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Sentencia CL-097-18 — Registro 8804

Resumen

Segunda instancia reformó declarando con lugar demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones laborales e indemnizaciones legales, como ser, preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones, vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional, décimo cuarto mes proporcional, pago de días feriados, pagos de séptimos días y a título de indemnización por los daños y perjuicios causados, los salarios dejados de percibir; patrono mediante nota de despido en la que motiva la demandada basada en prueba de laboratorio muestra resultado positivo en el consumo de la substancia cocaína.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que este Tribunal, en sentencia dictada el 31de Octubre del 2017, anuló la proferida por la Corte de Apelaciones recurrida, por su insuficiente motivación en cuanto a la calificación de la falta en relación a la causa de despido alegada y la valoración de la prueba en su conjunto y el carácter lógico que debe primar cuando se encuadran situaciones contradictorias en el criterio utilizado para decidir el caso.- VIII.- Que tal como lo señala el Impetrante, el ad-quem en su nueva sentencia omitió motivar y considerar los puntos por los cuales este Tribunal había anulado anteriormente el fallo que se dictara en similares términos, lo cual afecta el principio-derecho al debido proceso.IX.- Que las resoluciones judiciales emitidas por los Órganos Jurisdiccionales deben estar dotadas de cierto contenido y requisitos formales para su validez, mismos que varían respecto a la clase de resolución que se dicta, entre éstas las definitivas, mediante la cual se pone fin al proceso en primera instancia y las que resuelven los recursos interpuestos contra el fallo, de tal manera que existen requisitos: externos o formales, exigencias que establece la normativa procesal en cuanto a la forma y estructura de la decisión, conforme a los artículos 197 y 200 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria conforme lo previsto en el artículo 858 del Código del Trabajo, que contienen entre otros, mención de: lugar y fecha, Órgano Jurisdiccional que la dicta, Juez de instancia o Magistrados integrantes, ponente y firma; y, los internos o sustanciales, que se concretan intrínsecamente a la labor del Juzgador, derivado de su razonamiento de la situación jurídica controvertida conforme a lo acontecido y aportado al proceso y en aplicación de las disposiciones legales pertinentes al debate. Requisitos esenciales como la claridad, precisión y exhaustividad, todo ello con la debida congruencia y suficiente motivación, conforme a los artículos 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

" El deber de motivación de la resolución judicial implica el plasmar el razonamiento y expresión detallada de las consideraciones y criterios a los que ha arribado y forman su convencimiento y razones en la decisión que constituye su sentencia definitiva, ello vinculado al principio de congruencia, que no es más que resolver conforme a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, por ende, además debe existir una conexión lógica entre lo controvertido u objeto del debate y la resolución judicial que se emite, debiendo entonces emitir para cada petición, aceptada por las partes o controvertida, un pronunciamiento sustentado conforme a lo expuesto en el mismo fallo, consecuentemente es imprescindible la exhaustividad del mismo, es decir, el deber de concluir el proceso con un profundo análisis, tangible y detallada valoración probatoria y la incorporación evidente de la normativa jurídica que le sirve de fundamento y que también permita la posible recurribilidad de la sentencia"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

"Que de conformidad al principio dispositivo este Tribunal de casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que hayan sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente, y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiere la impugnación. No obstante, lo anterior y de conformidad a la Ley, deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieren denunciado por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda de la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso.- XII.- Que, por las razones antes expuestas, es procedente declarar la nulidad de la sentencia recurrida, para que el Ad-quem proceda de conformidad a derecho, debiendo dicho Tribunal ser más cuidadoso en los asuntos sometidos a su conocimiento.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C. doce de marzo de dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral, formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, por el Abogado MARVIN JOSE GONZALEZ ELVIR, en su condición de representante procesal de la empresa mercantil denominada TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. (TRAMAQ), como recurrente; además es parte recurrida, el señor CESAR ALEXANDER ALEMAN MURILLO, representado en juicio por el Abogado LUIS FERNANDO MARTINEZ MARTINEZ. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones laborales e indemnizaciones legales, como ser, preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones, vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional, décimo cuarto mes proporcional, pago de días feriados, pagos de séptimos días y a título de indemnización por los daños y perjuicios causados, los salarios dejados de percibir, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha once de diciembre del dos mil catorce, por el señor CESAR ALEXANDER ALEMAN MURILLO, mayor de edad, soltero, Piloto de Transporte Articulado, hondureño y con domicilio en la Aldea Puente Alto, en la ciudad de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, contra la empresa mercantil denominada TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. (TRAMAQ), por medio de su representante legal, señora ANA CAROLINA CASTILLO. El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha nueve de febrero de dos mil dieciocho, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, misma que: “FALLA: I) Declarando haber lugar el recurso de apelación formulado por el abogado Luís Fernando Martínez en su condición de apoderado actor en contra de la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad de San Pedro Sula el día quince de Enero del año dos mil dieciséis, en el proceso iniciado con la demanda ordinaria laboral promovida por el señor Cesar Alexander Alemán Murillo en contra de la sociedad mercantil denominada Transporte y Maquinaria S.A. de C.V. (TRAMAQ) a través de su representante legal, todos de generales conocidas en autos; en consecuencia procede a REFORMAR la citada sentencia, reforma que se contrae a DECLARAR HA LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL para el pago de Prestaciones labores e indemnizaciones legales como ser Preaviso, Auxilio de Cesantía, Auxilio de Cesantía Proporcional; y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir; por ello se condena a la demandada Transporte y Maquinaria S.A. de C.V. (TRAMAQ) a través de su representante legal, a pagar al trabajador demandante por los conceptos antes mencionados la cantidad de Lps. 213.994.56, que corresponde al desglose siguiente: Preaviso: Lps. 37,333.32; Auxilio de Cesantía: Lps. 167,999.94; Auxilio de Cesantía Proporcional Lps. 8,661.30; II): Fijar como monto total de condena la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL, CIENTO TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS (LPS.268,134.87), que corresponde a los conceptos otorgados por virtud del recurso y a los derechos reconocidos por el a quo.- III): CONFIRMAR en todos sus demás extremos la sentencia definitiva objeto del recurso de apelación.- IV): SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con la empresa mercantil denominada Transporte y Maquinaria S.A. de C.V. (TRAMAQ), en fecha 19 de mayo del año 2005, en el cargo de Piloto de Transporte Articulado, devengando un salario mensual de L.16,000.00, siendo despedido en fecha 5 de noviembre de 2014, mediante nota de despido en la que motiva la demandada en los términos siguientes: “en el acta de descargos usted no admite su responsabilidad haber consumido cocaína, sin embargo la prueba de laboratorio muestra resultado positivo en el consumo de esta substancia, en consecuencia usted se presentó y se encontró bajo la influencia de drogas dentro su jornada normal de trabajo”, lo cual no es cierto y ofrece probarlo en su oportunidad. La empresa demandada fundamenta el despido en los artículos 81 sección graves numeral 2) del Reglamento Interno; 98 numeral 2) y 112 inciso l) del Código del Trabajo, fundamentos que no pueden ser aplicados al caso que se ocupa ya que durante trabajó el demandante en la empresa nunca incurrió en los presupuestos jurídicos que sugieren los artículos relacionados, es decir nunca ha usado drogas específicamente cocaína, por lo cual no firmó la referida acta de descargos levantada al respecto; el demandante ha estado requiriendo extrajudicialmente de pago de sus prestaciones laborales a la empresa demandada la cual le ha manifestado que no se las pagará, constituyendo el despido injustificado y la negativa a conciliar un acto de mala fe y también una actitud de violación a los derechos que le corresponden al trabajador por parte de la empresa y una violación a los convenios internacionales sobre la “Explotación y Sobreexplotación, y el derecho de pago de prestaciones sociales de los trabajadores” a los que Honduras está suscrita.- 2.- La parte demandada, la empresa mercantil denominada TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. (TRAMAQ), contestó dicha demanda señalando que es cierto que el trabajador demandante laboraba para la demandada en el puesto de Conductor (Piloto) de Equipo Pesado (Cabezal, Cisterna, Rastra) y con el salario asignado a dicho puesto de trabajo, con las condiciones, obligaciones y responsabilidades que asume el cargo de un Conductor de Equipo Pesado. Que tomando en consideración la demandada las medidas de seguridad y que constituye un riesgo altamente peligroso, que sus conductores (Pilotos) que transportan combustibles en las unidades denominadas Cabezales, ejecuten estas labores en condiciones no adecuadas, que puedan alterar el grado de concentración y pericia que se debe emplear en el desempeño de este tipo trabajo, el cual requiere ser ejecutado con la mayor eficiencia, cuidado y esmero para evitar accidentes viales que puedan producir daños materiales y humanos, para lo cual, la demandada implementó varias medidas de seguridad como realizar pruebas de Alcoholemia y Drogas de forma periódicamente al azar dentro de cualquier área de la Empresa, pudiendo ser aplicada estas pruebas al personal Operativo (Conductores), Administrativo