Sentencia CL-19-18 — Registro 9184
Resumen
Segunda instancia reformó declarando con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones laborales por despido directo, injusto e ilegal, pago de salarios caídos, reajuste salarial según cláusula 49 del contrato colectivo de condiciones de trabajo vigente suscrito entre Hondutel y Sitratelh, pago de 120 días de suspensión de labores, demás conceptos laborales indemnizatorios
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por contener los defectos técnicos siguientes: a) para que exista interpretación errónea de la ley, es necesario que el Juzgador haya aplicado y determinado el alcance y contenido de la norma señalada como infringida, en este caso el artículo 101 párrafo segundo del Código del Trabajo, pero al revisar el fallo impugnado no aparece que se haya dado esa situación; y, b) el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales le fue ofrecido al demandante por la demandada al notificar la terminación de la relación laboral, por ende, sino se efectuó o se consignaron oportunamente los valores correspondientes, eso acarrea la responsabilidad a que fuera condenada en el proceso."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede resulta inestimable a razón de que al igual que en el anterior motivo, se alega la interpretación errónea de la ley (artículo 100 numerales 4), 5) y 15) del Código del Trabajo, que se refiere a las causas de suspensión de los contratos de trabajo), disposición que no es de carácter sustantiva; además, no se indica la manera en que el ad-quem realizó esa equivocada interpretación de esa norma, ni como debió hacerse, sino que se refiere a un tema vinculado a la terminación de la relación laboral, que desde que se notificó tal determinación, la demandada asumió y garantizó el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales, lo cual no cumplió.- X.- Cabe recordar, que la calidad del extraordinario recurso de casación determina su carácter eminentemente técnico, marco al cual se circunscribe el Tribunal de Casación, y del que no puede salirse; en consecuencia, es deber del recurrente ajustarse al mismo y a su vez fijar el contenido de su petición, la omisión o equivocación en la formalización del recurso da lugar a su fracaso y por ende a su desestimación."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por contener los defectos técnicos siguientes: a) se indica en la formulación el concepto de aplicación indebida de la ley, sin embargo, en la explicación se alude al material probatorio, lo cual es incompatible con el concepto invocado, ya que el mismo se debe exponer al margen de la prueba; y, b) realiza alegatos propios de instancia, lo cual contraría lo dispuesto en el artículo 770 del Código de Trabajo.-"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) cita como infringido el párrafo primero del artículo 101 del Código del Trabajo, el cual carece del carácter sustantivo que exige el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico; conviene recordar, que normas sustantivas son aquellas que confieren derechos y obligaciones correlativos o los extinguen; b) la violación directa de la ley se produce con prescindencia de los hechos controvertidos y por ello del material probatorio y siendo que la forma de terminación de la relación laboral fue objeto de controversia y por ende de la prueba, no era la vía apropiada para el ataque contra el fallo impugnado; y, c) alegando aplicación indebida de la ley, estaba obligado a señalar cuál era la norma que debía ser aplicada correctamente por el Juzgador."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., cinco de septiembre de dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha dieciséis de abril de dos mil dieciocho, por la Abogada WALDINA LIZETTE HANDAL CUBERO, en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), como recurrente; además es parte recurrida, el señor WALTER GEOVANNY JEREZANO MEDRANO, representado en juicio por el Abogado EMILIO ALBERTO CRUZ ZELAYA. