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Sentencia CL-165-18 — Registro 8761

Resumen

Sala Laboral considera la nulidad de la sentencia de segunda instancia por él criterio de éste Tribunal de alzada, referente a la falta cometida por el trabajador que es calificada como grave, ya que extendió incapacidades medicas a un afiliado al IHSS sin que este se encuentre en el país y constituye una violación a los deberes que tiene el demandante al extender dichas incapacidades, pero omite indicar en que basa tal extremo, porque el despido se fundamenta en el artículo 112 del Código del Trabajo, disposición que separa lo que es violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"II. Que consta de autos, que este Tribunal, en sentencia del 17 de Enero del 2018, anuló la proferida por la Corte de Apelaciones recurrida, porque no se revisó con suficiente exhaustividad lo relacionado con la cuestión derivada de los años de servicio del actor con la demandada, con el señalamiento de no haber sido objeto de sanciones anteriores; además, en el tema de la prescripción de la acción del despido, hace suyo el argumento utilizado por el a quo para desestimar el mismo, de que es a partir de la fecha de la audiencia de descargo que se computa el término de un mes que tiene el patrono para sancionar al trabajador/a, olvidando que a ese momento ya se ha señalado la existencia de un cargo o falta, que lógicamente es anterior a su celebración, siendo que la norma contenida en el artículo 863 del Código del Trabajo determina que dicho término comienza desde que se cometió la falta o que se tuvo conocimiento de la misma.- VIII.- De esos temas en el nuevo fallo, la Corte repite el señalamiento de que la falta es grave, aduciendo de “Que si bien es cierto en el expediente personal del demandante no se encuentran llamados de atención o suspensiones de su trabajo (folio 91), no es menos cierto que a criterio de este Tribunal de alzada, la falta cometida por el demandante es calificada como grave, ya que extender incapacidades medicas a un afiliado al IHSS sin que este se encuentre en el país constituye una violación a los deberes que tiene el demandante al extender dichas incapacidades…”, pero omite indicar en que basa tal extremo, porque el despido se fundamenta en el artículo 112 del Código del Trabajo, disposición que separa lo que es violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador, de acuerdo con los artículos 97 y 98 de dicho ordenamiento, con la falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos, siempre que el hecho esté debidamente comprobado y que en la aplicación de la sanción se observe el respectivo procedimiento reglamentario o convencional.- "

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 97 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 98 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 112 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

"Con relación a la prescripción también dicho Tribunal reitera el criterio de “que es hasta la celebración de la audiencia de descargo que el patrono se entera de las faltas cometidas por el trabajador, ya que es en este momento que el mismo hace uso de su derecho a la defensa, contestando los cargos que le formula su patrono…”, lo cual resulta ser contradictorio, ya que el artículo 863 del Código del Trabajo determina que dicho término de prescripción comienza desde que se cometió la falta o que se tuvo conocimiento de la misma; por lo que el argumento utilizado por el ad quem de que el patrono se entera de las faltas cometidas por el trabajador al momento de la audiencia de descargos, olvida que a la celebración de la referida audiencia de descargos se entiende que el patrono ha investigado el hecho generador o sea la conducta a sancionar, ha citado al trabajador para que asista a la misma, señalándole la existencia de ese cargo o falta, por lo que ese procedimiento, que se instituye en garantía de los derechos constitucionales de defensa, audiencia y debido proceso, que le asiste como persona humana, presume el conocimiento del cargo, por lo cual no tiene sentido lógico la afirmación de que con esa audiencia se entera de lo ocurrido; cabría cuestionar entonces, que pasaría si ese empleado no asistió a la audiencia, ni hizo uso de sus derechos, o bien, en otro escenario, que el patrono lo haya sancionado sin realizar ningún procedimiento disciplinario, ni escuchado al trabajador, tal criterio haría complicado determinar el inicio de la prescripción para sancionar"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 863 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

