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Sentencia CL-70-17 — Registro 7771

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar demanda ordinaria laboral para el reintegro al puesto de trabajo y se ordene el pago de los salarios a título de daños y perjuicios, por considerar que el contrato que tenía la demandante era por tiempo indefinido

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el cargo que antecede resulta inadmisible, ya que la Recurrente incurre en los siguientes defectos técnicos: a) El artículo 2 numeral 2) del Código del Trabajo, señalado entre otros como infringido, es una disposición que enuncia que quedan exceptuadas de la aplicación imperativa de las normas del Código del Trabajo, entre otros, los empleados públicos nacionales, departamentales y municipales y además define que se entiende por empleado público, por lo cual la misma no impone derechos y obligaciones reciprocas para trabajadores y patronos o que las extinga, por ende, carece del carácter sustantivo que establece el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico; b) invoca la infracción directa o falta de aplicación que es una modalidad de la violación directa, la cual no es compatible con las cuestiones donde tenga que ver la prueba que deba resolver la situación debatida y en el caso de autos, la naturaleza de la relación laboral que vinculaba a las partes fue objeto de la controversia y por ello del material probatorio, por lo que esa no era la vía apropiada para atacar el fallo impugnado; y, c) en su explicación realiza alegatos propios de instancia e incluye normas que no fueron enunciadas como infringidas o relacionadas en su formulación, tal es el caso de los artículos 364 de la Constitución de la República, 47 del Código del Trabajo, 15 de la Ley Orgánica del Presupuesto, 22 de la Ley de Servicio Civil y 200 y 201 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil.-"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

"Que tampoco resulta admisible el anterior cargo, ya que la Impetrante incurre en los siguientes defectos: a) si bien las normas que cita como infringidas (artículos 116 y 117 del Código del Trabajo) ostentan carácter sustantivo, pero la disposición contenida en el artículo 116 referido, cuenta con varios párrafos y literales, con diferentes situaciones jurídicas, de las cuales era necesario precisar a cuál de ellas se dirige el ataque al fallo y el Recurrente no lo hizo; b) indica en su formulación que la infracción indirecta es por error de derecho, pero al explicar aduce que “En ese sentido, el presente motivo de casación está orientado a establecer que la sentencia recurrida incurrió en un error de hecho al apreciar de manera errónea la prueba documental propuesta por la parte demandada…Las causas que motivaron el convencimiento desacertado de los juzgadores derivan de una errada interpretación de los artículos 116, 117 y 47 último párrafo en relación con los artículos 19 y 20 del código del trabajo…”, lo cual lo vuelve confuso al enunciar otras modalidades del error y otra causal del extraordinario recurso; c) en su formulación no particulariza cual es la prueba apreciada erróneamente por el juzgador, ni indica las reglas procesales que sirvieron de medio para la infracción de las sustantivas; y, d) en su explicación incluye normas que no fueron enunciadas como infringidas o relacionadas en su formulación, tal es el caso de los artículos 19, 20 y 47 del Código del Trabajo."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

"Con respecto a los denominados contratos de servicios profesionales, esta Sala comparte el criterio de la Sala de lo Constitucional de este Tribunal, que ha venido señalando “…que en cuanto a los contratos de servicios profesionales entre otras, presentan las siguientes características a saber: a) Prevalece la autonomía de la voluntad de las partes contratantes; b) No está supeditada a una dirección inmediata, ni recibe instrucciones; c) La prestación del servicio o trabajo es bajo la égida de conocimientos científicos, y quien ejerce los mismos debe tener un título facultativo y autorización legal para prestarlos, amén de estar colegiado; d) No está sujeto a un horario de trabajo; e) Su remuneración es en concepto de honorarios profesionales, los cuales son pactados libremente, y podrán ser pagados de manera sucesiva o bien en un solo pago; y f) Al terminar la relación profesional, no se puede reclamar indemnización alguna…Que no obstante lo pactado por las partes en los llamados contratos de servicios profesionales, es menester señalar que la relación de trabajo ésta por principio, protegida por la presunción legal que prevé el Artículo 21 del Código del Trabajo en el sentido de que la misma está regida por un contrato de trabajo…”[1].