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Sentencia CL-03-18 — Registro 9079

Resumen

En primera instancia se declaró con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido directo, ilegal e injusto, costasy la relación de trabajo permanente. Confirmada en segunda instancia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

  • III. Que el cargo que antecede no resulta admisible por las razones siguientes: a) el artículo 46 literal b) del Código del Trabajo, no ostenta la calidad de sustantiva siendo su naturaleza conceptual. Conviene recordar que norma sustantiva es aquella que confiere derechos y obligaciones correlativas o los extingue; b) invoca infracción indirecta y en el concepto de la infracción alega la infracción directa, careciendo de claridad y precisión y este vuelve el motivo confuso; c) cuando se alega la infracción indirecta, se entiende que hay una violación a una norma sustantiva, pero a través de normas procesales o adjetivas que se llega a materializar esa infracción. En el caso de mérito, la censora es totalmente omisa de las normas procesales que la llevaron a la infracción de las normas sustantivas; d) en la explicación se alude a los artículos 2 numeral 2, 112, 117 y 691 del Código de Trabajo, articulo 3 inciso a), 6, 42 literal a), 108 de la Ley de Jurisdicción de Contenciosos Administrativo, disposición que no fueron señaladas como infringidas o relacionadas en la formulación y e) Se realizan alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario.-

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintitrés de julio del dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha diecinueve de marzo del dos mil dieciocho, por la Abogada ZOILA ROSA FLORES AMADOR, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además es parte recurrida la señora KENSY ALICE ESCOTO LOPEZ, representado en juicio por el Abogado DAVID GABRIEL ALVARADO LEITZELAR. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para que se condene al demandado al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido directo, ilegal e injusto, costas., promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintidós de abril del dos mil quince, por la señora KENSY ALICE ESCOTO LOPEZ, mayor de edad, soltera, Licenciada en Pedagogía y de este domicilio, contra del ESTADO DE HONDURAS por medio de su representante legal, el Procurador General de la República, Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha tres de noviembre del año dos mil diecisiete, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha veintiséis de julio del año dos mil diecisiete, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral promovida por KENSY ALICE ESCOTO LOPEZ en contra del ESTADO DE HONDURAS a través de su Representante Legal la Procuradora General de la República ABRAHAM ALVARENGA URBINA. 2) Declara la relación de trabajo permanente a partir del 1 de marzo del año 2012. 3) CONDENA al ESTADO DE HONDURAS a pagar a la demandante KENSY ALICE ESCOTO LOPEZ la cantidad de OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS (L 82,234.99), por los conceptos siguientes: PREAVISO L. 25,666.68, AUXILIO DE CESANTIA L 25,666.68, AUXILIO DE CESANTIA PROPORCIONAL L. 10,660.18, VACACIONES (22 días) L 9,411.16, VACACIONES PROPORCIONALES L 5,500.05 y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde que se produjo el despido hasta que quede firme el presente fallo. SIN COSTAS en esta instancia”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que comenzó a laborar en la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social a partir del 1 de marzo del año 2012, desempeñándose en forma continua y permanente como promotor de Empleo, en el Programa Nacional de Empleo por Hora, teniendo como último salario L 11,000.00. Pese a que las labores desempeñaba eran de forma permanente y continua, fue contratada bajo la modalidad de contratos de servicios profesionales, lo cual es una simulación, ya que laboro por más de 200 días conforme al artículo 347 del Código del Trabajo, cumpliendo los elementos del contrato de trabajo, tipificados en el artículo 20 del Código del Trabajo. El 26 de diciembre del 2014, se le notificada que fue cancelada de su cargo en vista que su contrato de trabajo vencía el 31 de diciembre del año 2014, causal que no se encuentra dentro de las estipuladas en el artículo 112 del Código del Código del Trabajo., ya que al ser sus funciones permanentes debió invocar causal de despido, para poder prescindir del actor.