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Sentencia CL-07-17 — Registro 8610

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para el reintegro a los puestos de trabajo, más el pago de los salarios dejados de percibir

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible a razón de lo siguiente: el error de hecho solo procede en casación, cuando es ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos. En este caso, al revisarse la situación jurídica planteada, se advierte que se realizó el análisis y valoración del material probatorio aportado al proceso, determinando de conformidad a su libre convencimiento lo que corresponde."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central; a los cinco días del mes de febrero del dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha veintinueve de mayo del año dos mil diecisiete, por el Abogado LUIS ALBERTO ROVELO HERNÁNDEZ, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA), como recurrente; además son partes recurridas, los señores RITA LORENA ABADIE FUNEZ, LIDIANA MARIA PADILLA HERNANDEZ y MARIA INES SANTOS, representados en juicio por el Abogado NICOLAS GARCIA ZORTO. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para el reintegro a los puestos de trabajo, más el pago de los salarios dejados de percibir, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro de febrero de dos mil quince, por los señores RITA LORENA ABADIE FUNEZ, casada, Supervisora de Operaciones, LIDIANA MARIA PADILLA HERNANDEZ, casada, Oficial de Cartera y MARIA INES SANTOS, soltera, Auxiliar de Prestaciones Sociales, todas mayores de edad, hondureñas y de este domicilio, contra el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA), por medio del Presidente del Directorio de Especialistas, señor EMILIO ERNESTO CARIAS CORRALES, mayor de edad, casado, Licenciado en Economía, hondureño y de este domicilio.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha tres de noviembre de dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: 1.- DECLARAR CON LUGAR La DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL REINTEGRO Instaurada por las señoras RITA LORENA ABADIE FUNEZ, LIDIANA MARIA PADILLA HERNANDEZ Y MARIA INES SANTOS Contra EL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA) por medio de su Presidente del Directorio de Especialistas señor EMILIO ERNESTO CARIAS CORRALES; 2.- CONDENAR: AL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA) por medio de su Presidente del Directorio de Especialistas señor EMILIO ERNESTO CARIAS CORRALES a: A) REINTEGRAR a las señoras RITA LORENA ABADIE FUNEZ, LIDIANA MARIA PADILLA HERNANDEZ Y MARIA INES SANTOS, a sus puestos de trabajo respectivamente por lo menos en las mismas condiciones a las que se tenía al momento de operarse el despido. B) El reconocimiento a las RITA LORENA ABADIE FUNEZ, LIDIANA MARIA PADILLA HERNANDEZ Y MARIA INES SANTOS del pago de los Salarios Dejados de Percibir y demás derechos que se les adeuden o se hayan generado desde el día que se operó el despido hasta el reintegro a título de indemnización por daños y perjuicios quedando sujeta a la liquidación que se efectúe en su momento procesal oportuno; 3.- SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. Las demandantes expresaron en el escrito de su acción, que iniciaron la relación laboral con el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA), de la manera siguiente: 1) Rita Lorena Abadie Fúnez, el 03 de julio de 2002, en el cargo de Supervisora de Operaciones; 2) Lidiana María Padilla Hernández, el 02 de diciembre de 2002, en el cargo de Oficial de Cartera y María Inés Santos, el 11 de julio de 1993, en el cargo de Auxiliar de Prestaciones Sociales, y que durante el desempeño de las demandantes en sus funciones se enmarcaron en la ética, honradez, diligencia y subordinación al patrono. Que los días 24, 25 de noviembre y 03 de diciembre del año 2014, mediante citaciones previas las demandantes comparecieron a audiencias de descargos, acto que se llevó a cabo en la Oficina del Departamento de Recursos Humanos del INPREMA, en dicha audiencia se les preguntó el puesto que desempeñaban las demandantes, cual era la jornada de trabajo, y quién les dio permiso de abandonar sus puestos de trabajo el día 11 de noviembre de 2014, para asistir dentro de la jornada de trabajo a una Asamblea Informativa que no había sido autorizada por parte del Directorio de Especialistas que administra la institución, el cual las demandantes contestaron que no sabían, que no recordaban. Que mediante nota de fecha 05 de diciembre de 2014, se les comunicó que por medio de la misma se ponía fin a la relación de trabajo por vía de despido directo a la demandantes, sin ninguna responsabilidad económica de naturaleza indemnizatoria para la institución, en virtud que el 11 de noviembre de 2014, abandonaron en horas laborales y sin justa causa de impedimento y sin permiso del patrono. Ante el despido ilegal e injustificado las demandantes solicitan el reintegro a los puestos de trabajo que venían desempeñando u otro igual o de mejores categorías, considerándose ilegal dichos