-"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 20 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 21 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., treinta y uno de julio de dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha dieciocho de abril de dos mil diecisiete, por la Abogada SANDRA YAMILETH GONZALEZ ROSALES, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además es parte recurrida, la señora ANA ROSA GALEAS CHAVEZ, representada en juicio por la Abogada CARMEN LETICIA VELASQUEZ CASTILLO. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el reintegro al puesto de trabajo y se ordene el pago de los salarios a título de daños y perjuicios, por considerar que el contrato que tenía la demandante era por tiempo indefinido, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce de octubre de dos mil trece, por la señora ANA ROSA GALEAS CHAVEZ, mayor de edad, soltera, estudiante de enfermería, hondureña, y con domicilio en el Departamento de La Paz, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD PUBLICA, por medio de la Procuradora General de la República, señora ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, mayor de edad, soltera, Abogada, hondureña y de este domicilio.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha siete de diciembre de dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: I.- Declarar SIN LUGAR el DEFECTO MATERIAL DE PRESCRIPCION opuesto por la Representante Procesal de la parte demandada; II.- Declarar CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral PARA EL REINTEGRO A SU PUESTO DE TRABAJO, PAGO DE LOS SALARIOS A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS DESDE LA FECHA DEL DESPIDO HASTA QUE CON SUJECION A LAS NORMAS PROCESALES QUEDE FIRME LA SENTENCIA DEFINITIVA. DEBIENDOSE DECLARAR MEDIANTE SENTENCIA POR TIEMPO INDEFINIDO; instaurada por la Señora ANA ROSA GALEAS CHAVEZ; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal el Señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA Procurador General de la República. III.- CONDENAR: AL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su Representante Legal el Señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA a lo siguiente: a) Reintegrar a la Señora ANA ROSA GALEAS CHAVEZ a su puesto de trabajo por lo menos en igualdad de condiciones de trabajo que mantenía al momento de operarse la ruptura del contrato; al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se materialice el reintegro ordenado, y demás derechos adquiridos en su ausencia, debiendo la Institución demandada nombrarla como empleada permanente en el cargo que mantenía desde el inicio de su relación laboral; IV. SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral para la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, en fecha 01 de marzo del 2006, como Ayudante de Hospital en el hospital Doctor Roberto Suazo Córdova de la ciudad de La Paz, devengando un salario mensual de L.2,226.00 aproximadamente en el mes de julio tuvo un incremento de salario mínimo aprobado en el gobierno 2008, al momento del despido de L.6,000.00; que firmó con el empleador un contrato de servicios personales por tiempo determinado, siendo el puesto de naturaleza permanente en la hoy demandada, ya que sus labores eran de ayudante de hospital, en el área de aseo, actividades que siempre se van a dar en la institución, por ende, debió firmarse un contrato de trabajo por tiempo indeterminado de acuerdo a lo que dispone el artículo 47 primero párrafo del Código del Trabajo donde establece que si el puesto es permanente, el contrato deberá celebrarse por tiempo indeterminado establecido como norma general de los contratos de trabajo por tiempo indeterminado y como excepción los contratos por tiempo determinado, dándose los elementos establecidos en los artículos 20 y 24 del Código del Trabajo; agotándose el trámite administrativo correspondiente, sin llegar a ningún acuerdo conciliatorio con la institución demandada.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que si bien es cierto que la ahora demandante prestó sus servicios personales como Ayudante de Hospital en el Hospital “Doctor Roberto Suazo Córdova” del departamento de La Paz, no es menos cierto que tal relación estaba tutelada por cláusulas contractuales legalmente establecidas, consentidas y acordadas en legal y debida forma por las partes, sin objeción alguna por parte de la demandante en el momento de la suscripción del contrato. Relación que finalizaba con la fecha de terminación del mismo, y que de suscribirse un nuevo contrato se requería del presupuesto respectivo legalmente aprobado, lo que hace cada contrato independiente uno del otro por lo cual no se puede considerar continuidad en la relación contractual que sostuviera la institución demandada