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones laborales por despido directo, injusto e ilegal, pago de salarios caídos, reajuste salarial según cláusula 49 del contrato colectivo de condiciones de trabajo vigente suscrito entre Hondutel y Sitratelh, pago de 120 días de suspensión de labores, demás conceptos laborales indemnizatorios, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en fecha veintitrés de febrero de dos mil quince, por el señor WALTER GEOVANNY JEREZANO MEDRANO, mayor de edad, casado, Ingeniero Eléctrico, hondureño y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), por medio de su representante legal señor JESÚS ARTURO MEJÍA ARITA, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha catorce de diciembre de dos mil diecisiete, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, misma que: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO HA LUGAR el recurso de apelación promovido por el apoderado judicial de la parte actora contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, en fecha veintitrés de octubre del presente año (2017) en la demanda de la referencia, consecuentemente se REFORMA la misma en cuanto a: Declarar CON LUGAR la demanda para el pago de salarios dejados de percibir desde la fecha del cese laboral hasta que quede firme el presente fallo; consecuentemente se condena a la demandada al pago de tal concepto; SEGUNDO: Se CONFIRMA la sentencia en sus demás extremos; TERCERO: SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), el 01 de marzo de 1998, con salario base de L. 36,064.50, por modalidad de acuerdo como Jefe de Sección Cable Subterráneo, en Puerto Cortés, con un horario de 8:00 a.m. a 04:00 p.m. de lunes a viernes, durante el tiempo que laboró lo hizo siempre con esmero y dedicación en cada una de sus labores cotidianas, y es por esas razones nunca tuvo un llamado de atención en su expediente personal. Manifiesta que Hondutel con el ánimo de evadir el cumplimiento de los beneficios y conquistas que derivan del XII contrato colectivo de condiciones de trabajo suscrito entre HONDUTEL y SITRATELH, procedió a incumplir la aplicación de los aumentos incumplir la aplicación de los aumentos anuales del 10% que reza la cláusula 49 del referido contrato, la cual constituye una conquista “vigente” de los trabajadores de la empresa estatal, sin embargo desde el año 2012 Hondutel no ha venido aplicando los aumentos. Por la razón anterior el SITRATELH ejército en tiempo y forma una acción ordinaria en los Juzgados del Trabajo de Tegucigalpa a efecto de lograr el ajuste del 10% de aumento salarial por los años 2010, 2011 y 2012, pero no se han exigido el pago de los mencionados aumentos para los años 2013 y 2014, y es por ello que se solicita le sean reconocidos los reajustes salariales en las cantidades exactas que se ha dejado de percibir. Que Hondutel en fecha 08 de octubre del 2014, procedió a suspender de forma efectiva su contrato individual de trabajo por el término de 120 días, alegando como causal, la consignada en el artículo 100 numeral 4, 5 y 15 del Código de Trabajo. Durante el proceso de suspensión, el patrono incumplió el siguiente precepto legal: DESPIDO INMEDIATO E INJUSTIFICADO AL TERMINO DE LA SUSPENSION DE CONTRATOS: que los 120 días de suspensión de contratos de trabajo de la cual fue objeto el demandante, “vencieron el 04 de febrero del 2015” sin existir hasta este día una aprobación por la Secretaría General del Trabajo y por tal razón Hondutel estaba en la obligación legal de reintegrarlo a sus labores; sin embargo el patrono sin estar autorizado para ello, procedió a despedirlo de forma unilateral en fecha 05 de febrero del 2015, mediante nota de despido que alegaba que la causa de suspensión aún no había sido aprobada.- 2. La parte demandada, la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), contestó dicha demanda señalando que con el propósito de rescatar a Hondutel, el siete (7) de octubre del año dos mil catorce (2014), esta empresa, invocando lo establecido en los artículos 100 numerales 4), 5) y 15), 101, 102 y demás aplicables del Código de Trabajo, procedió a notificarle en legal y debida forma la medida de suspensión parcial de los contratos individuales de trabajo a 660 trabajadores, con efectividad a partir del día hábil siguiente (8 de octubre del 2014), por el término de ciento veinte (120) días, es decir, hasta el día cuatro (4) de febrero del año dos mil quince (2015), debiéndose presentar a sus labores el personal suspendido el día cinco (5) de febrero del año dos mil quince (2015). Cabe señalar que dentro del personal suspendido se encontraba el demandante. Que es de público conocimiento la precaria situación económica de Hondutel, empresa que ha venido operando con pérdidas netas desde el año medidas para el saneamiento financiero administrativo tomadas por la actual administración, sigue siendo imposible que Hondutel opere con un mínimo razonable de utilidades; como consecuencia de ello, resultó ineludible que la empresa recurriera a una serie de medidas para lograr disminuir las referidas pérdidas, siendo éstas, entre otras, las siguientes: a) Recuperación e incremento de ingresos por tráfico internacional de llamadas a través de una ágil administración de tasas de terminación; b) Incremento en las ventas de servicios corporativos, principalmente con clientes gubernamentales; c) Ampliaciones de sistemas para atender la demanda de los servicios de datos, y d) Reducción del gasto corriente en el renglón de servicios personales, sin embargo, lastimosamente la situación de la empresa no puede ser revertida a corto plazo sin tener que tomar otras decisiones de mayor envergadura, pero igualmente necesarias, siendo una de ellas la suspensión parcial de los contratos individuales de trabajo de 660 de sus empleados.