- 2. La parte demandada, EL ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que rechazando las pretensiones de la demandante en vista que no existió una relación laboral en la cual haya existido un despido ilegal e injustificado, sino contratos de servicios administrativos con fecha de inicio y terminación desempeñándose en el cargo de Promotor de Empleo en el recién Programa Nacional de Empleo Por Hora (PRONEH), creado como un programa de emergencia de carácter temporal y no permanente, las condiciones contractuales fueron aceptadas u consentidas por la demandante por lo cual firmo el último contrato administrativo regido por las disposiciones del Derecho Administrativo, por lo cual se encontraba obligada a cumplirlos al tenor de los mismos.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de julio del año dos mil diecisiete, dictó sentencia declarando CON LUGAR, la demanda ordinaria laboral promovida por KENSY ALICE ESCOTO LOPEZ, contra EL ESTADO DE HONDURAS, sin costas, bajo el criterio que que las contrataciones sucesivas desde el 1 del mes de marzo del año 2012 hasta diciembre del año 2014 entre las mismas partes, con objeto y causa idénticos, al tenor de lo estipulado en el artículo 52 párrafo tercero del Código del Trabajo, hacen presumir una sola, en el presente caso esta situación se ha dado, debido a que fue contratada en el período arriba señalado, por lo que hubo continuidad en el servicio, por lo tanto la antigüedad se cuenta a partir del 1 de marzo del año 2012. Que el contrato por tiempo indeterminado se reconocen en excepciones en casos determinados, de allí que existe una marcada tendencia a declarar existente un contrato por tiempo indeterminado en casos de prórrogas sucesivas a los que se refiere el artículo 48 del Código del Trabajo y, en general, en todos aquellos donde la fijación del término, con la intención de hacer fraude a la ley, pueda considerarse simulada. Siendo que la relación del trabajo con la demandante era laboral y de tipo permanente, para que el Estado de Honduras diera por terminado el contrato de trabajo sin responsabilidad, debió haber despedido a la trabajadora fundamentado su separación en el artículo 112 del Código del Trabajo y notificado bajo los términos estipulados en el artículo 117 del mismo cuerpo de ley, no siendo así, al notificar la terminación del contrato simulado mediante nota de fecha 26 de diciembre del año 2014, se produjo un despido que además de ilegal fue injusto.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha tres de noviembre del año dos mil diecisiete, dictó sentencia confirmando la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que se dieron los presupuestos para considerar el contrato de trabajo por tiempo indefinido, como ser: La trabajadora prestó sus servicios a la institución en forma sucesiva desde el 01 de marzo del 2012 hasta el 31 de diciembre del 2014, siempre en el cargo de Promotor de Empleo, sometida a un horario de trabajo de lunes a viernes de 8:oo a.m. a 4:00 p.m. y de conformidad a lo que dispone el artículo 52 en su párrafo tercero del citado Código del Trabajo, la relación que mantuvo la demandante con la institución adquirió el carácter de indefinida. La parte demandada no aportó ninguna prueba mediante la cual se pudiera establecer que al vencimiento del término de cada uno de los contratos, la causa para la cual fue contratada la trabajadora había desaparecido o que la naturaleza de las labores por ella desempeñadas ya no eran continuas en la institución o no tenían un carácter permanente, ni que en el organigrama de la institución no existe el puesto desempeñado por la trabajadora. Como principio general le corresponde al trabajador la prueba del despido, pero como la parte demandada en el presente caso arguye que la demandante no tenía un status permanente, por haberse celebrado varios Contratos de Servicios Profesionales y Técnicos; en consecuencia la probanza de la temporalidad de las labores le correspondían al Representante Procesal de la parte demandada, extremo que no lo hizo.