...."Que toda persona tiene el derecho de poder ejercitar o promover las acciones que estime pertinentes en defensa de sus derechos y derivado de ello también tiene el derecho a recibir una respuesta del órgano jurisdiccional, previo a seguirse el debido proceso, resolución que deberá ser congruente, motivada, imparcial y apegada al ordenamiento jurídico y a los principios generales del derecho laboral.- XI.- Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de fondo del 5 de octubre de 2015, dictada en el caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador, Serie C No. 30319 151, estableció sobre el debido proceso: “La Corte ha señalado que el derecho al debido proceso se refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado, adoptado por cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que pueda afectarlos.- El debido proceso se encuentra, a su vez, íntimamente ligado con la noción de justicia, que se refleja en: i) un acceso a la justicia no sólo formal, sino que reconozca y resuelva los factores de desigualdad real de los justiciables, ii) el desarrollo de un juicio justo, y iii) la resolución de las controversias de forma tal que la decisión adoptada se acerque al mayor nivel de corrección del derecho, es decir que se asegure, en la mayor medida posible, su solución justa.”.- XII.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- XIII.- Que es deber ineludible de la Corte Suprema de Justicia no solo observar la técnica rigurosa y formalista del recurso de casación, sino que se garantice el debido proceso y el derecho de defensa a las partes, particularmente que las resoluciones deben ser dictadas con la suficiente explicación de los puntos en litigio y los temas debatidos, como que sean congruentes y los resuelvan debidamente.- XIV.- Que conforme con el artículo 701 numeral 3) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, dispone que el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieran denunciado por el recurrente.- XV.- Por las razones antes expuestas, es procedente declarar la nulidad de la sentencia recurrida, para que el ad-quem proceda de conformidad a derecho, debiendo dicho Tribunal ser más cuidadoso en los asuntos sometidos a su conocimiento.- "

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 701, numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintiocho de marzo de dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha 13 de junio del 2018, por el Abogado JUAN ÁNGEL BENAVIDES PAZ, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del señor CARLOS EMILIO PINTO GUERRA, como recurrente, además es parte recurrida, el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), representado en juicio por el Abogado FRANCISCO ANTONIO MONTOYA MARTÍNEZ. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el reintegro al puesto de trabajo por despido directo e injustificado, pago de salarios dejados de percibir y las costas del juicio; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 05 de agosto del 2014, por el señor CARLOS EMILIO PINTO GUERRA, mayor de edad, casado, Médico General, hondureño y de este domicilio, contra el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), a través de su representante legal, señor RICHARD ZABLAH ASFURA, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 19 de mayo del 2018, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 06 de noviembre del 2015, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO. Declarando SIN LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL promovida por el señor CARLOS EMILIO PINTO GUERRA, contra el INSTITUTO HONDUREEÑO DE SEGURIDADA SOCIAL (IHSS), por medio de su Director Ejecutivo señor RICHARD ZABLAH.- SEGUNDO ABSOLVER al INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDADA SOCIAL (IHSS), por medio de su Director Ejecutivo señor RICHARD ZABLAH, de toda responsabilidad en el presente juicio, sin perjuicio de los derechos adquiridos que le pudieran corresponder y que se los ha reconocido el empleador en la misma nota de despido.- TERCERO. SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con el demandado, el 05 de marzo de 1990, como Médico General de consulta externa, devengaba un salario mensual de L.62,000.00; mediante memorando No. 3878-DEI-IHSS de fecha 13 de mayo del 2014 y entregado al demandante hasta el 30 de junio de 2014, en donde se le notificó la terminación del vínculo laboral que lo unía con el demandado y que tenía casi 25 años de laborar, aduciendo incumplimiento y violación de las obligaciones y responsabilidades derivadas del cargo, con la única intención de evadir responsabilidades laborales con el demandante, violentándole con ello los derechos laborales y humanos; manifestó además que con la simple lectura al despido aludido en su Ordinal Cuarto, el patrono manifiesta que tuvo conocimiento de los supuestos hechos desde el mes de enero de 2014, por lo que, como podrá observarse al momento del despido antes relacionado ya estaba prescrita la acción, según lo preceptuado en el artículo 863 del Código del Trabajo, siendo los argumentos aludidos en el mismo son infundados y por ende el despido es injusto e ilegal, violatorio de los artículos 129 de la Constitución de la República; 112 y 117 del Código del Trabajo; y que con el ánimo de llegar a un acuerdo conciliatorio hizo el reclamo ante la Secretaría del Trabajo, donde se dio por agotado el trámite administrativo el 14 de julio del 2014.