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Sentencia CL-086-18 — Registro 9081

Resumen

En primera instancia se declaro con lugar la demanda ordinaria laboral de emplazamiento para la justificación de una terminación sin causa de la relación laboral con acoso (MOBBING), caso contrario se ordene el reintegro a sus puestos de trabajo en iguales o mejores condiciones, con el pago de salarios dejados de percibir a titulo de indemnización por daños y perjuicios, pago de bono de utilidades y estudiantil, reembolso de eventuales gastos médicos y quirúrgicos, pago de beneficios otorgados a otros trabajadores que se deriven del contrato colectivo o de la privatización de la empresa, pago de cantidades adeudadas, indemnización por daños en la relación de aseguración con INJUPEMP y por préstamos en la banca privada, costas del juicio; confirmado en segunda instancia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “3.- Que el cargo que antecede resulta inestimable por contener los defectos técnicos siguientes: a) en el desarrollo se insta a la revisión de los hechos, por ende a la valoración del material probatorio lo cual es incompatible con el concepto de violación invocado; b) se alude al artículo 111 numeral 8) del Código de Trabajo, el cual no fue indicado como infringido o relacionado en la formulación; y, c) lo expuesto resulta ser un alegato de instancia inoportuno en este recurso extraordinario de conformidad a lo dispuesto en el artículo 770 del Código del Trabajo. Conviene recordar, que la violación directa a la ley sustantiva en cualquiera de sus modalidades (infracción directa, aplicación indebida e interpretación errónea) tiene lugar cuando a un hecho que no se discute o debidamente comprobado se deja de aplicar la norma que lo regula o cuando al contrario, se aplica una norma a un hecho inexistente. Se exige la existencia del hecho, de tal manera comprobada, que no se discuta, para que la ley cuyo texto se aprecia claro sea aplicada. En el caso particular ha sido objeto del debate el despido de la demandante, situación rechazada por la parte demandada por ello objeto de la controversia y de la valoración del material probatorio no siendo en consecuencia viable el ataque al fallo por el concepto de aplicación indebida.”

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

… “5.- Que el cargo que antecede resulta inestimable a razón de lo siguiente: a) el párrafo primero del artículo 101 del Código del Trabajo, señalado como norma sustantiva infringida carece de sustantividad; y, b) en el desarrollo se insta a la revisión de los hechos, por ende a la valoración del material probatorio lo cual es incompatible con el concepto de violación invocado.”

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

… “7.- Que el cargo que antecede resulta inestimable a razón de lo siguiente: a) el artículo 100 del Código del Trabajo, señalado como norma sustantiva infringida no ha sido aplicado en la sentencia impugnada, por ello no puede haber sido interpretado erróneamente. Además los numerales 4, 5 y 15 de la citada disposición igualmente señalados como infringido contienen distintas situaciones jurídicas, que en todo caso, se deben precisar y explicar en forma separada e independiente; y, b) en el desarrollo se insta a la revisión de los hechos y por ende a la valoración de la prueba lo cual es incompatible con el concepto de violación invocado.”

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

… “9.- Que el cargo que antecede resulta inestimable por la razón siguiente: a) se alega el error de hecho por falta de apreciación, pero luego en el acápite denominado explicación del motivo se indica que la prueba descrita fue interpretada erróneamente, siendo un contrasentido si la misma prueba no fue tomada en cuenta no pudo haber sido interpretada (valorada) ni aun de manera equivocada; b) en la aplicación no se demuestra el error de hecho manifiesto y evidente por falta de apreciación alegado. Además, el error de hecho solo procede en casación, cuando es ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando en la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos. En el sub-judice, al revisarse la situación jurídica planteada, se advierte que el tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia hizo suyos los fundamentos del a-quo, observándose que se realizó el análisis y valoración del material probatorio aportado al proceso resolviendo el juzgador

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintitrés de julio del dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 21 de mayo del 2018, por la Abogada MARIA FERNANDA MENDOZA VELÁSQUEZ, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), como recurrente; además, es parte recurrida, los señores: MARIA ISABEL HERNANDEZ GÓMEZ; KENYA YAMILETH ZAVALA DUBON; MISAEL URBINA AMAYA; FELICIANO VÁSQUEZ GARCÍA; JOSÉ LORENZO VÁSQUEZ MENJIVAR; BETHY ESPERANZA LICONA HERNANDEZ; EMIL JOSÉ MEDINA TORRES; JORGE ALBERTO PALACIOS JIMÉNEZ; GLORIA MARIA TURCIOS DISCUA; JULIO CESAR REYES JEREZ; JONATHAN SAMUEL PERDOMO LÓPEZ; KATYA MARIA LAGOS VALLADARES; ALFREDO IZAGUIRRE GALO; y PAOLA LETICIA GÓMEZ VARELA; MARIA DE LA LUZ DÍAZ MEDINA; y NANCY PATRICIA RODAS LAÍNEZ, representada en juicio por la Abogada GABRIELA ALEJANDRA RAMÍREZ BUSTILLO. OBJETO DEL PROCESO: demandas ordinarias laborales de emplazamiento para la justificación de una terminación sin causa de la relación laboral con acoso (MOBBING), caso contrario se ordene el reintegro a sus puestos de trabajo en iguales o mejores condiciones, con el pago de salarios dejados de percibir a titulo de indemnización por daños y perjuicios, pago de bono de utilidades y estudiantil, reembolso de eventuales gastos médicos y quirúrgicos, pago de beneficios otorgados a otros trabajadores que se deriven del contrato colectivo o de la privatización de la empresa, pago de cantidades adeudadas, indemnización por daños en la relación de aseguración con INJUPEMP y por préstamos en la banca privada, costas del juicio; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 10 de abril del 2015, por la Abogada GABRIELA ALEJANDRA RAMÍREZ BUSTILLO, en su condición de representante procesal de la señora MARIA ISABEL HERNANDEZ GÓMEZ, soltera, Perito Mercantil; también en fecha 28 de mayo del 2015, la señora KENYA YAMILETH ZAVALA DUBON, soltera, Abogada; en fecha 14 de mayo del 2015, nuevamente la Abogada GABRIELA ALEJANDRA RAMÍREZ BUSTILLO, en su condición de representante procesal de los señores: MISAEL URBINA AMAYA, soltero, Bachiller en Administración de Empresas; FELICIANO VÁSQUEZ GARCÍA, casado, Bachiller en Administración de Empresas; JOSÉ LORENZO VÁSQUEZ MENJIVAR, casado, Comerciante; BETHY ESPERANZA LICONA HERNANDEZ, casada, Secretaria; EMIL JOSÉ MEDINA TORRES, casado, Bachiller en Ciencias y Letras; JORGE ALBERTO PALACIOS JIMÉNEZ, casado, Perito Mercantil; GLORIA MARIA TURCIOS DISCUA, soltera, Secretaria Bilingüe; JULIO CESAR REYES JEREZ, soltero, Perito Mercantil; JONATHAN SAMUEL PERDOMO LÓPEZ, soltero, Técnico en Computación; KATYA MARIA LAGOS VALLADARES, soltera, Bachiller en Computación; ALFREDO IZAGUIRRE GALO, casado, Perito Mercantil, y PAOLA LETICIA GÓMEZ VARELA, soltera, Ingeniero Industrial; todos mayores de edad y hondureños; asimismo, en fecha 28 de mayo del 2015, compareció la señora MARIA DE LA LUZ DÍAZ MEDINA, casada, Secretaria, y en fecha 27 de abril del 2015, lo hizo la señora NANCY PATRICIA RODAS LAÍNEZ, casada, Bachiller en Administración de Empresas; todos los demandantes mayores de edad, hondureños y de este domicilio, contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), por medio de su representante legal y Gerente General el señor JESÚS ARTURO MEJÍA ARITA, mayor de edad, casado, Ingeniero, hondureño y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 17 de enero del 2018, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 01 de septiembre del 2017, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral promovida por los señores 1) MA ISABEL HERNANDEZ GÓMEZ, 2) KENYA YAMILETH ZAVALA DUBON 3) MISAEL URBINA AMAYA, 4) FELICIANO VÁSQUEZ GARCÍA, 5) JOSÉ LORENZO VÁSQUEZ MENJIVAR, 6) EMIL JOSÉ MEDINA TORRES, 7) JORGE ALBERTO PALACIOS JIMÉNEZ, 8) GLORIA MARIA TURCIOS DISCUA, 9) JULIO CESAR REYES JEREZ, 10)JONATHAN SAMUEL PERDOMO LÓPEZ, 11) KATYA MARIA LAGOS VALLADARES, 12) ALFREDO IZAGUIRRE GALO, 13) PAOLA LETICIA GÓMEZ VARELA, 14) MARIA DE LA LUZ MEDINA, 15) NANCY PATRICIA RODAS LAÍNEZ en contra de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) a través del Gerente General y Representante legal de aquél entonces del Ingeniero JESÚS ARTURO MEJÍA ARITA. 