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Sentencia CL-93-17 — Registro 8475

Resumen

Segunda instancia declaró sin lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones sociales por despido directo e injusto, vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes proporcionales, salario adeudado, salarios caídos y costas del juicio

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que en este cargo no se formula una proposición jurídica completa, ya que se incurre en los siguientes defectos técnicos que lo vuelven inadmisible: a) señala como infringidos entre otros, los artículos 113 del Código del Trabajo y 64 de la Constitución de la República, siendo que el primero cuenta con varios párrafos y literales que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas, se debió precisar a cuál de ellos dirige su ataque; en el caso de la norma constitucional, se trata de una declaración y no tiene contenido laboral; b) cita de forma errónea el precepto autorizante, ya que lo estima comprendido en el artículo 765 numeral primero párrafo primero del Código del Trabajo, el cual no es compatible con el concepto de infracción indirecta alegado; c) incluye la prueba testifical como apreciada erróneamente por el Juzgador, la cual no puede ser objeto de ataque en este extraordinario recurso, dado que la misma no se encuentra sujeta a reglas y queda sujeta a la libre formación del convencimiento; y, d) omite señalar las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las sustantivas"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

"Que no procede la admisión del anterior cargo, ya que el Recurrente incurre en los mismos errores del motivo precedente, es decir: a) cita como infringidos entre otros, los artículos 113 del Código del Trabajo y 64 de la Constitución de la República, siendo que el primero cuenta con varios párrafos y literales que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas, se debió precisar a cuál de ellos dirige su ataque; por otro, en el caso de la norma constitucional la misma es una declaración y no tiene contenido laboral; b) indica de forma errónea el precepto autorizante, ya que lo estima comprendido en el artículo 765 numeral primero párrafo primero del Código del Trabajo, el cual no es compatible con el concepto de infracción indirecta alegado; y, c) omite señalar las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las sustantivas.-"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que tampoco procede la admisión del anterior cargo, ya que el Censora del fallo no realiza una proposición jurídica completa, ya que incurre en los siguientes defectos técnicos: a) no señala las normas sustantivas laborales infringidas, como lo exige el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código del Trabajo; b) no indica el precepto autorizante en que lo considera comprendido, conforme las causales contenidas en el artículo 765 del mismo Código; y, c) ya que se invoca el concepto de infracción indirecta debió precisar si era por error de hecho o de derecho y además, señalar las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las sustantivas,"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los trece días del mes de noviembre del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha diecisiete de abril de dos mil diecisiete, por el Abogado WILLIAM COLLINS RODRIGUEZ, mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en su condición de representante procesal de la señora NORA LIZZETH BUSTILLO CHEDRANI, como recurrente; además es parte recurrida, la empresa mercantil denominada BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA, S.A. (BANCO FICOHSA), representada en juicio por el Abogado MILTON EDGARDO LOPEZ PERDOMO. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones sociales por despido directo e injusto, vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes proporcionales, salario adeudado, salarios caídos y costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha treinta de septiembre de dos mil quince, por la señora NORA LIZZETH BUSTILLO CHEDRANI, mayor de edad, casada, Perito Mercantil y Contador Público, hondureña y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, contra la empresa mercantil denominada BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA, S.A. (BANCO FICOHSA), por medio de su representante legal, señor JORGE LUIS RIVERA CALLEJAS. El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintitrés de enero de dos mil diecisiete, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, misma que: “FALLA: PRIMERO: Declarando PARCIALMENTE HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado MILTON EDGARDO LOPEZ PERDOMO, contra la sentencia proferida el veintisiete de septiembre del año dos mil dieciséis (27/09/16) por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta misma sección judicial, en la demanda de la referencia; en consecuencia, se reforma la referida sentencia, la que se contrae a: 1) Declarar SIN LUGAR la demanda en cuanto al pago de prestaciones sociales y salarios dejados de percibir, absolviéndose a la demandada al pago de tales conceptos. 