con la parte actora, pretendiendo con ello la demandante confundir en su análisis al juzgador de la causa. Rechazando a la vez sobre lo relacionado al incremento de salario que aduce la demandante haber gozado, ya que por ser contratos de prestación de servicios personales a término, éstos cuentan con cuantía determinada legalmente aprobada para el pago por la prestación del servicio hasta la finalización del mismo; obviamente para la firma de un nuevo contrato, las partes pueden acordar algún cambio en las cláusulas contractuales como ser monto distinto al anterior, plazo diferente, funciones adicionales o menores etc. lo cual no cambia lo intrínseco del contrato en sí como lo pretende hacer ver la demandante, argumentos con los cuales se demuestra que no existió despido alguno como lo manifestó la demandante. En otro orden de ideas, la demandante equivocó la vía correspondiente para interponer su reclamo al no ser el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán el competente para conocer de la causa, por tratarse de un contrato de servicios personales a término regido mediante cláusulas contractuales en las que se estableció concertadamente entre las partes que en caso de conflicto que se presentase durante la ejecución del mismo, éste sería dilucidado ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán por estar el mismo dentro del marco del Derecho Administrativo, específicamente en el literal a) del artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Interpuso en la audiencia primera de trámite, el defecto material de prescripción.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, dictó sentencia declarando sin lugar el defecto material de prescripción opuesto por la representante procesal de la parte demandada, con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por la señora Ana Rosa Gáleas Chávez, contra el Estado de Honduras, condenando al demandado a reintegrar a la demandante al puesto de trabajo, al pago de los salarios dejados de percibir y demás derechos adquiridos en su ausencia, debiendo la institución demandada nombrarla como empleada permanente en el cargo que mantenía desde el inicio de su relación laboral, sin costas; bajo el criterio que a la demandante desde que inició su relación laboral con la institución demandada ha sido continua y para la misma clase de trabajo; por lo consiguiente esta continuidad de celebración de Contratos se entiende por tiempo indefinido por lo que se cumple con la condición para considerar un trabajador permanente; de igual forma la parte demandada en la nota de fecha 31 de julio de 2013, no le señala una causa justa al momento de la terminación de la relación laboral, razón por la cual la suscrita es del criterio que procede declarar con lugar la demanda de mérito; que en relación a la excepción perentoria de prescripción opuesta por la representante procesal de la parte demandada se concluye que se ha acreditado en autos que en fecha 31 de julio del año 2013 fecha en la cual se le da por terminado el Contrato de Trabajo a la demandante y en fecha 05 de agosto de 2013 se instaura el reclamo administrativo ante la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, dando por agotado dicho reclamo administrativo en fecha 19 de agosto de 2013 y la presente demanda fue interpuesta ante este juzgado en fecha 14 de octubre de 2013, lo cual lo hizo dentro del término que señala el artículo 867 del Código del Trabajo, por lo que procede declarar sin lugar el defecto material de prescripción.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha siete de diciembre de dos mil dieciséis, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que el 01 de marzo de 2006, inició la relación laboral entre la demandante y la institución demandada, extremo que fue aceptado por la parte demandada, primero se determina que la referida contratación no es de una empleada temporal y que el puesto que la misma ocupaba y las actividades que desarrollaba eran de carácter permanente, y que no existe causal de finalización del contrato de trabajo, por lo que la trabajadora debe gozar de todos los derechos y que dicha relación no puede finalizar por la decisión unilateral del patrono, sin que media justa causa legal y calificada en la norma laboral, haciendo procedente el reintegro a sus habituales laborales, en igualdad de condiciones hasta antes de darse la interrupción del contrato de trabajo. Que ante el reclamo de la demandante de los derechos como el pago de los salarios dejados de percibir y demás derechos laborales, son procedentes declararlos con lugar, pues los mismos son una cuestión derivada del derecho de permanencia antes referido.