y Técnico, de lo cual todos los empleados tienen conocimiento que estas pruebas se aplican periódicamente con el objeto de evitar accidentes. En fecha 06 de octubre del 2014, la empresa procedió hacer dichas pruebas, recayendo una de estas pruebas al señor Cesar Alexander Alemán Murillo, seguidamente el resultado que dictaminó el laboratorio fue positivo en (Cocaína), posteriormente en fecha 28 de octubre del 2014, se levantó Acta de Descargo al empleado para escuchar su versión que negó haber cometido la falta aludida. Que mediante nota de fecha 05 de noviembre del 2014, la demandada procedió a despedir al demandante, en virtud de existir justa causa legal para ello, dando por terminado su contrato de trabajo, sin responsabilidad para la empresa, fundamentándose el despido en los artículos 81 sección graves numeral 2) del Reglamento Interno; 98 numeral 2), 112 letra l) del Código del Trabajo.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha quince de enero de dos mil dieciséis, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda laboral en cuanto al pago de las prestaciones sociales, salarios caídos, séptimos días y días feriados; condenando a la demandada a pagarle al demandante la cantidad de L.54,140.31, en concepto de pago de derechos adquiridos en forma proporcional, vacaciones causadas treinta días, salario causado cinco días, pago por viaje y peaje, sin costas; bajo el criterio que del estudio de la prueba en su conjunto, este juzgado encuentra probada la causa invocada por el patrono para dar por terminada la relación laboral, ya que de la prueba aportada por la demandada ha demostrado que el trabajador faltó a sus obligaciones y por violación grave, al haberse presentado al trabajo bajo la influencia de droga, circunstancia que fuera constatada mediante examen clínico tomado en día de trabajo, falta debidamente comprobada, por lo que el patrono no puede quedar obligado por el contrato a sostener un trabajador en el puesto que desempeñaba, porque su actitud implicaría un relajamiento de la disciplina que debe imperar en el centro de trabajo, haciendo nugatorias las facultades legales de la empresa para despedirlo sin responsabilidad, además que riñe con los intereses jurídicos ya enunciados, como el decoro y la moral, así como el patrimonio del patrón y la seguridad para la salud y vida del mismo trabajador y de las demás personas no solo del centro de trabajo sino del todo trayecto que pudiera recorrer en dicho estado, así mismo llama la atención que del acta de descargo, reconoce tomar bebidas alcolicas, más sin embargo no sale positivo según examen clínico presentado por la empresa, y que según declaraciones de los testigos FRANCISCO MURILLO PORTILLO, RIGOBERTO OLIVA JACO, MARIO EDGARDO LAGOS MENDOZA, los que le merecieron credibilidad a esta juzgadora quienes afirmaron para dicho resultado se toman dos muestras previo al resultado informado, proceso que era reiterativo como lo demuestran los exámenes clínicos del 2009, 2010, 2011, 2014, (folios 105 al 109), circunstancias que hacen justo el despido que fue objeto el trabajador, por así estipularlo como falta grave el artículo 112 del Código de Trabajo vigente, junto con los artículos 97.9), 10), 12), 13), despido que es legal al seguirse el procedimiento estipulado para ser escuchado el trabajador por lo que debe declararse sin lugar la demanda interpuesta en cuanto a las prestaciones laborales e indemnizaciones legales como ser los salarios dejados percibir que fueran solicitados. Que el demandante solicita el pago de días feriados laborados para lo cual no presento prueba ni detalló los días que los laboró por lo que este juzgado no tiene elementos probatorios para atender dicho reclamo por lo que deben declararse sin lugar; en cuanto al pago de séptimos días, el demandante no aportó ningún elemento probatorio por lo que debe desestimar dicha pretensión, y su salario estaba muy por encima del salario mínimo establecido.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, Departamento de Cortés, en fecha nueve de febrero de dos mil dieciocho, dictó sentencia reformando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que la exigibilidad de una conducta debida, presupone la actitud de poder comportarse conforme a lo debido; ello en razón del derecho subjetivo de mando y de dirección del receptor del servicio, de impartir órdenes en relación con la materia, eficiencia, lugar y tiempo en que se debe prestar la actividad laboral; y el deber jurídico de obediencia y fidelidad que tiene el sujeto que presta el servicio, de desarrollar la actividad laboral conforme a las órdenes recibidas, siempre y cuando sean relativas al trabajo contratado, siendo contrario a dicho orden, que el trabajador se presente a sus labores en estado de embriaguez, o bajo la influencia de drogas estupefacientes, o en cualquier otra condición anormal análoga, por ello así aparece regulado en la prohibición 2 del artículo 98 Código del Trabajo y en el reglamento interno de la demandada como falta grave (f.94). En el caso de mérito, el trabajo desarrollado por el actor es como Piloto de Transporte articulado de combustible según consta en el proceso y ello conlleva un riesgo adicional no solo para él sino también para las personas y los sitios en donde se desplaza, pero contrario a lo expuesto en la nota de terminación del contrato de trabajo, el despido no se produce por haberse presentado bajo la influencia