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Sentencia CL-164-18 — Registro 10646

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para que en sentencia definitiva se declare por tiempo indefinido la relación laboral de los demandantes, originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos, en la aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo, en consecuencia concederles todos los derechos que ostentan los empleados con carácter permanente, asimismo piden la reinstalación a su puesto de trabajo y restitución de sus funciones, que fue suspendido y ante la negativa del patrono de la no suscripción de un nuevo contrato de trabajo, pago de vacaciones, decimotercer y decimocuarto mes causados y proporcionales, reconocimiento de aumentos salariales y bonificaciones que se recibieran durante el tiempo que dure la demanda, reajuste de salarios de acuerdo con la Ley de salario mínimo

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la recurrente indica como normas violadas “Articulo 20, 47, 52 del Código de Trabajo y 128 del mismo cuerpo legal” no ostentando las mismas el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) en el desarrollo de su cargo alude como norma infringida artículo que no fue estipulado en su formulación, ya sea como infringidos o relacionados, tal es el caso del artículo 46.b) del Código del Trabajo; y c) al alegar la interpretación errónea de la ley, la misma tiene cabida en el recurso extraordinario de casación, cuando el sentenciador halla en la norma una inteligencia o un alcance distintos de los que contiene, es decir, cuando el entendimiento de la misma por aquél es equivocado o erróneo. De ahí que la impetrante esté obligada en su demanda de casación a indicar cuál fue el sentido errado que le imprimió el juzgador y cual el verdadero que debió darle. Obviando la misma cumplir con el requisito anteriormente señalado."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la infirmante indica como normas violadas “Articulo 20, 47, 52 del Código de Trabajo y 128 del mismo cuerpo legal” no ostentando las mismas el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) en el desarrollo de su cargo alude como normas infringidas artículos que no fueron estipulados en su formulación, ya sea como infringidos o relacionados, tal es el caso de los artículo 46.b) y 111 numeral 2) del Código del Trabajo; c) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica correctamente el artículo en que encuentra comprendido el cargo; d) en la formulación del motivo hace referencia a la apreciación errónea de medios de prueba, sin embargo en su desarrollo alega aplicación indebida, causales diferentes que debió invocar de forma separada por la independencia de los cargos; y e) hace alegatos propios de instancia."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., cinco de diciembre de dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 13 de Junio de 2018, por la Abogada JUANA ANTONIA GARCIA ORDOÑEZ, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, son parte recurrida, los señores JOSE MARIA JUAREZ PACHECO, DILIA MARIXA RAMIREZ MARTINEZ y FABIO SEBASTIAN CARRANZA AGUILERA, representados en juicio por el Abogado JERSY JEOVANNY LAZO BACA. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para que en sentencia definitiva se declare por tiempo indefinido la relación laboral de los demandantes, originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos, en la aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo, en consecuencia concederles todos los derechos que ostentan los empleados con carácter permanente, asimismo piden la reinstalación a su puesto de trabajo y restitución de sus funciones, que fue suspendido y ante la negativa del patrono de la no suscripción de un nuevo contrato de trabajo, pago de vacaciones, decimotercer y decimocuarto mes causados y proporcionales, reconocimiento de aumentos salariales y bonificaciones que se recibieran durante el tiempo que dure la demanda, reajuste de salarios de acuerdo con la Ley de salario mínimo, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 10 de agosto del 2015 por el Abogado JERSY JEOVANNY LAZO BACA en su condición de apoderado legal de los señores JOSE MARIA JUAREZ PACHECO, DILIA MARIXA RAMIREZ MARTINEZ y FABIO SEBASTIAN CARRANZA AGUILERA, todos mayores de edad, casado, hondureños y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, en ese entonces el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 13 de febrero del 2018, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 13 de noviembre del 2017, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1.