2) Se CONFIRMA la sentencia apelada, en todos los demás aspectos; es decir en cuando a la condena de cinco días de salarios adeudados, y el pago de los derechos adquiridos. SEGUNDO: SIN COSTAS...”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con la demandada, en fecha 10 de octubre del año 2000, en el puesto de Cajera de ventanilla hasta el 2004, atendiendo cualquier tipo de pago de los clientes, teniendo un ascenso al puesto de Oficial de Servicio al Cliente en el año 2007, con un salario ordinario mensual de L.30,000.00. Con esta larga trayectoria y con la experiencia demostrada, comenzó como Oficial de Vivienda en el 2010, en el cual se desempeñaba asesorando a los clientes, ofreciendo préstamos para compra de vivienda y terrenos, la labor de asesorar a los clientes en este importante proyecto de vida, era buscarles una vivienda o un terreno que estuviese acorde a sus finanzas, esto le permitía ofrecer proyectos inmobiliarios y también poner a los clientes en contacto con constructoras y constructores independientes para que negociaran los costos de la construcción, ya que en el puesto esa era una de las labores, y apoyarles con financiamientos y así poder cumplir con una meta mensual asignada, por el cual a la demandante se le premió por tan excelente labor desempeñada, recibiendo reconocimiento de cumplimiento de meta anual del año 2014. Que la conducta de la demandante en el Banco fue intachable, se realizó una audiencia de descargo en febrero del 2014, la cual fue anulada, ya que en la misma se decidió que no había fundamento para continuar con una investigación en su contra. Que la demandada decidió despedir a la demandante del trabajo el 10 de agosto del 2015, sin el pago de prestaciones laborales, manifestando que la demandante no realizó el trabajo según las instrucciones que le habían impartido, lo cual es falso, ya que hasta el último día que trabajó en el puesto de Oficial de Vivienda fue lo que siempre había hecho desde que llegó a ese puesto en el año 2010. A través de infinidad de fallos judiciales ha quedado establecido que las notas de despido deben contener la motivación de la terminación del contrato de trabajo. Esto quiere decir que en la comunicación del despido debe señalarse con absoluta precisión el motivo o causal que se invoca como justificativo para dar por terminada la vinculación respectiva, sino se procede de esa manera, posteriormente no podrán alegarse válidamente razones de ninguna naturaleza que tiendan a justificar la ruptura del vínculo contractual. Que en la carta de despido tiene en consecuencia, por objeto, servir de medio de prueba en caso de reclamación posterior ante las autoridades competentes y en la misma la demandada dice que la demandante gestionó una transferencia de efectivo por la cantidad de L.62,349.50 a cuenta del señor Gustavo Adolfo Caballero (supuesto constructor), como se pude notar el patrono no dice en que fecha y año fue que la demandante hizo esa gestión; también la demandada menciona que para hacer esa transferencia la demandante utilizó una hoja de débito en blanco firmada por el cliente y que ella llenó la hoja de débito con su puño y letra, siendo verdad porque ese era el procedimiento que se utilizaban todos los Oficiales de Vivienda.