- 2.- La parte demandada, el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), contestó dicha demanda señalando que el 15 de enero del 2014 y mediante Decreto PCM-01-2014, el Presidente de la República ordenó intervenir al demandado nombrando una Comisión Interventora con amplias facultades conforme lo establece el artículo 100 de la Ley para Optimalizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno; y en cumplimiento a ese Decreto se nombró un Equipo Técnico encargado de hacer investigaciones relacionadas con hechos que presentaban anomalías, por lo que se procedió en vista de las denuncias de los patronos a hacer investigaciones sobre la extensión de certificados de incapacidad a derechohabientes, para luego turnarlo a la Dirección Ejecutiva para que procediera de acuerdo a la Cláusula 11 del Contrato Colectivo y Estatuto del Médico Empleado; que el demandante atendió en el IHSS incapacidad a la señora Breysi Ondina Reyes Hernández y que le extendió por dos ocasiones mediante Certificados No. 217783 de fecha 06 de enero del 2014, y Certificado No. 625423 de fecha 14 de enero del 2014, cuando la paciente no se encontraba en el país; igualmente alegó que acreditará que el demandante estuvo incapacitado del 23 de mayo al 30 de junio del 2014, razón por la cual no se le pudo hacer entrega del Memorando que contiene la cancelación de su Contrato de Trabajo, y que también se levantaron actas firmadas por el Inspector del Trabajo en la que se le visitó al demandante en varias ocasiones para hacerle entrega del documento de cancelación pero nunca se encontraba; que dando cumplimiento a lo que establece la Cláusula 11 del Contrato Colectivo se llevó a cabo audiencia de cargos y descargos en la que el demandante aceptó haber extendido los Certificados de Incapacidad a la señora Breysi Ondina Reyes Hernández, asimismo aceptó que las firmas puestas en el certificado de incapacidad extendidas a dicha señora eran del demandante, así como también el sello profesional que usó para extender dicho documento, lo que expresó a las preguntas números 13 ,14 y 15 en sus respuestas se deja claro que si extendió dichas incapacidades e igualmente aceptó haber extendido otra incapacidad del 14 al 17 de enero del año 2014, tal como lo expresó en la respuesta a la pregunta número 16, con lo que se acredita que efectivamente el demandante cometió la falta imputada y por lo tanto no le asiste el derecho que reclama, en vista de que cometió la falta imputada.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 06 de noviembre del 2015, dictó sentencia declarando SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el señor CARLOS EMILIO PINTO GUERRA, contra el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS); ABSOLVIENDO a la parte demandada de toda responsabilidad en el presente juicio, sin perjuicio de los derechos adquiridos que le pudieran corresponder y que se los ha reconocido el empleador en la misma nota de despido, sin costas; bajo el criterio que el demandante alega prescripción de la acción del empleador para imponer a sanción de despido, por lo que conforme a lo constatado de autos después de la investigación del equipo técnico, se procedió a realizar la audiencia de descargos para dar cumplimiento a lo establecido en el contrato colectivo, procedimiento que está instaurado para respetar el derecho a la defensa del trabajador, antes de que se lleve a cabo la decisión de terminar o no el contrato de trabajo, entonces el empleador debe de darle al trabajador la oportunidad de defenderse de las imputaciones que se hacen o se han hecho en su contra; de tal manera que con los descargos que haga el trabajador y las pruebas que éste presente a su favor el empleador podrá decidir con mayor claridad y certeza cuál es la sanción que debe de aplicar al trabajador conforme a la ley, reglamento, pacto o contrato colectivo. En ese orden de ideas, es a partir de la fecha de la audiencia de descargo, que se podría decir, que el empleador conoce de manera pormenorizada y con más profundidad los hechos que sucedieron en torno a la o las supuestas faltas cometidas por el