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Sentencia CL-620-16 — Registro 7697

Resumen

En primera instancia se declaró con lugar la demanda para el pago de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones proporcional, aguinaldo proporcional, décimo cuarto mes proporcional, salario adeudado y confirmada en segunda instancia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “II.- Que el Abogado JOSE SANTOS SAAVEDRA PAZ, en su primer motivo de casación alega: “Ser la Sentencia violatoria del artículo 112 parte introductiva y letra l) del Código del Trabajo en relación con los Artículos 97 numerales 1) y 13), y con el 116, 118 párrafo segundo y 120 todos del Código del Trabajo, violación que se produjo por vía Indirecta, por error de hecho proveniente de la apreciación errónea de la prueba propuesta por la parte demandada. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo está comprendido en el artículo 765 numeral 1°, párrafo segundo del Código del Trabajo.III.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de que incluye como prueba erróneamente apreciada, la testifical, la cual por no ser reglada y quedar a la libre formación del convencimiento del Juzgador, no puede ser objeto de ataque en este extraordinario recurso.”

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, Numeral 5 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

… “IX.- Que el Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Ser la Sentencia violatoria de Ley Sustantiva de Orden Nacional por interpretación errónea del artículo 112 parte introductiva y letra l) del Código del Trabajo en relación con los Artículos 97 numerales 1) y 13) y con el 113 párrafo primero interpretado, 116, 118 párrafo segundo y 120 todos del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el numeral 1o. párrafo primero del Artículo 765 del Código del Trabajo. …X.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) invocando la interpretación errónea de la ley, estaba obligado a señalar el criterio del Juzgador cuando ha interpretado equivocadamente la norma, como también como es la forma correcta de hacerlo, pero no realizando alegatos propios de instancia; y, b) aparte del tema del procedimiento disciplinario, la decisión judicial contempla otras situaciones que derivaron en la calificación de ilegal e injusto el despido, como es el de razonabilidad, ya que se estimó que la demandada no probó que las faltas imputadas sean de gravedad o que hayan causado perjuicio al patrono, incluso que la audiencia de descargo se realizó cuando ya se había tomado la determinación de cancelar a la demandante.- XI.- Que, por las razones y consideraciones expresadas, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación.”

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., once de junio de dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha veinte de marzo de dos mil diecisiete, por el Abogado JOSE SANTOS SAAVEDRA PAZ, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal de la empresa mercantil denominada DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. (DIUNSA), como recurrente; además es parte recurrida, la señora ERIKA ROSARIO MONJE BENAVIDES, representada en juicio por el Abogado ALLAN ROBERTO NUÑEZ RAMOS. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones laborales e indemnizaciones legales, por virtud de despido directo, injusto e ilegal, pago de salarios dejados de percibir, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veinticinco de junio de dos mil catorce, por el Abogado ALLAN ROBERTO NUÑEZ RAMOS, en su condición de representante procesal de la señora ERIKA ROSARIO MONJE BENAVIDES, mayor de edad, soltera, Perito Mercantil, hondureña y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, contra la empresa mercantil denominada DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. (DIUNSA), por medio de su Gerente General, señor JORGE ALBERTO FARAJ FARAJ, mayor de edad, casado, Licenciado en Economía, hondureño y con domicilio en San Pedro Sula, Departamento de Cortés.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha treinta de agosto de dos mil dieciséis, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, misma que: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR la demanda para el pago de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones proporcional, aguinaldo proporcional, décimo cuarto mes proporcional, salario adeudado, salarios dejados de percibir presentada por el abogado ALLAN ROBERTO NUÑEZ RAMOS, en su condición de apoderado judicial de la señora ERIKA ROSARIO MONJE BENAVIDES, contra le empresa DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A de C.V. (DIUNSA), a través de su representante legal; en consecuencia, SE CONDENA a la demandada al pago de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS (L. 576,963.80) que corresponde a los siguientes conceptos: preaviso: L. 54,309.06; auxilio de cesantía: L. 488,781.54; auxilio de cesantía proporcional: L. 2,869.33; vacaciones: L.1,909.87; décimo tercer mes de salario proporcional: L.6,012.76; décimo cuarto mes de salario proporcional: L.17,650.36; salario adeudado: L.5,430.88; más los salarios dejados de percibir desde la fecha en que se produjo el cese laboral hasta que quede firme el presente fallo. SEGUNDO: SIN LUGAR el incidente de tachas presentado por la parte actora contra el testigo CLAUDIO JOSUE GARAY VELASQUEZ.