Sentencia CL-654-17 — Registro 8474
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria de emplazamiento laboral a fin de que el patrono pruebe la causa justa del despido directo, caso contrario se condene al pago de las prestaciones e indemnización laborales más los salarios dejados de percibir y décimo tercer mes y décimo cuarto mes de salario desde el momento del despido injusto hasta que la sentencia quede firme
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
...."En el cargo que antecede resulta inadmisible, ya que el Recurrente incurre en los siguientes defectos técnicos: a) el precepto autorizante ha sido señalado de forma imprecisa, ya que se limitó a indicarlo comprendido en el “Artículo 165 ordinal primero del Código del Trabajo”, cuando ese ordinal primero contiene dos párrafos, con distintas causales o motivos de este extraordinario recurso; b) en los casos de violación directa de la ley, como es el señalado por interpretación errónea, no cabe hacer señalamiento de normas procesales que regulan el tema probatorio, como lo hace al incluir un apartado o acápite de REGLAS PROCESALES VIOLADAS; y, c) en su explicación se realizan alegatos propios de instancia y censura la valoración de los hechos y de las pruebas, que es propio de otro tipo de violación, que es la indirecta.-"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., seis de diciembre de dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 07 de marzo del 2018, por el Abogado MANFREDO IVAN GALINDO ALVARADO, mayor de edad, hondureño y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en su condición de representante procesal de la Entidad Pública denominada FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, el señor JONATHAN ARNALDO OCHOA CASTRO, representado en juicio por la Abogada GANDHI ROCIO MEJÍA MENDOZA. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria de emplazamiento laboral a fin de que el patrono pruebe la causa justa del despido directo, caso contrario se condene al pago de las prestaciones e indemnización laborales más los salarios dejados de percibir y décimo tercer mes y décimo cuarto mes de salario desde el momento del despido injusto hasta que la sentencia quede firme y demás derechos laborales más las costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 14 de noviembre del 2016, por el señor JONATHAN ARNALDO OCHOA CASTRO, mayor de edad, soltero, Licenciado en Administración de Empresas, hondureño y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, contra la Entidad Pública denominada FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS, a través de su Representante Legal y Gerente General el señor NOEL ARMANDO REYES FAJARDO, mayor de edad, casado, Licenciado, hondureño y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 20 de noviembre del 2017, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 27 de septiembre del 2017, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la demanda Laboral promovida por JONATHAN ARNALDO OCHOA CASTRO en Contra la empresa Pública FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS, a través de su Representante Legal NOEL ARMANDO REYES FAJARDO ambos de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia; En consecuencia: 2) CONDENA a la empresa Pública FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS, a través de su Representante Legal NOEL ARMANDO REYES FAJARDO a pagarle al trabajador demandante JONATHAN ARNALDO OCHOA CASTRO, la cantidad de CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (L.161,915.74), los cuales se desglosan así: Preaviso L.53,666.67 Auxilio de Cesantía L.80,500.00, auxilio de cesantía proporcional L.4,323.15, vacaciones proporcionales L.2,470.37, décimo cuarto mes proporcional L.16,227.78 décimo tercer mes proporcional L.4,727.78, Mas a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde que ocurrió la terminación del contrato hasta que de acuerdo con las normas procésales quede firme el presente fallo.- 3) SIN COSTAS.- En virtud de que la normativa laboral es de carácter social”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que inició la relación de trabajo con la parte demandada, el 16 de julio del 2013, como Jefe de Operaciones de la empresa pública, devengaba un salario ordinario mensual de L. 23,000.00, y un salario promedio mensual de Lps. 23,833.20; que el día 14 de septiembre del 2016, se le entregó carta de despido cuyo contenido es generalizado y nada correcto, limitándose a copiar el contenido de cierto artículo del Código del Trabajo sin indicar concretamente cual era la causa del despido, no le explicaron concretamente cual es el incumplimiento a las labores; y que según la normativa laboral en su artículo 117 del Código del Trabajo, la parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo, debe de hacerlo por escrito, indicando en forma clara la causa válida, que no puede ser otra que alguna consignada en el contrato de trabajo; pero causa que debe de ser suficiente clara y específica para que pueda existir una verdadera defensa y después el patrono no puede alegar otra causa distinta, argumentó que el patrono incumpliendo el deber de sustentar una causa válida en su nota de despido y de realizar el procedimiento legal convencional reglamentario todo en el plazo de un mes, le ha despedido injustamente; y con el ánimo de conciliar acudió a la Secretaría del Trabajo, siendo imposible llegar a un arreglo conciliatorio, se dio por agotado el trámite administrativo.