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Sentencia CL-126-18 — Registro 9196

Resumen

Segunda instancia reformó la sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral para el reintegro al trabajo en el cargo de auxiliar de oficina del departamento de hidrografía y ayudas a la navegación con el reconocimiento de los derechos laborales de antigüedad y demás derechos dejados de percibir, desde la fecha del despido ilegal e injusto hasta que quede firme la sentencia definitiva, pago de costas procesales y personales, pago de salarios dejados de percibir, décimo tercer y décimo cuarto mes de salario, séptimo día, vacaciones, sin perjuicio de cualquier otros derechos dejados de percibir

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de que: a) olvida el Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley; en el presente caso, la forma y condiciones de la terminación del contrato de trabajo, fue objeto de la controversia y por ende del material probatorio, por lo que no era la vía apropiada para el ataque el fallo impugnado; b) el numeral 1) del artículo 111 del Código de Trabajo, señalado como infringido por infracción directa o falta de aplicación, no tiene ninguna incidencia en la decisión de fondo del caso, ya que dicha disposición hace referencia a que entre otras, es causa de terminación de los contratos de trabajo, cualquiera de las estipuladas en ellos, si no fueren contrarias a la ley y no precisamente a la situación de la “reestructuración administrativa” que se argumenta ocurrió; y, c) realiza alegatos propios de instancia.-"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., cinco de septiembre de dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha dos de mayo del dos mil dieciocho, por el Abogado DAGOBERTO RIVAS AGUILAR, en su condición de representante procesal de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, como recurrente; además es parte recurrida, la señora SONIA MARGARITA TORRES VELASQUEZ, representada en juicio por la Abogada ROSA ISABEL TORRES VELASQUEZ. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el reintegro al trabajo en el cargo de auxiliar de oficina del departamento de hidrografía y ayudas a la navegación con el reconocimiento de los derechos laborales de antigüedad y demás derechos dejados de percibir, desde la fecha del despido ilegal e injusto hasta que quede firme la sentencia definitiva, pago de costas procesales y personales, pago de salarios dejados de percibir, décimo tercer y décimo cuarto mes de salario, séptimo día, vacaciones, sin perjuicio de cualquier otros derechos dejados de percibir, promovida ante el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortes, Departamento de Cortés, en fecha veintinueve de enero del dos mil dieciséis, por la señora SONIA MARGARITA TORRES VELASQUEZ, mayor de edad, casada, Secretaria Comercial, hondureña y con domicilio de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, contra la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, por medio de su Gerente General, señor LEO YAMIR VALENTINO CASTELLON HIREZI. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintiuno de febrero del dos mil dieciocho, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, misma que: “FALLA: PRIMERO: HA LUGAR el recurso de apelación formulado por la parte demandante contra la sentencia de fecha cinco de diciembre del año dos mil diecisiete (2017) dictada por el Juzgado de Letras seccional del Trabajo de Puerto Cortés, en la demanda de la referencia; consecuentemente se REFORMA la misma, la que consiste en:1) DECLARAR CON LUGAR la demanda para el reintegro de la demandante y el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha en que se produjo el cese laboral hasta que se cumpla con la reinstalación; por ende, se CONDENA a la demandada por tales conceptos; 2) EXCLUIR de la parte dispositiva del fallo impugnado, lo referente a: “QUEDANDO A SALVO EL DERECHO DE LA DEMANDANTE A RECLAMAR EL PAGO DE SUS PRESTACIONES SOCIALES POR HABER SIDO OFRECIDAS POR LA PATRONAL”.- SEGUNDO: CONFIRMANDO la referida sentencia en cuanto a la exoneración de costas de primera instancia.