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Sentencia CL-113-18 — Registro 10637

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones legales por despido directo e injusto

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) cita de forma imprecisa el precepto autorizante; b) invoca la infracción indirecta o falta de aplicación, causales diferentes que debió invocar de forma separada por la independencia de los cargos; y, c) formula alegatos propios de instancia.- "...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede al igual que el anterior no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) cita de forma imprecisa el precepto autorizante; b) invoca la infracción indirecta o falta de aplicación, causales diferentes que debió invocar de forma separada por la independencia de los cargos; y, c) formula alegatos propios de instancia."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., cinco de diciembre del dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral, formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, por el Abogado FRANCISCO JAVIER CERRATO SAMPSON, en su condición de representante procesal del BANCO ATLANTIDA S.A., como recurrente; además es parte recurrida, la señora GLENCY GRETHEL HERNANDEZ PEREIRA, representada en juicio por el Abogado CLEVE C. BODDEN DIXON. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones legales por despido directo e injusto, promovida ante el Juzgado de Letras Departamental de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía, en fecha seis de octubre del dos mil catorce, por la señora GLENCY GRETHEL HERNANDEZ PEREIRA, mayor de edad, casada, Bachiller en Ciencias y Letras, hondureña y con domicilio en Roatán, Departamento de Islas de la Bahía, contra el BANCO ATLANTIDA S.A., por medio del Vice-Presidente de la Región Atlántico y representante legal, señor ISMAEL REGALADO ROMERO, mayor de edad, casado, Licenciado en Administración de Empresas, hondureño y con domicilio en la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida. El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha doce de febrero de dos mil dieciocho, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, proferida por el Juzgado de Letras Departamental de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía, misma que: “FALLA, PRIMERO: Se declara CONLUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL, promovida por la señora GLENCY GRETHEL HERNANDEZ PEREIRA, de generales ya expresadas en el preámbulo de esta sentencia, contra la Institución Financiera BANCO ATLANTIDA S.A. a través de su representante legalmente, el señor ISMAEL REGALADO ROMERO. SEGUNDO: Declarar sin lugar las tachas interpuestas tanto por la parte demandante, la parte demandada recíprocamente contra los testigos de la contra parte.- TERCERO: CONDENA, a la Institución Financiera BANCO ATLANTIDA S.A. a través de su representante legalmente, el señor ISMAEL REGALADO ROMERO, a pagarle a la demandante GLENCY GRETHEL HERNANDEZ PEREIRA la cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS, (LPS.286,690.00), en concepto de prestaciones laborales que resulta de: 1) Dos meses de preaviso=Lps. 31,383.32, 2) Auxilio de cesantía= 5 Meses= Lps. 78,458.00, 3) Auxilio de cesantía profesional: 2.25 días= Lps.1,176.89, 4) Vacaciones adeudadas=20 días= Lps. 10,461.20, 5) Vacaciones proporcionales= 1.5 días= Lps. 784.59, 6) Decimo tercer mes proporcional= 22.25 días= Lps.9,975.34, 7) Decimo cuarto proporcional= 7.25 días= Lps.3,250.39, 8) 2160 horas extras sobre la jornada diurna, equivalente a Lps. 151,200.00. CUARTO: DE IGUAL FORMA SE CONDENA a la demandada Institución Financiera BANCO ATLANTIDA S.A. a través de su representante legalmente, el señor ISMAEL REGALADO ROMERO, a pagar a la demandante GLENCY GRETHEL HERNANDEZ PEREIRA a titulo de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del Código del Trabajo quede firma el presente fallo.- SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que el 01 de septiembre del 2009, fue contratada por tiempo indefinido por el BANCO ATLANTIDA S.A., para desempeñarse como Asesor Comercial en la Agencia de Banco Atlántida del Municipio de Roatán, teniendo un horario de trabajo de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 12:00 p.m., devengando un salario base mensual de L.10,450.00, más L.3,000.00 por zonaje, equivalente a un salario promedio mensual de L.15,691.66. Que en el mes de enero del 2009, Banco Atlántida en conjunto con el Sindicato de Trabajadores de la misma institución, celebraron el Noveno Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo. En fecha 27 de septiembre de 2014, la demandante fue despedida de forma injustificada y sin previo aviso, por parte del demandado. Que el patrono adeuda a la demandante el pago de 20 días de vacaciones completas correspondientes al periodo 2013-2014, más prestaciones e indemnizaciones laborales por despido directo e injustificado.