Sentencia CL-140-18 — Registro 10704
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para que se reconozca la permanencia y antigüedad desde el inicio de la relación laboral; reintegro a su puesto de trabajo, el pago de salarios dejados de percibir desde la fecha de la terminación de la relación laboral, hasta la fecha que sea reintegrado en el puesto de trabajo, así como el pago de bonificación, derechos adquiridos no pagados, pago de incrementos salariales más costas del juicio
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) en la formulación del cargo hace referencia a “Se impugna por ser la sentencia violatoria de Ley Sustantiva, por aplicación indebida o interpretación errónea de la Ley…”, señalando varias formas de la violación directa, causales diferentes que debió invocar de forma separada por la independencia de los cargos; b) las normas que indica como violadas siendo los artículos 47 del Código del Trabajo, 3 literal a) de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y c) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo.-"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., cinco de diciembre de dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha veintiséis de mayo del dos mil dieciocho, por el Abogado RICARDO ESTRADA PINEL, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además es parte recurrida, el señor MARIO JESUS CASTELLANOS MARTINEZ, representado en juicio por la Abogada LYLY ZULEMA CASTELLANOS MARTINEZ. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para que se reconozca la permanencia y antigüedad desde el inicio de la relación laboral; reintegro a su puesto de trabajo, el pago de salarios dejados de percibir desde la fecha de la terminación de la relación laboral, hasta la fecha que sea reintegrado en el puesto de trabajo, así como el pago de bonificación, derechos adquiridos no pagados, pago de incrementos salariales más costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro de abril del dos mil dieciséis, por el señor MARIO JESUS CASTELLANOS MARTINEZ, soltero, Licenciado, mayor de edad, hondureño y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS por medio del Procurador General de la República, Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha doce de octubre de dos mil diecisiete, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha veintinueve de noviembre del dos mil diecisiete, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por MARIO JESUS CASTELLANOS MARTINEZ, contra EL ESTADO DE HONDURAS por medio de su Representante Legal el Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en cuanto a que: a) se reconozca la permanencia en el puesto de trabajo desde el inicio de la relación de laboral; b) Reintegro al puesto de trabajo más el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que sea reintegrado en su puesto de trabajo; y reconocimiento de derechos que se otorguen durante la secuela del juicio; en consecuencia, II) CONDENA al ESTADO DE HONDURAS por medio de su Representante Legal el Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, a que: a) Se reconozca la permanencia en el puesto de trabajo desde el inicio de la relación de laboral; b) Reintegro al puesto de trabajo más el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que sea reintegrado en su puesto de trabajo; y reconocimiento de derechos que se otorguen durante la secuela del juicio, a MARIO JESUS CASTELLANOS MARTINEZ; III) Declarando SIN LUGAR las COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inició su relación de trabajo con la Secretaría General de Coordinación General de Gobierno, (SCGG) el 15 de mayo del año 2014 en el puesto de Oficial de Atención de Registro de Proveedores y Contratistas del Estado, (ONCAE) mediante la modalidad de contrato de prestaciones de servicios profesionales. Devengando un salario mensual de L. 15,000.00; mediante nota de fecha de 29 de diciembre de 2015, la Secretaría General de Coordinación General de Gobierno, por medio de la Secretaría General le notificó su despido; el actor consideró que su despido es ilegal porque la nota de despido no contiene justa causa violentando con ello el artículo 112 y 117 del Código del Trabajo. Que instauró reclamo ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social en fecha 04 de febrero del 2016 no siendo posible se dio por agotado el trámite administrativo gubernativo en fecha 09 de febrero del 2016.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que acepta a lo que se refiere el demandante sostuvo una relación contractual con la demandada, mediante la modalidad de contrato de Prestación de Servicios Profesional a término con fecha de inicio y de terminación, con el consentimiento y aceptación si objeción alguna por parte del demandante, en el cargo de atención de oficial de atención de Registro de Proveedores y contratistas del Estado, devengando una remarcación de L. 15,000.00 sin embargo se rechaza la fecha en que establece el actor de la demanda haber comenzado a prestar sus servicios profesionales.