- 2. La parte demandada, la empresa mercantil denominada BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA, S.A. (BANCO FICOHSA), contestó dicha demanda señalando que es una entidad mercantil constituida de conformidad con las leyes de la república de Honduras, cuya finalidad consiste primordialmente en la prestación de productos y servicios financieros en el mercado nacional e internacional, siendo respetuosa del ordenamiento jurídico imperante en el país y por sobre todo de las obligaciones que tiene que ver con las relaciones obrero patronales. Es el caso que la demandada y para sus fines comerciales, contrató en fecha 10 de octubre del año 2000, a la demandante habiendo tenido como último puesto de trabajo el de Oficial de vivienda en la Agencia Norte de Banco Ficohsa, teniendo entre sus obligaciones laborales, la prospectación de clientes de vivienda, recolección de documentos para los créditos, someterlos aprobación y realizar todas las diligencias del crédito hasta su total aprobación, aportando su compromiso y esfuerzo para ejecutar labores de conformidad con las órdenes dadas por sus superiores, según el orden jerárquico establecido siempre que no afecte la dignidad humana ni se disminuya su categoría, efectuar además de las tareas propias de su especialidad o de las especialidades conexas aquellas otras que son de carácter complementario o auxiliar y pueden serles encomendadas a fin de mantenerlo en continua utilización durante la jornada de trabajo. No teniendo entre sus obligaciones laborales la recomendación de constructores, ni mucho menos el traslado o desembolso de cantidades de dinero de las cuentas de los clientes a personas naturales o jurídicas del ramo de la construcción, laborando en los horarios establecidos por la patronal y devengando un salario base mensual durante los ultimo seis meses de L.15,627.40. Resulta que como parte de sus labores en Banco Ficohsa, la hoy actora gestionó créditos hipotecarios para la construcción de viviendas a los clientes Juan Antonio Romero Escalante y Selvin Martínez Ponce, los cuales oportunamente y después de los trámites correspondientes Banco Ficohsa aprobó. Es el caso que la patronal demandada recibió por escrito dos reclamos presentados por los referidos clientes en los cuales expresan su disconformidad con las actuaciones de la actora en lo relacionado a sus préstamos de vivienda. Que ante la gravedad de los reclamos presentados por los clientes referidos, el departamento de Auditoria Corporativa de Banco Ficohsa, procedió a realizar las investigaciones pertinentes a efecto de validar las denuncias de los clientes y se pudo constatar la veracidad de las mismas. Constándose que la gestión de la transferencia de L.62,349.50, para la construcción de vivienda del cliente Selvin Martínez Ponce, fue realizado por la señora Nora Lizeth Bustillo, a la cuenta del constructor Gustavo Adolfo Caballero, sin contar con la presencia personal del cliente, ni la confirmación y verificación del cliente, habiendo utilizado ilegalmente un formato de autorización de débito en blanco que arbitrariamente la actora le había solicitado al cliente dejara firmada, tomándose la atribución ella misma de llenar de su puño y letra dicho formato para realizar la transferencia de dinero. Igualmente, es el caso del cliente Juan Antonio Romero Escalante, la actora realizó las gestiones de transferencias de dinero hacia la cuenta del señor Gustavo Adolfo Caballero, sin la confirmación y verificación del cliente quién previamente había dejado los formatos de transferencia en blanco, con el agravante además de que el cliente manifestó nunca haber tenido contacto con el supuesto constructor, ni mucho menos haber firmado contrato. En el caso del cliente Romero Escalante, dicho constructor recomendado por la actora no le terminó la obra de construirle su casa, por lo que tuvo que tomar la decisión de terminar su casa asumiendo la penalización de la municipalidad por no tener el permiso de construcción, lo cual evidentemente le ocasionó un perjuicio económico al cliente y un daño moral al banco. Ante tal gravedad de las faltas laborales imputadas a la hoy actora, se le convocó a una audiencia de descargos con las formalidades de Ley, donde la actora aceptó haber cometido las graves faltas laborales imputadas, razones por la cual la patronal decidió despedirla justificada y motivadamente mediante notificación escrita en fecha 10 de agosto del año 2015.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, dictó sentencia declarando con lugar la demanda laboral promovida por la señora Nora Lizzeth Bustillo Chedrani, contra la entidad mercantil denominada BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA, S.A. (BANCO FICOHSA); condenando a la demandada a pagarle a la demandante la cantidad de L.418,512.06 por los siguientes conceptos: preaviso L.46,072.04; auxilio de cesantía L.322,504.28; auxilio de cesantía proporcional L.19,196.68; vacaciones proporcionales L.10,969.53; decimotercer mes proporcional L.12,066.49; décimo cuarto mes proporcional L.2,193.91; salarios adeudados L.5,509.13, más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir por la demandante desde que ocurrió la terminación del contrato hasta que de acuerdo con las normas procesales quede firme el presente fallo, sin costas; bajo el criterio que la demandada da por finalizada la relación de trabajo con la demandante por aducir que la trabajadora gestionó una transferencia en efectivo a la cuenta del señor Gustavo Caballero y usó una hoja de débito que el cliente había firmado en blanco, otra falta grave que le imputa la demandada a la trabajadora es de tener relaciones de negocio con el contratista Gustavo Caballero. Que si bien es cierto la demandante en una de las hojas en blanco que el cliente Selvin Martínez, le firmó al momento de hacer el acuerdo de préstamo con el banco para que le construyera una vivienda, la llenó y le transfirió el dinero al Constructor. Pero también no es menos cierto que dicho procedimiento siempre fue utilizado por el banco cuando daban los préstamos para construcción de vivienda, porque si el banco no miraba avance de obra no desembolsaba la cantidad para seguir con la construcción de la vivienda, por lo que el Oficial de Vivienda, en este caso la demandante, les explicaba a los clientes por qué tenían que firmar las tres hojas en blanco, para que al momento de que el banco autorizara el segundo desembolso sobre la construcción este no tuviera atrasos. Hecho este que quedó acreditado con la declaración testifical de las señoras Victoria Gálvez y Elsa Velásquez, ya que la demandada en ningún momento acreditó el procedimiento que tenían que seguir los oficiales de vivienda. La demandada tampoco probó la causal de que la demandante tenía relaciones de negocio y de afinidad con el contratista, en cambio la parte actora demostró en el presente juicio, que los oficiales de vivienda tenían varias constructoras que maneja el banco y estos nombres se los daba su jefe inmediato. El apoderado de la parte actora en sus alegatos viene aduciendo que el despido es extemporáneo, ya que la demandada conoció los reclamos de los clientes en fecha 4 y 7 julio del año 2015. Que en cuanto a tal manifestación y de los medios de prueba aportados al proceso, quedó acreditado que a la demandada ya le había prescrito el derecho para despedir a la demandante, pero las pretensiones de las partes se fijan tanto en el escrito de demanda como en el escrito de contestación de demanda, por lo que éste alegato no fue un hecho controvertido en el presente juicio, razón por la cual dicho alegato es extemporáneo, ya que debió haberlo hecho en el escrito de demanda y así la parte demandada se hubiera pronunciado al respecto.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha veintitrés de enero de dos mil diecisiete, dictó sentencia reformando la proferida en primera instancia, en el sentido de declarar sin lugar la demanda en cuanto al pago de prestaciones sociales y salarios dejados de percibir; absolviendo a la demandada al pago por dichos conceptos; confirmando la sentencia apelada en todos los demás extremos, es decir, en cuanto a la condena de cinco días de salarios adeudados y el pago de los derechos adquiridos, sin costas; bajo el criterio que es evidente que la demandante incurrió en las faltas graves en el desempeño del cargo de Oficial de Vivienda, señaladas por la patronal en la carta de despido, así como faltar al cumplimiento de las normas contenidas en el Código de Ética y Conducta del banco, hechos aceptados en la audiencia de descargos y que causan perjuicio económico y de imagen a la demandada; además de que la actora fue capacitada para el correcto desempeño de las funciones en el sistema de atención al usuario financiero para las que fue contratada, firmando para tal efecto acta de compromiso, según se aprecia de los documentos visibles a folios 58, 59 y 60 de la pieza principal; de tal forma que la demandada al recibir las denuncias de los clientes y del resultado de las investigaciones del caso, el despido manifestado en tales condiciones es legal y esta enmarcado dentro de las causas justas que establece el artículo 112 del Código del Trabajo, por lo que se exime de responsabilidad económica al patrono.