- 5. Mediante auto de fecha seis de febrero del dos mil dieciocho, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada ZOILA ROSA FLORES AMADOR, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha diecinueve de marzo del dos mil dieciocho, compareció ante éste Tribunal la Abogada ZOILA ROSA FLORES AMADOR, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha diecinueve de marzo del dos mil dieciocho, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha once de abril del dos mil dieciocho, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte del Abogado DAVID GABRIEL ALVARADO LEITZELAR, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO: I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que la Abogada ZOILA ROSA FLORES AMADOR, en el primer motivo de casación alega: “Ser la sentencia impugnada violatoria de Ley sustantiva por Infracción indirecta de los artículo 46 literal b) del Código del Trabajo, en relación con los artículos 1348 del Código Civil; y 200, 201, 202, 206 y 207 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil; Artículos 5, 76, 78, numeral 1 y 2, 11, 112, 115, 12, 121, numeral 1, numeral 2 literal o) y d), 122, , 126, 127, 133, 135, , 142, comprendidos en el Capítulo X de la Administración de Recursos Humanos de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República del ejercicio Fiscal 2017, Decreto 171-2016; Artículos 5, 22, 105, 106, 107, 108, 110, 116, 120, 123, 127, 128 comprendidos en el Capítulo X de la Administración de Recursos Humanos de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República del ejercicio Fiscal 2017, Decreto 141- 2017; por la apreciación y valoración errónea del medio de prueba Documentales: 1) Memorando N.0876-2014 de fecha 26 de diciembre de 2014, anexo al folio 4, expediente 536-2015-LTO; 2) Contratos de Servicios Profesionales , anexos a los folios 23 al 33 frente y vuelto, Expediente No. 536-2015-LTO; en, que sin duda alguna si se hubiere apreciado y valorado la prueba mencionada otro hubiere sido el destino de la decisión judicial. PRECEPTO AUTORIZANTE CON RESPECTO AL UNICO MOTIVO: Autoriza este motivo de casación el 765 numeral uno párrafo segundo del Código del Trabajo. CONCEPTO DE LA INFRACCION. Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por infracción directa del articulo 46 literal b) del Código Laboral que establece: “El Contrato Individual de trabajo puede ser: a)... b) Por tiempo limitado, cuando se específica fecha para su terminación o cuando se ha previsto su acaecimiento...; por otro lado nuestro Código Civil en su artículo 1348 prescribe: “Las Obligaciones que nacen de los Contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos”, a tal efecto en el presente caso, el Juzgador no aprecio ni valoro el Medio de Prueba Documental 1) Memorando N. 0876-2014 de fecha 26 de diciembre de 2014, anexo al folio 4, expediente 536-2015-LTO; 2) Contratos de Servicios Profesionales, anexos a los folios 23 al 33 frente y vuelto, Expediente 536-2015-LTO; en el que se demuestra que el demandante únicamente sostuvo con mi representado el Estado de Honduras, una relación de prestación de servicio temporal por tiempo determinado bajo el sistema de Contrato de Servicios Profesionales, nombrado bajo el cargo de Promotor de Empleo, cargo en el cual los Servicios prestados eran retribuidos en favor de la hoy demandante, afectando la subcuenta con código 12100, Sueldo Básicos de Personal No Permanente. la modalidad bajo la cual fue contratada la parte actora de la demanda fue mediante la suscripción de Contrato Administrativo de Servicios Personales por tiempo determinado, contratos con fecha de inicio y de finalización, todos con duración variada en el tiempo pero de fecha limitada y determinada, regidos por las disposiciones del Derecho Administrativo, y en caso de controversia sujetos a la jurisdicción de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, igualmente de lo que preceptúan los artículos 2 Numeral 2, 691 del Código del Trabajo, art. 3 inciso a), art. 6, 42 literal a) 108, de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, se infiere que la Jurisdicción que debe conocer sobre la Acción Laboral bajo examen es la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por lo que el Juzgado de Letras del Trabajo, debió de oficio inhibirse del conocimiento de la misma, por no estar contemplado el negocio Jurídico dentro las esfera de sus atribuciones, ya que las causas relativas a los Contratos administrativos de Servicios Personales cuando participa el Estado de Honduras, son propias de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; no