- TERCERO: SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que en fecha 13 de noviembre del 2015, fue notificada por escrito la no renovación de su contrato individual de trabajo a partir del día 14 de noviembre del 2015. Asimismo, manifiesto que inició a laborar en la Empresa Nacional Portuaria, en el mes de febrero del 2009, habiendo percibido por sus servicios lo correspondiente al salario mínimo, el que era cancelado de manera bisemanal. En el año 2010 fue despedida injustamente, por lo que fue reintegrada judicialmente producto de la demanda interpuesta ante este tribunal en expediente N.289/2010 de fecha 15 de febrero del 2010 y que actualmente existe otro proceso de demanda, solicitando el reconocimiento de una serie de derechos y no respetado a su persona. Que la no existencia de contrato de trabajo no significa la no continuación del mismo y siendo que dicha nota girada a su persona en fecha 13 de noviembre del 2015, no hiciera mención de más y siendo que al día siguiente le fuera negado el ingreso a su centro de trabajo, manifestándole en el acceso formar parte de un listado de personal al que se le negaba el ingreso en base al proceso de reestructuración administrativa, por lo que acudió a solicitar a un Inspector del Trabajo con la finalidad de que mediante la autoridad competente su patrono manifestara su intención con la misma, acudiendo ante la Jefatura de Recursos Humanos donde les manifestó el Abogado Douglas E. Vásquez, que no estaba despedida, pero que no se les dejaba entrar en virtud que no se les renovaría el contrato de trabajo que vencía en fecha 14 del mismo mes y año, manifiesta que es una situación desigual, dado que desde su reintegro no se suscribieron más contratos con su patrono y puso a la vista del inspector un acta que dijo ser la número 852-2015 de fecha 5 de noviembre del 2015 donde se facultaba por el Consejo Directivo al Gerente General actuar de la manera irrespetuosa e inhumana contra los empleados y contra su persona. Finalmente estableció que cayó en el orden de empleada sin funciones por tal motivo le incluye dentro del personal a prescindir en el proceso de reestructuración y que si así fuere su patrono hubiere recaído en acciones administrativas reparables al mantener por tanto tiempo personal innecesario.- 2. La parte demandada, la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, contestó dicha demanda señalando que la terminación de la relación laboral no fue mediante nota de despido, sino mediante notificación de cesantía por el efecto de la reducción, reajuste o reestructuración de personal, porque no tenía funciones específicas, a la demandante se le despidió en el año 2010 y fue reintegrada; que la nota de fecha 13 de noviembre del 2015 se limita a informarle de la no renovación del contrato de trabajo en base a la reestructuración de personal. Bien le manifestó el Abogado Douglas E. Vásquez al Inspector de Trabajo que no estaba siendo despedida, simplemente que no se le renovaría su contrato de trabajo, aunque alguna vez en el pasado fuera reintegrada por orden judicial. La demandante fue cesanteada en el proceso de restructuración porque no tenía funciones y rechaza que haya sida despedida, en ningún momento se le ha entregado una nota de despido, lo que en fecha 13 de noviembre del 2015 se le entregó una notificación de terminación de la relación laboral o cesantía justificada en base al artículo 95 numeral 19 del Código del Trabajo, y Acuerdo de Restructuración con el Sindicato, y en ninguna parte de la nota se invoca el artículo 112 del Código del Trabajo. Finalmente estableció que los lineamientos dictados por la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), de quien dependen estructuralmente en base al Decreto Ejecutivo PCM-00l-2014, resultados de auditorías y consultorías efectuadas, se determinó que la ENP debe modernizarse, actualizarse y reestructurarse en su personal, así como en sus dependencias y órganos de gestión administrativa, operativa, funcional y todas aquellas que aseguren el logro de los objetivos que señala la Ley Orgánica y en su artículo 28 obliga al Gerente a disponer del personal administrativo y técnico necesario, para cumplir con el desarrollo de una empresa eficiente. Que han cambiado las actividades y servicios prestados por la ENP, como resultado directo de los Contratos de Concesiones y fideicomisos firmados en seguimiento de las políticas y planes de gobierno, por lo que el número de empleados que poseía, estaba contratado acorde a las actividades y servicios prestados antes de las concesiones, lo que llevó a la Reestructuración de la estructura organizacional (personal, funcional y administrativo) para adecuarlo al funcionamiento de acuerdo a su nuevo rol. Por lo que en aplicación del artículo 95 numeral 19) del Código del Trabajo, la cláusula 10 del Decimo Cuarto Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo, junto con el SITRAENP, se procedió a cesantear a empleados de forma gradual y progresiva de conformidad con las evaluaciones que se practicaron. Por dichas razones procedieron a cesantear a la demandante el 13 de noviembre del 2015 sin más responsabilidad para la empresa que el pago de sus prestaciones sociales y que fueron puestas a disposición de la demandante.