Sentencia CL-13-17 — Registro 9080
Resumen
En primera instancia se declaró con lugar la demanda ordinaria laboral para el reintegro a su puesto de trabajo por despido injusto e ilegal, pago de salarios dejados de percibir, confirmada en segunda instancia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “- III. Que el cargo que antecede resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) la infracción directa o falta de aplicación tiene lugar cuando a un hecho que no se discute o debidamente comprobado se deja de aplicar la norma que lo regula o cuando, al contrario, se aplica una norma a un hecho inexistente. La violación por infracción directa de la ley exige la existencia del hecho, de tal manera comprobada, que no se discuta, para que la ley cuyo texto se aprecia claro sea aplicada. Sin embargo, en el subjudice el debate se genera en relación a la legalidad o no del despido de la trabajadora demandante, lo que tiene relación directa con el material probatorio allegado al proceso, en consecuencia no resulta viable el ataque al fallo por el concepto invocado; b) el artículo 290 del Código del Trabajo, señalado también como infringido, es una disposición que regula los casos de reingreso o reintegro de los trabajadores del ferrocarril, contenido en el capítulo VIII del título III TRABAJO SUEJTO A REGIMENES ESPECIALES, del ordenamiento jurídico antes referido, por lo que no podía ser utilizada por el juzgador; y, c) realiza alegatos propios de instancia.”
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
… “- V.- Que el cargo que antecede no puede prosperar y ser admisible, ya que: a) no invoca el precepto legal sustantivo de orden nacional infringido, lo cual es uno de los requisitos previstos en el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código del Trabajo; b) argumentando error de hecho era necesario determinar las normas procesales que sirvieron de medio para la violación alegada, lo cual omitió; y, c) realiza alegatos propios de instancia.”
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, Numeral 5) literal a) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
“- VII.- Que el cargo que antecede resulta inestimable al igual que en el primero el Recurrente invoca el concepto de infracción directa y reiteradamente este Tribunal ha venido sosteniendo que la misma tiene lugar cuando a un hecho que no se discute o debidamente comprobado se deja de aplicar la norma que lo regula o cuando, al contrario, se aplica una norma a un hecho inexistente. La violación por infracción directa de la ley exige la existencia del hecho, de tal manera comprobada, que no se discuta, para que la ley cuyo texto se aprecia claro sea aplicada. Sin embargo, en el subjudice el debate se genera en relación al señalamiento sobre la legalidad del despido de la trabajadora demandante, lo que tiene relación directa con el material probatorio allegado al proceso, en consecuencia, no resulta viable el ataque al fallo por el concepto invocado. Además, realiza alegatos de instancia.”
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
… “- IX.- Que el cargo que antecede resulta inestimable porque de nuevo ataca al fallo por el concepto de infracción directa o falta de aplicación, el cual como se ha reiterado es incompatible para las cuestiones debatidas y objeto del material probatorio, como es la situación del despido de la demandante.- En adición, el artículo 526 del Código del Trabajo, señalado como infringido, no ostenta carácter sustantivo, ya que dicha disposición regula la retención de cuotas sindicales y con contiene derechos u obligaciones reciprocas para trabajadores y patrono o que las extingan.”
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., cuatro de junio de dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha treinta de mayo de dos mil diecisiete, por el Abogado OSCAR DOÑAS CHAVEZ, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además es parte recurrida, la señora GESSENIA LOPEZ ZEPEDA, representada en juicio por el Abogado DAVID GABRIEL ALVARADO LEITZELAR. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el reintegro al puesto de trabajo en igual o mejores condiciones por despido directo, ilegal e injusto, más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir con sus respectivos incrementos de salario, derechos adquiridos y demás conquistas laborales, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la sección judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de abril de dos mil catorce, por la señora GESSENIA LOPEZ ZEPEDA, mayor de edad, casada, Abogada y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (PRONADERS), antes denominado DIRECCION NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (DINADERS), por medio del Procurador General de la República, señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA, mayor de edad, Abogado, hondureño y de este domicilio.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha diez de noviembre de dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha ocho de septiembre de dos mil dieciséis, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la sección judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: I.- Declarar CON LUGAR la demanda ordinaria laboral para el reintegro a su puesto de trabajo por despido injusto e ilegal, pago de salarios dejados de percibir; instaurada por la Señora GESSENIA LOPEZ ZEPEDA; contra EL ESTADO DE HONDURAS por medio del Procurador General de la República y Representante Legal el Señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA; II.