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Sentencia CL-125-18 — Registro 9702

Resumen

Segunda instancia confirmo con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido directo e injustificado, más los salarios dejados de percibir desde el momento de la cancelación hasta que quede firme la sentencia, más el ajuste de salario mínimo

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) el recurrente en su formulación, carece de claridad y precisión al momento de establecer ante que sentencia judicial dirige su impugnación; b) en la formulación del cargo hace referencia a “ser violatoria la Ley Sustantiva de orden Nacional por aplicación indebida e interpretación errónea y apreciación errónea de un medio de prueba…”, causales de violación diferentes que debió invocar de forma separada por la independencia de los cargos; c) la norma que indica como violada es el artículo 19 del Código del Trabajo, no ostentando el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; d) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica correctamente el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; y e) hace alegatos propios de instancia.- IV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veinte de noviembre de dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha veinticuatro de mayo del dos mil dieciocho, por el Abogado SAMUEL EDGARDO PACHECO VILLAFRANCA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además es parte recurrida, los señores JULIO CESAR SUAZO HERNANDEZ y MARITZA PAZ PEREZ, representados en juicio por el Abogado FREDY JOSUE PINEDA HERNANDEZ. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido directo e injustificado, más los salarios dejados de percibir desde el momento de la cancelación hasta que quede firme la sentencia, más el ajuste de salario mínimo y costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortes, Departamento de Cortes, en fecha siete de enero del dos mil dieciséis, por los señores JULIO CESAR SUAZO HERNANDEZ y MARITZA PAZ PEREZ, ambos mayores de edad, solteros, hondureños con domicilio en Puerto Cortés, Departamento de Cortés, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio del Procurador General de la República, el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA por actuaciones realizadas en EL CENTRO DE SALUD DE PUERTO CORTÉS, dependiente de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud.- El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintitrés de febrero del dos mil dieciocho, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha diez de enero del dos mil dieciocho, proferida por el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, misma que: “FALLA: DECLARANDO CON LUGAR la Demanda Laboral de Primera Instancia, promovida por el señor JULIO CESAR SUAZO HERNANDEZ y MARITZA PAZ PEREZ; contra el ESTADO DE HONDURAS por actos de la Secretaria de Salud ocurridos en el Centro de Salud de Puerto Cortés Cornelio Moncada, por representado, el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en su condición de Procurador General de la República; tendiente al pago de Prestaciones Laborales, Ajuste De Salario Mínimo, Mas Los Sueldos Dejados De Percibir desde la ruptura de la relación laboral hasta la firmeza de la presente Sentencia. SIN COSTAS.- En consecuencia: condena al estado de honduras representado por el procurador general de la república, el señor Abraham Alvarenga Urbina al pago de los conceptos siguientes: 1). Para: julio Cesar Suazo Hernández: preaviso: (DOS MESES) LPS. 19,203.54; AUXILIO DE CESANTIA (CATORCE MESES): LPS.134,424.78; AUXILIO DE CESANTÍA PROPORCIONAL (1.42 DÍAS): LPS.454.68; VACACIONES AÑO 2013-2014 (20 DÍAS): LPS.6,401.20; VACACIONES AÑO 2014-2015: (20 DÍAS): LPS.6,401.20; VACACIONES PROPORCIONALES 2015-2016 (0.95 DÍAS): LPS.304.06; DÉCIMOTERCER MES ENCONCEPTO DE AGUINALDO AÑO 2013 LPS.8,230.09; DÉCIMO TERCER MES EN CONCEPTO DE AGUINALDO AÑO 2014: LPS.8,230.09; DÉCIMO TERCER MES EN CONCEPTO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AÑO 2015 (25.17 DÍAS) LPS.6,905.14; DÉCIMO CUARTO MES EN CONCEPTO DE COMPENSACIÓN SOCIAL AÑO 2013-2014: LPS.8,230.09; DÉCIMO CUARTO MES EN CONCEPTO DE COMPENSACIÓN SOCIAL AÑO 2014-2015: LPS.8,230.09; DÉCIMO CUARTO MES EN CONCEPTO DE COMPENSACIÓN SOCIAL PROPORCIONAL AÑO 2015-2016: LPS.2,790.04; REAJUSTE PAGO DE SALARIO MÍNIMO AÑO 2014: LPS.25,445.40; REAJUSTE PAGO DE SALARIO MÍNIMO AÑO 2015: LPS.27,300.90. SUMANDO UN TOTAL DE DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON TREINTA CENTAVOS (LPS.262,551.30).- 2).