- 3. El Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en fecha veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, dictó sentencia declarando parcialmente con lugar la demanda ordinaria laboral en cuanto al pago de prestaciones sociales pero calculado conforme al salario devengado por el demandante en los últimos 6 meses de labores anteriores a la suspensión de la relación laboral, promovida por el señor Walter Geovanny Jerezano Medrano, contra la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel); declaró sin lugar la demanda en cuanto al pago de reajuste salarial de los años 2012, 2013, 2014, 2015 y en cuanto a los salarios dejados de percibir; condenando a la demandada al pago de la cantidad de L.905,951.08 a favor del demandante, por el concepto de prestaciones sociales, sin costas; bajo el criterio que el legislador en materia laboral estableció en forma enumerada y concreta las causas por las cuales puede finalizar la relación laboral las cuales se encuentran en el artículo 111 del Código del Trabajo; asimismo el legislador otorgó en forma más o menos equitativa las razones por las cuales el patrono o el trabajador puede dar por finalizado el contrato de trabajo sin responsabilidad, estableciendo dichas facultades en los artículos 112 y 114 respectivamente del mismo cuerpo legal; en el caso que nos ocupa la empresa demandada establece que la finalización de la relación laboral con el demandante, se debe a que luego de haber suspendido el contrato de trabajo con el demandante por el término de 120 días el día 7 de octubre del año 2014, fundándose en lo que establece el artículo 100 numerales 4), 5) y 15), artículo 101 y 102 del Código del Trabajo, posteriormente por no haber desaparecido las causas que dieron origen a la suspensión de su contrato de trabajo, la empresa demandada decide en fecha 5 de febrero del año 2015 (Ver F.12), comunicarle al demandante la terminación de la relación laboral, esto debido a la grave crisis económica que en ese momento atravesaba la empresa demandada, dicha causa si ha sido probada por la patronal conforme se desprende de la certificación de los Estados de Resultados de los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 (ver F.76-86); lo anterior se enmarca en lo que estableció el legislador en cuanto a las causas de terminación de la relación laboral, cuando el patrono atraviese una grave crisis económica que no le permita la reanudación de labores, estableciéndolas en el artículo 111 numeral 8) del Código del Trabajo en relación del artículo 100 numeral 4) y 5) de la misma norma. De ello es preciso señalar que, en el presente caso, la empresa demandada a fin de seguir en operación, redujo su personal y de esa forma mantener los empleos de los restantes trabajadores. El demandante pudo haber impugnado o ejercido acciones legales contra la suspensión de su contrato de trabajo, pero durante el presente juicio no ha probado haberlos realizado, con ello ha consentido tácitamente dicha suspensión de labores, Asimismo en cuanto a lo que alega el demandante del incumplimiento de la patronal sobre beneficios y conquistas sociales derivadas del Contrato Colectivo, es preciso señalar que la empresa demandada al ser una empresa del Sector Público, está se rige por los Decretos Legislativos que establecen las Disposiciones del Presupuesto General de la República para los años fiscales 2012, 2013, 2014 y 2015, los que son Ley de la República y por ende de estricto cumplimiento para los diferentes entidades del Gobierno Central, Instituciones Centralizadas, descentralizadas o desconcentradas así como para los servidores públicos y trabajadores del sector público, en los cuales el legislador estableció una prohibición al sector público en cuanto a contraer compromisos económicos derivados de contratos colectivos, asimismo estableció prohibición de aumentos salariales y por ultimo estableció la congelación de los sueldos de los servidores y trabajadores del sector público, lo cual