Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CL-02-18 — Registro 9078

Resumen

En primera instancia se declaró con lugar la demanda ordinaria laboral para que se declare por tiempo indefinido la relación laboral originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos, en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo. Confirmada en segunda instancia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) El artículo 113 párrafo primero que fuera señalado como norma infringida, no tiene vinculación directa o indirecta con el caso debatido, ya que dicha disposición se encuentra relacionada al derecho que tiene el trabajador de emplazar al patrono, ante los tribunales del trabajo con el objeto de que le pruebe la justa causa en que se fundó el despido, situación ajena al asunto que nos ocupa, donde lo que se discute es el estatus o condición de empleados permanentes o no de los demandantes. b) Alude a disposiciones que no fueron señaladas como infringidas o relacionadas en su formulación, tal es el caso del artículo 11 de la ley de servicio civil. c) Formula alegatos propios de instancia.”

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veintitrés días del mes de julio del dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha quince de marzo de dos mil dieciocho, por la Abogada DIANA LETICIA GALLARDO CAÑAS, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además son parte recurrida, las señoras EVELIA OSBELY ARCHAGA ARGUIJO y MARIA ELISABETH CRUZ BENITES, representadas en juicio por el Abogado EDRAS RAFAEL GUTIERREZ OCHOA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para que se declare por tiempo indefinido la relación laboral originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos, en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo, en consecuencia se les conceda todos los derechos que ostentan los empleados con carácter permanente, pago de reajuste al salario mínimo y pago de salarios adeudados retroactivamente, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce de diciembre del dos mil quince, por las señoras EVELIA OSBELY ARCHAGA ARGUIJO, conserje y MARIA ELISABETH CRUZ BENITES, Licenciada en Informática Administrativa; ambas mayores de edad, solteras, hondureñas y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD, por actos realizados en el HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE, por medio del Procurador General de la República, señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA, mayor de edad, Abogado, hondureño y de este domicilio. El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veinte de octubre de dos mil diecisiete, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha uno de agosto de dos mil diecisiete, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por EVELIA OSBELY ARCHIAGA y MARIA ELISABETH CRUZ BENITES, contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en cuanto a declarar la relación de trabajo de forma permanente desde el inicio de la relación de trabajo y al pago del reajuste al salario mínimo y vacaciones adeudadas 2015-2016 y 2016-2017; 2) CONDENA al demandado EL ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA a declarar permanente la relación de trabajo desde el inicio de la relación de trabajo y pagar la cantidad de CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS OCHO LEMPIRAS CON CINCO CENTAVOS L.112,908.05 desglosados de la siguiente forma: para la señora EVELIA OSBELY ARCHIAGA Reajuste a la salario L. 57,639.00, Vacaciones adeudadas L.9,720.00, sub total = L.67,359.00; y para la señora MARIA ELISABETH CRUZ BENITES, Reajuste a la salario L. 37,109.05, Vacaciones adeudadas L. 12,440.00, sub total L. 49,549.05; 3) Declarando SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por EVELIA OSBELY ARCHIAGA y MARIA ELISABETH CRUZ BENITES, contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en cuanto al decimo tercer mes proporcional, decimo cuarto mes proporcional y vacaciones proporcionales; 4) ABSUELVE al demandado EL ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA a pagar a las señoras EVELIA OSBELY ARCHIAGA y MARIA ELISABETH CRUZ BENITES, decimo tercer mes proporcional, decimo cuarto mes proporcional y vacaciones proporcionales; 5) Declarar SIN LUGAR las COSTAS en esta Instancia”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que iniciaron la relación laboral para el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud Pública, asignadas en el Hospital General San Felipe, mediante la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos de la manera siguiente: Evelia Osbely Archaga Arguijo, el 11 de marzo del año 2011, desempeñándose en el puesto de Conserje, devengando un salario mensual de L.6,200.00; Maria Elisabeth Cruz Benites, el 27 de marzo del 2006, en el puesto de Programadora de Sistemas, devengando un salario mensual de L.8,000.00. Desde que iniciaron a laborar para la demandada han desempeñado las mismas funciones de manera permanente e ininterrumpida, bajo la subordinación de su empleador, así como consta en los contratos suscritos entre las partes, mismos que reúnen los elementos exigidos en los artículos 20 y 47 del Código del Trabajo, entendiéndose entonces que estamos ante un contrato de trabajo por tiempo indeterminado, regido por la jurisdicción laboral.