- 2. La parte demandada, el BANCO ATLANTIDA S.A., que el 20 de febrero del 2014 a la demandante se le amonestó porque gestionó incorrectamente la apertura de la cuenta de ahorro número 030618000012, al entregarle al cliente un documento antes de que se efectuara el depósito en la ventanilla, violentando así el proceso establecido. También se le encontró en el escritorio documentación pendiente de envío para procesamiento y atención respectivo (8 SUP, 1 contrato de tarjeta de crédito y 1 registro de firma sin detalle alguna de información). Lo anterior detectado a través de informe de auditoría VAI-LC-No.017/2014. El 27 de mayo del 2014 a la demandante se le suspendió de labores porque incumplió los procesos establecidos para la apertura de bonos de caja, valorados en $100.000.01 cada uno, al no requerir la firma oculta del cliente en los bonos ni en el codo del documento que queda en poder del Banco, tampoco se registró en el sistema EIBS las instrucciones especiales para la apertura. Lo anterior detectado a través de informe VAI-LC-No.037/2014, presentado a la Administración del Banco el 30-04-2014. Que el 11 de septiembre del 2014 la (URCIC) Unidad de Registro y Control de Clientes - Departamento Centralizado en Tegucigalpa, que filtra y revisa la información de todos los clientes previo al envío a la Comisión Nacional de Banca y Seguros presentó detalle de errores en la atención de gestiones, dentro de ellos se describe que la demandante atendió el cliente jurídico 1878093 omitiendo la lista actualizada de los socios, que de acuerdo con la página 92 incido d) de la Política de conocimiento al cliente establecida y disposiciones de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS), es un requisito indispensable, por lo que la hoy demandante actuaba reiteradamente con manifiesta negligencia inexcusable en su trabajo. Los anteriores hechos se subsumen en las causas justas de despido que respaldan legalmente al Banco de haber tomado la decisión de dar por finalizada la relación laboral con la demandante, sin responsabilidad alguna de su parte y que le fueron notificados o puestos en conocimiento directa y personalmente a ella en nota de despido de fecha 27 de septiembre del 2014 y la cual firmó como acuse de haber recibido.- 3. El Juzgado de Letras Departamental de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía, en fecha diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por la señora Glency Grethel Hernández Pereira, de generales ya expresadas en el preámbulo de esta sentencia, contra el BANCO ATLANTIDA S.A.; declaró sin lugar las tachas interpuestas tanto por la parte demandante, la parte demandada recíprocamente contra los testigos de la contra parte; condenando a la demandada a pagarle a la demandante la cantidad de L.286,690.00 en concepto de prestaciones laborales, más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, sin costas; bajo el criterio que mediante nota de despido de fecha 27 de septiembre de 2014, el Banco Atlántida S.A., formalmente le comunicó a la demandante cuales eran los hechos y causales con la cual daba por terminada la relación de trabajo y la cual como se desprende en la nota referida se fundamenta en los artículos 43, 44, 47, 54 y 59 del Reglamento Interno de Trabajo. Debe puntualizar el suscrito juez que en la presente causa la parte demandada no propuso como medio de prueba el Reglamento Interno de Trabajo de Banco Atlántida y por tanto el contenido de los artículos que se refiere en esa nota de despido del referido reglamento no ha sido posible verificarlos. En cuanto a los artículos 112 letras e), i) y l); 97 numerales 1 y 2 del Código de Trabajo, el patrono no logró acreditar en juicio estas causas en que se fundó el despido, lo cual se explica de la manera siguiente: a) Sobre el literal e) del artículo 112, este se refiere a todo acto inmoral o delictuoso que en el trabajo cometa en el taller, establecimiento o lugar de trabajo; en el presente proceso no se desprendió ni propuso ningún medio de prueba con el cual se pudiera inferir o acreditar que el empleado haya realizado lo establecido en este numeral como ser un acto inmoral o delictuoso y asimismo en la nota de despido de fecha 27 de septiembre de 2014 no se desprende en la narración de hechos que hace el patrono que es un hecho inmoral o delictuoso lo que cometió la demandante, por lo cual no se acredita esta causal de despido. b) Sobre el literal i) del artículo 112, este se refiere en el caso específico a no acatar el trabajador en igual forma y en perjuicio del patrono las normas que este o su representante en la dirección de los trabajos le indiquen con claridad para obtener la mayor eficacia y rendimiento en las labores que se están ejecutando. Este es el punto toral de la causa de despido que alega el patrono, sobre esta causal de despido debe indicarse que no se ha logrado acreditar en el presente proceso por medio de prueba idónea y fehaciente las normas o direcciones de trabajo que haya girado el Banco Atlántida S.A., a la demandante y que esta no las haya ejecutado en perjuicio del demandado. c) Sobre el literal l) del mismo artículo 112 como ser una violación grave al artículo 97 numeral 1 y 2, como ya se indicó anteriormente no se trajo el reglamento interno de trabajo de Banco Atlántida, para observar cual disposición de estas se ha vulnerado y como este se relaciona en los hechos que se narran en la nota de despido.