se encuentra normado en los artículos 112 del Decreto Legislativo 255-2011 referente al Presupuesto General de la República para el año 2012; artículos 36 y 120 del Decreto Legislativo 223-2012 referente al Presupuesto General de la República para el año 2013; artículos 117 y 119 del Decreto Legislativo 360-2013 referente al Presupuesto General de la República para el año 2014 y artículos 123 y 126 del Decreto Legislativo 140-2014 referente al Presupuesto General de la República para el año 2015; y en el caso que nos ocupa, tanto la empresa demandada como el demandante se encuentran incluidos a lo que se conoce como Sector Público, aun y cuando al demandante le sean aplicables las normas del Código del Trabajo.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha catorce de diciembre de dos mil diecisiete, dictó sentencia reformando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que para el Tribunal de segunda instancia su marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, derivado todo de las alegaciones iniciales efectuadas en dicho Tribunal; de manera que el apelante fija los puntos que lo distancian de la determinación del Juez, al igual que las razones en que sustenta la pretensión de enmienda; ello en atención a la personalidad del recurso y observancia en el principio de la iuranovit curia para resolver la cuestión litigiosa con arreglo a derecho, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente (art. 12.5 CPC); es decir, por virtud del principio dispositivo, el ámbito de conocimiento del tribunal para resolver el recurso de apelación lo limita el recurrente, tanto lo que sea su objeto (sólo podrá enjuiciarse los pronunciamientos recurridos) como en los motivos que se examinen (sólo los alegados por el recurrente) o la cuestión jurídica que se lleve a debate (sólo la referida por el recurrente) (Dr. Diego de Diez, Alfredo, “La apelación en el Código Procesal Civil Hondureño” página 75). De lo anterior, éste tribunal de alzada, por disposición de las partes tiene competencia para conocer y decidir sobre lo planteado en el recurso de mérito, confrontado con el material fáctico, probatorio y legal que obra en el proceso (en similares términos se ha venido pronunciando ésta alzada en los precedentes que se registran bajo los números 10855, 10615, 0501-2015-026 y 0501-2015-057 entre otros y que en el presente caso reitera); concluyéndose de lo anterior que por las posiciones asumidas por los Procuradores en el desempeño de sus funciones de defensa y representación en el proceso, responden éstos ante sus representados. De conformidad al artículo 200 del Código Procesal Civil, las sentencias deben ser motivadas suficientemente, situación que en el presente caso tal y como lo expone el recurrente, el fallo carece de dicho requisito formal, al no establecerse las razones por las cuales se exime de los salarios dejados de percibir, más por virtud del recurso de apelación este tribunal cuenta con los elementos necesarios para pronunciarse sobre tal extremo, recordándole al Juez que en lo sucesivo debe observar dicha normativa procesal. El artículo 113 del Código del Trabajo establece que la condena de los salarios dejados de percibir procede cuando el despido es injusto, en el caso que nos ocupa, el recurrente pretende dicha condena por estimar que el ofrecimiento del pago de prestaciones no exime a la demandada de tal responsabilidad, argumento que este Tribunal estima atendible, pues si bien tal y como lo consideró el iudex a-quo en la sentencia impugnada valoró los motivos de la desvinculación laboral como válidos para ello, por tratarse de una situación que se enmarca dentro de los supuestos legales que señala el artículo 111 de la normativa en referencia; más tal circunstancia no exime del pago de salarios caídos, si el pago de prestaciones no se hizo de forma oportuna ya sea de manera directa o mediante consignación, consecuentemente esta Alzada estima procedente reformar la sentencia apelada por no estar ajustada al espíritu contenido en el artículo 113 del citado cuerpo de leyes; y, en consecuencia, Reforma la sentencia del A quo, en el sentido de declarar con lugar la demanda para el pago de salarios dejados de percibir desde la fecha del cese laboral hasta que quede firme el presente fallo; condenando a la demandada al pago de tal concepto; se confirma la sentencia en sus demás extremos.