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Sentencia CL-031-18 — Registro 8803

Resumen

Segunda instancia confirmó sin lugar la demanda ordinaria laboral para el reintegro a los puestos de trabajo que desempeñaban los demandantes al momento que en el patrono dio por terminados sus contratos de trabajo, los derechos que se causen durante la secuela del juicio, pago de salarios caídos, vacaciones, décimo tercer mes, décimo cuarto mes y demás derechos laborales

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- IV. Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- V. Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- VI. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VII. Que en el presente caso, la acción de mérito tiene como base o pretensión que se reintegre a los trabajadores por despido ilegal e injustificado, reclamando el pago de indemnizaciones legales, argumentando que laboraban como guardias de seguridad del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y que el patrono dio por terminado el contrato de trabajo sin invocarles ninguna causa justa de terminación; la demandada, sostiene que los demandantes realizaban actividades especiales temporales, que por ello se celebraron contratos de ese tipo y por último, se les comunicó que no serían prorrogados sus contratos temporales de trabajo, conforme a lo dispuesto en la Resolución SOJD N°21-08-2012 de la Junta Directiva del IHSS.- VIII. Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula, Cortés, en fecha 12 de enero de 2018, REFORMA el fallo definitivo de primera instancia de fecha 28 de octubre de 2015, en el cual se declaró con lugar la demanda; decisión del Ad Quem que declaró sin lugar la demanda y absuelve a la demandada de la responsabilidad en cuanto a los conceptos reclamados (reintegro a sus labores y salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios), sin perjuicio de los derechos que a los trabajadores corresponda por la terminación del contrato de trabajo; Sin embargo, nuevamente resulta ser contradictoria, en cuanto a “la naturaleza permanente de la actividad, la que si bien es permanente pero está sujeta al sometimiento de dichos servicios de licitación pública según lo acordado en los citados contratos en virtud de que esa labor no forma parte del giro de la demandada…”; en segundo lugar, la sentencia es incongruente, entendiendo el principio de congruencia como la decisión en relación a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en el proceso, en el subjudice conforme a lo expuesto por las partes en su escrito de demanda y contestación, el hecho controvertido lo constituyen la justa causa o no de la terminación conforme a la normativa laboral y vinculado a ello, el carácter indefinido o temporal de la relación de trabajo, sino que hace referencia a un interés general y el reconocimiento a disposiciones de orden público."

Legislación citada

  • Constitución de la República, art. 129 (Rango Constitucional)
  • Código del Trabajo, art. 19 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 20 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 21 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- XI. Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe cuando conste en autos, decretarse de oficio, aunque las partes no la aleguen.- XII. Que por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veintiocho días del mes de marzo del dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha dieciséis de abril del dos mil dieciocho, por el Abogado SALVADOR ANTONIO ESPINOZA, en su condición de representante procesal de los señores KAREN ALUDIVET AGUILERA VALLEJO, CONCEPCION LOURDES PINEDA LARA, LILIAN WALESKA CRUZ BERBENA, MARCOS ISIDORO ORDOÑEZ VARGAS, RUBEN GUERRA DIAZ, MARIA SARA GUZMAN ABREGO, HENRY ALBERTO CHAVEZ BANEGAS, JOSE LORENZO MEJIA ORELLANA, AGUSTIN RAMOS GAMEZ, GEOVANNY RAMON FLORES MIRAMOR AGURCIA, OSCAR MIRAMOR MARTINEZ, JUAN BAUTISTA DIAZ, NELDA JUDITH HERNANDEZ RODRIGUEZ, MARIBEL INESTROZA ISAULA, FEDDY CAROLINA BENEGAS CALDERON, RAFAEL ENRIQUE ROMERO MONCADA, SANDRA YAMILETH ESTRADA HERRERA, y CARLOS FELIPE MEJIA RODRIGUEZ, como recurrente; además es parte recurrida, el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), representado en juicio por el Abogado HECTOR JESUS GARCIA MENDEZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para el reintegro a los puestos de trabajo que desempeñaban los demandantes al momento que en el patrono dio