- 4. La Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha doce de febrero de dos mil dieciocho, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que la materia laboral por su naturaleza social, tiene considerado que en el momento de decidir priva el principio del libre convencimiento, el cual permite que el juez llegue a un estado de convencimiento aplicando los principios que informan el proceso y a través de la lógica como un proceso deductivo, sobre lo que las partes aportaron, pero sobre todo, lo que aportó la demandada que en este caso en base al principio de estabilidad laboral está obligada a probar que el despido como terminación de la relación laboral fue justo y directo; ello en armonía con el principio de equidad, soporte jurídico en la materia laboral y en ese sentido la carga de prueba es para el patrono. En este caso no es objeto de conflicto que la actora era trabajadora del Banco Atlántida en la ciudad de Roatán, ni tampoco es de conflicto que fue despedida por dicha institución; la carga probatoria entonces versa a que el despido está justificado legalmente. En la pretensión accesoria del salario, en cuanto al cuestionamiento que el recurrente realiza en la declaratoria de hechos probados el considerar el valor económico que recibía la actora en concepto de zonaje, como parte del salario promedio mensual, el argumento del recurrente sobre este extremo es que no es salario porque es una bonificación, una compensación variable, mera liberalidad del patrono, argumentos que no tienen sustento, porque si fuese una compensación variable su monto no sería fijo como lo es la cantidad de tres mil lempiras, no son sumas ocasionales sino permanentes, continuas que recibía la actora, por ende no se daban como bonificación o por mera liberalidad y en ese sentido como lo fundamento la primera instancia, todo lo que el trabajador/a reciba en dinero o en especie que implique retribución de servicios, es salario por lo tanto sobre estos extremos no es de recibo el alegato. La pretensión principal de este proceso como es el despido injusto, lo argumenta el recurrente que fue probado, a partir de la existencia de una falta grave y violación del artículo 112 literal l) del Código del Trabajo.- A folio 134 del proceso consta copia de la nota de despido de fecha 27 de septiembre del 2014, defectivamente la nota contiene todos los requisitos formales en cuanto a los artículos del Código del Trabajo que regulan las causas justas para que se dé el despido, el hecho atribuido a la actora según informe de la URCIC, sin determinar la fecha en que se dio el mismo, lo fijo en los términos siguientes: “que atendió el cliente jurídico 1878093 omitiendo la lista actualizada de socios que de acuerdo a la página 92 inciso C) de la política de conocimiento del cliente establecida y disposiciones de la Comisión Nacional de Banca y Seguros es requisito indispensable.” Ese hecho la demandada lo subsume como un acto grave e inexcusable negligencia que puso en peligro y afectó el patrimonio las cosas o bienes del Banco. El argumento del recurrente ante la respuesta de la primera instancia que estimó no acreditada la causal de despido, es que se aportaron testimonios que declararon sobre esos extremos; que el dictamen/Informe de auditoría no es cuestionable y que se está minimizando el informe de la Unidad RCIC.- El A quo aunque le privilegia el principio de libre formación del convencimiento, procedió a realizar un análisis objetivo, mesurado de la prueba de la parte demandada, a efecto de determinar que el hecho atribuido a la actora tiene todo el respaldo necesario; por ello es válido el argumento que fijó el A quo, cuando se le atribuye al señor Hernández Pereira que no acató lo que dispone la página 92 inciso C) de la política de conocimiento del cliente, entendemos que es parte de las políticas financieras del banco, sin embargo, ese documento indistintamente como se llame, las políticas financieras a seguir por la institución y por ende por sus empleados/as deben constar en documentos y no fue presentado como prueba para que respalde la decisión del patrono; para desde allí valorar que la conducta atribuida en la nota de despido es grave, porque de acuerdo a las facultades que el Código del Trabajo los jueces/as están facultados para valorar ese incumplimiento grave de una obligación. Tampoco se desacredita que la actora haya recibido entrenamiento como lo dijeron los testigos, que fue sancionada en otras oportunidades, que refiere como antecedentes la misma nota de despido y los mismos testigos, sin embargo, Gerardo Antonio Moreno, Víctor Obdulio Palma califican de falta grave el hecho que la trabajadora en su momento no solicitó la lista de los socios y según los reportes cruzados que aparecen a folios 56, 57, 58 del proceso, tal omisión solo aparece que se dio en la segunda quincena del mes de agosto del 2014 (cliente 1878093), y en los mismos solamente se consignan como errores, no fijando que los mismos tuviesen la calidad de graves.