obstante es preciso señalar también como fundamento que la Jurisdicción del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo es improrrogable según lo determina el Art. 6 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, declarando la falta de jurisdicción por razón de la materia inclusive de oficio; por consiguiente corresponde al Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial, dirimir las controversias surgidas en las presentes diligencias. En virtud del Contrato administrativo de Servicios Personales se constituyó en un acto cuyo alcance regulaba las obligaciones entre las partes contratantes, circunscribiéndose las mismas únicamente en cuanto a las obligaciones contempladas en el indicado Contrato, pero fuera de los alcances de una relación de trabajo permanente, y por esa razón ambas partes se sometieron únicamente a la normativa de dicho forma de contratación, en el entendido que el demandante era un trabajador temporal y que consecuentemente mi representado, no tenía más obligaciones de las que se generaron de dichos contratos; mismos que están regulados en caso de controversia por la Ley de la Jurisdicción de lo contencioso Administrativo de Honduras, en tal sentido no correspondía a la jurisdicción laboral el conocimiento de la Prestación de Servicio del demandante en vista que, NO ESTA SOMETIDO al Régimen Ordinario Laboral. La Contratación de la demandante bajo el Sistema de Contratos de Servicios Profesionales fue por tiempo limitado o determinado, supeditado también a las disposiciones plasmadas en la Artículos 5, 76, 78, numeral 1 y 2, 11, 112, 115, 12, 121, numeral 1, numeral 2 literal c) y d), 122, , 126, 127, 133, 135, , 142, comprendidos en el Capítulo X de la Administración de Recursos Humanos de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica del ejercicio Fiscal 2017, Decreto 171-2016; Artículos 5,22, 105, 106, 107, 108, 110, 116, 120, 123, 127, 128 comprendidos en el Capítulo X de la Administración de Recursos Humanos de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica del ejercicio Fiscal 2017, Decreto 141-2017; creadas mediante Decreto Ejecutivo, por ende tienen carácter de Ley. El Juzgador A Quo como el tribunal Ad Quem, es su condición de juzgador al examinar el expediente de demanda “presume” que a partir del 01 de marzo del año 2012 hasta el 31 de diciembre del 2014, el trabajador fu contratado en forma continua para laborar para la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, apreciación errónea del medio de prueba documental del actor de la demanda. la falta de sustentación Legal de ¡a reclamación de la demandante señora KENSY ALICE ESCOTO LOPEZ, se refleja con reiteración durante la secuela del juicio, en vista que suscribió con mi representado el Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, contratos de servicios personales por tiempo determinado (a plazo fijo), o que esta preceptuado en el artículo 3 inciso a), 6, 42, 108, de la ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por lo cual se infiere que la Jurisdicción que debe conocer de la presente acción es a Jurisdicción Contencioso Administrativo, y conforme al artículo 2 numeral 2 del Código de Trabajo, el Juzgado de Letras del Trabajo de oficio” debió inhibirse del conocimiento de la misma, ya que las causas relativas a los contratos de Servicios cuando participa el Estado de Honduras, son propias de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo por ser servidor público y no servidores privados los demandantes. A Contrario sensu la Jurisdicción del Trabajo entre particulares esta instituida para decidir los conflictos que se originan directa o indirectamente de los contratos de trabajo cuyas disposiciones se reglamentan con la normativa laboral; sin embargo la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, por los “criterios unificados de justicia laboral” presuponen la supremacía a la legalidad para hacer posible la recta observancia de la ley; surgiendo entonces la necesidad de acudir ante el Tribunal Supremo en repetición y protección de nuestras consideraciones, igualmente en apego a lo establecido en el artículo 665 párrafo primero del Código del Trabajo, que literalmente prescribe: “La jurisdicción del trabajo esta instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente de los contratos de trabajo”. El juzgador también motiva la sentencia estableciendo que