- CONDENAR: AL ESTADO DE HONDURAS por medio del Procurador General de la República y Representante Legal el Señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA a lo siguiente: 1.- REINTEGRAR: A la Señora GESSENIA LOPEZ ZEPEDA a su puesto de trabajo por lo menos en igualdad de condiciones que mantenía al momento de operarse la ruptura del Contrato; 2.- Más el pago de los salarios dejados de percibir desde la terminación del contrato de trabajo hasta el momento de la reinstalación, y al reconocimiento de los demás derechos adquiridos en su ausencia. III.- SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La demandante expresó en el escrito de su acción, que fue contratada por PRONADERS mediante nombramiento por Acuerdo No.001-2009 en fecha 5 de enero de 2009, en el cargo de Gerente de Promoción y Operaciones, devengando un salario mensual de L.55,000.00. Que según certificación de la Comunicación y el Auto de Protección Especial del Estado No. 001/PEE/OS/DINADERS/PRONADERS/2009 de fecha 4 de marzo de 2009, emitida por la Secretaría de Estado en los Despachos del Trabajo y Seguridad Social que corre agregada en autos en el anexo No.2, la demandante con 34 empleados más de PRONADERS contaban con la Protección Especial del Estado en el sentido de no poder ser legalmente despedida, trasladada o desmejorada en sus condiciones de trabajo, sin causa justa calificada previamente por la autoridad respectiva en virtud que en esos momentos se estaba formando el sindicato de trabajadores de PRONADERS. Cabe aclarar que la acción emanada por la Secretaría del Trabajo no se trata de la activación del fuero sindical, sino que se trata de una protección especial del Estado para todos los trabajadores enlistados en dicha certificación y no solamente para los miembros de la Junta Directiva Provisional. La resolución antes relacionada fue notificada a PRONADERS, el mismo día 04 de marzo de 2009, tal y como se observa con la firma y sello de la Gerencia Administrativa, por lo que PRONADERS no puede alegar que desconocía de la orden emanada por la Secretaría del Trabajo en cuanto a que no podía legalmente despedir a los trabajadores enlistados al menos que se basara en las causas enumeradas en el artículo 112 del Código del Trabajo, el cual establece cuales son las causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo, sin responsabilidad por parte del patrono. En fecha 22 de mayo de 2010, fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta, el Manual Operativo de PRONADERS, mediante el cual se establece cual será a partir de esa fecha el nuevo organigrama del PRONADERS, (agregado en autos en el anexo No.3), en el cual se evidencia que la Gerencia de Promoción y Operaciones y sus funciones para la cual fue nombrada la demandante mediante el Acuerdo No. 001-2009 de fecha 5 de enero de 2009, que corre agregado en autos en el anexo No.1, no ha desaparecido y que sigue siendo contemplada en el presupuesto institucional por ser funcional y necesaria para el logro de los objetivos institucionales, caso contrario no hubiese sido tomado en cuenta en el nuevo esquema organizacional. En fecha 15 de junio de 2010, se le notificó a la demandante el Acuerdo de Cancelación No.003-CD-2010, cuya copia corre agregada en autos en el anexo No.4 y en su considerando No.4 expone el demandado que la cancelación es por Cesantía, a pesar de estar gozando de la Protección Especial del Estado de no poder ser despedida, trasladada o desmejorada en sus condiciones de trabajo, sin causa justa calificada previamente por la autoridad respectiva. Ante la ilegalidad del despido de que fue objeto la demandante señalando la cesantía que no corresponde a las causales de despido señaladas en el Código del Trabajo, compareció a la Secretaría del Trabajo a fin de llegar a un acuerdo con el demandado, no asistiendo a la audiencia respectiva por lo que se da por agotado el trámite administrativo gubernativo.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que la demandante firmó su primer Contrato de Prestación de Servicios Profesionales el 01 de abril de 2006 al 31 de diciembre de 2006, con un monto del contrato por valor de L.390,006.00, para desempeñar el puesto de Oficial, Adquisiciones y Contrataciones del Proyecto UCP MARENA, proyecto que ya no existe; suscribió un segundo contrato, con una vigencia del 01 de enero al 27 de agosto de 2007 con un monto total del contrato de L.342,338.00; un tercer contrato del 28 de agosto de 2007 al 30 de septiembre de 2008, monto total del contrato L.569,119.87 y un último contrato del 01 de octubre del 2008 al 31 de diciembre de 2008, monto del contrato L.165,000.00, para desempeñarse en el puesto de Gerente de Promoción y Operaciones de DINADERS, posteriormente fue nombrada en el cargo de Gerente de Promoción y Operaciones, mediante Acuerdo de Nombramiento No.001-2009 de fecha 05 de enero de 2009. Que mediante Acuerdo No.DE-DINADERS-001-2010, se emitió el Manual Operativo de la Dirección Nacional de Desarrollo Rural Sostenible de fecha 24 de marzo del 2010, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, en fecha 22 de mayo de 2010, con el fin de agilizar y dinamizar la estructura organizativa de la Dirección y Organización de la Dirección Nacional de Desarrollo Rural, en búsqueda del cumplimiento de los objetivos de la institución. Que según los artículos 116 y 118 de la Ley General de la Administración Pública, los actos de los órganos de la Administración Pública adoptaran la forma de Decretos, Acuerdos, Resoluciones o Providencias, que se emitirán por Acuerdo y que la motivación de éstos actos estará precedida de la designación de la autoridad que los emite y seguida por la fórmula “‘ACUERDA”, por tanto