- TERCERO: SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La demandante expresó en el escrito de su acción, que fue contratada el 26 de febrero del 1996 desempeñándose como vendedora junior en la sala de ventas y devengando un salario mensual de L. 23,275.31; que fue citada a audiencia de descargos el 02 de abril de 2014 por incumplimiento a políticas de ventas realizadas en fecha 18 de marzo de 2014, atención y venta efectuada al cliente FERRETERIA FARAJ, facturándole dos pedidos identificados como PV00503299 y PV00503300; empero, resulta que el día y hora de dicha audiencia se le imputaron cargos distintos a los indicados en la nota de citación relacionada, extremo que constituye una violación a la norma establecida en el artículo 92 numeral 9 del Código del Trabajo, 82 y 128 de la Constitución de la República, pues transgrede el derecho legítimo a poder defenderse desvirtuando los cargos mediante la prueba y hechos conducentes que en ese momento procedían; que a lo anterior se suma que no se consignó lo manifestado en su descargo, que de forma intimidatoria la patronal levantó la audiencia de descargo con la presencia y participación de la Abogada Edna Patricia Gonzales. Que la demandante el 30 de abril de 2014 fue despedida por la demandada y en la nota no se indicó en forma clara con que clientes fue que incurrió en incumplimiento de normas o políticas, solamente hace mención de fechas; empero la única que tiene relación con la citación para la audiencia de descargo, es el 18 de marzo del 2014, (aunque en la audiencia se refirió a otro caso); que se le imputó y levantó acta de descargos sobre otros extremos no consignados en la nota de citación a la misma, pues con tal forma de proceder de la demandada se han menoscabado los derechos, garantías laborales y constitucionales de la demandante.- 2. La parte demandada, la empresa mercantil denominada DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. (DIUNSA), contestó dicha demanda señalando que la demandante no desconoce las causas o motivos que dieron lugar para la terminación de la relación de trabajo, pues lo que alega para declarar la injusticia del despido, no es la validez del fondo o las causas, sino que está alegando violación de los procedimientos y que por lo tanto el despido es ilegal e injusto; que a la demandante se le levantó audiencia de descargos y que al momento de presentarse a la audiencia también se hizo acompañar de un testigo, y llevándose a cabo dicha audiencia de descargos por las faltas imputadas, se recibió el informe que la actora había vuelto a incumplir con las políticas y procedimientos de ventas que la empresa le había impartido, haciéndosele saber a la misma los hechos nuevos ocurridos y de los cuales también se pronunció sin solicitar término para contraprobar los hechos que se le imputaron en la audiencia de mérito; que causa sorpresa el hecho que fue intimidada la demandante al momento de la celebración de la audiencia y que si ella consideraba que había ocurrido eso debió comparecer ante el Ministerio del Trabajo a solicitar se constatara que se le estaba violentando el derecho a la defensa; que la demandante ya había sido sancionada disciplinariamente, incumpliendo el 18 de marzo del 2014 nuevamente con los procedimientos y políticas que se le habían impartido en relación a las ventas que realizaba; que el despido fue con causa justa, sin violentarle el derecho de defensa como ella lo ha pretendido hacer creer y mucho menos que haya sido víctima de intimidación.