- 3. El Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en fecha tres de agosto del dos mil diecisiete, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda ordinaria laboral promovida por la señora Sonia Margarita Torres Velásquez, contra la Empresa Nacional Portuaria, en consecuencia se exonera a la demandada de todas las acciones emanadas del presente juicio; ordena a la empresa demandada proceder a realizar el pago de las prestaciones sociales y derechos adquiridos, que ya habían sido ofrecidos a la demandante, sin costas; bajo el criterio que en el caso que nos ocupa la empresa demandada establece que la finalización de la relación laboral con el demandante, se debe a que en el marco del Proceso de Reestructuración se aprobó un reajuste de personal a raíz de haberse concesionado las Terminales de Contenedores y Carga General así como también la Terminal de Gráneles, ambas de Puerto Cortés; es cierto que la anterior causal no se encuentra enmarcada entre las causales para dar por finalizada la relación laboral, pero no es menos cierto que el legislador ha facultado al patrono para realizar reajustes de personal, estableciéndola en el Artículo 95 numeral 19) de la norma sustantiva laboral, estableciendo como requisito que la forma de realizarla debe encontrase estipulada en el contrato colectivo y que en negocio que nos ocupa, la empresa demandada ha realizado, pues ha quedado constatado que dicho reajuste de personal fue aprobado y acompañado no solo por el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional Portuaria, organización que su función principal es velar por el bienestar y derechos de sus afiliados, sino también por la Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) al ser la ENP parte del Gabinete Sectorial de Infraestructura Productiva según Decreto Ejecutivo PCM 00 1-2014; y que aun y cuando el demandante no era miembro de dicha organización sindical, el acompañamiento y aprobación por parte de dicho sindicato, reviste de credibilidad el proceso de reajuste o reducción del Personal de la Empresa Nacional Portuaria, alejándola de ser una mera reducción de personal para sustituirlo por otro personal y reafirmando que es debido al proceso de reestructuración por el que atraviesa la empresa demanda producto de disminución de la parte operativa e ingresos económicos de la empresa por haber sido concesionadas la Terminales de Contenedores y Carga General así como también la Terminal de Gráneles de Puerto Cortés. Asimismo, dicho proceso de reestructuración fue aprobado por la Secretaria de Finanzas. Como anteriormente se exponía, producto del acompañamiento de la organización sindical, 166 trabajadores aceptaron el pago de sus prestaciones sociales en un periodo comprendido entre Noviembre del año 2015 a Marzo del año 2016, entre los cuales algunos eran trabajadores no sindicalizados o denominados eventuales, personal sindicalizado y personal de confianza, de ello se puede observar que dicho proceso no implicaba la violación de derechos laborales que otorga nuestra legislación laboral, pues se les otorgo el pago de sus derechos e indemnizaciones labores. Asimismo, se ha constatado que la empresa demandada producto de la reducción de personal, ha obtenido un ahorro económico y de ello se ha reducido considerablemente su presupuesto anual desde el año 2014 al año 2016 como se puede observar en el documento que corre agregado a los autos. También es preciso señalar que el tribunal supremo en Sentencia de Casación de fecha 24 de Junio de 1997, estableció “que es importante advertir que no corresponde al patrono imponer al trabajador que acepte el pago de prestaciones ya que es la voluntad del trabajador la que determina si opta por el reintegro o por el pago de prestaciones”, como en el presente caso en el que el trabajador ha optado por solicitar su reintegro, pero en el presente caso, cuando el patrono logística y estructuralmente o por razones de eficiencia ya no requiera de la prestación de los servicios del trabajador y se haya comprobado dicha circunstancia en juicio, como ha ocurrido, no es posible obligar al patrono a mantener en su puesto de trabajo a un empleado del que ya no sean necesarios sus servicios o que sea menos eficiente, en el presente caso lo que estructuralmente realizó la empresa demandada atendido la necesidad de la nueva estructura organizacional, fue el movimiento del mismo personal que ya laboraba en otras áreas a la nueva estructura, haciendo un uso eficiente de su propio recurso humano, lo cual es el espíritu del artículo 95 numeral 19) de la norma laboral; razón por las cuales el patrono, se encuentra obligado a pagar las prestaciones sociales.