Sentencia CL-144-18 — Registro 8573
Resumen
En primera instancia se declaró sin lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de ajustes del 30% de las prestaciones laborales e indemnizaciones legales, salarios caídos y costas del juicio, todo derivado de un acto patronal de forzar a una terminación de contrato por mutuo acuerdo afectando una proporción de derechos irrenunciables, salarios caídos. Confirmada en segunda instancia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “V.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible, ya que la Recurrente incurre en los siguientes defectos técnicos: a) no demuestra el error de hecho alegado y no singulariza las pruebas que en su concepto no fueron apreciadas; b) igual que en el anterior, no señala las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de la sustantiva; y, c) en su explicación señala que fue la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, quien no apreció la prueba, cuando ese no fue el órgano jurisdiccional que emitió el fallo impugnado.”
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, Numeral 5 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., cinco de febrero de dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 28 de mayo del 2018, por la Abogada KATHERINE SCARLETH AGURCIA LÓPEZ, mayor de edad, casada, hondureña y con domicilio en La Ceiba, Departamento de Atlántida, en su condición de representante procesal de los señores: SANTOS RAMÓN ÁVILA VALLEJO; LUISA ELIZABETH CASTRO; LINDA MARY PRICE DIXON; RUFINA FIDENCIA BALLESTERO BERNÁRDES; EDUARDO GALINDO MARTÍNEZ; AMÍLCAR DAMIÁN DÍAZ; JERÓNIMO RIGOBERTO ZELAYA REYES; MERCEDES YAMILETH FINO NORIEGA; XENIA CAROLINA AYALA NÚÑEZ; LUIS ELOY CHESSA; CARLOS OMAR MEDINA THOMPSON; y ROSSELL POMPILIO CÁRCAMO LAÍNEZ, como recurrentes; además, es parte recurrida, el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), representada en juicio por DACIL PAOLA GANDOUR PERDOMO. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de ajustes del 30% de las prestaciones laborales e indemnizaciones legales, salarios caídos y costas del juicio, todo derivado de un acto patronal de forzar a una terminación de contrato por mutuo acuerdo afectando una proporción de derechos irrenunciables, salarios caídos; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha 10 de enero del 2017, por el Abogado ALBERTO EMILIO CRUZ ZELAYA, en su condición de representante procesal de los señores: SANTOS RAMÓN ÁVILA VALLEJO, casado, Ingeniero Agrónomo; LUISA ELIZABETH CASTRO, soltera, Licenciada en Ciencias Sociales; LINDA MARY PRICE DIXON, soltera, Perito Mercantil; RUFINA FIDENCIA BALLESTERO BERNÁRDES, soltera, Perito Mercantil; EDUARDO GALINDO MARTÍNEZ, soltero, Jornalero; AMÍLCAR DAMIÁN DÍAZ, soltero, Jornalero; JERÓNIMO RIGOBERTO ZELAYA REYES, casado, Perito Mercantil y Contador Público; MERCEDES YAMILETH FINO NORIEGA, soltera, Bachiller en Ciencias y Letras; XENIA CAROLINA AYALA NÚÑEZ, soltera, Secretaria; LUIS ELOY CHESSA, soltero, Motorista; CARLOS OMAR MEDINA THOMPSON, casado, Ingeniero Agrónomo, y ROSSELL POMPILIO CÁRCAMO LAÍNEZ, casado, Ingeniero Agrónomo; todos mayores de edad, hondureños y con domicilio en la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, contra el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), por medio de su representante legal el señor RAMÓN ANTONIO LARA BUESO, mayor de edad, casado, Licenciado en Administración de empresas, hondureño y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 27 de febrero del 2018, dictada por la Corte Primera de Apelaciones Seccional de la Ceiba, Departamento de Atlántida, que falló CONFIRMANDO la sentencia definitiva de fecha 23 de noviembre del 2017, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO (1): Declarando SIN LUGAR la EXCEPCIÓN MATERIAL DE TRANSACCIÓN Y PAGO opuesta por la Representante Procesal de la Parte Demandada por las razones expuestas en el ordinal primero de los Hechos Probados de la presente resolución. SEGUNDO (2): Declarando SIN LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral de Primera Instancia pidiendo el Pago de un Ajuste del 30% de las Prestaciones e Indemnizaciones Laborales, Salarios Caídos y Costas del Juicio, derivados de un Acto Patronal de Forzar una Terminación de Contrato Por Mutuo Acuerdo afectando una Porción de Derechos Irrenunciables; promovida por el Abogado ALBERTO EMILIO CRUZ ZELAYA, accionando como Apoderado Judicial de los Señores: SANTOS RAMÓN ÁVILA VALLEJO, LUISA ELIZABETH CASTRO, LINDA MARY PRICE DIXON, RUFINA FIDENCIA BALLESTEROS BERNARDES, EDUARDO GALINDO MARTÍNEZ, AMÍLCAR DAMIÁN DÍAZ, JERÓNIMO RIGOBERTO ZELAYA REYES, MERCEDES YAMILETH FINO NORIEGA, XENIA CAROLINA AYALA NÚÑEZ, LUIS ELOY CHESSA, CARLOS OMAR MEDINA THOMPSON; y ROSSELL POMPILIO CÁRCAMO LAÍNEZ; contra el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO CINA); a través de su Director Ejecutivo, Señor RAMÓN ANTONIO LARA BUEZO, todos de generales expresadas en el preámbulo de la presente sentencia. TERCERO (3): En consecuencia, SE ABSUELVE al INSTITUTO NACIONAL AGRARIO CINA); a través de su Director Ejecutivo y Representante Legal, Señor RAMÓN ANTONIO LARA BUEZO, de pagar a los Demandantes el ajuste del 30% reclamado en concepto de preaviso y auxilio de cesantía no pagado por terminación de la relación laboral por Mutuo Consentimiento, así como el pago de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios. CUARTO (4): SIN COSTAS EN ESTA INSTANCIA…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Las partes demandantes expresaron en el escrito de su acción que laboraron para la demandada, el Instituto Nacional Agrario de la ciudad de La Ceiba, Atlántida, siendo contratados de forma escrita a través de contratos individuales de trabajo, con un horario de lunes a viernes trabajo de 8:00 am a 4:00 pm., así: Santos Ramón Ávila Vallejo, como Agrónomo Valuador, el 12 de marzo del 2001, devengaba un salario base mensual de L. 21,300.00; Luisa Elizabeth Castro, como Secretaria, el 15 de febrero 2000; devengaba un salario base mensual de L. 15,200.00; Linda Mary Price Dixon, como Auxiliar Administrativo, el 15 de febrero de 2000; devengaba un salario base mensual de L. 16,100.00; Rufina Fidencia Ballestero Bernardes, el ingreso 07 de octubre de 1998, devengaba un salario base mensual de L. 14,600.00; Eduardo Galindo Martínez, como Vigilante, el 02 de enero de 1994, devengaba un salario base mensual de L. 15,600.00, Amílcar Damián Díaz, como Vigilante, el 18 de septiembre de 1995, devengaba un salario base mensual de L. 15,600.00, Jerónimo Rigoberto Zelaya Reyes, como Auxiliar Legal, el 15 de abril de 1985, devengaba un salario base mensual de L. 16,349.00, Mercedes Yamileth Fino Noriega, como Capacitador de Reforma Agraria el 23 de agosto de 2010, devengaba un salario base mensual de L. 17,900.00; Xenia Carolina Ayala Núñez, como Secretaria el 20 de junio de 2001, devengaba un salario base mensual de L. 12,600.00; Luis Eloy Chessa, como Motorista, el 01 de junio de 2001, devengaba el salario base mensual de L. 12,600.00, Carlos Omar Medina Thompson, como Capacitador Agrónomo, el 18 de abril de 1994, devengaba un salario base mensual de L. 22,00.00; y Rossell Pompilio Cárcamo Laínez, como Perito Valuador, el 08 de julio de 2008, devengaba un salario base mensual de L. 15,100.00; manifestaron también que el despido fue simulado mediante una terminación de contrato por mutuo acuerdo, ya que el 25 de agosto del 2016 el INA procedió a despedirlos mediante la simulación de una “Terminación de Contrato por Mutuo Consentimiento”, en el cual solo se le reconocía e 70% del valor total de las prestaciones laborales, conforme al contrato colectivo vigente dentro del INA y los cuales según Acta de fecha 31 de agosto del 2016 serían cancelados hasta 60 días posteriores a sus suscripción; que como empleados del INA, comparecieron en fecha 23 de junio del 2016, (2 meses antes del despido) denunciando en la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, que habían sido informados a través de la Junta Directiva Central del SITRAINA, que en reunión celebrada en la Dirección Ejecutiva del en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., la Comisión de Reformas del Estado decidió despedir a un número significado de empleados del INA, y que solo se les iba ofrecer pagar el 70% de las prestaciones laborales y demás derechos sociales, sin que fueran liquidadas conforme al Noveno Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo vigentes en el instituto, extremo este, que fue ratificado por el Jefe Regional Agrario del Litoral Atlántico, en una reunión de trabajo en las instalaciones de trabajo de la ciudad de La Ceiba; argumentaron que a todas luces constituye un acto violatorio a los derechos irrenunciables de los trabajadores, puesto que la Constitución de la República, el Código de Trabajo y el contrato colectivo garantiza el pago íntegro de los