- 2.- La parte demandada, el FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que todo pasó por el incumplimiento continuo de sus responsabilidades laborales documentadas desde el segundo semestre del 2014 hasta la fecha de su despido en septiembre de 2016, situación que quedó descubierta con la gestión del actual gerente donde se le empieza a exigir el Departamento Administrativo y Financiero a través de memorando el cumplimiento de sus labores ya que detectó improductividad de ese departamento y se cursó el correspondiente memorando el 08 de diciembre de 2014 al señor Jonathan Arnaldo Ochoa Castro a partir de ese momento a la fecha del despido hay una enorme cantidad de memorando, informes de microempresas de mantenimiento, además hay audiencias de descargo para el señor Ochoa Castro; alegó que finalmente hubo por parte de la Gerencia varios intentos de despedir al demandante, sin embargo la información sobre los derechos adquiridos era procesada por distintos departamentos había fuga de información y milagrosamente el señor no llegaba, y la penúltima vez de materializar el despido el señor Ochoa Castro presento a través de un personero del Ministerio del Trabajo un certificado médico de incapacidad logrando con eso evadir cualquier acción de despido y pesar de que sabía que lo despedirían nunca se preocupó de cumplir con sus labores; permitió de forma certera y continua desde año y medio atrás hasta la fecha del despido, manejo de manera continua la irresponsabilidad.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 27 de septiembre del 2017, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por el señor JONATHAN ARNALDO OCHOA CASTRO, contra el FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS, condenó a la empresa demandada a pagarle al trabajador demandante, la cantidad de L.161,915.74, por los conceptos de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones proporcionales, décimo cuarto mes proporcional, décimo tercer mes proporcional; más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde que ocurrió la terminación del contrato hasta que de acuerdo con las normas procésales quede firme el presente fallo; sin costas; bajo el criterio que de conformidad al estudio integro de los autos, se estima que la demandada omitió indicar con precisión y claridad las causas o motivos que la mueven a tomar esa determinación pues en dicha nota solo establece, que a raíz del incumplimiento de forma continua de sus labores a la fecha, invocando como causal de despido la que señala el artículo 112 letra i) del Código del Trabajo que dice: la negativa manifiesta y reiterada del trabajador a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades; o el no acatar el trabajador, en igual forma y en perjuicio del patrono, las normas que este o su representante en la dirección de los trabajos le indiquen con claridad, para obtener la mayor eficacia y rendimiento en las labores que se están ejecutando; que la parte demandada si bien es cierto con las pruebas propuesta y evacuadas logro establecer que efectivamente el demandante no cumplía con su trabajo ya que no presentaba los informes correspondientes de su cargo, pero la nota de despido carece de la terminación motivada ya que en dicha nota de despido omite la demandada consignar cuales fueron las causas graves que cometido el trabajador, además no señala correctamente la última fecha que el trabajador cometió falta grave y que motivo a la empresa a tomar la decisión de dar por despedido al trabajador demandante sin responsabilidad de su parte; que el despido realizado al demandante en las circunstancias como la del presente caso se aparta del principio de terminación motivada importante conquista del derecho laboral en materia de terminación del contrato de trabajo; que consiste en obligar a las partes y particularmente al patrono a motivas la terminación del contrato de trabajo, es decir dar en el momento de la ruptura una explicación clara de la causa o motivo que lo impulsa a tomar esa decisión, causa o motivo que desde luego no puede ser distinto ni contrario a lo establecido en la ley en forma expresa como suficiente para justificar la terminación de la relación de trabajo; que la ley laboral establece que cuando el patrono no prueba la justificación en que funda el despido