- 5. Mediante auto de fecha cinco de abril del dos mil dieciocho, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado FRANCISCO JAVIER CERRATO SAMPSON, en su condición de representante procesal del BANCO ATLANTIDA, S.A., contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, compareció ante éste Tribunal el Abogado FRANCISCO JAVIER CERRATO SAMPSON, en su condición de representante procesal del BANCO ATLANTIDA, S.A., formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién no hizo uso de ese derecho, por lo que, en proveído de fecha ocho de octubre de dos mil dieciocho, se declaró precluido de derecho e irrevocablemente perdido el término dejado de utilizar por parte del Abogado CLEVE C. BODDEN DIXON, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO: I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que el Abogado FRANCISCO JAVIER CERRATO SAMPSON, en el primer motivo de casación alega: “Acuso la sentencia recurrida, de Infracción Indirecta de Ley Sustantiva Nacional por violación o falta de aplicación del artículo 112 numerales i) y l), en relación al artículo 97 numerales 1 y 2, todos del Código del Trabajo; Infracción indirecta que resulta por Error de Hecho en la valoración de la prueba y que proviene de la apreciación errónea de varios medios de prueba, sobre todo de los reportes de errores de la URCIC de fecha 11 de Septiembre de 2014 que corren del folio 55 al 58 de la primera pieza; acta de audiencia de descargo de fecha 27 de Septiembre de 2014, que corre a folio 54 frente del expediente de primera instancia, en relación con la nota de despido de fecha 27 de septiembre de 2.014, que corre a folios 134 al 135 de la primera pieza y de las declaraciones testificales de los señores RENE ALCIDES PEÑA, GERARDO ANTONIO MORENO VALLADARES y VICTOR OBDULIO PALMA ALONZO, que aparecen a folios del 90 al 93, de la primera pieza de autos. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el párrafo primero, numeral uno (01) del artículo 765 del Código del Trabajo. DESARROLLO DE LA VIOLACION. Como se declara en la sentencia recurrida, la principal pretensión de la demanda laboral se reduce a verificar si el despido que se practicó a la señora GLENCY GRETHEL HERNANDEZ PEREIRA es justo o injusto (Quinto. De los Fundamentos de Derecho). En este sentido Ad Quem considera que no se probó la justa causa de despido, ya que no se determinó con precisión la fecha en que se dio el hecho atribuido a la señora GLENCY GRETHEL HERNANDEZ PEREIRA, según la nota de despido; tampoco se probó con el documento respectivo, que la demandante incumplió con lo establecido en la página 92, inciso d) de la política de conocimiento del cliente. El Tribunal de Apelaciones, reitero, considera que no se ha determinado que la señora GLENCY GRETHEL HERNANDEZ PEREIRA, al atender la cuenta del cliente jurídico 1878093, haya omitido la lista actualizada de socios, como se lo ordenaba la página 92, inciso c) de la política de conocimiento del cliente; falta grave que dio lugar al despido, según la nota de despido que corte a folios 134 y 135 de la primera pieza; pues tampoco se presentó copia del Reglamento Interno de Trabajo, en el que conste como falta grave, tal conducta omisiva. El artículo 739 del Código del Trabajo, establece el principio de libre formación del convencimiento; es decir, el Juez al valorar la prueba lo hará libremente de acuerdo a su íntima convicción; sin embargo, debe hacerlo motivando la sentencia y, sobre todo, respetando los criterios científicos que informan la crítica de la prueba. Obviamente el legislador se refiere a las reglas de la sana critica racional, específicamente a las leyes lógicas de coherencia y derivación y, sobre todo, al principio de razón suficiente, que ordena que los medios de prueba deben ser aptos o suficientes para producir certeza; es decir, el juez, si bien forma su juicio libremente, tiene que valorar la prueba en su conjunto, dándole su justo valor, sin menoscabar o desnaturalizar su valor probatorio, cuando del mismo se desprenda, de forma inobjetable, lo que se pretende acreditar; hacer lo contrario, es decir, descartar la prueba sin detenerse a apreciar la verdad material que de la misma se desprende, es lo que configura precisamente el error de