derechos y conquistas sociales de los demandantes, es decir el 100% y no un 70%; manifestó además que el INA desde hace 04 años atrás ha venido incumpliendo sistemáticamente en perjuicio de mis representados el pago de los bonos de vacaciones y mantuvo constantes demoras en el pago de los salarios mensuales, lo cual coloco a los trabajadores demandantes en una grave calamidad doméstica y con serios problemas económicos e incumplimientos en pagos de préstamos bancarios y no bancarios, ya que el atraso de los pagos de derechos los obligó a recurrir a prestamistas que cobran elevados intereses mensuales, agudizando más la mala economía y haciéndoles perder patrimonios puestos en garantía; que estaban claros de la conducta de las autoridades del INA porque mostraron en los últimos años precisamente arrinconar y presionar a los empleados a renunciar a los derechos laborales tal como es el caso del congelamiento del bono de vacaciones y amenazas ya cumplidas de despedir los mediante la simulación de una terminación por mutuo acuerdo, con el cual solo se les pago 70% de sus derechos laborales, obligándolos a renunciar al 30% restante; que los trabajadores demandantes en fecha 23 de junio de 2016 “denunciaron” ante la Secretaria del Trabajo y Seguridad Social, que el patrono estaba coordinando acciones ilegales destinadas a despedirlos sin el pago íntegro de sus derechos laborales, mediante la simulación de una terminación de contrato por mutuo acuerdo, en tal sentido, no estaban en la disposición de renunciar al pago íntegro de sus prestaciones laborales y demás conquistas sociales, por los cual en ese mismo acto dejaron constancia ante dicha autoridad, que en caso que el INA los orillara a recibir únicamente un 70% u otro porcentaje de prestaciones sociales por debajo de lo que establece la Ley, servirá dicha acta como un acto de “protesto” para perseguir posteriormente ante las instancias legales correspondientes el cobro de los ajustes a las prestaciones sociales y demás derechos que no hayan sido pagados íntegramente, incluso si fuera el caso, que los obligaran a firmar un finiquito u documento similar donde exoneraban al patrono a cualquier obligación derivada de la relación de trabajo, indistintamente de que el finiquito sea firmado o no conforme al artículo 379 del Código del Trabajo; y con el ánimo de lograr una conciliación en el pago del ajuste del 30% a las prestaciones laborales, siendo imposible el mismo se dio por agotado el y trámite administrativo.- 2.- La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), contestó dicha demanda rechazando los hechos planteados por los demandantes; apoyando la defensa en que los trabajadores demandantes presentaron voluntariamente al INA solicitud de dar por terminado el contrato de trabajo, que los unía con dicho Ente Gubernamental, bajo la condición que se les pagara un porcentaje de las prestaciones, lo que pasó a ser el 100% de lo pactado ante la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, que como ente protector de los derechos de los trabajadores avaló dichos convenios, mismos que ahora pretenden desconocer alegando que por encima de estos está el Contrato Colectivo, pretendiendo ignorar que de acuerdo al Artículo No. 55 del Código de Trabajo, el objeto de: “Los Contratos Colectivos tiene por objeto establecer las condiciones generales del trabajo en un establecimiento, en varios establecimiento o en una actividad económica determinada”, disposición jurídica que no puede sobreponerse al artículo 110 de la Constitución de la República que establece: “ninguna persona natural que tenga la libre administración de sus bienes puede ser privada del derecho de terminar sus asuntos civiles por transacción..”, siendo el caso que eso de manera exacta es lo que ocurrió, cada uno de los ex trabajadores y ahora demandantes acudieron a su derecho constitucional de celebrar una transacción, la consintieron ante su anuente firma y en consecuencia no tiene aplicabilidad lo establecido en el Contrato Colectivo, ya que no fue una situación general sino individualizada a la que en debida oportunidad y para el acto de la firma de la transacción, se invitó al Sindicato para que presenciara su legalidad, y, aviesamente los firmantes y antes solicitantes y consentidores de la transacción pretenden desconocerla; que el INA resolviendo la solicitud individual de los trabajadores demandantes, dispuso acceder a la celebración de las transacciones de cada