Sentencia CL-174-18 — Registro 8616
Resumen
Segunda instancia reformó la sentencia declarando con lugar el recurso de apelación y sib lugar la demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la supuesta justa causa del despido o en su caso sea considerado el pago de auxilio de cesantía, pago de complemento por ajuste de salario mínimo, pago de derechos adquiridos, relación de los medios de prueba
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que los requisitos de forma que la ley exige para la demanda de casación laboral deben aparecer en el texto mismo del libelo y no pueden darse por demostrados por la vía de la inferencia. En el sub júdice, la Impetrante no cumple con los requisitos señalados en el artículo 770 del Código del Trabajo en cuanto a que, “El recurrente deberá plantear sucintamente su recurso, sin extenderse en consideraciones jurídicas como en los alegatos de instancia”; además, al no haber estructurado adecuadamente el motivo de casación que pretende, omite una verdadera formulación del cargo, entendiendo ésta como el acápite donde La Censora debe establecer, conforme al artículo 769 numeral 5) del Código del Trabajo, la expresión del motivo de casación, indicando entre otros, el precepto legal sustantivo que estima violado y la singularización de la prueba que estima apreciada erróneamente; y, finalmente, incurre en defectos técnicos a saber: a) en el desarrollo del cargo señala entre otras, como normas sustantivas violadas, los artículos 20 y 347 del Código del Trabajo, las cuales no ostentan el carácter sustantivo requerido en este extraordinario recurso, y b) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que omite el párrafo del numeral primero del artículo 765 del Código del Trabajo en que se encuentra comprendido el cargo, todo lo cual vuelve inadmisible el motivo.- "
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los cinco días del mes de febrero del dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 18 de junio del 2018, por la Abogada RUTH MARGARITA CASTILLO SANTOS, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, la señora CARMEN GABRIELA VILLAGRA FUENTES, representada en juicio por el Abogado FABRIZZIO ANTONIO VALLE VENTURA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la supuesta justa causa del despido o en su caso sea considerado el pago de auxilio de cesantía, pago de complemento por ajuste de salario mínimo, pago de derechos adquiridos, relación de los medios de prueba; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha en fecha 07 de diciembre del 2012, por la señora CARMEN GABRIELA VILLAGRA FUENTES, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD PUBLICA.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 07 de marzo del 2018, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló REFORMANDO la sentencia de fecha 17 de noviembre del 2015, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado FABRIZZIO VALLE VENTURA; SEGUNDO: REFORMANDO la sentencia definitiva venida en apelación de fecha diecisiete de noviembre de dos mil quince, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta sección judicial, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en el sentido siguiente: REVOCAR los numerales 1 y 2 los cuales deberán leerse de la siguiente manera: “1.- Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por CARMEN GABRIELA VILLAGRA FUENTES, contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través de la Procuradora General de la República Abogada ETHEL DERAS ENAMORADO, siendo en la actualidad el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA; en cuanto al pago por los siguientes conceptos: preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional; 2.- CONDENANDO al ESTADO DE HONDURAS a través de la Abogada ETHEL DERAS ENAMORADO en su condición de Procuradora General de la República, siendo en la actualidad el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, a pagar a la señora CARMEN GABRIELA VILLAGRA FUENTES, la cantidad de DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON TRECE CENTAVOS (Lps. 19,37613) desglosados de la siguiente manera: PREAVISO: Lps. 7,954.05, AUXILIO DE CESANTÍA: Lps. 7,954.05, AUXILIO DE CESANTÍA PROPORCIONAL: Lps. 3,468.03, más el pago de los salarios dejados de percibir a título de indemnización por daños y perjuicios, desde la fecha del despido hasta que quede firme la sentencia condenatoria.”.- TERCERO: CONFIRMANDO los numerales 3, 4 y 5 de la sentencia apelada.- CUARTO: ADICIONANDO los numerales 6 y 7, los cuales deberán leerse de la siguiente manera: “6.- Declarando SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por CARMEN GABRIELA VILLAGRA FUENTES, contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través de la Procuradora General de la República Abogada ETHEL DERAS ENAMORADO, siendo en la actualidad el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA; en cuanto al pago de los siguientes conceptos: vacaciones, vacaciones proporcionales, décimo tercer mes proporcional, décimo cuarto mes proporcional y pago de salarios adeudados.