por terminados sus contratos de trabajo, los derechos que se causen durante la secuela del juicio, pago de salarios caídos, vacaciones, décimo tercer mes, décimo cuarto mes y demás derechos laborales, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha trece de diciembre del año dos mil doce, por los señores KAREN ALUDIVET AGUILERA VALLEJO, CONCEPCION LOURDES PINEDA LARA, LILIAN WALESKA CRUZ BERBENA, MARCOS ISIDORO ORDOÑEZ VARGAS, RUBEN GUERRA DIAZ, MARIA SARA GUZMAN ABREGO, HENRY ALBERTO CHAVEZ BANEGAS, JOSE LORENZO MEJIA ORELLANA, AGUSTIN RAMOS GAMEZ, GEOVANNY RAMON FLORES AGURCIA, OSCAR MIRAMOR MARTINEZ, JUAN BAUTISTA DIAZ, NELDA JUDITH HERNANDEZ RODRIGUEZ, MARIBEL INESTROZA ISAULA, FEDDY CAROLINA BENEGAS CALDERON, RAFAEL ENRIQUE ROMERO MONCADA, SANDRA YAMILETH ESTRADA HERRERA, y CARLOS FELIPE MEJIA RODRIGUEZ, contra el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), por medio de su Representante Legal el señor MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS,. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha doce de enero del dos mil dieciocho, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, misma que: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO HA LUGAR el recurso de apelación promovido por el abogado Héctor Jesús García Méndez en su condición de apoderado judicial del demandado Instituto Hondureño de Seguridad Social contra la sentencia de fecha veintiocho de octubre del año dos mil quince dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de ésta Sección judicial en la demanda que oportunamente le promoviera el abogado Salvador Antonio Espinoza en representación de los trabajadores KAREN ALUDIVET AGUILERA VALLEJO, CONCEPCION LOURDES PINEDA LARA, LILIAN WALESKA CRUZ BERBENA, MARCOS ISIDORO ORDOÑEZ VARGAS, RUBEN GUERRA DIAZ, MARIA SARA GUZMAN ABREGO, HENRY ALBERTO CHAVEZ BANEGAS, LORENZO MEJIA ORELLANA, AGUSTIN RAMOS GAMEZ, GEOVANNY RAMON FLORES AGURCIA, OSCAROS MIRAMOS MARTINEZ, JUAN BAUTISTA DIAZ, NELDA JUDITH HERNANDEZ RODRIGUEZ, MARIBEL INESTROZA ISAULA, FEDDY CAROLINA BENEGAS CALDERON, RAFAEL ENRIQUE ROMERO MONCADA, SANDRA YAMILETH ESTRADA HERRERA, Y CARLOS FELIPE MEJIA RODRIGUEZ, todos de generales conocidas en el proceso, en consecuencia se procede a REFORMAR la citada sentencia, reforma que se contrae a DECLARAR SIN LUGAR LA DEMANDA PARA EL REINTEGRO EN SUS LABORES O PUESTOS DE TRABAJO AL MENOS EN IGUALDAD DE CONDICIONES A LAS QUE TENIAL AL MOMENTO DE DARSE POR TERMINADOS SUS CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO; AL RECONOCIMEINTO Y PAGO DE LOS DERECHOS QUE SE CAUSEN DURANTE LA SECUELA DEL PRESENTE JUICIO, COMO SER DECIMO TERCER MES, DECIMOCUARTO MES Y VACACIONES CAUSADAS O QUE SE CAUSEN DURANTE EL PERSENTE JUICIO, ASIMISMO CUALQUIER OTRO BENEFICIO O DERECHO QUE LES PUDIESE CORRESPONDER, MAS A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA FECHA DE LA TERMINACION DE SUS CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO; absolviéndose a la entidad demandada de la responsabilidad por tales conceptos; lo anterior, sin perjuicio de los derechos que a los trabajadores corresponda por la terminación del contrato de trabajo.-SEGUNDO: Se confirma la citada sentencia en cuanto a la exoneración de costas de primera instancia: SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que los demandantes se desempeñaban como Guardias de Seguridad, devengando un salario promedio diario de L.303.99 unos y otros 303.33 o 327.33, trabajando turnos rotativos todos, teniendo una forma de pago mensual; en fecha 20 de octubre del 2012, mediante nota escrita el doctor MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS, actuando en su calidad de Director Ejecutivo del IHSS, se les notificó que a partir del 20 de octubre del 2012, ya no les prorrogarían sus contratos individuales de trabajo, por lo que no les fue invocada causal de terminación de contratos de trabajo. Los demandantes desempeñan una actividad que por naturaleza es de carácter permanente, habiendo pasado el periodo prueba hacía ya mucho tiempo, así mismo, la actividad laboral para la cual fueron contratados continua existiendo en la entidad demandada con el agravante que la jornada de trabajo se las han impuesto a otros sin pagar horas extraordinarias; que la prórroga o la no prórroga del contrato individual de trabajo a que hace alusión el patrono en las notas de terminación de los contratos individuales de trabajo no tiene asidero legal ni razón de ser, al tenor del artículos 3 y 47 del Código de Trabajo, pues reitera, la actividad por su naturaleza es de carácter permanente.