- 5. Mediante auto de fecha dos de marzo de dos mil diecisiete, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado WILLIAM COLLINS RODRIGUEZ, en su condición de representante procesal de la señora NORA LIZZETH BUSTILLO CHEDRANI, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha diecisiete de abril de dos mil diecisiete, compareció ante este Tribunal el Abogado WILLIAM COLLINS RODRIGUEZ, en su condición de representante procesal de la señora NORA LIZZETH BUSTILLO CHEDRANI, formalizando su demanda, exponiendo cuatro motivos de casación, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha nueve de mayo de dos mil diecisiete, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado MILTON EDGARDO LOPEZ PERDOMO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada MARÍA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que el Abogado WILLIAM COLLINS RODRIGUEZ en el primer motivo, alega: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva Nacional en Infracción Indirecta proveniente de la errónea apreciación de la PRUEBA DOCUMENTAL aportada por la trabajadora demandante, consistente en la nota de despido de fecha 10 de agosto del año 2015 que le entregó la empresa demandada visible a folio 52 de la primera pieza de autos; PRUEBA TESTIFICAL propuesta por la parte actora, la proposición de la prueba testifical va en el folio 39 y vuelto y la evacuación de ese medio de prueba testifical va a folios del 84 al 87 de la primera pieza de autos, RECONOCIMIENTO JUDICIAL, propuesto por la parte actora, especialmente en la letra e) vista a folio 38 vuelto, y la evacuación de ese Medio de Prueba en la letra e) a folio 98 en relación con la demás prueba en su conjunto, que hizo incurrir en error de hecho que aparece de manifiesto en los autos y que la llevó en forma indirecta a la violación de los artículos 113, 116 letra e), 120 párrafo primero literales c) y d), todos del Código del Trabajo, 64 y 128 primer párrafo de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO: La Corte sentenciadora, al REFORMAR el fallo dictado por el Juzgado de primera Instancia, incurrió en error de hecho por la errónea apreciación de la PRUEBA DOCUMENTAL aportada por la trabajadora demandante consistente en la nota de despido que la empresa demandada le entregó visible a folio 52, PRUEBA TESTIFICAL propuesta por la parte actora, la proposición de la prueba testifical va en el folio 39 y vuelto y la evacuación de ese medio de prueba testifical va a folios del 84 al 87 de la primera pieza de autos; RECONOCIMIENTO JUDICIAL, propuesto por la parte actora, especialmente en la letra e) vista a folio 38 vuelto, y la evacuación de ese Medio de Prueba en la letra e) a folio 98, en relación con la demás prueba en su conjunto, la cual singularizo de la siguiente manera: La empresa demandada despidió del trabajo a la trabajadora demandante el 10 de agosto del año 2015 mediante nota que va a folio 52 de la primera pieza de autos, en la que le dice: “Que la despide del trabajo sin ninguna responsabilidad por las graves faltas laborales que incurrió en sus labores como oficial de vivienda, al haber gestionado la transferencia en efectivo por la cantidad de L. 62,349.50, a la cuenta del señor GUSTAVO ADOLFO CABALLERO (Supuesto Constructor), transferencia de dinero que realizó usando una hoja de débito que el cliente había dejado firmada en blanco con anterioridad, la cual fue llenada por usted de su puño y letra con el agravante además, que al momento de realizar la transferencia, no realizó la respectiva confirmación y validación con el cliente, quien ahora reclama por dicha transferencia, manifestando no conocer al supuesto constructor, que después de recibir el dinero, no ha realizado ninguna gestión en beneficio del cliente...” Con prueba testifical propuesta por la parte demandante, se acreditó que todos los Oficiales de Vivienda le pedían a sus clientes que firmaran tres hojas de débito en blanco, para ir desembolsando los pagos según el avance de la obra, así lo declararon las testigos VICTORIA ALEJANDRA GALVES PINEDA y ELSA MIRIAM VELASQUEZ HERNANDEZ, quienes se desempeñaron en la entidad bancaria demandada como Oficiales de Vivienda, declaraciones que fueron bien apreciadas por el Juez de Primera Instancia, mereciéndole completa credibilidad, de conformidad con el artículo 730 del Código de Trabajo; Al practicar el Medio de Prueba de Reconocimiento Judicial y cuando la señora Juez le pidió al Apoderado Legal de la empresa demandada, los expedientes de los clientes FELIX LÓPEZ/IRIS BUSTILLO CHEDRANI, RAFAEL MURILLO/NORMA PEÑA, NELSON FLORES, YAMILETH DIAZ CASTELLANOS, GIESY ESCOBAR, CARLOS ALVARADO, ISRAEL GARCIA MARTINO, con el fin de comprobar que el Constructor Gustavo Adolfo Caballero, le había construido casas a esas personas, el Abogado de la empresa demandada no presentó los expedientes, solo presentó un histórico de la cuenta de cheques del señor Gustavo Adolfo Caballero, ver la evacuación del Reconocimiento Judicial propuesto por la parte actora, específicamente en la letra e), a folio 98. La parte demandada, escondió los expedientes que se pidió exhibiera, porque con esos expedientes se iba a demostrar que el Señor Gustavo Adolfo Caballero, no era un supuesto Constructor, como lo dice la empresa en la Carta de Despido, si no, que un Constructor que había construido varias casas a personas que tramitaron sus préstamos en la Institución Bancaria demandada, ver nota de fecha 23 de mayo del 2016 que va a folio 124. ESTE PRIMER MOTIVO PROCEDE Y DEBE SER ADMITIDO.”