de conformidad con el artículo 112 y 117 del Código de Trabajo el patrono el Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social “no acredito la justa causa del despido”, en consecuencia declara con lugar la presente demanda porque es evidente que el demandante a pesar de haber sido contratado como PROMOTOR DE EMPLEO, desde el inicio de la relación laboral, al producirse el despido al trabajador, este demando el emplazamiento por despido directo, ilegal e injusto”, y condena a mi representado a reintegrarlo al puesto de trabajo (Ver Considerando (9) de la Sentencia definitiva de fecha veintiséis (26) de iulio de dos mil diecisiete (2017) condenándolo igualmente al pago de salarios dejados de percibir, vacaciones y demás derechos laborales que correspondan a título de indemnización por daños y perjuicios, sin apreciar el Juzgador el medio de prueba documental que acredita la contratación a término de la hoy demandante en el cargo de Promotor de Empleo, él que además era temporal y por tiempo limitado y que no puede existir causa ni justa ni injusta de despido porque simplemente termino su prestación de servicio por llegar a la fecha de finalización de su nombramiento ministerial por planilla, de conformidad con lo que preceptúa el articulo 46 literal b) del Código del Trabajo, en relación con los artículos 1348 Código Civil, Artículos 200, 201, 202, 206 y 207 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil; tampoco valora el Juzgador el sustento jurídico de la normativa de las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República, en este caso para el Ejercicio Fiscal de los años 2017 y 2018 contenidos en las Publicaciones del Diario Oficial La Gaceta No.34,223 de fecha 27 de diciembre de 2016, contentiva del Decreto 171-2016 y número 34,546 del 19 de enero de -2018 contentiva del decreto 141-2017, en las cuales se puede constatar respectivamente la existencia de los artículos 5,76, 78, numeral 1 y 2, 11, 112, 115, 12, 121, numeral 1, numeral 2 literal c) y d), 122, , 126, 127, 133, 135, , 142, comprendidos en el Capítulo X de la Administración de Recursos Humanos de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos de la república del ejercicio fiscal del 2017, Decreto 171-2016; Artículos 5, 22, 105, 106, 107, 108, 110, 116, 120, 123, 127, 128, comprendido en el capitulo X de la Administración de Recursos Humanos de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República del ejercicio Fiscal 2017, Decreto 141-2017; y que todos en su texto legal establecen: “La contratación de personal con cargo al Objeto Especifico del Gasto, 12100 Sueldos Básicos (Personal NO permanente) se debe realizar en casos excepcionales bajo la responsabilidad del Titular de cada institución y/o Secretario de Estado correspondiente, siempre y cuando el personal a contratar figure en el Plan Operativo Anual (POA), que está contenido en el presupuesto aprobado y exista disponibilidad presupuestaria, sujetándose a la asignación aprobada en el presupuesto, y solamente en casos excepcionales y debidamente justificados ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, se permitirá la ampliación para este objeto exclusivamente con financiamiento dentro del mismo grupo de Servicios Personales...; en tal sentido estos contratos tendrán vigencia únicamente dentro del presente Ejercicio Fiscal, no debiendo considerarse para ningún efecto, al personal contratado bajo esta modalidad como permanente”, y su efectividad se computará desde la fecha en que este personal tome posesión del cargo. Quedando terminantemente prohibido nombrar personal no permanente, cuando en el Anexo Desglosado de Sueldos y Salarios Básicos de las Secretarías de Estado, exista puesto aprobado para el desempeño de las funciones, objeto del contrato relacionado con el Decreto No.223-2012 Resumen del Presupuesto del Sector Público lo preceptúa: “La Contratación de personal con cargo al Objeto especifico del gasto, 12100 Sueldo Básicos (Personal no Permanente)...” Capitulo VII Administración de Recursos Humanos artículo 114, es una asignación de la categoría de Contratos de personal no permanente estructura presupuestaria programa 101, Sub Programa 01, Actividad 01001 y el Renglón 12100, que regulan el sistema de Personal no Permanente por el cual fue nombrado la hoy demandante. Encontrándonos entonces frente a una acción Ultrapetita y Extra petita por