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha treinta de agosto de dos mil dieciséis, dictó sentencia declarando con lugar la demanda laboral promovida por la señora Erika Rosario Monje Benavides, contra la empresa DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A de C.V. (DIUNSA); condenando a la demandada al pago de L. 576,963.80, por las prestaciones e indemnizaciones laborales; declaró sin lugar el incidente de tachas presentado por la parte actora contra el testigo Claudio Josué Garay Velásquez, sin costas; bajo el criterio que en el sub judice, de acuerdo a los documentos visibles a folios del 9 al 18, resulta acreditado que en efecto, un grupo de trabajadores en la que se encuentra incluida la demandante, decidió constituir el Sindicato de Trabajadores de la empresa Distribuciones Universales S.A. (SITRADI), figurando la accionante como Fiscal de la Junta directiva provisional y se presentó ante el Ministerio del Trabajo la respectiva solicitud de reconocimiento e inscripción de personalidad jurídica; no obstante lo anterior, de autos no consta que se haya cumplido con la notificación al patrono como lo indican los artículos 479 y 517 del Código del Trabajo para estar protegida por el fuero sindical, pues el acto de comunicación ordenado en la normativa antes citada, es indispensable para la efectividad de la garantía del referido fuero, que ampara a los fundadores desde el mismo momento en que se realiza la referida notificación; de ahí que ante el desconocimiento del empleador de la constitución de la Organización Sindical, no es posible estimar que el cese laboral se deba a dicha afiliación. Cierto es que de acuerdo a lo establecido en el artículo 82 de la Constitución de la República, toda persona tiene el derecho a ser oída previo a que cualquier persona o institución le aplique algún tipo de sanción; en ésta materia, el artículo 92.9 del Código del Trabajo exige el cumplimiento de tal derecho y que se cumple mediante la realización y levantamiento de las actas de cargos y descargos; obligación que a no dudar la demandada en principio cumplió en el presente caso según el documento visible a folios del 166 al 167 de los autos, pues si bien, en dicha audiencia se le atribuyeron otras faltas no señaladas en la convocatoria (folio: 21), de ello pudo responder ante tales señalamientos; del documento visible a folios del 158 al 159, se concluye que dicha audiencia solo fue un requisito para ponerle fin a la relación de trabajo, pues la accionada con anterioridad a ésta, ya había decidido despedir a la demandante al establecerse en el mismo que “se debe gestionar la salida de ella”; razón por la cual, pese a que la trabajadora expuso en la citada audiencia desconocer la política; que otros compañeros habían vendido los mismos productos y que en ningún momento su jefe le había explicado que esos productos no se podían vender más de uno, no se hicieron las investigaciones del caso para verificar si lo aseverado por ésta era cierto o no; desnaturalizando con tal proceder los fines u objetivos que persigue la audiencia de cargos y descargos; a lo anterior se suma que si bien, al proceso se ha presentado el manual de políticas y procedimientos de diferenciación de ventas por canal y el reglamento interno de trabajo (folios: 116-142 y 144-149) en éste no se indica que la inobservancia a tal política sea justificante del cese laboral (artículo 101 del citado reglamento), así las cosas y siendo que la última sanción impuesta a la actora es por causas distintas a la hoy analizada, el cual no pueden ser estimadas por no existir una relación de tiempo entre estas, el despido se estima injusto e ilegal y por cuya razón el pago de los derechos económicos solicitados deben ser concedidos y computados en base al salario estipulado en el escrito de demanda de conformidad al artículo 30 del Código de la materia, de igual forma, debe concederse el salario adeudado que se reclama, pues la patronal no ha probado que lo haya pagado. Que en múltiples precedentes se ha sostenido que no es posible restarles valor probatorio a los testigos por el hecho de estar o haber estado vinculados con la empresa demandada, pues en la mayoría de los casos, las partes no cuentan con más testigos que los trabajadores mismos, por ser los únicos que pudieron haber presenciado el hecho sobre el cual declaran; en ese sentido, la tacha presentada contra el testigo Claudio Josué Garay Velásquez por la representación procesal demandante debe ser desestimada.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que no obstante que el empleador al contestar la demanda afirmó que el comportamiento atribuido a la actora es grave y además le imputa conducta reincidente, tales calificativos aun y cuando estén contemplados tanto en el Reglamento Interno como en el Manual de Políticas y Procedimientos; lo cierto es que la demandante en la audiencia de descargos dijo desconocer el incumplimiento de los procedimientos de venta que le imputaban porque ninguno de sus jefes le había explicado en su larga trayectoria laboral, además de que varios de sus compañeros de trabajo vendían los mismos productos y en la misma cantidad y que no tenían problemas, por ello los confrontó a que revisaran los reportes de venta diarios que manejan los jefes; ante tal posición, lo recomendable era que la patronal hiciera la investigación pertinente y no lo hizo, sino que optó por notificar la terminación del contrato de trabajo sin responsabilidad de su parte; hechos que fueron analizados por el A-Quo y de la valoración ponderada del conjunto del material probatorio concluyó, que si bien es cierto que a la demandante le fue garantizado el derecho de defensa y de audiencia, el procedimiento disciplinario al que fue sometidita no cumple los fines y objetivos que se persiguen con la audiencia de cargos y descargos, por cuanto el patrono no verificó las afirmaciones que la actora expuso en defensa de los hechos que le imputaban, actitud que sitúa la ruptura laboral en el plano de injusto e ilegal y ello acarrea responsabilidad económica para la parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo.- 5. Mediante auto de fecha dos de febrero de dos mil diecisiete, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada EDNA PATRICIA GONZALEZ C., en su condición de representante procesal de la empresa mercantil denominada DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. (DIUNSA), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha veinte de marzo de dos mil diecisiete, compareció ante éste Tribunal el Abogado JOSE SANTOS SAAVEDRA PAZ, en su condición de representante procesal de la empresa mercantil denominada DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. (DIUNSA), formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha veintiuno de marzo de dos mil dieciséis, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién no hizo uso de ese derecho, por lo que, en proveído de fecha ocho de mayo de dos mil diecisiete, se declaró precluido de derecho e irrevocablemente perdido el término dejado de utilizar por parte de la Abogada DORIS SCARLETT FAJARDO COELLO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que el Abogado JOSE SANTOS SAAVEDRA PAZ, en su primer motivo de casación alega: “Ser la Sentencia violatoria del artículo 112 parte introductiva y letra l) del Código del Trabajo en relación con los Artículos 97 numerales 1) y 13), y con el 116, 118 párrafo segundo y 120 todos del Código del Trabajo, violación que se produjo por vía Indirecta, por error de hecho proveniente de la apreciación errónea de la prueba propuesta por la parte demandada. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo está comprendido en el artículo 765 numeral 1°, párrafo segundo del Código del Trabajo. NORMAS ADJETIVAS QUE SIRVIERON DE MEDIO. Esas normas son los artículos: 738 y 739 del Código del Trabajo. SINGULARIZACIÓN DE LA PRUEBA. De la prueba propuesta en el juicio, se singulariza a prueba documental propuesta por la demandada, la Testifical y El Reconocimiento Judicial también propuestas por la parte demandada y que se detalladas a continuación: DOCUMENTAL PRIVADA: consistente en los siguientes documentos propuestos por la parte demandada: a) Políticas de Diferenciación de Ventas por canal de mayoreo a folios 144 al 149 de la primera pieza de autos. b) Perfil y Descripción de Puesto que debe seguir un Vendedor Junior a folios 151 al 156 de la primera pieza de autos. c) Facturas de las Ventas realizadas por Erika Rosario Monje en fecha 2 de abril de 2014 a folios 172 y 173 de la primera pieza de autos; d) Correo enviado por Roberto Escobar dirigido a Claudio Garay en fecha 3 de abril de 2014 a folios 163 y 164 de la primera pieza de autos. e) Correo enviado por Claudio Garay, dirigido a Tania Hernández, Luis Caballero con copia a Elsy Aguilera en fecha 18 de mayo de 2014 a folios 158 al 159 de la prime a pieza de autos. f) Citación para Audiencia de Descargos dirigido a Erika Rosario Monje en fecha 2 de abril de 2014 a folio 161 de la primera pieza de autos. g) Audiencia de Descargos practicada a Erika Rosario Monje en fecha 3 de abril de 2014 a folios 166 al 167 de la primera pieza de autos. h) Nota de Despido de Erika Rosario Monje de fecha 3 de abril de 2014 a folios 169 al 170 de la primera pieza de autos. i) Notificación del 15 de Noviembre de 2011 de sanción de suspensión a la demandante con la firma de recibido de ella por incumplir la política de diferenciación de venta por canal, ya que atendió a un cliente mayorista, sin que ella estuviera facultada para atender a ese tipo de clientes. Folio 187 de la primera pieza de autos. LA TESTIFICAL propuesta por la demandada y consistente en la Declaración del testigo CLAUDIO JOSUE GARAY VELASQUEZ cuya acta aparece a folios 227 al 228 de la primera pieza de autos, Testigo que declaró con claridad y precisión al ser interrogado y no entró en contradicción al ser repreguntado. RECONOCIMIENTO JUDICIAL propuesto por la demandada cuya acta aparece a folios 229 al 231 de la primera pieza de autos, en sus literales del e) al i). Las pruebas singularizadas demuestran que la señora ERIKA ROSARIO MONJE, quien era una Vendedora Junior, no podía realizar ventas a clientes mayoristas de la empresa, sino que debía remitir este tipo de