- 5. Mediante auto de fecha uno de marzo de dos mil diecisiete, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada SANDRA YAMILETH GONZALEZ ROSALES, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha dieciocho de abril de dos mil diecisiete, compareció ante éste Tribunal la Abogada SANDRA YAMILETH GONZALEZ ROSALES, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha ocho de mayo de dos mil diecisiete, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada CARMEN LETICIA VELASQUEZ CASTILLO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que la Abogada SANDRA YAMILETH GONZALEZ ROSALES, en su primer motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva nacional y de índole laboral, en infracción directa de la disposición contenida en el artículo 2 numeral 2; al igual la acuso de ser violatoria en infracción directa de la disposición contenida en el artículo 117 en relación con los artículos 113 párrafo primero, interpretado, 116 literal e) y 120 literal c) reformado, todo del Código de Trabajo.- PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral 1 primero párrafo del Trabajo.- EXPLICACIÓN DEL MOTIVO.- La Corte sentenciadora al confirmar el fallo dictado por el Juzgado de primera instancia, incurrió en infracción directa o falta de aplicación del artículo 02 numeral 2 del Código de Trabajo en virtud que está debidamente acreditado en autos que la relación que tuvo la señora ANA ROSA GALEA CHÁVEZ fue a través de Contratos por tiempo determinado, mismos que están fundamentados en una ley sustantiva distinta al código del trabajo; estando plenamente probado en autos que la relación con la parte demandante fue por tiempo determinado, mediante el objeto 12100, que utiliza mi representado para la contratación de personal por tiempo determinada, de conformidad a la disposición presupuestaria del año fiscal; demostrando con lo anterior que la demandante fue empleada publica de carácter temporal.- El mismo artículo establece que las relaciones entre el Estado, el departamento y el Municipio y sus servidores se regirán por las leyes del servicio Civil que se expidan y; La Ley del Servicio Civil vigente desde el 14 de octubre del año 1993 cuando se publicó en el diario oficial La Gaceta, establece los requisitos para trabajar con el Estado. Al revisa la sentencia emitida por el Juzgado de Letras del Trabajo que se impugna de fecha, catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciséis, dictada por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, mediante la cual confirman la Sentencia Definitiva de fecha veintiocho de septiembre del año dos mil dieciséis, en ninguna forma se refiere a la potestad del estado de realizar contratos por tiempo determinado, mismos que se rige por leyes sustantivas como lo son las disposiciones generales del presupuesto, la ley de servicio Civil y las leyes de 1a administración pública, leyes estas que mi representado está obligado a cumplir, no obstante el juzgador ignoró esto en la sentencia de mérito.- El Artículo 47 párrafo último del Código de Trabaje dispone: “En consecuencia, los contratos a plazo fijo para obra determinada tienen carácter de excepción y solo pueden celebrarse en los casos en que así lo exija la naturaleza accidental o temporal del servicio que se va a prestar o de la obra que se va a ejecutar”.- La relación entre la Secretaría de Salud y la demandante en manera alguna puede sujetarla a disposiciones del Código de Trabajo, si de los propios términos de dicho contrato se pone de manifiesto que principalmente por razones presupuestarias y además que la relación de servicio con el Estado queda sujeto a 1a Ley de Servicio Civil, y a las leyes administrativas, por lo tanto no se le puede reconocer pago de prestaciones laborales y demás derechos solicitados, ya que estos derechos únicamente le corresponden al personal que labora en forma permanente para la Secretaria de Salud y No mediante contratos temporales, sujeto por tanto a la aplicación de normas de derecho administrativo.- Tanto la Ley Orgánica de Presupuesto, la Constitución de la República, la Ley de Servicio Civil, y su Reglamento como la Ley General de la Administración Pública contienen disposiciones que regulan la relación entre el Estado como patrono y el servidor público, leyes sustantivas que son ajenas a lo que dispone el Código del Trabajo que regula fundamentalmente la relación entre el capital (empresas con fines de lucro) y el trabajo, pero de ninguna manera una relación de servicio público del Gobierno Central.