Sentencia CL-107-18 — Registro 9210
Resumen
Segunda instancia confirmó sin lugar la demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa o motivo en que fundó el despido o terminación de contrato de trabajo, caso contrario sea condenado al pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales conforme a ley, con el pago de salarios dejados de percibir desde que ocurrió dicha terminación hasta que con sujeción a las normas procesales del Código del Trabajo quede firme la sentencia condenatoria respectiva, salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, derechos adquiridos adeudados y los que se causen durante la secuela del juicio, reajustes salariales
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Por otra parte, conforme nuestro ordenamiento jurídico vigente, en materia laboral el juzgador debe tomar en cuenta los principios generales del derecho del trabajo, entre ellos el principio protectorio, en sus tres reglas, in dubio pro operario, la aplicación de la norma favorable al trabajador y de la condición más beneficiosa a este, como los de primacía de la realidad, pro homine, indemnidad o ajenidad de riesgos e irrenunciabilidad y orden público.- VIII.- Que toda persona tiene el derecho de poder ejercitar o promover las acciones que estime pertinentes en defensa de sus derechos y derivado de ello también tiene el derecho a recibir una respuesta del órgano jurisdiccional, previo a seguirse el debido proceso, resolución que deberá ser congruente, motivada, imparcial y apegada al ordenamiento jurídico y a los principios generales del derecho laboral."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
- Constitución de la República, art. 128 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
"En el tópico de las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentación y motivación, ya que la primera es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez.- Quien motiva explica las causas de sus decisiones y esas pueden ser incluso irracionales.- Quien explica da razones para hacer aceptable lo resuelto.- Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídicos."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código de Procedimientos Civiles, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
" Revisada la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones recurrida, que confirma la sentencia de primera instancia, en la cual entre otros puntos dicho Tribunal funda su criterio en que no existió una relación de trabajo permanente, aduciendo que el demandante realizaba trabajos para personas distintas, por lo que no se cumple la subordinación para establecer la relación de trabajo y por ende la responsabilidad del patrono; olvidando el ad quem, que esos puntos no fueron objeto del debate, ya que la parte demandada al contestar la demanda únicamente se limitó a rechazarla, aduciendo en su defensa, que el demandante nunca compareció ante las instancia de la demandante para pronunciarse sobre lo solicitado y que es imposible honrar pagos sobre derechos, los cuales no corresponden a una realidad actual o sea no se puede honrar obligaciones que no existen o un derecho que lo genere.- X.- Que además, aceptándose que el demandante prestó servicios personales al demandado, conforme las presunciones legales establecidas en los artículos 21, 30, 41 y 47 del Código de Trabajo, le corresponde al demandado acreditar en el proceso que tales servicios no estaban sujetos a una relación laboral o en su caso, a tipos o modalidades diferentes a los que el trabajador demandante ha sostenido en su acción, dado que al no aportar el contrato de trabajo, se presume que lo que alegue el trabajador es cierto, salvo prueba en contrario; igual ocurre en el tema de la exclusividad, ya que tal como lo establece el artículo 22 del Código de Trabajo, el trabajador puede trabajar o celebrar contratos de trabajo con dos (2) o más patronos, salvo que se haya pactado la exclusividad de servicios a favor de uno solo, por lo que al no existir ese documento escrito del contrato, no puede aducirse dicha situación como punto negativo de la existencia o no de la relación laboral.- XI.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- XII.- Que conforme con el Código Procesal Civil, aplicable en forma supletoria en materia laboral, el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no hubiesen sido denunciados por el recurrente.- XIII.