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de noviembre del dos mil diecisiete, dictó sentencia declarando CON LUGAR, la demanda ordinaria laboral promovida por el señor MARIO JESUS CASTELLANOS MARTINEZ, contra el ESTADO DE HONDURAS, sin costas, bajo el criterio que efectivamente se trataba de una relación laboral en vista que en los contratos de trabajo se encuentran establecidos los 3 elementos del Contrato de Trabajo, como ser la actividad personal del trabajador, la continua subordinación y un salario como retribución al servicio; aunado a ello también las labores realizadas en la institución son de naturaleza permanente, de igual forma el demandante firmó varios contratos de trabajo para realizar las mismas funciones, siendo procedente declarar con lugar la demanda. En consonancia con lo antes relacionado el demandante solicita el reintegro al puesto de trabajo por considerar que el despido del cual fue objeto es ilegal e injusto; que de la revisión de las diligencias no se encuentra documento que acredite que el despido del cual fue objeto el demandante este apegado a derecho; en vista que no consta que procedimiento previo ni causa que haya motivado al despido, lo que conlleva declarar con lugar esta pretensión, acarreando con ello el reintegro al puesto de trabajo más el pago de los salarios dejados de percibir, desde la fecha efectiva del despido hasta que sea reintegrado en su puesto de trabajo.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha doce de octubre de dos mil diecisiete, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que los contratos de servicios profesionales por su naturaleza pueden celebrarse entre personas natural o jurídica, mediante los cuales se obligan a prestar servicios específicos a la Administración, en la medida y alcances que ésta determine, para efectuar estudios especializados en la materia, diseños, asesorías, coordinación o dirección técnica, localización de obras, preparación de términos de referencia y presupuesto, programación o supervisión técnica de obras y otros trabajos de la misma naturaleza, prestados con tal independencia, sin subordinación alguna, sometidos únicamente a las condiciones pactadas en el contrato, en un término previamente pactado y balo el precio de honora ríos profesionales de manera global, por lo que los contratos celebrados de servicios profesionales en el caso que se conoce, no corresponden a la realidad, por lo que es erróneo pretender juzgar la naturaleza de una relación de acuerdo con lo que las partes hubieren pactado en los Contratos suscritos. Que este tipo de contratos celebrados entre los trabajadores con el Estado de Honduras, han sido desnaturalizado, ya que los mismos reúnen los requisitos señalados en el artículo 20 del Código del Trabajo, ya que el trabajador ha desarrollado sus labores de manera continua, ejerciendo las mismas actividades y funciones, bajo las órdenes del mismo patrono y recibiendo un pago como retribución a sus labores y cumpliendo una jornada de trabajo; por lo que es claro que el contrato suscrito entre las partes es de naturaleza laboral.- 5. Mediante auto de fecha dieciséis de abril del dos mil dieciocho, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado RICARDO ESTRADA PINEL, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha veintiséis de mayo del dos mil dieciocho, compareció ante éste Tribunal el Abogado RICARDO ESTRADA PINEL, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha veintinueve de mayo del dos mil dieciocho, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veintisiete de junio del dos mil dieciocho, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte de la Abogada LYLY ZULEMA CASTELLANOS MARTINEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que el Abogado RICARDO ESTRADA PINEL, en su único motivo de casación alega: “ Se impugna por ser la sentencia violatoria de Ley Sustantiva, por aplicación indebida o interpretación errónea de la Ley del Artículo 47 del Código del Trabajo que regula los contratos celebrados entre los trabajadores y las empresas, y no los celebrados entre el Estado y sus Servidores que son los contratos de Servicios Profesionales regulados por el Artículo 3 literal a) de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que es la jurisdicción que ha debido conocer del caso de autos, en relación con el Artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo de casación está comprendido en el Artículo numero 765 numeral 1 del Código del Trabajo IDENTIFICACIÓN DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA Se impugna totalmente la parte dispositiva de la sentencia impugnada CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: El Artículo numero 765 numeral 1 del Código del Trabajo establece: Son causales de Casación: Ser la sentencia violatoria de Ley Sustantiva por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea. El AD QUEM, en la sentencia proferida no tomó en candidación lo establecido en los medios de prueba en juicio, consistentes en los contratos de servicios profesionales suscritos entre el demandante y mi representada, suscritos por tiempo determinado y sujetos al derecho administrativo, tal como lo establecen las respectivas cláusulas de los contratos de servicios profesionales. suscritos