hecho, como en el presente caso ha sucedido; veamos por qué: 1. Según la nota de despido de fecha 27 de Septiembre de 2014, que corre a folios 134 y 135, de la primera pieza, el “11 de Septiembre de 2014 la URCIC presentó detalle de errores en la atención de gestiones, dentro de ellos se describe que usted atendió al cliente jurídico 1878093, omitiendo la lista actualizada de los socios, que de acuerdo a la página 92, inciso d) de la política de conocimiento al cliente establecida…, es un requisito indispensable”. En este documento se precisa, sin ninguna duda la causal de despido, de acuerdo lo consignado en los numerales 1 y 2 del artículo 97 y 112 Letra l del código del trabajo, como en la misma nota se deja especificado; asimismo, se individualiza la fecha en que la gerencia regional tuvo conocimiento de la falta grave. 2. A folio 54 de la Primera pieza, aparece el acta de audiencia de descargo, en la que se indica que la omisión descrita en el numeral anterior fue aceptada por la señora GLENCY GRETHEL HERNANDEZ PEREIRA (ver párrafo cuarto), cuando expresa que “no consultó la actualización de la política de conocimiento al cliente, entonces abrió la cuenta con los conocimientos que tenía por su experiencia y que creí que eran los requisitos correctos para ese trámite”. Lo indicado nos demuestra que la falta cometida por la señora Hernández Pereira no fue objetada en la audiencia de descargo, por el contrario fue admitida por ella; admitiendo también, que tenía pleno conocimiento de la existencia del documento denominado “política de conocimiento al cliente”, en consecuencia sabía plenamente que su actuar negligente podía tener consecuencias para el Banco y sin embargo no solo realizó la operación de apertura de los productos financieros descritos, sin cumplir con los requisitos, sino que, además, nunca actualizó la lista de los socios, como lo ordenaba la página 92, inciso d), de la referida política bancaria. 3. A folios 56, 57 y 58 de la Primera pieza, sea aprecian diferentes correos o comunicaciones electrónica, todas con una característica especial: fueron conocidas por la Gerencia de la Región Atlántica hasta el 11 de Septiembre de 2014, como se aprecia en el correo que corre a folio 56 de la primera pieza, por lo que la fecha en que se tuvo conocimiento del hecho por la autoridad regional, está plenamente especificada y carece de veracidad la apreciación del Ad Quem, cuando afirma que no se precisa la fecha de la falta. Asimismo, basta con apreciar el cuadro de errores que aparece a folio 59, elaborado por la Unidad de Registro y control de Clientes, con sede en Tegucigalpa (URCIC), para constatar que fue hasta el día 02 de Septiembre de 2014 que se revió la falta de actualización de socios del producto adquirido por el cliente 1878093, por lo que la audiencia de descargo y la nota de despido, se realizaron dentro del plazo legal de un mes para sancionar a la empleada señora GLENCY GRETHEL HERNANDEZ PEREIRA. 4. Las declaraciones testificales de los señores RENE ALCIDES PEÑA, GERARDO ANTONIO MORENO VALLADARES y VICTOR OBDULIO PALMA ALONZO, que aparecen a folios del 90 al 93, de la primera pieza de autos, coinciden en confirmar que efectivamente la señora GLENCY GRETHEL HERNANDEZ PEREIRA tenía pleno conocimiento que debía cumplir con las obligaciones derivadas de la observancia del documento conocido como “política de conocimiento al cliente”, las que, sin embargo, omitió cuando apertura tres bonos de caja de cien mil dólares cada uno, sin cumplir con los requisitos de seguridad necesarios, pues no consignó la firma oculta de uno de los inversores, pues se trataba de una inversión en común y, luego, tampoco actualizó la lista de socios de los productos financieros adquiridos por el cliente 1878093, como lo ordenaba la página 92, inciso d) de la política de conocimiento al cliente. Igualmente, los declarantes confirman que la señora GLENCY GRETHEL HERNÁNDEZ PEREIRA, estaba debidamente instruida sobre el conocimiento y observancia del reglamento interno de trabajo y de las política de conocimiento al cliente; asimismo, especifican que efectivamente los hechos fueron puestos en conocimiento de la autoridad regional del Banco en el mes de Septiembre de 2014, y que el sindicato de la institución tuvo pleno conocimiento del proceso interno disciplinario seguido en contra de la demandante, como además consta en el acta, ya citada, que corre a folio 54 de la primera pieza de autos. Como puede apreciarse, todos los medios de prueba descritos cuentan con la característica de suficiencia, es decir, son aptos para producir certeza en el juzgador, pues de su propia materialidad se desprende que la señora GLENCY GRETHEL HERNANDEZ PEREIRA efectivamente y con plena conciencia incumplió, de forma negligente, con las normas o política de conocimiento al cliente, al omitir el deber de actualizar la lista de socios, en los productos financieros