Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CL-645-16 — Registro 7726

Resumen

En primera instancia se interpuso demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones y demás indemnizaciones laborales, generadas por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos, declarada con lugar y confirmada en segunda instancia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...“III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) en la formulación se alega la infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea, modalidades de violación a la ley distintas que se deben señalar en forma separada, por la independencia de los cargos; b) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo 765 del Código del Trabajo en que encuentra comprendido el cargo; c) las normas que indica como violadas (Artículo 47 del Código del Trabajo y artículo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo) la primera citada no ostenta el carácter de norma sustantiva y la segunda no corresponde al orden laboral. Es importante recordar, que una disposición es sustantiva cuando crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa y la segunda no forma parte del cuerpo de índole laboral sustantivo; y, d) realiza alegatos propios de instancia.- IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo de casación.”

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, Numeral 5 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., once de junio del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 28 de marzo del 2017, por el Abogado JOSE RICARDO LARA WATSON, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA TÉCNICA DE PLANIFICACION Y COOPERACION EXTERNA (SEPLAN), ahora conocida como SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO (SCGG), como recurrente; además, es parte recurrida, el señor RICARDO EMILIO PAVON LARIOS, representado en juicio por el Abogado OSMAN NOE ACOSTA BENAVIDES. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones y demás indemnizaciones laborales, generadas por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos, en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo, más el pago de vacaciones, decimotercer y decimocuarto mes causados y proporcionales, pago de salarios dejados de percibir, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 25 de marzo del 2015, por el señor RICARDO EMILIO PAVON LARIOS, mayor de edad, casado, Licenciado en Administración de empresas, hondureño y de este domicilio, contra el del ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA TÉCNICA DE PLANIFICACION Y COOPERACION EXTERNA (SEPLAN), ahora conocida como SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO (SCGG), por medio de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada por el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 27 de octubre del 2016, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 09 de septiembre del 2016, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral promovida por el señor RICARDO EMILIO PAVON LARIOS en contra del ESTADO DE HONDURAS del representante legal el Señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. SEGUNDO:CONDENAR al ESTADO DE HONDURAS a través del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA A RECONOCER una relación de trabajo permanente la que sostenía el demandante señor RICARDO EMILIO PAVON LARIOS contra el ESTADO DE HONDURAS, por lo que la finalización de la relación laboral por haberse cumplido la vigencia del último contrato de trabajo por tiempo determinado es ilegal y ha operado el despido directo, ilegal, e injustificado, siendo procedente el pago a favor del demandante de las prestaciones e indemnizaciones laborales de la siguiente manera: preaviso l. 116,666.68,auxilio de cesantía l.116,666.68; auxilio de cesantía proporcional l.26.250.08; vacaciones proporcionales l.8,663.36; decimo cuarto mes proporcional l.26,166.75; pago de vacaciones correspondientes a los años laborados de igual forma el pago proporcional del decimo tercer y cuarto mes del año, periodo 2013-2014 l. 42,777.90; decimo tercer mes adeudado l. 71,666.67; decimo cuarto mes adeudado 1. 21,666.67, ambos periodos 2012-2013 y 2013-2014 por lo que asciende a un total de CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS (L. 433,494.79), más los salarios dejados de percibir desde la fecha del ilegal despido hasta que el presente fallo adquiera el carácter de firme. TERCERO: SIN COSTAS.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.-La parte demandante expresó en el escrito de su acción que en fecha 19 de julio del 2012 empezó su relación laboral para el Estado de Honduras, a través de la Secretaria de Coordinación General de Gobierno (SCGG), en el puesto de asesor financiero, devengando un salario mensual de L.50,000.00, que en virtud de la suscripción de varios contratos de trabajo de forma continua e ininterrumpida y al tenor de lo preceptuado en los artículos 47 y 52 último párrafo del Código del Trabajo, exponiendo que se podrá observar en los contratos de trabajo, que estos reúnen todos los elementos de un contrato de trabajo al tenor de lo también expuesto en el artículo 20 del Código del Trabajo, asimismo expuso que una vez vencido el último contrato de trabajo no se renovó el mismo a pesar de ser conscientes que me asiste el derecho al trabajo por la continuidad de dichos contratos y las funciones que realizaba son permanentes en la demandada, considerando esto y con fundamento en el artículo 113 del Código del Trabajo, que compareció ante la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social a efecto de llegar a un arreglo conciliatorio y dándose por agotado la vía administrativa y en virtud de no haberse solucionado su reclamo por esa vía.