- Si se celebran contratos de servicios profesionales y técnicos, es principalmente por la naturaleza del servicio, en primer lugar, porque no se pueden comprometer presupuestos de años futuros y de hacerlo se tiene que proceder conforme lo dispuesto en el artículo 364 de la Constitución de la República el cual claramente establece: “no podrá hacerse ningún compromiso o efectuarse pago alguno fuera de las asignaciones votadas en el Presupuesto, o en contravención a las normas presupuestas. Las infractores serán responsables civil, penal y administrativamente” En ese sentido, el artículo 15 de la Ley Orgánica de Presupuesto, expresa que cuando se trate de contratos de obra, programas o proyectos de inversión, contratos de suministro, de asistencia técnica y de arrendamiento, cuando resulte antieconómico limitar sus plazos al ejercicio fiscal y cargos financieros originados en operaciones de crédito público, que obviamente no comprende esto caso; es por lo anterior que la cláusula Cuarta de los contratos se precisan: la estructura presupuestaria que se afectará, la institución, el Programa, el Sub Programa, la Actividad, la Fuente el Objeto para poder pagarle al contratista del Estado requisito esencial tal como lo ordenan los artículos precitados. Y en segundo lugar que la relación de servicio con carácter permanente en el Gobierno Central se vincula mediante acuerdos de nombramiento, después de seguir todo el procedimiento que para ello establece la Ley de Servicio Civil. Los artículos 200 y 201 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil prescriben: “ARTICULO 200. Las Secretarías de Estado y los organismos desconcentrados podrán suscribir contratos de servicios profesionales y técnicos con personas naturales cuando las 1abores asignadas no puedan ser realizadas por los empleados regulares o de carrera, ya fuere por la especialidad de las labores o por otra razón calificada. Esta modalidad también podrá emplearse para reclutar personal calificado que se requiera para la ejecución de proyectos especiales, Previo a la suscripción de los contratos deberá acreditarse que los candidatos reúnen los requisitos de idoneidad y capacidad requeridos, a cuyo efecto deberá acompañarse copia de los títulos, diplomas o certificaciones que corresponden así como la hoja de vida con los antecedentes profesionales y la experiencia necesaria y sus remuneraciones deberán ajustarse en lo posible a los de los servidores públicos que realizan tareas similares como disponen los Artículos tres (3) Inciso 1) de la Ley y nueve (9) de este Reglamento, quienes prestan servicios bajo esta modalidad están excluidos del Servicio Civil. ARTICULO 201. Para la validez de estos contratos deberán observarse las normas presupuestarias; no podrá suscribirse contrato alguno si no hubiera disponibilidad suficiente en la correspondiente asignación para gastos del ejercicio fiscal que corresponda. La contravención a lo acá dispuesto hará incurrir en responsabilidad.”.- El artículo 22 de la Ley de Servicio Civil dispone que “todos los puestos de la administración pública comprendidos en el Manual de Clasificación de Cargos deberán adjudicarse en base a exámenes por oposición salvo aquellas circunstancias especiales en que no sea conveniente seguir este procedimiento, por exigirse conocimientos muy especializados o porque la naturaleza del cargo así lo aconseje, en cuyo caso podrá aplicarse el método de oposición de antecedentes. El Manual de Clasificación de Cargos deberá señalar los casos calificados que comprenda esta excepción” El artículo 6 del Reglamento de esta Ley dispone: “Para los fines de la Ley y del presente Reglamento, los términos y definiciones que a continuación se indica, tienen el siguiente significado: 3. Acuerdo del Poder Ejecutivo: Acto administrativo dictado por el Presidente de la República que autoriza al respectivo Secretario de Estado o el dictado por un Secretario de Estado actuando por delegación del Presidente de la República, relativo, en ambos casos, a la legalización de situaciones prescritas por la Ley... 28. Nombramiento: Es el acto administrativo de concesión del status de Empleado o Servidor Público a una persona natural, por medio de un Acuerdo expedito por la autoridad competente conforme a la Ley.” De acuerdo con las disposiciones legales que he citado, para que un servidor público tenga la permanencia en el cargo y por ende derecho al pago de prestaciones laborales y demás derechos en caso de haber sido despedido injustificado, se requiere que exista una asignación presupuestaria y que la misma este afecta a dicha relación, que el servidor público se sujete a la normativa de la Ley de Servicio Civil, entre ellas la de hacer examen de oposición, requisitos que se constituyen en solemnidades para la permanencia en el cargo público que dan el derecho al pago de prestaciones laborales en caso de ser despedido injustificadamente el Servidor Público. Por lo antes expuesto, es procedente en derecho que se declare ha lugar este motivo de casación, que se case la sentencia recurrida y como resultado de ello que se declare sin lugar la demanda promovida contra el ESTADO DE HONDURAS.”.