despidos en virtud de que el acta levantada por la inspectora del trabajo de fecha 11 de noviembre de 2014, dando fe que ese día a las 9:20 a.m., se constituyó en las oficinas del INPREMA específicamente en el estacionamiento de la institución, donde se llevó a cabo una asamblea informativa, observándose que en la misma acta no se consigna las personas o empleados que participaron en ella, por lo que en el acta no se da fe de los hechos generales aceptados entre las autoridades del INPREMA y la Junta Directiva del SITRAINPREMA, por lo que de forma ilegal y arbitraria quedó a la voluntad de la patronal incluir a los empleados que ellos sospecharon que habían participación en la asamblea. En acta de fecha 12 de enero de 2015, celebrada entre las autoridades del INPREMA, Junta Directiva del SITRAINPREMA y Secretaría de Trabajo, se acordó reintegrar a los puestos de trabajo a 54 empleados, estableciendo como sanción para reintegrarlos según CLAUSULA PRIMERO, INCISO 2) de dicha acta, se impuso por parte de la autoridad patronal y se aceptó por parte del SITRAINPREMA, la aplicación de una medida disciplinaria consistente “en la suspensión de labores sin goce de sueldo por el término de 4 días, en razón de haber abandonado sus labores”; asimismo, las autoridades del INPREMA se comprometieron a pagar los salarios dejados de percibir a todos los trabajadores reinstalados, desde la fecha en que se produjeron los despidos hasta la fecha de su reinstalación de sus puestos de trabajo. Como se puede observar la actitud de las autoridades del INPREMA son excluyentes, arbitrarias e injustas por cuanto aceptan reintegrar a una parte de los trabajadores, pero no aceptaron el reintegro de las demandantes. A parte de las violaciones expuestas anteriormente en las cuales se les discrimina y excluyen a las demandantes del Derecho que tienen de se reintegradas a sus puestos de trabajo como principal fundamento de la violación cometida por las autoridades del INPREMA es la violación al artículo 79 de la Constitución de la República, apreciándose que dicha norma ampara a las demandantes en el sentido de que si hubiesen participado en esa asamblea informativa.- 2. La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA), contestó dicha demanda señalando que se rechaza por ser falso y por estar condicionado a las pretensiones de la parte actora, de que de forma ilegal y arbitraria las demandantes fueron incluidas en la lista de empleados que participaron en dicha asamblea y alegan en defensa que en el acta levantada por el inspector del trabajo no aparece consignado el nombre de las personas o empleados que participaron en la misma. Al respecto se quiere enfatizar que después del 11 de noviembre del 2014, se continúo con el proceso de investigación en el sentido de convocar a las demandantes a una audiencia de descargos, mismas, que se celebraron en fechas 24 y 26 de noviembre y 03 de diciembre del 2014, en las oficinas de Recursos Humanos del INPREMA, audiencias necesarias para determinar los alcances del derecho de defensa, a fin de constatar si a las demandantes se les vulneró su derecho de defensa al no haberse notificado a la misma el contenido del acta de inspección de fecha 11 de noviembre del 2014, en el que se les imputaban la comisión de las dos faltas graves que son el abandono de sus puestos de trabajo en horas laborables sin causa justificada de impedimento y sin permiso de su patrono para trasladarse al parqueo de la demandada, así como a la suspensión intempestiva de labores la cual quedó acreditada en acta de inspección ante la autoridad del trabajo correspondiente. Una vez concluido todos los trámites legales correspondientes, como ser la constatación de abandono del puesto de trabajo y la constatación de la suspensión intempestiva de labores ante la autoridad del trabajo correspondiente y después de garantizarles a las demandantes el derecho de defensa, se procedió al despido con justa causa en fecha 05 de diciembre del 2014, que además también se procedió al despido de 105 personas más, inclusive y por la misma causa se procedió a demandar ante el Juzgado del Trabajo la autorización del despido de la Junta Directiva Central del SITRAINPREMA, que al igual que las demandantes cometieron la falta grave de abandonar sus puestos de trabajo y suspender intempestiva sus labores, en correcta aplicación del artículo 98 numerales 1) y 5) en relación con el artículo 112 letra l) del Código del Trabajo. Como consecuencia de lo anterior, en fecha 13 de enero del 2015, es decir, después de más de un (1) mes de haber sido despedidos todos los manifestantes o asambleístas, la institución demandada bajo el amparo al principio que reza: “Que los empleadores tendrán la libre administración de sus bienes y recursos con el fin de obtener el máximo beneficio posible tanto en lo económico como en lo social”, y luego de que todas las personas despedidas dejaran de formar parte del equipo de trabajo del INPREMA, a ruego del SITRAINPREMA se procedió al estudio minucioso de todos y cada una de las personas despedidas, encontrándose que algunos de ellos padecen de alguna