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Sentencia CL-169-18 — Registro 9198

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para que se declare por tiempo indefinido la relación laboral originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos, en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo, en consecuencia concederles todos los derechos que ostentan los empleados con carácter permanente; asimismo, la reinstalación a los puestos de trabajo y restitución de las funciones de las que fueron suspendidos y ante la negativa del patrono de la no suscripción de un nuevo contrato de trabajo, pago de salarios dejados de percibir, vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes causados y proporcionales

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"ue el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Entre las disposiciones que indica como violadas, cita el artículo 47 del Código del Trabajo, la cual no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiendo esta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas entre las partes o en su defecto las extingue.- b) De igual manera, señala como otras normas infringidas de forma directa los artículos 52 y 113 del Código del Trabajo, los cuales contienen diversos párrafos y el último también tiene literales, que debió señalar con precisión ya que los mismos hacen referencia a distintas situaciones jurídicas.- c ) En la formulación del cargo hace referencia a la falta de aplicación (infracción directa) de las normas que considera infringidas, sin embargo, en su explicación alega “VIOLACIÓN INDIRECTA DE LA LEY: ERROR DE HECHO APRECIACIÓN ERRÓNEA DE MEDIOS DE PRUEBA”, causales diferentes que debió invocar de forma separada por la independencia de los cargos en este extraordinario recurso.- d) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del numeral primero del artículo 765 del Código del Trabajo, en que encuentra comprendido el cargo.-"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los cinco días del mes de septiembre del dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 14 de junio del 2018, por la Abogada DASSIA YARENY PÉREZ HERRERA, mayor de edad, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal de ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, los señores JOHANELY DORITZEL TREJO RAMÍREZ; MÓNICA ZENAYDA GÓMEZ RAUDALES; FRANCISCO JAVIER GÓMEZ GÓMEZ; GRAZIA MARIA RIVERA MARTÍNEZ; y KENIA YURITZA ZEPEDA HUETE, representados en juicio por el Abogado JERSY JEOVANNY LAZO BACA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para que se declare por tiempo indefinido la relación laboral originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos, en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo, en consecuencia concederles todos los derechos que ostentan los empleados con carácter permanente; asimismo, la reinstalación a los puestos de trabajo y restitución de las funciones de las que fueron suspendidos y ante la negativa del patrono de la no suscripción de un nuevo contrato de trabajo, pago de salarios dejados de percibir, vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes causados y proporcionales, costas; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 28 de marzo del 2016, por los señores: 1) JOHANELY DORITZEL TREJO RAMIREZ, soltera; 2) MONICA ZENAYDA GOMEZ RAUDALES, soltera; 3) FRANCISCO JAVIER GOMEZ GOMEZ, casado; 4) GRAZIA MARIA RIVERA MARTINEZ, casada, y 5) KENIA YURITZA ZEPEDA HUETE, casada; todos mayores de edad, hondureños y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 23 de febrero del 2018, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 12 de enero del 2018, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: I) Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por JOHANELY DORITZEL TREJO RAMÍREZ, MONICA ZENAYDA GOMEZ RAUDALES, GRAZIA MARIA RIVERA MARTINEZ y KENIA YURITZA ZEPEDA HUETE, contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en cuanto a: 1) Declarar la relación de trabajo de forma permanente y el reconocimiento de la antigüedad desde el inicio de la relación de trabajo; 2) Reintegro al puesto de trabajo, con el reconocimiento del pago de los salarios dejados de percibir desde el inicio de la terminación de la relación de trabajo hasta que sean reintegrados en sus puestos de trabajo; en consecuencia; II) CONDENA AL DEMANDADO EL ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA a: 1) Declarar la relación de trabajo de forma permanente y el reconocimiento de la antigüedad desde el inicio de la relación de trabajo de los demandantes; 2) Reintegro al puesto de trabajo, con el reconocimiento del pago de los salarios dejados de percibir desde el inicio de !a terminación de la relación de trabajo hasta que sean reintegrados en sus puestos de trabajo. III) Declarar SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por JOHANELY DORITZEL TREJO RAMIREZ, MONICA ZENAYDA GOMEZ RAUDALES, GRAZIA MARIA RIVERA MARTÍNEZ y KENIA YURITZA ZEPEDA HUETE, contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en cuanto al pago de vacaciones, décimo tercer mes y décimo cuarto mes causados y proporcionales, en consecuencia; IV) ABSUELVE AL DEMANDADO EL ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, pagar a los demandantes, vacaciones, décimo tercer mes y décimo cuarto mes causados y proporcionales a los JOHANELY DORITZEL TREJO RAMIREZ, MONICA ZENAYDA GOMEZ RAUDALES, GRAZIA MARIA RIVERA MARTÍNEZ y KENIA YURITZA ZEPEDA HUETE; V) Declarar SIN COSTAS en esta instancia”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Las partes demandantes expresaron en el escrito de su acción que iniciaron la relación laboral para el demandado, mediante la suscripción de varios contratos individuales de trabajo, así: Johanely Doritzel Trejo Ramírez, el 02 de julio del 2012, como Técnico de Apoyo (operador de call center) en la unidad de emergencia (911) de la Policía Nacional, devengaba un salario mensual de L.12,000.00, Mónica Zenayda Gómez Raudales, el 02 de julio del 2012, como Técnico de Apoyo (operador de call center) en ciudades inteligentes, donde monitoreaba las cámaras de seguridad instaladas en el Municipio del Distrito Central, devengaba un salario mensual de L.12,000.00; Francisco Javier Gómez Gómez, el 01 de abril del 2014, como Técnico de Apoyo supervisor de call center, en la unidad de emergencia (911) de la Policía Nacional, devengaba un salario mensual de L.12,000.00; Gracia Maria Rivera Martínez, el 01 de octubre del 2014, como Técnico de Apoyo (operador de call center) en la unidad de emergencia (911) de la Policía Nacional, devengaba un salario mensual de L.10,000.00; y, Kenia Yuritza Zepeda Huete, como Técnico de Apoyo (operador de call center) en la unidad de emergencia (911) de la Policía Nacional, devengaba un salario mensual de L. 10,000.00; que mientras laboraron para la demandada, desempeñaban las mismas funciones de manera permanente e ininterrumpida, bajo a subordinación de un empleador, y que lo contratos suscritos entre las partes reunían los tres elementos que establece el artículo 20 del Código del Trabajo, relacionados con el 47 y 52 del mismo cuerpo legal; manifestaron además que una vez vencido el contrato de trabajo la institución demandada no le renovó el mismo y en busca de una solución presentaron reclamo ante la Secretaría del Trabajo, siendo imposible el mismo, se dio por agotado el trámite administrativo el 9 de marzo del 2016.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que los demandantes efectivamente sostuvieron una relación de contractual mediante la modalidad de Contrato de Servicios Profesionales, con fecha de inicio y fecha de terminación, quienes aceptaron y consintieron sin objeción alguna, rechazando el puesto que desempeñaron y la fecha de contratación; asimismo manifestó, que no es antojadiza la contratación de recurso humano que no posee un estructura presupuestaria pre-establecida en el Plan Operativo Anual, tal como establece el artículo 117 párrafo primero de la estimación de Ingresos de la Administración Central para el Ejercicio Fiscal 2016, vigente actualmente y que literalmente dice: “La contratación de personal con cargo al Objeto Especifico del Gasto, 12100 Sueldos Básicos (Personal No Permanente) se debe de realizar en casos excepcionales bajo la responsabilidad del titular de cada institución, siempre y cuando el personal a contratar figure en el Plan Operativo Anual (POA) y que exista la disponibilidad presupuestaria; en estricta observancia del artículo 203 de la Ley de Servicio Civil. Este Tipo de Contrataciones se formalizará mediante acuerdo interno de cada Institución del Sector Público. Lo anterior es de aplicación para los recursos provenientes del Tesoro Nacional”; asimismo, el párrafo tercero del mismo artículo establece: “Estos contratos tienen vigencia únicamente dentro del presente Ejercicio Fiscal, no debiendo considerarse, para ningún efecto, al personal contratado bajo esta modalidad como permanente, y su efectividad se contará desde la fecha en que este personal tome posesión del cargo”; de igual manera, el artículo 201 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil establece: “Para la validez de estos contratos deberán de observarse las normas presupuestarias; no podrá suscribirse contrato alguno sino hubiera disponibilidad suficiente en la correspondiente asignación para gastos del ejercicio fiscal que corresponda. La contravención a lo acá dispuesto hará incurrir en responsabilidad.”; el artículo 202 párrafo segundo del Reglamento de la Ley de Servicio Civil que a su letra dice: “Tendrán un plazo determinado y no podrán renovarse, si no cuando conste acreditada su necesidad; al