uno de los que habían decidido retirarse voluntariamente y aceptar la oferta, elaborándose la correspondiente “acta de terminación de una relación laboral y pago de prestaciones e indemnizaciones laborales de un trabajador por terminación de contrato de trabajo por mutuo consentimiento”, la que firmaron ambas partes ante la autoridad competente, ausente de vicios en el consentimiento, objeto y causa del contrato de la transacción y en observancia de lo dispuesto por el Articulo 379 y el Código del Trabajo, inmune así de ERRORES INPROCEDENDO; que el INA les pagó el 100% de lo pactado por medio del SIAFI, valores de los que los demandantes dispusieron y por ende aceptaron y consintieron, perfeccionaron así el Contrato de Transacción; además interpuso las Excepciones materiales TRANSACCIÓN y PAGO; basado a que los trabajadores demandantes convinieron, recibieron y estuvieron de acuerdo con el pago equivalente a una parte del valor de las prestaciones e indemnizaciones laborales que en otras circunstancias les hubieran correspondido, ello de acuerdo al acta de mutuo consentimiento y pago, firmada por los trabajadores demandantes y el Patrono y ante las Inspección General del Trabajo, donde consta que se pusieron de acuerdo que se pagara el monto acordado y exonerar al INA del pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales, de acuerdo a la normativa vigente en los Articulo 2000 del Código Civil.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha 23 de noviembre del 2017, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda ordinaria laboral promovida por los señores SANTOS RAMÓN ÁVILA VALLEJO; LUISA ELIZABETH CASTRO; LINDA MARY PRICE DIXON; RUFINA FIDENCIA BALLESTERO BERNÁRDES; EDUARDO GALINDO MARTÍNEZ; AMÍLCAR DAMIÁN DÍAZ; JERÓNIMO RIGOBERTO ZELAYA REYES; MERCEDES YAMILETH FINO NORIEGA; XENIA CAROLINA AYALA NÚÑEZ; LUIS ELOY CHESSA; CARLOS OMAR MEDINA THOMPSON; y ROSSELL POMPILIO CÁRCAMO LAÍNEZ, contra el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), por medio de su representante legal el señor RAMÓN ANTONIO LARA BUESO, declaró sin lugar la Excepción de material de Transacción y Pago, opuesta por la parte demandada, absolvió a la parte demanda, sin costas; bajo el criterio que el demandante no acreditó el despido injustificado simulado invocado, que el consentimiento de los demandantes para terminar la relación laboral por mutuo acuerdo se haya encontrado viciado y que la contratación colectiva del INA contempla el pago del 100% del preaviso y cesantía en los casos de terminación de la relación laboral por mutuo consentimiento y no haber la parte demandada haber acreditado la excepción material de transacción y pago, la cual fue interpuesta de manera confusa, se estima procedente desestimar dicha excepción, desestimar la demanda y absolver a la parte demandada de las pretensiones reclamadas por los demandantes.- 4.- La Corte Primera de Apelaciones Seccional de la Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha 27 de febrero del 2018, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que una de las características de la simulación es el acuerdo de las partes de realizar el negocio aparente, la otra característica, es que se simula con el fin de engañar a terceros, suma, también la disconformidad intencional entre las partes, es decir, la discordia del contrato deseado por las partes y lo que se muestra al público, que es un contrato ilusorio, de manera que si existió simulación en el Mutuo Acuerdo o Consentimiento entre las partes para dar por terminada la relación laboral los actores no pueden alegarla atendiendo aquel apotegma jurídico nemo auditur propiam turpitudiem allegans, es decir que nadie escucha al que alega su propia torpeza, como verá la recurrente, el simulado Mutuo Acuerdo no es posible que sea impuesto por una sola de las partes como lo quiera hacer ver. Que obra el acta de comparecencia de los demandantes ante la autoridad administrativa del trabajo en fecha 23 de junio del 2016 poniendo en conocimiento de esta autoridad que el INA decidió despedir a un número de empleados ofreciéndoles solo el 70% de sus prestaciones, lo que consideran un acto violatorio a los derechos irrenunciables de los trabajadores y dicen; no aceptar ningún acto por parte del patrono que implique disminución o renuncia de sus prestaciones laborales y demás conquistas sociales, es verdad que ésa comparecencia es de fecha anterior a la solicitud de dar por terminada