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que se acepta parcialmente el hecho primero de la demanda, únicamente en lo que se refiere a que las demandantes sostienen una relación de prestación de servicios profesionales y técnicos con el demandado mediante el programa “Promoción de la Salud/Programa Amplio de Inmunización (PAT)” adscrito a la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud y no en el Hospital San Felipe como lo argumentan las demandantes. Originado a través de contratos temporales de Servicios Profesionales acordados a términos con fecha de inicio y terminación y no como manifiestan las demandantes que eran de forma continua e ininterrumpida, pues de ser así no es viable que las demandantes hayan interpuesto ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán una demanda para que se les otorgue el estatus de empleados permanentes; que a todas luces pretenden las demandantes con normativa subjetiva improcedente al caso confundir en sus análisis al examinador de la causa en virtud de que las actoras de la demanda obvian la modalidad bajo la cual han sido contratadas por el Estado de Honduras, al ampararse en un derecho objetivo inaplicable al caso concreto, ya que de considerarse el artículo 20 del Código del Trabajo citado por las demandantes procedente al caso y ser éste el estamento legal en el cual amparar el mismo estaríamos citando lo que establece el artículo 46 literal b) del Código de Trabajo al decir: “El contrato individual de trabajo puede ser:. . b) Por tiempo limitado, cuando se especifica fecha para su terminación...” donde de igual forma se ampara la argumentación que la contratación suscrita con las demandantes es a término y no permanente.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha uno de agosto de dos mil diecisiete, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por las señoras Evelia Osbely Archiaga y María Elisabeth Cruz Benites, contra el Estado de Honduras, en cuanto a declarar la relación de trabajo de forma permanente desde el inicio de la relación de trabajo y al pago del reajuste al salario mínimo y vacaciones adeudadas 2015-2016 y 2016-2017; declaró sin lugar la demanda ordinaria laboral en cuanto al décimo tercer mes proporcional, décimo cuarto mes proporcional y vacaciones proporcionales; sin costas; bajo el criterio que de la revisión del contrato se ha demostrado que la relación de trabajo dentro de la institución era eminentemente laboral en virtud que los contratos reúnen los 3 elementos del contrato de trabajo al tenor de lo que establece el artículo 20 del Código del Trabajo; que sumado a ello queda plenamente demostrado que las demandantes laboran para la demandada realizando una actividad permanente dentro de la misma (Conserje) la primera y la segunda (programador en sistemas) lo cual se cumple con lo establecido en el artículo 47 del Código del Trabajo; estando entonces frente a una verdadera relación de trabajo por tiempo indefinido, y reconociendo la permanencia en el cargo desde el inicio de la relación de trabajo y los derechos que ostentan los trabajadores permanentes dentro de la institución. Que las demandantes reclaman el pago del pago de reajuste al salario mínimo y pago de vacaciones, en relación a estos derechos reclamados la parte demandada no aportó prueba que demuestre que estos conceptos se le hayan cancelado a las demandantes, ya que la señora Evelia Osbely Archaga Arguijo, devenga un salario mínimo de L.7,300.00; María Elizabeth Cruz Benites devenga un salario mínimo de L.8,000.00; y de acuerdo al salario mínimo aprobado por el Gobierno de la República las demandantes devengan un salario inferior; ya que para el año 2015, el salario mínimo aprobado era de L. 8,489.28, para el año 2016, era de L. 9,168.42 y para el año 2017 L.9718.53, cálculo que se realizará a partir de la fecha 2 de agosto del 2015 al 2 de agosto del 2017 dos (2) años atrás como lo establece el artículo 43 de la Ley del Salario Mínimo, y las vacaciones adeudadas de los periodos 2015-2016 y 2016-2017 que no fueron otorgadas a las demandantes; en consecuencia es oportuno declarar con lugar estas pretensiones. Las demandantes reclaman el pago de décimo tercer mes, décimo cuarto mes y vacaciones todos proporcionales; en relación a los derechos adquiridos reclamados de forma proporcional, estos derechos corresponden al empleado cuando ha finalizado su relación de trabajo y siendo que en el presente caso está probado que las demandantes aún laboran para la institución, no corresponden los mismos, declarándose sin lugar estos derechos reclamados.