clientes a un vendedor mayorista; y que el 18 de marzo de 2014 atendió al Cliente Mayorista Ferretería Faraj, que pertenece a la cartera de clientes del Vendedor mayorista Jerónimo Cruz; y que reincidiendo en su actitud en fecha 2 de abril de 2014 la señora ERIKA ROSARIO MONJE efectuó dos ventas de producto al cliente mayorista BAZAR ENMA propiedad del señor Héctor Hernández, vendiéndole 50 licuadoras Oster y 5 televisores Samsung y 10 Aires Acondicionados minisplit marca Premium, con el agravante de que para evadir los controles de la tienda ingresó el pedido directamente al Centro de Distribución para que fuera enviado directamente al cliente, pues si pasaba los artículos por las cajas iba ser detectada o descubierta en el acto por el Gerente de tienda. LA EXPLICACION SE HACE ASI: El Código del Trabajo señala en su artículo 112 las causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo de un trabajador sin responsabilidad de su parte; y entre esas causas justas se encuentran las señaladas en el literal l) del citado artículo en íntima relación con los numerales 1) y 13) del artículo 97 del mismo Código; normas que establecen como causales de despido el incumplimiento de las obligaciones del trabajador de realizar personalmente su labor en los términos estipulados; observar los preceptos del Reglamento y acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de modo particular les impartan el patrono o su representante. Pero la Corte Sentenciadora apreció de manera errónea las pruebas singularizadas en este motivo, pues al analizarlas concluye que el comportamiento atribuido a la demandante que dio lugar a su despido es calificado como grave, además se le imputa una conducta reincidente, conductas que están contempladas tanto en el Reglamento Interno de Trabajo como en el Manual de Políticas y Procedimientos Diferenciación de Ventas por canal, Ventas mayoristas de sala y vendedores de sala; agregando que en la audiencia de descargos la empleada dijo desconocer el incumplimientos de los procedimientos de venta que se le imputaban porque ninguno de sus jefes se lo había explicado, además de que varios de sus compañeros vendían los mismos productos en la misma cantidad y que no tenían problemas, por eso los confrontó a que revisaran los reportes de venta diarios que manejan los jefes; ante tal posición lo recomendable era que la patronal hiciera la investigación pertinente y no lo hizo, sino que notificó la terminación del contrato de trabajo sin responsabilidad de su parte. Concluyendo la Sentencia recurrida que se le garantizó su defensa a través de la práctica de una Audiencia de Descargos, pero el procedimiento disciplinario no cumple con los fines y objetivos que se persiguen con la audiencia de cargos y descargos por cuanto el patrono no verificó las afirmaciones que la actora expuso en defensa de los hechos que le imputaban, actitud que sitúa la ruptura laboral en el plano de lo injusto e ilegal, lo que dio lugar a que confirmara la Sentencia del Tribunal de primera instancia, que declaró con lugar la demanda. Es decir, la Corte Sentenciadora, no obstante que reconoce la existencia y la demostración de la falta cometida por la demandante y que se le respetó su derecho a la defensa, considera que el procedimiento llevado a cabo por el patrono es el que vuelve ilegal el despido, debido a que según dicha Corte el patrono devenía en la obligación de corroborar el señalamiento realizado por la demandante en la Audiencia de Descargos de que hubo otros vendedores que realizaban las ventas de los mismos productos en las mismas cantidades y que no tenían problemas. Esta apreciación de la prueba que hace la Corte Sentenciadora es notoriamente equivocada, porque el supuesto de corroborar dichos hechos NO CAMBIA EN NADA LA EXISTENCIA DE LA FALTA COMETIDA, ACEPTADA Y DEMOSTRADA EN EL JUICIO, por lo siguiente: a) Si se corroborase que existían otros vendedores que realizaran ventas al por mayor siendo vendedores júnior, esto no significa que la falta cometida por la demandante deje de existir o que se “limpie”, pues la falta seguiría existiendo y lo que generaría es la facultad de iniciar otro procedimiento disciplinario a ese otro vendedor que incumpliere también las políticas y procedimientos de venta; b) Si no se encontrase a otro vendedor incurriendo en las mismas faltas, la falta que incurrió la demandante siempre seguiría existiendo. Entonces Honorable Corte Suprema, la conclusión a que llegó la Corte Recurrida es que para que el despido fuera legal y justificado y se pueda absolver de responsabilidad laboral a la demandada era necesario corroborar si otros vendedores realizaban lo mismo que la demandante, de lo contrario el procedimiento seguido vuelve ilegal el despido; es decir, la Corte Sentenciadora considera ilegal e injusto