en uso de las facultades delegadas de que está investido el Gerente de Recursos Humanos de la Dirección Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (DINADERS) y en aplicación del Decreto Legislativo No. 12-2000 de fecha 07 de marzo del 2000, en donde se decretó la Ley Para el Desarrollo Rural Sostenible, que establece el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (PRONADERS), el cual tiene como objetivo contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades rurales, se creó un órgano desconcentrado, con autonomía técnica y administrativa, denominada la Dirección Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (DINADERS) y Acuerdo No.l036-00 del 02 de agosto del 2000, que aprueba el Reglamento General de la Ley para el Desarrollo Rural Sostenible, se acordó cancelar por cesantía el nombramiento de la demandante en el puesto de Gerente Departamento de Promoción y Operaciones de la Dirección Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (DINADERS) a partir del día 15 de junio del 2010, autorizando con cargo al presupuesto aprobado para la DINADERS, el pago de las indemnizaciones a las que tiene derecho por ley la demandante, correspondientes al período laborado desde el 5 de enero de 2009, es por lo anterior que se puede observar que el Acuerdo de Cancelación fue emitido conforme a derecho, en virtud del ACUERDO DE DELEGACION No. DE-DINADERS-002-2010 de fecha 12 de abril de 2010 y según lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Servicio Civil. En cuanto a que la demandante afirma que está protegida por el fuero sindical, dicha organización fue declarada sin lugar el 13 de abril de 2010, por improcedente la solicitud de reconocimiento e inscripción de personalidad jurídica del Sindicato de Trabajadores DINADERS/PRONADERS (SITRADINPRO).- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha ocho de septiembre de dos mil dieciséis, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por la señora Gessenia López Zepeda, contra el Estado de Honduras, condenando al demandado a reintegrar a la demandante al puesto de trabajo por lo menos en igualdad de condiciones que mantenía al momento de operarse la ruptura del contrato, más el pago de los salarios dejados de percibir y al reconocimiento de los demás derechos adquiridos en su ausencia, sin costas; bajo el criterio que se encuentra debidamente acreditado en autos la relación laboral que existió entre la demandante y la institución demandada, en el cargo de Gerente de Promoción y Operaciones, extremos reconocidos por la demandada en el escrito de contestación de demanda en el hecho primero ver folio 35 vuelto de los autos, de igual forma se encuentra acreditado la antigüedad de la demandante. Que corresponde al trabajador la prueba del despido alegado y al patrono la justificación del mismo. A tal efecto la actora acompañó el Acuerdo de Cancelación N° 003-CF-2010 que corre agregada a folio 11 y 12 de los autos de la lectura de la nota antes señalada se desprende que en la misma no se le señala ninguna de las causales establecidas en el artículo 112 del Código del Trabajo, es preciso recordar que ningún trabajador puede ser despedido, si no, por causas justas de separación enumeradas en el precitado artículo, solo se limita a manifestar la Cancelación por Cesantía del nombramiento de la demandante en el Puesto de Gerente Administrativo de Promoción y Operaciones de la Dirección Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (DINADERS) a partir del 15 de junio del año 2010, autorizando con cargo al presupuesto aprobado para DINADERS, el pago de las indemnizaciones a las que tiene derecho por ley la demandante, correspondientes al periodo laborado desde el cinco de enero de 2009. La causal invocada por la demandada no constituye motivo legal para dar por terminado el contrato de trabajo de manera unilateral, y al operarse en estas condiciones resulta ilegal e injustificado el mismo. Que por las razones anteriormente expuestas y las pruebas allegadas al juicio, se llega al firme convencimiento que la demandante ha acreditado el despido ilegal e injustificado de que fue objeto por su empleador, asistiéndole el derecho a ser reintegrada al puesto de trabajo que tenía al momento de la ruptura del Contrato de Trabajo, y al pago de los salarios dejados de percibir, así como a los demás derechos que se hayan otorgado en ausencia de la actora, consecuentemente es procedente declarar con lugar la demanda de que se ha hecho mérito.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha diez de noviembre de dos mil dieciséis, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que en el acuerdo de cancelación mediante la cual la institución demandada da por finalizada la relación laboral sustentándose en el Acuerdo No. DE-DINADERNS-000l-2010, en que se emite un manual operativo de fecha 24 de mayo de 2010 con el fin de agilizar y dinamizar la estructura organizativa de la Dirección Nacional de Desarrollo Rural y de las facultades discrecionales de cancelación por cesantía del personal que considere necesario ya sea por razones presupuestarias, autorizando en dicho acuerdo de cancelación el pago de las indemnizaciones a las que tiene derecho por el periodo laborado desde el inicio hasta el 15 de junio de 2010, misma con la que se llega al convencimiento que ha existido una relación laboral, que inició según acuerdo No. 001-2009 de fecha 05 de enero de 2009, en el cargo de Gerente de Promoción y Operaciones, extremo que fue aceptado por la parte demandada, primero se determina que la referida contratación no es de una empleada temporal y que el puesto que la misma ocupaba