- Declarar CON LUGAR la demanda laboral para el reintegro a su puesto de trabajo, por despido ilegal e injustificado, salarios dejados de percibir, reajuste al salario mínimo solicitado en cuanto al señor FABIO SEBASTIAN CARRANZA AGUILERA; promovida por el Abogado JERSY JEOVANNY LAZO BACA, de generales expresadas; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por medio de su Representante Legal la Procuradora General de la República Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, también de generales expresadas; II- CONDENAR: al ESTADO DE HONDURAS por medio de su Representante Legal la Procuradora General de la República Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, a lo siguiente: 1- REINTEGRAR: A los señores JOSE MARIA JUÁREZ PACHECO, DILIA MARIXA RAMIREZ MARTINEZ, FABIO SEBASTIÁN CARRANZA AGUILERA al cargo que ocupaban al momento del despido o a otro de igual o mejor categoría, por lo menos en igualdad de condiciones de trabajo que mantenía al momento de operarse la ruptura de contrato; 2.- Al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de terminación del contrato de trabajo hasta el momento de la reinstalación, y al reconocimiento de los demás derechos adquiridos en su ausencia, así como al pago de derechos adquiridos adeudados; 3.- A pagar a favor del señor FABIO SEBASTIÁN CARRANZA AGUILERA la cantidad de DIEZ MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON DOCE CENTAVOS (L.10,882.12), en concepto de reajuste al salario mínimo el cual se detalla a continuación: L.4,946.40 correspondiente al año 2015, L.5,935.72 correspondiente al año 2014. III.- ABSUELVE al demandado del pago de reajuste al salario mínimo en cuanto a los señores JOSE MARIA JUÁREZ PACHECO, DILIA MARIXA RAMIREZ MARTINEZ.- IV.- SIN COSTAS.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que comenzaron su relación laboral para el Estado de Honduras en la Dirección General de Aeronáutica Civil, ahora Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil dependiente de la Secretaria de Estado en los Despacho de Infraestructura y Servicio Públicos (INSEP), mediante la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos de la siguiente manera: José María Juárez Pacheco, el 01 de julio del año 2014, desempeñando el puesto de Secretario Legal, devengando un salario mensual de L.14,000.00; Fabio Sebastián Carranza Aguilera, el 21 de septiembre del año 2013, en el puesto de motorista devengando un salario mensual L.7,500.00; Dilia Marixa Ramírez Martínez, el 01 de septiembre del año 2013, desempeñando el puesto de Receptora devengando un salario mensual de L.9,000.00., desempeñado las mismas funciones de manera permanente e ininterrumpida bajo la subordinación de su empleador, así como consta en los contratos suscritos entre las partes, mismo que reúne los elementos exigidos en el artículo 20 del Código del Trabajo los cuales son: a) la actividad personal de trabajador; b) la continua subordinación o dependencia del trabajo respecto al patrono, que faculte a este para exigirle el cumplimiento de órdenes en cualquier momento el modo, el tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos y c) un salario como retribución del servicio, aunando a ello sujeto a un horario de trabajo, una vez reunidos los tres elementos de que trata la figura legal precitada se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se agregue, pues en el presente caso en los contratos suscritos por las partes se reúne los elementos establecidos en la norma legal antes señalada; en virtud de lo anterior en el presente caso la relación que les une es de orden laboral, haciendo la observancia que sus funciones son de carácter continuo y permanentes en la institución demanda, entendiéndose entonces que estamos ante un contrato de trabajo por tiempo indeterminado, pues la causa que ha originado el surgimiento de la relación laboral ha subsistido y subsistirá siempre, que la institución demandada una vez vencido su último contrato de trabajo no renovó el mismo, a pesar de estar amparados legalmente y que les asiste el derecho a la permanencia como la reinstalación al mismo y a la restitución de sus funciones, en el puesto de trabajo que han venido desempeñando por la continuidad de dichos contratos individuales de trabajo por tiempo determinado e ininterrumpidos.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que los demandantes sostuvieron efectivamente una relación contractual con el Estado de Honduras a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, ahora Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil dependiente de la Secretaría de Estado en el Despacho de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), mediante la modalidad de Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, con fecha de inicio y terminación, contratos que fueron consentidos y aceptados sin objeción alguna por los demandantes, por lo tanto este Juzgado por el principio de la libre contratación puede arrogar su análisis en lo que establece el Artículo 46 literal b) del Código de Trabajo, por lo cual