el despido por situaciones que nada influyen sobre la existencia de la falta cometida por la demandante. Si la Corte Recurrida hubiese apreciado correctamente las pruebas singularizadas en este motivo, en su conjunto con las demás pruebas allegadas al juicio como lo establecen los Artículos 738 y 739 del Código del Trabajo, habría concluido que la demandante en forma reiterada incumplió las políticas de venta, evadiendo controles e instrucciones directas que se le dieron al señalarle un procedimiento para realizar su trabajo. Las pruebas singularizadas en este motivo que fueron apreciadas en forma errónea, demuestran de modo evidente y notorio el error de hecho en que incurrió la Corte Recurrida, que la llevó a violar de manera indirecta la norma sustantiva invocada, a través de las adjetivas también señaladas que sirvieron de medio para tal violación, pues de haber apreciado correctamente las pruebas singularizadas hubiera Revocado la Sentencia de primera instancia y por consiguiente hubiera absuelto a mi representada de pagar a la demandante las indemnizaciones laborales contenidas en los Artículos 116, 118 párrafo segundo y 120 del Código del Trabajo, lo que no hizo, violando de esa manera en forma indirecta el Artículo 112 letra l) del Código del Trabajo como se ha explicado. Por lo explicado, considero es procedente que la Honorable Corte Suprema de Justicia CASE la Sentencia recurrida en el presente Motivo de casación.”.- III.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de que incluye como prueba erróneamente apreciada, la testifical, la cual por no ser reglada y quedar a la libre formación del convencimiento del Juzgador, no puede ser objeto de ataque en este extraordinario recurso.- IV. Que por otro lado, este Tribunal también repara que la parte demandante introdujo el tema de discriminación en el debate, ya que señaló que su despido se encuentra vinculado al tema de ser una represalia por la formación de un sindicato, la participación y su elección como Fiscal de dicha organización, también que a otros compañeros que realizaron las mismas ventas de productos de la empresa, no fueron sancionados como ella, temas de los cuales no hubo pronunciamiento expreso en el fallo recurrido, ya que se abordaron desde otra perspectiva; lo cierto es que cuando se debaten este tipo de asuntos, el que argumenta haber sido objeto de discriminación, debe acreditar los indicios en que se sustenta y la demandada, en este caso el patrono, que ha procedido con apego al deber de igualdad de trato, es decir, que en tal situación no ha discriminado a la demandante al haberle dado el mismo tratamiento.- V.- Que este Tribunal en la sentencia dictada el 27 de julio del 2011, en el expediente CL326-09, estableció el criterio de que “ante la invocación de una causa de discriminación por parte del Trabajador es el empresario o patrono quien debe asumir la carga de probar los hechos generadores de extinción o de no existencia de dicha conducta, pero el denunciante debe de acompañar un indicio fáctico que le sirva para la inversión de la carga de la prueba, ya que no basta el simple hecho de alegarla, sino que es necesario que se acredite la presencia de circunstancias que constituyan indicios racionales de que está en juego el factor que determina la igualdad y es a partir de tales circunstancias cuando el empresario deberá destruir la presunción probando que existe causa justificada suficiente”.- VI.- Que el Convenio número 111 del 25 de Junio de 1958, aprobado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), preceptúa en su artículo 1, que el término discriminación comprende: “(a) cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación; (b) cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación que podrá ser especificada por el Miembro interesado previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, y con otros organismos apropiados. 2. Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas para un empleo determinado no serán consideradas como discriminación.”.- VII.- Que este Tribunal entiende que este caso también encaja en ese tipo de situaciones, ya que el material probatorio aportado al proceso evidencia de que la conducta patronal de separar a la demandante deriva no de su comportamiento como vendedora, porque al contrario se probó que ella era eficiente en su desempeño y se le reconocía ese merito, tampoco se tomó en cuenta el tiempo de laborar y otros elementos que eran importantes para calificar el hecho generador de la determinación de dar por finalizada la relación laboral. También estima que el procedimiento disciplinario seguido no cumplió con respetar completamente los derechos de defensa y audiencia, porque se le citó de un día a otro a la audiencia de descargos, no se le invocó previamente todos los cargos y además, ya se tenía definido la aplicación o imposición de la sanción o despido, el cual se le notificó de forma inmediata a la celebración de la audiencia, todo lo cual hace concluir en lo ilegal de tal determinación.