- 2.-La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que acepta la relación que existió con el demandante, pero rechaza que a éste se le pagaba un salario de L.50,000.00, sino que dicho pago era en concepto de honorarios profesionales y no salarios como alega la parte demandante, que en ningún momento se pretendió evadir obligaciones estipuladas en la Ley Laboral, puesto que nunca existió una relación laboral permanente entre ellos, sino una relación de Servicios Profesionales, en donde se estableció mediante contrato la temporalidad en la prestación del servicio que de ninguna manera acarrea la permanencia dentro de la Institución, asimismo el contrato establece que cualquier controversia que surja en base al mismo, se someterá al juzgado Contencioso Administrativo, y el presente caso debió someterse a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y no se le renovó el contrato porque la vigencia de su contrato de servicios profesionales había llegado a su término; y el artículo 113 del Código del Trabajo hace referencia al contrato individual del trabajo tiempo indefinido y en el caso de mérito, ha sido claro que es un contrato de profesionales alejado de la normativa con la que el demandante pretende confundir, ya que su contratación ha sido por modalidad de “Contrato Administrativo de Servicios Profesionales”, por un período determinado con fecha de inicio y de finalización ya establecida en los contratos, en consecuencia no le asiste el derecho sobre el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por tratarse de contratos administrativos de servicios profesionales enmarcados dentro del Derecho Administrativo.- 3.-El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 9 de septiembre del 2016, dictó sentencia declarando CON LUGAR la demanda, CONDENÓ al demandado a reconocer una relación de trabajo permanente la que sostenía el demandante señor RICARDO EMILIO PAVON LARIOS contra el ESTADO DE HONDURAS, por lo que la finalización de la relación laboral por haberse cumplido la vigencia del último contrato de trabajo por tiempo determinado es ilegal y ha operado el despido directo, ilegal, e injustificado, siendo procedente el pago a favor del demandante de las prestaciones e indemnizaciones laborales por la cantidad de L.433,494.79, más los salarios dejados de percibir desde la fecha del ilegal despido hasta que el presente fallo adquiera el carácter de firme, sin costas; bajo el criterio que es nulo de pleno derecho, al tenor de lo establecido en el artículo 3 del Código del Trabajo, la fecha de finalización de los contratos de trabajo por tiempo determinado que en su momento suscribió el demandante, debiendo el patrono someterse a las disposiciones legales para despedir a un trabajador permanente o sin causa justificada y al no existir dicha justificación, ha operado un despido ilegal e injusto, y la parte demandante probó en juicio que no se le pagaron las vacaciones causadas durante el tiempo que laboró con el demandado.- 4.-La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha 27 de octubre del 2016, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que la parte demandante acredito que su relación laboral era de carácter permanente, asimismo acreditó el despido alegado y por su parte la parte demandada no probó haber tenido justas causas para dar por terminado el contrato de trabajo del demandante.- 5.-Mediante auto de fecha 14 de febrero del 2017, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado CARLOS H. MEDRANO PERDOMO, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.-En fecha 28 de marzo del 2017, compareció ante éste Tribunal el Abogado JOSE RICARDO LARA WATSON, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 28 de abril del 2017, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado OSMAN NOE ACOSTA BENAVIDES, en su condición de representante procesal de la parte recurrida/recurrente, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.-Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que el Abogado JOSE RICARDO LARA WATSON , en el primer y único motivo de casación alega: “Se impugna por ser la sentencia violatoria de ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea del artículo 47 del Código del Trabajo que regula los contratos celebrados entre los trabajadores y las empresas, y no los celebrados entre el Estado y sus servidores que son los Contratos de Servicios Profesionales, regulados por el artículo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que es la jurisdicción que ha debido de conocer el caso de autos, en relación con el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo número 765 numeral 1 del Código del Trabajo. EXPRESIÓN DEL MOTIVO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la parte dispositiva de la sentencia impugnada. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El artículo número 765 numeral 1 del Código del Trabajo establece: Son causales de casación: Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea. El AD QUEM en la sentencia proferida no tomo en consideración lo establecido en los medios de prueba aportados al juicio, consistentes en los Contratos de Servicios Profesionales suscritos entre el demandante y mi representada suscritos por tiempo determinado y sujetos al derecho administrativo, tal como lo establecen las respectivas cláusulas de los contratos; al interpretar erróneamente que la relación laboral existente entre el demandante y mi representada era por tiempo indeterminado, aplicando indebidamente o interpretando erróneamente lo establecido en el artículo 47 del Código del Trabajo que regula las relaciones entre el capital y el trabajo, es decir entre las empresas y los trabajadores, y no las relaciones laborales existentes entre el Estado y sus servidores; y la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en su artículo 3 literal a) establece que “ Corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo todo lo relativo a los Contratos de Servicios Profesionales o Técnicos que celebren los Poderes del Estado”, Estos contratos tienen vigencia únicamente dentro del presente Ejercicio Fiscal, no debiendo considerarse, para ningún efecto, al personal contratado bajo esta modalidad como permanente, y su efectividad se contará desde la fecha en que este personal tome posesión del cargo. Los funcionarios que incumplan este artículo serán responsables solidarios financieramente por todas las obligaciones que generen. El artículo 90 primer párrafo de la Constitución de la República es claro al disponer: “Nadie puede ser juzgado, sino por juez competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece...” De ahí que por ninguna manera puede eludirse la letra de la Ley, si esta es clara y manda que para que se juzgue debe ser bajo esos presupuestos, pues de lo contrario da lugar a que todas las actuaciones sean nulas. PRUEBA APRECIADA ERRONEAMENTE.- La prueba singularizada y apreciada erróneamente por el Tribunal de Alzada al confirmar el fallo de primera instancia consiste en: Documentos que son Contratos de Servicios Profesionales suscritos entre la parte demandante y mi representada, lo que acredita que dichos contratos son del conocimiento de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y que los mismos tenían fecha de inicio y fecha de finalización, por lo cual nunca existió el despido del demandante, sino que en sus contratos de servicios profesionales expiró su vigencia, incluso el AD QUEM pretende cambiar la finalidad del nombre del Contrato de Servicios Profesionales el de “Contrato Laboral o de Trabajo” lo cual es insólito. Lo expuesto da lugar a estimar que la sentencia dictada por el AD QUEM fue violatoria de una ley sustantiva, por interpretación errónea o aplicación indebida del artículo 47 del Código del Trabajo, pues el Juzgador no valoro la actividad probatoria demostrada a través de la existencia de la documentación adjuntada al juicio, circunstancia que debió ser apreciada por el Tribunal de Alzada y ordenar la retroacción del fallo en el cual se condena al Estado de Honduras a través de LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO (SCGG) no solo al pago de prestaciones laborales, sino al pago a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, considerando que con fundamento en los artículos 208 en relación con el 205 numeral 2 del Código Procesal Civil la sentencia debe ser congruente con las pretensiones de las partes deducidas y sustanciadas en el proceso, caso contrario nos encontraríamos frente a una situación injusta y con parcialidad institucional, debido a que el sentenciador favorece el derecho subjetivo reclamado por la parte demandante sin sustento jurídico, decisión que debió tomar el juzgador atendiendo a criterios no contemplados por ley sustantiva no objetiva de justicia que conlleva a la falta de neutralidad en el modo de proceder o juzgar con tratos diferenciados por razones inapropiadas, sin influencias ajenas, ni prejuicios, decisión que debería superar el ejercicio de la facultad, llevarla más allá de donde la ejercito el Juez A QUO y el AD QUEM, no dándole ningún valor a las disposiciones generales de presupuesto y a la ley orgánica de presupuesto. Por lo expuesto CASAR la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de este departamento en fecha veintisiete de octubre del dos mil dieciséis, que consecuentemente confirma la sentencia definitiva de fecha nueve de septiembre del dos mil dieciséis dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán en la Demanda Ordinaria Laboral para el pago de prestaciones y demás indemnizaciones laborales, que promovió el señor RICARDO EMILIO PAVON LARIOS contra el Estado de Honduras a través de LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO (SCGG).”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) en la formulación se alega la infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea, modalidades de violación a la ley distintas que se deben señalar en forma separada, por la independenci de los cargos; b) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo 765 del Código del Trabajo en que encuentra comprendido el cargo; c) las normas que indica como violadas (Artículo 47 del Código del Trabajo y artículo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo) la primera citada no ostenta el carácter de norma sustantiva y la segunda no corresponde al orden laboral. Es importante recordar, que una disposición es sustantiva cuando crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa y la segunda no forma parte del cuerpo de índole laboral sustantivo; y, d) realiza alegatos propios de instancia.- IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintisiete días de mes de junio del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha once de junio del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 645-16.Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ, RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

10