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha veinte de octubre de dos mil diecisiete, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que no se comparte el criterio alegado por la parte demandada en cuanto a que las demandantes eran trabajadoras temporales, porque laboran desde el año 2006 y 2011, es decir, hace más de diez años una y más de seis años la otra, laborando en forma continua y para la misma clase de trabajo, por lo que su relación laboral es de carácter permanente, en virtud de que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Código del Trabajo, son nulos ipso jure todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución, el presente Código, sus reglamentos o las demás leyes de trabajo o previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato de trabajo u otro pacto cualquiera. Que, haciendo un análisis de las pruebas allegadas al juicio, se concluye que la parte demandante acreditó que su relación laboral era de carácter permanente, en consecuencia, es procedente declarar con lugar la demanda de que se ha hecho mérito. La parte demandante señala en la audiencia de alegaciones llevada a cabo en este Tribunal, que se debe de condenar a la demandada a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Salario Mínimo, es decir, condenarla a pagar una suma igual a la reajustada como sanción por el no pago al salario mínimo legal establecido, sin embargo al respecto es de hacer notar que la parte demandante en ningún apartado de su escrito de demanda solicita tal concepto y las Cortes de Apelaciones no son competentes para fallar extra o ultra petita, además habiendo desistido la parte demandante del recurso de apelación interpuesto, no podría este Tribunal de igual manera hacer una condena de esta naturaleza porque incurriría en una reformatio in pejus que no le permite la ley.- 5. Mediante auto de fecha seis de febrero del dos mil dieciocho, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada DIANA LETICIA GALLARDO CAÑAS, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha quince de marzo de dos mil dieciocho, compareció ante este Tribunal la Abogada DIANA LETICIA GALLARDO CAÑAS, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de fecha diecinueve de marzo de dos mil dieciocho, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha doce de abril de dos mil dieciocho, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado EDRAS RAFAEL GUTIERREZ OCHOA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO: I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que la Abogada DIANA LETICIA GALLARDO CAÑAS, en su condición de Representante procesal sustituta del Estado de Honduras en su primer y único motivo de casación alega: “EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION. MOTIVO UNICO: Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley sustantiva nacional y de índole laboral, por infracción indirecta incurriendo en error de hecho al apreciar erróneamente un medio de prueba documental publico admitido, misma que aparece manifiesta en autos; lo cual, llevó en forma indirecta a la Corte Sentenciadora a la violación del artículo 113 párrafo primero del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. NORMAS ADJETIVAS QUE SIRVIERON DE MEDIO: Las normas adjetivas que sirvieron de medio para la violación de las sustancias señaladas, están contenidos en los artículos 738 y 739 del Código de Trabajo. PRUEBA APRECIADA ERRONEAMENTE: Singularizo la prueba erróneamente apreciada de la siguiente manera: documental consistente en del acta de fecha uno de agosto de 2017, contratos, folios 169 al 205, en relación con la prueba en su conjunto. En dicho medio de prueba se puede constatar: que las demandantes iniciaron su relación de trabajo con mi representada MARIA ELISABETH CRUZ BENITES, en fecha 27 de marzo del 2016 a la fecha, desempeñándose en el cargo de técnico en informática, devengando un salario mensual de L.8000.00; EVELIA OSBELY ARCHAGA ARGUIJO en fecha 14 de marzo del 2011, en el cargo de asesora del Programa de Promoción de la Salud /programa Amplio de Inmunización (PAI) adscrito a la Secretaria de Estado a los Despachos de Salud LOS Servicios profesionales Acordados a termino con fecha de inicio y terminación y no como manifiestan las demandantes que eran de forma continua e ininterrumpida, pues de ser asi no es viable que a los demandantes se les otorgue el estatus de empleado permanentes.- las actoras de esta demanda no pueden calificar su contratación como simulación de contratos a término para la prestación de servicio profesionales, porque entonces estaríamos afirmando que mi representado no tiene la facultad de suscribir este tipo de contratos, por lo tanto estaríamos frente a un contrato sin validez jurídica y en sus defectos este contrato que firmaron las señoras EVELIA OSBELY ARCHAGA ARGUIJO Y MARIA ELISABETH CRUZ BENITES PRECEDENTE procedente al caso. Por tanto la demanda presentada por las ahora demandantes carece de fundamento legales establecidos por la Ley Especial de Servicio Civil y del Código de Trabajo en el cual se respaldan erróneamente su reclamo quien considerando la modalidad bajo la cual estaba siendo contratadas sus servicios profesionales debieron previamente haber seguido el procedimiento que establece el artículo 11 de la Ley de Servicio Civil a efecto de que le fuera reconocido el análisis pudiente conforme a Ley, su permanencia en las funciones desempeñadas y no de la forma como quieren que se haga judicialmente ante el juzgador incompetente para dirimir la causa. EXPLICACION