- III. Que el cargo que antecede resulta inadmisible, ya que la Recurrente incurre en los siguientes defectos técnicos: a) El artículo 2 numeral 2) del Código del Trabajo, señalado entre otros como infringido, es una disposición que enuncia que quedan exceptuadas de la aplicación imperativa de las normas del Código del Trabajo, entre otros, los empleados públicos nacionales, departamentales y municipales y además define que se entiende por empleado público, por lo cual la misma no impone derechos y obligaciones reciprocas para trabajadores y patronos o que las extinga, por ende, carece del carácter sustantivo que establece el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico; b) invoca la infracción directa o falta de aplicación que es una modalidad de la violación directa, la cual no es compatible con las cuestiones donde tenga que ver la prueba que deba resolver la situación debatida y en el caso de autos, la naturaleza de la relación laboral que vinculaba a las partes fue objeto de la controversia y por ello del material probatorio, por lo que esa no era la vía apropiada para atacar el fallo impugnado; y, c) en su explicación realiza alegatos propios de instancia e incluye normas que no fueron enunciadas como infringidas o relacionadas en su formulación, tal es el caso de los artículos 364 de la Constitución de la República, 47 del Código del Trabajo, 15 de la Ley Orgánica del Presupuesto, 22 de la Ley de Servicio Civil y 200 y 201 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil.- IV.- Que en su segundo motivo la Recurrente expone: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley sustantiva nacional y de índole laboral, por infracción indirecta por la apreciación errónea del medio de prueba documental admitido, y que hizo incurrir en error de derecho que aparece manifestó en autos y que llevó en forma indirecta a la Corte sentenciadora a la violación del artículo 116 y 117 del Código del Trabajo ya que también en ninguna forma el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán se refiere a los Contratos por tiempo determinado. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 765, ordinal 1° párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El artículo 765 numeral 1 párrafo segundo del Código del Trabajo establece: “Si la violación de la ley proviene de apreciación errónea o falta de apreciación de determinada prueba, es necesario que se alegue por el recurrente sobre este punto, demostrando haberse incurrido por el sentenciador en error de hecho o de derecho que aparezca de manifiesto en los autos”. En ese sentido, el presente motivo de casación está orientado a establecer que la sentencia recurrida incurrió en un error de hecho al apreciar de manera errónea la prueba documental propuesta por la parte demandada, consistente en los contratos de servicios profesionales por tiempo determinado suscrito entre la señora Ana Rosa Gáleas Chávez y la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud; apreciación errónea que, tiene un valor decisivo en el fallo tomada por el Juez , ya que se le da el valor de un contrato de trabajo y no el de un contrato a término cuyo conflicto esta derivado a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, pues así lo establecieron libremente las partes, en todos los contratos, citando para ilustración la cláusula tercera del último contrato suscrito. Las causas que motivaron el convencimiento desacertado de los juzgadores derivan de una errada interpretación de los artículos 116, 117 y 47 último párrafo en relación con los artículos 19 y 20 del código del trabajo, que derivaron en el juzgador estimara de forma errónea, el valor que debió darle a dichos contratos de trabajo, pues la relación entre la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD y la señora ANA ROSA CHÁVEZ era por un tiempo predominado y no por un tiempo indefinido; con lo cual se violaron las reglas procesales contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del trabajo cuyo quebranto derivo en infracción a normas sustantivas. De manera equivocada la Corte recurrida establece que las labores realizados por la demandante fueron de naturaleza permanente, que no se acredito justa causa de despido y además considero que se dieron los tres elementos para considerar un contrato de trabajo; estos argumentos se encuentra totalmente alejados de la realidad inferida de la prueba señalada, pues los contratos de servicios profesionales o técnicos son contratos a términos que dependen de un objeto presupuestario, hecho que en ningún momento fue valorado como causal para finalización de los mimos. Las leyes administrativas que rigen las relaciones laborales entre el Estado y los trabajadores facultan a este para realizar contratos por tiempos determinado, mediante la partida u objeto de