.- III. Que en este cargo no se formula una proposición jurídica completa, ya que se incurre en los siguientes defectos técnicos que lo vuelven inadmisible: a) señala como infringidos entre otros, los artículos 113 del Código del Trabajo y 64 de la Constitución de la República, siendo que el primero cuenta con varios párrafos y literales que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas, se debió precisar a cuál de ellos dirige su ataque; en el caso de la norma constitucional, se trata de una declaración y no tiene contenido laboral; b) cita de forma errónea el precepto autorizante, ya que lo estima comprendido en el artículo 765 numeral primero párrafo primero del Código del Trabajo, el cual no es compatible con el concepto de infracción indirecta alegado; c) incluye la prueba testifical como apreciada erróneamente por el Juzgador, la cual no puede ser objeto de ataque en este extraordinario recurso, dado que la misma no se encuentra sujeta a reglas y queda sujeta a la libre formación del convencimiento; y, d) omite señalar las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las sustantivas .- IV. Que el Impetrante en el segundo motivo esgrime: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva Nacional en Infracción Indirecta proveniente de la errónea apreciación de la PRUEBA DOCUMENTAL aportada por la trabajadora demandante, consistente en la nota de despido de fecha 10 de agosto del año 2015 que le entregó la empresa demandada visible a folio 52 de la primera pieza de autos. Toda la prueba propuesta por la parte demandada, consistente en documental privada, reconocimiento judicial, que va a folio 39 vuelto y 40 de la primera pieza de autos, en relación con la demás prueba en su conjunto, que hizo incurrir en error de hecho que aparece de manifiesto en los autos y que la llevó en forma indirecta a la violación de los artículos 113, 116 letra e), 120 párrafo primero literales c) y d), todos del Código del Trabajo, 64 y 128 primer párrafo de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO: La Corte sentenciadora, al REFORMAR el fallo dictado por el Juzgado de primera Instancia, incurrió en error de hecho por la errónea apreciación de la PRUEBA DOCUMENTAL aportada por la trabajadora demandante consistente en la nota de despido que la empresa demandada le entregó visible a folio 52, en la que le dice: “Que cuando realizó la transferencia a favor del señor GUSTAVO ADOLFO CABALLERO, no realizó la respectiva confirmación y validación con el cliente…” La empresa demandada tenía que probar esos dos extremos, que la transferencia a favor del señor GUSTAVO ADOLFO CABALLERO, no había sido confirmada ni validada con el cliente. La parte demandada al proponer sus medios de prueba documental privada y reconocimiento judicial, con ninguno de esos medios de prueba, acreditó esos extremos. ESTE SEGUNDO MOTIVO PROCEDE Y DEBE SER ADMITIDO.”.- V. Como en el anterior cargo, este motivo resulta inadmisible ya que adolece de los defectos siguientes: a) cita como infringidos entre otros, los artículos 113 del Código del Trabajo y 64 de la Constitución de la República, siendo que el primero cuenta con varios párrafos y literales que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas, se debió precisar a cuál de ellos dirige su ataque; por otro, en el caso de la norma constitucional la misma es una declaración y no tiene contenido laboral; b) indica de forma errónea el precepto autorizante, ya que lo estima comprendido en el artículo 765 numeral primero párrafo primero del Código del Trabajo, el cual no es compatible con el concepto de infracción indirecta alegado; y, c) omite señalar las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las sustantivas.