2) CONDENA a HONDUTEL a reintegrar a los demandantes 1) MA ISABEL HERNÁNDEZ GÓMEZ, 2) KENYA YAMILETH ZAVALA DUBON 3) MISAEL URBINA AMAYA, 4) FELICIANO VÁSQUEZ GARCÍA, 5) JOSÉ LORENZO VÁSQUEZ MENJIVAR, 6) EMIL JOSÉ MEDINA TORRES, 7) JORGE ALBERTO PALACIOS JIMÉNEZ, 8) GLORIA MARIA TURCIOS DISCUA, 9) JULIO CESAR REYES JEREZ, 10) JONATHAN SAMUEL PERDOMO LÓPEZ; 11) KATYA MARIA LAGOS VALLADARES, 12) ALFREDO IZAGUIRRE GALO, 13) PAOLA LETICIA GÓMEZ VARELA, 14) MARIA DE LA LUZ MEDINA, 15) NANCY PATRICIA RODAS LAÍNEZ a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones a as que tenía antes del despido y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde que se produjo el despido hasta que sean reintegrados a su puesto de trabajo reconociéndole todos los beneficios adquiridos por los demás trabajadores en ausencia de los demandantes como el bono de utilidades, bono estudiantil, el pago del complemento del décimo tercer mes de salario correspondiente al año 2013 y 2014 y demás derechos que pudieran existir. 3) SIN LUGAR el reembolso de eventuales gastos médicos quirúrgicos, indemnización por daños en la relación de aseguración con el INJUPEMP y por prestamos en la Banca Privada. 4) ABSOLVER a HONDUTEL del pago de esto conceptos. 5) CON LUGAR la EXCEPCIÓN DE PAGO opuesta en cuanto a la trabajadora BETHY ESPERANZA LICONA HERNANDEZ. 6) ABSOLVER a HONDUTEL de la pretensión solicitada por la demandante BETHY ESPERANZA LICONA HERNANDEZ. SIN COSTAS en esta instancia”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Las partes demandantes expresaron en los escritos de sus acciones acumuladas, todos en los mismos términos así: Que comenzaron a laborar para la demandada, así: Ma Isabel Hernandez Gómez, el 16 de noviembre del 2016, como Administrativo III devengando un salario de L. 11,498.99; Kenya Yamileth Zavala Duron, el 26 de noviembre del 2007, como Asesor Legal I, devengaba un salario ordinario mensual de L.29,323.00; Misael Urbina Amaya, el 16 de junio de 1998, como Instalador/Reparador de Líneas I, devengaba en los últimos seis meses un salario de L.16,488.39; Feliciano Vásquez García, el 23 de agosto de 1988, como Instalador/Reparador de Líneas I, devengaba en los últimos 6 meses salario de L.23,910.04; Jose Lorenzo Vásquez Menjivar, el 16 de abril de 1984, como Instalador/Reparador de Líneas I, devengaba un salario mensual de L 22,597.16; Bethy Esperanza Licona Hernandez, el 01 de noviembre del 2006, como Operador de Telecomunicaciones III, devengando un salario ordinario mensual de L.11,433.99; Emil José Medina Torres, el 28 de noviembre del 2006, como Supervisor de Mantenimiento de Obra, devengaba un salario ordinario mensual de L.23,604.90; Jorge Alberto Palacios Jiménez, el 01 de Septiembre de 2010, en el puesto de Administrativo III, devengaba un salario ordinario mensual de L.11,600.00; Gloria Maria Turcios Discua, el 03 de julio del 2006, como Administrativo IV, devengaba un salario de L.23,311.29; Julio Cesar Reyes Jerez, el 15 de marzo de 1995, como Operador de Telecomunicaciones V, devengaba un salario ordinario mensual de L.22,000.00; Jonathan Samuel Perdomo López, el 10 de agosto del 2010, como Gestor de Atención al Cliente, devengaba un salario mensual de L. 10,000.00; Katya Maria Lagos Valladares, el 14 de noviembre del 2006, como Guardalmacén I, devengaba un salario de L.14,799.00; Alfredo Izaguirre Galo, el 01 de mayo del 2012, como Administrativo III, devengaba un salario ordinario mensual de L. 14,000.00; Paola Leticia Gómez Varela, el 11 de noviembre del 2006, como Auxiliar de Ingeniería I, devengaba un salario de L. 16,700.00; Maria De La Luz Díaz Medina, el 15 de noviembre del 2006, como Secretaria III, devengando un salario de L. 13,598.00; y Nancy Patricia Rodas Laínez, el 20 de noviembre del 2009, como Administrativo III, devengaba un salario de L. 8,600.56; manifestaron los demandantes que fueron objeto de acoso laboral que comenzó al notificarles la suspensión del contrato de trabajo, efectivo a partir del 07 de octubre del 2014 al 04 de febrero del 2015, es decir un plazo de 120 días, quienes debían presentarse el 05 de febrero del 2015; que mediante oficios números GGH-476-2015, GGH 344-2015 GGH-132-2015, GGH-169-2015, GGH-494-2015, GGH-439-2015, GGH-455-2015, GGH-288-2015, GGH-433-2015, GGH-209-2015, GGH-284-2015, GGH-322-2015, GGH-155-2015, GGH-316-2015, GGH-478-2015 GGH-266-2015, respectivamente y todos de fecha del 05 de febrero del 2015, fueron notificados de la terminación de la relación laboral invocándoles tres supuestas causales: “a) Que como es de conocimiento, previo a esta determinación a usted le fue notificada la suspensión de su contrato individual de trabajo por un término de 120 días consecutivos, con efectividad del 08 de octubre de 2014 al 04 de febrero del 2015, suspensión que se basó en las causales establecidas en el artículo 100 numerales 4), 5) y 15) del Código del Trabajo, el cual consigna: “Artículo 100: son causas de suspensión de los contratos de trabajo sin responsabilidad para las partes:…4) la imposibilidad de explotar la empresa con un mínimo razonable de utilidad; 5) la falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos, si se comprueba plenamente por el patrono;… y 15)Cualquier otra causa justificada no prevista en los ordinales anteriores, a juicio de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social”; sirviendo también de fundamento a los artículos 101, 102 y demás aplicables del Código del Trabajo, b) que la medida enunciada en el literal anterior entre otras razones, fue implementada debido a la grave crisis económica en la que HONDUTEL se encuentra sumergida y a las serias dificultades presupuestarias y financieras que la empresa ha venido atravesando, lo que hace necesario adoptar medidas tendientes a la generación de ahorro y reducción de pérdidas, con el objeto de sanear el déficit presupuestario y eliminar el desfase existente entre los ingresos presupuestados y a la recaudación vía facturación, no obstante una vez transcurrido el termino de la referida suspensión, aun persisten las circunstancias que dieron lugar a las mismas, detalla la notificación que encontrándose la empresa ante escenarios de mayor complejidad dada la reducción presupuestaria que ha sufrido la empresa para el presente periodo fiscal y a las escasas posibilidades de revertir la deficitaria recaudación de ingresos por la vía de la facturación, lo que a su vez genera la grave iliquidez con que HONDUTEL ha venido operando, c) que de conformidad con lo descrito en los incisos anteriores, dada la persistencia de las condiciones y causales que dieron lugar a la suspensión de su contrato individual de trabajo, no es posible reanudar las labores en la forma en que se había previsto y por consiguiente reincorporarle a su puesto de trabajo, en consecuencia nos