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintiuno de febrero del dos mil dieciocho, dictó sentencia reformando la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que la accionada efectuó un proceso de reestructuración que fue aprobado por sus autoridades con el voto condicionado de la organización sindical, mas de autos resulta que a diferencia de otros casos, el departamento en donde se venía desempeñando la actora no entró en la concesión y éste pasó a llamarse Ayuda a la Navegación antes Hidrografía y Ayuda a la Navegación, desempeñándose en el mismo, la señora Stefani Beatriz Coto Arce cuya antigüedad laboral es inferior a la de la accionante; de ahí que ante tales circunstancias, se estima por parte de éste Tribunal, que la accionada no dio cumplimiento al artículo 95 numeral 19) del Código del Trabajo como era su obligación, indistintamente si la trabajadora era afiliada o no al SITRAENP pues dicha normativa manda a que cuando se efectúan reajustes de personal se respetaran los derechos de antigüedad y, en igualdad de condiciones, preferirán a los elementos sindicalizados para que sigan trabajando, sin que resulte probado que la señora Coto Arce ostente ésta última condición; de manera que en atención al principio de consonancia, la demanda presentada debe declararse con lugar respecto al reintegro y el pago de salarios dejados de percibir, pues los argumentos de la recurrente versan únicamente a ese respecto y por ende debe excluirse de la parte resolutiva del fallo impugnado, lo referente a que queda a salvo el derecho de la demandante a reclamar el pago de sus prestaciones sociales al tenor del contenido del artículo 129 de la Constitución de la República pues la accionante optó por el reintegro. Por otra parte es oportuno señalar que los actos que se ejecuten en la administración pública responden los servidores del Estado, en casos como éste particularmente, quienes finalizan la relación de trabajo en los términos , según lo dispone el artículo 321 de la Constitución de la República; y, sí se infringe la Ley en perjuicio de los particulares, el servidor público será civil y solidariamente responsable junto con el Estado o con la institución estatal a cuyo servicio se encuentre, pudiendo éstos ejercer la acción de repetición contra el servidor responsable, en los casos de culpa o dolo, según lo establece el artículo 324 de la Constitución de la República; por lo que quedan los entes contralores del Estado en libertad de realizar las acciones legales que estimen necesarias contra el funcionario público que considere responsable de infringir la Ley, lo que es concordante con el contenido de la circular No. 1-2014 emitida por la Sala Laboral Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, de fecha 05 de junio de 2014.- 5. Mediante auto de fecha cinco de abril del dos mil dieciocho, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado DAGOBERTO RIVAS AGUILAR, en su condición de representante procesal de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha dos de mayo del dos mil dieciocho, compareció ante éste Tribunal el Abogado DAGOBERTO RIVAS AGUILAR, en su condición de representante procesal de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de fecha dos de mayo del dos mil dieciocho, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veintinueve de mayo del dos mil dieciocho, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte de la Abogada ROSA ISABEL TORRES VELASQUEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.-Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que el Abogado DAGOBERTO RIVAS AGUILAR, en su único motivo de casación alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser VIOLATORIA DE LEY SUSTANTIVA DE ORDEN NACIONAL POR INFRACCIÓN DIRECTAPOR FALTA DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 111 NUMERAL 1) DEL CÓDIGO DEL TRABAJO. La Corte sentenciadora no aplica tal artículo del Código del Trabajo cuando debió aplicarlo, en relación a lo prescrito en el artículo 62 de la Constitución de la República y articulo 95 numeral 19 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este Motivo de Casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del trabajo vigente. DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA: El principio de la estabilidad laboral en el Derecho del Trabajo como el derecho del trabajador a conservar su puesto de trabajo mientras así lo desee y el patrono carezca de causa justa para despedirle, autoriza y legitima, el reenvío hecho por el Código del Trabajo al artículo 129 de la norma constitucional. Por el choque de normas en lo que concierne a las instituciones de estabilidad laboral contra el interés público, éste último fijado en el artículo 62 de la Constitución de la República, y respecto a ello, la misma Corte de Apelaciones del Trabajo nos enseña en sus reiteradas sentencias a favor de la Empresa Nacional Portuaria (Expedientes 0501-2016-507, 0501-2017-488, 