la relación de trabajo formulada por los trabajadores en fecha 06 de julio de ese mismo año, lo que demuestra en todo caso como un puro acto de la autonomía de la voluntad es un cambio de opinión en relación con la primera declaración, pues en ningún momento acreditaron que ese cambio de opinión o de voluntad se deba al uso de violencia, amenazas u otro acto que vicie ese consentimiento por parte del patrono o bien de terceros. Es más tuvieron la oportunidad posterior o bien en el momento en que celebraron el Acta de Terminación de una Relación Laboral y Pago de Prestaciones e Indemnizaciones Laborales de denunciar cualquier acto intimidatorio de parte del patrono que los orillara a renunciar a sus derechos pues tuvieron en ese acto la presencia de de una Inspectora del Trabajo quién dio fe de la legalidad del acto, tomando en cuenta que una de las causas para dar por terminada el contrato de trabajo es el mutuo consentimiento de las partes según lo regula el artículo 111.2 del Código del Trabajo en relación con el artículo 379 . Las noticias web, son eso, noticias que se refieren a una especie informativa que se relaciona con el ofrecimiento del pago del 70% de las prestaciones a los empleados del INA, lo mismo que alegan los demandados en la demanda, ofrecimiento que fue aceptado por ellos según consta de autos. El hecho de que la Señora Juez no acogiera las pretensiones de los demandantes no significa que la funcionaria no hizo valoración de la prueba o que lo hizo de manera incorrecta, que de hecho si realizó una valoración de la prueba correcta, lo que debe cuestionarse objetivamente la recurrente es si la prueba que aportó al proceso fue suficiente o no para acreditar sus afirmaciones, y de hecho, no fue suficiente. Dice la recurrente que no existe mutuo acuerdo entre sus representados en aceptar las condiciones del patrono, sin embargo, las Acta de Terminación de una Relación Laboral y Pago de Prestaciones e Indemnizaciones Laborales dicen lo contrario, y sobre estos documentos no se probó violencia, error, intimidación o fuerza que viciara el consentimiento del trabajador, o como dice la recurrente que los arrinconara a aceptar el 70% de sus prestaciones laborales; por las razones antes expuestas es procedente declarar no ha lugar el recurso intentado contra la sentencia definitiva.- 5.- Mediante auto de fecha 16 de abril del 2018, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada KATHERINE SCARLETH AGURCIA LÓPEZ, en su condición de representante procesal de los demandantes, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones Seccional de la Ceiba, Departamento de Atlántida, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 28 de mayo del 2018, compareció ante éste Tribunal la Abogada KATHERINE SCARLETH AGURCIA LÓPEZ, en su condición de representante procesal de los demandantes, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha 29 de mayo del 2018, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 26 de junio del 2018, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada DACIL PAOLA GANDOUR PERDOMO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que la Abogada KATHERINE SCARLETH AGURCIA LÓPEZ, en el primer motivo de casación expone: “Infracción indirecta por falta de aplicación de las clausulas número 6 y 51 del contrato colectivo de condiciones de trabajo celebrados entre el sindicato y el Instituto Nacional Agrario, en relación con los artículos 3, 60 del Código del trabajo, proveniente tal infracción indirecta de error de hecho por falta de apreciación de determinadas pruebas. La norma citada es sustantiva por consagrar derechos; en consecuencia, es violable en casación.- El error de hecho es resultado de falta de apreciación de pruebas auténticas o solemnes.- En nuestro caso, la Honorable Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, ha dejado de apreciar alguna prueba que por haberla propuesto la parte demandante y obviamente reconocerla como fehaciente por ser suya, y por haberla acogido la parte demandada, es decir, no haberla refutado, se ha tornado prueba solemne o auténtica que se singulariza a continuación- 1) El medio de prueba RECONOCIMIENTO JUDICIAL realizada a las oficinas del Sindicato del INA mediante la cual se logró establecer la existencia y vigencia del contrato colectivo, en cuya clausula 51 se reconoce el pago íntegro de prestaciones laborales e indemnizaciones legales a todos los trabajadores del INA objeto de despido, la que obra a folios 190 y 191 de la primera pieza de autos.