y las actividades a desarrollar en la demandada son de carácter permanente y que no existe causal de finalización del contrato de trabajo, por lo que la trabajadora debe de gozar de todos los derechos y que dicha relación no puede finalizar por la decisión unilateral del patrono, sin que media justa causa legal y calificada en la norma laboral, haciendo procedente el reintegro a sus habituales labores, en igualdad de condiciones hasta antes de darse la interrupción del contrato de trabajo. Que ante el reclamo de la demandante de los derechos como el pago de los salarios dejados de percibir y demás derechos laborales, son una cuestión derivada del derecho de permanencia antes referido, entenderlo de otra forma, es colegir que se pueda discriminar a un trabajador sino reclama ese reconocimiento, cuando el mismo se sustenta en la consecuencia de los elementos que se indican en la normativa laboral para considerar por tiempo indefinido esa vinculación o contrato de trabajo y consecuentemente el goce de todos los derechos que corresponde a los trabajadores permanentes, los que para resolverlos se deben de tomar en cuenta el principio protectorio, en su regla de la aplicación de la norma favorable al trabajador, como los de irrenunciabilidad y orden público, por lo que no cabe aplicar criterios restrictivos, ni limitar esos derechos que el patrono debió conceder sin necesidad de que fuese demandado para ello.- 5. Mediante auto de fecha diecisiete de abril de dos mil diecisiete, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado OSCAR DOÑAS CHAVEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, compareció ante éste Tribunal el Abogado OSCAR DOÑAS CHAVEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo cuatro motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de fecha treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha doce de junio de dos mil diecisiete, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado DAVID GABRIEL ALVARADO LEITZELAR, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que el Abogado OSCAR DOÑAS CHAVEZ, en el primer motivo de casación alega: “Acuso la sentencia definitiva dictada por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de este Departamento, el día diez de noviembre del año dos mil dieciséis, que confirma la sentencia definitiva que dictó el Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento el día ocho de septiembre del dos mil dieciséis, haciendo propio las expresiones del fallo de primera instancia, violatorio de ley sustantiva de orden nacional, por infracción directa, al revelarse el tribunal de segunda instancia y no aplicar la ley conforme a lo establecido en los artículos 95 numeral 19) que consiste en la obligación del patrono de llevar a cabo los reajustes de acuerdo con las estipulaciones del contrato colectivo. A falta de estas, respetarán los derechos de antigüedad y en igualdad de condiciones, y 290 por reducción de puestos; ambos del Código del Trabajo, en relación al Decreto 12-2000, Acuerdo No.1036 del 2 de agosto del año 2000 y Acuerdo 002-2011 que deroga el Manual Operativo de DINADERS, 001-2010 publicado el 22 de mayo del 2010 en el Diario Oficial La Gaceta número 32,218. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este primer motivo de casación, se encuentra comprendido en el numeral 1°.párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. EXPRESION DEL CONCEPTO DE LA INFRACCION JURIDICA. La infracción directa se produce cuando el texto de la norma legal es absolutamente claro y la sentencia contenga disposiciones en abierta pugna con dichas normas, por la falta de aplicación de un ordenamiento legal a un hecho que el fallador considere existente, o la aplicación de la norma a un hecho que el sentenciador considere inexistente, constituye infracción directa porque envuelve ignorancia de la ley o rebeldía contra la misma, para lo cual puntualizo simétricamente lo siguiente: 1.- La Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo en su sentencia dictada el 10 de noviembre del 2016, y que obra a folios 10 al 13 de la segunda pieza de autos, en su considerando cuatro sostiene un concepto de despido directo, ilegal e injustificado; lo antes expuesto, no se puede ni se debe considerar, en virtud que el Código del Trabajo autoriza en su artículo 95 numeral 19), el derecho de hacer los reajustes conforme a las indicaciones que indica dicho numeral, es decir tomando en cuenta la antigüedad, ya que mi representada no existe contrato colectivo, en relación el artículo 290 también del Código del Trabajo le permite a mi representada la aplicación de reducción de personal, porque el puesto no existe, cubriéndole las indemnizaciones conforme a derecho, con lo cual se concluye que no existe despido injustificado. 2.- El Oficio que la señora Abogada GESSENIA LOPEZ ZEPEDA recibió y aceptó su cancelación por cesantía, que es una facultad discrecional y excepcional para poder prescindir de los servicios de un asalariado público en el engranaje administrativo, se le reconoció sus derechos laborales, de conformidad con la ley; por esta circunstancia desaparece la figura del despido directo e injustificado, en vista que el Acuerdo Ejecutivo 1036-00 ordena en su artículo 33, literales e) y n) que son funciones del Director Ejecutivo: e) Establecer políticas para el manejo adecuado de los recursos humanos de la institución…. n) Ejercer la representación de la DINADERS en su ámbito de su competencia…… p) Velar por el mantenimiento de un estilo de gestión interinstitucional coherente con los principios y modalidades operativas de PRONADERS. 3.