0501-2017- 536) que las disposiciones dictadas en relación con la estructura, organización y desarrollo de las funciones de las instituciones de la administración pública, deben entenderse promulgadas en interés general, razón por la cual predominan sobre las que únicamente atienden el interés individual; es por esa razón que en los caos de conflicto entre las normas laborales o convencionales que garantizan la estabilidad en el empleo y las especiales que en desarrollo de mandatos constitucionales permiten la supresión del empleo que ocupaba un trabajador y si consiguiente desvinculación, se ha dado prelación al régimen especial, por perseguir una finalidad de poner en consonancia la estructura del Estado y de sus organismos, con el diseño constitucional de la estructura del Estado, que con ella sea adoptada, se consagran con el fin de realizar de la mejor manera los fines esenciales de la Administración Pública. La legislación del trabajo, dado el carácter tuitivo respecto de los derechos que se originan de toda relación laboral, establece las razones o motivos generales que pudieran provocar la terminación del contrato de trabajo, dentro de las que se contemplan las denominadas causas justas que pueden invocarse sin responsabilidad económica alguna, bien para el patrono o el trabajador, por expresar estas hipótesis fácticas que rompen o alteran el equilibrio jurídico de las partes se deben entre sí; la anterior es la regla general, pero también es posible que por disposición de la ley, en los casos de los empleados públicos, se autorice la terminación del contrato de trabajo por causas de interés público. Sobre las causales válidas para la terminación unilateral ce los contratos de trabajo por reajuste o reestructuración de la empresa, como está contenido en el artículo 95 numeral 19 del Código del Trabajo, la doctrina nos informa lo siguiente: Las anomalías funcionales del contrato o relación de trabajo. Entre éstas se encuentra la imposibilidad sobrevenida, y una de ellas, es la imposibilidad del patrón a proporcionar o recibir la prestación. En este caso, la obligación del patrono de ofrecer la prestación de carácter pecuniario, y por tanto genérica, abstractamente, nunca puede devenir imposible. Existen, sin embargo, situaciones de naturaleza temporal o permanente, en que la contraprestación del trabajador deviene imposible por razones imputables al patrono, subjetivamente (cierre patronal, reestructuración de la empresa o centro de trabajo, cese de la actividad, etc.). Tal hipótesis es regulada en la Ley en la forma siguiente: Si la imposibilidad se debe a un hecho independiente de la voluntad del patrono, el ordenamiento jurídico, considera que subsiste un motivo justificado de carácter objetivo para la resolución del contrato (el llamado despido, por reducción de personal) .Estudios de Derecho Laboral. Olvin E. Rodríguez, Editorial Universitaria, Segunda Edición Octubre de 1982, pág. 372-373. También entiendes Vos Honorable Corte Suprema de Justicia, según abundante Jurisprudencia, que la violación directa de la ley, parte de la base de que la sentencia no aplique la norma que regula el caso debatido y establecido en el proceso, cuando el texto de la norma es absolutamente claro y la sentencia contiene disposiciones en abierta pugna con él. Si el impetrante demuestra la forma en que la Corte sentenciadora incurrió en la infracción de la disposición sustantiva que cita, dará lugar a la prosperidad del recurso, y constituida la Corte sede de instancia, procederá a dictar la sentencia que en derecho corresponda, y a ese criterio jurisprudencial me apego como censor del fallo a demostrar en qué consiste la violación directa de ley sustantiva de la Corte sentenciadora. CONCEPTO DE LA INFRACCION: La Corte sentenciadora infringe el articulo 111 No. 1 del Código del Trabajo que expresa “Son causas de terminación de los contratos de trabajo: Cualquiera de las estipuladas en ellos si no fueren contrarias a la Ley”. A CONTINUACION EXPLICO LA VIOLACION: La Corte de Apelaciones del Trabajo dejó de aplicar en su fallo el artículo 111 numeral 1) del Código del Trabajo, como se explica seguido. Ya el artículo 95 numeral 19 del Código del Trabajo expresa “… son obligaciones de los patronos: Llevar a cabo los reajustes de acuerdo con las estipulaciones del contrato colectivo. A falta de éstas, respetaran los derechos de antigüedad y, en igualdad de condiciones, preferirán a los elementos sindicalizados para que sigan trabajando”. En relación a éste, el artículo 62 de la Constitución de la República establece que, “Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático.” La EMPRESA NACIONAL PORTUARIA como medio de defensa alegó que, se procedió a cesantear legalmente a la señora SONIA