vemos en la obligación de tomar la determinación de dar por terminado su contrato individual de trabajo, por lo que, a pesar de la existencia de tales circunstancias HONDUTEL se compromete al pago de la totalidad de sus prestaciones e indemnizaciones laborales”; asimismo rechazaron tales causales manifestando que la suspensión de los contratos es una institución jurídica que para ser invocada como causal justa de despido, deberá ser autorizada por la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, la causal invocada es inexistente, porque no llegó a tipificarse, por cuanto el artículo 111 numeral 8) del Código del Trabajo establece que para que opere la institución de la suspensión como causal de terminación de la relación laboral la misma deberá ser por 120 días y la suspensión operó por 120 días, a pesar de que Hondutel solicitó una ampliación de la suspensión pero no le fue autorizada por la autoridad del trabajo; en cuanto la segunda causal de acuerdo al artículo 23 del Código del Trabajo, el trabajador puede participar de las utilidades, pero nunca de las perdidas del patrono, los riesgos de trabajo los asume la empresa nunca el trabajador, que los Tribunales hondureños quienes han sentado jurisprudencia en el sentido que las llamadas reingenierías gerenciales, reestructuraciones administrativas y crisis económicas, invocadas por la demandada en otros juicios no son causales de despido ni facultan al patrono para dar por terminados los contratos de trabajo sin responsabilidad de su parte; y respecto a la tercera causal antes de la finalización de la suspensión en los términos del artículo 103 del Código del Trabajo, HONDUTEL estaba obligado a notificar a la Secretaría del Trabajo la reanudación de los trabajos para el solo efecto de poder dar por terminados sin responsabilidad para las partes los contratos de los trabajadores que no comparecieren dentro de los 30 días siguientes a aquel en que la Secretaría de Estado hubiese recibido el respectivo aviso escrito por parte del patrono; y no hizo los llamamientos ordenados y obligados por la ley, transcurrido el termino de la suspensión, es decir el 05 de febrero del 2015, los demandantes se presentaron al lugar de trabajo, habiéndoseles impedido el ingreso, por lo que no hubo reanudación de las labores y encontrándose los trabajadores aún suspendidos, la empresa demandada decidió dar por terminados los contratos de trabajo; alegaron que la terminación de los contratos se hizo en franca violación del artículo 129 de la Constitución de la República, clausula 82 del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo y los artículos 1 y 2 del Convenio 111 de la OIT; y con el ánimo de llegar a un arreglo conciliatorio acudieron a la Secretaría del Estado, siendo imposible el mismo, se dio por agotado el trámite administrativo.- 2.- La parte demandada, la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), contestó todos y cada uno de los escritos presentados en las demandadas, bajo los expedientes números 697-2015, 626-2015, 698-205 y 556-2015, que fueron acumuladas al presente juicio 475-2015, todos con fecha 25 de agosto del 2015 y en los mismos términos, así: Que con el propósito de rescatar a HONDUTEL, el 07 de octubre del 2014, HONDUTEL invocando lo instituido en los artículos 100 numerales 4), 5) y 15), 101 y 102 y demás aplicables del Código del Trabajo, procedió a notificar en legal y debida forma la medida de suspensión parcial de los contratos individuales de trabajo a 660 trabajadores, con efectividad a partir del día siguiente hábil, es decir a partir del 08 de octubre del 2014, por el término de 120 días, es decir, hasta el día 04 de febrero del 2015, debiéndose presentar a sus labores el personal suspendido el 05 de febrero del año 2015; señaló que dentro del personal suspendido se encontraban los demandantes; y que es de público conocimiento la precaria situación económica de HONDUTEL, ya que ha venido operando con pérdidas netas desde el año 2009 a la fecha, estas pérdidas se incrementaron durante los dos últimos períodos fiscales (2012 y 2013), al extremo que hoy en día, a pesar de las medidas adoptadas para el saneamiento financiero administrativo tomadas por la última administración, sigue siendo imposible que HONDUTEL opere con un mínimo razonable de utilidades, como consecuencia, resultó ineludible que la empresa recurriera a una serie de medidas para lograr disminuir las referidas pérdidas, como ser: a) Recuperación e incremento de ingreso por tráfico internacional de llamadas a través de una ágil administración de tasas de terminación; b) Incremento de las ventas de los servicios corporativos, principalmente a clientes gubernamentales; c) Ampliaciones de sistemas para atender la demanda de los servicios de datos; y d) Reducción del gasto corriente en el renglón de servicios persónales; sin embargo, lastimosamente la situación de la empresa no puede ser revertida a corto plazo sin que tener que tomar otras decisiones de mayor envergadura, pero igualmente necesarias, siendo una de ellas la suspensión parcial de los contratos individuales de trabajo de 660 de sus empleados; y en vista que la empresa no puede ser explotada siquiera con un mínimo razonable de utilidades, situación provocada fundamentalmente por su nula rentabilidad operativa, y a pesar de contar con un presupuesto como cualquier otra entidad de derecho público, con la única diferencia que la demandada solamente tiene una vía de financiamiento para recaudar los fondos proyectados en ese presupuesto: su propio flujo de caja derivado de su facturación y que año a año disminuyó por la feroz competencia en el sector de telecomunicaciones y otros factores; fue por ello que el 10 de octubre del 2014, siguiendo el procedimiento legal correspondiente, HONDUTEL presentó ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad de Trabajo y Seguridad Social una solicitud de autorización de suspensión parcial de los contratos individuales de trabajo por 120 días a 660 empleados de Hondutel, solicitud que a la fecha todavía se encontraba pendiente de emisión de la respectiva resolución, en vista que fueron múltiples oposiciones presentadas por los trabajadores de que fueron múltiples oposiciones presentadas por los trabajadores que fueron legalmente suspendidos; que en fecha 03 de febrero del 2015, HONDUTEL siguiendo el procedimiento legal correspondiente presentó ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, formal notificación de que las causas invocadas para la suspensión parcial de los contratos de trabajo ejecutada por HONDUTEL aún persisten, lo cual imposibilita reanudar las labores y reinstalar a los trabajadores que legalmente fueron suspendidos; por lo que habiendo transcurrido el término de ley para la suspensión, contados desde la fecha de la notificación de la medida de la suspensión a los demandantes, el 05 de febrero del 2015, la decisión de dar por terminado el contrato individual de trabajo, garantizándoles el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, fundamentando esta decisión en los artículos 62, 80 y 129 de la Constitución de la República, 100 numerales 4, 5, 15, 111 numeral 8 y segundo párrafo y 126 del Código de Trabajo; 97 numeral 13, 132 y 143 del Réglamento Interno del Trabajo Clausula 59 del II Contrato Colectivo de HONDUTEL y Certificación de la Resolución de punto de acta número 8 de la sesión ordinaria No 545-2008 celebrada el 13 de mayo del 2008; manifestaron que fue evidente que HONDUTEL no ha incurrido en una violación a los derechos laborales de los demandantes, ya que, si bien es cierto que la figura de a suspensión de contratos individuales de trabajo conlleva para el patrono la obligación de reintegrar a los