- Además dicho Acuerdo Ejecutivo en su artículo 25, expresa que el personal de la DINADERS será objeto de libre nombramiento y REMOCION del Director Ejecutivo conforme a los procedimientos aprobados. Los argumentos técnicos y jurídicos expuestos en este primer motivo, son más que suficientes para entender que no existe la figura del despido y que es todo lo contrario a lo que la Corte de Apelaciones del Trabajo sostiene en su motivación, por lo que este motivo es justo y legal que se declare con lugar al momento de dictar la sentencia correspondiente.”.- III. Que el cargo que antecede resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) la infracción directa o falta de aplicación tiene lugar cuando a un hecho que no se discute o debidamente comprobado se deja de aplicar la norma que lo regula o cuando, al contrario, se aplica una norma a un hecho inexistente. La violación por infracción directa de la ley exige la existencia del hecho, de tal manera comprobada, que no se discuta, para que la ley cuyo texto se aprecia claro sea aplicada. Sin embargo, en el subjudice el debate se genera en relación a la legalidad o no del despido de la trabajadora demandante, lo que tiene relación directa con el material probatorio allegado al proceso, en consecuencia no resulta viable el ataque al fallo por el concepto invocado; b) el artículo 290 del Código del Trabajo, señalado también como infringido, es una disposición que regula los casos de reingreso o reintegro de los trabajadores del ferrocarril, contenido en el capítulo VIII del título III TRABAJO SUEJTO A REGIMENES ESPECIALES, del ordenamiento jurídico antes referido, por lo que no podía ser utilizada por el juzgador; y, c) realiza alegatos propios de instancia.- IV. Que se expone un segundo motivo de casación en la forma siguiente: “Acuso la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo el 10 de noviembre del 2016, que confirma la dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán, por error de hecho, en vista de una mala apreciación de la prueba documental, lo que origina el error de hecho; es decir, de un equivocado razonamiento o apreciación de las pruebas que da por establecido un hecho consumado y probado plenamente, la inexistencia del puesto de Gerente de Promoción y Operaciones. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este segundo motivo de casación está comprendido en el artículo 765 numeral 1°.párrafo segundo del Código del Trabajo, en cuanto que el sentenciador incurrió en error de hecho, el que aparece de manifiesto en los autos, y se motiva de la siguiente manera: EXPRESION DEL CONCEPTO DE LA INFRACCION. 1.- A la demandante se canceló mediante Acuerdo el 15 de junio del año 2010, con el reconocimiento de sus derechos laborales (ver folio 11 y 12 de la primera pieza de autos). 2.- A folio 109 y 123 de la primera pieza de autos está el informe solicitado por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, y en su numeral 1 en forma sintética se manifiesta que en el Manual Operativo de DINADERS quedó sin vigencia el cargo de Promoción y Operaciones, Acuerdo publicado en el Diario Oficial La Gaceta en su edición No. 32,714. 3.- En las Planillas que se adjuntan que corresponden al año 2010, la demandante aparece en el Renglón 44, desempeñando el puesto de Gerente de Promoción y Operaciones, de igual manera en el renglón 46, el señor HERNAN AVILA ZELAYA, aparece desempeñando el puesto de Jefe de Promoción y Operaciones (ver folio 126 de la primera pieza de autos); en el mes de febrero, de igual manera que el mes anterior y en los renglones citados aparece la demandante y el señor Hernán Avila Zelaya desempañando el puesto antes mencionado (ver folio 130); en el mes de marzo, con las mismas indicaciones aparece la demandante a renglón 53 en el puesto de Gerente de promoción y Operaciones y a renglón 55 el señor Hernán Avila Zelaya en el puesto de Jefe de Promoción y Desarrollo (ver folio 133); en el mes de abril, la demandante aparece en el renglón 53 y el señor Hernán Avila Zelaya, en el renglón 55 (folio 136); en el mes de mayo la demandante aparece en el renglón 53 y el señor Hernán Avila Zelaya, en el renglón 55 (ver folio 139); en el mes de junio nuevamente la demandante aparece en el renglón 63 y el señor Hernán Avila Zelaya, en el renglón 65 (ver folio 143); en la planilla del décimo cuarto mes que corresponde al periodo del 1°.de julio 2009 al 30 de junio del 2010, la demandante aparece en el renglón 62 y el señor Hernán Avila Zelaya, en el renglón 64 (ver folio 147); en el mes de julio a renglón 65 únicamente aparece el señor Hernán Avila Zelaya, quien ha venido desempañando el Puesto de Jefe de Promoción y Operaciones (ver folio 150); desde este mes, el puesto de Gerente de Promoción y Operaciones, no vuelve a aparecer en planillas, porque las mismas actividades que desempeñaba la demandante las hacia el Jefe de Promoción y Operaciones, bajo el mismo cargo y con menor salario que la señora GESSENIA LOPEZ ZEPEDA, quien devengaba la suma de Lps.55,000.00 mensuales, y el Jefe de Promoción y Operaciones tenía un salario de Lps.35,705.00; en el mes de septiembre aparece en planilla a renglón 71 el señor Hernán Avila Zelaya, como Jefe de Promoción y Operaciones,(ver folio 158); en igual forma lo hace en el mes de octubre a renglón 72 únicamente lo hace el señor Hernán Avila Zelaya (ver folio 161). Si revisamos las planillas que corresponden al mes de noviembre del año 2010 que se encuentra a folios 164 al 176 de la primera pieza de autos, ya no aparece ni el señor Hernán Avila Zelaya, porque el puesto también de Jefe de Promoción y Operaciones fue liquidado; no obstante Honorables Magistrados, el Abogado Leitzelar confunde a la Juez de primera instancia al expresar que las funciones de Gerente de Operaciones las desempeñó el señor Hernán Avila Zelaya (ver folio 178, lo cual es totalmente falso), todos de la primera pieza de autos. Queda totalmente claro que el puesto de gerente de operaciones y Promociones que desempeñó la señora GESSENIA LOPEZ ZEPEDA, lo hizo hasta el mes de junio del año 2010, y que paralelamente las mismas actividades que desempeñó el señor Hernán Avila Zelaya durante el año 2010, como Jefe de Promoción y Operaciones, ambos puestos desparecieron del Organigrama de PRONADERS, porque ambos tenían actividades con duplicidad de funciones; la de la demandante desapareció en el mes de junio del 2010, y el del señor Hernán Avila Zelaya se hizo a partir del mes de noviembre del año 2010. 