- 2. La parte demandada, el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), contestó dicha demanda señalando que los demandantes firmaron contratos que fueron de carácter temporal, siempre se advirtió la disponibilidad financiera, por lo que los contratos eran temporales en virtud de las necesidades que a veces se presentan en la institución tal como lo establece el contrato que fue aceptado por las partes contratantes, y por último, se les comunicó que no serían prorrogados sus contratos temporales de trabajo, así como lo establece el Código del Trabajo, los contratos individuales de trabajo pueden ser por tiempo indefinido o por tiempo limitado, en este caso se especifica la fecha de terminación, siendo este, el contrato que se celebró con los demandantes, ya que se contrató para realizar actividades a las cuales no puede hacer frente la institución conforme lo dispuesto en la Resolución SOJD No. 21-08-2012 de junta Directiva del IHSS; así mismo, estos fueron contratados por un presupuesto temporal, en estructura organizacional de la Región del IHSS en San Pedro Sula, sus puestos fueron temporales, por lo que el contrato ha sido temporal aunque aleguen que fueran contratados por tiempo indefinido, porque la causa que originó el contrato era temporal, y esto lo establecen los artículos 46) b) y 47 párrafo primero del Código de Trabajo.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintiocho de octubre del año dos mil quince, dictó sentencia declarando CON LUGAR, la demanda ordinaria laboral para el reintegro a los puestos de trabajo, promovida por KAREN ALUDIVET AGUILERA VALLEJO, CONCEPCION LOURDES PINEDA LARA, LILIAN WALESKA CRUZ BERBENA, MARCOS ISIDORO ORDOÑEZ VARGAS, RUBEN GUERRA DIAZ, MARIA SARA GUZMAN ABREGO, HENRY ALBERTO CHAVEZ BANEGAS, JOSE LORENZO MEJIA ORELLANA, AGUSTIN RAMOS GAMEZ, GEOVANNY RAMON FLORES AGURCIA, OSCAR MIRAMOR MARTINEZ, JUAN BAUTISTA DIAZ, NELDA JUDITH HERNANDEZ RODRIGUEZ, MARIBEL INESTROZA ISAULA, FEDDY CAROLINA BENEGAS CALDERON, RAFAEL ENRIQUE ROMERO MONCADA, SANDRA YAMILETH ESTRADA HERRERA, y CARLOS FELIPE MEJIA RODRIGUEZ, contra el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), sin costas, bajo el criterio que los contratos de trabajo son pactados según lo expresado en la cláusula primera: que tiene por objeto básico de la contratación: a) Propósito de la presente contratación es el desarrollo de la implementación de un programa de Seguridad interna en las instalaciones del IHSS con la finalidad de salvaguardar todos los bienes y activos que a nivel Nacional tiene el Instituto Hondureño de Seguridad Social, como parte del patrimonio al servicio del Derecho habiente para que dichos servicios se desarrollen en las mejores condiciones de eficiencia, según la planilla donde laboran los demandantes o empleados por contrato denominada Gerencia administrativa/Coordinación, programa de seguridad; la planilla H56, perteneciente a los empleados por contrato como guardia de seguridad únicamente se puede constatar que todos pertenecen al departamento:1030701 y 1030703, que es la estructura o departamento al que pertenecen según el presupuesto y contabilidad de asignación presupuestaria presentada los guardias de seguridad pudiendo percatarse la suscrita juez que existen 21 nuevos contratos posteriores a la terminación de los demandantes según Historial del mes de junio del año. Los tribunales han establecido que la regla general es que la relación laboral sea permanente, el contrato de trabajo por tiempo limitado requiere la existencia de causas objetivas que le justifiquen que a juicio de este tribunal deben ser las establecidas en el artículo 112, como causas justificativas para ello y sin responsabilidad para la demandada, en el caso de autos tales circunstancias justificativas de causa justa y la necesidad de temporalidad no se ajusta a la realidad a este convencimiento poderosamente el hecho la existencia de las nuevas contrataciones en la fecha de terminación de los demandantes y todas las nuevas contrataciones; la demandada no demostró que dicho cargo era de carácter temporal por lo que es aplicable lo preceptuado en el artículo 47 del Código de Trabajo vigente incluso de los contratos consta que el servicio de vigilancia es para cuidar el buen desempeño de los servicios del Instituto, y cuidado de los bienes de la institución así mismo su pago deriva de una planilla HS6, que posee renglón presupuestario, por lo que no es cierto que se trate de servicios eventuales, sino de naturaleza permanente.