incapacidad de tipo físico y/u otras causas análogas, el cual fueron considerados por la administración de la institución demandada y como consecuencia de eso, bajo el principio de libertad de administración se produjo la reinstalación de algunos trabajadores que habían trabajado para el INPREMA mediante acta levantada por la Secretaría de Trabajo, ante el Ministro del Trabajo Ingeniero Carlos Alberto Madero Erazo, pero que no tienen nada que ver y mucho menos ninguna relación con un acto de discriminación de raza, sexo, color, afiliación política, clase o cualquier otra contemplada en la Constitución de la República y los Convenios Internacionales, ya que, como se repite al momento de sus despidos no hubo preferencia a favor de nadie y se procedió al despido de todos por igual, bajo el entendido de que por políticas de administración e indistintamente del rompimiento del vínculo contractual y por un acto meramente humano, la institución demandada ofreció el pago de las prestaciones laborales en un término pactado igual a 10 días hábiles contados a partir del 13 de enero del 2015, razón por la cual, un grupo de trabajadores optó por dicho pago de prestaciones laborales y el resto decidió enfrentar a la justicia laboral.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral para el reintegro instaurada por las señoras Rita Lorena Abadie Fúnez, Lidiana María Padilla Hernández y María Inés Santos, contra el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA); condenando a la institución demandada a reintegrar a las demandantes a sus puestos de trabajo respectivamente por lo menos en las mismas condiciones a las que se tenía al momento de operarse el despido; el reconocimiento a las demandantes del pago de los salarios dejados de percibir y demás derechos que se les adeuden o se hayan generado desde el día que se operó el despido hasta el reintegro a título de indemnización por daños y perjuicios quedando sujeta a la liquidación que se efectúe en su momento procesal oportuno, sin costas; bajo el criterio que si bien es cierto la parte demandada justifica la terminación de la relación laboral en que las demandantes abandonaron su puesto de trabajo sin autorización del patrono para asistir a la asamblea informativa convocada por el Sindicato de Trabajadores del INPREMA, al día 11 de noviembre de 2014, acreditando con los medios aportados al juicio la realización da la asamblea informativa antes citada causal invocada en la nota de despido, no obstante no acreditó en autos la asistencia de las demandantes a dicha asamblea informativa, pues de las lecturas de las Audiencias de Descargo, las demandantes no aceptaron su asistencia a la misma, a su vez no consta informe de la patronal reportando las ausencias injustificadas imputadas a las demandantes, contrario sensu las demandantes respectivamente acreditaron haber asistido a sus labores diarias el día 11 de noviembre de 2014, en su horario de trabajo (8:00 a.m. a 4:00 p.m.), por lo que del análisis de las pruebas aportadas al juicio se desprende que la causa invocada en la nota de despido, no fue probada en forma fehaciente, y en caso de existir indicios racionales de la patronal sobre la asistencia de las demandantes a dicha asamblea informativa, la medida adoptada para sancionar la supuesta falta alegada, es desproporcional, ya que no consta en autos que las demandantes sean reincidentes en dicha conducta; asimismo se probó un trato discriminatorio por parte da la patronal a las demandantes tal como consta en el acta de fecha 12 de enero de 2015, en donde se acordó el reintegro de 105 trabajadores, que habían sido despedidos por las mismas causas, excluyendo a las demandantes; por las razones expuestas se concluye que la parte demandada no logró acreditar en juicio los hachos y razones de la defensa, tomando en cuenta que el despido es la sanción más grave impuesta por el patrono al trabajador, el cual debe de obedecer a especialísimas circunstancias consideradas como faltas muy graves contempladas en la Ley o en el Reglamento Interno de Trabajo, por lo que la suscrita no encuentra ajustado a la legalidad las razones invocadas a las trabajadoras demandantes para separarlas de su cargo, violentando con ello el Derecho al Trabajo y al Derecho de la Estabilidad Laboral, reconocido como un Derecho Humano, por lo que es procedente declarar con lugar la presente demanda.