- MARITZA PAZ PEREZ: PREAVISO: (DOS MESES) LPS.,19,203.54; AUXILIO DE CESANTÍA (CATORCE MESES): LPS.105,619.47; AUXILIO DE (CESANTÍA PROPORCIONAL (17.67 DÍAS): LPS.5,655.46; VACACIONES AÑO 2013-2014 (20 DÍAS): LPS.6,401.20; VACACIONES AÑO 2014-2015: (20 DÍAS): LPS.6,401.20; VACACIONES PROPORCIONALES 2015-2016 (1 ,78 DÍAS): LPS.3,770.31; DÉCIMO TERCER MES EN CONCEPTO DE AGUINALDO AÑO 2013 LPS.8,230.09; DÉCIMO TERCER MES EN CONCEPTO DE AGUINALDO AÑO 2014: LPS.8,230.09; DÉCIMO TERCER MES EN CONCEPTO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AÑO 201; (25.17 DÍAS) LPS.6,905.14; DÉCIMO CUARTO MES EN CONCEPTO DE COMPENSACIÓN SOCIAL AÑO 2013-2014: LPS.8,230.09; DÉCIMO CUARTO MES EN CONCEPTO DE COMPENSACIÓN SOCIAL AÑO 2015: LPS.8,230.09; DÉCIMO CUARTO MES EN CONCEPTO DE COMPENSACIÓN SOCIAL PROPORCIONAL AÑO 2015-2016: LPS.2,790.04; REAJUSTE PAGO DE SALARIO MÍNIMO AÑO 2014: LPS.25,445.40; REAJUSTE PAGO DE SALARIO MÍNIMO AÑO 2015: LPS.27,300.90. SUMANDO UN TOTAL DE DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (LPS.242, 212.66).- HACIENDO UN GRAN TOTAL DE QUINIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS, (LPS.504,763.96).- MAS A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS LOS SALARIOS DEJADOS DE DESDE LA FECHA EN QUE SE ORIGINO EL DESPIDO HASTA QUE QUEDE FIRME LA PRESENTE SENTENCIA.- SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que fueron contratados de forma verbal para realizar labores en el Centro de Salud Cornelio Moncada Córdova de Puerto Cortés, en los años 2001 y 2004, respectivamente, devengaron un último sueldo de L.5,000.00 no pagándoseles el salario mínimo correspondiente en base a ley y desempeñándose en los cargos de Auxiliar de Técnico de Salud Ambiental y Auxiliar de Enfermería, con un horario de Trabajo de 7:00 am a 3:00 pm despeñando sus funciones de forma personal e indeterminada y bajo la subordinación de la Secretaría de Salud en el Centro de Salud Cornelio Moncada de Puerto Cortés, quien les pagaba su salario y dictaba las pautas de las actividades que debían de realizar por medio del señor Carlos Vaquedano actuando en su condición Director del Centro de Salud Cornelio Moncada Córdova de Puerto Cortes, mediante oficios números 30.E/S.CMC.PTOC, 32.E/S.CMC.PTOC, les hizo entrega de Nota de Despido donde les cancelaba de sus labores sin justificar la justa causa de tal acción.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, de la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud, contestó dicha demanda señalando que la demandada no ha suscrito contratos verbales ni por escrito con las demandantes, estos nunca fueron contratadas por autoridades competentes ya que fueron reclutadas, contratadas y pagadas por la Municipalidad de Puerto Cortés como recurso de apoyo al Establecimiento de Salud Cornelio Moncada. En cuanto a las planillas aprobadas en la Administración Pública ya establece la ley cuales son las autoridades responsables de elaborarlas y que las mismas carecen de sellos y firmas de las Jefaturas de Personal Regional, Jefatura Regional y Subgerencia de Recursos Humanos. Por otra parte, manifestó que los únicos que pueden despedir, es la autoridad nominadora o subgerencia de Recursos Humanos por instrucciones de autoridades Unidades Regionales de Gestión de Desarrollo, por lo que el Doctor Carlos Vaquedano no está autorizado para despedir ya que no es esa su función. Finalmente manifestó que el representante del Poder Ejecutivo es el Presidente de la República y este a su vez designa quien es el titular de cada Secretaría de Estado y por otro lado el Representante Legal del Estado es el Procurador General de la República, por lo que, si los demandantes querían llegar a un arreglo administrativo por el supuesto despido, tenían que hacerlo ante la autoridad competente.- 3. El Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en fecha diez de enero del dos mil dieciocho, dictó sentencia declarando CON LUGAR, la demanda ordinaria laboral promovida por los señores JULIO CESAR SUAZO HERNANDEZ y MARITZA PAZ PEREZ, contra el ESTADO DE HONDURAS, sin costas, bajo el criterio que el Código del Trabajo en su Artículo 20 establece los 3 elementos para que exista Contrato de Trabajo, una vez reunidos estos, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen; lo cual es aplicable en el presente caso, en el cual se ha constatado que los demandantes, ejercían su labor bajo la continua subordinación de la Secretaria de Salud a través de sus distintas Jefatura Departamental de Cortes, la Coordinadora de Salud de este Municipio de Puerto Cortes y el Director del Centro de Salud Cornelio Moncada Córdova, realizando sus labores en forma personal y