debe pagarle al trabajador las indemnizaciones que según el Código de Trabajo le pueden corresponder y a título de daños y perjuicios, los salarios que ha este habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procésales del cuerpo de la ley citado debe quedar firme la sentencia condenatoria; que a la terminación del contrato de trabajo el patrono deviene obligado a pagar al trabajador los beneficios sociales entendiéndose como tales; el derecho a vacaciones, el derecho a décimo tercer mes en concepto de aguinaldo y el derecho a décimo cuarto mes de salarios de compensación social en la proporción en que tales derechos son debidos sino han sido causados en su totalidad con independencia de la causa de terminación del contrato de trabajo es justificado o no.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, en fecha 20 de noviembre del 2017, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que en el caso de autos, de la lectura de la nota de despido, la demandada al momento de notificar el mismo le hace saber al actor que se debe al incumplimiento de forma continuada de labores, omitiendo señalar con claridad y precisión cuales fueron las causas o motivos, que le llevaron a ponerle fin a la relación de trabajo, ya que si bien le citaron disposiciones legales, no se expresaron los hechos o situaciones concretas generadoras de tal determinación, lo cual si bien es cierto fueron alegadas en el desarrollo del juicio, también lo es que para ese momento procesal ya eran tardías o extemporáneas, al tenor a lo dispuesto en el párrafo final de la norma legal pre citada, tal y como lo consideró la iudex a-quo; no obstante que de la prueba aportada por la demandada, consta que al trabajador se le realizó dos audiencias de descargos en fechas 15 de abril y 07 de julio ambas del año 2016, en relación a los hechos consignados en el escrito de contestación de demanda, no hay una relación inmediata entre los hechos investigados en la audiencia de cargos y descargos y la nota de despido, pues esta última data del 15 de septiembre de ese mismo año, es decir, varios meses después de la realización de las citadas audiencias; de ahí que el despido en esas circunstancias es ilegal y por cuya razón resulta ser innecesario analizar y valorar las pruebas que la demandada haya presentado para pretender acreditar que existieron justas causas para terminar la relación de trabajo; (en similares términos se ha pronunciado la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo); por las razones antes expuestas, ésta Alzada considera. que la sentencia que se conoce en apelación debe confirmarse.- 5.- Mediante auto de fecha 25 de enero del 2018, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por Abogado CARLOS RENE ROBLEDA MORALES, en su condición de representante procesal del FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 07 de marzo del 2018, compareció ante éste Tribunal el Abogado MANFREDO IVAN GALINDO ALVARADO, en su condición de representante procesal del FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 16 de abril del 2018, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada GANDHI ROCIO MEJÍA MENDOZA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que el Recurso de Casación configura un medio de impugnación que a la vez sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del Derecho y es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura es dirigida contra un fallo que hace tránsito a cosa juzgada dictado por un Tribunal de Apelación, alegándose infracción de la ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la norma legal sustancial; por ello, el litigante que hace uso de esta vía procesal extraordinaria está obligado a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del juicio laboral con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero se debe revisar si el libelo casacional llena todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales.- II.- Que el Abogado MANFREDO IVAN GALINDO ALVARADO en su único motivo de casación alega lo siguiente: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva Nacional en infracción por interpretación errónea del Artículo 112 literal “i” del Código del Trabajo en el caso de la interpretación errónea el juez, sí aplica la ley que regula el caso, pero le da una interpretación que no es la correcta). REGLAS PROCESALES VIOLADAS. Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las Normas Sustantiva señalada, están contenidas en los Artículos 738 y 739 párrafos primero y segundo del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo está comprendido en el Artículo 165 ordinal primero del Código del Trabajo. DOCTRINA: “...El recurrente realiza el verdadero parangón entre la ley sustancial y el tallo impugnado, entendiendo que es deber del ciudadano demostrarle al Tribunal, cómo la administración de justicia atropelló el sistema jurídico mediante un supuesto fallo errado, partiendo de la base que las decisiones pronunciadas por los jueces están ampliamente cobijadas por una presunción de legalidad y es a la parte que interpone el recurso quien debe demostrar lo contrario. El ataque del fallo que proyecta el recurrente no puede ser temeraria ni mucho menos general o abstracto, sino en cambio debe obedecer a una acusación seria en donde se resalte la evidente aposición del fallo a tas disposiciones legales...” LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA DE LA FORMA SIGUIENTE: Afirmamos que, la Corte Sentenciadora hace suyas las consideraciones del Juzgador de primera instancia y confirma la sentencia en todas sus partes, con dicho actuar existe un equivocado entendimiento de la norma el sentenciador entendió que, el objeto del debate era sí el actor conoció las razones o motivos del despido y que de saberlo de manera expresa y apropiada, continua como acto normal, el establecer sí la decisión tomada está amparada en una justa causa para terminación de la relación contractual; que han llegado a convencerse que al actor no se le dio una explicación clara de la causa o motivo; evidentemente hay una interpretación errónea de la norma.- La empresa Estatal denominada FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS de manera unilateral termina la relación contractual con el señor JONATHAN ARNALDO OCHOA CASTRO, estableciendo de manera clara y terminante que era por: “… del incumplimiento de forma continua de sus labores...”, el patrono al suscribir el contrato individual de trabajo le fija al empleado sus roles y obligaciones a desarrollar, y que por esa dependencia y cumplimiento le remunerará con el salario mensual; que en aras de un mejor cumplimento el patrono fija las normas o directrices en el desarrollo de los trabajos, ello para la obtención de mayor eficacia a rendimiento en las labores que esté ejecutando, es así, que al señor JONATHAN ARNALDO OCHOA CASTRO, sabe plenamente cual es su obligación y por su continuado incumplimiento se le hace allegar un memorando del representante patronal e donde se le exige que cada semana debe rendir un informe de sus labores, nombrado como Jefe de Operaciones ya tiene definido su labor a desarrollar: cada semana debe dar un informe por escrito, con ello la empresa sabrá su labor desarrollada, pero durante toda su gestión solamente brindó dos informes, no entregó casi ochenta informes, ante ese incumplimiento fue llamado a audiencias de descargas y el reclamo era el mismo, las razones por las cuales no entregaba sus informes semanales; la justificación era por no tener computadora cuando perfectamente podía hacerse de manera manuscrita, su labor era esa, dar cada semana un informe que recogía su labor de la semana en la supervisión de las vías férreas, para ello fue contratado, ninguna otra gestión, por ello se interpreta de manera errónea la norma al afirmarse por la sentenciadora que no existió una explicación clara, la cual existe, al expresar: “…del incumplimiento de forma continua de sus labores...’, ya su labor se sabía, consta en el contrato por el cargo nombrado y el memorándum y de las dos audiencias de descargo en los cuales es el mismo reclamo, el afirmar que incumplía el desarrollo de su labor no es necesario indicar cual labor, si solamente tenía una, y siendo que es una demanda de emplazamiento el controvertido o el objeto del debate no es el conocer las razones o motivos del despido, esas ya de antemano se sabían, era sí el patrono probaba la causa justa que le llevó a la terminación unilateral de la relación contractual, la aportación del FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS era probar que su empleado no quiso dar informes por escritos y ello le provocaba un perjuicio al no saber las demás dependencias y los superiores el estado de las vías férreas, los puentes, se probó esos extremos, pero el trabajador debía probar lo contrario del Incumplimiento de sus labores corno hecho afirmado, con solo presentar sus copias de todos los informes semanales era suficiente para dejar en evidencia a mi mandante que no era fusta la causa invocada. “La interpretación errónea consiste en el equivocado entendimiento de la norma”, es claro que el sentenciador entendió que debía explicarse la causa o motivo para que luego no apareciere otra causa no invocada; pero ya sabida las labores asignadas al actor y el indicar que ha incumplido de forma continua sus labores, no se ha desnaturalizado nada, ya que solamente hacía una labor, no se tiene que estructurar lo que él hacía, presentar un informe cada semana que es el resultado de sus inspecciones a la línea férrea, el incumplimiento es continuado al no presentar 80 informes aproximadamente y durante más de tres años solamente presentó dos informes, lo cual el mismo actor acepta ser cierto; lo que alegamos involucra cuestiones