4.- La sentencia de la Corte de Apelaciones del Trabajo hace más gravosa la situación confirmando el reintegro a un puesto que desapareció, por aplicación de las normas legales y ordenamiento interno de la institución, por tal razón este motivo este motivo se deberá declarar con lugar en sentencia definitiva.”.- V.- Que el cargo que antecede no puede prosperar y ser admisible, ya que: a) no invoca el precepto legal sustantivo de orden nacional infringido, lo cual es uno de los requisitos previstos en el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código del Trabajo; b) argumentando error de hecho era necesario determinar las normas procesales que sirvieron de medio para la violación alegada, lo cual omitió; y, c) realiza alegatos propios de instancia.- VI.- Que en el tercer motivo se aduce: “Se acusa la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo, el 10 de noviembre del 2016, que confirma la dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo el día 8 de septiembre del 2016, de ser violatoria de ley sustantiva nacional, por infracción directa del artículo 120 párrafo primero del Código del Trabajo, reformado por Decreto 150-2008 publicado el 5 de noviembre del 2008, en el Diario Oficial La Gaceta No.31,753, en cuanto si el contrato de trabajo por tiempo indeterminado concluye por razón de despido injustificado o por algunas de las causas previstas en el artículo 114, U OTRA AJENA A LA VOLUNTAD DEL TRABAJADOR, EL PATRONO DEBERÁ PAGARLE A ÉSTE UN AUXILIO DE CESANTIA……; en relación con el Acuerdo Ejecutivo 1036-00 en su artículo 33, específicamente en su literal e): Establecer políticas para el manejo adecuado de los recursos humanos de la institución, y artículo 25, que expresa que el personal de la DINADERS será objeto de libre nombramiento y remoción del Director Ejecutivo, conforme a los procedimientos aprobados. El Señor Ministro tiene plenamente facultades legales para realizar estas operaciones. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este tercer motivo de casación está comprendido en el numeral 1°. párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo, por infracción directa de la norma legal citada y debidamente relacionada. EXPRESION DEL CONCEPTO DE LA INFRACCION JURIDICA. Este motivo, técnica y jurídicamente la doctrina define que la infracción directa consiste en la falta de aplicación de una norma, a un hecho que el fallador considera existente; en este caso la terminación de la relación de trabajo con el pago de los derechos laborales para la demandante, está dentro de las facultades del Señor Ministro de PRONADERS, por disposición legal de los artículos 95 numeral 19), 120 parte introductiva reformado por Decreto 150-2008 y 290 todos del Código del Trabajo. La Corte de Apelaciones del Trabajo al confirmar el fallo de primera instancia, hace una exposición en su considerando cuatro, sosteniendo infundadamente que en reiteradas ejecutorias los tribunales del trabajo han sostenido el criterio que cuando el trabajador demanda por despido directo, ilegal e injustificado, le incumbe probar al patrono la causa. La cancelación de la demandante estuvo fuera del contexto de la voluntad del trabajador y del patrono, conforme al artículo 120 párrafo primero del Código del Trabajo reformado; la única obligación que en estos casos se motiva, es cumplir con las leyes, pagando al trabajador sus derechos correspondientes, infinidad de sentencias han sido motivadas por esta Honorable Corte, cuando se ha comprobado fidedignamente que el puesto del demandante ha desaparecido. Así se demostró con las planillas de pago, que el puesto de la demandante hasta el mes de junio del 2010 estuvo en planilla, y con duplicidad de actividades que realizaba el señor Hernán Avila Zelaya, quien fue cancelado por la misma circunstancia de la demandante, habiendo laborado hasta el mes de noviembre del 2010; esta causa es exógena ajena a la voluntad de las partes, pues una administración no tiene el carácter de rígida, sino flexible para poder cumplir con las funciones impuestas que va necesitando; tan es así Honorables Magistrados, que cuando se creó por el Congreso Nacional de la República la Ley de PRONADERS, bajo la tutela de ésta también se le dió origen a FONADERS y DINADERS. Esta última donde laboraba la demandante, fue liquidada por el Congreso Nacional de la República mediante Decreto 137-2011, y se le ordena al Director Ejecutivo que deberá de reducir el personal temporal como permanente, con el objeto de garantizar el funcionamiento administrativo, obligándose al pago de los derechos laborales del personal que se da por terminada la relación de trabajo. Este Decreto se debe tomar en consideración, ya que la demanda según el folio cinco (5) de la primera pieza de autos, la demanda fue presentada hasta el 29 de