trabajadores afectados una vez que la misma finalice, pero debido a que las medidas implementadas no dieron resultado no fue posible evitar que se perdieran los puestos de trabajo de los empleados cuyos contratos de trabajo fueron suspendidos, por lo que HONDUTEL se vio obligada a darlos por terminados con motivo justificado, por lo tanto el reintegro a los puestos de trabajo, es improcedente porque no se ha producido un despido, sino una terminación del contrato de trabajo basados en motivos justificados; de igual forma indicó que a los demandantes se les pagó la indemnización equivalente a treinta días de su salario, por no habérseles notificado la suspensión del contrato individual de trabajo por tiempo indefinido; lo que los demandantes aceptaron tácitamente la medida de la suspensión al haber recibido el referido pago sin ninguna objeción, por lo que queda nula de pleno derecho la petición de oposición presentada por los demandante ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, de igual forma manifiesta el demandado que de acuerdo al Decreto Legislativo 266-2013 que contiene la Ley Para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, el Estado y sus entidades están exentos del pago de costas; asimismo en Audiencia Primera de Tramite interpuso EXCEPCIÓN DE PAGO en relación a la señora BETHY ESPERANZA LICONA HERNÁNDEZ en vista que le fueron pagadas sus prestaciones e indemnizaciones laborales por la cantidad de L. 172,488.42.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 01 de septiembre del 2017, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral; promovida por los señores: MARIA ISABEL HERNANDEZ GÓMEZ; KENYA YAMILETH ZAVALA DUBON; MISAEL URBINA AMAYA; FELICIANO VÁSQUEZ GARCÍA; JOSÉ LORENZO VÁSQUEZ MENJIVAR; BETHY ESPERANZA LICONA HERNANDEZ; EMIL JOSÉ MEDINA TORRES; JORGE ALBERTO PALACIOS JIMÉNEZ; GLORIA MARIA TURCIOS DISCUA; JULIO CESAR REYES JEREZ; JONATHAN SAMUEL PERDOMO LÓPEZ; KATYA MARIA LAGOS VALLADARES; ALFREDO IZAGUIRRE GALO; y PAOLA LETICIA GÓMEZ VARELA; MARIA DE LA LUZ DÍAZ MEDINA; y NANCY PATRICIA RODAS LAÍNEZ, contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), por medio de su representante legal y Gerente General el señor JESÚS ARTURO MEJÍA ARITA; condenó a la parte demandada a reintegrar a los demandantes a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones a as que tenía antes del despido y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde que se produjo el despido hasta que sean reintegrados a su puesto de trabajo reconociéndole todos los beneficios adquiridos por los demás trabajadores en ausencia de los demandantes como el bono de utilidades, bono estudiantil, el pago del complemento del décimo tercer mes de salario correspondiente al año 2013 y 2014 y demás derechos que pudieran existir; declaró sin lugar el reembolso de eventuales gastos médicos quirúrgicos, indemnización por daños en la relación de aseguración con el INJUPEMP y por prestamos en la Banca Privada; absolvió a la parte demandada del pago de esto conceptos; declaró con lugar la Excepción de Pago opuesta en cuanto a la trabajadora BETHY ESPERANZA LICONA HERNANDEZ; absolvió a la parte demandada de la pretensión solicitada por la demandante BETHY ESPERANZA LICONA HERNANDEZ, sin costas; bajo el criterio que la juzgadora entiende que debido a que HONDUTEL al momento de “suspender” el contrato de cada uno de los demandantes, no contaba con la debida autorización de la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social para hacerlo, en tal virtud, lo que se dio al momento de producirse la supuesta “suspensión” fue un despido que además de ilegal es injusto, ya que el Código del Trabajo, es el que establece el procedimiento legal para llevar a cabo la suspensión de un contrato de trabajo, por lo tanto no son las normas jurídicas las que justifican el despido del trabajador, sino los hechos concretos que la parte patronal considera justificativos de su decisión y que el trabajador tiene el derecho de conocer, los cuales no fueron aportados al proceso; además el despido infringió garantías constitucionales como ser la estabilidad laboral, condiciones dignas de trabajo, y el derecho a la salud, al tenor de lo establecido en los artículos 64 y 128 párrafo primero de la Constitución de la República en relación a los artículos 3 del Código del Trabajo; por otra parte los actos con los que se violen las normas de orden público son nulos, aunque se expresen en un pacto o contrato (artículo 3 del Código del Trabajo). Que constituye también una pretensión de los demandantes el pago del reembolso de eventuales gastos médicos y quirúrgicos, pago de cantidades adeudadas por cualquier concepto de indemnización por daños en la relación de aseguración con el INJUPEMP y por prestamos en la Banca Privada, sin embargo no fue acreditado en los autos los gastos médicos quirúrgicos que hayan incurrido los demandantes a partir del despido, como tampoco que tuviera préstamo con el 1NJUPEMP y que éste haya caído en mora lo mismo con instituciones bancarias privadas, en consecuencia los reclamos resultan improcedentes. Que conforme a la información proporcionada por HONDUTEL en relación al pago del decimo tercer me del año 2014, mediante Oficio que corre a folios 545 al 547, este concepto no fue pagado en su totalidad en vista que fueron suspendidos de su puesto de trabajo a partir del 08 de octubre del año 2014, en consecuencia, al momento de ser reintegrados a sus puestos de trabajo y realizado el pago de los salarios dejados de percibir, deberá incluirse el complemento del pago del decimo tercer mes del año 2014; Que si bien es cierto, un buen ambiente laboral es algo fundamental en cualquier empresa, de este depende en gran medida la efectiva productividad de los empleados, no obstante en cuanto al acoso laboral (mobbing) que la parte actora dice haber sufrido, la juzgadora considera que no se ha producido, ya que por el hecho de haber sido objeto de suspensión del contrato de trabajo y posterior despido, estas son instituciones que el Código del Trabajo las regula y que autorizan al patrono aplicarlas con las limitaciones que el mismo código establece, por lo cual a criterio de a juzgadora, el despido de los demandantes no se dio a consecuencia de violencia o acoso en las relaciones laborales (mobbing). Asimismo en la audiencia Primera de Tramite interpuso como medio de defensa la Excepción de Pago en relación a la demandante Bethy Esperanza Licona Hernandez en vista que a la mencionada demandante le fueron pagadas las prestaciones e indemnizaciones laborales según consta a los documentos que corren a folio 183 y 184, hecho que fue aceptado por la representante procesal demandante por lo que de inmediato procedió a renunciar de la pretensión promovida por la citada trabajadora en consecuencia el juzgado declaro renunciada la pretensión de la trabajadora Bethy Esperanza Licona Hernandez.