- Que, por las razones antes expuestas, es procedente declarar la nulidad de la sentencia recurrida, para que el Ad-quem proceda de conformidad a derecho"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 206, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., cinco de septiembre del dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 16 de mayo del 2018, por el Abogado MARLON GEOVANNY QUINTANA DELGADO, mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en Tela Atlántida, Departamento de Atlántida, en su condición de representante procesal del señor JUAN ALBERTO MENDOZA URBINA, como recurrente; además, es parte recurrida, el señor JORGE ALBERTO ROSA CALIX, propietario del negocio conocido como INVERSIONES ROSA, representada en juicio por el Abogado MARCO TULIO SOSA MORALES. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa o motivo en que fundó el despido o terminación de contrato de trabajo, caso contrario sea condenado al pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales conforme a ley, con el pago de salarios dejados de percibir desde que ocurrió dicha terminación hasta que con sujeción a las normas procesales del Código del Trabajo quede firme la sentencia condenatoria respectiva, salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, derechos adquiridos adeudados y los que se causen durante la secuela del juicio, reajustes salariales, costas del juicio; promovida ante el Juzgado de Letras Seccional de Tela, Departamento de Atlántida, en fecha 08 de abril del 2015, por el señor JUAN ALBERTO MENDOZA URBINA, mayor de edad, soltero, Albañil, hondureño y con domicilio en Tela Atlántida, Departamento de Atlántida, contra el señor JORGE ALBERTO ROSA CALIX, propietario del negocio conocido como INVERSIONES ROSA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 07 de febrero del 2018, dictada por la Corte Primera de Apelaciones Seccional de la Ceiba, Departamento de Atlántida, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 23 de noviembre del 2017, proferida por el Juzgado de Letras Seccional de Tela, Departamento de Atlántida, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) DECLARANDO SIN LUGAR LA EXCEPCIÓN PERENTORIA DE FALTA DE REPRESENTADIÓN O DESIGNACIÓN DEL LITIGANTE DEMANDADO interpuesta por la parte demandada.- 2.-) DECLARANDO SIN LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO PARA QUE EL PATRONO PRUEBE LA JUSTA CA USA O MOTIVO EN QUE FUNDO SU DESPIDO O TERMINACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO, CASO CONTRARIO SEA CONDENADO AL PAGO DE LAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES CONFORME A LEY, CON EL PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE QUE OCURRIÓ DICHA TERMINACIÓN HASTA QUE CON SUJECIÓN A LAS NORMAS PROCESALES del CÓDIGO DEL TRABAJO QUEDE FIRME LA SENTENCIA CONDENATORIA RESPECTIVA.- SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS. - DERECHOS ADQUIRIDOS ADEUDADOS Y LOS QUE SE CAUSEN DURANTE LA SECUELA DEL JUICIO.- REAJUSTES SALARIALES.- promovida por el señor JUAN ALBERTO MENDOZA URBINA; 3) ABSUELVE DE TODA RESPONSABILIDAD AL SEÑOR JORGE ALBERTO ROSA CALIX en condición de propietario del negocio conocido como INVERSIONES ROSA, del pago de prestaciones laborales y cualquier otro reclamo por parte del demandante JUAN ALBERTO MENDOZA URBINA.-…..- SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que inició a laborar el 10 de abril del 2008, para el demandado, como un empleado en varios campos como ser: mantenimiento de los locales comerciales, así como de la finca en la Encenada y diversas actividades de mantenimiento y por último se desempeño como Albañil, devengaba un salario mensual de L.7,296.42; manifestó que la patronal le adeuda la cantidad de L.17,025.00, a razón de pago de 8 días de feriados no pagados, 52 días de séptimos días trabajados y no pagados; que el 16 de diciembre del 2014, fue despedido de forma verbal sin ninguna justificación, en vista de que ya no era necesario los servicios que prestaba, manifestándole que cuando lo ocuparían le iban a llamar, y que antes del despido le entregaron una constancia de trabajo; además hizo mención de los artículos 20, 21 y 30 del Código del trabajo, y que trato de llegar a un arreglo conciliatorio pero fue infructuoso el mismo, dándose por agotado el trámite administrativo.- 2.- La parte demandada, el señor JORGE ALBERTO ROSA CALIX, contestó dicha demanda rechazando los hechos alegados por el demandante, apoyando su defensa en que la parte demandante nunca compareció ante las instancia de la demandante para pronunciarse sobre lo solicitado y que es imposible honrar pagos sobre derechos, los cuales no corresponden a una realidad actual o sea no se puede honrar obligaciones que no existen o un derecho que lo genere; que en audiencia primera de tramite interpuso la Excepción Perentoria de Falta de Representación o Designación del Litigante Demandado.- 3.