habiendo finalizado esos contratos sin compromisos posterior alguna de las mismas; circunstancia esta que era del conocimiento claro de los demandantes, quienes conscientes de tal situación y sin objeción alguna aceptaron firmar un último contrato administrativo regido por las disposiciones del Derecho Administrativo, en virtud que la prestación de servicios profesionales se encuentra regulada en la Ley de Procedimiento Administrativo, asimismo por ser contratos administrativos se someten al conocimiento a la Ley de lo Contencioso Administrativo en su Artículo 3 literal a) Preceptúa son de su competencia: “Las cuestiones referente a los Contrato de Prestación de Servicios Profesionales o Técnico que Celebren los Poderes del Estado”, por lo que dichos contratos no son sometidos a la Ley laboral, como lo pretenden hacer ver los demandantes, pues tanto el contrato referido como esta normativa establece como jurisdicción al caso que nos ocupa el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de lo cual las partes actoras tenían pleno conocimiento y no se manifestaron en ningún momento de manera contraria ni presentaron oposición en tiempo y forma contrario sensu en base a uno a los elementos esenciales del contrato que contempla nuestro ordenamiento jurídico, los demandantes consintieron y aceptaron la relación contractual bajo la cual están regidos sus servicios prestados al patrono, que existió una relación contractual con la que se conocía la fecha de inicio y terminación del mismo, que los demandantes en un desconocimiento total de las clausulas en las que se rigieron los contratos de servicios profesionales, en los que ambas partes se obligaron y aceptaron sus respectivas condiciones y por ende la vigencia de los contratos, los cuales concluyeron, pues forzosamente tenían que llegar a su finalización, por lo tanto el reclamo presentado carece de sustento jurídico para exigir el reintegro y los demás derechos que reclaman por el servicios que prestaban bajo el argumento que los contratos fueron continuos, no obstante la fundamentación en que los demandantes procuran sustentar sus pretensiones en el artículo 20 del Código de Trabajo, que si bien es cierto señala los elementos esenciales para considerar la existencia de una relación de trabajo, no es menos cierto que todo contrato de trabajo bajo las distintas modalidades que establecen una prestación de servicios conllevan esos mismos elementos para ejercer esa actividad de trabajo para lo cual fueron contratadas ya que a la anuencia de las partes para la firma de un nuevo contrato de prestación de servicios el mismo es aplicable en aquellos casos que por su naturaleza el o los contratos sean por tiempo indefinido, que no es el caso que nos ocupa, en virtud que como reiteramos los demandantes consintieron, aceptaron y fue de su conocimiento desde su inicio la modalidad bajo la cual estaba regida su relación contractual, en cuanto a los otros derechos que piden que obviamente son ilusorios e imaginarios, no les pertenece porque simplemente cumplieron su prestación de servicio profesional temporal por el periodo determinado y establecido en los contratos suscritos por ambas partes; por otra parte es oportuno resaltar que en esta clase de contrato se fundamenta lo que instituye el Articulo 1348 del Código Civil que literalmente dice: “Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos....” en consecuencia no existe obligación en cumplir con sus pretensiones y exigencia de los supuestos derechos subjetivos que ahora procuran tener los demandantes quienes procuran sustentar sus pretensiones en el Articulo 47 del Código de Trabajo, aduciendo que “Los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa se consideran como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese termino de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que le dio origen a la materia del trabajo para la prestación de servicios iguales o análogas” siendo aventurado afirmar que esta prestación de servicio por la suscripción de varios contratos es continua e ininterrumpida, pues estos contratos son transitorios y temporales y no se puede aplicar irresponsablemente la normativa laboral de este articulo ni considerarse por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese termino de duración, pues la figura del “Contrato” involucra dos partes que se someten a las obligaciones y derechos plasmados en el mismo y no pueden prevalecer derechos subjetivos por conveniente desnaturalizaría el contrato, en consecuencia el artículo 47 del Código de Trabajo, no es aplicable a los contratos de los demandantes.