recibiendo por dicha labor un salario, por lo que se entiende que las demandantes eran trabajadoras de la Secretaria de Estado en los Despacho de Salud Pública. La Constitución de la República en su Artículo 129 garantiza la estabilidad laboral, la cual solamente puede verse perturbada cuando haya acaecido un acto o falta comprobada del trabajador que se encuentre prohibida por la Leyes laborales o reglamento interno de trabajo, asimismo el legislador estableció en el Artículo 111 de la Norma Laboral, las razones por las que se le puede poner término a la relación laboral, estableciendo asimismo en el Artículo 112 las razón por las cuales la patronal en forma unilateral y sin responsabilidad de su parte, pueda hacerlo; pero en el presente caso no ocurrió así, ya que la demandada dio por finalizada la relación laboral en forma unilateral, notificándole por escrito a las demandantes a través del Dr. Dr. Carlos Vaquedano en su condición de Director del Centro de Salud Cornelio Moncada Córdova, en la cual se especifica que por instrucciones recibidas por la Jefatura Departamental de Cortés según Oficio No. 1260-2015JRDC en el cual se establece que a partir del 1 de Noviembre del 2015 no debían seguir realizando sus tareas asignadas en ese establecimiento de Salud, sin establecer las causas que fundadas en ley, que le haya llevado a la patronal a ponerle termino a la relación laboral con las demandantes, con lo cual dicha terminación de la relación laboral se vuelve en un despido injustificado y ya la el artículo constitucional anteriormente señalado, impone como pena a elección del trabajador el pago de prestaciones e indemnizaciones o a ser reintegrado a su puesto de trabajo y a percibir a título de daños y perjuicios en favor del Trabajador los salarios dejados de percibir, lo cual es aplicable al presente caso en el que se ha constatado que la demandada termino la relación laboral con las demandantes sin justa causa y habiendo elegido los demandantes el reclamo del pago de sus prestaciones sociales, es procedente la condena de los mismos, asimismo lo establecen los Artículos 110 y 113 del Código del Trabajo. Que el Artículo 56 del Código del trabajo establece las condiciones generales de trabajo como ser lo relativo a jornadas de labor, descanso semanal, vacaciones anuales, asimismo los artículos 345 y 346 establecen el derecho del trabajador y obligación del patrono a pagar a los demandantes a gozar de un periodo de vacaciones y el artículo 350 del mismo cuerpo legal establece que las mismas se podrán acumular hasta por dos años; por otro lado la ley del séptimo día y décimo tercer mes en concepto de aguinaldo en su artículo 1 establece el derecho del demandante a percibir el pago del décimo tercer mes de salario, asimismo la ley de reestructuración de los mecanismos de ingresos y la reducción del gasto del sector público, el fomento de la producción y la compensación social en su artículo 34 establece como un derecho a todos los empleados y trabajadores el pago del décimo cuarto mes de salario; y en el presente caso, la parte demandada no ha efectuado el pago correspondiente por los conceptos anteriormente señalados a las demandantes, por lo que es procedente la condena de los mismos para los periodos.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintitrés de febrero del dos mil dieciocho, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por él a quo, sin costas; bajo el criterio que al actor le basta con probar la prestación o la actividad personal en beneficio del accionado, para que se presuma el contrato de trabajo, circunstancia ésta que así aparece acreditada en el proceso con la abundante prueba documental incorporada al mismo sin objeción alguna de parte, de ella también se establece el elemento de subordinación y dirección patronal, siendo así las cosas, los trabajadores no dejan de serlo porque sus salarios hayan sido pagados con fondos subsidiados por otra entidad o porque el procedimiento utilizado en su manejo contravenga las leyes contentivas de los decretos del presupuesto de ingresos y egresos de la República como lo indica el recurrente. La obligación patronal en este caso, nace con independencia de si la capacidad para contratar personal en la administración pública centralizada sea del Presidente de la República o en su defecto en quien éste delegue, si él o la Directora de la Regional o del Centro de Salud contrató verbalmente a los trabajadores demandantes, obligó a la institución demandada como patrono por mandato del artículo 6 del Código del Trabajo, circunstancia ésta que también alcanza a la terminación del contrato aunque se trate de decisiones tomadas para ir corrigiendo irregularidades presentadas por convenios locales o departamentales como lo apunta el recurrente, pues la terminación del contrato de trabajo sin causa de justificación como aparece en los documentos visibles a folios 61 y 62 de la primera pieza, trae consigo la obligación patronal de pagar al trabajador las indemnizaciones que a ese fin establece el artículo 113 del citado código.