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 17 de enero del 2018, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por él a quo, sin/con costas; bajo el criterio que del estudio de los hechos y derechos, así como de los medios de prueba acreditados en este juicio, este Tribunal de Alzada ha llegado al convencimiento que la sentencia definitiva dictada por la Juez Aquo y que se revisa en apelación está apegada a derecho y procede su confirmatoria, convencimiento que fundamenta en los hechos de que con los medios de prueba allegados al proceso quedó probado de autos la relación laboral que existió entre la empresa demandada y todos los trabajadores que aparecen en la presente demanda de mérito y el inicio de dicha relación y salario de cada trabajador es congruente y veraz tal como aparecen en motivo N°.1 de la sentencia definitiva apelada; 2) Que la terminación de la relación de todos la trabajadores demandante fue en la misma fecha el 5 de febrero del año 2015, es decir la misma fecha que les correspondía presentarse a sus labores después de la terminación del término de la suspensión de sus respectivos contratos individuales de trabajo, sin justiciar causa alguna que tipifica el artículo 112 del código del trabajo, por el contrario en cada notificación del despido la demandada se compromete a pagar a cada trabajador demandante el pago de la totalidad de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, actuación que deja con suma evidencia la ausencia de causa para la terminación de la relación laboral y como la verdad del ilegal despido; 3) Que los demandantes con sus medios de pruebas justificación sus pretensiones de reintegro, así como todos los beneficios adquiridos por los demás trabajadores, derechos adquiridos como el pago de complemento del décimo tercer mes de salario correspondiente al año 2013-2014 y otros derechos que puedan corresponderles conforme a la ley, a excepción de el reembolso de eventuales gastos médicos quirúrgicos, indemnización por daños en la relación de aseguración de INJUPEMP y por prestamos en la banca privada; 4) Que el empleador demandado con sus medios de prueba no justificó los motivos que lo llevaron para dar por terminado la relación laboral en el presente juicio, violentando los artículos 112 y 117 del código del trabajo; por lo que procede el reintegro de todos los trabajadores demandantes y demás derechos reclamados y probados en juicio; por consiguiente en el presente caso es criterio jurisprudencial de este tribunal de alzada que los trabajadores demandantes no pueden ser despedidos por una liberalidad del empleador, sino por causa justa expresamente establecida por la Ley; en consecuencia la sentencia definitiva dictada por el juzgado de Letras del Trabajo de ésta sección judicial esta apegada a derecho.- 5.- Mediante auto de fecha 21 de marzo del 2018, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada MARIA FERNANDA MENDOZA VELÁSQUEZ, en su condición de representante procesal la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 21 de mayo del 2018, compareció ante éste Tribunal la Abogada MARIA FERNANDA MENDOZA VELÁSQUEZ, en su condición de representante procesal la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), formalizando su demanda, exponiendo seis motivos de casación y dos nulidades subsidiarias, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 26 de junio del 2018, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada GABRIELA ALEJANDRA RAMÍREZ BUSTILLO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- 1.- Que el recurso de casación, como acción de impugnación extraordinaria, está sometida a un rigorismo formal debido a las limitaciones que circunscriben la potestad del Tribunal de Casación, ya que no se impugna el proceso sino el fallo de segundo grado y no dentro de una instancia, por lo que no pueden hacerse valer toda clase de argumentos de estimación probatoria, lo que obliga al recurrente a formular los cargos con claridad y precisión, con el objeto de que la Corte tenga un seguro derrotero para desatar el recurso, sin necesidad de que tenga que acudir a indagaciones mediante el uso del expediente, lo que desvirtúa el carácter extraordinario del recurso y lo convierte en otra instancia.- 2.- Que la Abogada MARIA FERNANDA MENDOZA VELÁSQUEZ, en el primer motivo de casación alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional de índole laboral, por violación directa por APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA SUSTANTIVA del primer párrafo del artículo 113 del Código del Trabajo, que indica: “La terminación del contrato conforme a una de las causas enumeradas en el artículo anterior, surte efectos desde que el patrono la comunique al trabajador, pero éste goza del derecho de emplazarlo ante los Tribunales del Trabajo, antes de que transcurra el termino de prescripción, con el objeto de que le pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrono no prueba dicha causa debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según este Código le puedan corresponder y, a título de daños y perjuicios, los salarios que éste habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del presente Código debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva”; en relación con el 112 del Código del Trabajo, que establece las causas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato sin responsabilidad de su parte. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El primer párrafo del artículo 113 instaura que: “La terminación del contrato conforme a una de las causas enumeradas en el artículo anterior, surte efectos desde que el patrono la comunique al trabajador, pero éste goza del derecho de emplazarlo ante los Tribunales del Trabajo, antes de que transcurra el termino de prescripción, con el objeto de que le pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrono no prueba dicha causa debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según este Código le puedan corresponder y, a título de daños y perjuicios, los salarios que éste habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del presente Código debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva”. La corte sentenciadora incurrió en violación directa por APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA SUSTANTIVA de índole laboral contenida en el precitado artículo por las siguientes razones: la Corte de Apelaciones estimó que HONDUTEL incurrió en ilegalidad al cancelar el contrato de trabajo de los demandantes por el plazo de 120 días, sin contar con la autorización mediante resolución de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, razón por la que la demandante emplazó al patrono ante los tribunales competentes para el reintegro requerido en la demanda planteada. De lo anterior, se infiere que la Corte de Apelaciones del Trabajo aplicó el primer párrafo artículo 113 en relación con 112 del Código de Trabajo, preceptos legales que fueron aplicados a forma indebida porque HONDUTEL en ningún momento canceló o despidió a los demandantes con fundamento en una de las causales establecidas en los incisos de artículo 112, sino que más bien se dio por terminado el contrato de trabajo de forma unilateral amparado en el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo. Finalmente, honorable Corte Suprema de Justicia, ha quedado demostrado con argumentos jurídicos densos, que la sentencia proferida por la Honorable Corte de Apelaciones violentó de forma directa LA NORMA SUSTANTIVA invocada al aplicar al caso concreto indebidamente el artículo 112, TENIENDO QUE HABER APLICADO EL ARTICULO 111 NUMERAL 8) DEL CÓDIGO DE TRABAJO.”.- 3.- Que el cargo que antecede resulta inestimable por contener los defectos técnicos siguientes: a) en el desarrollo se insta a la revisión de los hechos, por ende a la valoración del material probatorio lo cual es incompatible con el concepto de violación invocado; b) se alude al artículo 111 numeral 8) del Código de Trabajo, el cual no fue indicado como infringido o relacionado en la formulación; y, c) lo expuesto resulta ser un alegato de instancia inoportuno en este recurso extraordinario de conformidad a lo dispuesto en el artículo 770 del Código del Trabajo. Conviene recordar, que la violación directa a la ley sustantiva en cualquiera de sus modalidades (infracción directa, aplicación indebida e interpretación errónea) tiene lugar cuando a un hecho que no se discute o debidamente comprobado se deja de aplicar la norma que lo regula o cuando al contrario, se aplica una norma a un hecho inexistente. Se exige la existencia del hecho, de tal manera comprobada, que no se discuta, para que la ley cuyo texto se aprecia claro sea aplicada. En el caso particular ha sido objeto del debate el despido de la demandante, situación rechazada por la parte demandada por ello objeto de la controversia y de la valoración del material probatorio no siendo en consecuencia viable el ataque al fallo por el concepto de aplicación indebida.