de drogas, sino por resultar positivo por cocaína en un examen de orina, hecho que por sí solo no es capaz de producir la convicción de haberse éste encontrado bajo la influencia de dicho alucinógeno como lo asevera la patronal y lo da por acreditado el a quo sin contar con otros elementos objetivos de prueba que respalden tal aseveración como lo pudo haber sido el examen clínico seguido de dicho resultado, pues la toma de la prueba no se realizó porque existieran sospechas de que el trabajador se había presentado bajo la influencia de drogas sino como resultado de una escogencia aleatoria según se establece de las declaraciones que rindieran los señores Francisco Murillo Portillo, Mario Eduardo Lagos Mendoza y Rigoberto Oliva Jaco, y que constan en el acta visible a folios del 200 al 203 de la primera pieza, de manera que, negado por el trabajador la ingesta de drogas en la audiencia que tuvo como fin realizar el descargo sobre el citado resultado, la prueba de laboratorio a criterio de esta alzada resulta insuficiente para justificar la causa por la cual la demandada puso fin al contrato de trabajo.- 5.- Mediante auto de fecha tres de abril del dos mil dieciocho, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado MARVIN JOSE GONZALEZ ELVIR, en su condición de representante procesal de la empresa mercantil denominada TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. (TRAMAQ), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, compareció ante éste Tribunal el Abogado MARVIN JOSE GONZALEZ ELVIR, en su condición de representante procesal de la empresa mercantil denominada TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. (TRAMAQ), formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veintiocho de junio de dos mil dieciocho, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado LUIS FERNANDO MARTINEZ MARTINEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictara lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o Tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II.- Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8.1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental bajo la garantía de igualdad de trato ante la ley y la no discriminación que posibilita a todas las personas, el acceso al conocimiento, ejercicio y defensa de sus derechos y obligaciones, como también para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI.- Que el Recurrente solicita de forma subsidiaria la nulidad del fallo recurrido, basado en lo siguiente “NULIDAD SUBSIDIARIA. Con fundamento en los Artículos 858 del Código del Trabajo; 22, 206 numeral 1, 2, y 3; 208 numerales 1), 2); 211, 212, numeral 6; 213 numeral 1); 214 Numeral 1) 2) 3); 215 numeral 1), 2), 3), 4) del Código Procesal Civil, se solicita se decrete la Nulidad de la sentencia impugnada dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, de fecha 09 de febrero del 2018, en base a las consideraciones y hechos facticos siguientes: a) Que esta Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, emitió fallo en el presente juicio en fecha 31 de Octubre del 2017, (Ver folios del 28 al 32) de la segunda pieza de los autos, DECLARANDO LA NULIDAD de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula de fecha 04 de marzo del 2016, visible a folios (del 15 al 20) de la segunda pieza, por considerar que dicha sentencia no ha sido dictada con las formalidades, derechos y garantías que establece la Ley, particularmente por carecer de la suficiente motivación y carácter lógico que llevó al convencimiento de la reforma del fallo dictado en primera instancia; la insuficiente motivación en cuanto a la calificación de la falta en relación a la causa de despido alegada y la valoración de la prueba en su conjunto, asociado a ello el carácter lógico que debe primar en casos como el que nos ocupa, ya que el criterio expuesto de que el hecho que un trabajador de esta naturaleza resulte positivo en una prueba de cocaína en un examen de orina no es suficiente para producir la convicción de haberse encontrado bajo la influencia del alucinógeno en la actividad laboral, lo cual es contradictorio al señalamiento de tal situación conforme a la Labor que desempeñaba el trabajador, “trabajo desarrollado por el actor es como Piloto de Transporte articulado de combustible según consta en el proceso y ello conlleva un riesgo adicional no solo para él sino también para las personas y los sitios donde se desplaza.” (Ver folio 31 vuelto y 32 de la segunda pieza de los autos). b) Que el Artículo 667 del Código del Trabajo, establece: “Los jueces del trabajo son independiente en el ejercicio de sus funciones y no están sometidos más que a la constitución y a la Ley.- Pero los inferiores están obligados a acatar y cumplir las decisiones que dicten sus superiores jerárquicos al revocar o reformar, en virtud de recursos legales, las resoluciones proferidas por aquellos. c) El Artículo 321 de la Constitución de la República, preceptúa: “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las expresamente les confiere la Ley.