- 7.- ABSOLVIENDO al ESTADO DE HONDURAS, a través del Procuradora General de la República Abogada ETHEL DERAS ENAMORADO, siendo en la actualidad el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA; en cuanto al pago de vacaciones, vacaciones proporcionales, décimo tercer mes proporcional, décimo cuarto mes proporcional y pago de salarios adeudados.”.- Todo en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO PARA QUE EL PATRONO PRUEBE LA SUPUESTA JUSTA CAUSA DEL DESPIDO O EN SU CASO, SEA CONSIDERADO EL PAGO DE AUXILIO DE CESANTÍA, PAGO DE COMPLEMENTO POR AJUSTE DE SALARIO MÍNIMO, PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS promovido por la señora CARMEN GABRIELA VILLAGRA FUENTES, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la Abogada ETHEL DERAS ENAMORADO en su condición de Procuradora General de la República, siendo en la actualidad el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA.- QUINTO: SIN COSTAS en esta instancia”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con la demandada, el 25 de marzo de 2011, en el puesto de Receptor de Fondos, posteriormente fue trasladada al Departamento de Registros Médicos, devengaba un salario promedio mensual de L.5,500.00; que el 31 de agosto de 2012, el Licenciado Roy Daniel Mendieta Irías, en su condición de Jefe del Departamento de Recursos Humanos le entregó a la demandante el oficio No.01253-DRH-HE-2012, con esa misma fecha, comunicándole que el contrato de trabajo no sería prorrogado por razones presupuestarias, sin indicar cuál es la causal del despido, tal como lo establece el artículo 117 del Código del Trabajo; además manifestó que el puesto que desempeñó la demandante en la Secretaría de Salud Pública sigue existiendo y las actividades desarrolladas en el mismo continúan, ya que aunque la contratación fue en su momento de carácter temporal las funciones son de carácter permanente, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 47 del Código del Trabajo; asimismo, argumentó que el salario que devengaba la demandante solo era de L.5,500.00 cuando el mismo debió ser el salario minino vigente para el año 2011, según Acuerdo STSS-223-2011 y año 2012, según Acuerdo STSS-001-2012; y con el ánimo de llegar a un acuerdo conciliatorio acudió a la Secretaría del Trabajo, siendo imposible el mismo se dio por agotado el trámite administrativo el 25 de octubre del 2012.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que la demandante mantuvo una relación contractual con la demandada, bajo la modalidad de Contratos de Servicios Profesionales y Técnicos por tiempo determinado, por lo cual, la demandante en ningún momento gozó de un estatus de empleada permanente bajo la normativa y al amparo de lo que establece la Ley de Servicio Civil como corresponde a todos los empleados que laboran y han sido nombrados de forma permanente por dicha Secretaría de Estado; que mediante Oficio No.01253-DRH-HE-2012 de fecha 31 de agosto del 2012 y en apego a lo que establecía la Cláusula Tercera del Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos, así como en aplicación del principio de la buena y sana administración se le notificó a la señora Carmen Gabriela Villagra Fuentes, la finalización de su contrato, el que tenía una vigencia del 02 de julio al 31 de agosto de 2012, notificación que se hizo con el propósito de finiquitar de manera formal por la Administración la obligación contraída por la demandada y la actora; y que era del conocimiento previo de la demandante la fecha de finalización de su relación contractual para con la demandada, razón por la cual es improcedente la invocación que hace la actora del artículo 117 del Código del Trabajo pues las reglas de compromiso y obligaciones contraídas y consentidas por las partes habían sido formalmente establecidas mediante el contrato respectivo, siendo por ello la figura del preaviso citado por la actora, por lo cual es improcedente al caso que se ocupa, ya que las partes tenían sobrado conocimiento del período de duración de la relación contractual contraída, y sostenida dentro del marco de lo que establece el artículo 1348 del Código Civil; que no es aplicable el artículo 39 de la Ley de salario mínimo transcrito por la actora en su reclamo, ya que era del conocimiento de la demandante la cantidad que se le pagaría por ejercer los servicios profesionales para los que estaba siendo contratada, obligación acordada por un monto total de L.11,575.80, cantidad que fue desglosada conforme al término contractual convenido por las partes, siendo por ello improcedente en el caso de mérito el artículo anteriormente citado e invocado por la actora en su demanda para respaldar el reajuste al salario mínimo solicitado.