- 4.- Que en un segundo motivo se aduce: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional de índole laboral, por violación directa por APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA SUSTANTIVA del primer párrafo del artículo 101 del Código del Trabajo, que indica: “La suspensión de los contratos de trabajo surtirá efecto desde la conclusión del día en que ocurrió el hecho que le dio origen, siempre que la comprobación de la causa en que se funde se inicie ante la Secretaria de Trabajo y Previsión Social o ante los representantes de la misma debidamente autorizados, dentro de los tres (3) días posteriores al ya mencionado, o treinta (30) días antes de la suspensión, cuando el hecho que la origine sea previsible. Si la Secretaria de Trabajo y Previsión Social no autorizare la suspensión por no existir la causa alegada o por ser esta injusta, la declarara sin lugar, y los trabajadores podrán ejercitar sus derechos emanados del contrato de trabajo, de las leyes y reglamentos laborales y demás disposiciones aplicables, por la responsabilidad que competa al patrono.” PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La corte sentenciadora incurrió en violación directa por APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA SUSTANTIVA de índole laboral contenida en el primer párrafo del artículo 101 del Código del Trabajo, por las siguientes razones: Al respecto, establece que la suspensión de contratos de trabajo surte efectos desde la conclusión del día en que ocurrió el hecho que le dio origen, siempre que la comprobación de la causa en que se funde se inicie ante la Secretaría de Trabajo dentro de los tres días posteriores al ya mencionado, o treinta días antes de la suspensión. De lo anterior se colige que la suspensión de contratos de trabajo surtió efecto desde el día en que fueron notificados los trabajadores, ya que el artículo referido instaura claramente que la autorización de la Secretaría de Trabajo se emite, mediante resolución, después de realizada la suspensión y no antes. Circunstancia que fue un hecho probado y el juez aplicó de manera indebida al momento de emitir su fallo.”.- 5.- Que el cargo que antecede resulta inestimable a razón de lo siguiente: a) el párrafo primero del artículo 101 del Código del Trabajo, señalado como norma sustantiva infringida carece de sustantividad; y, b) en el desarrollo se insta a la revisión de los hechos, por ende a la valoración del material probatorio lo cual es incompatible con el concepto de violación invocado.- 6.- Que en un tercer motivo se esgrime: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional de índole laboral, por violación directa por INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA NORMA SUSTANTIVA del artículo 100 numerales 4, 5 y 15, que indica: “Son causas de suspensión de los contratos de trabajo sin responsabilidad para las partes: 4. La imposibilidad de explotar la empresa con un mínimo razonable de utilidad; 5. La falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos, si se comprueba plenamente por el patrono; y, 15. Cualquier otra causa justificada no prevista en los ordinales anteriores, a juicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social”; relacionado con el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo, que establece: “Son causas de terminación de los contratos de trabajo: 8. La suspensión de actividades por más de ciento veinte (120) días en los casos 1°, 3°, 4°, 5° Y 6° del artículo 100.” PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La corte sentenciadora incurrió en violación directa por INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA NORMA SUSTANTIVA de índole laboral contenida en el artículo 100 numerales 4, 5 y 15, con relación con el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo, dado que, como quedó probado en las secuelas del juicio, el contrato de trabajo fue suspendió por la situación financiera de la empresa y debido que las causas persistieron al pasar los 120 días de la suspensión, se dio por terminado el contrato de trabajo conforme con lo establecido en el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo. Este extremo no fue apreciado por el juzgador, pues confundió la figura del despido con la terminación de los contratos de trabajo. Las terminaciones de los contratos de trabajo ya están expresamente establecidas en el artículo 111 del Código de Trabajo. En el caso que nos ocupa, se invocó el numeral 8 del mismo, el que instaura que la suspensión de actividades por más de 120 días es una causa de terminación de contratos de trabajo.”.- 7.- Que el cargo que antecede resulta inestimable a razón de lo siguiente: a) el artículo 100 del Código del Trabajo, señalado como norma sustantiva infringida no ha sido aplicado en la sentencia impugnada, por ello no puede haber sido interpretado erróneamente. Además los numerales 4, 5 y 15 de la citada disposición igualmente señalados como infringido contienen distintas situaciones jurídicas, que en todo caso, se deben precisar y explicar en forma separada e independiente; y, b) en el desarrollo se insta a la revisión de los hechos y por ende a la valoración de la prueba lo cual es incompatible con el concepto de violación invocado.- 8.- Que un cuarto motivo se alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral, por violación indirecta del artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo por FALTA DE APRECIACIÓN POR ERROR DE HECHO EN EL MEDIO DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICO CONSISTENTE EN EL OFICIO DE 5 DE FEBRERO DEL 2015 QUE CORRE AGREGADOS A FOLIOS 13, 14, 40, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 82, 84, 85, 87, 88, 91, 92, 94, 95, 97, 98, 100, 101, 103, 104, 129, 153 y 154 DE LA PRIMERA PIEZA DE AUTOS. NORMAS LEGALES PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN DE LA NORMA SUSTANTIVA LABORAL: Artículo 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Y DESCRIPCIÓN DEL MEDIOS DE PRUEBA INTERPRETADO ERRÓNEAMENTE: DOCUMENTAL PÚBLICO consistente en el oficio de 5 de febrero del 2015 que corre agregado a folios 13, 14, 40, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 82, 84, 85, 87, 88, 91, 92, 94, 95, 97, 98, 100, 101, 103, 104, 129, 153, 154 fue propuesto para demostrar contundentemente que lo que hubo fue una terminación de contrato de trabajo subsumida en el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo, pero tanto el juzgado de primera instancia como el tribunal de segunda instancia omitieron el análisis de dicho medio probatorio en relación a los hechos del litigio.”.- 9.- Que el cargo que antecede resulta inestimable por la razón siguiente: a) se alega el error de hecho por falta de apreciación, pero luego en el acápite denominado explicación del motivo se indica que la prueba descrita fue interpretada erróneamente, siendo un contrasentido si la misma prueba no fue tomada en cuenta no pudo haber sido interpretada (valorada) ni aun de manera equivocada; b) en la aplicación no se demuestra el error de hecho manifiesto y evidente por falta de apreciación alegado. Además, el error de hecho solo procede en casación, cuando es ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando en la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos. En el sub-judice, al revisarse la situación jurídica planteada, se advierte que el tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia hizo suyos los fundamentos del a-quo, observándose que se realizó el análisis y valoración del material probatorio aportado al proceso resolviendo el juzgador de instancia conforme a la libre formación de su convencimiento.