vencimiento del plazo cesara la relación sin responsabilidad para ninguna de las partes”; señaló que los Contratos de Servicios Técnicos y Profesionales se suscriben por un tiempo determinado en virtud que están sujetos a la disponibilidad presupuestaria que el demandado ejecutará de forma trimestral, por lo tanto se debe de contar con la estructura presupuestaria para realizar ese tipo de contratación, caso contrario se estaría violentando el artículo 35 párrafo primero de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Anti-evasión que a su letra dice: “Prohibición de Legalizar Deudas por gastos Extrapresupuestarios. Queda estrictamente prohibido a las instituciones del sector público adquirir compromisos extrapresupuestarios. Los mismos no serán reconocidos como deuda pública ni registrados en Sistema Integrado de Administración Financiera no tramitara ninguna solicitud de modificación presupuestaria por este concepto y queda autorizada para establecer las regulaciones pertinentes de rechazo automático en el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI)”; alegó también que no conciliaron en virtud de que la demandada no está facultada para aceptar imposiciones de derechos subjetivos inexistentes ni beneficios que no le corresponden por tratarse de contratos individuales de trabajo por un periodo determinado y limitado, y además los demandantes presentaron reclamo omitiendo la normativa de la Ley Orgánica del Presupuesto.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 12 de enero del 2018, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral; promovida por los señores JOHANELY DORITZEL TREJO RAMIREZ; MONICA ZENAYDA GOMEZ RAUDALES; FRANCISCO JAVIER GOMEZ GOMEZ; GRAZIA MARIA RIVERA MARTÍNEZ; y KENIA YURITZA ZEPEDA HUETE, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, en cuanto a declarar la relación de trabajo de forma permanente y el reconocimiento de la antigüedad desde el inicio de la relación de trabajo; al reintegro al puesto de trabajo, con el reconocimiento del pago de los salarios dejados de percibir desde el inicio de la terminación de la relación de trabajo hasta que sean reintegrados en sus puestos de trabajo; condenó a la parte demandada a declarar la relación de trabajo de forma permanente y el reconocimiento de la antigüedad desde el inicio de la relación de trabajo de los demandantes; al reintegro al puesto de trabajo, con el reconocimiento del pago de los salarios dejados de percibir desde el inicio de !a terminación de la relación de trabajo hasta que sean reintegrados en sus puestos de trabajo; declaró sin lugar la demanda ordinaria laboral, en cuanto al pago de vacaciones, décimo tercer mes y décimo cuarto mes causados y proporcionales; absolvió a la parte demandada a pagar a los demandantes, vacaciones, décimo tercer mes y décimo cuarto mes causados y proporcionales, sin costas; bajo el criterio que haciendo un análisis de las pruebas allegadas al juicio y los argumentos de ambas partes, en el que por un lado la parte demandada argumenta que la relación de trabajo de los demandantes con la demandada era de orden administrativo, y que dicha relación estaba regida por leyes administrativas en virtud de tratarse de Contratos Administrativos de Servicios Personales; por otro lado, los demandantes argumentan que los Contratos eran simulados de acuerdo al Principio de Primacía de la Realidad y que en el fondo se trataba de una verdadera relación de trabajo laboral independientemente del nombre que se le diera a los contratos, esto en el sentido que reunía los elementos establecidos en el artículo 20 del Código del Trabajo. Llegando al convencimiento está suscrita que efectivamente se trataba de una relación laboral en vista que en los contratos de trabajo se encuentran establecidos los 3 elementos del Contrato de Trabajo, como ser la actividad personal del trabajador, la continua subordinación y un salario como retribución al servicio; aunado a ello también las labores realizadas en la institución son de naturaleza permanente, de igual forma los demandantes firmaron varios contratos de trabajo para realizar las mismas funciones; es por lo anteriormente relacionado que debe declarase con lugar la relación de trabajo de forma permanente, reconociéndoles su antigüedad desde el inicio de la relación de trabajo; que en consonancia con lo antes relacionado los demandantes solicitan el reintegro por considerar que el despido del cual fueron objeto es ilegal e injusto; y del que se desprende que de la revisión exhaustiva al expediente no se encuentra documento que acredite que el despido del cual fueron objeto los demandantes esté apegado a derecho, ya que las notas de fecha 26 de enero del 2016, no contienen causal alguna establecida en el Código del Trabajo, o que conlleva declarar con lugar esta pretensión, acarreando el reintegro