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 17 de noviembre del 2015, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda ordinaria laboral en cuanto al pago de los conceptos de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones, vacaciones proporcionales, décimo tercer mes proporcional y décimo cuarto mes proporcional y salario adeudado, promovida por la señora CARMEN GABRIELA VILLAGRA FUENTES, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD PUBLICA; absolvió a la parte demandada del pago por dichos conceptos; declaró con lugar la demanda ordinaria laboral en cuanto al pago del reajuste al salario mínimo; condenó a la parte demandada a pagar al demandante la cantidad de L.8,785.72 por el pago del reajuste al salario mínimo, sin costas; bajo el criterio que si bien es cierto la demandante realizaba labores que eran de forma continua dentro de la institución, no es menos cierto que al revisar los contratos suscritos entre la demandante y la demandada los mismos no eran continuos, es decir, hubo interrupción entre uno y otro, quedando demostrado que la relación de trabajo que existió fue de manera eventual, es decir la suscripción de contratos por la necesidad de cubrir el personal que se encontraba de vacaciones, con permisos o licencias dentro de la institución demandada; en consecuencia, declárese sin lugar la demanda en cuanto al pago de prestaciones laborales en virtud de no existir continuidad laboral. Que la demandante solicitó el pago de salarios adeudados, conceptos éstos que no consta en autos que se le adeuden a la demandante, siendo oportuno declarar sin lugar la demanda en cuanto a dicha pretensión; también la parte demandante reclamó el pago de reajuste al salario mínimo, y del cual se desprende que en el año 2011 el salario mínimo aprobado por el Gobierno de la República ascendía a la cantidad de L.6,356.88 y para el año 2012 L.6,818.71, extremos que han sido probados por la demandante y del cual se colige que la demandante devengaba un salario de L.5,886.00, siendo éste inferior al salario decretado por el Gobierno de la República, causando una franca violación a los derechos de los trabajadores, y por lo que es oportuno declarar con lugar lo solicitado. En cuanto al pago de derechos adquiridos los mismos fueron probados en autos que le fueron cancelados a la demandante de manera proporcional, por lo que es pertinente declarar sin lugar los mismos.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha 07 de marzo del 2018, dictó sentencia REFORMANDO la proferida por el a quo, en el sentido de REVOCAR los numerales 1 y 2 los cuales deberán leerse de la siguiente manera: “1.- Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por CARMEN GABRIELA VILLAGRA FUENTES, contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través de la Procuradora General de la República Abogada ETHEL DERAS ENAMORADO, siendo en la actualidad el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA; en cuanto al pago por los siguientes conceptos: preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional; 2.- CONDENANDO al ESTADO DE HONDURAS a través de la Abogada ETHEL DERAS ENAMORADO en su condición de Procuradora General de la República, siendo en la actualidad el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, a pagar a la señora CARMEN GABRIELA VILLAGRA FUENTES, la cantidad de DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON TRECE CENTAVOS (Lps. 19,37613) desglosados de la siguiente manera: PREAVISO: Lps. 7,954.05, AUXILIO DE CESANTÍA: Lps. 7,954.05, AUXILIO DE CESANTÍA PROPORCIONAL: Lps. 3,468.03, más el pago de los salarios dejados de percibir a título de indemnización por daños y perjuicios, desde la fecha del despido hasta que quede firme la sentencia condenatoria.”; confirmó los numerales 3, 4 y 5 de la sentencia apelada; y los reformó los numerales 6 y 7, los cuales deberán leerse de la siguiente manera: “6.- Declarando SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por CARMEN GABRIELA VILLAGRA FUENTES, contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través de la Procuradora General de la República Abogada ETHEL DERAS ENAMORADO, siendo en la actualidad el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA; en cuanto al pago de los siguientes conceptos: vacaciones, vacaciones proporcionales, décimo tercer mes proporcional, décimo cuarto mes proporcional y pago de salarios adeudados.- 7.- ABSOLVIENDO al ESTADO DE HONDURAS, a través del Procuradora General de la República Abogada ETHEL DERAS ENAMORADO, siendo en la actualidad el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA; en cuanto al pago de vacaciones, vacaciones proporcionales, décimo tercer mes proporcional, décimo cuarto mes proporcional y pago de salarios adeudados, sin costas; bajo el criterio que habiendo sido decretada la nulidad de la sentencia dictada por esta Corte de Apelaciones el dieciocho de febrero de dos mil dieciséis; esta Corte de Apelaciones en estricto cumplimiento de lo resuelto por la Sala Constitucional, estima procedente reformar la sentencia definitiva apelada; que consta en la primera pieza de autos que los derechos adquiridos de vacaciones proporcionales, décimo tercer mes proporcional y décimo cuarto mes proporcional le fueron cancelados al demandante de manera proporcional, y que al estar acreditado la permanencia de la demandante según la sentencia de la Sala Laboral Contencioso Administrativo, es procedente declarar con lugar la demanda.