MARGARITA TORRES VELASQUEZ e1 día 13 de noviembre del año 2015, sin más responsabilidad para la empresa, que el pago de sus prestaciones sociales e indemnizaciones legales, como lo dispone el artículo 120 del Código del Trabajo, por ser una causa ajena al trabajador, las que ya se han puesto a disposición de la demandante, y se ha negado a recibirlas. Como jurisprudencia sobre los requisitos que deben cumplirse para que sea eficaz una reestructuración del personal, se señala la Sentencia de la Corte de apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, dictada en Exp.8965 en fecha 25 de abril del 2011, en un juicio por demanda de reintegro; donde se expresa como causa de terminación de la relación laboral el hecho de tener que efectuar reajustes de personal derivada de una Reestructuración, y además, señala ser consensuado con su organización sindical. La sentencia recurrida violenta el precepto legal sustantivo de orden nacional por infracción directa, por la no aplicación del 111 numeral 1 del Código del Trabajo, por inobservancia delo prescrito el artículo 62 de la Constitución de la República. El A Quo, al declarar sin lugar la demanda, consideró que se habían aplicado correctamente dichos artículos. Sin embargo, la Corte de Apelaciones considera que no se respetó la antigüedad de la demandante en relación a otro trabajador. Resulta, que la resolución del A Quo no debió ser revocada por la Corte de Apelaciones del Trabajo, en virtud de que al haberse dada por terminada la relación laboral por reestructuración de personal, primó el interés general ante el interés particular del trabajador, como así se relaciona en el artículo 62 de la Constitución de la República, desconociendo la Corte sentenciadora sus propias sentencias a favor de la Empresa Nacional Portuaria (Expedientes 0501-2016-507, 0501- 2017-488, 0501-2017-536 por la misma reestructuración), en las que oportunamente fundamentó para confirmar las del a quo, que las disposiciones dictadas en relación con la estructura, organización y desarrollo de las funciones de las instituciones de la administración pública, deben entenderse promulgadas en interés general, razón por la cual predominan sobre las que únicamente atienden el interés individual. Admitir que el departamento donde laboraba la demandante no fue concesionado a los operadores privados, desnaturaliza la figura de la reestructuración de personal que es a nivel de empresa y no de departamentos. Al no haber confirmado la resolución del A quo, la Corte sentenciadora violó directamente la ley sustantiva de orden nacional consistente en la no aplicación del artículo 111 numeral 1 del Código del Trabajo, cuando debió aplicarlo, en relación a lo prescrito en el artículo 62 de la Constitución de la República y articulo 95 numeral 19 del Código del Trabajo. ”.- III.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de que: a) olvida el Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley; en el presente caso, la forma y condiciones de la terminación del contrato de trabajo, fue objeto de la controversia y por ende del material probatorio, por lo que no era la vía apropiada para el ataque el fallo impugnado; b) el numeral 1) del artículo 111 del Código de Trabajo, señalado como infringido por infracción directa o falta de aplicación, no tiene ninguna incidencia en la decisión de fondo del caso, ya que dicha disposición hace referencia a que entre otras, es causa de terminación de los contratos de trabajo, cualquiera de las estipuladas en ellos, si no fueren contrarias a la ley y no precisamente a la situación de la “reestructuración administrativa” que se argumenta ocurrió; y, c) realiza alegatos propios de instancia.- IV.- El impetrante incluye en su escrito un apartado solicitando la nulidad subsidiaria de la sentencia, la cual expone en los términos siguientes: “SE SUPLICA LA NULIDAD SUBSIDIRIA DEL FALLO RECURRIDO COMO CUESTION ADICIONAL AL RECURSO, si la Corte advirtiere causas de nulidad en el mismo”.- V.- Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente caso, el Impetrante no enuncia ni fundamenta ninguna situación concreta que se deba revisar y éste Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- VI. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo y declarar sin lugar la nulidad subsidiaria solicitada.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN LUGAR la nulidad solicitada de forma subsidiaria. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dieciocho días del mes de septiembre del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha cinco de septiembre del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 126-18.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

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