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha tres de noviembre de dos mil dieciséis, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que corresponde la prueba del despido a la parte demandante y la justificación del mismo a la parte demandada, y en el presente caso fue acreditado en el juicio que las demandantes mediante nota se les despidió de sus puestos de trabajo, por haber abandonado sus labores el día 11 de noviembre del año 2014, sin justa causa de impedimento y sin permiso del patrono, para trasladarse al parqueo de la institución a celebrar ilegalmente una asamblea informativa, misma que no había sido autorizada por la institución y que es constitutiva de suspensión intempestiva de labores y no habiendo podido justificar las razones de la suspensión de labores en los hechos apuntados, por tal motivo se le pone fin a la relación laboral por la vía de despido directo. Que si bien es cierto fue acreditado que se llevó a cabo la asamblea informativa en el estacionamiento del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio por espacio de dos horas, sin embargo, se considera que la sanción impuesta a las demandantes es desproporcional a la falta cometida y por tal razón es procedente el reintegro solicitado en su demanda. Que haciendo un análisis de las pruebas allegadas al proceso, se concluye que la parte demandada no acreditó haber tenido justas causas para dar por terminado el contrato de trabajo de las demandantes, en consecuencia el despido es ilegal e injusto y procede por tal motivo declarar con lugar la demanda de que se ha hecho mérito.- 5. Mediante auto de fecha diecisiete de abril de dos mil diecisiete, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado LUIS ALBERTO ROVELO HERNANDEZ, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, compareció ante este Tribunal el Abogado LUIS ALBERTO ROVELO HERNANDEZ, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA), formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veintiuno de junio de dos mil diecisiete, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado NICOLAS GARCIA ZORTO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada María Fernanda Castro Mendoza, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. El recurso de casación tiene el fin principal de unificar la jurisprudencia nacional de Trabajo, bajo causales establecidas en el ordenamiento jurídico nacional. Éste es un recurso extraordinario o especial, examinando el enfrentamiento entre el fallo impugnado y las normas sustanciales que se estiman violadas, y en algunos casos aspectos fácticos y haz probatorio, previo una revisión a los requisitos y técnica del recurso.- II. Que el Abogado LUIS ALBERTO ROVELO HERNANDEZ, en su primer y único motivo de casación expresa lo siguiente: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley sustantiva nacional y de índole laboral, por infracción indirecta por la apreciación errónea del medio de prueba documental admitido a la parte demandante, que adelante se singularizan en relación a la demás prueba en su conjunto y que hizo incurrir en error de hecho que aparece manifiesto en los autos, y que llevó en forma indirecta a la Corte Sentenciadora a la violación del artículo 113 párrafo primero, interpretado, en relación con el artículo 60 de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido con el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. NORMAS ADJETIVAS QUE SIRVIERON DE MEDIO: Las normas adjetivas que sirvieron de medio para la violación de las sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRUEBA APRECIADA ERRÓNEAMENTE: Singularizo las pruebas erróneamente apreciadas, de la siguiente manera: LA DOCUMENTAL PUBLICA: admitida a la parte demandante que se refiere al ACTA DE ACUERDO CONCILIATORIO, celebrada en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán en fecha doce (12) de enero del año dos mil quince (2015) entre los señores Carlos Alberto Madero Erazo y Gina Hernández Martínez, Secretario de Trabajo y Seguridad Social y Directora General del Trabajo respectivamente, y los señores Ernesto Emilio Carias Corrales, Nessy Martínez y Geovanny Guifarro, en su condición de Director Presidente y Directores Especialistas del INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA), respectivamente y los señores José Roberto Reyes, Roberto Sevilla, Daniel Montalván, Mario Hernández, Arnoldo Aguilar, Gladys Waleska Duron, Carlos García, Ana Maribel Cubas, Delver García y Walter Dario Paredes en su condición de miembros de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (SITRAINPREMA). EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La Corte sentenciadora, al CONFIRMAR por unanimidad de votos el fallo dictado por el Juzgado de primera Instancia, manifiestamente incurrió en error de hecho, al apreciar erróneamente el medio de prueba señalado anteriormente y admitido a la parte demandante, en relación a los demás medios de prueba en su conjunto, ya que si bien es cierto, el Juzgador no está sujeto a la tarifa legal de las pruebas, sino que forma libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la sana critica de la prueba, tal y como está consagrado en el artículo 739 del Código de Trabajo, ésta disposición no impide de manera alguna que el Tribunal se coloque en una posición de profundo análisis para poder llegar a la verdad de los hechos e impartir justicia aplicando la Ley, por lo que deviene obligado a efectuar la apreciación de las pruebas en su conjunto o sea ello es una obligación insoslayable y esa apreciación debe ser acertada y completa. En el caso en particular si se hubiese apreciado correctamente por parte del Tribunal recurrido el medio de prueba señalado, se hubiera dado por establecido en forma indubitable que en el ACTA DE ACUERDO CONCILIATORIO no hubo tal acto discriminatorio o de marginamiento, puesto