- 5. Mediante auto de fecha 07 de mayo del 2018, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada RUTH MARGARITA CASTILLO SANTOS, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha 18 de junio del 2018, compareció ante este Tribunal la Abogada RUTH MARGARITA CASTILLO SANTOS, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo ocho motivos de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veintidós de junio de dos mil dieciséis, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado FABRIZZIO ANTONIO VALLE VENTURA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO: I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que la Abogada RUTH MARGARITA CASTILLO SANTOS, en su primer motivo de casación alega: “PRIMERO: Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria por infracción indirecta proveniente de error de hecho debido a la apreciación errónea, en virtud que el fallo recurrido esta dictado en total desapego a la Ley y es evidente la falta de estudio del Juzgador y valoración de las pruebas allegadas al Juicio. SEGUNDO: Que en la Sentencia emitida por el Juez Ad-quem, es violatoria de ley sustantiva de orden nacional y que infringe indirectamente el ordenamiento jurídico, ya que en su considerando 9 y 10 se encuentran de forma literal, lo expresado en el fallo formulado por la Sala Laboral- Contencioso Administrativo de fecha diecisiete de Enero de 2017, por lo que se considera que no teoriza un criterio personal y profesional para dictar dicho Fallo, en virtud que reforma y emite su fallo, en atención a lo dictado por la Sala Laboral- Contencioso Administrativo. TERCERO: Señores Magistrados, quiero enfatizar que la Demandante alega en el libelo de su demanda, que su relación contractual con mi representada fue en fecha 25 de Marzo de 2011, celebrando contratos por tiempo determinado, pero no es menos cierto que la actora suscribió dichos Contratos que fueron interrumpidos, es decir que era de manera ocasional, en virtud que cubría personal que se encontraba de vacaciones, licencias, permisos, incapacidades, por lo que se puede apreciar que no existió una CONTINUIDAD LABORAL, ya que no realizaba la misma actividad. Por lo cual la demandante en ningún momento gozo de un estatus de empleada permanente bajo la normativa y al amparo de lo que establece la Ley de Servicio Civil como corresponde a todos los empleados que laboran y han sido nombrados de forma permanente por la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud.- Nótese Honorables Magistrados, la parte demandante no logro probar en Juicio, que la relación laboral con mi representado era continua, ni tampoco a la vez que existían los tres elementos del Contrato, en vista que la ACTIVIDAD REALIZADA POR LA ACTORA NO FUE LA MISMA, ya que sus funciones ejecutadas por ella misma fueron distintas. Por lo que es importante indicar, que si se declara con lugar dicho elemento estaríamos infringiendo lo que establece el Artículo 20 y 52 del Código del Trabajo. Cabe recalcar que los Contratos en la Administración Pública están conforme al ejercicio fiscal y a las Disposiciones Generales del Presupuesto, sin embargo la parte demandante olvida que la relación laboral que sostuvo con mi representada fue mediante contrato temporal y determinado, y que los únicos derechos que le corresponden fueron los pactados en el contrato, por lo que se considera que se debe cumplir de conformidad a lo que establece el artículo 1348 del Código Civil que señala: “Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes y deben cumplirse al tenor de los mismos”. CUARTO: Que la Sentencia menciona que existe una situación anómala, recibiendo el nombre de una Simulación Contractual, quiero referirme que la naturaleza del contrato no existió esta figura de SIMULACIÓN, PORQUE?, Señores Magistrados, al existir un Contrato entre las partes, estamos refiriéndonos que concurre un consentimiento de acuerdo de voluntades que tiene por objeto trasmitir tanto derechos como obligaciones, asimismo con la formación de este consentimiento nos encontramos con una Oferta y con una aceptación, por lo tanto el que formula la oferta es el patrono y el que la acepta es el empleado, por ende la actora consintió cada una de las clausulas establecidas en el contrato, sin embargo no se viola el Principio de la Primacía de la Realidad, en virtud que la demandante tenía conocimiento de la actividad que realizaría la cual no era de carácter permanente si no de manera temporal, así como la fecha de inicio y finalización de su contrato. Es por ello que mi representado el Estado de Honduras es fiel garante del Principio de Buena Fe, considerando que es buen empleador al momento de la celebración del Contrato, su ejecución y su extinción. QUINTO: Señores Magistrado infiero que la demandante no logro demostrar en Juicio el tema de la permanencia ni continuidad de su relación laboral, en