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha doce de enero del dos mil dieciocho, dictó sentencia revocando la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que en el presente caso consta la suscripción de contratos temporales en el Programa Especial de Seguridad, junto con sus respectivas prorrogas, del espíritu de ésta contratación se concluye, que la misma se enmarca en el literal b) del artículo 46 del Código de la materia, pues la permanencia de los actores en ésta labor, está sujeta al sometimiento de dichos servicios a licitación pública, en virtud de que esa labor no forma parte del giro de la demandada según se expuso en la primera y sexta cláusula del mencionado; es por ello que la extinción contractual depende funcionalmente del acaecimiento de ese hecho o circunstancia, o si concurre causa justa o legal para ello, indistintamente de la fecha que se haya establecido para su terminación. En este sentido, el Poder Ejecutivo ha instruido a las Juntas Directivas de las Instituciones Descentralizadas que tomaran las medidas pertinentes de recorte de gastos aprobados en el Decreto Ejecutivo PCM -029-12 de fecha 14 de agosto del 2012, prohibiéndose a partir del citado decreto la contratación y nombramiento de personal permanente y temporal, por contrato o por jornal y la contratación de servicios técnicos y profesionales; Decreto éste que en su momento sirvió a la junta directiva del demandado Instituto Hondureño de Seguridad Social para instruir a la Dirección Ejecutiva, a fin que procediera entre otros, a la reducción del personal del Instituto, reducción que limitó a 21 trabajadores la cantidad de los que prestaban servicios como vigilantes en las oficinas que la demandada tiene en esta región, en las mismas condiciones de contratación que los actores según se constata del documento que llevó al A-quo a considerar erróneamente la existencia de nuevas contrataciones en sustitución de los demandantes, decisión ésta que pese a limitar el derecho a la estabilidad, por motivos de interés general, autoriza legalmente la terminación del contrato, aunque dicha terminación debe tener un alcance integral para resarcir los daños que provoca la pérdida de la estabilidad y las consecuencias de la finalización anticipada luego de haber sido dicha relación continua e ininterrumpida por tres y cuatro años, sentido éste al que se refiere el citado Decreto al sujetar las reducciones de conformidad a las leyes laborales. Por las razones expuestas se estiman atendibles las argumentaciones del recurrente, la juez partió de una premisa falsa, la existencia de nuevas contrataciones, cuando estas se refieren al personal al que quedó limitado el servicio de vigilancia por virtud del Decreto, y la naturaleza permanente de la actividad, la que si bien es permanente, pero está sujeta al sometimiento de dichos servicios a licitación pública según lo acordado en los citados contratos, en virtud de que esa labor no forma parte del giro de la demandada según se expuso en la primera y sexta cláusula del mismo; el despido se produjo no por una causa justa pero si legal al tenor de lo establecido en el artículo 111 literal a) del Código del Trabajo, la que si bien no conlleva la posibilidad de un reintegro en aras del interés general, pero si el deber patronal de reconocer las disposiciones de orden público que establece beneficios en casos de terminación del contrato.- 5. Mediante auto de fecha diecinueve de febrero del dos mil dieciocho, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado SALVADOR ANTONIO ESPINOZA, en su condición de representante procesal de los señores KAREN ALUDIVET AGUILERA VALLEJO, CONCEPCION LOURDES PINEDA LARA, LILIAN WALESKA CRUZ BERBENA, MARCOS ISIDORO ORDOÑEZ VARGAS, RUBEN GUERRA DIAZ, MARIA SARA GUZMAN ABREGO, HENRY ALBERTO CHAVEZ BANEGAS, JOSE LORENZO MEJIA ORELLANA, AGUSTIN RAMOS GAMEZ, GEOVANNY RAMON FLORES AGURCIA, OSCAR MIRAMOR MARTINEZ, JUAN BAUTISTA DIAZ, NELDA JUDITH HERNANDEZ RODRIGUEZ, MARIBEL INESTROZA ISAULA, FEDDY CAROLINA BENEGAS CALDERON, RAFAEL ENRIQUE ROMERO MONCADA, SANDRA YAMILETH ESTRADA HERRERA, y CARLOS FELIPE MEJIA RODRIGUEZ, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha dieciséis de abril del dos mil dieciocho, compareció ante este Tribunal el Abogado SALVADOR ANTONIO ESPINOZA, en su