- 5. Mediante auto de fecha catorce de febrero de dos mil dieciocho, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada WALDINA LIZETTE HANDAL CUBERO, en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha dieciséis de abril de dos mil dieciocho, compareció ante éste Tribunal la Abogada WALDINA LIZETTE HANDAL CUBERO, en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), formalizando su demanda, exponiendo cuatro motivos de casación, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién no hizo uso de ese derecho, por lo que, en proveído de fecha cinco de septiembre de dos mil dieciocho, se declaró precluido de derecho e irrevocablemente perdido el término dejado de utilizar por parte del Abogado EMILIO ALBERTO CRUZ ZELAYA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que la Abogada WALDINA LIZETTE HANDAL CUBERO, en su primer motivo de casación alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional de índole laboral, por violación directa por APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA SUSTANTIVA del primer párrafo del artículo 113 del Código del Trabajo, que indica: “La terminación del contrato conforme a una de las causas enumeradas en el artículo anterior, surte efectos desde que el patrono la comunique al trabajador, pero éste goza del derecho de emplazarlo ante los Tribunales del Trabajo, antes de que transcurra el término de prescripción, con el objeto de que le pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrono no prueba dicha causa debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según este Código le puedan corresponder y, a título de daños y perjuicios, los salarios que éste habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del presente Código debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva”; en relación con el 112 del Código del Trabajo, que establece las causas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato sin responsabilidad de su parte. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El primer párrafo del artículo 113 instaura que: “La terminación del contrato conforme a una de las causas enumeradas en el articulo anterior, surte efectos desde que el patrono la comunique al trabajador, pero éste goza del derecho de emplazarlo ante los Tribunales del Trabajo, antes de que transcurra el termino de prescripción, con el objeto de que le pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrono no prueba dicha causa debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según este Código le puedan corresponder y, a título de daños y perjuicios, los salarios que éste habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del presente Código debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva”. La corte sentenciadora incurrió en violación directa por APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA SUSTANTIVA de índole laboral contenida en el precitado artículo en virtud de que en el caso de marras la cancelación laboral fue justificado con causal en el Código de Trabajo, razón por lo cual al otorgarle los salarios dejados de percibir, se estaría enmarcando en un despido injustificado ya que solo en este caso es cuando procede este pago indemnizatorio tal como lo consigna el artículo 113 de dicha norma laboral.- De lo anterior, se infiere que la Corte de Apelaciones del Trabajo aplicó el primer párrafo artículo 113 en relación con 112 del Código de Trabajo, preceptos legales que fueron aplicados de forma indebida porque HONDUTEL en ningún momento canceló o despidió al demandante con fundamento en una de las causales establecidas en los incisos de artículo 112, sino que más bien dio por terminado el contrato de trabajo de forma unilateral amparado en el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo. El A quem al otorgarle al demandante los salarios dejados de percibir causa perjuicio a mi representada ya que como está consignado en la audiencia de conciliación ante el Juzgado (ver folio 43), se le hizo saber al demandante en donde se encontraba el pago de sus prestaciones laborales, con número de cheque y valor a pagar, el cual no se pudo consignar al Juzgado en virtud de fideicomiso con el Banco Atlántida quien otorgó el dinero para el pago de prestaciones laborales ya que dicho cheque solo podía ser entregado por el banco al demandante (mi representada solo envió los valores a pagar de todos los demandante suspendidos a la persona encargada del fideicomiso y el banco fue quien elaboró el cheque), razón por la cual consideramos injusto que el A quem nos pretenda hacer responsables de que el demandante no haya cobrado sus prestaciones a tiempo, ya que el 17 de febrero del 2015 (ver folio 16) se realizó las diligencias gubernativas ante la Secretaría del Trabajo del 2015, en ese momento se ofreció la conciliación y no se contaba