- El Juzgado de Letras Seccional de Tela, Departamento de Atlántida, en fecha 23 de noviembre del 2017, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda ordinaria laboral promovida por el señor JUAN ALBERTO MENDOZA URBINA, contra el señor JORGE ALBERTO ROSA CALIX, propietario del negocio conocido como INVERSIONES ROSA; declaró sin lugar la Excepción Perentoria de Falta de Representación o designación del litigante demandado, interpuesta por la parte demandada; declaró sin lugar la demanda ordinaria laboral; absolvió de toda responsabilidad al demandado señor Jorge Alberto Rosa Calix, en condición de propietario del negocio conocido como Inversiones Rosa, del pago de prestaciones laborales y cualquier otro reclamo por parte del demandante, sin costas; bajo el criterio que si bien el demandado está en la obligación de probar la justa causa del despido, de igual forma el demandante está en la obligación en caso de controversia como este, probar que el patrono le ha despedido bajo los términos por el expresados, y en este caso el demandante Juan Alberto Mendoza Urbina, no acreditó con medio de prueba que Jorge Alberto Rosa Calix le haya despido por la causa que afirma y que se haya seguido el procedimiento establecido en el artículo 117 del Código de Trabajo antes citado, pues si bien afirma que se le contrato de forma verbal y que fue despedido por el demandado verbalmente, el despido podía perfectamente bien darse verbal, ante dos testigos y para ello está en la obligación el trabajador de presentarlos para que expresen la causa invocada por el patrono y no como lo han hecho los testigos de la parte demandante que tiene conocimiento del supuesto despido por habérselo comunicado el propio ex trabajador, por lo que nunca fueron testigos presenciales de tal despido, y el que no exista el contrato escrito, el propio demandante expreso que la relación laboral fue de forma verbal, y por el hecho que exista controversia para esta suscrita se acredito la existencia de la relación laboral por tiempo limitado, lo cual permite el código de trabajo según el artículo 39 cuando los trabajo no excedan de sesenta días como en este caso que la parte demandada acredito con los recibos de pago de diferentes fechas de las labores que se realizaron de una semana y no superaron los sesenta días, las que por su naturaleza y por lo manifestado por el propio demandante que dice haber realizado pegado de bloques, pintar, hacer cercos y otras se realizaran en espacio de tiempo o periodos de labores cortos y nunca serán por tiempo indefinido; que en atención a lo relacionado en los numerales que preceden es procedente declarar sin lugar la demanda por no haberse acreditado a juicio de esta juzgadora los extremos alegados por la parte demandante por la insuficiencia probatoria de los medios de pruebas traídos a juicio.- 4.- La Corte Primera de Apelaciones Seccional de la Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha 07 de febrero del 2018, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que eéste tribunal Ad-Quem haciendo acopio de los principios antes mencionados y los hechos probados en el juicio comparte la decisión judicial recurrida, por cuanto no se logró acreditar la relación laboral entre las partes; por lo anteriormente estudiado y analizado este Ad-Quem con fundamento en lo establecido en el artículo 744 del Código del Trabajo y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 25, que dispone que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier recurso efectivo ante los Jueces o Tribunales competentes; estima que es procedente de acuerdo con las apreciaciones de hecho y de derecho supra relacionadas, declarar no ha lugar el recurso de apelación de merito y confirma la sentencia definitiva.- 5.- Mediante auto de fecha 03 de abril del 2018, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado MARLON GEOVANNY QUINTANA DELGADO, en su condición de representante procesal del señor JUAN ALBERTO MENDOZA URBINA, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones Seccional de la Ceiba, Departamento de Atlántida, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 16 de mayo del 2018, compareció ante éste Tribunal el Abogado MARLON GEOVANNY QUINTANA DELGADO, en su condición de representante procesal del señor JUAN ALBERTO MENDOZA URBINA, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 08 de octubre del 2018, se tuvo por precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte del Abogado MARCO TULIO SOSA MORALES, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o Tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II.- Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8.1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental bajo la garantía de igualdad de trato ante la ley y la no discriminación que posibilita a todas las personas, el acceso al conocimiento, ejercicio y defensa de sus derechos y obligaciones, como también para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI.- En el tópico de las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentación y motivación, ya que la primera es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez.- Quien motiva explica las causas de sus decisiones y esas pueden ser incluso irracionales.- Quien explica da razones para hacer aceptable lo resuelto.- Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídicos.- VII.- Por otra parte, conforme nuestro ordenamiento jurídico vigente, en materia laboral el juzgador debe tomar en cuenta los principios generales del derecho del trabajo, entre ellos el principio protectorio, en sus tres reglas, in dubio pro operario, la aplicación de la norma favorable al trabajador y de la condición más beneficiosa a este, como los de primacía de la realidad, pro homine, indemnidad o ajenidad de riesgos e irrenunciabilidad y orden público.- VIII.- Que toda persona tiene el derecho de poder ejercitar o promover las acciones que estime pertinentes en defensa de sus derechos y derivado de ello también tiene el derecho a recibir una respuesta del órgano jurisdiccional, previo a seguirse el debido proceso, resolución que deberá ser congruente, motivada, imparcial y apegada al ordenamiento jurídico y a los principios generales del derecho laboral.- IX.- Revisada la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones recurrida, que confirma la sentencia de primera instancia, en la cual entre otros puntos dicho Tribunal funda su criterio en que no existió una relación de trabajo permanente, aduciendo que el demandante realizaba trabajos para personas distintas, por lo que no se cumple la subordinación para establecer la relación de trabajo y por ende la responsabilidad del patrono; olvidando el ad quem, que esos puntos no fueron objeto del debate, ya que la parte demandada al contestar la demanda únicamente se limitó a rechazarla, aduciendo en su defensa, que el demandante nunca compareció ante las instancia de la demandante para pronunciarse sobre lo solicitado y que es imposible honrar pagos sobre derechos, los cuales no corresponden a una realidad actual o sea no se puede honrar obligaciones que no existen o un derecho que lo genere.- X.- Que además, aceptándose que el demandante prestó servicios personales al demandado, conforme las presunciones legales establecidas en los artículos 21, 30, 41 y 47 del Código de Trabajo, le corresponde al demandado acreditar en el proceso que tales servicios no estaban sujetos a una relación laboral o en su caso, a tipos o modalidades diferentes a los que el trabajador demandante ha sostenido en su acción, dado que al no aportar el contrato de trabajo, se presume que lo que alegue el trabajador es cierto, salvo prueba en contrario; igual ocurre en el tema de la exclusividad, ya que tal como lo establece el artículo 22 del Código de Trabajo, el trabajador puede trabajar o celebrar contratos de trabajo con dos (2) o más patronos, salvo que se haya pactado la exclusividad de servicios a favor de uno solo, por lo que al no existir ese documento escrito del contrato, no puede aducirse dicha situación como punto negativo de la existencia o no de la relación laboral.- XI.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- XII.- Que conforme con el Código Procesal Civil, aplicable en forma supletoria en materia laboral, el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no hubiesen sido denunciados por el recurrente.- XIII.- Que, por las razones antes expuestas, es procedente declarar la nulidad de la sentencia recurrida, para que el Ad-quem proceda de conformidad a derecho.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 59, 60, 64, 90 párrafo primero, 127, 128, 135, 136, 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3, 4, 5, 18, 19, 20, 21, 30, 41, 47, 666 letra c), 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 9 y 11 del Código Civil; 22, 200, 206, 207, 208, 211, 212 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la sección judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida en fecha 7 de febrero de 2018, visible a folios del 9 al 12 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a Derecho. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintitrés días del mes de septiembre del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha cinco de septiembre del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 107-18.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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