condición de representante procesal de los señores demandantes, formalizando su demanda, exponiendo tres motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha dieciséis de abril del dos mil dieciocho, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha cinco de septiembre del dos mil dieciocho, se declaró precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte del Abogado HECTOR JESUS GARCIA MENDEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que el Abogado SALVADOR ANTONIO ESPINOZA, en su escrito de formalización del recurso manifiesta lo siguiente: “PRIMER MOTIVO: Honorables Magistrados: Acuso la Sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva, por APLICACACIÓN INDEBIDA del artículo 2 del Decreto Ejecutivo PCM -029-12 de fecha 14 de agosto del 2012 y publicado en la Gaceta en fecha 15 de agosto del 2012 y del articulo 46 literal b del Código del Trabajo, dejando de aplicar los artículos 47 párrafo primero, en relación con el artículo 96 numeral 9 primera parte, 113 párrafo primero y tercero letra a) todos del Código del Trabajo; y 129 de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el numeral primero, párrafo primero del Art.765 numeral uno en su párrafo primero del Código del Trabajo. DOCTRINA: Honorables Magistrados: La Aplicación Indebida ocurre o se presenta cuando partiendo de la claridad de la norma y de la correcta interpretación dada por el juzgador, se aplica a un hecho que no obstante estar debidamente probado en el proceso no lo regula la norma invocada sino otra diferente, o cuando debiendo aplicarla a un caso que si es aplicable, deja de hacerlo o le hace producir efectos que la norma no contempla. En el mismo orden de exposición, la Aplicación Indebida tiene lugar cuando entendida rectamente una norma en sí misma, y sin que medien errores de hecho o de derecho, se hace aplicación de la regla jurídica a un hecho probado pero no regulado por la norma aplicada. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN: Señores Magistrados, tal y como lo ha reconocido el Tribunal de Apelación en su Sentencia Definitiva objeto del presente recurso, mis representados laboraron ininterrumpidamente para el IHSS por varios años, como Guardias de Seguridad o vigilantes. Finalmente se les despidió argumentando que ya no sería prorrogado dicho Contrato Individual de Trabajo. Fundamentándose el patrono en el artículo 2 Decreto Ejecutivo No.029-12, de fecha 14 de agosto del 2012 y publicado en la Gaceta en fecha 15 de agosto del 2012, incurriendo en la violación de las normas sustantivas 47, 96 numeral 9, 113 párrafos primero, y tercero letra a) del Código del Trabajo, y el artículo 129 de la Constitución de la República. El Tribunal de Apelación aplicó indebidamente a dicha situación jurídica como normas legales el artículo 46 letra b) y el articulo 2 del Decreto Ejecutivo No.029-12 de fecha 14 de agosto del 2012 y publicado en la Gaceta en fecha 15 de agosto del 2012 . Con todo respeto Honorables Magistrados, considero que las normas a aplicarse en el presente caso eran los artículos: 47, 96 numeral 9, 113 párrafos primero y tercero letra a) del Código del Trabajo, y el articulo 129 de la Constitución de la República, que en el presente caso tratándose de una norma de carácter social forzosamente baja de esa superestructura adquiriendo el carácter de norma sustantiva. Provocando con ello la violación de las normas sustantivas precitadas. En mérito de lo expuesto y siendo que la finalidad del Recurso de Casación es la defensa de la ley sustantiva y la de unificar la jurisprudencia nacional del trabajo, el presente motivo debe ser estimado en Casación. SEGUNDO MOTIVO: Honorables Magistrados: Acuso la Sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva, por INFRACCIÓN DIRECTA del artículo 47 párrafo primero, en relación con el artículo 96 numeral 9 primera parte, 113 párrafo primero y tercero letra a) todos del Código del Trabajo; y 129 de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el numeral primero, párrafo primero del Art.765 párrafo primero del Código del Trabajo. DOCTRINA: Honorables Magistrados: La Infracción Directa ocurre o se presenta cuando se deja de aplicar una norma a un hecho que el fallador considera existente, porque envuelve ignorancia de la Ley. En esa misma perspectiva, la violación directa de una norma se configura por la ostensible rebeldía o desconocimiento del fallador respecto de la norma, sin que esa actitud pueda referirse a errores en la estimación probatoria. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN: Señores Magistrados, tal y como lo ha reconocido el Tribunal de Apelación en su Sentencia Definitiva objeto del presente recurso, mis representados laboraron ininterrumpidamente para el IHSS por varios años, como Guardias de Seguridad o vigilantes. Finalmente se les despidió argumentando que ya no sería prorrogado dicho Contrato Individual de Trabajo. Fundamentándose el patrono en el artículo 2 del Decreto Ejecutivo No.029-12 de fecha 14 de agosto del 2012 y publicado en la Gaceta en fecha 15 de agosto del 2012. El Tribunal de Apelación dejó de aplicar los artículos: 47, 96 numeral 9, 113 párrafos primero, y tercero letra a) del Código del Trabajo, y el artículo 129 de la Constitución de la República, que en el presente caso tratándose de una norma de carácter social forzosamente baja de esa superestructura adquiriendo el carácter de norma sustantiva. Provocando con ello la violación directa de las normas sustantivas precitadas. En mérito de lo expuesto y siendo que la finalidad del Recurso de Casación es la defensa de la ley sustantiva y la de unificar la jurisprudencia nacional del trabajo, el presente motivo debe ser estimado en Casación. TERCER MOTIVO: Acuso la Sentencia Definitiva recurrida de ser violatoria por INFRACCIÓN INDIRECTA, proveniente de Errores de Hecho, en que incurrió el tribunal de Apelación en mala apreciación de la prueba. Provocando con ello la violación indirecta de los artículos 47 párrafo primero, en relación con el 96 numeral 9 primera parte; 113 párrafos primero y tercero letra a); por intermedio de los artículos 8 y 738 todos del Código del Trabajo de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de Casación esta comprendido en el numeral primero párrafo segundo del art. 765 párrafo segundo del Código del Trabajo. DOCTRINA: Honorables Magistrados: La Infracción Indirecta ocurre o se presenta a través de Errores de Hecho o de Derecho en la apreciación de las pruebas, es decir, que entre la Sentencia acusada y la ley sustancial hay de por medio un problema probatorio, siendo éste precisamente el camino a través del cual se llega a la violación de una norma sustantiva. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN: Señores Magistrados, el Tribunal de Apelación ha apreciado en forma errónea el Medio de Prueba denominado: denominado como RECONOCIMIENTO JUDICIAL, que obra en la primera pieza de autos a folio 600, frente y vuelto, que singularizo en éste acto, veamos: Con el medio de prueba antes indicado se acreditó plenamente que posterior al despido de mis mandantes el patrono procedió a firmar nuevos contratos con 21 trabajadores quienes iniciaron su Contrato de Trabajo para el IHSS, en el año 2013, es decir que fueron contratados por el IHSS posterior al despido de mis representados, para laborar en la misma actividad laboral que realizaban mis mandantes, folios 600 y 601 de la primera pieza de autos. La Corte de Apelaciones del Trabajo, se equivoca y evidentemente aprecia erróneamente dicho medio de prueba, convirtiéndose además en juez y parte al no apreciar lo realmente expresado y constatado en el medio de prueba precitado. El Tribunal de Apelación al dejar de apreciar el contenido de dicho medio de prueba violenta por intermedio del artículo 738 los artículos: 47, 96 numeral 9, 113 párrafos primero, y tercero letra a) del Código del Trabajo, y el artículo 129 de la Constitución de la República. Provocando con ello la violación indirecta de las normas sustantivas precitadas. En mérito de lo expuesto y siendo que la finalidad del Recurso de Casación es la defensa de la ley sustantiva y la de unificar la jurisprudencia nacional del trabajo, el presente motivo debe ser estimado en Casación. Con el respeto de siempre al Honorable Tribunal Supremo Pido: tener por devuelto en tiempo y forma el traslado que me fuera conferido y por formulado el presente recurso de casación; casar la Sentencia Impugnada, y que la Honorable Corte Suprema de Justicia, se constituya en Tribunal de Instancia, y proceda a dictar en su reemplazo la respectiva Sentencia de conformidad a lo expuesto en el acápite intitulado Declaración del Alcance de la Impugnación de la presente Demanda de Casación.”.- II. Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- III. Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- IV. Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- V. Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- VI. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VII. Que en el presente caso, la acción de mérito tiene como base o pretensión que se reintegre a los trabajadores por despido ilegal e injustificado, reclamando el pago de indemnizaciones legales, argumentando que laboraban como guardias de seguridad del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y que el patrono dio por terminado el contrato de trabajo sin invocarles ninguna causa justa de terminación; la demandada, sostiene que los demandantes realizaban actividades especiales temporales, que por ello se celebraron contratos de ese tipo y por último, se les comunicó que no serían prorrogados sus contratos temporales de trabajo, conforme a lo dispuesto en la Resolución SOJD N°21-08-2012 de la Junta Directiva del IHSS.- VIII. Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula, Cortés, en fecha 12 de enero de 2018, REFORMA el fallo definitivo de primera instancia de fecha 28 de octubre de 2015, en el cual se declaró con lugar la demanda; decisión del Ad Quem que declaró sin lugar la demanda y absuelve a la demandada de la responsabilidad en cuanto a los conceptos reclamados (reintegro a sus labores y salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios), sin perjuicio de los derechos que a los trabajadores corresponda por la terminación del contrato de trabajo; Sin embargo, nuevamente resulta ser contradictoria, en cuanto a “la naturaleza permanente de la actividad, la que si bien es permanente pero está sujeta al sometimiento de dichos servicios de licitación pública según lo acordado en los citados contratos en virtud de que esa labor no forma parte del giro de la demandada…”; en segundo lugar, la sentencia es incongruente, entendiendo el principio de congruencia como la decisión en relación a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en el proceso, en el subjudice conforme a lo expuesto por las partes en su escrito de demanda y contestación, el hecho controvertido lo constituyen la justa causa o no de la terminación conforme a la normativa laboral y vinculado a ello, el carácter indefinido o temporal de la relación de trabajo, sino que hace referencia a un interés general y el reconocimiento a disposiciones de orden público.- IX. Por otra parte, conforme a lo expuesto, establece la Corte de Apelaciones que, la labor no es del giro de la demandada, sin embargo, no establece con claridad si son labores que conforme al principio de primacía de la realidad, se efectúan en la institución, ya que además, hay que tener presente que la valoración de si las labores son del giro de la demandada se debe hacer desde la óptica laboral y no propiamente giro mercantil, siendo entonces lo esencial a determinar si la demandada requiere de dichas labores, así como la revisión de los elementos de un contrato de trabajo conforme al artículo 20 del Código del Trabajo y a sus causas legales y justas de terminación. Además, el principio de personalidad del recurso debe operar en el análisis o estudio de la apelación propiamente dicha, es decir, la confrontación por parte del Juzgador de instancia del agravio expuesto con la sentencia, sin embargo, en materia laboral no pueden quedar excluidos otros principios propios que rigen la materia, a los que eminentemente debemos dar preeminencia, siempre y cuando sean aplicables a la situación jurídica debatida, es decir, los poderes del Juzgador en materia laboral basados en dichos principios laborales, mismos que no pueden estar limitados por principios de orden procesal.- X. Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- XI. Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe cuando conste en autos, decretarse de oficio, aunque las partes no la aleguen.- XII. Que por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5, 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 666 letra c), 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200, 206, 208 del Código Procesal Civil; 9 y 11del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula, Cortés, de fecha 12 de enero de 2018, visible a folios 44 al 51 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinticuatro días del mes de abril del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha veintiocho de marzo del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 31-18.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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