que previamente había colocado al cliente jurídico 1878093. Esta inobservancia de la verdad contenida en los documentos citados, por parte del Ad Quem, constituye precisamente error de hecho, pues de los mismos solo se desprende una verdad irrefutable: que la señora GLENCY GRETHEL HERNANDEZ PEREIRA, no cumplió con la diligencia debida su trabajo, ni con el cuidado y esmero que su delicada función le mandaba, pues conocedora de su deber no actualizó la lista de socios del cliente jurídico 1878093, y anterior a ello al no requerir la firma oculta del cliente de los bonos de caja valorados en US$100.000.00 cada uno, en los bonos ni en el codo del documento que queda en poder del Banco, tampoco registro en el Sistema EIBS las instrucciones especiales para la apertura; lo que derivó un reclamo al banco por uno de sus mejores clientes (en este caso el señor Julio Cesar Galindo del domicilio de Roatan). Por todo lo expuesto, el error de hecho descrito, indujo al Ad Quem a no apreciar que efectivamente existía causa justa de despido, pues la conducta omisiva de la señora GLENCY GRETHEL HERNANDEZ PEREIRA, si aparece como causal de despido en el artículo 112 letra l, en relación con los numeral 1 y 2 del artículo 97, todos del Código del Trabajo. Es importante resaltar que la causal de despido (112, letra 1), no necesariamente tiene que estar únicamente en el reglamento de trabajo, pues esta norma de derecho sustantivo también considera como causal de despido “cualquier violación grave …de acuerdo con los artículos 97 y 98” y resulta que de acuerdo a los numeral 1 y 2 del artículo 97 del código de Trabajo la demandante estaba obligada “a respetar las órdenes o instrucciones que de forma particular les impartan el patrono o su representante” e, igualmente, a ejecutar su trabajo “con la mayor eficiencia, cuidado y esmero…”; siendo claro que la demandante ejecutó su trabajo con desprecio de la debida diligencia que su puesto le aconsejaba y en claro incumplimiento a las directrices y ordenes establecidas en la institución, como una sana política institucional. Por lo indicado, el Ad Quem incurrió en violación o falta de aplicación, de forma indirecta, de la citadas normas de derecho sustantivo, derivado del error de hecho al apreciar erróneamente la prueba, pues de acuerdo al principio de razón suficiente, los medios de prueba que prolijamente describí, tienen la característica de suficiencia para acreditar plenamente que la señora GLENCY GRETHEL HERNANDEZ PEREIRA, sí estaba comprendida en la causal de despido consignada en el artículo 112 letra 1, en relación con los numeral 1 y 2 del artículo 97, todos del Código del Trabajo, por lo que DEBE CASARSE LA SENTENCIA, y mandarse dictar nueva sentencia, declarando no ha lugar la demanda interpuesta.”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) cita de forma imprecisa el precepto autorizante; b) invoca la infracción indirecta o falta de aplicación, causales diferentes que debió invocar de forma separada por la independencia de los cargos; y, c) formula alegatos propios de instancia.- IV. Que el Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso la sentencia recurrida, de Infracción Indirecta de Ley Sustantiva Nacional por Aplicación Indebida del artículo 113, en relación a los artículos 112 Letra L) y artículo 97 numerales 1 y 2 y artículo 867, todos del Código del Trabajo; Infracción indirecta que resulta por Error de Hecho en la valoración de la prueba y que proviene de la apreciación errónea de varios medios de prueba, sobre todo de los reportes de errores de fecha 11 de Septiembre de 2014 que corren del folio 55 al 58 de la primera pieza; acta de audiencia de descargo de fecha 27 de Septiembre de 2014, que corre a folio 54 frente del expediente de primera instancia, en relación con la nota de despido de fecha 27 de septiembre de 2014, que corre a folios 134 al 135 de la primera pieza y de las declaraciones testificales de los señores RENE ALCIDES PEÑA, GERARDO ANTONIO MORENO VALLADARES y VICTOR OBDULIO PALMA ALONZO, que aparecen a folios del 90 al 93, de la primera pieza de autos. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el párrafo primero, numeral uno (01) del artículo 765 del Código del Trabajo. DESARROLLO DE LA VIOLACION. El artículo 133 del código del trabajo establece que si el patrono no prueba la justa causa de despido, debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según el código del trabajo le puedan corresponder. La sentencia recurrida considera que con los medios de prueba propuestos por la parte demandada, no se pudo acreditar la justa causa de despido, sobre todo al considerarlos insuficientes para probar que la señora GLENCY GRETHEL HERNANDEZ PEREIRA, al atender al cliente jurídico 1878093, haya omitido la lista actualizada de socios, como se lo ordenaba la pagina 92, inciso c) de la política de conocimiento del cliente; falta grave que dio