trabajador y que causan o causaran una sanción disciplinaria; en el caso que se ocupa la audiencia de descargo se celebró en fecha 2 de mayo del 2014, contando el empleador hasta el 2 de junio del 2014 para imponer una sanción disciplinaria al trabajador dentro de los plazos legales que establece el Código del Trabajo, pero es hasta el 30 de junio del 2014, en que se materializó efectivamente el despido, sin embargo alega el demandado que interrumpe el plazo de la prescripción de la imposición de la sanción disciplinaria las incapacidades medicas temporales del demandante Doctor Carlos Emilio Pinto Guerra, la primera del 22 de mayo al 4 de junio del 2014 y la segunda del 5 al 27 de junio del 2014, periodo que conforme a lo establecido en el artículo 100 numeral 7) del Código del Trabajo se encuentra suspendida la relación laboral y causa la inutilización de todos esos días, por lo que con una simple operación aritmética se deduce que la sanción de despido está notificada dentro del plazo legal; argumentó el demandante que la causa de despido es inexistente, sin que lo probara de esa forma en juicio, sin embargo el empleador sí plenamente ha acreditado que el doctor demandante extendió dos certificados de incapacidad médica a una persona que no se encontraba dentro del país; no obstante las deficiencias en el sistema de seguridad social, que es de conocimiento público, el trabajador está en la obligación de realizar su trabajo con la mayor eficiencia, cuidado y esmero, observando los preceptos de reglamentos e instrucciones que de modo particular le imparta el patrono, y con mayor responsabilidad al momento de extender un certificado médico de incapacidad temporal, por lo que con el análisis del juicio de mérito, de la prueba individual y en su conjunto es procedente declarar sin lugar la demanda ordinaria laboral que se conoce.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha 19 de marzo del 2018, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que en el caso sub judice, ha quedado acreditado en el proceso, que el demandante reconoció haber extendido las incapacidades médicas que obran a folios 68 y 69, a favor de la señora Breisy Ondina Reyes Hernández, en fechas 6 al 8 de enero y 14 al 17 de enero, ambas del año 2014, reconocimiento que hace según acta de investigación que obra a folio 58 de la primera pieza de autos; que a folio 111 corre agregado el movimiento migratorio de la señora Breisy Ondina Reyes Hernández, mismo que registra una salida del país el 11 de octubre de 2013 con destino a los Estados Unidos de Norteamérica, ingresando al país el 19 de enero de 2014, por lo que se aprecia claramente que a la fecha en que el demandante extendió las referidas incapacidades, lo hizo en fechas en las cuales la derecho habiente no se encontraba en el país; por lo que las mismas a todas luces carecen de veracidad; que si bien es cierto en el expediente personal del demandante no se encuentran llamados de atención o suspensiones de su trabajo (folio 91), no es menos cierto que a criterio de este Tribunal de alzada, la falta cometida por el demandante es calificada como grave, ya que extender incapacidades medicas a un afiliado al IHSS sin que este se encuentre en el país constituye una violación a los deberes que tiene el demandante al extender dichas incapacidades; lo que va en detrimento de las arcas del IHSS y consecuentemente de la población del Estado de Honduras que aporta su cuota al IHSS, quien es el mayor perjudicado por lo que se considera que la sanción impuesta al demandado va de acorde a la falta cometida; y que en relación a la excepción de prescripción, este Tribunal ha sostenido que es hasta la celebración de la audiencia de descargo que el patrono se entera de las faltas cometidas por el trabajador, ya que es en este momento que el mismo hace uso de su derecho a la defensa, contestando los cargos que le formula su patrono; por ende, la excepción planteada a criterio de este Tribunal debe ser declarada sin lugar; que vistas las consideraciones antes señaladas, es procedente confirmar la sentencia apelada.- 5.- Mediante auto de fecha 02 de mayo del 2018, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado JUAN ANGEL BENAVIDES PAZ, en su condición de representante procesal del señor CARLOS EMILIO PINTO GUERRA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 13 de junio del 2018, compareció ante éste Tribunal el Abogado JUAN ANGEL BENAVIDES PAZ, en su condición de representante procesal del señor CARLOS EMILIO PINTO GUERRA, formalizando su demanda, exponiendo ocho motivos de casación y pidiendo nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 31 de octubre del 2018, se tuvo por precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte del Abogado FRANCISCO ANTONIO MONTOYA MARTINEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o Tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II.- Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8.1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI.- Que el Recurrente solicita se declare la nulidad del fallo impugnado, basado en lo siguiente: “Las reglas que determinan el contenido de las sentencias se encuentran reguladas en los artículos 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil. La sentencia que se pretende impugnar contiene pasajes obscuros, que limitan el ejercicio del derecho al defensa y que no exponen con claridad los objetos de debate en juicio. Es indispensable para la fijación de la doctrina laboral de Honduras, que las sentencias sean claras, precisas, congruentes, motivadas y exhaustivas, a fin de generar un espacio jurídico en la que las partes puedan entender la razón del fallo y a la vez mejorar los argumentos de defensa. Sin embargo, cuando el Ad-Quem no se pronuncia sobre medios de prueba propuestos por mi representado genera una confusión e incongruencia en el fallo; en primer lugar porque no se encuentra un argumento lógico que conduzca al punto en el que el Ad-Quem prefirió la prueba ofrecida por la parte demandada sobre la prueba propuesta por mi representado y en segundo lugar no aparecen descritos los hechos que lo motivaron a no pronunciarse sobre la prueba ofrecida por mi representado, es decir, no se confrontaron los criterios de proporcionalidad del despido y la falta alegada por la demandada, y el criterio utilizado para determinar el inicio de la prescripción del artículo 863 es alejada a derecho, motivos suficientes para decretar su nulidad. No se desconoce la libertad que tiene el juez del trabajo para resolver el conflicto laboral mediante la libre apreciación de la prueba, sujeta siempre a las reglas de la sana critica, lo que se exige es que el Ad-Quem motive su fallo de tal manera que establezca los motivos de porque determinada prueba prevalece frente a la otra, o porque motivos no la considero valida, o la considero nula, o cualquier otro razonamiento lógico que desprenda de la capacidad de razonar del juzgador, eso es lo que ordena el Código Procesal Civil, y es precisamente lo que se ha omitido en el presente caso. Sumado a lo anterior, se encuentra la clara rebeldía del a quem a sujetarse a lo ordenado por esta Honorable Corte Suprema de Justicia, que le dio en conocimiento en el primer fallo de casación del presente juicio que produjo la nulidad de la sentencia y el mandato de dictarla conforme a derecho, orden que fue INTENCIONALMENTE DESOBEDECIDA. Lo anterior es suficiente para decretar la nulidad de la sentencia que se pretende impugnar, y dicho fallo se solicita sea dictado por esta Honorable Corte Suprema de Justicia, en virtud del criterio errado por el A quem.”.- VII. Que consta de autos, que este Tribunal, en sentencia del 17 de Enero del 2018, anuló la proferida por la Corte de Apelaciones recurrida, porque no se revisó con suficiente exhaustividad lo relacionado con la cuestión derivada de los años de servicio del actor con la demandada, con el señalamiento de no haber sido objeto de sanciones anteriores; además, en el tema de la prescripción de la acción del despido, hace suyo el argumento utilizado por el a quo para desestimar el mismo, de que es a partir de la fecha de la audiencia de descargo que se computa el término de un mes que tiene el patrono para sancionar al trabajador/a, olvidando que a ese momento ya se ha señalado la existencia de un cargo o falta, que lógicamente es anterior a su celebración, siendo que la norma contenida en el artículo 863 del Código del Trabajo determina que dicho término comienza desde que se cometió la falta o que se tuvo conocimiento de la misma.- VIII.- De esos temas en el nuevo fallo, la Corte repite el señalamiento de que la falta es grave, aduciendo de “Que si bien es cierto en el expediente personal del demandante no se encuentran llamados de atención o suspensiones de su trabajo (folio 91), no es menos cierto que a criterio de este Tribunal de alzada, la falta cometida por el demandante es calificada como grave, ya que extender incapacidades medicas a un afiliado al IHSS sin que este se encuentre en el país constituye una violación a los deberes que tiene el demandante al extender dichas incapacidades…”, pero omite indicar en que basa tal extremo, porque el despido se fundamenta en el artículo 112 del Código del Trabajo, disposición que separa lo que es violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador, de acuerdo con los artículos 97 y 98 de dicho ordenamiento, con la falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos, siempre que el hecho esté debidamente comprobado y que en la aplicación de la sanción se observe el respectivo procedimiento reglamentario o convencional.