DEL MOTIVO: La Corte sentenciadora, al ratificar el fallo dictado desacertadamente por el juzgado de primera instancia, manifiestamente, incurrió en error de hecho, al apreciar erróneamente el medio de prueba documental singularizado, en relación a los demás medios de prueba en su conjunto. En ese sentido, resulta cierto que el juzgador no está sujeto a tarifa legal de las pruebas, para formar su libre convencimiento; pero esto no impide de manera alguna la obligación de efectuar tal apreciación de las pruebas en su conjunto, como una obligación insoslayable. Apreciación que debe ser acertada y completa. Así las cosas, la corte recurrida al valorar este medio de prueba documental denominado contratos de servicios profesionales y técnicos, erróneamente de hecho, arriba a la conclusión que la parte demandada no logro acreditar que estos contratos eran por tiempo determinado, cuando los mismos eran por servicios profesionales y técnicos en el Programa Promoción de la salud/programa amplio de inmunización (PAI). En el caso en particular, si se hubiera apreciado correctamente por parte del Tribunal recurrido los medios de prueba señalado -mismo que resulta decisivo para la decisión tomada- hubiera el fallador dado por establecido en forma indubitable, que no existe una relación laboral en el caso de marras. Lo anterior dado que, el mismo contrato administrativo establece un periodo de duración determinado y limita que la naturaleza del contrato esta únicamente regidos por las disposiciones del derecho administrativo. A consecuencia de lo anterior, la corte sentenciadora evidentemente violento de forma indirecta lo preceptuado el articulo 113 párrafo primero del Código del Trabajo, al obligar a mi representado a cumplir con disposiciones legales que no le conciernen. Lo anterior, porque el Estado en la presente causa no está obligado a probar una justa causa de despido, muchos menos a pagar las indemnizaciones impuestas en la sentencia recurrida”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) El artículo 113 párrafo primero que fuera señalado como norma infringida, no tiene vinculación directa o indirecta con el caso debatido, ya que dicha disposición se encuentra relacionada al derecho que tiene el trabajador de emplazar al patrono, ante los tribunales del trabajo con el objeto de que le pruebe la justa causa en que se fundó el despido, situación ajena al asunto que nos ocupa, donde lo que se discute es el estatus o condición de empleados permanentes o no de los demandantes. b) Alude a disposiciones que no fueron señaladas como infringidas o relacionadas en su formulación, tal es el caso del artículo 11 de la ley de servicio civil. c) Formula alegatos propios de instancia.- IV. La impetrante alega nulidad subsidiaria la cual aduce que: “NULIDAD SUBSIDIARIA. La nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y cuando conste en autos debe declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen y no puede subsanarse por la confirmación de las partes, ni por un lapso menor que el que se exige para la prescripción ordinaria. En virtud de ello, se alega en forma subsidiaria la nulidad absoluta de la sentencia recurrida de fecha veinte (20) de octubre de dos mil diecisiete (2017), dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa del Municipio del Distrito Central, señalando el error procesal siguiente, el fallo o parte dispositiva de la sentencia recurrida, la corte sentenciadora, no se pronunció sobre el recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, de fecha uno (01) de agosto del dos mil diecisiete (2017); es decir, no hay declaración si ha lugar o no del mismo, para poder declarar posteriormente la confirmación, revocación o reforma según el caso. Lo anterior vulnera el artículo 200 numeral d) que regula el contenido formal de las sentencias, que obliga a emitir pronunciamientos numerados correspondientes a las pretensiones de las partes; siendo una pretensión del recurso impetrado por esta representación del estado la dirigida a la admisión del recurso, sobre lo cual no se pronuncia la corte de apelaciones. En ese sentido, corresponde la anulación de la sentencia como sanción procesal según el artículo 211 y 212.4 del CPP”.- V.- Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que este Tribunal deba enmendar; en el presente asunto, examinada que fue la sentencia impugnada se advierte que la misma resuelve los puntos controvertidos y reúne los requisitos de forma y contenido de las resoluciones judiciales de ese tipo, por ende no se estima que se haya violado el derecho de defensa o debido proceso, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- XIV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación, y la nulidad solicitada de forma subsidiaria.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN LUGAR la nulidad solicitada de forma subsidiaria. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los catorce días del mes de agosto del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha veintitrés de julio del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 02-18.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

12