al puesto de trabajo y el pago de salarios dejados de percibir, desde la fecha efectiva de la notificación del despido (31 de enero del 2016) hasta la fecha en que sean reintegrados a su puesto de trabajo; que los demandantes reclaman el pago de vacaciones, décimo tercer mes y décimo cuarto mes casados y proporcionales, conceptos éstos que consta que les eran pagados a los demandantes según consta en los contratos de trabajo suscritos; en relación al pago proporcional corresponden a todo trabajador tal como lo establece nuestra Constitución de la República y la leyes laborales vigentes, y devienen como consecuencia de la terminación de la relación de trabajo, pero en el presente caso la pretensión no es un pago de prestaciones sino un reintegro al puesto de trabajo, en tal sentido se declaran sin lugar estas pretensiones.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 23 de febrero del 2018, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que del estudio de los hechos y derechos; así como los medios de prueba acreditados en el juicio este Tribunal de Alzada ha llegado al convencimiento que la sentencia definitiva dictada por la Juez A-quo y que se revisa en apelación esta apegado a derecho y procede su confirmatoria; convencimiento que se fundamenta en que con los medios de prueba allegados al juicio por las partes, quedó ampliamente probada la relación laboral que existió entre el empleador y los demandantes, con la cantidad de contratos ininterrumpidos suscritos por cada trabajador con el empleador relación que fue iniciada en las fechas, tal como aparece detallada en el motivo primero de la sentencia definitiva que se revisa en apelación y que aparece a folios 599, de primera pieza de autos, al igual que el salario mensual que devengaba cada trabajador demandante; que la terminación de la relación laboral fue por decisión unilateral del empleador a los demandantes notificada el 26 de enero del 2016, que su contrato les vencía el 31 de ese mismo mes y año, en la que no invocó causal tipificada en el artículo 112 del Código del Trabajo; que los demandantes con su respectivos contratos de trabajo, acreditaron que el puesto desempeñado por cada uno de ellos, era de naturaleza permanente, para interés y necesidad de la institución; que está probado de autos que el trabajador Francisco Javier Gómez Gómez, disintió de la demanda por pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales; que si bien los contratos son de modalidad de servicios profesionales pero su contenido, pone de manifiesta la existencia de los elementos que deben existir, para que se configure el contrato de trabajo por contener los tres elementos indispensables que señala el artículo 20 del Código del Trabajo que son: la actividad desempeñada por los trabajadores; la subordinación a un jefe y un salario como pago de la compensación retributiva a la actividad desempeñada; además al firmar varios contratos de trabajo surge la protección indubitada, que otorga el Código del Trabajo en los artículos 47 y 52 que determinan la protección contra el desempleo, protección que está en relación con la Garantía Constitucional contenida en su artículo 127 de esta Ley superior; que la parte demandada con sus medios de prueba no justificó el despido ilegal que fueron objeto los demandantes; en consecuencia la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta Sección Judicial está apegado a derecho.- 5.- Mediante auto de fecha 02 de mayo del 2018, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada DASSIA YARENY PÉREZ HERRERA, en su condición de representante procesal de ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 14 de junio del 2018, compareció ante este Tribunal la Abogada DASSIA YARENY PÉREZ HERRERA, en su condición de representante procesal de ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 31 de octubre del 2018, se tuvo por precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte del Abogado JERSY JEOVANNY LAZO BACA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO: I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que la Abogada DASSIA YARENY PEREZ HERRERA, en su único motivo de casación alega: “ Se impugna por ser la sentencia violatoria a Ley sustantiva, por infracción directa de los artículos 47, 52, 113 del Código del Trabajo que regula los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se consideraran como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese término de duración y de aquellos contratos que transcurrido un (1) año se celebra nuevo contrato entre las mismas partes contratantes y para la misma clase de trabajo, deberá entenderse este por tiempo indefinido. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo número 765 numeral 1 del Código del Trabajo. IDENTIFICACIÓN DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la parte dispositiva de la sentencia impugnada. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: El artículo número 765 numeral 1 del Código del Trabajo establece: Son causales de casación: Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva, por infracción directa. El Juez A-quo en la sentencia proferida condena al Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que cause ejecutoria la sentencia sin fundamento alguno, quedando demostrado en el presente juicio que dicha terminación y no renovación de los contratos, estaba enmarcada una fecha de inicio y otra de terminación, dicha condena no tomó en consideración lo establecido en los medios de prueba aportados al juicio, consistentes en los Contratos de Servicios Profesionales suscritos entre los demandantes y mi representada, la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, los cuales fueron suscritos por tiempo determinado y sujetos al derecho administrativo, tal como lo establecen las clausulas novenas de los contratos; al interpretar erróneamente que la relación laboral existente entre los demandantes y mi representada eran por tiempo indeterminado. VIOLACIÓN INDIRECTA DE LA LEY: ERROR DE HECHO (APRECIACIÓN ERRÓNEA DE MEDIOS DE PRUEBA.- La prueba singularizada y apreciada erróneamente por el Tribunal de Alzada al confirmar el fallo de primera instancia consiste en: Documentos que son los Contratos de Servicios Profesionales suscritos entre las partes, demandantes y mi representada la Secretaría de Estado los Despachos de Seguridad, lo que acredita que dichos contratos son del conocimiento de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y que los mismos tenían fecha de inicio y fecha de finalización, por lo cual nunca existió el despido de los demandantes, sino que sus contratos de servicios profesionales expiraron su vigencia. Lo expuesto da lugar a estimar que la sentencia dictada por el Juez A-Quo fue violatoria directa de una ley sustantiva, por infracción directa del artículo 47, 52 y 113 del Código del Trabajo, pues el Juzgador no valorizó la actividad probatoria demostrada a través de la existencia de la documentación adjuntada al juicio, circunstancia que debió ser apreciada por el Tribunal de Alzada y ordenar la retroacción del fallo en el cual se condena al Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad no solo al pago de prestaciones laborales, sino al pago a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir. Por lo anteriormente expuesto, CAZAR la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de este departamento en fecha doce (12) de febrero del dos mil dieciocho (2018) que consecuentemente declara confirmar la sentencia definitiva de fecha doce (12) de enero del dos mil dieciocho (2018) dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán en la Demanda Ordinaria Laboral para el Pago de Prestaciones y demás Indemnizaciones Laborales, Generadas por la Suscripción de Varios Contratos Continuos e Ininterrumpidos en Aplicación Estricta de lo Preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo en Consecuencia Concédeme Todos los Derechos que Ostentan los Empleados Permanente; que fuera promovida por JOHANELY DORITZEL TREJO RAMIREZ, MONICA ZENAYDA GOMEZ RAUDALES, GRAZIA MARIA RIVERA MARTINEZ, KENIA YURITZA ZEPEDA HUETE contra el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad.”.- III.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Entre las disposiciones que indica como violadas, cita el artículo 47 del Código del Trabajo, la cual no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiendo esta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas entre las partes o en su defecto las extingue.- b) De igual manera, señala como otras normas infringidas de forma directa los artículos 52 y 113 del Código del Trabajo, los cuales contienen diversos párrafos y el último también tiene literales, que debió señalar con precisión ya que los mismos hacen referencia a distintas situaciones jurídicas.- c ) En la formulación del cargo hace referencia a la falta de aplicación (infracción directa) de las normas que considera infringidas, sin embargo, en su explicación alega “VIOLACIÓN INDIRECTA DE LA LEY: ERROR DE HECHO APRECIACIÓN ERRÓNEA DE MEDIOS DE PRUEBA”, causales diferentes que debió invocar de forma separada por la independencia de los cargos en este extraordinario recurso.- d) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del numeral primero del artículo 765 del Código del Trabajo, en que encuentra comprendido el cargo.- IV.- Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinticinco días del mes de septiembre del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha cinco de septiembre del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 169-18.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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