con el cheque pero la parte actora no quiso conciliar; sin embargo, la demanda se interpuso el 23 de febrero del 2015 y el cheque fue elaborado en fecha 18 de mayo del mismo año (habiendo transcurrido solo dos meses), asimismo, la audiencia de conciliación ante el Juzgado se llevó a cabo en agosto de ese mismo año (o sea tres meses después de emitido el cheque), y se ofreció el arreglo conciliatorio, pero nuevamente la parte actora no quiso llegar a un acuerdo (ver folio 43) y en esa audiencia quedó plasmada la intención de Hondutel de pagar las prestaciones al demandante; mi representada no podía obligar al demandante a que se presentara al Banco a cobrar sus prestaciones sociales; ya para ese entonces no hay un supuesto como alegó la parte actora, ya el cheque estaba emitido con un valor, fecha y número de cheque; hecho éste que el A quo tomó en consideración ya que existía la voluntad de mi mandante de pagar las prestaciones sociales al demandante pero que siempre fue la parte actora apelante quien no quiso conciliar, de donde se colige que el A quo no otorgara los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, siendo esto un hecho probado en el numeral tercero de la sentencia definitiva (ver folio 184) y que por un lapsus calamis al momento de emitir la sentencia éste no motivó el hecho de no otorgar los salarios dejados de percibir. Aquí no hay supuestos sino hechos probados; el A quem justifica que si proceden los salarios dejados de percibir amparado en el artículo 200 del CPC solo porque el A quo no motivó en la sentencia el no pago de dicho concepto indemnizatorio, sin embargo los justifica con los hechos probados en su numeral tercero, así como también, en ningún momento el artículo 200 del CPC expresa que por la no motivación de un fallo puede condenarse al pago de los salarios dejados de percibir al demandado en tal sentido el referido artículo en el numeral 2 inciso d) literalmente expresa: “El fallo contendrá numerados los pronunciamientos correspondientes a las pretensiones de las partes, aunque la estimación o desestimación de todas o algunas de dichas pretensiones pudiera deducirse de los fundamentos jurídicos....”, en este caso no fue motivada en la sentencia pero si en los hechos probados del juicio.- Finalmente, honorable Corte Suprema de Justicia, ha quedado demostrado con argumentos jurídicos densos, que la sentencia proferida por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo violentó de forma directa LA NORMA SUSTANTIVA invocada al aplicar al caso concreto indebidamente el artículo 112 (causas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato), TENIENDO QUE HABER APLICADO EL ARTICULO 111 NUMERAL 8) DEL CÓDIGO DE TRABAJO, así como también que no proceden los salarios dejados de percibir por el hecho de no haber sido motivado en la sentencia, el cual como ya expusimos anteriormente, solo proceden con el despido injustificado.”.- III. Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por contener los defectos técnicos siguientes: a) se indica en la formulación el concepto de aplicación indebida de la ley, sin embargo, en la explicación se alude al material probatorio, lo cual es incompatible con el concepto invocado, ya que el mismo se debe exponer al margen de la prueba; y, b) realiza alegatos propios de instancia, lo cual contraría lo dispuesto en el artículo 770 del Código de Trabajo.- IV.- Que en un segundo motivo se aduce: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional de índole laboral, por violación directa por APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA SUSTANTIVA del primer párrafo del artículo 101 del Código del Trabajo, que indica: “La suspensión de los contratos de trabajo surtirá efecto desde la conclusión del día en que ocurrió el hecho que le dio origen, siempre que la comprobación de la causa en que se funde se inicie ante la Secretaria de Trabajo y Previsión Social o ante los representantes de la misma debidamente autorizados, dentro de los tres (3) días posteriores al ya mencionado, o treinta (30) días antes de la suspensión, cuando el hecho que la origine sea previsible. Si la Secretaria de Trabajo y Previsión Social no autorizare la suspensión por no existir la causa alegada o por ser esta injusta, la declarara sin lugar, y los trabajadores podrán ejercitar sus derechos emanados del contrato de trabajo, de las leyes y reglamentos laborales y demás disposiciones aplicables, por la responsabilidad que competa al patrono.” PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La corte sentenciadora incurrió en violación directa por APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA SUSTANTIVA de índole laboral contenida en el primer párrafo del articulo 101 del Código del Trabajo, por las siguientes razones: Al respecto, establece que la suspensión de contratos de trabajo surte efectos desde la conclusión del día en que ocurrió el hecho que le dio origen, siempre que la comprobación de la causa en que se funde se inicie ante la Secretaría de Trabajo dentro de los tres días posteriores al ya mencionado, o treinta días antes de la suspensión. De lo anterior se colige que la suspensión de contratos de trabajo surtió efecto desde el día en que fueron notificados los trabajadores, ya que el artículo referido instaura claramente que la autorización de la Secretaría de Trabajo se emite, mediante resolución, después de realizada la suspensión y no antes. Circunstancia que fue un hecho probado y el el Ad quem aplicó de manera indebida al momento de emitir su fallo.”.- V.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) cita como infringido el párrafo primero del artículo 101 del Código del Trabajo, el cual carece del carácter sustantivo que exige el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico; conviene recordar, que normas sustantivas son aquellas que confieren derechos y obligaciones correlativos o los extinguen; b) la violación directa de la ley se produce con prescindencia de los hechos controvertidos y por ello del material probatorio y siendo que la forma de terminación de la relación laboral fue objeto de controversia y por ende de la prueba, no era la vía apropiada para el ataque contra el fallo impugnado; y, c) alegando aplicación indebida de la ley, estaba obligado a señalar cuál era la norma que debía ser aplicada correctamente por el Juzgador.- VI.- Que en un tercer motivo se arguye: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional de índole laboral, por violación directa por INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA NORMA SUSTANTIVA del segundo párrafo del artículo 101 del Código del Trabajo, que indica: “Si la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social no autorizare la suspensión por no existir la causa alegada o por ser ésta injusta, la declarará sin lugar, y los trabajadores podrán ejercitar sus derechos emanados del contrato de trabajo, de las leyes y reglamentos laborales y demás disposiciones aplicables, por la responsabilidad que competa al patrono.” PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La corte sentenciadora incurrió en violación directa por INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA NORMA SUSTANTIVA de índole laboral contenida en el segundo párrafo del artículo 101 del Código del Trabajo, por las siguientes razones: El artículo 101 nos ofrece el procedimiento a seguir una vez iniciado el proceso de suspensión ante la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social. De igual manera, el consabido artículo también informa cuál es la consecuencia de que dicho proceso de suspensión no sea autorizado por la Secretaría del Trabajo como autoridad competente. El segundo párrafo del artículo 101 manda que, en caso de que la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, luego del análisis y valoraciones que como autoridad realicen, estime que el proceso de suspensión iniciado por la empresa y sometido a su aprobación resultare injusto o no existiera la causa alegada, declarará sin lugar el proceso. ¿Qué efectos tiene entonces que la secretaría declarase sin lugar el proceso de suspensión? El efecto sería la prerrogativa del trabajador para ejercitar sus derechos del contrato de trabajo y de toda la normativa laboral. Como puede apreciarse, este segundo párrafo es bastante claro y sirve como una medida de protección de los derechos del trabajador ante un posible error del patrono. Sin embargo, y al trasladarnos al caso de marras, notamos que el procedimiento iniciado ante la Secretaría de Trabajo por HONDUTEL fue declarado CON LUGAR, considerando automáticamente válidas y existentes las causales de suspensión incoadas. ¿Qué deriva de esto? Pues de un simple análisis lógico se puede arribar a la conclusión de que al tener HONDUTEL una resolución favorable, los trabajadores no tienen derecho a exigir sus derechos por la vía laboral, pues dicha resolución favorable otorgó a la empresa la razón de haber iniciado un proceso de suspensión, librándola de toda responsabilidad. Como se puede apreciar, la corte sentenciadora interpretó de manera errónea este precepto legal al confirmar la sentencia de primera instancia, pasando de largo sus efectos y las consecuencias que nacen de una resolución favorable por parte de la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social.”