- 5. Mediante auto de fecha cinco de abril del dos mil dieciocho, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado SAMUEL EDGARDO PACHECO VILLAFRANCA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha veinticuatro de mayo del dos mil dieciocho, compareció ante éste Tribunal SAMUEL EDGARDO PACHECO VILLAFRANCA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha veintinueve de mayo del dos mil dieciocho, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha diecinueve de junio del dos mil dieciocho, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte del Abogado FREDY JOSUE PINEDA HERNANDEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que el Abogado SAMUEL EDGARDO PACHECO, en su primer y único motivo de casación alega: “ Acuso la Sentencia de fecha diez (10) de Enero del año Dos Mil Dieciocho dicto sentencia el Juzgado de Letras de Trabajo Seccional de Puerto Cortes, departamento de Cortes y el fallo de fecha Veintitrés de Febrero del dos mil dieciocho emitido por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, de ser violatoria la Ley Sustantiva de orden Nacional por aplicación indebida e interpretación errónea y apreciación errónea de un medio de prueba, y que se refiere al artículo 19 del Código del Trabajo Vigente, además se comprobó mediante prueba RECONOCIMIENTO JUDICIAL evacuado por el Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Cortes el día Veintitrés de Enero del 2017 (ver folio 163 vuelto yl64 ) donde se acredito que la Municipalidad de Puerto Cortes entrego y pago a la Señora MARITZA PAZ PEREZ mediante cheque 42049 de fecha 20 de Agosto 2015 en pago de concepto de AYUDA MUNICIPAL PARA EL CENTRO DE SALUD CORNELIO MONCADA CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 y asimismo recibió los siguientes cheques 42325, 42518, 42758, todos del año 2015 donde se acredito que la colaboración que ahora dicen que son trabajadores de la Secretaria de Salud fueron pagados directamente a una de las demandas señora MARITZA PAZ PEREZ por consiguiente el artículo 19 del Código de Trabajo define claramente que es un contrato de trabajo; y que para que haya este en la parte final establece que tiene que haber una remuneración y cuando esta remuneración la recibe directamente la Señora Paz Pérez de la Municipalidad de Puerto Cortes los meses de Marzo a Septiembre del 2015 como se acredito en el presente Juicio. NORMA SUSTANTIVA VIOLADAS: La norma sustantiva de orden nacional violada es al artículo 19 del Código del Trabajo Vigente. PRUEBA ERRONEAMENTE APRECIADA: El error de apreciación de prueba se refiere al que la Corte de Apelaciones de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes al mencionar que un Jefe de un Establecimiento de Salud o Jefe de una Región Sanitaria está en la capacidad legal para contratar, y se olvida que todo ACTO ADMINISTRATIVO lo define claramente el Articulo 116 de la Ley general de la Administración Pública, y la honorable Corte de Apelaciones ante mencionada no tomo en cuento los medios de prueba siguiente: Recibos y cheques que se encuentran en el presente expediente en los folios 187 AL 210: oficio número 4379-SGRH-SS de fecha 21 de Octubre 2016 (ver folios 211), oficio número 771-2017 JRSDC y los documentos accesorios (ver folios 216 al 231) REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para el quebrantamiento de las normas sustantivas violadas es el artículo 738 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el artículo 765 numeral 1, del Código del Trabajo. LA VIOLACION DE LA LEY SUSTANTIVA DE ORDEN NACIONAL POR APLICACIÓN INDEBIDA E INTERPRETACION ERRONEA LA EXPLICO DE LA SIGUIENTE MANERA: Que la Corte de Apelaciones de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, al dictar el fallo deviene en la obligación de aplicar normas que regulan los aspectos debatidos en juicio, sin apartarse de los principios que informan al criticar de la prueba, los hechos relevantes del proceso y la conducta procesal observada por las partes para poder proferir un fallo apegado a derecho; es evidente que las normas sustantivas invocadas fueron interpretadas erróneamente ya que la competencia es la pertenencia a un