- VIII.- Se debe recordar que en la sentencia del 24 de Julio del 2015, en el expediente CL 86-13 esta Sala dejó establecido el siguiente criterio: “Que sin embargo el análisis de la legalidad o no de la terminación del contrato de trabajo también versa sobre otros aspectos relacionados con el tema de la prescripción, el procedimiento disciplinario, la proporcionalidad de la sanción, entre otros; con base a lo anterior, previo a cualquier otro análisis del caso, es importante considerar que reglas y bases deben observarse en lo referente al procedimiento disciplinario, el cual debe contar con lo siguiente: a) Investigación y comprobación de la supuesta falta cometida por el trabajador; b) notificación que se debe realizar con antelación al trabajador para asistir a una audiencia de descargo, con el señalamiento del lugar, fecha y hora de su celebración y la indicación del cargo o de los cargos imputados; c) en el desarrollo de la audiencia de descargo, como en el proceso disciplinario, se debe cumplir con lo que establezca el Reglamento Interno de Trabajo, especialmente sobre la intervención del delegado sindical o de testigos que participen en dicha actuación; y, d) después de que el trabajador sea escuchado, el empleador dentro del término de prescripción, podrá tomar la decisión de sancionarlo imponiendo medidas disciplinarias y en un extremo máximo, dada la gravedad de la falta imputada, dar por terminado su contrato de trabajo bajo la premisa de que existe causa justificada de tal determinación, caso contrario archivará las diligencias. Que la no comparecencia, sin causa justificada, del trabajador a la audiencia de descargos, deja en libertad al empleador de imponer o no las medidas disciplinarias que estime procedentes, sin que por ello se presuma la aceptación de las faltas imputadas, debido a que violentaría la presunción de inocencia de que goza toda persona conforme lo previsto en el artículo 89 de la Constitución de la República…Cabe reiterar que el derecho de defensa que goza el trabajador no solo debe ser materializado en la audiencia de descargos, la cual se celebra con el objeto de que el trabajador tenga la oportunidad de explicar o defenderse frente a la presunta falta, sino que tal derecho debe garantizarse desde que se notifique la convocatoria y el señalamiento de la referida audiencia, donde se debe poner en su conocimiento los motivos por los que se le estaría realizando la misma, con la suficiente antelación para que el trabajador tenga tiempo para reunir las pruebas y preparar su defensa.”.- IX.- Que el Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Ser la Sentencia violatoria de Ley Sustantiva de Orden Nacional por interpretación errónea del artículo 112 parte introductiva y letra l) del Código del Trabajo en relación con los Artículos 97 numerales 1) y 13) y con el 113 párrafo primero interpretado, 116, 118 párrafo segundo y 120 todos del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el numeral 1o. párrafo primero del Artículo 765 del Código del Trabajo. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA DE LA SIGUIENTE FORMA: La señora ERIKA ROSARIO MONJE BENAVIDES fue despedida por la sociedad DIUNSA el día 3 de Abril de 2014 en vista que, siendo una Vendedora Júnior no puede realizar ventas por mayoreo, pero el 18 de Marzo de 2014 atendió a un cliente que la empresa tiene calificado como cliente mayorista de la cartera de clientes de mayoreo del empelado JERONIMO CRUZ, que es un Vendedor Mayorista, reincidiendo nuevamente la demandante el 2 de Abril de 2014, pues en DIUNSA PEDREGAL atendió otro cliente por mayoreo de la cartera de clientes de la Vendedora LUISA VILLATORO y le vendió 50 licuadoras Oster, 5 televisores Samsung y 10 Aires Acondicionados minisplit marca Premium, con el agravante que esos productos estaban en promoción, por lo que sólo podía venderse una pieza por persona. En el presente caso la situación jurídica que reconoce la Sentencia Recurrida es que el comportamiento atribuido a la demandante que dio lugar a la terminación de su contrato de trabajo es considerado grave, además se le imputa una conducta reincidente; pero en el procedimiento disciplinario la empleada dijo desconocer el incumplimientos de los procedimientos de venta que se le imputaban, porque ninguno de sus jefes se lo había explicado, además de que varios de sus compañeros vendían los mismos productos en la misma cantidad y que no tenían problemas, por eso los confrontó a que revisaran los reportes de venta diarios que manejan los jefes; ante tal posición según la Corte recurrida