- VI. Que como tercer motivo se expone: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva Nacional en Infracción Indirecta proveniente de la errónea apreciación de la PRUEBA DOCUMENTAL aportada por la trabajadora demandante, consistente en la nota de despido de fecha 10 de agosto del año 2015 que le entregó la empresa demandada visible a folio 52 de la primera pieza de autos. Toda la prueba propuesta por la parte demandada, consistente en documental privada, reconocimiento judicial, que va a folio 39 vuelto y 40 de la primera pieza de autos, en relación con la demás prueba en su conjunto, que hizo incurrir en error de hecho que aparece de manifiesto en los autos y que la llevó en forma indirecta a la violación de los artículos 113, 116 letra e), 120 párrafo primero literales c) y d), todos del Código del Trabajo, 64 y 128 primer párrafo de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO: La Corte sentenciadora, al REFORMAR el fallo dictado por el Juzgado de primera Instancia, incurrió en error de hecho por la errónea apreciación de la PRUEBA DOCUMENTAL aportada por la trabajadora demandante consistente en la nota de despido que la empresa demandada le entregó visible a folio 52, en la que le dice: “Igualmente se le imputan como faltas graves el hecho de tener relaciones de negocios y de afinidad con el señor GUSTAVO ADOLFO CABALLERO…” La empresa demandada tenía que probar esos dos extremos, que la trabajadora demandante tenía relaciones de negocios y de afinidad con el señor GUSTAVO ADOLFO CABALLERO. La parte demandada al proponer sus medios de prueba documental privada y reconocimiento judicial, con ninguno de esos medios de prueba, acreditó esos extremos. ESTE TERCER MOTIVO PROCEDE Y DEBE SER ADMITIDO.”.- VII. Que no procede la admisión del anterior cargo, ya que el Recurrente incurre en los mismos errores del motivo precedente, es decir: a) cita como infringidos entre otros, los artículos 113 del Código del Trabajo y 64 de la Constitución de la República, siendo que el primero cuenta con varios párrafos y literales que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas, se debió precisar a cuál de ellos dirige su ataque; por otro, en el caso de la norma constitucional la misma es una declaración y no tiene contenido laboral; b) indica de forma errónea el precepto autorizante, ya que lo estima comprendido en el artículo 765 numeral primero párrafo primero del Código del Trabajo, el cual no es compatible con el concepto de infracción indirecta alegado; y, c) omite señalar las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las sustantivas.- VIII. Que en el cuarto y último motivo se casación se arguye: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva Nacional en Infracción Indirecta proveniente de la errónea apreciación de la PRUEBA DE OFICIO, ordenada por la señora Juez de primera instancia, consistente en RECONOCIMIENTO JUDICIAL al Banco Ficohsa para revisar por lo menos diez expedientes donde se hayan otorgado préstamos para construcción de vivienda, prueba de oficio que va a folios 142 y vuelto. La evacuación de este medio de prueba, ordenado por la señora Juez, se llevó a cabo el 31 de agosto del año 2016, y el resultado fue que la Institución Bancaria demandada no proporcionó los expedientes que la señora Juez quería revisar, de nuevo la demandada escondió pruebas, y fue por ello, que la sentencia de primera instancia fue en favor de la trabajadora demandante, porque la empresa demandada no probó las causas del despido. ESTE MOTIVO PROCEDE Y DEBE SER ADMITIDO.”.- IX.- Que tampoco procede la admisión del anterior cargo, ya que el Censora del fallo no realiza una proposición jurídica completa, ya que incurre en los siguientes defectos técnicos: a) no señala las normas sustantivas laborales infringidas, como lo exige el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código del Trabajo; b) no indica el precepto autorizante en que lo considera comprendido, conforme las causales contenidas en el artículo 765 del mismo Código; y, c) ya que se invoca el concepto de infracción indirecta debió precisar si era por error de hecho o de derecho y además, señalar las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las sustantivas,.- X.- Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierran los cuatro motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en sus cuatro motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los once días del mes de enero del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha trece de noviembre del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 93-17.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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