lugar al despido, según la nota de despido que corre a folios 134 y 135 de la primera pieza; pues tampoco se presentó copia del Reglamente Interno de Trabajo, en el que conste como falta grave, tal conducta omisiva. Es en este sentido que el Ad Quem sostuvo en la sentencia recurrida, sobre todo en los numerales Quinto y Sexto de los fundamentos de Derecho, que los medios de prueba documentales propuestos por la parte demandada, me refiero a los reportes de errores de fecha 11 de Septiembre de 2014 que corren del folio 55 al 58 de la primera pieza; acta de audiencia de descargo de fecha 27 de Septiembre de 2014, que corre a folio 54 frente del expediente de primera instancia y las declaraciones testificales de los señores RENE ALCIDES PEÑA, GERARDO ANTONIO MORENO VALLADARES y VICTOR OBDULIO PALMA ALONZO, que aparecen a folios del 90 al 93, de la primera pieza de autos, no pueden sustituir la omisión de presentación del reglamento de trabajo y las políticas de conocimiento al cliente, específicamente la obligación descrita en la página 92, inciso c), que serían en todo caso los medios de prueba pertinentes y útiles para acreditar la falta o causal de despido. Igualmente establece la sentencia recurrida, que al no haberse interpuesto excepción de prescripción, mi representada, la sociedad mercantil BANCO ATLÁNTIDA S.A., perdió la oportunidad procesal de solicitar que únicamente se hagan efectivo el reclamo de los dos últimos meses en concepto de horas extras, como lo señala el artículo 867 del Código del Trabajo. En apariencia los argumentos del Ad Quem, parecen coherentes, sin embargo como explicaré más adelante, la aplicación del artículo 113 del Código del Trabajo, responde a una mala apreciación de la prueba que devino en error de hecho, pues con la sentencia recurrida se desfiguró la prueba, al desconocerse la verdad que de los medios se desprende, como explico a continuación: 1. Según la nota de despido de fecha 27 de Septiembre de 2014, que corre a folios 134 y 135, de la primera pieza, el “11 de Septiembre de 2014 la URCIC presentó detalle de errores en la atención de gestiones, dentro de ellos se describe que usted atendió al cliente jurídico 1878093, omitiendo la lista actualizada de los socios, que de acuerdo a la página 92, inciso d), de la política de conocimiento al cliente establecida…, es un requisito indispensable". En este documento se precisa, sin ninguna duda la causal de despido, de acuerdo lo consignado en los numerales 1 y 2 del artículo 97 y Letra l del artículo 112, ambos del código del trabajo, como en la misma nota se deja especificado; asimismo, se individualiza la fecha en que la Gerencia Regional tuvo conocimiento de la falta grave. 2. A folio 54 de la Primera pieza, aparece el acta de audiencia de descargo, en la que se indica que la omisión descrita en el numeral anterior fue aceptada por la señora GLENCY GRETHEL HERNANDEZ PEREIRA (ver párrafo cuarto), cuando expresa que “no consultó la actualización de la política de conocimiento al cliente, entonces abrió la cuenta con los conocimientos que tenía por su experiencia y que creí que eran los requisitos correctos para ese trámite”. Lo indicado nos demuestra que la falta cometida por la señora Hernández Pereira no fue objetada en la audiencia de descargo, por el contrario fue admitida por ella; admitiendo también, que tenía pleno conocimiento de la existencia del documento denominado “política de conocimiento al cliente”, en consecuencia sabia plenamente que su actuar negligente podía tener consecuencias para el Banco y sin embargo realizó la operación de apertura de los productos financieros y omitió posteriormente actualizar la lista de los socios, como lo ordenaba la página 92, inciso d), de la referida política bancaria. 3. A folios 56, 57 y 58 de la Primera pieza, sea aprecian diferentes correos o comunicaciones electrónicas, todas con una característica especial, fueron conocidas por la Gerencia de la Región Atlántica hasta el 11 de Septiembre de 2014, como se aprecia en el correo que corre a folio 56 de la primera pieza, por lo que la fecha en que se tuvo conocimiento del hecho por la autoridad regional está plenamente especificada y carece de veracidad la apreciación de Ad Quem, cuando afirma que no se precisa la fecha de la falta. Asimismo, basta con apreciar el cuadro de errores que aparece a folio 59, elaborado por la Unidad de Registro y control de Clientes, con sede en Tegucigalpa (URCIC), para constatar que fue hasta el día 02 de Septiembre de 2014 que se revisó la falta de actualización de socios del producto adquirido por el cliente 1878093, por lo que la audiencia de descargo y la nota de despido, se realizaron dentro del plazo legal de un mes para sancionar a la empleada señora GLENCY GRETHEL HERNANDEZ PEREIRA. 