lo recomendable era que la patronal hiciera la investigación pertinente y no lo hizo, sino que notificó la terminación del contrato de trabajo sin responsabilidad de su parte. Por lo que la Sentencia recurrida concluye que se le garantizó su defensa a través de la práctica de una Audiencia de Descargos, pero el procedimiento disciplinario no cumple con los fines y objetivos que se persiguen con la audiencia de cargos y descargos por cuanto el patrono no verificó las afirmaciones que la actora expuso en defensa de los hechos que le imputaban, actitud que sitúa la ruptura laboral en el plano de lo injusto e ilegal, lo que dio lugar a que confirmara la Sentencia del Tribunal de primera instancia, que declaró con lugar la demanda. La Corte recurrida al confirmar la Sentencia de primera instancia que condenó al pago de las Prestaciones e Indemnizaciones Laborales a favor de la demandante, entendió que la falta en que incurrió la trabajadora demandante es causal de despido, incluso reconoce que se le respetó el derecho a la defensa a través del procedimiento seguido previo a su despido, pero interpreta erróneamente que ese procedimiento de defensa no fue completo porque no se cumplió con el requerimiento de la trabajadora de que se verificara si otros vendedores realizaban las ventas de los mismos productos y en las mismas cantidades; y, debido a que el patrono no realizó esa verificación, la Corte Recurrida concluye que el procedimiento vuelve el despido ilegal e injustificado. Esta interpretación es errónea, porque la verificación de la existencia de otros empleados incurriendo en las mismas faltas en que incurrió la demandante, NO AFECTA EN NADA LA EXISTENCIA DE LA CAUSAL DE DESPIDO. Al haberse realizado la verificación que señala la Sentencia Recurrida pudiere haberse encontrado dos situaciones: Que no existen otros vendedores incurriendo en la misma falta, lo que no cambia la falta cometida por la demandante; o que sí existió otro u otros empleados incurriendo en las mismas faltas de la demandante, lo que hubiere dado lugar es a otros procedimientos disciplinario, es decir, tampoco da lugar a que la falta cometida por la demandante desaparezca. De modo que la interpretación que hace la Corte Sentenciadora de la norma sustantiva invocada como violada, es incorrecta, dándole efectos totalmente contrarios a los que la norma tiene. Si la Corte Recurrida, hubiera interpretado correctamente la norma sustantiva violada habría concluido que la causa justa existió y eso dio lugar a la terminación del contrato de trabajo por la vía del despido sin responsabilidad patronal y que, el hecho de que otros vendedores incurran en la misma falta por la cual fue despedida la demandante no hace desaparecer la falta de la misma, sino que solamente da lugar a que se realice un procedimiento disciplinado a los otros infractores, por lo que, al tenerse por cierta existente la falta cometida y haberse respetado el derecho de defensa, la Corte Recurrida debió revocar la Sentencia que conocía en Apelación y por consiguiente hubiera declarado sin lugar la demanda y absuelto a mi representada de pagar a la demandante las indemnizaciones laborales contenidas en los Artículos 116, 118 párrafo segundo y 120 del Código del Trabajo, lo que no hizo, por la interpretación errónea del artículo 112 parte introductiva y letra l) del Código del Trabajo como se ha explicado. Por lo anterior y evidenciándose la interpretación errónea de la norma invocada como violada, considero es procedente que la Honorable Corte Suprema de Justicia CASE la Sentencia recurrida en el presente Motivo de casación”.- X.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) invocando la interpretación errónea de la ley, estaba obligado a señalar el criterio del Juzgador cuando ha interpretado equivocadamente la norma, como también como es la forma correcta de hacerlo, pero no realizando alegatos propios de instancia; y, b) aparte del tema del procedimiento disciplinario, la decisión judicial contempla otras situaciones que derivaron en la calificación de ilegal e injusto el despido, como es el de razonabilidad, ya que se estimó que la demandada no probó que las faltas imputadas sean de gravedad o que hayan causado perjuicio al patrono, incluso que la audiencia de descargo se realizó cuando ya se había tomado la determinación de cancelar a la demandante.- XI.- Que, por las razones y consideraciones expresadas, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 127, 129, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los tres días de mes de agosto del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha once de junio del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 620-16.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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