órgano, a un funcionario, o a un encargado del poder sobre la Litis o un negocio determinado; naturalmente esta competencia es un requisito de validez del acto procesal en el que el poder encuentra su desarrollo.... Para señalar la competencia hay que tener en cuenta cinco factores principales, que son: 1) el objetivo; 2) el subjetivo; 3) el funcional; 4) el territorial; y 5) el de conexión; en este caso interesa el contenido del “factor objetivo” este factor se relaciona con el objeto del negocio, ya en cuanto a su naturaleza propi, o con respecto a su cuantía. El criterio derivado de la naturaleza del pleito se refiere al contenido específico de la relación jurídica en litigio, o sea, a la naturaleza misma de la pretensión o pretensiones que el actor invoca en el petitum de la demanda con que se inicia el proceso judicial. Es importante mencionar que la competencia objetiva en materia de trabajo es especializada y para ello la norma 679 del Código de la materia de fija el conocimiento de los Juzgados del Trabajo: 1: De todas las controversias que surjan del contrato de trabajo; 1 y 5: De todos los demás asuntos que determine este Código; de manera pues, que si bien el objetivo de los procesos laborales, son las controversias jurídicas laborales con su valor económico, que los sujetos son los trabajadores y empleadores, no lo es menos que su competencia está circunscrita a lo que ya establece la Ley: controversias que surjan del Contrato d Trabajo.- Que de acuerdo al artículo 256 de la Constitución de la República, el régimen de Servicio Civil que regula en el artículo 22 de la Ley de Servicio Civil y la forma de reclutar el personal que trabajara en la Administración Pública y el caso que nos ocupa fue la colaboración que la Municipalidad de Puerto Cortes a través de donaciones que entrego a la Demandante Maritza Paz Pérez cheques como retribución o remuneración para ella y los demás demandantes (ver folios 195 al 210) en relación con el medio de prueba evacuado en la Municipalidad de Puerto Cortes consistente en un RECONOCIMIENTO JUDICIAL que obra en los folios 163 al 165. LA APRECIACION ERRONEA DE LA PRUEBA LA EXPLICO DE LA SIGUIENTE MANERA: Que la Corte de Apelaciones de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes hace apreciación errónea de MEDIOS DE PRUEBA QUE NO FUE VALORADO, y los que fueron valorados erróneamente ya que se comprobó que los últimos meses la municipalidad de Puerto Cortes pago a la señora Maritza Paz Pérez ahora demandante la donación que daba al Centro de Salud Cornelio Moncada y fondos que nunca entraron en el patrimonio del Estado de Honduras a través de sus cuentas y este a su vez cancelar los salarios, sino que ella pago a los otros demandados. - Es de recordar que el representante del Poder Ejecutivo es el Presidente de la República según el artículo 235 de la Constitución de la República y este emitirá sus acuerdos de nombramiento a quienes delegara funciones y en ningún caso un jefe de región Sanitaria o Jefe de Establecimiento de Salud en este caso particular de la Secretaria de Estado en los Despachos de Salud.- Además valora una serio de supuestas planillas elaboradas en por el Coordinador Municipal de Salud que carecen de valor Jurídico ya que la Ley estipula que los Subgerentes de las Secretarias de Estados en caso de la Administración Pública Centralizada es que hará lo referente. En consecuencia, se produce la infracción de Ley por apreciación errónea de una prueba.”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) el recurrente en su formulación, carece de claridad y precisión al momento de establecer ante que sentencia judicial dirige su impugnación; b) en la formulación del cargo hace referencia a “ser violatoria la Ley Sustantiva de orden Nacional por aplicación indebida e interpretación errónea y apreciación errónea de un medio de prueba…”, causales de violación diferentes que debió invocar de forma separada por la independencia de los cargos; c) la norma que indica como violada es el artículo 19 del Código del Trabajo, no ostentando el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; d) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica correctamente el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; y e) hace alegatos propios de instancia.- IV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiocho días del mes de enero del dos mil veinte; certificación de la sentencia de fecha veinte de noviembre del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 125-18.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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