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de Departamento de Francisco Morazán, en fecha 13 de noviembre del 2017, dictó sentencia declarando CON LUGAR la demanda laboral para el reintegro a su puesto de trabajo, por despido ilegal e injustificado, salarios dejados de percibir, reajuste al salario mínimo solicitado en cuanto al señor Fabio Sebastián Carranza Aguilera; condenó al Estado de Honduras por medio de su Representante Legal la Procuraduría General de la República a lo siguiente: 1- Reintegrar: A los señores José María Juárez Pacheco, Dilia Marixa Ramírez Martínez, Fabio Sebastián Carranza Aguilera al cargo que ocupaban al momento del despido o a otro de igual o mejor categoría, por lo menos en igualdad de condiciones de trabajo que mantenía al momento de operarse la ruptura de contrato; 2.- Al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de terminación del contrato de trabajo hasta el momento de la reinstalación, y al reconocimiento de los demás derechos adquiridos en su ausencia, así como al pago de derechos adquiridos adeudados; 3.- A pagar a favor del señor Fabio Sebastián Carranza Aguilera la cantidad de (L.10,882.12), en concepto de reajuste al salario mínimo, absuelve al demandado del pago de reajuste al salario mínimo en cuanto a los señores José María Juárez Pacheco, Dilia Marixa Ramírez Martínez, sin costas; bajo el criterio que la demandada sostiene que los trabajadores demandantes fueron contratados mediante la modalidad de Contrato de Servicios Profesionales, también es cierto que de conformidad con lo contemplado en la Constitución de la República y el Código de Trabajo, son nulos ipso jure todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución y el Código de Trabajo otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato u otro pacto cualquiera, y asimismo que se le deben reconocer todos los derechos de que gozan los empleados permanentes de la demandada, a partir de la fecha en que comenzaron su relación de trabajo, pues los mismos se renovaron antes de transcurrido un año y entre las mismas partes contratantes y para la misma clase de trabajo, y de acuerdo al artículo 74 párrafo tercero se establece que los contratos a plazo fijo para obra determinada tienen carácter de excepción y sólo pueden celebrarse en los casos que así lo exija la naturaleza accidental o temporal del servicio, así como que para la celebración de este tipo de contratos, la plaza a ocupar y las funciones a ejercer, puedan realizarse solo por personal altamente capacitado para ello, requisitos que no es necesario reunirlos en los casos de los puestos que ocupaban los demandantes, asimismo que se considerara trabajador con status permanente a todo trabajador, mientras el patrono no demuestre que los demandantes han sido contratado por tiempo determinado por causa de emergencia nacional de carácter grave, por lo tanto al estar probada la naturaleza permanente y continua de los puestos de trabajo de los demandantes; y que sus contratos reúnen los requisitos establecidos en el artículo 20 del Código del Trabajo de realizar la actividad personalmente al comprometerse a realizar la actividad en forma personal, continua subordinación y salario como remuneración, estableciendo que la misma es en forma mensual, que las Cartas de Despido en cuyo texto no figura ninguna de las causales justas de despido que expresamente determina el artículo 112 del Código de Trabajo, y así como no probó la parte demandada haber seguido el procedimiento legalmente establecido para el despido de los actores, habiendo irrespetado el derecho a defensa y debido proceso por lo tanto nos encontramos ante un despido a todas luces ilegal e injusto, dentro de las pretensiones de la demanda se encuentra el reajuste al salario mínimo, en autos se observa que los señores José María Juárez Pacheco devengaba un salario de L.14,000.00; Fabio Sebastián Carranza Aguilera devengaba un salario así: en el tiempo que laboro en el año 2015 ganaba L.7,500.00, en el año 2014 su salario fue así del 2 de enero al 26 de enero del 2014 L.7,500.00, del 4 de febrero al 28 de febrero del 2014, L.6,250.00, del 3 de marzo al 31 de diciembre L.7,500.00, en el año 2013 del 1 de abril al 31 de diciembre del 2013, su salario mensual fue de L.7,500.00; y, Dilia Marixa Ramírez Martínez devengando un salaria de L.9,000.00, por lo que el salario del señor Fabio Sebastián Carranza Aguilera es una cantidad inferior a la tabla de salario mínimo aprobada por el Congreso Nacional para los años 2014, 2015, y de acuerdo con los artículo 1, 2 y 12 de la Ley del Salario Mínimo, que establecen la obligatoriedad del patrono a pagar a sus empleados el mínimo correspondiente.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha 13 de febrero del 2018, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que quedó probado que la relación de trabajo que unía a los demandantes con el demandado es de carácter permanente, qué al momento de la terminación de la relación laboral, la misma se hizo sin invocar justa causa, resultando con ello un despido ilegal.- 5.