4. Las declaraciones testificales de los señores RENE ALCIDES PEÑA, GERARDO ANTONIO MORENO VALLADARES y VICTOR OBDULIO PALMA ALONZO, que aparecen a folios del 90 al 93, de la primera pieza de autos, coinciden en confirmar que efectivamente la señora GLENCY GRETHEL HERNANDEZ PEREIRA, tenía pleno conocimiento que debía cumplir con las obligaciones derivadas de la observancia del documento conocido como “política de conocimiento al cliente”, las que, sin embargo, omitió cuando apertura tres bonos de caja de cien mil dólares cada uno, sin cumplir con los requisitos de seguridad necesarios, pues no consignó la firma oculta de uno de los titulares de los bonos, pues se trataba de un ahorro mancomunado y luego no actualizó la lista de socios, como era su obligación. Igualmente, los declarantes confirman que la señora GLENCY GRETHEL HERNANDEZ PEREIRA, estaba debidamente instruida sobre el conocimiento y observancia interno de trabajo y de las políticas de conocimiento al cliente; asimismo, especifican que efectivamente los hechos fueron puestos en conocimiento de la autoridad regional del Banco en el mes de Septiembre de 2014, y que el sindicato de la institución tuvo pleno conocimiento del proceso interno disciplinario seguido en contra de la demandante, como además consta en el acta, ya citada, que corre a folio 54 de la primera pieza de autos. Como puede observarse, de haberse valorado correctamente la prueba, el tribunal de segunda Instancia, a través de la sentencia recurrida, habría arribado a la conclusión que sí existe justa causa de despido, pues según el artículo 112, letra l) del Código del Trabajo, la falta no necesariamente tiene que estar establecida en el reglamento de trabajo, ya que esta norma de derecho sustantivo también considera como causal de despido “cualquier violación grave… de acuerdo con los artículos 97 y 98”, y resulta que de acuerdo a los numeral 1 y 2 del artículo 97 del código de Trabajo la demandante estaba obligada “a respetar las órdenes o instrucciones que de forma particular las impartan el patrono o su representante” e, igualmente, a ejecutar su trabajo “con la mayor eficiencia, cuidado y esmero…”; siendo claro que la demandante ejecutó su trabajo con desprecio de la debida diligencia que su puesto le aconsejaba y en claro incumplimiento a las directrices y ordenes establecidas en la institución, como una sana política institucional, al no actualizar la lista de socios en el producto financiero propiedad del cliente jurídico 1878093, como era su deber. En tal sentido apuntado, el error de apreciación del Ad Quem, al valorar equívocamente la prueba, desconociendo su valor probatorio, lo conduce a aplicar el artículo 113 del código del Trabajo de forma indebida; por cuanto, al existir justa causa de despido, la citada norma no tiene relación con la litis, ya que la norma sustantiva pertinente, insisto debió ser el artículo 112 del Código del Trabajo. Al aplicar indebidamente el artículo 113 del Código del Trabajo, también el Ad Quem comete el error de considerar que se le deben horas extras a la demandante desde que se le contrató (como prestación laboral); desconociendo así lo establecido en el artículo 867 del código del trabajo. que reconoce que la acción para reclamar este tipo de derechos prescribe a los dos meses es decir, tácitamente para Tribunal de Segunda Instancia, al no haberse interpuesto excepción de prescripción de la acción para reclamar el derecho a horas extras devengadas, estas deben pagarse desde la fecha en que se deben (como lo declaró la sentencia del A-Quo); sin embargo, el citado artículo no establece tal exigencia declarativa, pues la prescripción es una prescripción legal que no requiere su reconocimiento en juicio, y no debe reconocerse por tratarse de derecho precluído, salvo los dos últimos meses a partir del pago del salario. En resumen, las horas extras no podían reconocerse, pues al aplicarse indebidamente el artículo 113, estas no tienen sustento legal que las reconozca, fuera, insisto, de los dos últimos meses. Por lo expuesto debe casarse la sentencia, declarando sin lugar la demanda interpuesta, por haberse aplicado indebidamente una norma de derecho sustantiva ajena, que no corresponde con la verdad material que forzosamente se deduce de los medios de prueba de descargo, como prolijamente lo he explicado”.- V. Que el cargo que antecede al igual que el anterior no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) cita de forma imprecisa el precepto autorizante; b) invoca la infracción indirecta o falta de aplicación, causales diferentes que debió invocar de forma separada por la independencia de los cargos; y, c) formula alegatos propios de instancia.- VI. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los cuatro días del mes de febrero del dos mil veinte; certificación de la sentencia de fecha cinco de diciembre del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 113-18.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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