- IX.- Con relación a la prescripción también dicho Tribunal reitera el criterio de “que es hasta la celebración de la audiencia de descargo que el patrono se entera de las faltas cometidas por el trabajador, ya que es en este momento que el mismo hace uso de su derecho a la defensa, contestando los cargos que le formula su patrono…”, lo cual resulta ser contradictorio, ya que el artículo 863 del Código del Trabajo determina que dicho término de prescripción comienza desde que se cometió la falta o que se tuvo conocimiento de la misma; por lo que el argumento utilizado por el ad quem de que el patrono se entera de las faltas cometidas por el trabajador al momento de la audiencia de descargos, olvida que a la celebración de la referida audiencia de descargos se entiende que el patrono ha investigado el hecho generador o sea la conducta a sancionar, ha citado al trabajador para que asista a la misma, señalándole la existencia de ese cargo o falta, por lo que ese procedimiento, que se instituye en garantía de los derechos constitucionales de defensa, audiencia y debido proceso, que le asiste como persona humana, presume el conocimiento del cargo, por lo cual no tiene sentido lógico la afirmación de que con esa audiencia se entera de lo ocurrido; cabría cuestionar entonces, que pasaría si ese empleado no asistió a la audiencia, ni hizo uso de sus derechos, o bien, en otro escenario, que el patrono lo haya sancionado sin realizar ningún procedimiento disciplinario, ni escuchado al trabajador, tal criterio haría complicado determinar el inicio de la prescripción para sancionar.- X.- Que toda persona tiene el derecho de poder ejercitar o promover las acciones que estime pertinentes en defensa de sus derechos y derivado de ello también tiene el derecho a recibir una respuesta del órgano jurisdiccional, previo a seguirse el debido proceso, resolución que deberá ser congruente, motivada, imparcial y apegada al ordenamiento jurídico y a los principios generales del derecho laboral.- XI.- Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de fondo del 5 de octubre de 2015, dictada en el caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador, Serie C No. 30319 151, estableció sobre el debido proceso: “La Corte ha señalado que el derecho al debido proceso se refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado, adoptado por cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que pueda afectarlos.- El debido proceso se encuentra, a su vez, íntimamente ligado con la noción de justicia, que se refleja en: i) un acceso a la justicia no sólo formal, sino que reconozca y resuelva los factores de desigualdad real de los justiciables, ii) el desarrollo de un juicio justo, y iii) la resolución de las controversias de forma tal que la decisión adoptada se acerque al mayor nivel de corrección del derecho, es decir que se asegure, en la mayor medida posible, su solución justa.”.- XII.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- XIII.- Que es deber ineludible de la Corte Suprema de Justicia no solo observar la técnica rigurosa y formalista del recurso de casación, sino que se garantice el debido proceso y el derecho de defensa a las partes, particularmente que las resoluciones deben ser dictadas con la suficiente explicación de los puntos en litigio y los temas debatidos, como que sean congruentes y los resuelvan debidamente.- XIV.- Que conforme con el artículo 701 numeral 3) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, dispone que el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieran denunciado por el recurrente.- XV.- Por las razones antes expuestas, es procedente declarar la nulidad de la sentencia recurrida, para que el ad-quem proceda de conformidad a derecho, debiendo dicho Tribunal ser más cuidadoso en los asuntos sometidos a su conocimiento.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5, 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 666 letra c), 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 9 y 11 del Código Civil; 22, 200, 206, 207, 208, 211, 212 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha 2 de febrero de 2016, visible a folios del 8 al 11 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a Derecho.- Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los ocho días del mes de mayo del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha veintiocho de marzo del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 165-18.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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