virtud que el Juez Ad- Quem no realizo la valoración debida de la prueba, al apreciar libremente los medios probatorios presentados por la parte demandante, ya que los CONTRATOS suscritos entre mi representada y la hoy demandante se demostró que no era continuos, es decir que existían interrupción entre uno y otro. Tengo a bien expresar que el artículo 347 del Código del Trabajo cita: “ En las labores en que el trabajo no se efectué con regularidad todo el año, SE CONSIDERA LA CONDICIÓN DE CONTINUIDAD EN EL SERVICIO CUANDO EL INTERESADO HAYA TRABAJADO DURANTE UN MÍNIMO DE 200 DÍAS EN EL AÑO”; es decir que existe la continuidad laborar declarándose empleado permanente al laborar los 200 días, siendo que la actora no laboro los 200 días continuos, ya que existió dicha interrupción de dichos contratos y de igual forma la clase de actividad no era la misma, sino que diferentes funciones, así como lo menciona específicamente en el primer hecho del libelo de su demanda, en el cual se encuentra acreditado en a folio 114 al 121 del expediente de Merito. SEXTO: Acuso la Sentencia de ser violatoria, en virtud que el Juez -Ad quem, le otorga a la demandante al pago de los conceptos de: Preaviso, Auxilio de Cesantía, y Auxilio de Cesantía Proporcional, más el pago de los salarios dejados de percibir a título de Indemnización por daños y perjuicios hasta que quede firme la Sentencia. Tengo a bien en expresar Señores Magistrados que la Señora actora pretende vedar a este Tribunal, solicitando conceptos que no derivan de lo que reclama, en virtud que ella tenía consentimiento de manera tácita y expresa, al saber que su Contrato era por tiempo determinado, sumado a eso se le notifico con el propósito de finiquitar de manera formal por la administración.- Al igual era del conocimiento previo de la demandante la fecha de finalización de su relación contractual para con mi representada, por lo cual es improcedente dicha sentencia, en vista que mi representada no despidió a la demandante y que lo que sucedió es que su relación Laboral finalizo por haber llegado a su término., Por tanto no puede reclamar dichos conceptos antes mencionados, ya que reitero enfáticamente que la Señora CARMEN GABRIELA VILLAGRA FUENTES, no fue despedida sino reiterando que la relación laboral con mi representada, tenía fecha de inicio y finalización. OCTAVO: Señores Magistrados me pronuncio de manera fáctica, que acuso la sentencia en cuanto al otorgamiento del pago del reajuste salarial, ya que se pudo demostrar en el juicio, los medios probatorios presentados por mi representada, en cuanto a las Planillas del Hospital Escuela que corren agregados a folio 79 al 82, 112 al 113 del expediente de mérito, acreditando que se le realizaba su pago correspondiente en base a Ley. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. Las normas sustantiva nacionales de índole laboral violada por la sentencia recurrida están contenidas en los artículos 20, 52 último párrafo, 347 del Código del Trabajo, y artículo 1348 del Código Procesal Civil de manera supletoria. REGLAS PROCÉSALES VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. Las normas procésales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE CON RESPECTO A ESTE MOTIVO. Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral 1) del Código del Trabajo”.- III. Que los requisitos de forma que la ley exige para la demanda de casación laboral deben aparecer en el texto mismo del libelo y no pueden darse por demostrados por la vía de la inferencia. En el sub júdice, la Impetrante no cumple con los requisitos señalados en el artículo 770 del Código del Trabajo en cuanto a que, “El recurrente deberá plantear sucintamente su recurso, sin extenderse en consideraciones jurídicas como en los alegatos de instancia”; además, al no haber estructurado adecuadamente el motivo de casación que pretende, omite una verdadera formulación del cargo, entendiendo ésta como el acápite donde La Censora debe establecer, conforme al artículo 769 numeral 5) del Código del Trabajo, la expresión del motivo de casación, indicando entre otros, el precepto legal sustantivo que estima violado y la singularización de la prueba que estima apreciada erróneamente; y, finalmente, incurre en defectos técnicos a saber: a) en el desarrollo del cargo señala entre otras, como normas sustantivas violadas, los artículos 20 y 347 del Código del Trabajo, las cuales no ostentan el carácter sustantivo requerido en este extraordinario recurso, y b) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que omite el párrafo del numeral primero del artículo 765 del Código del Trabajo en que se encuentra comprendido el cargo, todo lo cual vuelve inadmisible el motivo.- IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los siete día del mes de marzo del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha cinco de febrero del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 174-18.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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