entre la demandante y mi representada, suscritos por tiempo determinado y sujetos al derecho administrativo, tal como lo establecen las respectivas cláusulas de los contratos, al interpretar erróneamente que la relación laboral existente entre el demandante y mi representada era por tiempo indeterminado, aplicando indebidamente o interpretando erróneamente lo establecido en- el Artículo 47 del Código del Trabajo que regula las relaciones entre el capital y el trabajo, es decir entre las empresas y los trabajadores y no las relaciones laborales existentes entre el Estado y sus servidores y que la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en su Artículo 3 literal a) establece taxativamente que corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo todo lo relativo a los contratos de Servicios Profesionales o Técnicos que celebren los Poderes del Estado, “Estos contratos tienen vigencia únicamente dentro del presente ejercicio fiscal, para lo cual son suscritos, no debiendo considerarse para ningún efecto al personal contratado bajo ésta modalidad como permanente, y el incumplimiento de ésta disposición legal acarrea responsabilidad financiera en forma solidaria por parte del funcionario actuante, El Articulo 90 primer párrafo de la Constitución de la República es claro al disponer: “Nadie puede ser juzgado, sino por juez competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece...” De ahí que por ninguna manera puede eludirse la letra de la Ley, si esta es clara y manda que para que se juzgue debe ser bajo esos presupuestos, pues de lo contrario da lugar a que todas las actuaciones sean nulas, y por lo cual, la aplicación indebida o interpretación errónea del Artículo 47 del Código del Trabajo y la completa omisión de aplicación del Artículo 3 literal A de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, son elementos fundamentales y que asisten a la verdad que mediante esta casación pretendemos enmendar, en aras de una correcta aplicación de Ley, de interpretación, de procedimiento y en general de las garantías de seguridad jurídica que la ley nos otorga. PRUEBA APRECIADA ERRONEAMENTE. La prueba singularizada y apreciada erróneamente por el Tribunal de alzada al confirmar el fallo de primera instancia consiste en: los documentos que son los contratos de servicios profesionales suscritos entre la parte demandante y mi representada, lo que acredita que dichos contratos son del conocimiento de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y que los mismos tenían fecha de inicio y de finalización, por lo que nunca existió despido alguno del ahora demandante, sino que expiró la vigencia de los contratos antes mencionados, el JUEZ AD QUEM en su sentencia, pretende cambiar el nombre y finalidad del contrato de servicios profesionales al de contrato laboral o de trabajo lo que resulta ser una plena invasión de jurisdicción violentando evidentemente las garantías de mi presentando. La Sentencia dictada por el AD QUEM es una violación a una ley sustantiva por interpretación errónea o aplicación indebida del Artículo 47 del Código del Trabajo; el Juzgador desestimo y no valorizo la carga probatoria documental que se adjuntó y evacuo en juicio, lo que contradice lo que expresa el Artículo 208 en relación con el 205 numeral 2 del Código Procesal Civil, ya que la sentencia no es congruente, justa y favorece abiertamente el derecho subjetivo y sin criterio de Ley Objetiva, de justicia sin valorar disposiciones generales presupuestarias contemplados en la Ley Orgánica de Presupuesto. Por lo anteriormente expuesto solicito casar la sentencia del Juez AD QUEM, dictada en fecha siete (07) de febrero del dos mil dieciocho (2018), que confirmó la sentencia definitiva de primera instancia, emitida el veintinueve de noviembre del dos mil diecisiete (2017), en la Demanda Ordinaria Laboral para que se reconozca el estatus de empleado permanente en el puesto de trabajo y su reintegro más el pago de los salarios dejados de percibir y demás derechos, que promovió el Señor MARIO JESÚS CASTELLANOS MARTÍNEZ, en contra del Estado de Honduras a través de la Secretaria de Coordinación General de Gobierno (SCGG).”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) en la formulación del cargo hace referencia a “Se impugna por ser la sentencia violatoria de Ley Sustantiva, por aplicación indebida o interpretación errónea de la Ley…”, señalando varias formas de la violación directa, causales diferentes que debió invocar de forma separada por la independencia de los cargos; b) las normas que indica como violadas siendo los artículos 47 del Código del Trabajo, 3 literal a) de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y c) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo.- IV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los cuatro días del mes de febrero del dos mil veinte; certificación de la sentencia de fecha cinco de diciembre del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 140-18.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORALCONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
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