- y 2) Medio de prueba documentales identificadas en los incisos a) y b), agregados a folios 91, 92 y del 143 al 167, mediante el cual se demostró que mis representados fueron objeto de un despido que simulaba una terminación por mutuo consentimiento.- Las pruebas antes indicadas nunca fueron impugnadas por la parte demandada, lo que lo torna fehaciente o auténtico y solemne y su falta de apreciación constituye error de hecho.- No han sido apreciadas ya que se desprende claramente que los trabajadores fueron víctimas de una maniobra patronal para disminuir el pago de sus prestaciones laborales en un 30%.- Consecuentemente, el Instituto Nacional Agrario ha actuado siempre al margen de la Ley, pero el Ad-Quem, no lo ha apreciado así incurriendo consecuentemente en infracción indirecta de los preceptos citados por error de hecho.- PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo segundo del artículo 765 del Código del trabajo.”.- III. Que el cargo que antecede resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) alega la infracción indirecta de las clausulas 6 y 51 del Contrato Colectivo de condiciones de trabajo celebrado entre el Instituto Nacional Agrario y el Sindicato de trabajadores de dicha institución, las cuales no ostentan el carácter de ser preceptos legales sustantivos, tal como lo exige el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código del Trabajo; b) no invoca las normas procesales que sirvieron de medio; y, c) aduce la falta de apreciación de las pruebas reconocimiento judicial y documentales, las cuales si fueron objeto de la valoración correspondiente, especialmente en el fallo de primera instancia, el cual al ser confirmado fue hecho suyo por el ad-quem.- IV. Que se formula un segundo motivo de casación en la forma siguiente: “Infracción indirecta por falta de aplicación del artículo 868 inciso a), del Código del trabajo, proveniente tal infracción indirecta de error de hecho por falta de apreciación de determinadas pruebas. La norma citada es sustantiva por consagrar derechos; en consecuencia, es violable en casación.- El error de hecho es resultado de falta de apreciación de pruebas auténticas o solemnes.- En nuestro caso, la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortes, no ha apreciado alguna prueba que por haberla propuesto la parte demandante y haberla aceptado la parte demandada, obviamente reconocerla como fehaciente por haberla acogido ambas partes, se ha tornado prueba solemne o auténtica que se singulariza a continuación.- El medio de prueba medios técnicos de almacenamiento de datos y reproducción de imágenes o sonidos, que aparece a folios 193 de la primera pieza, con el cual se establece que el patrono inicio una campaña para obligar a los demandantes a aceptar prestaciones laborales con la disminución del 30%, en contravención al contrato colectivo en su cláusula 51.- La falta de observancia del medio de prueba anterior, que dicho sea de paso nunca fueron impugnados por la parte demandada, lo que los torna fehacientes o auténticos y solemnes y su falta de apreciación constituye error de hecho.- Consecuentemente, el patrono ahora demandada ha actuado siempre al margen de la Ley, pero el Ad Quem, no lo ha apreciado así favoreciéndola con un mal computo de un término de prescripción que no existe, incurriendo consecuentemente en infracción directa de los preceptos citados por error de hecho.- PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo segundo del artículo 765 del Código del trabajo.”.- V.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible, ya que la Recurrente incurre en los siguientes defectos técnicos: a) no demuestra el error de hecho alegado y no singulariza las pruebas que en su concepto no fueron apreciadas; b) igual que en el anterior, no señala las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de la sustantiva; y, c) en su explicación señala que fue la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, quien no apreció la prueba, cuando ese no fue el órgano jurisdiccional que emitió el fallo impugnado.- VI.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiocho días del mes de febrero del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha cinco de febrero del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 144-18.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
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