.- VII.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por contener los defectos técnicos siguientes: a) para que exista interpretación errónea de la ley, es necesario que el Juzgador haya aplicado y determinado el alcance y contenido de la norma señalada como infringida, en este caso el artículo 101 párrafo segundo del Código del Trabajo, pero al revisar el fallo impugnado no aparece que se haya dado esa situación; y, b) el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales le fue ofrecido al demandante por la demandada al notificar la terminación de la relación laboral, por ende, sino se efectuó o se consignaron oportunamente los valores correspondientes, eso acarrea la responsabilidad a que fuera condenada en el proceso.- VIII.- Que en el cuarto motivo la Recurrente aduce: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional de índole laboral, por violación directa por INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA NORMA SUSTANTIVA del artículo 100 numerales 4, 5 y 15, que indica: “Son causas de suspensión de los contratos de trabajo sin responsabilidad para las partes: 4. La imposibilidad de explotar la empresa con un mínimo razonable de utilidad; 5. La falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos, si se comprueba plenamente por el patrono; y, 15. Cualquier otra causa justificada no prevista en los ordinales anteriores, a juicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social”; relacionado con el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo, que establece: “Son causas de terminación de los contratos de trabajo: 8. La suspensión de actividades por más de ciento veinte (120) días en los casos 1°, 3º, 4º, 5° y 6° del artículo 100.” PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La corte sentenciadora incurrió en violación directa por INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA NORMA SUSTANTIVA de índole laboral contenida en el artículo 100 numerales 4, 5 y 15, con relación con el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo, dado que, como quedó probado en las secuelas del juicio, el contrato de trabajo fue suspendió por la situación financiera de la empresa y debido que las causas persistieron al pasar los 120 días de la suspensión, se dio por terminado el contrato de trabajo conforme con lo establecido en el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo. Este extremo no fue apreciado por el juzgador, pues confundió la figura del despido con la terminación de los contratos de trabajo. Las terminaciones de los contratos de trabajo ya están expresamente instauradas en el artículo 111 del Código de Trabajo. En el caso que nos ocupa, se invocó el numeral 8 del mismo, el que instaura que la suspensión de actividades por más de 120 días es una causa de terminación de contratos de trabajo.”.- IX.- Que el cargo que antecede resulta inestimable a razón de que al igual que en el anterior motivo, se alega la interpretación errónea de la ley (artículo 100 numerales 4), 5) y 15) del Código del Trabajo, que se refiere a las causas de suspensión de los contratos de trabajo), disposición que no es de carácter sustantiva; además, no se indica la manera en que el ad-quem realizó esa equivocada interpretación de esa norma, ni como debió hacerse, sino que se refiere a un tema vinculado a la terminación de la relación laboral, que desde que se notificó tal determinación, la demandada asumió y garantizó el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales, lo cual no cumplió.- X.- Cabe recordar, que la calidad del extraordinario recurso de casación determina su carácter eminentemente técnico, marco al cual se circunscribe el Tribunal de Casación, y del que no puede salirse; en consecuencia, es deber del recurrente ajustarse al mismo y a su vez fijar el contenido de su petición, la omisión o equivocación en la formalización del recurso da lugar a su fracaso y por ende a su desestimación.- XI.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus cuatro motivos.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200, 206 numeral 2) y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus cuatro motivos de casación. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiséis días del mes de septiembre del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha cinco de septiembre del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 19-18.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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