gasto 12100 tal como está establecido en los contratos referidos; ello porque el Estado no es una empresa con fines de lucro, si no que fueron creadas para prestar servicio a la población en las medidas d sus posibilidades fiscales. En adiciona ello, las relaciones laborales permanentes con el estado con regidas a través de acuerdos. Ese error de hecho en la valoración de la prueba documental relacionada, género como consecuencia obligada y necesaria en la violación de ley sustantiva por vía indirecta de los artículos 116 y 117 del Código del trabajo, por ser normas aplicables al caso específico. Lo anterior dado que, hemos sostenido previamente, que desatinadamente se le dio la categoría de contratos indeterminados a los suscritos por las partes supra-indicadas, cuando claramente estamos ante un contrato a término. Además, obligando a mí poderdante a dar preaviso e indicar una causal de despido, en un caso que a todas luces no corresponde a la jurisdicción laboral. Estas consideraciones hubieran permitido que el Juez de instancia y los Magistrados de Corte de Apelaciones hubieran arribado a la concusión que no existió ningún despido injustificado, si no que la terminación de un contrato por haber llegado a su fin, pues así lo acordaron la partes involucradas; resultando contrario derecho considerar tal relación de carácter permanente ya que estos contratos fueron suscritos de manen temporal, por periodos determinados, existiendo interrupción de los mismos, resultando inexistente la relación laboral entre las partes”.”.- VI.- Que tampoco resulta admisible el anterior cargo, ya que la Impetrante incurre en los siguientes defectos: a) si bien las normas que cita como infringidas (artículos 116 y 117 del Código del Trabajo) ostentan carácter sustantivo, pero la disposición contenida en el artículo 116 referido, cuenta con varios párrafos y literales, con diferentes situaciones jurídicas, de las cuales era necesario precisar a cuál de ellas se dirige el ataque al fallo y el Recurrente no lo hizo; b) indica en su formulación que la infracción indirecta es por error de derecho, pero al explicar aduce que “En ese sentido, el presente motivo de casación está orientado a establecer que la sentencia recurrida incurrió en un error de hecho al apreciar de manera errónea la prueba documental propuesta por la parte demandada…Las causas que motivaron el convencimiento desacertado de los juzgadores derivan de una errada interpretación de los artículos 116, 117 y 47 último párrafo en relación con los artículos 19 y 20 del código del trabajo…”, lo cual lo vuelve confuso al enunciar otras modalidades del error y otra causal del extraordinario recurso; c) en su formulación no particulariza cual es la prueba apreciada erróneamente por el juzgador, ni indica las reglas procesales que sirvieron de medio para la infracción de las sustantivas; y, d) en su explicación incluye normas que no fueron enunciadas como infringidas o relacionadas en su formulación, tal es el caso de los artículos 19, 20 y 47 del Código del Trabajo.- VII.- Con respecto a los denominados contratos de servicios profesionales, esta Sala comparte el criterio de la Sala de lo Constitucional de este Tribunal, que ha venido señalando “…que en cuanto a los contratos de servicios profesionales entre otras, presentan las siguientes características a saber: a) Prevalece la autonomía de la voluntad de las partes contratantes; b) No está supeditada a una dirección inmediata, ni recibe instrucciones; c) La prestación del servicio o trabajo es bajo la égida de conocimientos científicos, y quien ejerce los mismos debe tener un título facultativo y autorización legal para prestarlos, amén de estar colegiado; d) No está sujeto a un horario de trabajo; e) Su remuneración es en concepto de honorarios profesionales, los cuales son pactados libremente, y podrán ser pagados de manera sucesiva o bien en un solo pago; y f) Al terminar la relación profesional, no se puede reclamar indemnización alguna…Que no obstante lo pactado por las partes en los llamados contratos de servicios profesionales, es menester señalar que la relación de trabajo ésta por principio, protegida por la presunción legal que prevé el Artículo 21 del Código del Trabajo en el sentido de que la misma está regida por un contrato de trabajo…”[1].- VIII.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación.

POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los doce días de mes de septiembre del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha treinta y uno de julio del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 70-17.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

[1] Ver sentencias del 30 de septiembre del 2016, expedientes ASL 273-15 y AL 694-15, 19 de octubre del 2016, expediente AL 777-14