abril del año 2014, es decir de la fecha de cancelación transcurrieron casi cuatro (4) años para presentar la demanda, ya que si bien es cierto la misma anteriormente fue presentada en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, ésta se tuvo por NO ADMISIBLE, es decir el procedimiento llevado a cabo en este tribunal no se debe tomar en consideración por la inadmisibilidad de la demanda al formalizarse las Defensas Previas. En consideración a lo anterior, no podemos compartir ideas o conceptos con la Corte de Apelaciones del Trabajo, que el despido es injustificado, ya que se tuvo las razones siguientes: La cancelación del puesto de Gerente de Promoción y Operaciones, y el puesto de Jefe de Promoción y Operaciones, que se estaban realizando en forma duplicada, y teniendo facultades el Señor Ministro de reorientar la administración, según el artículo 33 del Acuerdo 1036-00 y tómese en consideración que también la facultad indudable de cancelar personal de esta naturaleza; por lo tanto este motivo es justo que CASE en la sentencia.”.- VII.- Que el cargo que antecede resulta inestimable al igual que en el primero el Recurrente invoca el concepto de infracción directa y reiteradamente este Tribunal ha venido sosteniendo que la misma tiene lugar cuando a un hecho que no se discute o debidamente comprobado se deja de aplicar la norma que lo regula o cuando, al contrario, se aplica una norma a un hecho inexistente. La violación por infracción directa de la ley exige la existencia del hecho, de tal manera comprobada, que no se discuta, para que la ley cuyo texto se aprecia claro sea aplicada. Sin embargo, en el subjudice el debate se genera en relación al señalamiento sobre la legalidad del despido de la trabajadora demandante, lo que tiene relación directa con el material probatorio allegado al proceso, en consecuencia, no resulta viable el ataque al fallo por el concepto invocado. Además, realiza alegatos de instancia.- VIII.- Que en el cuarto motivo de casación se sostiene: “Se acusa la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo el 10 de noviembre del 2016, que confirma la dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo el 8 de septiembre del 2016, por infracción directa del artículo 526 del Código del Trabajo, en vista que la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo en su considerando uno (1), expresa que la señora GESSENIA LOPEZ ZEPEDA, se encontraba bajo la Protección Especial del Estado para no ser legalmente despedida, trasladada o desmejorada en las condiciones de trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este cuarto motivo de casación está comprendido en el numeral 1°. párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo, conforme a la exposición legal siguiente: EXPRESION DEL CONCEPTO DE LA INFRACCION JURIDICA. 1.- La infracción directa contiene varias reglas, y una de ellas es cuando el texto de la norma legal es absolutamente claro, y la sentencia contiene disposiciones en abierta pugna, aplicando la norma legal a un hecho inexistente. 2.- La Corte de Apelaciones del Trabajo en su motivación precisamente en su considerando uno (1), expresa que la Abogada GESSENIA LOPEZ ZEPEDA y 34 empleados más, contaban con la Protección Especial del Estado, para no ser despedidos, trasladados o desmejorados en sus condiciones de trabajo; pues bien: Al confirmar la sentencia de primera instancia, la Magistrada Ponente Anny Belinda Ochoa Medrano, no le dio ningún estudio, que el supuesto sindicato en formación SITRADINPRO, según el Oficio No.100/DSL-2010 de fecha 8 de junio del 2010, la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo según folio 102 de la primera pieza de autos, en el numeral dos, párrafo segundo, sostiene que es de la opinión al haberse declarado sin lugar la solicitud de Personalidad Jurídica del Sindicato, y la misma quedó firme porque no se interpuso recurso alguno, los empleados pierden la protección del Estado, al ser denegada la Personería Jurídica del SITRADINPRO; nótese Honorables Magistrados que este oficio fue extendido el 8 de junio del 2010, es decir, antes de la cancelación del Acuerdo de la demandante, por lo tanto siendo que la sentencia de la Corte de Apelaciones del Trabajo, el sentenciador manifiesta imposiciones en abierta pugna, no es legal la aplicación de la norma legal pertinente, por cuanto dicho motivo deberá CASAR en sentencia definitiva.”.- IX.- Que el cargo que antecede resulta inestimable porque de nuevo ataca al fallo por el concepto de infracción directa o falta de aplicación, el cual como se ha reiterado es incompatible para las cuestiones debatidas y objeto del material probatorio, como es la situación del despido de la demandante.- En adición, el artículo 526 del Código del Trabajo, señalado como infringido, no ostenta carácter sustantivo, ya que dicha disposición regula la retención de cuotas sindicales y con contiene derechos u obligaciones reciprocas para trabajadores y patrono o que las extingan.- X.