- Todo acto que ejecuten fuera de la Ley es nulo e implica responsabilidad. d) No obstante la expuesto en los a) b) y c) de este Capítulo, la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, ha emitido nuevamente fallo en el presente juicio en fecha 09 de febrero del 2018, (Ver folios del 36 al 40 de la segunda pieza de los autos), bajo las mismas consideraciones, fundamentos, criterios jurídicos y parámetros, sostenidos por la misma Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, en su fallo dictado en fecha 04 de marzo del 2016, visible a folios (del 15 al 20); en total rebeldía a las observaciones que esta Honorable Sala de lo Laboral- Contencioso Administrativo le hiciera al Tribunal de Alzada, en la sentencia de fecha 31 de Octubre del 2017, (Ver folios del 28 al 32) de la segunda pieza de los autos, mediante la cual se DECLARO LA NULIDAD del fallo de fecha 04 de marzo del 2016, dictado por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, y visible a folios (del 15 al 20), por lo que es procedente declarar la Nulidad del fallo de fecha 09 de febrero del 2018, dictado por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortes, por no haberse dictado conforme a derecho.”.- VII.- Que este Tribunal, en sentencia dictada el 31de Octubre del 2017, anuló la proferida por la Corte de Apelaciones recurrida, por su insuficiente motivación en cuanto a la calificación de la falta en relación a la causa de despido alegada y la valoración de la prueba en su conjunto y el carácter lógico que debe primar cuando se encuadran situaciones contradictorias en el criterio utilizado para decidir el caso.- VIII.- Que tal como lo señala el Impetrante, el ad-quem en su nueva sentencia omitió motivar y considerar los puntos por los cuales este Tribunal había anulado anteriormente el fallo que se dictara en similares términos, lo cual afecta el principio-derecho al debido proceso.- IX.- Que las resoluciones judiciales emitidas por los Órganos Jurisdiccionales deben estar dotadas de cierto contenido y requisitos formales para su validez, mismos que varían respecto a la clase de resolución que se dicta, entre éstas las definitivas, mediante la cual se pone fin al proceso en primera instancia y las que resuelven los recursos interpuestos contra el fallo, de tal manera que existen requisitos: externos o formales, exigencias que establece la normativa procesal en cuanto a la forma y estructura de la decisión, conforme a los artículos 197 y 200 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria conforme lo previsto en el artículo 858 del Código del Trabajo, que contienen entre otros, mención de: lugar y fecha, Órgano Jurisdiccional que la dicta, Juez de instancia o Magistrados integrantes, ponente y firma; y, los internos o sustanciales, que se concretan intrínsecamente a la labor del Juzgador, derivado de su razonamiento de la situación jurídica controvertida conforme a lo acontecido y aportado al proceso y en aplicación de las disposiciones legales pertinentes al debate. Requisitos esenciales como la claridad, precisión y exhaustividad, todo ello con la debida congruencia y suficiente motivación, conforme a los artículos 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil.- X.- El deber de motivación de la resolución judicial implica el plasmar el razonamiento y expresión detallada de las consideraciones y criterios a los que ha arribado y forman su convencimiento y razones en la decisión que constituye su sentencia definitiva, ello vinculado al principio de congruencia, que no es más que resolver conforme a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, por ende, además debe existir una conexión lógica entre lo controvertido u objeto del debate y la resolución judicial que se emite, debiendo entonces emitir para cada petición, aceptada por las partes o controvertida, un pronunciamiento sustentado conforme a lo expuesto en el mismo fallo, consecuentemente es imprescindible la exhaustividad del mismo, es decir, el deber de concluir el proceso con un profundo análisis, tangible y detallada valoración probatoria y la incorporación evidente de la normativa jurídica que le sirve de fundamento y que también permita la posible recurribilidad de la sentencia.- XI.- Que de conformidad al principio dispositivo este Tribunal de casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que hayan sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente, y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiere la impugnación. No obstante, lo anterior y de conformidad a la Ley, deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieren denunciado por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda de la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso.- XII.- Que, por las razones antes expuestas, es procedente declarar la nulidad de la sentencia recurrida, para que el Ad-quem proceda de conformidad a derecho, debiendo dicho Tribunal ser más cuidadoso en los asuntos sometidos a su conocimiento.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 59, 60, 64, 90 párrafo primero, 127, 128, 135, 136, 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3, 4, 5, 18, 19, 20, 47, 666 letra c), 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 9 y 11 del Código Civil; 22, 200, 206, 207, 208, 211, 212 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula, Cortés, en fecha 9 de febrero del 2018, visible a folios del 36 al 40 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a Derecho.- Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los nueve días del mes de abril del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha doce de marzo del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 97-18.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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