- Mediante auto de fecha 2 de mayo del 2018, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada JUANA ANTONIA GARCIA ORDOÑEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 13 de junio del 2018, compareció ante éste Tribunal la Abogada JUANA ANTONIA GARCIA ORDOÑEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo dos motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 13 de junio del 2018, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 2 de abril del 2019, se declaró por precluido de derecho y perdido irrevocablemente el termino dejado de utilizar por parte del Abogado JERSY JEOVANNY LAZO BACA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que la Abogada JUANA ANTONIA GARCIA ORDOÑEZ, en su primer motivo de casación alega: “Ser la Sentencia violatoria a la Ley sustantiva por la interpretación errónea del Articulo 20, 47, 52 del Código de Trabajo y 128 del mismo cuerpo legal. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 765 párrafo primero y párrafo segundo del código de trabajo. CONCEPTO DE LA INTERPRETACIÓN ERRÓNEA. El Artículo 46 numeral b) ante relacionado preceptúa: el Contrato individual del Trabajo puede ser por tiempo limitado cuando se especifica fecha para su terminación. Los demandantes no se pueden considerar como empleado permanente ya que al momento de suscribir los Contratos TENIAN conocimiento que tenía fecha de inicio y de terminación y asimismo ellos los aceptaron y consintieron, lo cual no obliga el patrono a reconocer una CONTINUIDAD laboral ya que asimismo lo establece el contrato que tiene una fecha de término por tanto no obliga al patrono a pagar salarios dejados de percibir, tal como la parte acusada lo ha hecho. Sino que contrario a ello según la referida norma EL PATRONO CULPABLE QUEDARA ÚNICAMENTE OBLIGADO AL PAGAR AL TRABAJADOR LA CANTIDAD EN CONCEPTOS DE SALARIO”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la recurrente indica como normas violadas “Articulo 20, 47, 52 del Código de Trabajo y 128 del mismo cuerpo legal” no ostentando las mismas el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) en el desarrollo de su cargo alude como norma infringida artículo que no fue estipulado en su formulación, ya sea como infringidos o relacionados, tal es el caso del artículo 46.b) del Código del Trabajo; y c) al alegar la interpretación errónea de la ley, la misma tiene cabida en el recurso extraordinario de casación, cuando el sentenciador halla en la norma una inteligencia o un alcance distintos de los que contiene, es decir, cuando el entendimiento de la misma por aquél es equivocado o erróneo. De ahí que la impetrante esté obligada en su demanda de casación a indicar cuál fue el sentido errado que le imprimió el juzgador y cual el verdadero que debió darle. Obviando la misma cumplir con el requisito anteriormente señalado.- IV. Que la Censora, en su segundo motivo de casación alega: “Ser la Sentencia recurrida violatoria a la ley sustantiva de orden nacional por aplicación indebida de los Artículos 20, 47, 52 del Código de Trabajo y 128 del mismo cuerpo legal. La doctrina de Casación que sostiene que la violación de la Ley Laboral por la apreciación errónea de la prueba consiste en lo siguiente:Debe de existir una mala apreciación que debe de ser originada por un error de hecho, es decir respecto de la prueba consignada en la misma y no con relación a las normas legales que reclame la prueba de que se trate. Ese error debe generar como consecuencia obligada y necesaria la obligación de la Ley sustantiva. El error de hecho debe de ser manifiesto, a sea que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate, como ocurriría si en la sentencia se admite por probado un hecho que en realidad no ha sido demostrado, o al contrario no se da por probado un hecho que está plenamente demostrado en juicio. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 20 y 47 del Código de Trabajo. CONCEPTOS DE LA APLICACIÓN INDEBIDA La violación es proveniente de la apreciación errónea del medio de prueba denominado DOCUMENTAL PUBLICO: Que quedó acreditado en los hechos de la Contestación de la Demanda con relación de la forma errónea de los Artículos 20 y 47 del Código de Trabajo por tratarse de contratos Administrativos no laborales en ningún sentido. Honorable Corte a todas luces se visualiza que las consideraciones que hace la Corte acusada son indebidas. Situación que sin entrar en alegatos de instancia razono de la siguiente manera: Para que se pudiese considerar los Contratos por tiempo indefinido, no debería de tener fecha de finalización de una relación laboral amparado en lo dispuesto en el Articulo 46 numeral b) y Articulo 111 numeral 2) de dicho cuerpo Legal emplácese al patrono con el objeto de que le probare la justa causa en que se fundó la no renovación de los contrato por lo tanto correspondiéndole al trabajador las