- Que el Impetrante pide se declare la nulidad subsidiaria, por lo siguiente: “Formalizo la Nulidad Subsidiaria Honorables Magistrados, en virtud que en el presente juicio se violaron normas procesales de carácter constitucional y de las leyes generales, por parte de la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo, al no confirmar la sentencia interlocutoria de la cual describimos lo siguiente: PRIMERO: A folio 42, 43, y 44 de la primera pieza de autos, formalizamos el Defecto Procesal de Litis Pendencia, las razones se acreditaron con la documentación extendida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, las que fueron tomadas en consideración por el Juzgado de Letras del Trabajo mediante sentencia dictada el día jueves 29 de enero del 2015, declarando CON LUGAR el Defecto Procesal de Litis Pendencia, para lo cual se tomó en consideración la documentación siguiente: a) Sentencia de fecha 21 de febrero del año 2014, mediante la cual se declara sin lugar el Recurso de Apelación promovido por el Abogado de la demandante y otros (ver folio 49 al 52 de la primera pieza de autos). b) La Secretaria de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, el 8 de abril del 2014 procedió a notificar al apoderado de la demandante, que contra la sentencia dictada por la Corte de lo Contencioso Administrativo procede el Recurso de Casación. (ver folio 53). c) Informe de fecha 12 de junio del 2014, mediante la cual se confirma la notificación a los apoderados de las partes, el vencimiento del término para formalizar el Recurso de Casación y para su contestación (ver folio 54) de la primera pieza de autos. d) Debido a lo anterior, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, según folio 55 y vuelto de la primera pieza de autos, el día 12 de junio del 2014, se tuvo por precluído los términos a las partes para formalizar y contestar el Recurso de Casación, resolución que dice al final “NOTIFIQUESE”. e) A folio 56, se encuentra notificación con fecha 17 de junio del 2014, que la Corte de Apelaciones me notificara; en igual forma a folio 57, se le notificó al apoderado legal de la demandante, la misma fecha. f) A folio 58, la Corte de Apelaciones procede a devolver el expediente al Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo el 23 de junio del 2014. g) ¿Porqué el Defecto Procesal?: Pues la demanda fue presentada ante el Juzgado de Letras del Trabajo el 29 de abril del año 2014, para esa fecha Honorables Magistrados según el folio 53 de la primera pieza de autos, al apoderado de la parte demandante se le notificó el 8 de abril del año 2014 el Recurso de Casación, por lo tanto la sentencia dictada por la Corte de lo Contencioso Administrativo el 27 de febrero del año 2014 que declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el apoderado legal de la parte demandante NO ESTABA FIRME, como tampoco existe que el apoderado procesal demandante haya renunciado al Recurso de Casación; así se cuenta que tanto el juicio de lo Contencioso Administrativo como en el del Juzgado de Letras del Trabajo, siendo la misma acción, continuaron procesalmente y en forma paralela dicho objetivo, lo que dá lugar a que se haya violado el artículo 3 del Código Procesal Civil, el cual relaciona el debido proceso, que este se debe desarrollar respetando los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias, lo cual no se cumplió, porque la Corte de Apelaciones del Trabajo revocó el fallo del Defecto Procesal interpuesto que obra a folios 66 al 67, aduciendo en su considerando cinco (5) para violentar el debido proceso, que el Recurso de Casación “era opcional” para que la parte demandante hiciera uso de él o nó. La tesis de la Corte de Apelaciones del Trabajo puede ser admitible siempre y cuando el Abogado Procesal de la parte demandante hubiere renunciado a interponer y formalizar el Recurso de Casación, lo que no se cumplió; mucho menos con el artículo 82 que expresa que el derecho de defensa es inviolable, como asimismo el artículo 90, ambos de la Constitución de la República, que indica que nadie puede ser juzgado sino por Juez o tribunal competente, y en este caso el Juzgado de Letras del Trabajo NO ERA COMPETENTE, porque se encontraban dos procesos por la misma acción, y sin estar firme la sentencia, la demandante interpuso demanda ante el Juzgado de Letras del Trabajo, por lo cual no se puede ni tan siquiera apreciar que la demanda cumplió con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, de entablar la demanda en el plazo de diez (10) días, ya que todavía se encontraba abierto el proceso del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo”.- XI.- Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ha ocasionado un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente caso, lo primero que tenemos que destacar de la pretensión de nulidad es, además de su carácter excepcional y subsidiario es que no estamos ante la nulidad de los actos procesales que se puede solicitar a lo largo del proceso; sin embargo estudiado la petición del Censor del Fallo aparece que la misma está vinculada con el tema del defecto procesal de Litis Pendencia, el cual fuera dilucidado y objeto de los recursos correspondientes durante la etapa de sustanciación, inclusive de la garantía constitucional de amparo, por lo que se trata de un asunto resuelto en el momento procesal oportuno, siendo firme ya no puede ser considerado, resultando por ello inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- XII. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus cuatro motivos y declarar sin lugar la petición de nulidad subsidiaria.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus cuatro motivos. 2) SIN LUGAR la nulidad subsidiaria solicitada.- 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que, no habiendo unanimidad en la presente resolución, se remitan sus antecedentes al Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, para estudio y posterior resolución. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiséis días del mes de julio del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha cuatro de junio del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 13-17.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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