fácticas en las cuales no concuerdan el fallador y el atacante respectivamente. El entendimiento de la norma acusada (Artículo 112 literal “i” del Código del Trabajo) no fue equivocado de nuestra parte, sino correcto, pues precisamente esa es la interpretación cierta de la norma, lo que no sucede con el sentenciador que ha interpretado erróneamente la misma, ya que cuando se indica que se termina la relación contractual por incumplimiento en forma continuada de sus labores, es indicativo que no ha seguido las normas que los representantes patronales le indicaron en la dirección de su trabajo, lo cual fue claro, que era presentar cada semana un informe, y al referirme al incumplimiento de su labor es precisamente que, no presentó cada semana su informe por escrito, de manera que el actor y el Tribunal al final perfectamente sabían cuál era la causa o motivo para dar por terminado la relación, no hay equívocos.”.- III.- En el cargo que antecede resulta inadmisible, ya que el Recurrente incurre en los siguientes defectos técnicos: a) el precepto autorizante ha sido señalado de forma imprecisa, ya que se limitó a indicarlo comprendido en el “Artículo 165 ordinal primero del Código del Trabajo”, cuando ese ordinal primero contiene dos párrafos, con distintas causales o motivos de este extraordinario recurso; b) en los casos de violación directa de la ley, como es el señalado por interpretación errónea, no cabe hacer señalamiento de normas procesales que regulan el tema probatorio, como lo hace al incluir un apartado o acápite de REGLAS PROCESALES VIOLADAS; y, c) en su explicación se realizan alegatos propios de instancia y censura la valoración de los hechos y de las pruebas, que es propio de otro tipo de violación, que es la indirecta.- IV.- Que el Impetrante también pide se declare la nulidad subsidiaria de la sentencia bajo lo siguiente: “NULIDAD SUBSIDIARIA. Conforme se ha explicado, la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo, ha procedido a dictar una sentencia que no resulta clara, precisa ni congruente con lo demandado y Las pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, y ello resulta evidente porque dicho fallo hace referencia a situaciones jurídicas que no fueron objeto del debate: si la demanda era de emplazamiento, lo que corresponde es probar la causa justa invocada: “…del incumplimiento de forma continuada de sus labores…”, mi representada focalizó a ello, probó que se dejó por el actor de presentar más de 80 informes semanales y que solamente presentó dos, pero la Corte sentenciadora afirma que no se dio la explicación del motivo o causa y que en el proceso se alegó situaciones que han resultado ciertas, pero que no eran el controvertido o el objeto del debate, lo cual no es cierto, ello era el objeto del debate: el actor probar que sí hizo semanalmente sus informes y al patrono probar que incumplió sus labores al no presentar esos informes requeridos para el desarrolla de sus trabajos la que provoca incongruencia que no es objeto del recurso, pero de su observancia y por la facultad discrecional que se tiene, se puede decretar su nulidad. El preámbulo de la sentencia recurrida se asegura que la demanda ha sido promovida en contra de la empresa FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS a través del señor LUIS ALONSO PRUDOTH CASTRO, lo cual no es correcto, lo que a consideración debería decretarse su nulidad para que sea enmendada por la corte de Apelaciones del Trabajo.”.- V.- Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ha ocasionado un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en cuanto a lo argumentado por el Impetrante, éste debió encuadrar lo señalado como parte de un motivo de casación debidamente estructurado, en cuanto al punto de que en el preámbulo de la sentencia de segunda instancia se consigna otra persona como representante de la demandada, se advierte que es un mero lapsus calami, porque si bien se menciona al señor LUIS ALONSO PRUDOTH CASTRO, pero a su vez se indica que esa institución es representada por el señor NOEL ARMANDO REYES FAJARDO; además, revisado dicho fallo tampoco se detecta alguna situación que afecte el derecho de defensa o el debido proceso, resultando por ello inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- VI.- Por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierra el único motivo de casación y declarar sin lugar la nulidad subsidiaria solicitada.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en su único motivo. 2) SIN LUGAR la petición de nulidad subsidiaria de la sentencia. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los once días del mes de enero del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha seis de diciembre del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 654-17.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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