parte del Juzgador pues concede al demandante más derechos y beneficios que los petitorios, dejando de un lado el principio legal que debe sujetarse todo nombramiento a las disposiciones presupuestarias, misma que prohíbe realizar compromisos o efectuar pago alguno fuera de las asignaciones notadas en el presupuesto de cada periodo fiscal en contravención de las normas presupuestarias; en ese orden de ideas y conforme a la Doctrina de la definición de Ultra petita es un expresión latina, que significa “más allá de lo pedido”, que se utiliza en el derecho para señalar la situación en la que una resolución judicial concede más de lo pedido por una de las partes, y Extra petita que es también una expresión latina, que significa “por fuera de lo pedido”, que se utiliza en el derecho para señalar la situación en la que una resolución judicial concede derechos que no fueron pedidos por una de las partes, y que según nuestro sistema procesal “El principio dispositivo es aquel en el que se asigna a las partes, y no al Juez, la iniciativa del proceso, el ejercicio y el poder de renunciar a los actos del proceso, en cambio el principio Inquisitivo, es otorgado al órgano jurisdiccional quien debe actuar por sí investigando los hecho probados, en consecuencia este fallo se ha convertido en extra petita cuando concede pretensiones o derechos que no forman parte del petitorio de la demanda, es decir, ocurre cuando la sentencia rebasa el marco de la demanda en términos cualitativos, “Cuando la condena le impone al demandado una prestación que no había pedido el demandante, otorgada por el Juez en la sentencia condenatoria, recayendo el fallo extra petita el exceso sobre un objeto no contemplado en la demanda; adicionalmente a los motivos de incongruencia hasta ahora explicados se encuentra el consistente en que no puede proferirse sentencia “por causa diferente a la invocada en ésta”, o sea en la demanda” decisión que no puede ser aumentada ya que, de lo contrario, sería “superar e! ejercicio de la facultad, llevarla más allá de donde la ejercitó el Aquo y esto no le está permitido, ni tampoco agravarla en vigencia del principio procesal de la no reformatio in pejus, garantía constitucional que hace parte del derecho fundamental al debido proceso. Por lo anteriormente expuesto, CASAR la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de este Departamento en fecha (3) de noviembre del año dos mil diecisiete, y consecuentemente declara confirma la sentencia de fecha 26 de julio del 2016 dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán de la Demanda Ordinaria Laboral de Emplazamiento por Despido Directo, Ilegal e Injusto, promovida por la señora KENSY ALICE ESCOTO LOPEZ.”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible por las razones siguientes: a) el artículo 46 literal b) del Código del Trabajo, no ostenta la calidad de sustantiva siendo su naturaleza conceptual. Conviene recordar que norma sustantiva es aquella que confiere derechos y obligaciones correlativas o los extingue; b) invoca infracción indirecta y en el concepto de la infracción alega la infracción directa, careciendo de claridad y precisión y este vuelve el motivo confuso; c) cuando se alega la infracción indirecta, se entiende que hay una violación a una norma sustantiva, pero a través de normas procesales o adjetivas que se llega a materializar esa infracción. En el caso de mérito, la censora es totalmente omisa de las normas procesales que la llevaron a la infracción de las normas sustantivas; d) en la explicación se alude a los artículos 2 numeral 2, 112, 117 y 691 del Código de Trabajo, articulo 3 inciso a), 6, 42 literal a), 108 de la Ley de Jurisdicción de Contenciosos Administrativo, disposición que no fueron señaladas como infringidas o relacionadas en la formulación y e) Se realizan alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario.- IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus cinco motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 770, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA.FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintitrés días del mes de agosto del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha veintitrés de julio del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 03-18.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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