 días L.28,901.822, auxilio de cesantía L.212,426.96, auxilio de cesantía proporcional L.29,335.14, decimotercer mes de salario proporcional L.3,326.65, decimocuarto mes proporcional L.7,863.66, vacaciones proporcionales: L.6,560.41, bono de vacaciones L.14,516.66, 30 días de indemnización por omisión de despido L.8,375.00, 120 días por suspensión de labores L.33,500.00, más a título de daños y perjuicios los salarios y beneficios legales y contractualmente dejados de percibir desde la fecha que se produjo el despido hasta la fecha en que sujeción a las normas legales correspondientes quede firme la sentencia, sin costas; bajo el criterio que según disposición de la cláusula 43 del contrato colectivo se indica que para los efectos del cálculo de pago adicional de los días de salario que en este caso es aplicable lo dispuesto en el inciso E de dicho numeral, que son 52 días se pagará tomando de base el último salario devengado, multiplicado por (6.5) y dividido entre seis (6) salarios en tanto que la cláusula 44, señala que para el pago de preaviso, auxilio de cesantía y derechos adquiridos se utilizara la suma de los salarios devengados estos últimos 6.5 meses incluyendo los proporcionales de los derechos adquiridos (13er, 14to, vacaciones, bonificaciones, bono de compensación) dividido entre seis meses para obtener sus promedios, por lo tanto salario que debió promediarse fue el resultado de la suma de los conceptos anteriormente señalados lo que haciendo la operación aritmética correspondiente da un salario promedio mensual de L.14,450.81, y dentro de esos parámetros es que se debe calcular preaviso y cesantía.- 5.- Mediante auto de fecha 17 de mayo del 2018, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado DANIEL ALEXANDER ORTIZ, en su condición de representante procesal del SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 25 de julio del 2018, compareció ante este Tribunal el Abogado DANIEL ALEXANDER ORTIZ, en su condición de representante procesal del SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 26 de julio del 2018, se tuvo por devuelto el traslado conferido a el Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 2 de abril del 2018, se declaró precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte de la Abogada LESBIA DIAMANTINA ANTUNEZ OCHOA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida/recurrente, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO: I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que el Abogado DANIEL ALEXANDER ORTIZ, en su único motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva nacional de índole laboral por infracción indirecta proveniente de error de hecho debido a la apreciación errónea del medio de prueba documental propuesta por la parte demandante que obra a folios 69 al 96 de la primera pieza de autos.- NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. Las normas sustantivas nacionales de índole laboral violada por la sentencia recurrida están contenidas en los artículos 99, 100 numerales 4, 5 y 15,101,102,111 numeral 8 párrafo segundo.- REGLAS PROCÉSALES VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. Las normas procésales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo y206 del Código Procesal Civil. PRUEBA APRECIADA ERRONEAMENTE. La prueba apreciada erróneamente en este motivo es: DOCUMENTAL: consistente en: resolución número 154-2015 emitida por la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social en fecha 24 de noviembre del año 2015 que corre agregada del folio 69 al 96 de la primera pieza de autos. PRECEPTO AUTORIZANTE CON RESPECTO A ESTE MOTIVO. Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN. En la motivación de la sentencia de fecha 19 de abril de 2018, se pueden percibir los errores en que incurrió el Tribunal A Quem en la formación de su convencimiento. Tanto al momento de aplicar la norma sustantiva al caso concreto, así como en la apreciación de los medios probatorios los cuales describiré a continuación: Primero: Honorables Magistrados tanto el Tribunal Aquo como el Tribunal Ad quem han quebrantado el ordenamiento jurídico al inobservar la norma establecida en los artículos 101 y 102 del Código de Trabajo ya que la Secretaria de Trabajo y Seguridad social como órgano administrativo competente para resolver, si se autoriza o no la suspensión de los contratos de trabajo según lo estipulado en los referidos artículos del Código de Trabajo que literalmente exponen lo siguiente: “la suspensión de contratos de trabajo surtirá efecto desde la conclusión del día en que ocurrió el hecho que le dio origen, siempre que la comprobación de la causa en que se funde se inicie ante la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, o ante los representantes de la misma debidamente autorizados, dentro de los tres días posteriores al ya mencionado.... Si la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social no autorizare la suspensión por no existir la causa alegada o por ser injusta, la declara sin lugar, los trabajadores podrán ejercitar los derechos emanados del Contrato de Trabajo.” De lo anterior se coligen los siguientes elementos: 1) Que el órgano competente para autorizar en sede administrativa la suspensión de contratos de trabajo, es la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social; 2) Que para que el trabajador suspendido pueda ejercitar los derechos emanados del contrato de Trabajo es Necesario que primero exista un pronunciamiento mediante resolución por parte de dicho órgano competente en sede administrativa; 3) Que previo a recurrir a los tribunales para ejercitar estos derechos la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social deberá declarar sin lugar en virtud de no existir la causa alegada o por ser injusta, es decir tienen que pronunciarse primero antes de que puedan demandar. Ahora bien, señores Magistrados la Resolución 154-2015 la cual se declara CON LUGAR la suspensión por parte de la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, exime a mi representada al pago de cantidades derivadas de la suspensión. Como se expone en el numeral anterior, para que mi representada sea condenada a los pagos reclamados, dicha solicitud, tuvo que declararse SIN LUGAR y por consecuencia que sea procedente el pago de las cantidades que el hoy demandante reclama, y como se demostró en el presente juicio este no fue el caso, por lo tanto, es improcedente que se condene a mi representada al pago de las cantidades que se reclaman durante los cuatro meses que duró la suspensión. En el presente caso señores magistrados los tribunales de primera instancia y segunda instancia han inobservado lo estipulado en el artículo 111 numeral 8 el cual literalmente establece son causas de terminación de los contratos de trabajo: “La suspensión de actividades por más de ciento (120) días en los casos 1)2)3)4)5) y 6) del artículo 100” Ya que en el caso de autos quedo comprobado que mi representada suspensión por el termino ciento veinte (120 días) amparados en las siguientes causales : 1) la imposibilidad de explotar la empresa con un mínimo razonable de utilidad 2) la falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos, causales que fueron plenamente acreditadas ante la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social conduciendo a declarar con lugar la solicitud de suspensión de contratos de trabajo por lo anterior nos lleva a una desnaturalización del despido injustificada que aduce la parte demandante ya que al ampararse en la normativa legal establecida en el Código de Trabajo nos resulta improcedente que se condene a mi representada al pago de salarios de percibir.- otro punto tomar en cuenta que el mismo código de trabajo al terminar la relación laboral conforme al artículo 111 numeral 8 el cual sirve de fundamento para dar por terminada la relación con el demandante, existe un apartado especial mediante el cual libera de responsabilidad a mi representada a excepción de la muerte o incapacidad del patrono, circunstancias que no ha ocurrido en el caso de autos por tal razón no hay lugar a dar el pago de salarios dejados de percibir ya que no se enmarca en la figura de despido injustificado, sino en la terminación de la relación laboral sin responsabilidad para las partes.”.- III.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Dentro de las normas que indica como violadas, cita el artículo 100 numerales 4), 5), y, 15) del Código del Trabajo, el cual no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) señala también como normas infringidas, los artículos 99, 101 y 102 del mismo Código, los cuales contienen varios párrafos que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas, de las que no se precisó a cuál de ellas dirige su ataque contra el fallo impugnado; c) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del numeral primero artículo 765 del Código de Trabajo, en que encuentra comprendido el cargo; y, d) formula alegatos propios de instancia.- IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo.-
POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diecinueve días del mes de noviembre del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha veinticuatro de septiembre del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 197-18.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
14