indemnizaciones que ya dicha ley preceptúa. Sin embargo, al no invocarle ninguna de las causas establecidas en el artículo 46 NUMERAL 6) y el Artículo 111 numeral 2) es fácil concluir QUE NOS ENCONTRAMOS EN UNA DECISIÓN UNILATERAL POR CAUSA AJENA AL TRABAJADOR no catalogando dicha terminación en despido legal e injusto tal como la Corte acusada lo califica. Cabe decir que si la referida Corte hubiese apreciado correctamente la prueba producida y hubiere además aplicado en principio universal onus probando incumbir actor y siendo que la prueba es el medio legal para demostrar la verdad de los hechos que se alega ante las autoridades judiciales hubiesen llegado al libre convencimiento que los contratos suscritos con el señores JOSÉ MARÍA JUÁREZ PACHECO, DILIA MARIXA RAMÍREZ MARTÍNEZ, FABIO SEBASTIÁN CARRANZA AGUILERA que se encuentran agregados desde el folio noventa y seis (96) hasta el folio ciento ochenta y nueve (189) del expediente de mérito en su pieza principal que la parte demandada aporto al juicio para acreditar que los contratos tenían fecha de inicio y finalización, cabe mencionar el error en que incurre la parte acusada en relación a la prueba aportada por la parte demandada al no hacerle el análisis jurídico correspondiente de manera objetiva la normativa legal CONTRATOS SUSCRITOS DE MANERA CONTINUA sino que constituía la decisión y conocimiento de las partes al tener fecha de inicio y terminación los contratos celebrado por las partes como lo establece el Artículo 46 inciso b). El error en que incurre la Corte acusada en relación a la prueba singularizada mediante la cual se prescinde de los servicios de los demandantes es manifiesto por lo que procede a CASAR la Sentencia en el presente motivo. Que los demandantes ya tenían conocimiento de cuando finalizaría el Contrato suscrito con la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC Dependiente de la Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP). Lo que desvirtúa las aseveraciones de los demandantes en su escrito de Demanda medio de prueba ignorado en su totalidad, siendo el caso que debió ser apreciada por este. Por las razones antes expuestas procede que esta Honorable Corte Suprema de Justicia case totalmente la Sentencia en este motivo, prueba apreciada erróneamente.- Las pruebas singularizadas apreciadas erróneamente por el Tribunal de Alzada al confirmar el fallo de primera instancia consistente en los Contratos suscritos por los señores JOSE MARÍA JUÁREZ PACHECO, DILIA MARIXA RAMÍREZ MARTÍNEZ, FABIO SEBASTIÁN CARRANZA AGUILERA. LA VIOLACIÓN LA EXPLICO DE LA SIGUIENTE MANERA. La Corte acusada en el CONSIDERANDO (8): donde establece “Que el estudio de hecho y de derecho; así como los medios de prueba acreditado en el juicio este Tribunal de Alzada ha llegado al convencimiento que la Sentencia definitiva dictada por el Juez A-quo y que se revisa en apelación está apegada a derecho y procede su confirmatoria. - y se fundamenta en los hechos siguientes... sin embargo considera este Tribunal que la relación laboral de los demandantes era continua, sobre todo por que celebraron varios contratos de trabajo y por tal razón se les debe de tener como empleados permanentes desde que iniciaron su relación laboral al no invocarse a la terminación de la relación laboral ninguna causa justa, vuelve el despido en ilegal e injusto y por ende es procedente declarar la Demanda en que se hecho mérito. Lo cual se puede apreciar el análisis erróneo de la normativa legal al tener los contratos suscritos por los demandantes fecha de finalización sin que para ello sea necesario haberle invocado causal alguna.”.- V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la infirmante indica como normas violadas “Articulo 20, 47, 52 del Código de Trabajo y 128 del mismo cuerpo legal” no ostentando las mismas el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) en el desarrollo de su cargo alude como normas infringidas artículos que no fueron estipulados en su formulación, ya sea como infringidos o relacionados, tal es el caso de los artículo 46.b) y 111 numeral 2) del Código del Trabajo; c) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica correctamente el artículo en que encuentra comprendido el cargo; d) en la formulación del motivo hace referencia a la apreciación errónea de medios de prueba, sin embargo en su desarrollo alega aplicación indebida, causales diferentes que debió invocar de forma separada por la independencia de los cargos; y e) hace alegatos propios de instancia.- VI. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los tres días del mes de febrero del dos mil veinte; certificación de la sentencia de fecha cinco de diciembre del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 164-18.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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