- 10.- Que en un quinto motivo se aduce: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral, por violación indirecta del artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo por FALTA DE APRECIACIÓN POR ERROR DE HECHO EN EL MEDIO DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICO CONSISTENTE EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE HONDUTEL QUE CORREN AGREGADOS A FOLIOS 517 al 524, DE LA SEGUNDA PIEZA DE AUTOS. NORMAS LEGALES PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN DE LA NORMA SUSTANTIVA LABORAL: Artículo 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Y DESCRIPCIÓN DEL MEDIOS DE PRUEBA INTERPRETADO ERRÓNEAMENTE: DOCUMENTAL PÚBLICO consistente en los Estados Financieros De HONDUTEL que corren agregados a folios 517 al 524 de la segunda pieza de autos. La sentencia recurrida no tuvo como hechos probados que la empresa se encontraba imposibilitada de explotar la empresa con un mínimo razonable, la falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos, hecho que fue demostrado mediante la presentación del medio de prueba documental público consistente en los estados financieros y de resultados de HONDUTEL de los años 2007 al 2014, con los que se justificó incuestionablemente la grave situación financiera de la empresa que derivó en la terminación de los contratos de trabajo por medio de la figura de la suspensión. A) respecto, el artículo 100 del Código de Trabajo establece que la suspensión de contratos de trabajo surte efectos desde la conclusión del día en que ocurrió el hecho que le dio origen, siempre que la comprobación de la causa en que se funde se inicie ante la Secretaría de Trabajo dentro de los tres días posteriores al ya mencionado, o treinta días antes de la suspensión. De lo anterior se colige que la suspensión de contratos de trabajo surtió efecto desde el día en que fueron notificados los trabajadores, ya que el artículo referido instaura claramente que la autorización de la Secretaría de Trabajo se emite, mediante resolución, después de realizada la suspensión y no antes. Circunstancia que fue un hecho probado y el juez no lo tomó en cuenta al momento de emitir su fallo. Asimismo, los Estados Financieros de HONDUTEL que corren agregados a folios 517 al 524 de la segunda pieza de autos, fueron propuestos para demostrar contundentemente que la razón por la que se procedió a realizar las suspensiones del contrato fue que la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) estaba operando con pérdidas financieras elevadísimas, situación que derivó en los hechos que originan el presente litigio y que no debió omitirse su consideración para la resolución del mismo como lo hizo el ad quem.”.- 11.- Que el cargo que antecede resulta inestimable por la razones siguientes: a) carece de claridad y precisión en la formulación, ya que por un lado se alega el concepto de error de hecho por falta de apreciación y por otro, en el acápite denominado explicación del motivo se indica que el medio de prueba descrito fue “…INTERPRETADO ERRÓNEAMENTE…” lo cual es contrasentido, ya que si la prueba singularizada no fue apreciada no pudo haber sido interpretada (valorada) erróneamente, ya que una misma prueba no puede al mismo tiempo ser dejada de apreciar y apreciadamente erróneamente ni aun de manera equivocada; b) en la explicación se alude al artículo 100 del Código del Trabajo, disposición que no ha sido señalada como infringida o relacionada en la formulación; y, c) en el desarrollo no se demuestra el error evidente y manifiesto en que haya incurrido el juzgador de instancia. Además, el error de hecho solo procede en casación, cuando es ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando en la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos. En el sub-judice, al revisarse la situación jurídica planteada, se advierte que el tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia hizo suyos los fundamentos del a-quo, observándose que se realizó el análisis y valoración del material probatorio aportado al proceso resolviendo conforme a la libre formación de su convencimiento lo que corresponde. - 12.- Que en un sexto motivo se esgrime: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral, por violación indirecta del artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo por FALTA DE APRECIACIÓN POR ERROR DE HECHO EN EL MEDIO DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICO CONSISTENTE EN LA RESOLUCIÓN NÚMERO 132-2015, EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, QUE CORRE AGREGADA A LOS FOLIOS 540 al 542, DE LA SEGUNDA PIEZA DE AUTOS. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Y DESCRIPCIÓN DEL MEDIOS DE PRUEBA INTERPRETADO ERRÓNEAMENTE: DOCUMENTAL PÚBLICO consistente en la Resolución número 132-2015, emitida por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, que corre agregada a los folios 540 al 542, de la segunda pieza de autos, que declaró CON LUGAR la suspensión de contratos de trabajo, en virtud de comprobarse la configuración de las causales invocadas del artículo 100, que tiene relación directa el artículo 101, párrafo segundo del Código de Trabajo, establece que, si la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social no autorizara la suspensión por no existir la causa alegada o por ser ésta injusta, la declarará sin lugar, y los trabajadores podrían ejercitar sus derechos laborales por la responsabilidad que competa al patrono. No obstante, la secretaría al declarar CON LUGAR el proceso de suspensión de contratos de trabajo de mi representada, automáticamente validó el proceso y, en consecuencia, los trabajadores suspendidos no están facultados para interponer acción alguna, pues fueron separados de la empresa de manera legal y debidamente respaldada por autoridad competente. Por tanto, con la Resolución 132-2015 emitida por la Secretaría de Trabajo, se demuestra que proceso de suspensión de contratos de trabajo fue convalidado de conformidad a lo instaurado en el artículo 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo por la Secretaría de Trabajo al declararlo con lugar y autorizarlo, convalidación que surtió efecto desde el día de dicha resolución, es decir, desde el 27 de octubre del 2015, o sea, antes de que se emitiera la sentencia él a quo, sumado a que dicha resolución declaró sin lugar expresamente las oposiciones a la misma presentadas por los demandantes. En consecuencia, quedó probado que los argumentos de mi contraparte han sido falsos. Al respecto, nuevamente cito el libro El Recurso Extraordinario de Casación Laboral, del autor Luis Lagos Pantoja, en su página 41, que desarrolla de una forma más concreta el concepto de error de hecho que: “consiste en no dar por probado un hecho, estándolo o tenerlo por establecido, sin que sea así, todo lo cual ocurre por la mala apreciación o la falta de apreciación de la prueba considerada en sí misma y no con relación a las normas que la reglamentan, lo cual debe conducir a la relación de la ley sustancial; pero el error debe ser manifiesto, evidente, ostensible, etc. Esta causal de casación resulta entonces, de un proceso subjetivo del juzgador consistente en un equivocado racionamiento apreciativo de las pruebas que conduce a dar por establecido un hecho sin estarlo o, al contrario.”.- 13.