que la demandada a través de su Director Presidente, señor ERNESTO EMILIO CARIAS expuso que procedió al despido con justa causa de ciento cinco (105) trabajadores del INPREMA, el 05 de diciembre del 2014 y, que al solo efecto conciliatorio ofrece: “1. Del total del número de trabajadores despedidos, reinstalar a sus puesto de trabajo, a partir del trece (13) de enero del 2015 a los siguientes trabajadores…, 2…, 3…., 4. Frente a nuestra posición legal de considerar la existencia de la justa causa que motivo los despidos, siempre con el ánimo conciliatorio, el Directorio ofreció bajo la mejor modalidad legal por estar en el proceso de reorganización administrativa, hacer efectivo el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales a todos los reclamantes propuesta que no fructifico pero que concluyo con el resultado del arreglo conciliatorio que consta en la presente acta, por lo que queremos dejar de buena voluntad y con el mismo animo conciliatorio, constancia que dentro de un término prudencial de diez (10) días hábiles, contados a partir de esta misma fecha, estaremos con la voluntad y el ánimo de mantener nuestra propuesta para aquellos trabajadores que no forman parte del grupo a reinstalar, sin que se considere esto como parte o una obligación resultado del arreglos conciliatorio, SINO QUE ALGO DE NUESTRO PROPIO ALBEDRIO…,”. (Las negrillas, mayúsculas y los puntos suspensivos son míos). Del extremo que antecede, se aprecia que dicho medio de prueba lo que revela es que el INPREMA actúo bajo el amparo al principio que reza: Que los empleadores tendrán la libre administración de sus bienes y recursos con el fin de obtener el máximo beneficio posible tanto en lo económico como en lo social, y que dicho ofrecimiento conciliatorio no tiene ninguna relación con un acto de discriminación de raza, sexo, religión, color, afiliación política, clase o cualquier otra contemplada en la Constitución de la República y los Convenios Internacionales, ya que, el día 05 de diciembre del 2014 se procedió al despido ciento cinco (105) trabajadores del INPREMA por igual y con justa causa legal por haber abandonado sus puestos de trabajo y suspender intempestivamente sus labores el día 11 de noviembre del 2014, sin que operaran en dicha sanción administrativa preferencias y/o privilegios a favor de alguien en particular, aunado a esto, mi representada muy respetuosa de la ley y previo a su despido convoco en partes y en diferentes fechas a los ciento cinco (105) trabajadores a una audiencia de descargos la que tenía como propósito garantizarles el derecho Constitucional de defensa procediendo a contestar todos los asambleístas al ser interrogados sobre el porqué abandonaron sus puestos de trabajo y suspendieron intempestivamente sus labores “NO SE NO RECUERDO”. De acuerdo al extremo que antecede, a pedido del SITRAINPREMA y con la mediación del Secretario de Estado en los despachos del trabajo, el día 12 de enero del 2015 se levantó el acta del acuerdo conciliatorio bajo el propio albedrio de los representantes de la demandada y ahí se ofreció mediante arreglo conciliatorio el reintegro de un grupo de trabajadores y se fijó una fecha límite para aquellos que no formaran parte del grupo a reintegrar y optaran por el pago de sus prestaciones laborales, sin que esto signifique actos discriminatorios o de marginamiento, puesto que como se repite la misma se levantó y conto con la aprobación del Estado de Honduras a través del Secretario de Estado en los despachos de Trabajo y Seguridad Social, Señor Carlos Alberto Madero Erazo. Lo que llevó en forma indirecta a la Corte sentenciadora a la violación de los artículos 113 párrafo primero, al negar a mi representada la justa causa y la legalidad de la sanción del despido invocada a los demandantes, donde claramente apreció tanto en la forma y términos del despido que no se procedió al mismo con preferencias y privilegios para con algunos trabajadores de la institución demandada.”.- III. Que el cargo que antecede resulta inadmisible a razón de lo siguiente: el error de hecho solo procede en casación, cuando es ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos. En este caso, al revisarse la situación jurídica planteada, se advierte que se realizó el análisis y valoración del material probatorio aportado al proceso, determinando de conformidad a su libre convencimiento lo que corresponde.- IV. Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión de su único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 134, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2 h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3, 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código de Trabajo; 22, 197, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. WILFREDO MENDEZ ROMERO. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los un día del mes de marzo del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha cinco de febrero del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 07-17.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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