- Que el cargo que antecede resulta inestimable por las razones siguiente: a) carece de claridad y precisión en la formulación, ya que por un lado se alega el concepto de error de hecho por falta de apreciación y por otro, en el acápite denominado explicación del motivo se indica que el medio de prueba descrito fue “…INTERPRETADO ERRÓNEAMENTE…” lo cual es contrasentido, ya que si la prueba singularizada no fue apreciada no pudo haber sido interpretada (valorada) erróneamente, ya que una misma prueba no puede al mismo tiempo ser dejada de apreciar y apreciadamente erróneamente ni aun de manera equivocada; b) en la explicación se alude a los artículos 100 y 101, párrafo segundo del Código de Trabajo, que no fueron relacionados en la formulación y el artículo 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo, no corresponde al orden laboral lo que le resta claridad y precisión al cargo; y b) no se demuestra el error evidente y manifiesto. Además, el error de hecho solo procede en casación, cuando es ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando en la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos. En el sub-judice, al revisarse la situación jurídica planteada, se advierte que el tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia hizo suyos sus fundamentos, observándose que se realizó el análisis y valoración del material probatorio aportado al proceso resolviendo conforme a la libre formación de su convencimiento lo que corresponde.- 14.- Que se solicita la nulidad subsidiaria en la forma siguiente: “Que la sentencia emitida por el tribunal ad quem buscan le certeza de los hechos jurídicos, por cuanto deben ser claras, precisas, congruentes y motivadas, y así no quede la menor duda del criterio utilizado por el tribunal al momento de emitir los fallos, buscando una conciliación de lo pedido y otorgado a las partes, con la Constitución de la República, las leyes, convenios y principios legales y así respetar el Estado de Derecho. Con base en lo anterior, la Corte de Apelaciones, al emitir el fallo al igual que la sentencia recurrida, no fundamenta la presente de forma concreta, causando una carencia de motivación de la sentencia, pues sus consideraciones omiten el análisis probatorio del oficio de fecha 5 de febrero del 2015, que corren agregados a folios 13, 14, 39, 40, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 82, 84, 85, 87, 88, 91, 92, 94, 95, 97, 98, 100, 101, 103, 104, 129, 130, 153, 154 con el que no solo se ha acreditado la terminación del contrato de trabajo conforme al artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo, sino que con el mismo se desvirtúa la existencia de la figura de despido injustificado en relación al artículo 112 del mismo código, por lo que de haberse analizado dicho medio probatorio con relación en los hechos del litigio, el ad quem no hubiese encontrado asidero jurídico para emitir el fallo condenado a mi representada a reintegrar a los señores MA ISABEL HERNANDEZ GÓMEZ, KENYA YAMILETH ZAVALA DUBON, MISAEL URBINA AMAYA, FELICIANO VÁSQUEZ GARCÍA, JOSE LORENZO VÁSQUEZ MENJIVAR, EMIL JOSÉ MEDINA TORRES, JORGE ALBERTO PALACIOS JIMÉNEZ, GLORIA MARÍA TURCIOS DISCUA, JULIO CESAR REYES JEREZ, JONATHAN SAMUEL PERDOMO LÓPEZ, KATYA MARÍA LAGOS VALLADARES, ALFREDO IZAGUIRRE GALO, 13) PAOLA LETICIA GÓMEZ VARELA, MARÍA DE LA LUZ MEDINA Y NANCY PATRICIA RODAS LAÍNEZ, a sus puestos de trabajo junto con el pago de los demás conceptos condenados en la misma sentencia dictada en segunda instancia en diecisiete (17) de enero del dos mil dieciocho (2018). El ad quem al omitir esa motivación produce indefensión a mi representada e incongruencia en la sentencia, pues existe violación a las normas procesales que acarrean nulidad y, en el presente caso, el tribunal ad quem ha emitido una sentencia en la que no motivó ni fundamentó todos los hechos controvertidos, mismos que surgen de los hechos en que el demandante basó su acción y en los hechos en que el demandado fundamentó su resistencia a la pretensión incoad a en su contra y sobre los que recaen las pruebas del juicio. SE PRESENTA SEGUNDA NULIDAD SUBSIDIARIA: Que la sentencia emitida por el tribunal ad quem buscan le certeza de los hechos jurídicos, y por ende, deben ser claras, precisas, congruentes y motivadas, sin dejar la menor duda del criterio utilizado por el tribunal al momento de emitir los fallos, buscando una conciliación de lo pedido y otorgado a las partes, conforme a la Constitución de la República, las leyes, convenios y principios legales, respetando el Estado de Derecho; sin embargo, la Corte de Apelaciones, al emitir el fallo o la sentencia recurrida, no la fundamentó de forma concreta, causando una carencia de motivación de la sentencia, pues sus consideraciones no hacen un análisis exhaustivo del porqué utilizó como fundamento jurídico de su decisión el artículo 113 del Código de Trabajo, cuando durante el juicio mi representada señaló las razones por las que dicho artículo no podía ser empleado para la solución del caso sub judice, debiendo el ad quem, de acuerdo a los establecido en el artículo 200 numeral 2, literal b, del Código Procesal Civil, haberse pronunciado de manera exhaustiva respecto a este hecho controvertido producido por las diferencia en los argumentos de las partes, de manera que el caso sub examine, ha dejado duda del criterio utilizado en la emisión de la sentencia recurrida, dadas sus vacuas consideraciones. PROCEDENCIA DE LAS NULIDADES SUBSIDIARIAS: El artículo 206 del Código Procesal Civil, el que se aplica de manera supletoria al procedimiento laboral, nos establece que las sentencias, en su contenido, deben ser claras, precisas y exhaustivas, en relación con los hechos argumentados por las partes y las pruebas aportadas, preceptos que no se cumplen en la sentencia de marras por las razones anteriormente expuestas. Asimismo, el artículo 207 del Código Procesal Civil exige que las sentencias sean motivadas con relación a los argumentos fácticos y jurídicos expuestos por las partes, lo que tampoco ocurre en el caso de marras como ya se expuso con anterioridad. Ya el Código Procesal Civil en el artículo 211 se establece que el incumplimiento en los requisitos contemplados por las leyes con relación a los actos procesales dará lugar a su nulidad o a su anulabilidad. De igual manera, el articulo 212 numeral 3 del Código Procesal Civil establece que es nulo el acto procesal que se dicta prescindiendo de las normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión, tal como ocurre en el caso de marras, por lo que para salvaguardar los derechos de las partes en litigio y la idoneidad de los actos procesales es necesario que se declare la nulidad de la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo sin perjuicio de que la misma sea casada.”.- 15.- Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos facticos que demuestren el vicio de tal manera, que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente asunto este Tribunal estima que no se ha violado el debido proceso o el derecho de defensa de las partes, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- 16.- Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus seis motivos de casación, y sin lugar la nulidad alegada de forma subsidiaria.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 770, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus seis motivos. 2) DECLARAR SIN LUGAR la nulidad subsidiaria solicitada. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintitrés días del mes de agosto del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha veintitrés de julio del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 86-18.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

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